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Declaración latinoamericana en defensa de las semillas,la biodiversidad y la soberanía alimentariafrente a la edición génica

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Quito, junio 2026

Las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, sociales, ambientales, académicas y
ciudadanas de América Latina reunidas en el Encuentro Latinoamericano: La Edición Génica en
América latina, amenazas y Estrategias, celebrado en la Universidad Andina Simón Bolívar en
Quito el 1 y 2 de junio, para reflexionar sobre los impactos de la edición génica en la agricultura
y la alimentación, expresamos nuestra preocupación y rechazo al avance de estas tecnologías en
nuestros territorios.

  1. La edición génica es parte de una nueva ofensiva tecnológica que busca imponer controles
    sobre la vida, las semillas, los saberes y los territorios de los pueblos. Es un modelo
    biotecnológico que menosprecia la biodiversidad, los ecosistemas y a los seres vivos, que los
    considera simples materias primas manipulables según las necesidades de acumulación de
    capital, alterando los metabolismos, ignorando los límites ecológicos, las escalas naturales y
    finalmente los derechos de las comunidades que han cuidado y recreado la biodiversidad por
    generaciones.
    Estos nuevos organismos genéticamente modificados se orientan a la manipulación de los
    cultivos campesinos y a la desaparición del campesinado, los pueblos originarios y
    afrodescendientes, al minar la relación que mantienen con los cultivos, las semillas y modos de
    vida en sus territorios, lo que atenta contra la biodiversidad y el futuro del planeta.
  2. Varias regulaciones latinoamericanas se refieren la edición génica como “una técnica de
    mejoramiento de precisión”, y la industria la presenta como “solución verde y amigable” con el
    ambiente y los consumidores, aunque no sea tan precisa y conlleve numerosos riesgos a la salud
    de plantas, animales y humanos, a los sistemas de alimentación campesinos, a la seguridad y
    soberanía alimentaria, y a la biodiversidad y al medioambiente.
    Diversas investigaciones científicas muestran que estas tecnologías pueden generar
    mutaciones inesperadas, pérdida de material genético, reordenamientos genéticos y otros
    cambios imprevistos.
  3. Si la modificación genética como la conocíamos era insertar material genético de una especie
    ajena, aquí la industria desfigura las semillas o incluso a animales o microorganismos, “editando”
    sus componentes, lo que resulta ser una desfiguración de esos organismos vivos. Es importante
    entender que esta manipulación los hace equivalentes a los organismos transgénicos, y no
    pueden nunca considerarse convencionales.
    La edición génica en una especie provoca cambios diferentes a los que se efectúan en la
    naturaleza o en el mejoramiento convencional, y sus consecuencias son poco conocidas. En los
    cultivos alimentarios editados genéticamente estos cambios podrían alterar su composición
    bioquímica y provocar la producción de toxinas y reacciones alérgicas con efectos inesperados
    en la salud.
  4. Como se trata de seres vivos cuyo material genético se ha editado y rediseñado
    artificialmente en laboratorio, deben estar siempre sujetos a evaluaciones de riesgo rigurosas e
    independientes, de conformidad con el principio precautorio y con los compromisos
    establecidos en el Protocolo de Cartagena, así como a las prohibiciones o moratorias impuestas
    a los organismos genéticamente modificados. Presentarlos como organismos convencionales,
    oculta sus riesgos potenciales para la biodiversidad, los sistemas alimentarios, la salud humana y
    los ecosistemas, y limita el derecho de los pueblos a decidir de manera informada sobre las
    tecnologías que afectan sus territorios y su alimentación sana.
  5. Es falso que estas técnicas sean equivalentes al mejoramiento convencional o al trabajo
    histórico realizado por campesinas, campesinos, pueblos indígenas y comunidades locales. Los
    sistemas campesinos de selección y conservación de semillas se fundamentan en la observación,
    la diversidad biológica, el intercambio de conocimientos y la adaptación permanente a los
    territorios. Son procesos colectivos construidos durante miles de años, asociados a la relación
    profunda y ancestral de las comunidades con sus semillas y sus cultivos, lo que se vincula con
    una espiritualidad que abarca todos los aspectos de la vida.
  6. Las promesas de la edición génica son las mismas que acompañaron a los cultivos
    transgénicos: acabar con el hambre, aumentar la productividad, reducir el uso de agrotóxicos y
    enfrentar el cambio climático. Tras tres décadas de expansión de los transgénicos nada de eso se
    ha cumplido, el hambre persiste, la degradación ambiental se profundiza, la biodiversidad
    continúa disminuyendo y la agricultura es cada vez más dependiente de insumos externos,
    agroquímicos y semillas controladas por corporaciones.
  7. La expansión de la edición génica amenaza directamente las prácticas campesinas de
    conservación, intercambio y reproducción de semillas ya que depende de tecnologías
    patentadas, mecanismos de manipulación genética en laboratorios que alteran el modo natural
    en que ocurren los procesos biológicos. Pueden contaminar y alterar la composición de cultivos
    y semillas nativas, llevar a la pérdida de la diversidad genética, al abandono de las variedades
    nativas por parte de las comunidades, y profundizar la dependencia hacia variedades comerciales
    y a los agrotóxicos de los paquetes tecnológicos comerciales, lo que contribuye a que pierdan
    su soberanía y autonomía alimentaria.
  8. Su falsa promesa es que permitirán el desarrollo de cultivos que requieren menos pesticidas y
    se adaptan al cambio climático. En realidad fortalecen nuevas formas de propiedad intelectual y
    privatización de las semillas, favoreciendo que un reducido número de corporaciones aumente
    su control sobre los sistemas alimentarios. Los Tratados de Libre Comercio promocionan esta
    situación, al irse expandiendo y/o renegociando en la región, puesto que incluyen normas de
    inversión y propiedad intelectual que refuerzan el control corporativo de la alimentación.
  9. Al menos diez gobiernos latinoamericanos han promovido la desregulación con respecto a la
    edición génica y abierto una nueva y más peligrosa etapa de avance de los organismos
    genéticamente modificados. Las empresas lograron que fueran considerados cultivos
    convencionales y que se les excluya de las evaluaciones y controles de bioseguridad, y de las
    prohibiciones que existen en algunos países, bajo el argumento de que no tienen material
    genético foráneo de la especie. Esto ha sucedido incluso en países como Ecuador o Perú cuya
    normativa prohíbe los cultivos transgénicos y/o genéticamente modificados, o en Chile donde
    esos cultivos no están autorizados para el mercado interno.
  10. Nos preocupa igualmente que estas tecnologías se apliquen a microorganismos que son
    liberados al ambiente sin evaluaciones adecuadas de riesgo, para ser liberados al ambiente y ser
    utilizados como bioinsumos.
  11. Ninguna tecnología capaz de mover genes de un lado a otro puede reemplazar la
    complejidad de los procesos ecológicos y culturales que sostienen la agricultura y la
    alimentación.
    Frente a esta nueva ofensiva, reafirmamos que las verdaderas soluciones se encuentran en las
    comunidades y su experiencia intergeneracional, en la agroecología, la soberanía alimentaria y el
    fortalecimiento de los sistemas campesinos, indígenas y afrodescendientes de producción y
    reproducción de semillas.
    Hacemos un llamado a los gobiernos, instituciones públicas, organizaciones
    intergubernamentales, organizaciones sociales, gremios de productores, universidades y
    ciudadanía a:
  • Rechazar y prohibir la edición génica, establecer la equivalencia de sus productos con los
    transgénicos, siendo todos organismos genéticamente modificados.
  • Detener la desregulación de la edición génica, garantizar la aplicación del principio precautorio
    y el derecho a la información de productores y consumidores.
  • Garantizar la plena realización de los derechos campesinos reconocidos en la Declaración de
    las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que
    Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), en particular los derechos relacionados con la
    conservación, el uso, el intercambio y la protección de las semillas campesinas.
  • Somos las comunidades y los pueblos quienes seguiremos trabajando de manera organizada,
    defendiendo las semillas, los saberes, los territorios campesinos, con nuestra capacidad
    colectiva para alimentar a la gente y cuidar la vida. Lo haremos con una agroecología de raíz
    campesina como herramienta fundamental de defensa de los cultivos y semillas campesinas,
    de la alimentación, la cocina y la soberanía alimentaria y la defensa de los territorios y la
    autonomía de los pueblos.

Acción Ecológica, Alianza Biodiversidad, Red por una América Latina Libre de
Transgénicos (RALLT), Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo
(CLOC-LVC), Colectivo Agroecológico del Ecuador, Red de Guardianes de Semillas del
Ecuador

1. Declaración latinoamericana en defensa de las semillasDescarga

La CLOC-Vía Campesina realiza encuentro presencial de comunicadores en marco de la VIII Escuela Continental de Comunicación en el IALA María Cano, Colombia

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El día 8 de julio, 2026 se inauguró el encuentro de comunicadores de la CLOC-Vía Campesina en marco de la VIII Escuela Continental de Comunicación en la sede del Instituto Agroecológico Latinoamericano IALA María Cano en Viotá, Colombia. El grupo fue recibido con una hermosa mística preparada por estudiantes del IALA María Cano enfocando la unidad de los pueblos y el buen vivir desde el contexto campesino. El encuentro presencial da continuidad al proceso de formación virtual que han concursado las/los/les comunicadores de la CLOC, dentro del marco  de los objetivos de la VIII Escuela Continental de Comunicación que consiste en compartir experiencias de comunicación de nuestro movimiento, fortalecer el trabajo colectivo y las  capacidades técnicas que aportan a la comunicación popular desde la CLOC-Vía Campesina.

Comunicadores de Brasil, México, Honduras, Argentina, Estados Unidos, Perú, Panamá, República Dominicana y Colombia participan en este encuentro en representación de las tres regiones que son parte de la CLOC (Sudamérica, Mesoamérica y el Caribe) y la región Norteamérica de La Vía Campesina. 

En la sesión de apertura, Nury Martínez Silvia dio las palabras de bienvenida en representación de la Comisión Política de la CLOC-Vía Campesina y organización anfitriona FENSUAGRO Colombia.  Ella planteó el compromiso político y las líneas estratégicas que desde la comunicación se debe seguir fortaleciendo por los cambios que nuestras regiones vienen registrando en el contexto político actualmente. Las nuevas estrategias de comunicación son fundamentales para fortalecer este proceso desde la solidaridad y las alianzas  que permitan  combatir a los enemigos del pueblo. El papel de la comunicación es fundamental con estrategias innovadoras y de participación social.

En esta escuela se continuará planteando la necesidad de unificar procesos desde lo local hasta lo global con la participación de la militancia desde una mirada y enfoque de acciones colectivas y asumiendo algunos de nuestros desafíos que como colectivo llevamos:

– La lucha contra el imperialismo y el fascismo que implica también una batalla comunicacional; las guerras hibridas y el papel de los medios y las redes sociales y las noticias falsas. 

– La seguridad de las personas, sus datos y contra la criminalización; el uso de las tecnologías libres y la defensa y rescate de la comunicación popular; y como comunicar nuestros mensajes a más grupos sociales y sectores creando  alianzas con otras organizaciones, movimientos, y sectores.

Son de los insumos planteados en este primer día en el marco de esta VIII  Escuela Continental de Comunicación, la cual cerramos con las consignas del IALA María Cano acorde a la parte de incidencia politica de nuestras escuelas.

Una voz de mujer les grita trabajo y educacion, con reforma agraria alimentamos la nación ¡María Cano! ¡ Flor del trabajo!

¡Somos campesinos por vocación, con la tierra en la piel y el sol en el corazón. Mi alma es del campo de la brisa y la labranza, donde cada amanecer, renace la esperanza!

COMUNICADO DE SOLIDARIDAD PARA EL PUEBLO VENEZOLANO

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Bogotá, 25 junio 2026

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC Vía Campesina
Suramérica expresa su solidaridad con el pueblo venezolano ante los terremotos de
magnitud 7.2 y 7.5 con epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de
Yaracuy, a unos 280 km al oeste de Caracas, Venezuela presentados el pasado 24 de
junio. Lamentamos profundamente las pérdidas humanas de familiares y comunidades en
nuestro hermano país, así como las pérdidas materiales y el dolor causado por esta
tragedia en los estados de Caracas, Yaracuy, Miranda, La Guaira, Aragua, Falcón y
Carabobo.


En este momento de dolor, abrazamos fraternalmente a nuestros compañeros y
compañeras del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora – FNCEZ y en general
acompañamos a todo el pueblo venezolano y reafirmamos nuestro compromiso y
solidaridad para estos momentos tan difíciles.


Hoy, las organizaciones campesinas, indígenas y populares pertenecientes a la CLOC-LVC
Suramérica extendemos nuestra disposición a apoyar colectivamente a nuestras
hermanas/os/es en los momentos de adversidad, aún en condiciones inesperadas.
Hacemos un llamado a la cooperación y a la unión del movimiento social junto con las
entidades oficiales para superar esta emergencia con la convicción de que la lucha y
resistencia de su pueblo guiará la reconstrucción de sus proyectos de vida y de los
territorios afectados.


¡Construir Solidaridad, Resistencia y Esperanza entre los pueblos!

Nota: Ponemos a disposición la plataforma https://desaparecidosterremotovenezuela.com/, habilitada por el gobierno de Venezuela para localizar a las personas desaparecidas ante el colapso de las comunicaciones.

LA REGION CARIBE SE UNE A LA SOLIDARIDAD INTERNACION DE VENEZUELA

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Nos unimos a esa proclama de Facundo Cabral, la solidaridad no es una simple teoría, sino un acto natural de supervivencia, amor y hermandad es la capacidad de compartir, de organizar el bienestar común y de garantizar que lo esencial alcance para todos/as. 

Hoy el pueblo Bolivariano de Venezuela No es una teoría que necesita , es un tema de práctica, por eso el llamado es a unirnos como pueblos Latinoamericanos, Caribeños y desde todos los continentes  en una  cadena humana, una sola voz para auxiliar a ese digno pueblo revolucionario que en medio de las dificultades y el bloqueo económico hoy sufre el embate de este fenómeno natural, que es  parte de estas injerencias que han  venido a transformar nuestro clima y RRNN lesionando  la garantía de una sostenibilidad ambiental que hoy sufre esta gran embestida e incidencia de procesos y cambios ambientales que dentro  los más sufridos en el planeta tierra ,es el ser humano.

Nuestra solidaridad a todas esas familias hermanas que han perdido físicamente sus seres queridos, a ese digno pueblo que con ese gran proceso revolucionario ha reorganizado sus infraestructuras en ese digno país para garantizar una vida cargada de servicios básicos, sociales y que hoy sufren pérdidas millonarias. Desde Cuba, Haití Puerto Rico y República Dominicana CLOC/VC región Caribe estaremos disponibles para el apoyo humano en brigadas de solidaridad y desde los países ya estamos organizando todos los elementos requeridos por el país materialmente para suplir emergencias a corto y mediano plazo.

¡Venezuela el Caribe está contigo!

¡Solidaridad con Venezuela AHORA!

La Región Mesoamérica de la CLOC – La Vía Campesina expresa su solidaridad con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela

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Desde la Región Mesoamérica de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – La Vía Campesina) expresamos nuestra más profunda solidaridad con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela ante la dolorosa tragedia provocada por los fuertes terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio y que han dejado numerosas víctimas humanas, personas heridas, familias desplazadas y cuantiosos daños materiales en distintas regiones del territorio venezolano.

En estos momentos de profundo dolor hacemos llegar nuestro abrazo fraterno a las familias que han perdido a sus seres queridos, a las comunidades afectadas, a las organizaciones campesinas y populares, así como a todas las personas que enfrentan las consecuencias de esta emergencia.

Reconocemos el enorme esfuerzo que realizan las brigadas de rescate, los cuerpos de protección civil, el personal de salud, las organizaciones sociales, las comunidades organizadas y todas las personas voluntarias que, con solidaridad y compromiso, trabajan incansablemente para salvar vidas, atender a las familias damnificadas y avanzar en la recuperación de los territorios afectados.

Como organizaciones campesinas articuladas en la CLOC – La Vía Campesina, reafirmamos que la solidaridad internacionalista es uno de nuestros principios fundamentales. En los momentos más difíciles, los pueblos de América Latina y el Caribe respondemos con unidad, organización y apoyo mutuo, convencidos de que la fraternidad entre nuestros pueblos es la mayor fortaleza frente a cualquier adversidad.

Expresamos nuestro respaldo al pueblo venezolano y a las instituciones que hoy coordinan la respuesta a esta emergencia nacional, al tiempo que hacemos un llamado a la comunidad internacional para acompañar los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción que permitan atender de manera digna a todas las personas afectadas.

A nuestras organizaciones miembros de la Región Mesoamérica les convocamos a mantenerse atentas, fortalecer las expresiones de solidaridad y acompañar al pueblo venezolano desde cada uno de nuestros territorios, reafirmando que ninguna nación debe enfrentar sola una tragedia de esta magnitud.

Hoy más que nunca reiteramos nuestro compromiso con la hermandad entre los pueblos, la defensa de la vida y la construcción de una América Latina y el Caribe unida, solidaria y en paz.

¡Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela!
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

Región Mesoamérica
CLOC – La Vía Campesina25 de junio de 2026

Perú: pueblos originarios y campesinos movilizados ante la amenaza de un retroceso democrático

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El país se enfrenta en estos días a una segunda vuelta electoral para elegir a su nuevo presidente. Las organizaciones nacionales de pueblos indígenas originarios y campesinos han remarcado una agenda imprescindible para asegurar el pleno respeto de sus derechos.

Perú, país sudamericano que cuenta con 54 pueblos indígenas y originarios, así como 47 lenguas originarias reconocidas oficialmente por el Estado, atraviesa una grave crisis política y social que se ha agravado en los últimos años. La actuación del Congreso de la República, bajo la dirección de una clase política de derecha principalmente alineada con el fujimorismo – corriente política heredada del gobierno de Alberto Fujimori, marcado por una dictadura en los años 90, graves escándalos de corrupción y condenas por violaciones de derechos humanos – y sólidamente afianzada en el poder, parece haber debilitado y desestabilizado el camino democrático del país. 

En menos de 10 años, el país ha tenido 8 mandatarios presidenciales, los cuales en su mayoría han sido procesados por graves casos de corrupción. Así, Pedro Castillo, el último presidente elegido democráticamente, permanece en prisión tras intentar cerrar el Congreso en 2022. Mientras la justicia lo acusa de quebrar el orden constitucional, amplios sectores sociales e indígenas consideran su detención una persecución política y racista contra un mandatario que representó a los sectores históricamente excluidos del país.

Este domingo 07 de junio, se realiza la segunda vuelta de las elecciones generales que elegirá al nuevo Presidente de la República. En estas elecciones también se han elegido a lxs nuevxs representantes del Congreso de la República, que luego de más de 3 décadas, vuelve a ser bicameral, eligiendo a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados; además de representantes del Parlamento Andino.

A puertas de la segunda vuelta, un paro agrario convocado por las principales organizaciones nacionales campesinas del país, entre ellas la Confederación Campesina del Perú – CCP, está bloqueando las principales carreteras del norte del país. Volviendo llamar la atención sobre la crisis que también atraviesa el campesinado y los pueblos originarios en relación a la producción alimentaria.

Las protestas se dan en un contexto marcado por el modelo agroexportador consolidado desde los años 90 con la Ley de Promoción Agraria del gobierno de Alberto Fujimori, y reforzado recientemente[1] por el Congreso de mayoría fujimorista, que aprobó nuevas exoneraciones y reducciones del impuesto a la renta para grandes empresas agroexportadoras. Lxs manifestantes, entre ellxs productores arroceros, bananeros y cañicultores, exigen al gobierno que declare emergencia al sector agropecuario. 

Las elecciones y una fragmentación estructural corroída por la corrupción y el juego político de los grupos de poder

Los resultados de la primera vuelta electoral, con 35 candidatos presidenciales – record histórico de candidaturas en el país – evidencian no solo la fragmentación del sistema político, sino también una estrategia de dispersión del voto, que habría favorecido la atomización de las opciones más cercanas a los intereses de las grandes mayorías, al tiempo que consolidaba la intención de voto fujimorista. Así, la fuerza de la derecha concentrada en la capital, Lima, y las ciudades costeñas, posicionaron como primera opción a Keiko Fujimori (17% de los votos válidos) y su partido Fuerza Popular, expresión de una alianza histórica entre élites económicas, fuerzas militares, grandes grupos empresariales y corporaciones transnacionales interesadas en sostener un modelo de acumulación basado en la desigualdad, la extracción y la concentración de la riqueza.

Keiko Fujimori no solo carga con el legado político de su padre, Alberto Fujimori, marcado por graves delitos y violaciones durante su gobierno, sino que también ha enfrentado investigaciones por financiamiento ilegal[2] de su organización. En el caso Lava Jato, la fiscalía sostuvo la tesis de que Fuerza Popular habría operado como una organización criminal[3], en procesos que han sido debilitados o archivados en medio de cuestionamientos por el blindaje político ejercido desde su bancada en el Congreso.

Frente a ella, y pese a la dispersión del voto, Roberto Sánchez (12% de los votos válidos) y su partido Juntos por el Perú lograron pasar a la segunda vuelta electoral con un respaldo importante en el voto rural del centro y sur del país, asociado a demandas históricas de mayor inclusión y a la reivindicación de Pedro Castillo, cuya detención tras su destitución fue interpretada  por su electorado como una persecusión política y racista a un proyecto que buscó representar a los más excluidos. Es importante decir que ambos candidatos no superaron el 50% de los votos, un registro inédito en las elecciones del país, que evidencia la profunda crisis de representación y la desconfianza hacia los partidos políticos dentro de la sociedad peruana.

En los últimos años, desde el Congreso de la República, Fuerza Popular ha impulsado reformas orientardas a flexibilizar el régimen fiscal en favor de grandes corporaciones, así como normas que debilitan la regulación ambiental  y facilitan el extractivismo, particularmente en el sector minero y agroexportador, y favorecen la contaminación minera y la deforestación. Asimismo, la bancada fujimorista ha sido acusada de promover condiciones laborales precarias y de impulsar proyectos legislativos que limitan el ejercicio de derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas originarios sobre su territorio, la consulta previa y la libre determinación. Junto al Fujimorismo, Fuerza Popular tiene en su haber un historial de escándalos de corrupción de autoridades, enriquecimiento ilícito y blindaje político; lo que evidencia un pacto mafioso en las más altas escalas de poder, en muchos casos con alianzas comprobadas con el narcotráfico.

Por otro lado, Juntos por el Perú y a Sánchez, tiene entre sus representantes a líderes sociales que han expresado sus intenciones de resguardar la soberanía nacional y reformas sociales clave que reconocen los derechos a pueblos originarios y promueven la plurinacionalidad y la diversidad cultural. Sin embargo, este partido también ha respaldado iniciativas vinculadas a la ampliación del registro de formalización minera, un régimen asociado a la minería artesanal – actividad de larga data en los Andes y base de subsistencia de miles de familias–, cuya regulación ha sido criticada por diversos sectores como una “ley pro crimen”, al considerar que su débil fiscalización facilita el uso por redes de minería ilegal, con graves impactos ambientales como la deforestación y la contaminación de ríos, y vínculos en algunas zonas con economías ilícitas como la trata de personas y el acaparamiento de tierras. 

La lucha por la vida, la Soberanía Alimentaria y la autodeterminación de los pueblos: la agenda política de los organizaciones campesinas e indígenas

A pocos días de conocerse los resultados de la primera vuelta – donde la derecha peruana ya contaba con salir victoriosa – la narrativa del miedo copó los medios nacionales y cobró sus primeras víctimas. 6 jóvenes de una comunidad rural en la zona de Huancavelica fueron asesinadxs por el ejército bajo la excusa pertenecer a células terroristas. Pero la excusa era clara para la población y los movimientos sociales del campo: en un contexto tan polarizado el poder tenía que levantar el fantasma del terrorismo para hacer resurgir el miedo en la gente y asociar a las fuerzas políticas de izquierda con aparentes hechos de terroristas. La indignación de la gente no tardó en reaccionar cuando se demostraron indicios que aquel operativo antiterrorista fue un montaje de la policía. Hasta el momento los hechos continúan en investigación y lxs familiares y organizaciones sociales no han bajado los brazos para exigir que esta masacre no quede impune.

No es la primera represalia que las organizaciones sociales, en específico las indígenas y campesinas señalan. En estos días el paro nacional agrario ha vuelto a poner sobre la mesa la urgencia que está viviendo el sector de productores de los principales alimentos que abastecen a la población, esto en un contexto donde el Gobierno y el Ministerio de Agricultura y Riego han enfocado sus políticas en favorecer el agronegocio y la agroexportación, dejando de lado el apoyo a la agricultura familiar y de pequeña escala que abastece los principales mercados locales. El llamado al paro nacional está en aumento entre las familias campesinas, y a puerta de las elecciones se espera que no se desencadene en hechos de violencia y represión conque suele actuar el gobierno de turno.

Es importante señalar, que en este contexto, semanas antes de las elecciones, las principales organizaciones anunciaron con orgullo la aprobación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u originarios (PNPI), única en Latinoamérica y que fue construida mediante el ejercicio del derecho a la Consulta Previa que rige como derecho colectivo en Perú. Esta política tiene una proyección de ser aplicada hasta 2040 y coloca una hoja de ruta esencial para el cumplimiento de los derechos colectivos reconocidos por el país. Esto en un contexto donde las medidas legislativas cada vez son más flexibles para las empresas transnacionales, facilitando la contaminación de las principales cuencas hidrográficas, el acaparamiento de la tierra y los recursos naturales en favor de actividades extractivas, el despojo de territorio y persecución de líderes campesinxs e indígenas.

La situación de la vida de lxs líderes de los movimientos campesinxs e indígenas está cada vez más grave. En el país existe impunidad al respecto y tiene leyes que limpian a policias y el Éjercito del uso de armas en contextos de represión. También se identificaron una gran suma de movilizaciones, siendo un punto de inflexión lo ocurrido en 2023, cuando, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, la imposición del gobierno de Dina Boluarte perpetró el asesinato de casi 80 personas y cientos de heridxs, entre ellxs menores de edad. Los hechos de violencia ocurrieron principalmente en las zonas rurales, trayendo dolor entre familias campesinas e indígenas. Actualmente las víctimas y sus familias están luchando porque estos hechos no caigan en eterno limbo de la impunidad y para que los responsables políticos sean procesados.

El día 07 de junio el país define su rumbo político de los siguientes 5 años, pero para el movimiento campesino indígena, el rumbo político traerá esperanza cuando la institucionalidad democrática deje atrás las reformas y apueste por el cambio constitucional fomentado desde los pueblos y nacionalidades que integran el país. Solo un real reconocimiento de sus derechos y el respeto de los mismos, por encima de los intereses transnacionales y extractivistas, podrán cimentar la democracia de un país con heridas tan profundas como el racismo, la exclusión social y el colonialismo.

[1] 2025 : https://www.agroperu.pe/congreso-aprueba-nueva-ley-agraria-y-reduce-impuesto-a-la-renta-para-agroexportadoras/ ; 2024 : https://www.agronline.pe/nuevo-proyecto-de-ley-agraria-congreso-aprueba-dictamen-que-favorece-a-agroexportadoras-con-reduccion-de-impuestos/

[2]https://www.reuters.com/world/americas/peru-judge-throws-out-keiko-fujimoris-money-laundering-trial-2025-01-13/

[3] https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/1202411

Fonte: https://viacampesina.org/es/peru-pueblos-originarios-y-campesinos-movilizados-ante-la-amenaza-de-un-retroceso-democratico/

COMUNICADO DE SOLIDARIDAD CON BOLIVIA

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La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC La Vía Campesina Suramérica denuncia ante los pueblos de Nuestra América y la comunidad internacional la grave situación de conflictividad social, represión y vulneración de derechos que vive actualmente el pueblo boliviano en el marco de las movilizaciones populares desarrolladas en distintas regiones del país.

Las organizaciones campesinas, indígenas, obreras, populares y urbanas movilizadas han levantado legítimas demandas relacionadas con la defensa de la tierra, la soberanía de los pueblos, el acceso a condiciones dignas de vida, la estabilidad económica y la participación popular en las decisiones del Estado. Estas expresiones de movilización social son resultado de profundas tensiones acumuladas frente a políticas que amenazan los derechos históricos conquistados por los sectores populares bolivianos.

Desde la CLOC-LVC Suramérica expresamos nuestra profunda preocupación frente a la escalada de violencia, militarización y criminalización de la protesta social. Rechazamos los asesinatos, detenciones arbitrarias, la represión contra las organizaciones sociales y toda forma de persecución política hacia dirigentes populares, campesinos, indígenas y sindicales que hoy ejercen su legítimo derecho a la movilización y la protesta.

Asimismo, manifestamos nuestro rechazo a las políticas que buscan mercantilizar la tierra, debilitar la propiedad comunitaria y favorecer intereses empresariales y transnacionales sobre los derechos de los pueblos campesinos e indígenas. La tierra, el territorio y los bienes comunes no pueden ser tratados como mercancías al servicio del capital.

Rechazamos toda acción que por vía de la fuerza pretenda desconocer el mandato popular del pueblo boliviano. La salida a las tensiones políticas y sociales debe construirse mediante el diálogo democrático, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la garantía plena de los derechos humanos y colectivos.

Denunciamos también las constantes injerencias externas y los intentos de desestabilización que históricamente han buscado debilitar los procesos populares y soberanos en Nuestra América. Frente al avance del neoliberalismo, del autoritarismo y de los intereses imperialistas, reafirmamos la necesidad de fortalecer la unidad de los pueblos, la solidaridad internacionalista y la articulación de las luchas campesinas, indígenas y populares del continente.

Desde la CLOC – La Vía Campesina Suramérica denunciamos y hacemos un llamado a las organizaciones sociales, movimientos populares, sindicatos, juventudes y fuerzas democráticas de latinoamérica y el mundo a mantenerse vigilantes, denunciar la represión y acompañar solidariamente las luchas del pueblo boliviano.

¡Construir Solidaridad, Resistencia y Esperanza entre los pueblos!

COMUNICADO DE SOLIDARIDAD 21-05-26_CLOC LVC. BOLIVIADescarga

Comunicado de la Región Mesoamérica de la CLOC – La Vía Campesina ante la masacre ocurrida en Colón, Honduras.

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La Región Mesoamérica de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – LVC) expresa su más profunda indignación, dolor y solidaridad con la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Movimiento Campesino de Rigores, las familias de las víctimas y el pueblo hondureño, ante la masacre ocurrida este 21 de mayo de 2026 en la Comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, Honduras.

Este brutal hecho, que hasta el momento ha dejado al menos 20 personas asesinadas — 17 hombres y 3 mujeres —, representa una grave violación a los derechos humanos y evidencia nuevamente la situación de vulnerabilidad, violencia e impunidad que enfrentan las comunidades campesinas en Honduras y en toda nuestra región.

Denunciamos con profunda preocupación que, entre las víctimas, se encuentran 8 compañeros y compañeras afiliadas a tres empresas campesinas pertenecientes a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). Asimismo, el Movimiento Campesino de Rigores forma parte de la CNTC, organización histórica de lucha campesina y defensa de los derechos de las familias rurales hondureñas.

Como movimientos campesinos articulados en la CLOC – LVC, reafirmamos toda nuestra solidaridad con la CNTC y con las comunidades organizadas que hoy enfrentan el dolor, la violencia y la pérdida de sus compañeras y compañeros. Esta tragedia enluta no solo a Honduras, sino también a todo el movimiento campesino mesoamericano y latinoamericano.

Denunciamos que estos hechos no son aislados. La violencia contra las comunidades rurales está profundamente vinculada al modelo de concentración de tierras, al avance del agronegocio y a la criminalización de quienes defienden la tierra, el territorio, las semillas y la vida campesina.

Nos duele profundamente que sean nuevamente las juventudes campesinas, hijos e hijas de familias organizadas, quienes pierdan la vida en medio de conflictos agrarios y de un contexto donde el Estado continúa sin garantizar condiciones mínimas de seguridad, justicia y respeto a los derechos de los pueblos rurales.

Desde la Región Mesoamérica de la CLOC – La Vía Campesina exigimos al Estado hondureño:

  1. Una investigación inmediata, independiente, transparente e imparcial sobre esta masacre, con resultados públicos y acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. 
  2. La captura y sanción de los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes. 
  3. Garantías de seguridad y protección para las familias sobrevivientes, las organizaciones campesinas y las comunidades del municipio de Trujillo, departamento de Colón.
  4. El cese de toda forma de criminalización, persecución y violencia contra las organizaciones campesinas e indígenas que luchan por la tierra y el territorio. 
  5. Acciones estructurales que atiendan las causas de la violencia agraria y frenen el despojo impulsado por intereses económicos y agroindustriales. 

Reafirmamos nuestra solidaridad internacionalista con la CNTC, con las organizaciones hermanas de Honduras y con todas las comunidades que resisten en defensa de la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral y la dignidad de los pueblos del campo.

¡La lucha campesina es legítima! ¡Defender la tierra y la vida no es un crimen!

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

Comunicado – Honduras – CLOC LVC Región MesoamericaDescarga

Comunicado de la Región Mesoamérica de la CLOC – Vía Campesina en solidaridad con el Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala

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La Región Mesoamérica de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – Vía Campesina) expresa su profunda indignación y firme solidaridad con las familias campesinas organizadas en el Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala, ante el desalojo y la represión que se está ejecutando este 11 de marzo en la Finca Hacienda La Asunción, en el municipio de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango.

Denunciamos ante los pueblos de nuestra región y la comunidad internacional la grave violación a los derechos humanos que significa el desalojo de aproximadamente 30 personas, entre ellas mujeres adultas mayores, niños y niñas, quienes durante más de tres décadas han trabajado en estas tierras. La presencia de numerosas patrullas policiales ingresando a las viviendas sin diálogo previo constituye un acto de intimidación y criminalización contra las comunidades campesinas organizadas. Asimismo, recordamos con profunda preocupación que este conflicto tiene antecedentes de violencia, incluyendo el asesinato en 2017 del compañero Eugenio López, quien exigía pacíficamente su jubilación y el respeto a sus derechos laborales.

Alertamos que este no es un hecho aislado. En los últimos meses se ha configurado un patrón preocupante de represión contra comunidades campesinas en Guatemala. Diversas organizaciones han denunciado entre 20 y 30 desalojos que han sido temporalmente detenidos gracias a la movilización social y a la denuncia pública, muchos de ellos acompañados de órdenes de captura contra líderes y lideresas campesinas. Estos procedimientos, además, se han realizado sin cumplir con los protocolos y estándares internacionales establecidos por Naciones Unidas para los desalojos, los cuales obligan a garantizar condiciones adecuadas para las personas afectadas, así como procesos de diálogo y notificación previa.

Las familias que hoy enfrentan el desalojo han sido históricamente trabajadoras de estas fincas y denuncian que durante décadas se les descontaron cuotas laborales que nunca fueron reconocidas en su beneficio. La ausencia de notificación previa, la falta de debido proceso y la inexistencia de medidas para proteger a las personas adultas mayores, mujeres, niñas y niños constituyen violaciones flagrantes a los estándares internacionales de derechos humanos.

A esta situación se suma la criminalización de las comunidades campesinas. Actualmente cinco personas vinculadas a este caso se encuentran detenidas, cuatro capturadas la semana pasada y una más detenida el día de ayer, sin que se hayan garantizado plenamente las medidas cautelares ni el debido proceso. Según las denuncias recibidas, las personas afectadas no fueron debidamente notificadas de los procesos judiciales. Durante la audiencia realizada este día, no se otorgaron medidas sustitutivas, manteniéndoles en prisión.

Recordamos que el Estado de Guatemala debe actuar conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), que afirma el derecho de los pueblos campesinos a la tierra, a condiciones de vida dignas y a la protección frente a desalojos forzados.

Resulta particularmente preocupante que estas acciones ocurran mientras en el país se desarrolla el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que pone en evidencia la persistencia de prácticas de criminalización y represión contra las luchas campesinas.

Asimismo, recordamos que el movimiento campesino guatemalteco ha impulsado un proceso de diálogo con el actual gobierno que derivó en la firma de un Acuerdo Agrario que contempla cinco ejes fundamentales, siendo estos, el acceso a la tierra, programas de apoyo al campesinado, el fortalecimiento de la Dirección de Resolución de Conflictos Agrarios, la creación de un Ministerio de Economía Popular y el fortalecimiento de la institucionalidad pública vinculada al desarrollo rural. Sin embargo, este acuerdo permanece prácticamente detenido.

Desde la Región Mesoamérica de la CLOC – Vía Campesina reafirmamos que la tierra es un derecho y no una mercancía. Los desalojos violentos contra comunidades campesinas son una expresión del modelo de concentración de la tierra que históricamente ha negado justicia a quienes la trabajan.

Por ello:
– Expresamos nuestra plena solidaridad con el Comité de Unidad Campesina (CUC) y con las familias afectadas.
– Exigimos la suspensión inmediata del desalojo y el cese de la criminalización contra las comunidades campesinas.
– Demandamos al Estado de Guatemala garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas.
– Llamamos al Gobierno de Guatemala a reactivar de manera urgente el Acuerdo Agrario y los mecanismos institucionales para la resolución de los conflictos agrarios.
– Solicitamos a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantenerse vigilantes frente a esta situación y acompañar la garantía de los derechos humanos de las comunidades campesinas.
– Llamamos a las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos de la región y del mundo a mantenerse vigilantes y solidarias frente a esta situación. La lucha por la tierra, la dignidad y la justicia para los pueblos campesinos es una lucha de toda la humanidad.  

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!  

Región Mesoamérica
CLOC – Vía Campesina 11 de marzo de 2026    

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Declaración del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) en la clausura de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20)

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DECLARACIÓN POLÍTICA: SESIÓN DE CLAUSURA CIRADR+20
28.02.2026, Cartagena De Indias, Colombia

Los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales nos presentamos hoy ante ustedes para expresar nuestra unidad inquebrantable. Durante siglos, los opresores han utilizado contra nosotrxs la estrategia de divide y vencerás. Esto se ha acabado. Si se atacan los derechos de unx de nosotrxs,, todxs nos uniremos para defenderlos.


Hemos trabajado para esta Conferencia junto con el Gobierno de Colombia y nuestro agradecimiento por el compromiso de Colombia con la justicia agraria y social y el bien de la humanidad, así como su apertura para incluir nuestras voces en este proceso, es incuestionable. Colombia se ha pronunciado en contra del imperialismo y sus agresiones contra pueblos hermanos. En este mismo momento, Irán es objeto de otro ataque imperialista. Reconocemos que todos los pueblos del mundo, junto con los gobiernos del Sur Global, deben permanecer unidos en defensa del derecho internacional y los derechos humanos.


Ha sido necesaria una larga lucha para lograr el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos de lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. No aceptaremos ninguna decisión que represente un retroceso en los derechos reconocidos.


El concepto de comunidades locales y su confusión con los Pueblos Indígenas es un ataque inaceptable contra los derechos de los Pueblos Indígenas. En este contexto, hacemos hincapié en que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el presidente del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas han aclarado que las características, la naturaleza y los orígenes de los derechos de los Pueblos Indígenas son muy diferentes de los de otros grupos. Por lo tanto, los Pueblos Indígenas no deben agruparse con un conjunto indefinido de comunidades que pueden tener derechos e intereses muy diferentes.


El concepto de comunidades locales también supone un ataque a los derechos de los pueblos pesqueros, lxs pastores nómadas, lxs campesinos y lxs trabajadores rurales. En particular, los pueblos del mar, las comunidades pesqueras artesanales y los Pueblos Indígenas y pastores móviles deben ser reconocidos explícitamente como titulares de derechos, y la reforma agraria debe integrar los territorios acuáticos y de pastoreo, así como los territorios de movilidad indígena y pastoral. Las rutas migratorias del ganado y los pastos son espacios de vida, gobernanza colectiva y derechos.

La reforma agraria del siglo 21 debe ser inclusiva para todos los pueblos: Pueblos Indígenas, campesinxs, pastores móviles y nómadas, pescadores, mujeres, jóvenes, personas de género diverso, trabajadores, comunidades afrodescendientes y agricultores familiares. La reforma agraria no se refiere solo a la tierra, sino también a los bosques, los océanos, los ríos, las zonas costeras – nuestros territorios, maritorios y acuatorios. La soberanía alimentaria y la agroecología deben estar en el centro de la reforma agraria. No se trata de enfoques técnicos, sino de formas integrales en las que nosotrxs, como pueblos y sociedades, nos relacionamos entre nosotros y con la Madre Tierra.


Expresamos nuestro profundo reconocimiento por la importancia de esta Conferencia. Ha permitido volver a situar la reforma agraria en el centro de la agenda multilateral y reconocer que no puede haber solución a las múltiples crisis interconectadas actuales sin una reforma agraria genuina, integral y popular. Esta Conferencia necesita un seguimiento sólido y nos comprometemos a participar en este proceso, garantizando que nuestros derechos sean respetados, protegidos y garantizados en todo momento.


No podemos aceptar la declaración de esta Conferencia. En los próximos meses y años, sentiremos sus efectos en nuestras comunidades y territorios. Sin embargo, continuaremos nuestra lucha y nuestro trabajo para que los conceptos que socavan los derechos de los Pueblos Indígenas y los de otras comunidades rurales sean eliminados de las convenciones internacionales. Estamos dispuestos a trabajar con todos los gobiernos para lograr la plena realización de los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas. Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que mantengan con nosotrxs un diálogo de buena fe sobre las cuestiones de los Pueblos Indígenas, los derechos de los pueblos de la pesca y los pastores nómadas, los derechos de las mujeres y la agroecología. La reforma agraria, la soberanía alimentaria y la justicia social, agraria y medioambiental solo se lograrán mediante la lucha. Ahora regresamos a nuestros hogares para organizar a nuestros pueblos y organizaciones con el fin de librar esta lucha por el futuro de los pueblos y la Madre Tierra.


¡Globalicemos la esperanza! ¡Globalicemos la lucha! ¡Reforma agraria ya!

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