Por: José Agualsaca Guamán
Presidente Nacional de la FEI
El Gobierno del Presidente Lenin Moreno, quien hace tres años asumió su mandato, tenía que continuar con el legado del proceso progresista a fortalecer el Estado, aplicación de políticas sociales de derechos en marco de la Constitución del 2008.
Sin embargo el gobierno dio un giro de cogobernabilidad con los sectores de la banca, empresarios y los grandes medios de comunicación, las decisiones políticas que ha sido para favorecer a estos grupos económicos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha reducido el tamaño del estado, reducción de presupuesto para las áreas sociales principalmente la salud, educación, y el sector agrario, a esto se suma el despido de miles de trabajadores de sector público y la pretensión de privatizar sectores de petróleo, empresas eléctricas, telecomunicaciones y el seguro social, entre otros, estas políticas vienen profundizando el aumento de la pobreza de los ecuatorianos.
La pandemia Covid-19 en nuestro país se presenta en momentos difíciles, una reducción del recorte de 32% presupuesto para la salud durante tres años, lo que debilitó el sistema de salud público. En la actualidad ha colapsado la atención de la salud, sus consecuencias ha sido de más de 10.000 mil personas fallecidas por el Covid-19. Además, la salud se ha convertido en un negocio de las grandes empresas farmacéuticas, de servicios y alimentación, donde los sectores pudientes han tenido oportunidad de atención de servicios médicos particulares y prevenir sus vidas. La otra realidad es que los sectores populares han quedado en la indefensión, desnudando claramente la inequidad que vive nuestro país.
Con la promulgación de la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Covid-19 y Ley Orgánica para el Ordenamiento de la Finanzas Públicas por la Asamblea Nacional rompe el principio regulador del Estado la disputa entre empleadores y trabajadores, anula los principios básicos de la legislación laboral por la figura del “acuerdo” entre empleadores y trabajadores la fijación del salario y las horas de trabajo, se elimina las liquidaciones y reduce el aporte al seguro social. Las medidas del gobierno que reduce en un 25% el sueldo de los trabajadores del sector público, la reducción de la jornada de trabajo, son medidas que cargan todo el peso de la crisis económica a los trabajadores, dando cumplimiento a la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional.
La situación de los campesinos, pequeños y medianos productores del agro es crítica. Cada día se quiebran las cadenas de distribución de productos. La falta de circulante del dólar en el campo ha producido una crisis económica por lo que los campesinos no pueden pagar las deudas de producción de la tierra. No existen incentivos de créditos preferenciales, e insumos para la producción desde el gobierno nacional.
Frente a esta realidad en mi calidad de Asambleísta, he presentado el Proyecto de Ley de Incentivos a la Asamblea Nacional para enfrentar los efectos de la pandemia COVID-19 que afectan a los productores agrícolas, familiares pequeños y medianos productores campesinos, pescadores artesanales, y productores acuícolas de la economía popular solidaria.
Finalmente llamo a la unidad de todas las organizaciones y movimientos sociales y fuerzas progresistas, partidos de izquierda a reorganizar nuestras fuerzas para la resistencia y lucha contra el capitalismo neoliberal.