16 de julio de 2014
Representantes de comunidades de El Estor Izabal, denunciaron públicamente lo que familias Qe´qchi´s de El Estor Izabal han sufrido en los últimos días.
En conferencia de prensa representantes de diferentes comunidades dieron a conocer que policías empezaron a disparar bombas lacrimógenas en contra de mujeres y niños que se encontraban en la comunidad 30 de Julio Se´chaj, dicha acción fue realizada después que la jueza Sandra Janeth Méndez Nájera autorizó un desalojo sin que la comunidad fuera notificada; «La Policía Nacional Civil, guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN- y cuadrilleros contratados por la empresa actuaron en contra de la comunidad sin que éstos enseñaran la orden de desalojo», refirió Juan Tuc representante de las comunidades de El Estor Izabal.
Tuc dijo que los resultados del desalojo violento llevado a cabo el pasado jueves 10 de julio por parte de la Policía, guardias de seguridad privada y cuadrilleros, es de tres jóvenes heridos, (no se mencionan los nombres por temor a represalias), varias viviendas quemadas, quince estudiantes que se encontraban en el interior de una escuela ubicada a 100 metros del lugar, resultaron intoxicados por el gas lacrimógeno.
Los representantes de las comunidades también denunciaron el accionar de la Jueza Sandra Janeth Méndez que siempre se ha mostrado a favor de la empresa -CGN-, al señalar que es la tercera vez que acciona en contra de las comunidades Q´eqchi´s eso muestra que su accionar se parcializa para defender los intereses de la Compañía Guatemalteca de Níquel. Los líderes describieron parte de los antecedentes: cuando se dio el desalojo al Lote Ocho, Lote Nueve y Setal la jueza acompañó a los guardias de seguridad privada de la empresa, también señalaron a la jueza de proteger a sicarios contratados por la -CGN- los cuales han sido identificados plenamente por las comunidades, dicho grupo paralelo intentó masacrar a las familias que se encontraban en la comunidad Setal el 30 de junio de 2012.
«Todas las comunidades Q´eqchi´s de El Estor Izabal defendemos nuestras tierras, porque somos dueños de esas tierras, nuestros abuelos lucharon por nuestras tierras, por eso no queremos que sigan los desalojos, somos nativos de este país, nosotros no queremos a empresas transnacionales que vengan a desalojar a las familias de sus tierras», señaló Santiago Tuc representante de las comunidades.
Por su parte Angélica Choc parte de las comunidades afectadas, indicó que las denuncias por parte del pueblo Qéqchi´ se han dado desde hace varios años ya que no es desde ahora que el pueblo es víctima de abusos a sus derechos por parte de la empresa que antes era conocida como EXMIBAL, hasta la fecha el pueblo sigue sufriendo; «las mujeres temen por su vida por el abuso que han cometido por parte de la -CGN-«, indicó Choc.
Rafael González de la dirección nacional del Comité de Unidad Campesina organización activa de la CLOC Vía Campesina, dijo que ya se interpuso la denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos, dijo que también tienen prevista una reunión con el
Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para realizar la denuncia correspondiente, al señalar como grave la situación: «Tememos que sea otro caso como el Polochic, porque la familias del Polochic fueron desalojadas de forma violenta a pesar de mantener diálogo con autoridades para llegar acuerdos y encontrar solución a la situación en el área», indicó González, quien dijo que lo que buscan las empresas en el área de El Estor Izabal es crear una zona minera afectando fuertemente a las comunidades del lugar.
González agregó que la forma de actuar de la policía privada y de los cuadrilleros es delicada y puede desatar una represión porque los cuadrilleros no están identificados y no se sabe de dónde provienen, los mismos son contratados por la empresa para realizar ese tipo de represiones en contra de las comunidades.
Los representantes de las comunidades aprovecharon para desmentir las publicaciones realizadas por algunos medios de comunicación quienes han publicado que a la hora del desalojo del pasado 10 de julio las comunidades respondieron con armas; «es mentira nosotros no tenemos armas, nosotros lo que hacemos es defender nuestras tierras, tierras que nuestros abuelos nos han dejado» refirió Juan Tuc representante de las comunidades afectadas.
Las comunidades afectadas responsabilizaron por el desalojo violento al gobierno de Otto Pérez Molina, al gobernador departamental de Izabal y a la Compañía Guatemalteca de Níquel, porque las empresas actúan en su mayoría con el respaldo de instituciones de gobierno y señalaron que el pasado 30 de mayo el presidente de la república Pérez Molina autorizó y participó en la inauguración de una nueva fase de explotación minera de la -CGN-, dicha acción la señalaron como una imposición porque es contra la voluntad de las comunidades afectadas ya que nunca se hizo una consulta comunitaria como lo señala el convenio 169 de la OIT.
Además exigen que con urgencia la institucionalidad agraria del país atienda las demandas de legalización de tierra para las comunidades Q´eqchi´s del municipio de El Estor Izabal.
Asimismo exigen al Ministerio Público que investigue el actuar de los cuerpos paralelos de seguridad de la -CGN- que participaron en el desalojo violento del pasado 10 de julio último y del atentado armado en contra de las familias de la comunidad Setal el 30 de junio de 2012.
Entre las comunidades afectadas se mencionan: comunidades 30 de Junio Se´chaj, Asociación Campesina Maya Q´eqchi, Setal, Agua Caliente Lote 9, comunidad 13 de abril, Lote 8, Las Nubes, La Ceiba, y El Zapotillo.