Mes: octubre 2015

30 de octubre de 2015

El Movimiento Unificado Campesino Del Aguán (MUCA), el Movimiento Autentico Reivindicador Campesino Del Aguan (MARCA), representantes de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán y Sula comunican al pueblo hondureño y a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales lo siguiente:

1. Exigimos el cumplimento de los acuerdos firmados entre Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), el Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) y el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en abril del 2010. Los mismos contemplan la adjudicación de 12, 500 hectáreas de tierra y la ejecución de proyectos sociales (educación, salud y vivienda).

2. Exigimos la elaboración de un nuevo Plan de Negocio y una Estructura Financiera para el pago de la deuda de MUCA y MARCA, tomando como referencia el precio actual de la tonelada métrica de fruta fresca de palma africana. Ya que debido a la caída del precio las familias campesinas enfrentan una grave crisis económica que les limita del acceso al derecho a la alimentación.

3. Exigimos al Congreso Nacional la aprobación de un Decreto Legislativo de Amnistía ante la asfixia económica de las familias campesinas por la caída del precio de la tonelada métrica, la misma que está por bajo del 50 por ciento del precio piso establecido en el Plan de Negocios y la Estructura Financiera del año 2012.

4. Exigimos que la inversión en el desarrollo de proyectos sociales de los asentamientos campesinos de la Concepción, la Aurora, la Confianza y la Lempira de MUCA y MARCA, pase a amortización de la deuda de capital de ambas organizaciones.

5. Exigimos una reunión seria y responsable con el presidente Juan Orlando Hernández, MUCA y MARCA, la búsqueda de la solución del conflicto agrario en el Bajo Aguán.

6. Exigimos que el Congreso Nacional vía Decreto Legislativo solicite la creación de una Comisión Internacional de expertos agraristas que investigue el origen del conflicto agrario en el Valle del Aguán.

7. Exigimos la aprobación inmediata de la Ley de Reforma Agraria con Equidad de Género y la Soberanía Alimentaria para el Desarrollo Rural que fue presentada al Congreso Nacional en abril del 2014.

8. Condenamos los constantes desalojos violentos ejecutados a cientos de familias campesinas por la policía Nacional y el ejército de Honduras en los departamentos de Colón, Cortés, la Paz y Santa Bárbara.

28 de octubre de 2015

El lunes 26 de octubre se dio inicio al 9° semestre de la carrera propuesta por el Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) Guaraní, en la localidad de Nueva Italia, Dpto. Central.

La apertura del semestre vigente se realizó mediante el Seminario «Agroecología, un proyecto de vida», con dos días de duración y que tuvo como disertante principal al compañero José María Tardim, coordinador de la Escuela Latinoamericana de Agroecología (ELAA) que funciona en el estado de Paraná (Brasil), perteneciente al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

El Seminario tuvo como objetivo fortalecer la concepción de la agroecología impulsada desde la Red IALA, según como fue evolucionando y afianzándose el marco teórico que la sustenta en su proceso de construcción.

Tardim expuso también sobre el desarrollo de la agricultura, el planteamiento de la agroecología como prioritaria para los movimientos campesinos e indígenas vinculados a la CLOC-Vía Campesina, las problemáticas y desafíos en torno a las semillas nativas y criollas, la fertilidad del suelo, entre otros temas.

Participaron del Seminario las organizaciones del IALA Guaraní y organizaciones fraternas, docentes, coordinación del curso y estudiantes.

Pasantías

Las y los educandos de Agroecología vienen de un proceso de pasantía de tres meses que les permitió materializar los conocimientos técnicos y empíricos en las comunidades campesinas donde realizaron trabajos solidarios como parte del programa del Instituto.

Los resultados obtenidos fueron sistematizados por las y los pasantes en un informe personal de sus experiencias, el cual debe ser presentado al colectivo pedagógico responsable, que evaluará dichas sistematizaciones y seleccionará los mejores trabajos para ser publicados, como un primer aporte del Instituto al acervo académico y científico del movimiento campesino y agroecológico.

En el proceso de aprendizaje constante nos vemos como sujetos históricos, entendiendo nuestro presente y analizando las diferentes formas de la agricultura y reafirmando que la Agroecología es el sistema más integral que resume el aspecto político de los pueblos del campo. Es la razón por la que la CLOC-Vía Campesina levanta esta bandera de lucha hacia la emancipación de nuestros pueblos, teniendo en cuenta el diálogo de saberes, el respeto profundo hacia los seres vivos y su entorno.

Nosotros y nosotras somos la gente de la tierra, quienes producimos alimentos para el mundo

27 de octubre de 2015

La Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuanto sigue:

DENUNCIAMOS que en la localidad de Ytororó –distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná–, un colono brasileño de nombre Wilmar Dos Santos, productor de soja, está cultivando en tierras alquiladas donde utiliza indiscriminadamente agrotóxicos muy potentes sin respetar normativas ambientales que protegen la vida humana y la biodiversidad.

Tras estas acciones atentatorias, varias parcelas de cultivos de yerba mate nativa, pertenecientes a 10 familias practicantes de la agricultura campesina, han sido totalmente destruidas por causa de las fumigaciones tóxicas, con riesgo de que las futuras cosechas también se vean alteradas.

Se trata de plantas de yerba mate en estado silvestre, que han sido cuidadas y reproducidas por las familias de Ytororó desde hace más de 40 años y cuya cosecha de este año está, definitivamente, arruinada, lo que significa una pérdida millonaria para las agricultoras y los agricultores campesinos que viven de este rubro.

Los vecinos afectados, reunidos en una comisión recientemente conformada, radicaron la denuncia correspondiente ante la Regional de Alto Paraná del Senave, el 13 de octubre pasado. En la misma se detallan otros daños y perjuicios no menos graves ocasionados por el ciudadano extranjero, como por ejemplo:

– Los cultivos bordean, casi hasta arrinconarla, la Escuela N° 3506 «Gral. Patricio Escobar», donde asisten niños y niñas hasta el 6° grado; lo mismo ocurre con una capilla, que es lugar frecuente de encuentro comunitario.

– Una niña de 12 años, alumna de la escuelita, falleció hace unos meses con síntomas razonablemente sospechosos de haber sido provocados por la exposición directa a los agroquímicos del sojal. Igualmente toda su familia se vio afectada; el Sr. Marcelino Verón informó que otra de sus hijas menores de edad estuvo internada varios días en el hospital con el mismo cuadro que el de aquella de 12 años, con peor destino.

– Animales menores de crianza doméstica y animalitos silvestres aparecen a diario muertos irremediablemente después de realizadas las fumigaciones.

EXIGIMOS a las instituciones del Estado: el Senave (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas), la Seam (Secretaría del Ambiente), el Ministerio de Salud y la Fiscalía de Delitos Ambientales, acercarse a la localidad mencionada para constatar la gravedad de la situación y las faltas a las disposiciones ambientales existentes.

Se encontrarán con que el cultivo de soja en el terreno alquilado por Wilmar Dos Santos está pegado al camino vecinal, bordeando la precaria escuelita pública; se encontrarán, así también, y si tomaren muestras para analizar científicamente, con que los yerbales nativos fueron impactados negativamente por las pulverizaciones, con que el agua de los otrora arroyos cristalinos que corren en la zona está contaminada. Y lo peor, verán, tras exámenes médicos practicados sobre los pobladores, especialmente la familia Verón Centurión –que ha perdido a la hija mayor de 12 años– cómo las fumigaciones indiscriminadas con agrotóxicos dañan la salud y el bienestar de la comunidad.

El Estado paraguayo debe velar por el buen vivir de las poblaciones, sobre todo, de las más vulnerables; su responsabilidad es lograr que vivan en un ambiente saludable.APELAMOS, por ende, a que las instituciones públicas intervengan para exigir al ciudadano Wilmar Dos Santos a que se retire de nuestro país, porque este sí está supuestamente cometiendo delitos graves, no como últimamente se está queriendo proceder con ciudadanos extranjeros criminalizados por su participación en movilizaciones de amplias reivindicaciones sociales.

NOS SOLIDARIZAMOS con las familias que ven impotentes cómo se destruye el hábitat que les rodea, cómo sus territorios son avasallados por el agronegocio asesino y nos comprometemos con ellas como organización de mujeres campesinas e indígenas a emprender juntas el camino de sus demandas.

EXHORTAMOS a las organizaciones campesinas e indígenas, a las ambientalistas y de derechos humanos a hacer un seguimiento permanente de este caso y acompañar la lucha emprendida por la Comisión Vecinal de Ytororó, distrito de Itakyry, que desde la deforestación sufrida hace unos diez años, cuando se empezaron a preparar los terrenos aledaños para el cultivo transgénico, no puede llevar una vida de tranquilidad y de desarrollo sustentable válido.

¡Basta de crímenes del modelo agroexportador en Paraguay!

¡Justicia para los afectados, respeto al tekoha!

¡Por el derecho a vivir en un ambiente saludable!

Asunción, 27 de octubre de 2015

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Contactos

Belén Romero (0972) 274-607

Alicia Amarilla (0982) 537-627

26 de octubre de 2015

La localidad de Ytororó, en el distrito de Itakyry, está rodeada completamente por unas 1.000 hectáreas de tierras alquiladas a un colono brasileño de nombre Wilmar Dos Santos, quien es productor de soja transgénica y vive en un poblado aledaño.

Los hechos manifiestan que el pasado 15 de octubre, la señora Ramona Sánchez de Romero fue a inspeccionar las plantaciones de yerba mate nativa y silvestre que cultivan y protegen los pobladores de esa zona desde hace cuatro décadas, y que se encontró con que todas las parcelas estaban arruinadas, con las hojas quemadas.

Obligados a vivir inmersos en el sojal, y siendo practicantes de la agricultura campesina en resistencia ante el avance del agronegocio en la región, las 10 familias afectadas por estos perjuicios radicaron la denuncia en la filial del Senave (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas) y en la de la Seam (Secretaría del Ambiente), en el departamento de Alto Paraná.

«Este señor Wilmar Dos Santos utiliza agrotóxicos violando todas las leyes ambientales e incumple las exigencias mínimas para este tipo de cultivo», al decir de Mirta Romero, hija de la afectada. «También fueron destruidas especies de animales y vegetales y contaminados los recursos hídricos», expone al detallar la denuncia.

Sin barreras de protección, sin curvas de nivel, sin respetar las condiciones climáticas desfavorables, las fumigaciones se realizan impunemente y registrando graves consecuencias para los bienes naturales y los asentamientos humanos que bordean los cultivos transgénicos.

Yerba mate en estado silvestre

Belén Romero, integrante de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri, lamentó esta situación y la calificó de criminal: «Mi familia es de las pocas que decidieron quedarse en estas tierras para proteger la planta de yerba mate nativa en su estado silvestre, que además es rentable para nosotras porque de esto vivimos; en nuestra casa tenemos cultivos de autoconsumo para alimentarnos, pero la yerba bien cosechada nos genera rubro para vivir». Belén cuenta que hace 40 años sus padres y otras familias llegaron a ese lugar y se dedicaron a explotar racionalmente los yerbales silvestres.

Sobre las fumigaciones, la joven alega que son frecuentes en el terreno que linda con la propiedad colectiva, pero que es la primera vez que ocasionan un perjuicio tan visible: «Antes notábamos pequeñas variaciones en el color de las hojas, por ejemplo, pero esta vez da a entender que el tractor fumigador arrojó directamente el veneno sobre las plantas de yerba o que fumigaron en un momento de mucha humedad o viento fuerte. No creo que vayamos a tener una buena cosecha este año».

Escuelita inserta en el desierto verde y probable muerte de una niña por agrotóxicos

La Escuela N° 3506 «Gral. Patricio Escobar» cuenta con dos pequeñas aulas y da clases hasta el 6° grado; esta escuelita es el cuadro más terrible de todo este escenario, ya que se encuentra atrapada por los cultivos transgénicos y no hay forma de escapar a la contaminación. «Los niños juegan en el patio durante el recreo mientras al lado se está echando veneno», reclamó Belén.

Hace dos meses, aproximadamente, falleció en la zona una niña de 12 años, perteneciente a la familia Verón Centurión, quien era estudiante de esa institución; un día se enfermó de fuertes dolores, diarrea y vómito de sangre y al día siguiente ocurrió su deceso. El diagnóstico médico fue H1N1, pero en el certificado de defunción figura que fue víctima de neumonía.

La madre de la menor sospecha que su muerte se debió a las fumigaciones con agrotóxicos, y le llama la atención que los médicos hayan recomendado su inmediato entierro «para evitar contaminación».

Toda la familia se quedó también con síntomas después del paso del tractor fumigador por su vivienda y la escuelita, en total son 6 hijos sobrevivientes; otra niña de la misma casa, de 10 años, quedó internada varios días; cuando salió del hospital se enteró de que su hermana mayor estaba muerta.

Otra parte de la denuncia da cuenta de la contaminación gradual sufrida por los dos cauces hídricos que se encuentran en los alrededores del pueblo y la deforestación con la que se introdujo este modelo de producción, lo que terminó impactando negativamente sobre la vida de las personas y la naturaleza.

22 de octubre de 2015

Con los objetivos de compartir experiencias y estrategias desde distintos países en el marco de la lucha por la tierra, poner en común las diferentes problemáticas y retos que se enfrentan en los contextos de donde vienen las participantes e identificar diferentes mecanismos para la comunicación interna entre las delegadas; se celebró en Guatemala el Encuentro «Nosotras somos tierra», entre el 14 y el 16 de octubre, organizado por la Red Centroamericana de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas (RECMURIC), la ONG Oxfam y otras.

Participaron alrededor de 90 mujeres de Brasil, Paraguay, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, México y Mauritania. Por Conamuri participó como delegada nuestra compañera Cony Oviedo, quien en su oportunidad habló sobre las experiencias de la organización y la lucha por establecer vínculos entre el campo y la ciudad, además de presentar el caso Curuguaty. Este encuentro se desarrolló en tres momentos bien diferenciados:

El «Encuentro de Saberes y Conocimientos: Mujeres Rurales de Latinoamérica y África», consistió en la socialización de experiencias de tres organizaciones, una de ellas, Conamuri, ocasión en donde nuestra delegada hizo hincapié en los desafíos que surgen de la coyuntura política, económica y social del Paraguay, con especial impacto sobre la vida de las mujeres indígenas y campesinas; así también, explicó el trabajo que viene realizando Conamuri en el marco de sus ejes de acción, la soberanía alimentaria y la lucha por los derechos de las mujeres. Como un símbolo de articulación internacionalista de las luchas comunes en ese espacio, Cony Oviedo hizo entrega de una bandera de nuestra organización a la coordinadora de RECMURIC, Raquel Vázquez.

«Compartimos con las mujeres del Encuentro sobre la experiencia de Conamuri en el marco de la construcción de la alianza campo-ciudad», nos cuenta Cony; «para ello, hicimos una pincelada sobre el contexto político del Paraguay actual, el gobierno que arremete con un proyecto neoliberal que va en desmedro de la mayoría, que genera violencia y terrorismo en las comunidades indígenas y campesinas y que no es garante de los derechos humanos, sino todo lo contrario. En torno a esta realidad, Conamuri fortalece y promueve la soberanía alimentaria como alternativa para la resistencia de la agricultura campesina; contamos sobre Semilla Róga, la escuela de agroecología, el rescate y multiplicación de semillas nativas y criollas, las ferias de productos sanos que se realizan en Asunción y también cómo nace esa articulación entre las mujeres del campo y la gente de la ciudad, cómo nace y se está fortaleciendo la alianza entre movimientos sociales y la universidad. Estas alianzas son imprescindibles porque no se trata solamente de tener alimentos libres de agrotóxicos, sino que se trata de perpetuar la cultura campesina e indígena, que se encuentra bajo riesgo de desaparecer».

El jueves 15 de octubre, fecha en que se conmemora el día de las mujeres rurales, tuvo lugar el Foro Internacional «Mujeres, Tierra y Desigualdad. Análisis y propuestas de las mujeres rurales para el acceso y propiedad de la tierra», del que participaron alrededor de 150 personas.

En la oportunidad, la delegada de Conamuri explicó pormenores del caso Curuguaty, donde fueran muertas 17 personas -11 campesinos y 6 policías– en una toma de tierra. Se valió de la exhibición del documental «Marina Cué en 6 minutos» para detallar las incongruencias del informe fiscal detectadas en investigaciones independientes y de organizaciones de derechos humanos y cómo a la luz de estas evidencias el proceso judicial debía haberse anulado hace tiempo; sin embargo, el Estado se empeña en seguir criminalizando a los campesinos sin tierra, que son los únicos acusados, en tanto que ningún policía ha sido sujeto de la investigación. «En este sentido, lograr visibilizar a la Articulación por Curuguaty como una herramienta colectiva y promotora de los derechos de los campesinos acusados, y para instalar la pregunta ‘¿Qué pasó en Curuguaty?’ se hace casi obligatorio», al decir de la joven militante.

«Pedimos a las personas asistentes que se sumaran a la campaña Somos Observadores de Curuguaty porque la presión nacional e internacional fueron y son fundamentales para que el Estado y la Justicia paraguaya no actúen antojadizamente; gracias a estas iniciativas ciudadanas de control, los campesinos y campesinas todavía no han sido condenados por algo que no hicieron. Es necesario seguir apoyando y generar consciencia en todos los países, porque alcanzar la justicia para el caso Curuguaty significa hacer justicia a todos los que lucharon y luchan por la tierra en todo el mundo», finalizó Cony.

Las jornadas concluyeron en el Parque Central de la ciudad de Guatemala con una feria de artesanía y de productos y un festival artístico donde interpretó Rebeca Lane una canción compuesta en homenaje a las mujeres luchadoras del campo: «Todos los derechos para todas las mujeres». Subió a escena una obra de teatro que denunciaba el genocidio y las violaciones sufridas por las indígenas guatemaltecas durante el conflicto armado interno en ese país.

22 de octubre de 2015

El 15 de junio de 2012 es una fecha de quiebre en la institucionalidad del Paraguay. Los hechos ocurridos ese día en una toma de tierra en el departamento de Canindeyú dieron pie, una semana después, a la consumación del golpe de Estado parlamentario, con ropajes de juicio político, que derrocó un gobierno constituido en las urnas, es decir, por voluntad popular.

En 2014, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) elaboró una síntesis de las irregularidades detectadas en el proceso:

 En la masacre de Curuguaty fallecieron 17 personas: 11 campesinos y 6 policías. Las pruebas señalan que 7 campesinos habrían sido ejecutados por la Policía, sin oponer resistencia. Estas muertes no han sido investigadas por la Fiscalía.

 Al menos 9 de las personas detenidas ese 15 de junio fueron torturadas y sufrieron tratos crueles e inhumanos por parte de agentes policiales. Esto fue denunciado, pero la Fiscalía no avanzó en la investigación. Ningún agente policial fue investigado.

 En este caso, 63 personas fueron imputadas por asociación criminal porque sus nombres aparecían en un cuaderno. Dicho cuaderno desapareció y la defensa nunca tuvo acceso al mismo para corroborar la veracidad de la prueba. Aún así, un adolescente fue condenado por este hecho, y solo tres personas fueron sobreseídas.

 La adolescente Raquel, procesada en la causa, no fue evaluada psicológicamente, diligencia fundamental en el proceso judicial adolescente. La falta de este estudio debe llevar a la nulidad del proceso ya que no puede establecerse su responsabilidad sin conocer su madurez psicosocial.

 Raquel fue inicialmente asistida por defensoras públicas que tuvieron con ella un trato discriminatorio y realizaron su labor en forma negligente. Durante la audiencia preliminar le hicieron preguntas incriminatorias, no ofrecieron pruebas para su defensa y actuaron en complicidad con la Fiscalía, dejándola indefensa.

 El Ministerio Público no demostró que las personas acusadas hayan cometido algunos de los hechos por los que se les acusa. Al contrario, la Fiscalía ocultó evidencias recogidas en el lugar y no proporcionó detalles de las pruebas presentadas. La defensa de los campesinos nunca tuvo acceso a ellas.

 Las pericias indicaron que las armas incautadas eran inservibles el día de la masacre. Un arma de fuego que no fue hallada en el lugar se incorporó como evidencia, violando normas legales para la presentación de pruebas.

 Las tierras de Marinakue fueron donadas al Estado paraguayo por La Industrial Paraguay S.A. en 1967. En el año 2004, el Estado destinó esas tierras a la Reforma Agraria. La empresa Campos Morombí entabló un juicio para apropiarse de ellas. Blas N. Riquelme nunca tuvo el título de propiedad. Aún así, los campesinos soportan juicio por invasión de inmueble cuando todavía no está determinada la titularidad de las tierras.

 La Comisión de Verdad y Justicia señala que de 1954 a 2003, unas 7.800.000 hectáreas de tierras –equivalentes a la superficie de Panamá– fueron adjudicadas ilegalmente. Las tierras de Marinakue forman parte de esas adquisiciones malhabidas.
Juicio anulable, desde todo punto de vista

El 27 de julio de 2015 empezó el juicio oral, pero fue suspendido debido a que los campesinos renunciaron íntegramente a la defensa de los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, quienes llevaban investigando el caso desde hacía más de dos años. Al revocar ese mandato, otorgaron poderes a un equipo de abogados encabezado por Víctor Azuaga, vinculado con la Pastoral Social. Desde esa fecha se fue posponiendo el juicio mediante diferentes acciones legales interpuestas por los abogados, siendo recusado el Tribunal de Sentencia en más de una oportunidad.

Los miembros del equipo jurídico que defienden a los campesinos han presentado, en los últimos meses, varias recusaciones contra los miembros del Tribunal de Apelación y contra diferentes procedimientos irregulares que habrían cometido los administradores de justicia.

Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fanny Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, por invasión de inmueble y asociación criminal; mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por frustración a la persecución penal al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven Raquel será sometida en noviembre a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor Richard ya fue condenado en un proceso abreviado.
Campaña «Somos Observadores de Curuguaty»

La Campaña de solidaridad continúa sumando miembros alrededor de todo el mundo. La observación del desarrollo del juicio se intensifica a medida que más personas y delegaciones van sumándose, como una forma de vigilancia ciudadana para exigir garantías de transparencia e imparcialidad en cada estadio y justicia plena en cuanto a los resultados. Se sigue el proceso a través de los medios de comunicación, las redes sociales o bien presenciando el juicio oral que se desarrolla en el Palacio de Justicia de Asunción.

Uno de los primeros informes de este grupo de observadores solidarios –integrado por Nora Cortiñas, Leonardo Wexel Severo, Rodrigo de Medeiros, Damián Segura, Alirio García, entre otros destacados activistas por los derechos humanos– se presentó a comienzos de agosto. En un fragmento se lee: «Mientras que la Fiscalía solo investiga las circunstancias de la muerte de los policías y no las de los campesinos y campesinas, investigaciones independientes por parte de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, ofrecen una imagen muy diferente: denuncias sobre numerosas violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y torturas a campesinos, no han sido hasta ahora atendidas. Elementos probatorios de la defensa no fueron considerados».

Entre las varias sugerencias expresadas en la carta de los observadores, se destacó la de «declarar la nulidad del juicio, teniendo en cuenta las múltiples y diversas irregularidades en la causa que son de público conocimiento desde el momento en que el fiscal Jalil Rachid asumió el caso Curuguaty». Además: «liberar a los procesados y detenidos, porque las razones por las que están en prisión domiciliaria no son justas».

La situación de las tierras de Marinakue

Desde el 27 de junio pasado, la Comisión de Familiares de Víctimas de la Masacre de Curuguaty ingresó a Marinakue para instalar sus precarias viviendas y resistir ante la usurpación de Campos Morombí. Desde entonces han creado una huerta comunitaria, un almacén de consumo, levantaron una capilla y tienen criaderos de chanchos, cabras y gallinas. Las tierras de Marinakue todavía continúan en litigio entre el Estado paraguayo y la familia Riquelme; se trata de 2.000 hectáreas. La Corte Suprema de Justicia debe expedirse al respecto, pero dilata la resolución propiciando situaciones como la que se originó en la Cámara de Diputados, donde se aprobó una declaración que otorga categoría de reserva científica a Campos Morombí, lo que significa que si el Senado se pronuncia a favor de este proyecto, las familias de los muertos en la masacre serán desalojadas sin contemplación, extinguiéndose con ello cualquier posibilidad de recuperación de las tierras que, originalmente, fueran destinadas a la Reforma Agraria.

21 de octubre de 2015

La Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, el pasado jueves 15 de octubre realizó un encuentro con mujeres de diecisiete comunidades de los municipios de Yaguate, San Cristóbal, Nigua, Haina y Palenque de la provincia de San Cristóbal con la presencia de los diputados Guadalupe Valdez y Pedro Carreras Santana, para conversar sobre la prioridades legislativas de la mujer rural.

Este encuentro se llevó a cabo en el Centro de Formación y Capacitación Mamá Tingó, donde se estuvo debatiendo alrededor de siete temas que son prioridades de la agenda de las mujeres rurales y que deben ser prioridad en la agenda legislativa en este periodo, según manifestó, Juana Ferrer, dirigenta de la CONAMUCA.

Entre estos temas están la ley Orgánica Integral sobre Violencia contra la Mujer, la Ley que garantiza la Salud Sexual y la Salud Reproductiva, la Ley Especial para Regular el Aborto por Violación e Incesto y por malformación no compatible con la vida, La Ley de Presupuesto Público, Ley sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria, Ley de Semillas y la Ley de Reforma Agraria.

Sobre la Ley Orgánica Integral de Violencia, que ya fue aprobada en el Senado, consideraron que hay una necesidad urgente de que sea aprobada en la Cámara de Diputados. «Para las mujeres del campo urge que se aprueba esa ley, ya que somos las que más sufrimos los daños de la violencia», afirmó Ferrer.

Explicaron que de 18 unidades especializadas en violencia en el país no hay una sola en el campo; y de los centros para agresores ninguno está tampoco en el campo. Como también entienden que las campañas contra la violencia que se realizan desde el Estado dejan de lado la realidad de la comunidad rurales del país.

Al referirse la ley sobre el aborto, Juana Ferrer, expreso que «vemos con preocupación cómo a diario en nuestras comunidades montones de niñas y adolescentes son violadas y salen embarazadas y son obligadas a tronchar su futuro y a sufrir una doble violación por no poder acceder a un aborto. Cosa que no pasan las niñas y adolescentes ricas o de clase media porque sencillamente se lo hacen en las mejores clínicas o fuera del país con la mayor discreción, sin ninguna señalamiento o estigma social.»

Otro punto que tocaron es sobre la Ley de presupuesto para el 2016. En el que pidieron a los legisladores que ese presupuesto contenga una partida especial para el tema de violencia y que tomen en cuenta el apoyo a las organizaciones de mujeres campesinas.

Las mujeres presentes manifestaron la situación que viven día a día por la falta de implementación de mecanismos que pongan en ejecución las leyes aprobadas y que se aprueben las que todavía están engavetadas que favorecen a la mujer.

21 de octubre de 2015

La Confederación Nacional Agraria – CNA expresa su rechazo y exige la inmediata derogación al Decreto Legislativo N° 1198 aprobado por el ejecutivo en setiembre del presente año. Este decreto dispone que la administración de los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la nación, es decir los bienes arqueológicos, puedan ser en parte administrados por el sector privado mediante otorgamientos del Ministerio de Cultura.

Para el gremio campesino este decreto representa una continuidad de la nefasta flexibilización de normas que solo ponen en valor monetario las riquezas culturales y las tierras y territorios de campesinos y pueblos originarios, sin importar los derechos individuales y colectivos que estos tienen sobre dichos bienes. «El Estado peruano parece olvidar que la cultura tiene un valor que va más allá de lo económico, no se puede poner en juego nuestra soberanía. Nuestro patrimonio cultural no puede estar en manos de inversiones privadas», manifiesta Antolín Huáscar, presidente de CNA.

Junto al Gobierno Regional de Cusco, organizaciones culturales, sindicales y estudiantiles; la Federación Agraria Regional Túpac Amaru del Cusco, base de CNA, ha anunciado un paro de 48 horas para los días 21 y 22 de octubre como medida de protesta y exigencia de la derogatoria del decreto.

Este pedido de derogatoria se suma a la larga lista de pendientes que el Estado tiene para el respeto efectivo de los derechos de los pueblos campesinos y originarios. Como ocurre con los decretos legislativos nº1198 y nº1210, el Decreto Supremo 001-2015 EM, la Ley 30230, la Ley 3941, entre otros; que en síntesis facilitan el ingreso de grandes inversiones en tierras y territorios originarios sin adecuada gestión ambiental y sin respeto de consulta y decisiones de los mismos pueblos.

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Mabel Medina
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20 de octubre de 2015

«Las semillas tienen nuestro conocimiento campesino»

El cuidado y defensa de las semillas criollas constituye uno de los principales ejes de lucha del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) de Brasil. La tarea realizada históricamente por campesinas y campesinos es apuntalada desde el movimiento con la creación de centros de rescate, producción, conservación y reproducción de semillas agroecológicas, así como la realización de la Fiesta Nacional de las Semillas Criollas, que ya va por su quinta edición.

Escuche la entrevista completa con Marciano da Silva y Gilberto Schneider del MPA.

En el primer Congreso del MPA, el tema también está presente. Para abordar este columna fundamental de las luchas campesinas, Viviana Rojas dialogó con Marciano da Silva y Gilberto Schneider. «Nosotros en este congreso estamos ratificando, reafirmando nuestro compromiso con la campaña Semillas Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad, de seguir esta lucha, de seguir construyendo esta campaña», comenzó afirmando Gilberto.

Como parte de ese compromiso práctico, Gilberto señaló que cada uno de los y las 4 mil participantes del Congreso del MPA provenientes de 19 estados de Brasil, se comprometieron con el cuidado y la protección de las semillas criollas al regresar a sus casas desde el congreso.

En términos de amenazas en el contexto brasileño, Gilberto denunció la posibilidad de que el Congreso (parlamento) brasileño levante una moratoria existente a nivel internacional que prohíbe el uso de la tecnología llamada Terminator. Con esta «tecnología de la muerte», se controlará aún más quiénes van a producir alimentos y qué tipo de alimentos serán producidos. Por esto «desde el Congreso del MPA, nos manifestamos terminantemente en contra de la posibilidad de levantar esta prohibición en Brasil», expresó Gilberto.

Por su parte, Marciano describió dos problemas que identificó el movimiento campesino en la última reunión del Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (TIRFAA), realizada en Roma del 5 al 9 de octubre pasados.

En primer lugar, señaló la intensificación del enfrentamiento con el sector corporativo, «la gran industria de semillas que está intentando cada vez más apropiarse de nuestras semillas». Así, denunció la existencia de un «proyecto de generación de información global sobre recursos fitogenéticos para alimentación y agricultura que pretende hacer la caracterización genética de todas las semillas que están en los bancos públicos internacionales de semillas, para que más fácilmente la industria pueda utilizar en sus mejoras genéticas, y producir variedades para el mercado».

La financiación para este proyecto, según cuenta Marciano, es privada pero también pública: «en contrapartida, no hay prácticamente nada para garantizar la conservación de nuestras semillas desde el campesinado». Marciano aclaró además que el campesinado a nivel internacional viene reclamando un debate sobre los derechos del campesinado sobre sus semillas hace más de 30 años en el seno de la FAO, sin tener aún respuestas satisfactorias.

Más información:

Comienza en Brasil el I Congreso del MPA

Rostros del MPA

Video: I Congresso Nacional do MPA

Video: I Congreso del MPA de Brasil – Plenaria de Mujeres

Marcha por la Soberanía Alimentaria – Brasil

Saberes y Sabores del I Congreso MPA

19 de octubre de 2015

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Descargar MP3

Libreto:

– En Tiquipaya – Bolivia (10 – 12 de octubre) se desarrolló la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida. Al final se proponen movilizaciones y luchas para salvar la tierra.

– En Brasil se realizó el primer Congreso Nacional del Movimiento de Pequeños Agricultores – MPA, durante el que se realizó una marcha por las calles de Sao Paulo conmemorando el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria y lucha contra las trasnacionales.

– 12 de Octubre día resistencia Indígena, negra y popular, en el que los pueblos originarios y el movimiento social latinoamericano, se mantiene en lucha contra el capitalismo por la tierra y el agua.

– Jubileo Sur Américas junto a otras organizaciones permanecen en campaña, desde 2004, por la estabilización de Haití y el retiro de tropas de la Minustah.