Mes: abril 2011

El campesinado colombiano, principal aliado de la clase obrera y ejemplo de resistencia, se hace presente en esta fecha inmemorable, movilizándose para exigir sus derechos fundamentales construyendo caminos unitarios llenos de combatividad y alegría.

 

El camino es la unidad, solo la fuerza del pueblo organizado será capaz de derrotar las políticas neoliberales y capitalistas, que hoy siguen sumergiendo al país en la debacle, miseria, opresión y guerra contra el pueblo colombiano.

Expresamos nuestro más rotundo rechazo a los acuerdos firmados entre Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia y Barack Obama Presidente de los Estados Unidos de Norte América, que abren las puertas al tratado de libre comercio (TLC) entre las dos naciones. Esta entrega de la soberanía nacional, permitirá una mayor ofensiva del capital transnacional contra los territorios y sus pobladores. Trayendo de paso la ruina y destrucción de la producción nacional agropecuaria, el saqueo de la biodiversidad y demás bienes naturales. A lo anterior se suma, las graves consecuencias que traerá consigo el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea para los productores agrícolas del territorio nacional.

De otra parte el campesinado, alerta a la opinión pública nacional e internacional, sobre el trámite en el Congreso colombiano del Plan Nacional de Desarrollo (PND) el cual es un verdadero entuerto, que sacrifica el patrimonio público en aras de las privatizaciones, favoreciendo descaradamente al sector financiero, al capital transnacional de la minería y la explotación petrolera a la vez que grava con mayor impuesto a los pequeños y medianos propietarios rurales, quienes pasarán a pagar del 7% al 16% por mil en el predial; que sin lugar a dudas favorece y permite una mayor consolidación del gran latifundio en nuestro país.

De igual forma corresponde denunciar la demagogia gubernamental sobre la ley de víctimas y restitución de tierras, que en el fondo busca legalizar la impunidad y genocidio cometido contra la población rural. Al contrario de resarcir los daños ocasionados al campesinado. Lo que estamos viviendo es una nueva ola de terror y violencia generalizada contra los líderes del movimiento campesino que se han atrevido a exigir la devolución de sus propiedades robadas por el narcoparamilitarismo y los latifundistas mafiosos.

Estamos seguros que este primero de mayo nos permitirá avanzar en una mayor articulación social y popular, fortaleciendo la movilización y lucha social en las calles, hacia el Paro Cívico Nacional.

Convocamos a los diferentes sectores sociales y Populares, al Movimiento Sindical, Estudiantil, Campesino, Indígenas, a los millones de desempleados y oprimidos a movilizarnos por:

1. La solución política del conflicto social y armado. De tal forma que nos conduzca a la paz con justicia social para los colombianos.

2. La devolución inmediata de las tierras y demás bienes usurpados violentamente al campesinado. Reparación verdadera integral a las víctimas del narcoparamilitarismo y crímenes de Estado.

3. La puesta en marcha de una ley de Reforma Agraria Democrática e Integral, que permita el fortalecimiento de la economía campesina, la soberanía alimentaria y los mercados locales.

4. Contra los tratados de libre comercio entre Colombia, los EEUU y la Unión Europea.

5. Rechazo a la privatización del agua, los páramos, la explotación minera a gran escala, la usurpación de los territorios por las transnacionales, los agrocombustibles, entre otros.

6. En defensa de la educación pública y contra el Plan Nacional de Desarrollo.

7. A organizar el Paro Cívico Nacional, en contra de las políticas anticampesinas y antipopulares

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO!

¡VIVA EL CAMPESINADO!

 

 

 

¡En defensa de nuestras semillas nativas, por la conservación de la biodiversida y por nuestra seguridad y soberanía alimentaria!

Las guardianas y guardianes de las semillas ancestrales y nuestra biodiversidad debidamente organizadas en: La Confederación Nacional Agraria, la Confederación Campesina del Perú, la Confederación de Comunidades Campesinas afectadas por la Minera, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, reunidas en un Pacto por la seguridad y soberanía alimentaria del país, convocan al Plantón a realizarse el día jueves 28 del presente a partir de las 9:00 am. en el Congreso de la República exigiendo la derogatoria del DS 003- 2011, por el que se viabiliza el ingreso de transgénicos al Perú.

 

Las organizaciones convocantes somos representantes de miles de mujeres y hombres del campo quienes en su mayoría nos dedicamos a la actividad agraria desde nuestros ancestros y hemos heredado miles de años de conocimientos que se plasman en las semillas nativas las cuales han sustentado por siglos la alimentación de nuestro país e incluso al mundo. Hoy en día estas semillas corren el riesgo de desaparecer, ser contaminadas y pasar a propiedad de las grandes transnacionales comercializadoras de semillas transgénicas, gracias a un Decreto Supremo emitido por el gobierno aprista.

Mañana jueves 28 el Congreso de la República debatirá la Ley de Moratoria de ingreso de los transgénicos a nuestro país por ello nos daremos cita en la parte posterior del Congreso de la República, jirón Andahuaylas, con el objetivo de exigir la derogatoria del Decreto Supremo en mención y apoyar a nuestros representantes quienes tendrán acceso a participar en el cuarto intermedio de este debate afirmándose en la demanda de un Perú Libre de Transgénicos.

Este plantón es parte de una serie de actividades que las organizaciones indígenas y campesinas venimos coordinando hasta lograr la derogatoria de este decreto supremo y lograr una Ley por un Perú Libre de Transgénicos y no un reglamento como el aprobado por el MINAG que no garantiza la preservación de nuestra biodiversidad. De no tener la respuesta de las autoridades competentes haremos un llamado a una gran movilización nacional con nuestras diferentes bases en las regiones del país.

Por otro lado el Ministerio de Agricultura ha emitido un comunicado apelando a antecedentes legales pero no presentan un sustento técnico, sus voceros aluden que la biotecnología contribuirá a solucionar el problema del abastecimiento de alimentos, esto es mentira, nosotros como agricultores sabemos que las semillas transgénicas empobrecen la tierra y su cosecha es por única vez lo que requiere que nuevamente se compren estas semillas así como los alimentos producidos con estos transgénicos, está claro que detrás de este decreto supremo hay intereses económicos de por medio y corrupción promovidos directamente por MONSANTO.

¡¡POR UNA AGRICULTURA SIN TRANSGENICOS!!

¡¡POR NUESTRAS SEMILLAS QUE SON VIDA, ALIMENTO Y FUTURO¡¡

¡¡LOS INDIGENAS Y CAMPESINOS POR LA MADRE TIERRA!!

 

 

Entre el 19 y 20 de abril de 2011, se reunirá en la sede del Banco Mundial en Washington un grupo de cerca de 200 inversionistas en tierras de cultivo, funcionarios de gobierno y funcionarios públicos internacionales, para discutir como operacionalizar lo que llaman “adquisiciones responsables” de tierra en gran escala. En Roma, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial que tiene su sede en la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO) está por lanzar un proceso de consulta mundial relacionada con los principios que habrán de regular de tales negocios. Resaltando que es un problema de la mayor urgencia, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se están movilizando para detener estos acaparamientos de tierras, y para dar marcha atrás a aquellos acaparamientos que ya están ocurriendo. ¿Por qué las agencias de Naciones Unidas y algunos gobiernos muy involucrados insisten en intentar que estos negocios con tierras funcionen mediante “inversiones agrícolas responsables”

Los acaparamientos de tierra de hoy se acuerdan a gran velocidad. Se están firmando contratos, ya roturan los suelos, la tierra está siendo cercada para mantener la gente fuera y las poblaciones locales están siendo expulsadas de sus territorios con devastadoras consecuencias. Aunque los detalles precisos son difíciles de conseguir, es claro que por lo menos 50 millones de hectáreas de buena tierra de cultivo —cantidad suficiente para alimentar a 50 millones de familias en la India— se le han transferido de los agricultores a las corporaciones en los últimos años, y a diario se unen a esta carrera más inversionistas. 1 2 Algunos de estos negocios son presentados como una forma novedosa de cumplir con las necesidades de seguridad alimentaria de países que son dependientes de los mercados externos para lograr alimentar a sus poblaciones, tales como Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur o China. Otros se desnudan como lo que son: acuerdos de negocios y nuevas oportunidades de hacer ganancias rápidas. Pese al involucramiento de los Estados, la mayor parte de estas transacciones son pactadas entre los gobiernos anfitriones y las corporaciones privadas. Las firmas implicadas calculan que hasta el momento ya se han comprometido a nivel global unos 25 mil millones de dólares, y hacen alarde de que la cifra se triplicará en un futuro muy cercano.

¿Qué son los Principios de Inversión Agrícola “Responsable”?

Con gran nerviosismo y preocupación ante las potenciales reacciones políticas negativas provocadas por la fase actual del acaparamiento de tierras, algunos gobiernos y organismos internacionales, de Japón al G-8, decidieron sugerir criterios que pudieran hacer aceptables estos negocios. El más prominente de éstos es el documento promovido por el Banco Mundial (BM), conocido como Principios de Inversión Agrícola Responsable que Respeten los Derechos, los Medios de Sustento y los Recursos (conocido por las siglas IAR). Los principios de “inversión agrícola responsable” fueron formulados y promovidos conjuntamente desde enero de 2010 por el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 3 Son siete principios que los inversionistas pueden suscribir voluntariamente al emprender adquisiciones de tierras agrícolas en gran escala (véase el recuadro). Es notable que los principios de inversión agrícola responsable nunca fueron sometidos a la aprobación de los órganos de gobierno de las cuatro instituciones promotoras.

Los principios de inversión agrícola responsable (siete principios para un acaparamiento de tierras donde «todos ganen»): 1. Derechos a la tierra y a los recursos: deben reconocerse y respetarse los derechos existentes en cuanto a la tierra y a los recursos naturales. 2. Seguridad alimentaria: las inversiones no pondrán en riesgo la seguridad alimentaria; al contrario, la fortalecerán. 3. Transparencia, y un ambiente propicio: los procesos para acceder a la tierra y para realizar las inversiones relacionadas serán transparentes, contarán con supervisión y garantizarán la rendición de cuentas. 4. Consulta y participación: aquéllos que sean afectados en lo material serán consultados y los acuerdos de tales consultas se registrarán y pondrán en efecto. 5. Viabilidad económica e inversión responsable en las agroempresas: los proyectos serán viables en todos sentidos, serán respetuosos del imperio de la ley, reflejarán las mejores prácticas de la industria y tendrán por resultado valores compartidos duraderos. 6. Sustentabilidad social: las inversiones generarán impactos sociales y de distribución deseables, y no incrementarán la vulnerabilidad. 7. Sustentabilidad ambiental: se cuantificarán los impactos ambientales y se tomarán medidas para impulsar el uso sustentable de los recursos, al tiempo de minimizar y mitigar los impactos negativos. Los principales promotores de los PIAR (desde 2009): Unión Europea, FAO, G8, G20, FIDA Japón, Suiza, UNCTAD, Estados Unidos, Banco Mundial

En abril de 2010, 130 organizaciones y redes de todo el mundo, incluidas algunas de las más representativas alianzas de campesinos, pastores y pescadores artesanales denunciaron la iniciativa que pugna por estos principios de “inversión agrícola responsable”. Su declaración dejó en evidencia que los principios IAR son una maniobra para legitimar el acaparamiento de tierras, y afirmó que facilitarle el control a las corporaciones (extranjeras o nacionales) de las tierras agrícolas de los pueblos es algo totalmente inaceptable sin importar qué lineamientos se sigan. 4

Tras la publicación de esta declaración, la respaldaron muchos más grupos y movimientos sociales de todo el mundo. Poco después, el Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas criticó públicamente los principios de IAR por ser “peligrosamente inadecuados” y declaró: “Es lamentable que, en vez de ponernos a la altura del desafío que implica desarrollar la agricultura de modo que sea más sustentable social y ambientalmente, actuemos como si acelerar la destrucción del campesinado global pudiera conseguirse de manera responsable”. 5

En septiembre de 2010, el Banco Mundial publicó su muy esperado informe en torno a las adquisiciones de tierras a gran escala. Tras dos años de investigación, el Banco no pudo hallar ejemplos convincentes de “provecho” para las comunidades o los países pobres, únicamente una larga lista de pérdidas. De hecho, las compañías y los gobiernos involucrados en estos negocios agrarios se rehusaron a compartir información con el Banco Mundial acerca de sus inversiones en tierras de cultivo, por lo que éste tuvo que confiar como fuente de información en el sitio electrónico (farmlandgrab.org), publicado por la organización de la sociedad civil GRAIN. Y sin embargo, como conclusión de su informe, el BM promueve los principios de IAR.

Pese a los serios problemas de legitimidad de los principios de IAR, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS por sus siglas en inglés) en octubre de 2010 debatió si respaldar o no dicha iniciativa. Algunos gobiernos, como Estados Unidos y Japón, estuvieron en favor de ella. Otros, incluida Sudáfrica, Egipto en nombre del grupo de Medio Oriente y China, expresaron una fuerte oposición debido a la ausencia de un proceso adecuado de consulta. Una coalición de movimientos sociales y organizaciones publicaron una crítica detallada del marco de operación de los principios IAR antes de la reunión del CFS. 6 Esto catalizó a los movimientos sociales rurales, en particular a los afiliados al Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) y a otras organizaciones de la sociedad civil, que hicieron un llamado al CFS para que rechazara el documento de principios de IAR. Al final, el CFS no respaldó el citado documento y acordó únicamente comenzar un proceso incluyente para considerar los principios de IAR.

A fines del 2010, parecía que la presión de alto nivel en pos de los principios de un acaparamiento de tierras socialmente responsable donde “todos ganen” estaba a punto de naufragar. Entretanto, los movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil continuaron fortaleciendo la oposición popular a los citados principios. En el Foro Social Mundial de Dakar, celebrado en febrero de 2011, los movimientos campesinos y las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de justicia social, se reunieron a compartir experiencias y consolidar sus luchas contra el acaparamiento de tierras, sin la distracción de este código de conducta sin sentido. Lanzaron un llamado público —que continúa ganando apoyo— a rechazar los principios de “inversión agrícola responsable” y a resistir el acaparamiento. 7

Pero los promotores de los principios de las inversiones agrícolas “responsables” se niegan a rendirse .

Actualmente, la dirección del CFS prepara una propuesta de cómo se debería conducir un proceso incluyente de consulta en torno de las IAR. 8 El borrador inicial que circula para recibir comentarios ya desató agudas críticas de los movimientos sociales y de la sociedad civil. El Comité Internacional de Planeación (CIP) afirmó que se opondrá a un proceso cuyo foco principal sea intentar aligerar los impactos negativos de las adquisiciones de tierras en gran escala. En cambio, argumentó, el CFS debe primero analizar si los principios de “inversión agrícola responsable” son la respuesta a los problemas en el terreno y luego reorientar la discusión hacia la cuestión de qué clase de inversión en la agricultura se necesita para remontar el hambre y apoyar a los agricultores en pequeña escala, en particular a las mujeres. El CIP recomendó que el CFS dejara de utilizar el nombre actual (IAR), porque está demasiado asociado con el acaparamiento de tierras, no con las inversiones. Pero las cuatro agencias que promueven los principios de IAR siguen presionando.

Al mismo tiempo, el BM ha publicado el programa para su conferencia anual en torno a tierras y pobreza en su sede de Washington DC. 9 Los principios de IAR están en el centro de la discusión. Su objetivo central ahora es comenzar a “operacionalizar” las IAR a partir de las experiencias con otros mecanismos de “responsabilidad social corporativa” (RSC), como las Mesas Redondas sobre Soya Sustentable y Biocombustibles, o la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva. 10

Entretanto, los gobiernos nacionales luchan por contener la creciente oposición a esta nueva fiebre de tierras. Cuando toda esta charla sobre resultados en que “ambas partes ganan” comienza a sonar hueca al contrastarla con la realidad de lo que en verdad significan estos acaparamientos de tierra, algunos gobiernos como los de Argentina, Brasil y Nueva Zelanda comienzan a responder con promesas de legislación que restrinjan o disciplinen las posibilidades de los extranjeros para adquirir tierras de cultivo nacionales. Otros, como Camboya, Etiopía y Ghana, están utilizando la fuerza legal y la fuerza bruta para suprimir la oposición local. En la campaña por las elecciones presidenciales en Mali, el partido de oposición, Le Parti pour la Renaissance Nationale (Parena), solicitó que el presidente de la república, Touré, revelara por completo los detalles de rentas de tierras que suman varios cientos de miles de hectáreas de irrigación que se concedieron en la región conocida como Office du Niger. En Sudán, el país que ha permitido el mayor acaparamiento de tierras en África, los pobladores de las comunidades se están levantando contra el gobierno de Khartoum por haberles arrebatado sus tierras.

Qué está mal con los principios de “Inversión Agrícola Responsable”

Las IAR no tienen que ver con facilitar las inversiones en agricultura. Los principios de IAR intentan crear la ilusión de que el acaparamiento de tierras puede continuar sin consecuencias desastrosas para los pueblos, las comunidades, los ecosistemas y el clima. Esta ilusión es falsa y engañosa. Las IAR son un intento por encubrir las desigualdades con el fin de que los acaparadores de tierra y las autoridades gubernamentales que realizan estos negocios obtengan lo que buscan. Después de todo, ni los campesinos, ni los pastores o pescadores artesanales están solicitando vender o arrendar sus tierras.

El acaparamiento agrario impide que vastas extensiones de tierra puedan ser utilizadas ahora y en el futuro por indígenas campesinos, pastores, pescadores artesanales y nómadas, lo que amenaza seriamente sus derechos a la alimentación y al sustento seguro. El acaparamiento de tierras también captura todos los recursos de agua que existan ahí, en el suelo, en el subsuelo o circundando dichas tierras, lo que de facto es una privatización del agua. La violación de las leyes internacionales de derechos humanos es una parte intrínseca del acaparamiento de tierras, debido a que se e llevan a cabo expulsiones por la fuerza, se silencia y se reprime a los críticos, se introducen modelos no sustentables de agricultura y del uso del suelo que destruyen los ambientes naturales y agotan los recursos naturales, se niega información de modo rotundo y se evita una participación local significativa en las decisiones que afectan la vida de las personas. Ningún conjunto de principios voluntarios puede remediar estos hechos y estas realidades. No pueden tampoco adaptarse para ser presentados como políticas públicas o regulación estatal.

El acaparamiento de tierras, que tiene por objetivo darle a los inversionistas una tasa de ganancia del 20%, es lisa y llanamente una especulación financiera. Es por eso que el acaparamiento de tierras es totalmente incompatible con la seguridad alimentaria: la producción alimentaria únicamente arroja ganancias de entre 3 y 5%. Lo único que logra el acaparamiento de tierras es enfatizar la mercantilización de la agricultura con el solo propósito de remunerar en exceso al capital especulativo.

Hay quienes creen que promoviendo transparencia en los negocios de adquisición de tierras se puede, de algún modo, conducir a resultados donde “ambas partes ganen”. Sin embargo, incluso si se hiciera con “transparencia”, la transferencia de vastas porciones de tierra, bosques, áreas costeras y fuentes de agua a grupos de inversionistas, de todas formas va a privar a los campesinos, a los pastores, a los pescadores artesanales y a otras comunidades locales de los recursos y el sustento cruciales para las generaciones venideras. En muchos países, hay una necesidad urgente de proteger la tenencia de la tierra de los campesinos y otros productores en pequeña escala, y muchos movimientos sociales han estado luchando por el reconocimiento de sus derechos agrarios durante muchos años. Los principios de “inversión agrícola responsable” revertirán cualquier progreso logrado hasta la fecha en pos de una reforma agraria, y en pos de derechos territoriales.

Y en cuanto a los grandes jugadores, las IAR podrán ser tan sólo otro de los triunfos obtenidos con sus mecanismos de “responsabilidad social corporativa”, un acto de relaciones públicas que pueden traer a cuento cada vez que les convenga. En el mundo real, continuarán confiando en los tratados comerciales y de protección de inversionistas, en los resquicios legales y en los Estados complacientes, en los esquemas de seguros de riesgo político (proporcionados por las instituciones internacionales que promueven los principios de IAR), que los salven de cualquier penuria o responsabilidad financiera.

El problema es obvio. Estos proyectos de agronegocios —de las 10 mil hectáreas del acuerdo de Malibya en el Office du Niger en Mali, a las 320 mil hectáreas que el Grupo Beidahuang pactó en Río Negro, Argentina— hacen un daño enorme y son profundamente ilegítimos. Intentar compensar la ausencia de legitimidad haciendo que los inversionistas se adhieran a unos cuantos principios es una estafa.

Invirtamos en soberanía alimentaria

Los principios de inversión agrícola “responsable” no sintonizan con los tiempos. Todo el enfoque del llamado desarrollo agrícola que representan —elevar los gases con efecto de invernadero, el derroche de combustibles fósiles, la destrucción de la biodiversidad, la privatización de los recursos hídricos, la erosión de los suelos, el empobrecimiento de las comunidades, el sistema de producción dependiente de semillas genéticamente modificadas— pertenece al montón de desechos del desarrollo destructivo, antisustentable, propio del siglo veinte. Así como nuestras hermanas y hermanos en los países árabes están rompiendo las cadenas de viejos regímenes para recuperar su dignidad y el espacio de la autodeterminación, necesitamos romper las cadenas del sistema alimentario corporativo.

Debemos detener y prohibir de inmediato el acaparamiento de tierras; no legitimarlo otorgándole una fachada moral. Esto significa que los parlamentos y los gobiernos nacionales deben suspender de inmediato todos los acaparamientos de tierra actuales y futuros; 11 rescindir los contratos ya firmados, devolver la tierra saqueada e ilegalizar el acaparamiento de tierras. Los gobiernos deben también dejar de oprimir y de criminalizar a quienes defienden sus tierras, y poner en libertad a los activistas detenidos.

Reiteramos las exigencias que han hecho una y otra vez los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y numerosos académicos, para que de inmediato se implementen acciones acordes con la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, de 2006 —el referente multilateral consensado y de mayor autoridad en relación a la tierra y los recursos naturales—, así como las conclusiones de la Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), de 2008. De igual modo llamamos al CFS a que adopte los Lineamientos de la FAO en relación a la Gobernanza de la Tenencia de la Tierra y los Recursos Naturales que tienen fuertes raíces en las leyes de derechos humanos, con el fin de que se utilicen efectivamente para proteger y cumplir con los derechos a la tierra y a los recursos naturales de todas las poblaciones rurales y urbanas a nivel nacional e internacional.

Es obvio para nosotros que a lo largo de los últimos años ha ido creciendo un amplio consenso en relación con las soluciones reales para el hambre, la crisis alimentaria y el caos climático. Algunas de estas soluciones son:

*  la agricultura campesina, la agricultura familiar, la pesca artesanal y los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas que se basan en métodos ecológicos y en mercados de circuitos cortos, son maneras de avanzar hacia sistemas alimentarios sustentables, sanos, y que refuerzan los medios de garantizar el sustento.

*  los sistemas de producción, distribución y consumo deben cambiar radicalmente para ajustarse a la capacidad de carga de la tierra.

*  debemos reemplazar los regímenes neoliberales, verticales, encabezados por las corporaciones, con nuevas políticas agrícolas que respondan a las necesidades, propuestas y control directo de los productores de alimentos en pequeña escala.

*  deben llevarse a cabo genuinos programas de reforma agraria y acuática, con el fin de regresarle la tierra y los ecosistemas a las comunidades locales.

Éste es el sendero de la soberanía alimentaria y la justicia, totalmente opuesto a los acaparamientos de tierra “responsables”. Y continuaremos luchando y pugnando por este camino junto con muchos aliados por todo el mundo.

17 de abril de 2011

▪ Amigos de la Tierra Internacional
▪ Campaña Global por la Reforma Agraria
▪ Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano
▪ FIAN International
▪ Focus on the Global South
▪ GRAIN
▪ La Via Campesina
▪ Land Research Action Network
▪ Rede Social de Justiça e Direitos Humanos (Red Social de Justicia y de Derechos Humanos)
▪ World Forum of Fisher Peoples (Foro Mundial de los Pueblos Pescadores)

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1 En 2010, el Banco Mundial informó que tan sólo en 2009, 47 millones de hectáreas se habían arrendado o vendido en todo el mundo. El Global Land Project calculó que 63 millones de hectáreas cambiaron de manos únicamente en 27 países de África. Ver “New World Bank report sees growing global demand for farmland”, Banco Mundial, Washington DC, 7 de septiembre, 2010, http://farmlandgrab.org/post/view/15309, y Cecilie Friis & Anette Reenberg, “Land grab in Africa: Emerging land system drivers in a teleconnected world”, GLP Report núm. 1, The Global Land Project, Denmark, agosto de 2010, http://farmlandgrab.org/post/view/14816, respectivamente

2 Ver High Quest Partners, “Private financial sector investment in farmland and agricultural infrastructure», OCDE, París, agosto de 2010, http://farmlandgrab.org/post/view/16060.

3 Los cuatro organismos internacionales crearon también una plataforma de internet para intercambiar información sobre los principios de IAR. Ver http://www.responsibleagroinvestment.org/

4 Ver http://www.landaction.org/spip/spip.php?article554〈=es.

5 “Destruir responsablemente el campesinado del mundo” por Olivier de Schutter, Bruselas, 4 de junio 2010, http://www.project-syndicate.org/commentary/deschutter1/Spanish

6 Ver Por qué nos oponemos a los Principios de Inversión Agrícola Responsable (IAR),http://www.landaction.org/spip/spip.php?article574.

7 Ver Llamamiento de Dakar contra el acaparamiento de tierras, abierto a que las organizaciones lo respalden con su firma hasta junio de 2011: http://www.petitiononline.com/dakar/petition.html.

8 Ver http://cso4cfs.files.wordpress.com/2010/11/proposal-for-consultation-process-on-rai-principles.pdf

9 Ver http://go.worldbank.org/YJM5ENXKI0

10 Para ubicar el contexto ver John Lamb, “Sustainable Commercial Agriculture, Land and Environmental (SCALE) management initiative: Achieving a global consensus on good policy and practices”, Banco Mundial, julio 2009, http://farmlandgrab.org/post/view/7649.

11 Nos referimos a los actos mediante los cuales alguien se apodera de una porción de tierra o controlarla, con fines comerciales o de producción agroindustrial, que sea desproporcionada en tamaño si la comparamos con las porciones de tierra promedio en la región.

Se miran en el espejo de los «sin tierra» brasileños, pero son mendocinos, que no tienen tierras propias y que se muestran dispuestos, sin embargo, a trabajarlas, a no agotarlas con su explotación, a vivir de ella y con ella y darle un sentido a la vida de muchas otras personas.

Diego Montón es la cara visible de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, la UST y, sin embargo, su cara no está tan vista por mucha gente, ya que el tema genera rispideces. Lo bueno es que, al menos, abra un debate sobre para qué está esa tioerra que está allí y que no la usan. O que la usan pocos para provecho de pocos. En fin, el tema es largo y conflictivo y eso, también (ya que estamos optimistas) es bueno, porque hay cosas que en Mendoza se dan por hechas y discusiones que se declaran clausuradas a pesar de que la realidad nos grite, desde rincones como, por ejemplo, Jocolí, que no es tan así.

Hablamos con él en un día importante su gente: el Día Mundial de la Lucha Campesina, como en cada aniversario de la masacre de 19 agricultores del Movimiento de Sin Tierra (MST) perpetrada en Brasil el 17 de abril de 1996.

Pero además, en una jornada en la que se presentó en el Senado de la Nación para reclamar la sanción de un proyecto que limita las expulsiones, los desalojos de las tierras que ocupan y trabajan.

– ¿Desde cuándo están organizados en Mendoza y en qué consiste la tarea que realizan?

La UST (Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra) nació en diciembre de 2002, luego de varios años de trabajo y de la fusión de varias comunidades y grupos de base en Lavalle. Actualmente somos 35 grupos de base organizados en regionales: oeste, Lavalle, norte: el secano lavallino (las comunidades huarpes y el sur de san juan) este San Martín , sur San Rafael y Malargüe, y Valle de Uco, en tupungato. Alrededor de 550 familias.

– ¿Y a qué le llaman «grupo de base»?

Cada grupo de base esta conformado por familias campesinas cercanas que se reúnen para analizar los problemas y plantear acciones para resolverlos, cada regional tiene reuniones con delegados de esos grupos para actuar en manera coordinada y luego la asamblea y la comisión política reúnen delegados de cada regional y así planteamos los acciones y propuestas a nivel provincial. De la misma manera participamos del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la vía campesina internacional. Actualmente soy miembro delegado para la secretaría operativa del MNCI y para la comisión continental dela Vía Campesina. Contamos para organizarnos con áreas de trabajo: territorio: la problemática de la tierra y del agua; formación y educación, salud, producción y comercialización. Así resistimos desalojos, organizamos la gestión del agua en posesiones campesinas, trabajamos sobre los derechos campesinos,  o participamos del Consejo de Estado de la provincia, de la Mesa Caprina, del PEA.

– ¿Qué experiencia concretas en temas agrarios poseen?

La marcha de días atrás en Casa de Gobierno.

– ¿Llegan a las áreas urbanas con la producción?

A la Ciudad a través del «almacén andante» y en Buenos Aires y Rosario, con grupos organizados y en barrios populares. Así hacemos vino también, miel, dulces, criamos chivitos, chanchos, pollos, etc. Todo son grupos organizados y «encadenados».

– ¿Cuáles son los problemas que les trae el ser ser, precisamente, «sin tierra»?

Los principales problemas son el acceso a la tierra y el agua, ya que mas del 85 por ciento de la población rural hoy no tiene acceso. Nuestros planteos políticos están relacionados con la soberanía alimentaria , la reforma agraria y la justicia social.

– Nos enteramos que inauguraron una escuela propia en Jocolí, ¿cómo la gestionan? ¿Quiénes son los docentes y alumnos? ¿Cuál es la idea?

La escuela funciona en Jocolí, la primera semana de cada mes. Los participantes son desde jóvenes hasta personas mayores que no hay terminado la escuela secundaria o algunos ni la primaria, de distintas comunidades de las regionales. Caminamos hacia una habilitación en términos de gestión social de la DGE. Achora, comenzó a funcionar sin la habilitación, ya que está en trámite.

– ¿Cómo la «bancan»?

– Es sostenida por la organización. Los grupos de base aportan productos y recursos para la alimentación durante esa semana. La uUST aporta de recursos  propios  para la  movilidad, y los docentes son militantes de la UST y distintas personas que apoyan la iniciativa de manera voluntaria y gratuita. También hay brigadas de estudiantes de la universidad y de secundarios que apoyan a quienes no terminaron la primaria para fortalecer la lectura, escritura y las matemáticas y de esa manera nivelar. Esas tareas se hacen en la comunidad de cada persona fuera e la semana de clases.

– ¿Cuál es la modalidad?

La escuela es de agroecología con los contenidos básicos que nos pide la DGE, pero también con varios otros  temas que son las necesidades de gestión y organización que tenemos en los proyectos productivos que están funcionando hoy así como también en las distintas tareas políticas de la organización.  Estamos trabajando a nivel nacional desde el MNCI, para la creación de una universidad campesina que ya estamos construyendo en Ojo de Agua, Santiago del Estero y donde en convenio con distintas universidades del país vamos a establecer carreras cortas y profundizando estas necesidades.

– ¿Una universidad para el campo? ¿Diferente a las ya existentes? ¿Para qué?

Vamos a formar en educación rural, producción animal, agroecología y comunicación. Allí, la pedagogía a implementar será de educación popular, participativa, basada en la práctica y teoría aplicada a la misma. Con una recuperación permanente de los saberes tradicionales y culturales de quienes estudian. Todos elementos necesarios a fortalecer en la organización territorial y comunitaria.

– ¿En qué situación están trabajando en las tierras actualmente? ¿Qué tipo de tierras utilizan?

En función de la diversidad de situaciones podemos decir: en el secano, las familias tienen posesión histórica, el registro  de la propiedad está desactualizado y no se condice con la posesión de las tierras. La mayoría de las compras de tierras se hacen ilegalmente, porque en realidad en las mensuras no se colocan los poseedores, muchas veces los agrimensores y escribanos ni van al campo, la venta se hace en una escribana y entonces lo que se traslada al registro es la realidad de los papeles, pero no de los campos. Catastro tiene mucha responsabilidad en eso. En el secano entonces  predomina el uso comunitario y se desarrolla ganaderia caprina, bovina, apicultura. Y en muchos lugares del sur donde hay vertientes y pequeños cursos de agua también potrero de alfa, maíz, huertas. En los oasis, también hay muchas fincas que fueron abandonadas hace mas de 30 años con la crisis de los 80 y que se instalaron familias campesinas, que hoy ya son poseedoras veiteañales, en algunas de ellas hemos podido resolver el problema de las deudas de agua y alli comenzar a producir. No sin dificultad y obstaculos que nos ponen desde Irrigación. También en las pequeñas parcelas de las familias campesinas se hacen huertas y crían gallinas y animales de granja. Podemos luego profundizar esta problemática, porque la ley no se cumple. Por ejemplo en jJocolí, algunos famosos empresarios del agro riegan mas de 700 hectáreas que no tienen derecho de riego y de las cuales son poseedores (y lo son porque desplazaron a varios puestos con engaños), y en la misma comunidad.

– ¿Cómo es eso?

– ¿Tienen actualmente en Mendoza problemas con respecto a la propiedad de las tierras? ¿Sufren desalojos?

Sí, claro. Hay incluso muchos campesinos imputados, por defender sus tierras, hay desalojos, hemos detenido muchos, pero hace 15 días desalojaron familias en malargue por ejemplo. muchos fiscales y jueces son complices de empresarios que criminalizan al campesino que quiere defender sus derechos. El Código Civil es claro, quien posee pacíficamente y públicamente una propiedad por mas de 20 años tiene mas derechos que el titular registral. Muchas veces quieren engañar y decir que eso solo corre para el luagr donde está la vivienda, pero o es sí, los campos donde se pastorean y crían los animales, son campos que están poseídos por campesinos. En estos momentos con el  auge del capital financiero en la agricultura esto se ha agravado. También con el desplazamiento de la ganadería por la soja. Ahora quieren traer las vacas acá y eso es en territorios de comunidades campesinas.

– Este martes presentaron un proyecto en el Congreso, ¿en qué consiste?

Bueno venimos en un proceso de lucha que tiene que ver con lograr des mercantilizar la tierra y los alimentos, porque son cosas esenciales para la vida, la tierra como la madre de la humanidad, ella debe servir para que podamos desarrollar nuestro habitat, podamos producir nuestros alimentos y conservar la biodiversidad que es la base del equilibrio de la naturaleza. Hoy nada de esto se garantiza porque la propiedad privada no tiene ninguna regulación. Cosa que no pasa en europa por ejemplo. Acá el que compra campo hace lo que quiere, y entonces nuestra tierra a quedado en función de las necesidades de los capitales globales: soja, vino fino, pasta papel, cobre , oro, es decir , todo par mercado externos, y ademas usando agrotoxicos, trabajo esclavo, etc. Nosotros consideramos que la tierra debe cumplir una función social, priorizando el mercado interno, los alimento sanos y el la vida digna en el campo, evitando las concentraciones irracionales en las ciudades. Es decir al agro negocio lo cambiamos por la soberanía alimentaria y la agricultura campesina. Eso no significa no exportar, pero sí priorizar primero nuestro desarrollo. Eso no significa decirle que no a la tecnología, sólo que tecnología debe ser en función de las necesidades del trabajo rural y no de las necesidades de lucro de las corporaciones. En ese sentido el primer paso es esta ley de moratoria de desalojos campesinos, para suspender todo desalojo y frenar el avance salvaje de la agricultura industrial sobre los campesinos, también propone la ley un revelamiento nacional sobre los territorios campesinos, para regularizar todas las situaciones de tenencia y posesión , considerando la propiedad comunitaria como una forma de propiedad también. Hay estudios muy claros de la FAO donde se demuestra que a medida que avanza la agricultura industrial aumenta el hambre en el mundo y también el calentamiento global… también la fao propone mas agricultura campesina para luchar contra el hambre. Las declaraciones del relator del derecho ala alimentacion de la ONU son contundentes en ese sentido, solo los campesinos salvaran a la humanidad dijo a fines de marzo. El año pasado 1500 delegadas y delegados de todo el pais realizamos el primer congreso nacional del MNCI y planteamos este camino: primero la ley contra los desalojos y después vamos por la función social de la tierra en el debate de la extrangerización , nosotros decimos que mejor que decir quien tiene la tierra es decir para que debe utilizarse la tierra y bajo que principios.

– ¿Han encontrado eco previo en legisladores mendocinos?

El tema lo venimos discutido desde el Consejo de Estado, allí se aprobó el Plan Estratégico de desarrollo para Mendoza y en el mismo esta reflejada la problemática y las propuestas, el plan contempla fortalecer al agricultura familiar y de los sin tierra  y así como el arraigo rural y el acceso a la tierra y el agua. Desde la doadu y la secretaria de ambiente se han comprometido en impulsar la ley en la provincia, también luego de la marcha del 13 de abril se comprometieron distintos diputados provinciales de diferentes bloques que nos recibieron en la Legislatura.
Entendemos nadie podría oponerse a la ley en términos racionales o de justicia, el problema son las presiones corporativas que hay,la fuerte influencia empresaria en las cámaras… Por eso sabemos que la organización social e fundamental para impulsarlas, y estamos trabajando para que nos acompañen otros sectores urbanos, porque no es solo un problema campesino, es un problema de todas y todos: alimentos caros y contaminados, superpoblación de las ciudades, falta de vivienda e inseguridad , son todos problemas atados a la expulsión de las familias del campo. Es importante recalcar que en mendoza el estado no contempla la realidad campesina, no hay oficinas ni programas provinbciales para el desarrollo rural mirado desde la agricultura familiar o campesina. Todo es pensado en función de las grandes empresas vitivinicolas, o ajeras, o frutihorticolas…E sta ley debe ir acompañada de políticas concretas para la agricultura familiar y campesina, de subsidios y créditos, de infraestructura rural, de desarrollo de los sistemas de salud y educacion rural, pensados para que la gente se quede en el campo . Hoy todo llelva a que lo mejor sea irse…. Aunque después llegas a la ciudad y no hay ninguna oportunidad. y muchos vuleven…tenmos muchos caos de jovenes que terminaron presos, pero a veces prefieren la carcel al trabajo esclavo o el hambre y la pérdida de dignidad en las villas…

– ¿Qué esperanzas tienen de que el proyecto sea aprobado?

Bueno, ha nivel nacional hay espectativas en torno a que varios diputados trabajaron en la última etapa del proyecto, creemos que partidos como nuevo encuentro, el socialismo, el frente para la victoria, vn a aimpulsarlo, y Proyecto Sur y un parte del radicalismo van a apoyar, sabemos que el Peronismo Federal, el Pro y la Coalición Cívica no… Pero podemos sacarlo sin ellos. Ademas vamos a seguir movilizando en torno a la ley y las propuestas de produccion que vnimos haciendo: como el fortalecimiento de los mercados y ferias locales, el compre estatal de los productos campesinos, y la educación rural . Como dijimos en nuestra Marcha Tierra y agua en manos campesinas, alimentos sanos para el pueblo.

Link permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/289070

Con Paul Nicholson de La Vía Campesina Europa

“Aunque aquí en Europa nos colocan en el museo como en vía de extinción, el movimiento campesino está fuerte porque tenemos un proyecto de agricultura que va con las necesidades de la sociedad”, responde en entrevista con Radio Mundo Real, Paul Nicholson, referente de La Vía Campesina Internacional.

El activista de origen vasco señala que en torno al 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, se registraron hasta 80 actividades en varios países europeos.

Asimismo, analizando los principales temas que ha venido colocando el movimiento campesino, Nicholson señala que “venimos ganando batallas” ante la opinión pública, como en el caso de la campaña contra los transgénicos. Actualmente y después de quince años de denuncias por parte de las organizaciones campesinas y ambientalistas, un 80 por ciento de los consumidores europeos rechazan la inclusión de transgénicos en los alimentos, dice Paul.

Otro de los hitos de esos triunfos lo representa la caída permanente en el área dedicada a cultivos transgénicos dentro de los límites de la Unión Europea. “En España, por ejemplo, este año se redujo un 15 por ciento el área dedicada a transgénicos”, dice Paul.

Durante la entrevista, Nicholson, repasa las campañas en contra de la violencia hacia la mujer campesina, los esfuerzos para lograr una Conferencia de Naciones Unidas en torno a los derechos de los campesinos y por el Derecho a la Alimentación, así como la denuncia del acaparamiento de tierras. Sobre este último punto Nicholson resume como un “fraude legal” el manual de “buenas prácticas” en torno a la compra de tierras por parte de corporaciones y Estados que lleva adelante el Banco Mundial.

(2011) Radio Mundo Real

17 de abril de 2011

Hoy, en el Día Internacional de las Luchas Campesinas, prominentes organizaciones campesinas, de pescadores artesanales, de derechos humanos y de investigación han criticado severamente al Banco Mundial, a tres agencias de Naciones Unidas y varios gobiernos por promover inversiones agrícolas que tienen como resultado acaparamientos de tierra en escala masiva.

Entre el 18 y el 20 de abril, inversionistas, funcionarios de gobierno y personal de los organismos internacionales se reunirán en Washington DC para la Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Tierra y Pobreza. Discutirán cómo operacionalizar un marco de trabajo conocido como Principios para la Inversión Agrícola Responsable (IAR). Formulados por el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de Agricultura y Alimentación (FAO), los principios de «inversión agrícola responsable» son siete principios que los inversionistas pueden decidir obedecer o no cuando realicen adquisiciones de tierras agrícolas en gran escala.

En oposición, una declaración publicada por los Amigos de la Tierra Internacional, la Campaña Global por la Reforma Agraria, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, FIAN International, Focus on the Global South, el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores, GRAIN, La Via Campesina, Land Research Action Network y Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, llama a prohibir de inmediato el acaparamiento de tierras.

Según Henry Saragih, de la Vía Campesina, «La crisis en los precios alimentarios ocurrió por la mercantilización de los alimentos. Los principios de ‘inversión agrícola responsable’ legitimarán el acaparamiento de tierras de una manera peor que en la era colonial. Las transnacionales van a tomar la tierra de todos los tipos y tamaños. No habrá lugar para que vivan los campesinos, los pueblos y las comunidades. Este tipo de producción agrícola está provocando un modo de vida muy dependiente de unas pocas transnacionales».

«Las adquisiciones de tierra en gran escala están diseñadas para abrirle nuevos espacios a la agricultura industrial, de plantación, orientada a las exportaciones», dijo Henk Hobbelink, de GRAIN. «No tenemos por qué legitimarlas mediante ningunos ‘principios’ o ‘códigos de conducta’ para inversionistas. No es ésta una agricultura que le dé de comer a la gente en formas justas y sustentables».

Las narraciones que llegan de Asia, África y América Latina revelan que las comunidades locales están siendo despojadas como nunca antes de su única fuente de seguridad de vida y alimentación. Los informes indican que por lo menos 50 millones de hectáreas de buenas tierras agrícolas —suficientes para darle de comer a 50 millones de familias en India— fueron transferidas de los campesinos a las corporaciones tan sólo en los últimos años. Los agentes de inversión calculan que ya se han comprometido unos 25 mil millones de dólares a nivel global, y alardean que la cifra se triplicará en un futuro muy próximo. Los principios de «inversión agrícola responsable» le ofrecerán una careta de respetabilidad a estos inmensos negocios de tierras.

«Los principios de IAR son peligrosamente engañosos», dijo Shalmali Guttal, de Focus on the Global South. «Las corporaciones y los gobiernos ganarán, pero las comunidades locales, los ecosistemas y las futuras generaciones habrán de perder; la apropiación de las tierras rurales de los pueblos es completamente inaceptable, no importa qué lineamientos se sigan».

«La violación de las leyes internacionales de derechos humanos es una parte intrínseca del acaparamiento de tierras», afirmó Sofía Monsalve, de FIAN Internacional. «Son violaciones a los derechos humanos las expulsiones por la fuerza, los cierres de vastas extensiones de tierra que ya no podrán utilizar ni ahora ni el futuro los pueblos rurales, la introducción de modelos de agricultura y uso del suelo que destruyen los ambientes naturales, la tajante negativa a dar información, y el impedir una participación local significativa en las decisiones políticas que afectan las vidas de la gente».

Maria Luisa Mendonça de la Red Social para la Justicia y los Derechos Humanos en Brasil dijo que «La nueva ola de acaparamientos de tierra tendrá efectos devastadores en la Amazonía y en El Cerrado, al darle luz verde a las ilegales actividades de los grandes ganaderos, las agroempresas y las compañías mineras y madereras que destruyen los bosques protegidos y la biodiversidad propia de la producción alimentaria de los campesinos e indígenas en sus territorios».

Según Ibrahim Coulibaly de la Coordinación Nacional de las Organizaciones Campesinas de Mali, miembro de La Vía Campesina, «El acaparamiento de tierras es bandolerismo de Estado; tiene que ver con arrebatar o tomar el único recurso que le queda a la gente para dárselo a quienes ya tienen demasiado, a aquéllos que ya son extremadamente ricos. Eso es inaceptable».

El pronunciamiento conjunto llama en cambio a impulsar una renovada y genuina reforma agraria y una inversión agrícola que apoyen a los campesinos y productores en pequeña escala a que produzcan en sus propias tierras por medios agroecológicos.

El pronunciamiento Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras, no de darle una fachada de «responsabilidad», puede encontrarse en castellano en http://www.grain.org/o/?id=113.

Contactos:

Henry Saragih, La Vía Campesina, Indonesia: +62-811655668

Devlin Kuyek, GRAIN, Canadá: +1-514-571-7702

Shalmali Guttal, Focus on the Global South, Tailandia: +66-2 218 7383/4/5

Kirtana Chandrasekaran, Amigos de la Tierra Internacional, Reino Unido : +44-79-61986956

Sofia Monsalve, FIAN, Alemania: +4962216530030

Maria Luisa Mendonça, Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, Brasil: +55-11-81679951

 

Contra el acaparamiento y por la recuperación de nuestra tierra y nuestros territorios

Nosotras, las mujeres indígenas, manglareras, campesinas, pescadoras, montubias, afroecuatorianas, mestizas, cholas, del campo y la ciudad, mujeres profesionales, amas de casa, lesbianas, jóvenes, jubiladas, adultas mayores, discapacitadas, unidas en la diversidad, que nos encontramos organizadas en varios grupos, organizaciones y colectivos sociales, mujeres diversas y populares nos manifestamos en el Día Internacional de la Lucha Campesina. Nos es necesario hacer presencia y levantar la voz política de la igualdad en medio de las diferencias, la voz política de los sueños y las demandas, una voz unitaria, una voz cultural y ancestral, una fuerza política y social que el capitalismo y el patriarcado no han podido callar.

 

En este día nos sumamos a la demanda de detener el acaparamiento de tierras y nos enfilamos en la lucha por la recuperación de nuestra tierra y nuestros territorios. Denunciamos y rechazamos el modelo neo-extractivista, agroexportador que, bajo discursos progresistas, se viene implementando en nuestro país. Denunciamos y rechazamos la violencia, opresión y explotación que padecemos las mujeres del campo y la ciudad.

Es preciso acelerar los pasos en la búsqueda del Buen Vivir o Sumak Kawsay, creemos de manera firme que el Buen vivir debe recoger también las demandas y aportes de las mujeres, debe tener un abordaje mucho más integral. Para nosotras, el Buen Vivir pasa por nuestros cuerpos, por la soberanía de nuestro primer territorio que es el cuerpo para poder decidir sobre él, pasa por el derecho a vivir una vida sin violencia, pasa por reconocer las tareas, el papel y el peso que las mujeres tenemos dentro de la economía y reconocer el trabajo que las mujeres realizamos en el cuidado del ambiente y de la naturaleza , de poder compartir los saberes, de poder reproducirlos, mejorarlos y mantenerlos dentro del cuidado de la salud, de la vida humana misma.

El Sumak Kawsay no será posible sin:

* la concreción de una vida sin violencia, explotación, exclusión y opresión sexual, por la que las mujeres hemos luchado y seguiremos luchando permanentemente.

* un nuevo modelo de desarrollo post-extrativista, basado en el cumplimiento de los derechos de la naturaleza y soberanía sobre nuestros cuerpos y recursos naturales

* una Reforma Agraria y Urbana con equidad de género, con criterios no consumistas ni acaparadores en el uso de los recursos naturales, en el acceso a vivienda digna y en el manejo territorial.

BASTA YA¡ DE DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PORQUE A UN SIGLO DE LA DECLARACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES, SEGUIMOS LUCHANDO¡ ASAMBLEA DE MUJERES POPULARES Y DIVERSAS DEL ECUADOR

Organizaciones rurales hicieron público un proyecto de ley a fin de evitar los desalojos de los campesinos. Mañana lo llevarán al Congreso Nacional.

Por Darío Aranda

Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.

“El modelo agrario dominante genera sistemáticamente atropellos a los derechos humanos. Proponemos otro modelo, con soberanía alimentaria, con reforma agraria integral y reconocimiento a los campesinos e indígenas como los verdaderos productores de los alimentos diversificados y sanos”, explicó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que ayer conmemoró los hechos sucedidos en Brasil mediante marchas, radios abiertas e, incluso, la inauguración de una escuela campesina en Jocolí (Mendoza).

Desde hace un año, el MNCI junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares debaten (y consensuaron) el proyecto de “Ley de freno a los desalojos”, que será presentado mañana en el Congreso. Se solicita detener los desalojos durante cinco años e insta a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.

La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo, denuncia el avance minero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.

Ya han comprometido su apoyo los legisladores de Nuevo Encuentro y “referentes de distintos bloques”. Todas las organizaciones impulsoras tienen afinidad y apoyan, aunque con distinto nivel de adhesión, al gobierno nacional. Por lo cual confían que será bien recibida por sectores del oficialismo. Como guiño al Gobierno, las organizaciones centran sus críticas sólo en la Mesa de Enlace y las “transnacionales del agro”.

Durante el debate del proyecto de ley, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, se reconoció que la extranjerización de la tierra (caballito de batalla de Federación Agraria) no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios, ya que los desalojos y el avance sojero son protagonizados por compatriotas con aval de la clase política y el Poder Judicial. “No rechazamos debatir la extranjerización, pero la cuestión de fondo es la tierra para qué. Nosotros decimos para quien la trabaja, campesinos e indígenas, y con función social y títulos comunitarios”, explicó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).

La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, revela que el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias controlan la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría de campesinos, cuenta sólo con el tres por ciento de la tierra.

No hay cifras oficiales sobre desalojos. El MNCI afirma que en la última década fueron expulsadas del campo al menos 200 mil familias. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos, casi ocho millones de hectáreas en disputa. El 89 por ciento de los conflictos se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, que trajo la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, afirma.

La soja representa 50 millones de toneladas y abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2016 planifica aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará avanzar sobre nuevas tierras, hoy en manos de campesinos e indígenas.