Mes: mayo 2017

Este viernes 26 de mayo, con el objetivo de llevar las denuncias en el marco de la criminalización de la lucha por la tierra y el terrorismo de Estado, delegadas y delegados de la CLOC-Vía Campesina Paraguay estarán participando en calidad de testimoniantes del 162° periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se lleva a cabo desde el 22 hasta el 26 de mayo del corriente en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).

En ese sentido, un referente de la Comisión Vecinal Joaju, asentamiento 1° de Marzo del distrito de Yvyrarovana (Canindeyú), vinculada a la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), y representantes de los asentamientos San Juan de Puente Kyha, distrito de Caballero Álvarez (Canindeyú) y la Colonia Guahory del distrito de Tembiaporã (Caaguazú), delegados de la Federación Nacional Campesina (FNC), relatarán la situación que se vive en esos territorios, en términos de violación de los derechos humanos en cuanto a estigmatización, represión, violación de sus derechos procesales y violación de las libertades ciudadanas de peticionar ante las autoridades.

La audiencia fue solicitada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (Inecip), en el marco de los acuerdos entre la CLOC-Vía Campesina Paraguay y esta institución no gubernamental.

Estas sesiones de la CIDH se realizan por primera vez en la ciudad de Buenos Aires para recoger denuncias de países del Cono Sur, menos Argentina, y están relacionadas con diversas temáticas que giran en torno a: “Derechos humanos y educación libre, plural y sin censura en Brasil: la propuesta de exclusión de la perspectiva de identidad de género y de orientación sexual en la Base Curricular Nacional y el ‘Proyecto Escuela Sin Partido’”, “Derechos Humanos de las personas migrantes en el Cono Sur”, y “Protesta y Derechos Humanos en Paraguay”.

Se puede seguir la transmisión del desarrollo de estas audiencias en la página de la CIDH.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) vem a público repudiar a violenta ação da Polícia Militar do Distrito Federal, que na tarde dessa quarta (24), agiu de forma violenta e criminosa contra os manifestantes que se reuniram em Brasília para protestar contra o governo Temer.

A ação desmedida resultou em inúmeros feridos, entre eles o militante do MST de Goiás, Clementino Neto, que foi ferido por um tiro de bala de borracha no olho esquerdo e está internado em estado grave no Hospital de Base de Brasília, com grande risco de perder a visão deste olho.

Também denunciamos e repudiamos a ilegal convocação das Forças Armadas, feita para suposta proteção da lei e da ordem, mas que na prática instaurou Estado de Exceção em Brasília até o dia 31/05. Essa expressão máxima do autoritarismo é completamente absurda e injustificável, sendo imprescindível sua imediata revogação.

Tais atitudes configuram-se em evidente criminalização das lutas dos movimentos populares por parte dos governos de Temer e Rollemberg, que não mediram esforços armados para atingir o povo que foi as ruas lutar por seus direitos.

Por fim, o MST se solidariza com os militantes que também sofreram com esse violento ataque aos movimentos populares e reforça a necessidade de eleições diretas já!

Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Brasília, 24 de maio de 2017

Una vez más, las organizaciones indígenas, agrarias y el movimiento social en su conjunto nos dirigimos a la opinión pública para denunciar las maniobras que el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene ejerciendo sobre el Congreso de la República para impedir la derogación del Decreto Legislativo 1333, “Ley del despojo”. Este sector pretende “subsanar” las insalvables deficiencias de forma y de fondo que tiene el decreto, evidenciadas en su momento por las organizaciones indígenas, que lograron que la Comisión de Constitución y Reglamento apruebe un dictamen derogatorio.  

En efecto, a partir de reuniones informales sostenidas con representantes de diversas organizaciones indígenas nacionales el MEF viene haciendo circular versiones falsas de que habría logrado un “entendimiento” con los representantes indígenas y originarios para convencer a los congresistas de retroceder en la decisión de derogatoria. Versiones que son absolutamente falsas y que constituyen una grave mentira al Congreso y a la opinión pública.

Recordemos las razones por las que este decreto es nocivo:

Primero: desbarata todo el régimen existente para el reconocimiento, formalización, saneamiento y titulación de la propiedad predial y territorial, desplazando a los gobiernos regionales, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), COFOPRI y SUNARP, con la creación de un organismo todopoderoso llamado APIP (Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados) que depende directamente de PROINVERSION y del MEF. Su finalidad es facilitar y entregar en tiempo récord la propiedad de predios, terrenos, tierras y territorios que se requieran para la ejecución de los megaproyectos que se consideren estratégicos, bajo el pretexto de que ayudarán a reactivar la economía. Son más de 147 proyectos que el MEF busca priorizar, lo que es una grave amenaza para la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra en el Perú.

Segundo: la mayoría de estos proyectos se ubicarán en zonas rurales, principalmente en territorios de las comunidades campesinas y nativas, quiénes serán las principales afectadas pues el grado de inseguridad jurídica sobre sus territorios es enorme. Más de 8 mil comunidades indígenas del país no tienen títulos de propiedad debidamente saneados y delimitados en un catastro, siendo la posesión el principal medio para demostrar su derecho de propiedad. En este escenario, el enorme grado de incertidumbre jugará en su contra, pues el Ejecutivo, no dudará en otorgar la titularidad de los predios a favor de los inversionistas, consolidando así el despojo territorial que venimos alertando.

Tercero: los pueblos indígenas originarios no serán los únicos afectados. Tanto los propietarios de predios urbanos como de predios del ámbito rural podrán ser expropiados y despojados de su propiedad en favor de los grandes inversionistas, a cambio de lo cual, recibirán “justiprecios” y compensaciones ridículas que no reconocerán el auténtico valor de la propiedad. Esto explica la desesperación de los promotores de esta norma por lograr su pronta ratificación en el Congreso, pues lo que está en juego no es ni el desarrollo ni el bienestar del país, sino el control absoluto de la propiedad privada de las tierras y territorios en el Perú.

Cuarto: el decreto sienta las bases para llevar a cabo millonarios negocios a costa de la impunidad. Se faculta al APIP a recurrir al uso de la fuerza policial para efectuar “la recuperación extrajudicial de la propiedad o el desalojo dentro de los procesos de saneamiento” (artículo 5.4), lo cual se aplicará contra los propietarios o poseedores que, con legítimo derecho, se nieguen a entregar sus predios y terrenos. Se dispone proteger a los funcionarios del APIP y servidores que intervengan en los procesos de saneamiento y que sean denunciados, al establecer que, antes de las investigaciones fiscales y policiales, se requerirá un informe del APIP indicando si el funcionario en cuestión infringió o no la ley; es decir, será juez y parte. El MEF y PROINVERSION son plenamente conscientes de lo abusivo de la norma, por lo que “ponen el parche” y cuidan las espaldas de los trabajadores públicos que pueden vulnerar derechos territoriales al amparo de este decreto.

Quinto: pero el MEF no viene actuando solo. En sus gestiones ante el Congreso ha recibido el apoyo de la Dirección General de Derechos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, faltando gravemente a sus competencias funcionales,  y avalando la vigencia de este decreto pese a que no ha cumplido con el obligatorio proceso de Consulta Previa.  Falta grave que ahora quieren sustituir con diálogos informales sostenidos con las organizaciones indígenas. Ante ellos, las organizaciones hemos ratificado firmemente la exigencia de derogatoria de esta norma que ya es la “cereza del pastel” de todo el andamiaje jurídico antiterritorial y antindígena  inspirado a la sombra de la doctrina del “perro del hortelano”, implementada por los tres últimos gobiernos a través de los denominados “paquetazos”, como la Ley 30230, la Ley 30327, el Dec. Leg. 1210 y el D.S. 001-2015-EM.   

Advertimos que el DL. 1333 agudizará los conflictos sociales por la defensa de la Madre Tierra y el medio ambiente, como el tristemente recordado “Baguazo”, que surgió como consecuencia de una norma mucho menos peligrosa. Es evidente que algunos funcionarios del gobierno, que en su momento fueron señalados como responsables políticos de este hecho, no han aprendido la lección y no tienen el menor remordimiento para fabricar peores normas. Somos conscientes de la enorme amenaza que se cierne no solo sobre los territorios ancestrales, sino también sobre las tierras de todos los ciudadanos y ciudadanas que se interpongan en la construcción de cualquier obra o megaproyecto que priorice este o los próximos gobiernos.

Los pueblos indígenas originarios y campesinos nunca se han opuesto al desarrollo de nuestro país; lo fomentan y colaboran con iniciativas que aspiren a lograr sinceramente el bienestar integral de la población. Pero tenemos claro también que ese bienestar debe ser para todos y no solo para un grupo privilegiado. Todo intento de promover el desarrollo debe garantizar el absoluto respeto de los derechos fundamentales de las personas y los derechos colectivos de los pueblos originarios, en especial al derecho al territorio, que es la base de nuestra cultura ancestral y la economía indígena, y el central abastecimiento de alimentos para todo el país.

Llamamos a las organizaciones indígenas de todo nivel, gremios, sindicatos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil en general a resistir y sumarse a la lucha contra este nuevo abuso que se pretende ejecutar contra los derechos de nuestros ciudadanos y de nuestros pueblos indígenas.

¡NO MÁS DESPOJOS DE LAS TIERRAS Y TERRITORIOS! ¡NO AL DL 1333!

¡DEROGATORIA AHORA! 

SUSCRIBEN

–       Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú (Confederación Nacional Agraria -CNA, Confederación Campesina del Perú – CCP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –ONAMIAP, Unión Nacional de Comunidades Aymaras – UNCA, Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP y Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú – CUNARCP).

–       Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP

–       Convención Nacional del Agro – CONVEAGRO

–       Asociación Nacional de Productores Ecológicos – ANPE

–       La Vía Campesina

–       Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC – La Vía Campesina

–       Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDLADS

–       Servicios en Comunicación Intercultural SERVINDI

–       Red MUQUI – Perú

–       Derecho Ambiente y Recursos – DAR

–       Instituto Bien Común – IBC

–       Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES

–       Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

–       Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP

–       OXFAM PERÚ

–       Asociación Servicios Educativos Rurales SER

–       Forum Solidaridad Perú

–       Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén

–       Asociación Marianista de Acción Social – AMAS

–       Derechos Humanos sin fronteras – Cusco

El Frente Brasil Popular repudia vehemente el uso de represión policial y de las Fuerzas Armadas que agredieron a miles de brasileños y brasileñas entre los 200 mil que participaron de la Marcha en Brasilia

El Frente Brasil Popular repudia vehementemente el uso de represión policial, y de las Fuerzas Armadas, que agredió a miles de brasileños y brasileñas, que estaban entre los 200 mil que participaron de la Marcha de la clase trabajadora, organizada con la unidad de todas las fuerzas sindicales y con la participación de los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo. 

El uso de las Fuerzas Armadas, de bombas de gas lacrimógeno y balas de goma demuestran la fragilidad del gobierno de Michel Temer y sus aliados, todavía más inestable luego de numerosas denuncias de corrupción que involucran al propio presidente. 

Las Fuerzas Armadas rebajaran su rol cuando sirvieron de instrumento político de un gobierno moribundo. Atacó indiscriminadamente decenas de millares de brasileños/as, cuando algunos pocos se infiltraron en nuestro movimiento pacífico para promover el conflicto.

Sin fuerzas, sin apoyo popular y viendo su base bajarse del barco, Temer criminaliza y persigue a los movimientos sociales.

Fuimos a las calles hoy a exigir la salida del presidente, elecciones directas, y a decirle no a las reformas de las Pensiones y laboral; y serán las calles nuestros espacios sociales de lucha hasta que caiga Temer y su agenda de retirada de derechos.

#DirectasYa #FueraTemer
#ContraLasReformas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)  con domicilio para recibir comunicaciones en la Avenida Ortega y Gasset n. 200 2do nivel de la Fundación Trópico esquina Reyes Católicos, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional Tel +1 (809)6161585 correo electrónico, cndhrd@hotmail.com, expresa su profunda preocupación y solicita respuesta urgente ante los últimos acontecimientos respecto a represión violenta, criminalización,  falsa acusación de terrorismo y en esta última ocasión intento de asesinato,  contra integrantes y dirigentes del movimiento Marcha Verde contra  la corrupción e impunidad en la República Dominicana.   

ACONTECIMIENTO:

El día lunes 22 de mayo alrededor de las 7 am el sr.  Hero Pérez, líder comunitario, coordinador de la Articulación Nacional Campesina y de Poder Ciudadano, integrante del movimiento Marcha  Verde quien fue vocero de la Marcha Verde en Azua del día domingo 21 de mayo y quien leyó el manifiesto de la misma,  fue embestido  cerca del cruce de Pizarrete en la carretera Sánchez entre Baní y San Cristóbal por un vehículo blanco desconocido que lo chocó aparatosamente varias veces por la izquierda y se dio a la huida.

El vehículo de Hero Pérez quedó destruido y él necesitó atenciones médicas de emergencia reportando golpes en la cabeza y en la espalda.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO:

El  informe del Departamento de Justicia de EE.UU., ha divulgado a finales del año 2016 el escandalo transnacional más grande de la historia conocido como Lavajato, revelando  que la empresa brasileña  Odebrecht, entre el 2001 y el 2016 ha financiado y se ha aprovechado de la corrupción en 12 pases del hemisferio, pagando en los mismos a políticos, funcionarios públicos,    ex candidatos presidenciales y empresarios  alrededor de 788 millones de dólares en sobornos.

En República Dominicana, encontrándose nuestro país  al tercer lugar de estos doce países, se habrían pagado solamente en sobornos un monto de US$ 92 MM. 

La empresa brasileña Odebrecht ha manejado en los 16 años que ha operado en República Dominicana unos 14 proyectos, de los cuales por lo menos 10 sufrieron modificaciones, ascendiendo los costos finales a unos 830 millones de dólares más del presupuesto original destinado para esas obras. En este monto no está incluida la Planta de Carbón Catalina, realizada bajo fuertes cuestionamientos de otorgación a Odebrecht por más del doble del monto.

Por estas razones en la República Dominicana ha surgido un gran movimiento ciudadano en reclamo por el fin de la corrupción y la impunidad.

Se trata de un colectivo  formado por decenas de organizaciones sociales, populares, religiosas, de las sociedad civil y comunitarias de toda la geografía nacional, que se caracteriza por su horizontalidad y por el carácter cívico y pacífico de sus movilizaciones. En las mismas no son permitidas consignas de partidos políticos,  ni afiches, colores e insignias  de los mismos, así como actos que atentan contra la ciudadanía o los bienes públicos.

Este movimiento se ha ido organizando desde principio de este año, ha ido creciendo y la logrado la movilización y organización de marchas multitudinarias en todo el país que se han denominado Marchas Verdes. De ahí el movimiento se ha identificado con el color verde y con el nombre de Marcha Verde.

Entre las actividades realizadas la del Libro Verde que en su recorrido por el país ha obtenido miles de firmas de ciudadanos que le ha dicho de forma contundente al actual gobierno de Danilo Medina ¡No a la Corrupción y a la Impunidad!

El movimiento cuestiona la falta de transparencia sobre el financiamiento de parte de Odebrecht en la campaña presidencial de Danilo  Medina, actual Presidente de la República y el hecho de que el Procurador General que dirige las investigaciones sea un miembro del Comité Central del  Partido de la Liberación Dominicana actualmente al gobierno.

Desde el primer momento el movimiento marcha Verde ha sido objeto de ataques en las redes sociales y en los medios de comunicación por políticos vinculados al partido oficialista Partido de la Liberación Dominicana y por propios funcionarios de gobierno con el objetivo de desprestigiarlo.

Sucesivamente, al crecer el movimiento, mes tras mes y después de las multitudinarias marchas realizadas en Santo Domingo, San Francisco de Macorís, Santiago y la última del domingo 21 de mayo en Azua, donde la consigna es siempre la misma “cárcel para los corruptos y devolución de lo robado” estos ataques han sido más directos y han llegado directamente desde el gobierno y sus organismos de seguridad.

Entre otros episodios ocurridos a lo largo de estos meses señalamos:

En marzo de 2017 salen a la presa declaraciones de políticos y empresarios tratando de vincular los integrantes del movimiento Marcha Verde  con las intenciones de querer conformar un partido con las firmas recolectadas con el Libro Verde

El 24 de abril de 2017 el ministro de Interior y Policía,  Carlos Amarante Baret en unas declaraciones a la prensa expresa que  “Estamos al tanto de sus movimientos desestabilizadores [los integrantes del movimiento] que, en ejercicio de loca aventura colectiva, han previsto llegar hasta a abortar el proceso democrático”. Dijo que esos sectores, “han desnaturalizado el Movimiento Verde, del cual se han apropiado llevando a sus militantes a marchar contra el gobierno y propiciando que los grupos más radicales tomen su control y pasen a amenazar el orden democrático y a los funcionarios del gobierno al expresar que “las movilizaciones verdes podrían convertirse en rebeldía y en la catástrofe jamás pensada para ellos” y que “Están a tiempo de reflexionar y detener sus planes de desestabilización de la nación, que sólo nos llevarán al caos, la anarquía y el desorden, de donde no saldrá nada bueno para el país. El gobierno está en el deber de preservar la paz y el orden democrático en la República Dominicana”.

El pasado 4 de mayo de 2017 es detenido Juan Compres,  dirigente social del movimiento los Peregrinos de Moca y coordinador  de la Marcha Verde en esa ciudad,  con falsa acusación de posesión de drogas. Algunos días después ha sido  puesto en libertad sin cargo alguno por el fiscal de Moca, al circular un video de una cámara de seguridad que evidenciaba el momento en que agentes policiales en el operativo que llevó a su detención le ponían droga en el carro. El sr. Comprés recibió golpes y torturas mientras estaba detenido a fines de que confesara la posesión de la droga. Una visita del médico legista ordenada por la Policía Nacional ha confirmado las lesiones.

El pasado 9 de mayo, diez jóvenes estudiantes fueron a depositar un documento en la Procuraduría General de la Republica   exigiendo el cese de la corrupción y de la  impunidad y al negarse a retirarse de las oficinas,  ya que pedían  ser recibidos por un funcionario, han sido  reprimidos con gas pimienta, después de haberles cerrado la puerta de la oficina donde  estaban, apagado el aire acondicionado y retirado los empelados allá presentes.

El 16 de mayo de 2017 un grupo de jóvenes, habiendo requerido y obtenido los permisos correspondientes para instalar un campamento en las proximidades de la Procuraduría General de la  República por 5 días a fines de crear un espacio informativo sobre corrupción e impunidad y para estar en la espera que el Procurador General  informara la ciudadanía sobre los nombres de los involucrados en el caso Odebrecht el vieres 19 así como había prometido a través de los medios de comunicación, han sido violentamente reprimidos con bombas lacrimógenas, golpeados, y cinco de ellos detenidos por algunas horas.

Un grupo de nueve diputados quienes se habían presentado en el lugar de los hechos para pedir explicaciones sobre lo ocurrido también han sido alejados y reprimidos con bombas  lacrimógenas y así también el presidente de la Comisión Nacional delos Derechos Humanos Dr.  Manuel María Mercedes.

En el mismo día un periodista  del Listín Diario, Ramón Cruz Benzán, quien cubre por ese  periódico asuntos judiciales, también le fue prohibida la entrada a la Procuraduría y subió agresión física por un miembro del ejército. 

PETICIONES:

Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado dominicano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Magna y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.

Por lo tanto exigimos lo siguiente:

1.      Se realice  una investigación inmediata, imparcial y objetiva respecto a cuanto ocurrido el día 22 de mayo al sr. Hero Pérez, ya que no se ha tratado de un simple accidente.

2.      Se otorguen  medidas cautelares del protección al mismo y se garantice  su protección e incolumidad

3.      Se finalice  la investigación respecto al caso de Juan Comprés, se separen  los responsables de las filas de la Policía Nacional y se castiguen   penalmente.

4.      Privilegiar el diálogo para atender y escuchar las demandas de los integrantes del Movimiento Marcha Verde

5.      No se recurra más el uso de la fuerza por parte de policías y órganos de seguridad del estado,  como forma de eliminar la participación activa de los integrantes del Movimiento Marcha Verde y/o ciudadanos independientes o como forma de amedrentar y atemorizar.

6.      No se recurra más al desprestigio y al descredito de parte de funcionarios públicos y políticos del movimiento Marcha Verde y sus integrantes.

7.      Se garantice la seguridad física y jurídica de los integrantes del Movimiento Marcha Verde y en general de los ciudadanos independientes activos en la lucha contra la corrupción e impunidad.

8.      Se garantice el derecho constitucional de la ciudadanía a la protesta pacífica y a la libre expresión del pensamiento.

9.      Se garantice  el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Estado dominicano.

ENVIAR COMUNICACIONES A:

Presidente de la República Danilo Medina Sánchez – info@presidencia.gob.do

Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez – info@pgr.gob.do

Procuradora Fiscal Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República Danissa Cruz – danissa007@gmail.com

Ministro de Interior y Policía Carlos Amarante Baret – info@mip.gob.do

Director de la Policía Nacional Nelson Peguero Paredes -info@policianacional.gov.do

Defensora del Pueblo Zoila Martínez Guante – info@defensordelpueblo.gob.do

Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos Senado de la República

info@senado.gov.do

Presidente Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Fidel Santana – fidel.santana@hotmail.com

Procurador Fiscal de la provincia judicial de Peravia Constantino Beltré

Director de la Regional Sur de la Policia Nacional con asiento en Bani Juan G. Brown Pérez

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein – Teléfono: +41 22 917 9220 InfoDesk@ohchr.org

Presidente Federación Internacional de los Derechos Humanos Dimitiris Christopoulos – fidh@fidh.org/amerique@fidh.org

Amnistía International – contactus@amnesty.org / caribbean@amnesty.org

Human Right Watch – hrwdc@hrw.org

Embajador  Misión Permanente de la República Dominicana  ante las Naciones Unidas en New York, Francisco Cortorreal  144 East 44th Street, 4th Floor, New York, NY 10017 Phone: +1 212-867-0833 Fax: +1 212-297-2509 Fax: +1 212-986-4694 drun@un.int

Jefe de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, Alberto Navarro Cesar Nicolás Pensón 85A, Gazcue Teléfono: (809) 227-0525 Fax: (809) 227-0510 delegation-dominican-rep@eeas.europa.eu

Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la República Dominicana, Juan Carlos Monge, Tel: (1 809) 537 0909 Ext. 236  jmonge@ohchr.org

Procedimientos Especiales Special Procedures Division c/o OHCHR-UNOG Avenue de la Paix 1211 Geneva 10 Switzerland Fax: +41-22-917 90 06

urgent-action@ohchr.org

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão , 1889 F Street NW Washington, D.C., 20006, Estados Unidos, Teléfono: 1 (202) 370 9000 Fax: 1 (202) 458 3992 / 6215  cidhoea@oas.org, cidhdenuncias@oas.org

Santo Domingo, D.N. 21 de mayo de 2017

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta, llamando al +1 (809) 616-1585 o al correo electrónico cndhrd@hotmail.com

Atentamente

 

Comisión Nacional de los Derechos HumanosRepública Dominicana 

Departamento de Prensa y Comunicación

“¡Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo!” Con este lema, centenares de representantes de mujeres y hombres del campo del movimiento internacional La Vía Campesina se dirigen hacia el País Vasco del 16 al 24 de este mes de julio para celebrar su VII Conferencia.

La Conferencia Internacional de La Vía Campesina (LVC), celebrada cada cuatro años, consiste en la instancia más alta a través de la cual se deciden estrategias colectivas y se mantienen debates internos para un movimiento creciente que representa cerca de 200 millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. 

Durante una semana en Derio, País Vasco, se trataran temas como: Las experiencias locales llevadas a cabo por el movimiento, al igual que los procesos internacionales en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por una Declaración de derechos de campesinas y campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales o aquel, también en la ONU, por un Instrumento internacional jurídicamente vinculante contra el abuso de empresas multinacionales. Las diferentes regiones de LVC presentarán igualmente sus luchas, como la de la región Europea en las instancias institucionales por una nueva política agrícola común y reforma contra la concentración de tierras; la de África, por la soberanía de sus semillas; o la de América Latina por una reforma agraria popular y contra el gran Capital.  Las regiones de Asia presentarán sus campañas contras los tratados de libre comercio (TLCs), los OGM y el desafío al que se enfrentan ciertas de sus zonas ante el aumento del nivel del mar por el cambio climático. 

Se dará un enfoque particular a temas como: el impacto de los TLCs sobre la Soberanía Alimentaria, la Captura Corporativa y protección a través de patentes de las semillas, la criminalización del movimiento y hasta el asesinato de líderes, soluciones campesinas al cambio climático y las escuelas de agroecología como una forma de ejercer la Soberanía Alimentaria en los territorios.  Habrá eventos abiertos al público previstos el 19 de julio en Derio (para la apertura de la Conferencia) y el 23 de julio en una marcha de Dario hasta la Plaza Nueva de Bilbao, donde se hará un acto político público.

En momentos donde, por un lado, la importancia de las cadenas alimentarias se refuerza en la opinión pública, pero por otro, se intensifican los  atropellos a nivel global contra comunidades campesinas, las conclusiones de este encuentro prometen ser un avance significativo en la lucha por la Soberanía Alimentaria, y por ello fortalecer el trabajo que lleva a cabo La Via Campesina por la realización de nuestros derechos y, por ente, la paz y justicia en nuestras comunidades y mundo.

Para más información sobre la VII Conferencia de La Vía Campesina, consulte nuestro Kit de prensa.

Descaga también nuestro afiche oficial, aquí.

Contactos:

·      Alazne Intxauspe: +34 667576740 | alaznentzat@gmail.com

·      Viviana Rojas Flores: +34 6616 41838 |+593 9952 13177 | viviana.rojas@viacampesina.org

·      Andres Arce: +34 6616 41528 | +32 4895 52297 | andres@eurovia.org 

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Durante los últimos 24 años La Via Campesina a celebrado 6 conferencias internacionales. La primera en Bélgica en 1993, luego en México en 1996, en India el 2000, su cuarta en Brasil en 2004, en Mozambique en 2008, y la última en Indonesia en 2013. Todas las cuales han contribuido a avanzar  y confluir en un proyecto de unidad y solidaridad de los campesinos del norte y del sur, desde  todos los continentes,  con el horizonte de  fortalecer al movimiento campesino a nivel global en la búsqueda de justicia y dignidad para el campo.

Pidiendo la salida de Temer y elecciones directas, marcha es atacada con violencia por la policía militar

Más de 150 mil personas se concentraron en el comienzo de la tarde de este miércoles (24) alrededor del estadio Mané Garrincha, en la capital federal, Brasília, capital federal, según datos de la Policía Militar y de los organizadores. Después, marcharon hasta el Congreso Nacional, en la protesta que es llamada de #OcupaBrasilia. En el medio del trayecto, hombres de la Policía Militar empezaron a tirar bombas de gas lacrimógeno y balas de goma en los manifestantes. Aún no hay datos oficiales de heridos.

Los militantes llegaron en cerca de mil ómnibus, de distintos puntos del país, y están participando de una marcha unificada, pidiendo la salida de Michel Temer (PMDB) y la realización de elecciones directas para presidente.

“Seguro que es una de la movilizaciones más grande que ocurrieron en Brasília, y estaba muy bonita. Pero es impresionante la represión de la Polícia Militar, tirando muchas bombas, que impide la llegada de la gente al Congreso Nacional. Va a ser un día de mucha batalla en Brasília, pero sin condiciones de hacer un cierre del acto político”, informó, desde la capital federal, el coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), João Paulo Rodrigues.

Haga click aquí y acompañe minuto a minuto la movilización.

La acción es organizada por las centrales sindicales y por las frentes Brasil Popular (FBP) y Pueblo sin miedo. En el comienzo de la tarde, los manifestantes iniciarán una marcha por la Explanada de los Ministerios, rumbo al Congreso Nacional.

“Hoy es un día decisivo para la clase trabajadora. Nuestros derechos están amenazados por los golpistas, y no existe el menor respeto a nuestra dignidad. Estamos siendo asaltados”, dice Roberto Sousa y Silva, profesor de la red pública de Río Grande del Norte, que vino en caravana para participar de la protesta.

La lucha popular es impulsada por el agravamiento de la crisis que rodea la figura de Michel Temer (PMDB), involucrado en escándalos de corrupción relacionados a la empresa frigorífica JBS, investigada en el marco de la operación Lava Jato, de la Policía Federal. Con las denuncias reveladas la semana pasada por los hermanos Batista, propietarios del grupo, los sectores populares creen que es posible derrocar al gobierno y promueven el “Ocupa Brasilia”, con la expectativa de evitar el trámite de las reformas.

“El gobierno Temer ya acabó, al punto de que la propia prensa golpista lo tiró a la basura, pero ahora está intentando dar el golpe dentro del golpe, lo que es más peligroso todavía, porque profundizará la retirada de derechos de la clase trabajadora (…) Él no tiene moral ninguna para aprobar ninguna ley”, considera Alexandre Conceição, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), uno de los movimientos que integran el FBP.

Directas ya

Frente a la crisis política, el “Fuera Temer” no es la única bandera de los opositores, que se movilizan para evitar a cualquier costo una eventual elección indirecta, que podría ocurrir luego del cargo de presidente quedar vacante, ya sea por renuncia o por deposición. +

Por eso, el “Ocupa Brasilia” refuerza el grito de “Directas ya”. Para los movimientos, la salida para la crisis política pasa esencialmente por la elección del pueblo.

“Elecciones indirectas ahora no resuelven el problema de la crisis, de la población, las reformas que ese gobierno está queriendo llevar adelante. El Congreso que haría la elección es el más reaccionario de la historia de Brasil, ligado a los intereses de los grandes grupos económicos. Por eso, queremos elecciones directas ya”, dice el militante de Levante Popular de la Juventud, Caio Picareli, que vino desde Porto Alegre, en el sur del país, para participar del acto.

Además de tener Brasilia como punto central de la manifestación, los movimientos realizan actos también en otras partes del país este miércoles (24), en la tentativa de extender más el movimiento por la caída de Temer y la realización de elecciones directas.

Desde la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para expresar cuanto sigue:

Repudiamos el accionar del presidente Cartes que en el día de ayer vetó el proyecto de Ley N° 5.805/2017, que declaraba de interés social las tierras de la Colonia Guahory y debía beneficiar a las más de 120 familias sin tierras de la comunidad. Con este veto queda en claro la postura del Ejecutivo, ante la decisión que ha tomado el Poder Legislativo para dar una solución definitiva al caso Guahory.

Con el veto, el presidente Cartes ha demostrado que gobierna solo para un sector de la sociedad paraguaya, los latifundistas y grandes productores; ya había demostrado esa elección con el caso Marinakue, al abstenerse de vetar una ley totalmente descabellada sobre las tierras de Marinakue, colaborando así para que las familias campesinas no fueran beneficiadas con un pedazo de tierra.

Con este veto a la ley de expropiación, única vía en la actualidad para la redistribución de tierras a familias campesinas, demuestra una vez más para quiénes gobierna y su voluntad real ante los problemas que aquejan al campesinado. Sabemos que la expropiación fue fruto de las luchas y resistencias que vienen haciendo las familias campesinas sin tierras de Guahory, por lo que el presidente no tiene legitimidad en su accionar contra 120 familias para favorecer a unos pocos sojeros extranjeros.

Sin Reforma Agraria en el país no habrá desarrollo nacional y justicia social; con vetos, represiones y desalojos no se resuelven los problemas de tierras de las más de 300 mil familias sin tierras, sino recuperando las tierras robadas al Estado paraguayo y que se encuentran debidamente documentadas por la Comisión de Verdad y Justicia para ser entregadas a las familias sin tierras.

Por último, llamamos a todos los sectores populares a pronunciarse contra la profundización de la crisis en el campo, en el marco de la lucha por la tierra y por la defensa de Guahory como uno de los casos emblemáticos de lucha y resistencia por la tierra en Paraguay.

 “Por la recuperación y defensa del territorio campesino, para la Soberanía Alimentaria”

 Villa Elisa, 23 de mayo de 2017

 Dirección Nacional de la OLT

Contacto: Diosnel Sachelaridi, 0982- 273.032 

El Gobierno de Rafael Correa en estos 10 años ha realizado cambios significativos en el marco de la modernización del País, la construcción de una sociedad con mayor justicia y equidad. Si bien se ha avanzado todavía hay muchas cosas por hacer, para alcanzar el Buen Vivir y la Soberanía Alimentaria. El país se apresta a un nuevo periodo de gobierno bajo el liderazgo del Presidente Lenin Moreno. El Frente Social y Político, instancia de articulación social organizativa fue una de las gestoras e impulsoras  de su candidatura y contribuyo con sus acciones al triunfo en las últimas elecciones.  

Las diversas organizaciones sociales, de campesinos, indígenas, afro-ecuatorianas, mujeres, jóvenes, trabajadores, actores de la economía popular y solidaria, etc., articuladas en el Frente Social y Político expresamos al Presidente electo el compañero Lenin Moreno, nuestra felicitación por la designación en su gabinete de algunas/os compañeras y compañeros que con sus testimonios de vida han reflejado su compromiso con la lucha por nuestros derechos, por mayor equidad y justicia social, por profundizar la democracia en el país. En particular y que pese a que no compartimos plenamente varios de los postulados de la agenda del Movimiento Indígena de la CONAIE, y que discrepamos con la actuación de algunos de sus dirigentes; en lo que al compañero Humberto Cholango respecta, su designación como Secretario Nacional del Agua, Esta es la segunda ocasión, y es luego de 13 años, en que tenemos un dirigente indígena asumiendo la responsabilidad de una cartera de Estado con rango ministerial.

La inclusión, el llamado al dialogo  nos da una clara señal de la vocación democrática del nuevo gobierno, de la apertura a la participación de sectores sociales que tradicionalmente hemos sido excluidos; pero fundamentalmente el incorporar a las mejores mujeres y a los mejores hombres de izquierda en su gabinete es una muestra de que vamos en el sentido correcto, en el sentido de mantener y profundizar los cambios iniciados con el liderazgo de la revolución ciudadana.

La participación de los compañeros: Augusto Barrera, Rossana Alvarado, Andrés Mideros y en especial de Humberto Cholango en el nuevo gabinete, para las organizaciones sociales despierta una enorme esperanza en los cambios que se vienen.

Finalmente, Romelio Gualan manifestó sus  mejores deseos de éxitos para nuestro presidente electo, para Humberto, Augusto, Rossana y  Andrés, les decimos que no están solos, aquí cuentan con nuestro respaldo, que siempre ha sido crítico y propositivo, porque estamos convencidos de que ese es nuestro mejor aporte.

Repudiamos la decisión del Ejecutivo de vetar el proyecto de ley que “declara de interés social y expropia a favor del Indert a los fines de la reforma agraria, para ser transferidos a sus actuales ocupantes, varias fincas de la colonia Guahory, de los distritos de Tembiaporã y Raúl Arsenio Oviedo, del departamento de Caaguazú”.

Esta acción, que se conoció en las últimas horas de la tarde de ayer, lunes 22 de mayo, tendrá notorios efectos económicos y sociales con alcance negativo para las familias que resisten en lo que hasta hace un año era un territorio campesino de convivencia pacífica con el medio ambiente.

El hecho no está aislado; más bien forma parte de un plan que viene impulsando el gobierno de Horacio Cartes, el cual constituye una verdadera CONTRARREFORMA AGRARIA. Mientras el gobierno emite discursos orgullosos sobre sus supuestos esfuerzos por instalar una Reforma Agraria, lo que está haciendo en verdad es expulsar a las poblaciones empobrecidas del campo forzando la migración interna o arrinconándolas a través de los programas de viviendas que las atomiza en centros urbanos o a través de la reubicación que no pocas veces deriva en conflictos entre campesinos, además de contar con el agravante del desarraigo y la pérdida de relación con el territorio en que se nació.

Lo que está creando el Indert es solo treta, propaganda engañosa, cáscara vacía, una falsa reforma agraria que antes que otra cosa es una burla hacia los sectores más vulnerables, en tanto que sirve para garantizar la tranquilidad de los terratenientes y la propiedad privada, muchas veces malhabida.

Guahory y localidades cercanas que se vieron impactadas por la presencia del agronegocio en la zona son un ejemplo de cómo los poderes fácticos son superiores al propio Estado paraguayo y demuestra a quién sirve este sistema neoliberal con el uso del aparato legal para custodiar los bienes de la burguesía.

Manifestamos nuestra entera solidaridad y compromiso con las campesinas y los campesinos que sufrieron los variados desalojos en los últimos meses en ese territorio y les alentamos a continuar en la lucha por la tierra, porque Guahory es hoy la síntesis de todas nuestras luchas como organizaciones campesinas e indígenas.

Convocamos a la ciudadanía por todos los medios a nuestro alcance para unirse a las voces de rechazo de este atropello institucional contra una comunidad que, en septiembre de 2016, fue testigo, como todo el país a través de las redes sociales, de cómo un helicóptero, propiedad del pueblo paraguayo, era utilizado groseramente por particulares de origen extranjero para perpetrar el brutal desalojo que dio pie a una cadena interminable de sufrimientos e injusticia.

¡Guahory es Paraguay!