Mes: octubre 2012

Miércoles 31 de Octubre de 2012

Testimonio de Juana Bats Puaj y Daniel Pascual (Vía Campesina Guatemala) en acto de solidaridad de CLOC-VC

Descargar: MP3 (28.9 MB)

La historia reciente de Guatemala es una invitación a perder la capacidad de asombro. A pesar de la alternancia de partidos y presidente en el poder, la violencia contra las comunidades campesinas e indígenas representa una continuidad escalofriante.

Así lo explicó en su alocución en el marco de un acto de solidaridad realizado en “El Ciprés”, en la capital nicaragüense, Daniel Pascual, referente de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) de ese país centroamericano.

Pascual dijo que la represión “es parte de la imposición del modelo neoliberal, desde los desalojos, los procesos judiciales, las amenazas, las detenciones y los asesinatos violentos”.

Como ejemplos recientes citó el caso del desalojo masivo en 2011 en el Valle del Polochic por parte de una empresa cañera con el saldo de tres campesinos indígenas asesinados, viviendas y cultivos de autoconsumo destruidos, quemados con saña. Asimismo la reciente masacre en Totonicapán con el saldo de ocho indígenas mayas asesinados y otro tanto en Santa Cruz Barillas.

Lo principal de la conducción presidencia de Otto Pérez Molina –general retirado él mismo- proviene precisamente de filas castrenses, respondiendo así a una lógica represiva, que además busca autolegitimarse impulsando mejorías presupuestales y de potestades de acción a la fuerza armada, dijo Pascual.

Precisamente uno de los pilares de las casino greece comunidades agrupadas en los “48 cantones” para realizar varios cortes en la carretera Interamericana, a comienzos de octubre, fue el rechazo a una reforma constitucional que busca legalizar ese militarismo que exhala la administración de Pérez Molina.

“Tenemos clarísimo que estamos en un proceso de remilitarización del país para controlar las diferentes luchas”, dijo Pascual.

Antes de la intervención de Pascual había dado su testimonio la sobreviviente de la masacre de Totonicapán del pasado 4 de octubre, Juana Bats Puak de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala y que fuera entrevistada por Radio Mundo real durante la I Asamblea Continental.

En audio adjunto pueden escucharse pasajes de ambos testimonios.

Foto: Escuela Obrero Campesina “Francisco Morazán”, ATC Nicaragua

Miércoles 31 de Octubre de 2012

Por Rocío Alorda

Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Complejo panorama es el que vive actualmente el movimiento mapuche al sur de Chile. Con nueve comuneros presos que estuvieron en huelga de hambre —cuatro mantuvieron la huelga por más de 60 días—, junto a violentos enfrentamientos entre comunidades mapuche y fuerzas policiales en el sur del país, el gobierno de Sebastián Piñera firmó el 8 de octubre un decreto supremo que establece el Área de Desarrollo Indígena (ADI) en la comuna de Ercilla…

Complejo panorama es el que vive actualmente el movimiento mapuche al sur de Chile. Con nueve comuneros presos que estuvieron en huelga de hambre —cuatro mantuvieron la huelga por más de 60 días—, junto a violentos enfrentamientos entre comunidades mapuche y fuerzas policiales en el sur del país, el gobierno de Sebastián Piñera firmó el 8 de octubre un decreto supremo que establece el Área de Desarrollo Indígena (ADI) en la comuna de Ercilla, decreto que fue aceptado por 37 de las 42 comunidades de la zona.

Las ADI fueron establecidas por la Ley Indígena de 1993, y son definidas como “espacios territoriales en los que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades”. De acuerdo con lo señalado por el gobierno, las ADI contemplan programas de adquisición de tierras, asesorías para plantaciones agrícolas, apoyo para el desarrollo de emprendimientos, recursos para mejorar la infraestructura vial y de salud.

Piñera señaló a la prensa que con el ADI se cumple la promesa de generar caminos de diálogo como única vía para solucionar el conflicto mapuche.

“Este es el camino que nos va a dar frutos, el camino del diálogo, el camino de la acción, no el de la violencia ni el de los atentados”, dijo Piñera. “Por eso, con la misma fuerza reitero mi compromiso de luchar con todas las armas del Estado de Derecho, contra los delincuentes y los violentistas que lejos de favorecer, solamente causan daño y dolor a la causa del pueblo mapuche y a la causa de nuestro país”.

Sin embargo, cinco comunidades de Ercilla, a unos 600 km al sur de Santiago, no aceptaron ser parte de la nueva institucionalidad propuesta por el gobierno, entre las cuales están la Comuna Tradicional de Temucuicui y la comunidad Wente Winkul Mapu. Es en esta última localidad de donde son originarios los comuneros presos Erick y Rodrigo Montoya, Paulino Levinao y Daniel Levipan, quienes estuvieron en huelga de hambre en la cárcel de Angol desde el 27 de agosto hasta el 25 de octubre. Levinao y Levipan fueron condenados en agosto pasado a penas de 10 años y un día de presidio por el delito de homicidio frustrado de Carabineros y 541 días por porte ilegal de arma de fuego en la comuna de Ercilla en noviembre de 2011, mientras que los otros dos comuneros están siendo procesados por otros delitos.

Con la huelga de hambre, los presos políticos mapuche en Angol buscaron la anulación de los juicios por parte de la Corte Suprema y demandaron además “la aplicación del Convenio 169 [sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo], la devolución total del territorio que hoy están ocupando las empresas forestales y los latifundistas, y la desmilitarización de las comunidades”, según informaron en comunicados emitidos desde la cárcel.

Después de mantener por más de dos meses esta medida de presión, la Corte Suprema resolvió dejar sin efecto el juicio contra Levinao por el delito de homicidio frustrado en contra del general de Carabineros Iván Bezmalinovic y ordenó realizar un nuevo juicio oral de este proceso atendiendo la falta de fundamentación del fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, manteniéndose la condena de 541 días de presidio, por porte ilegal de armas. La sentencia contra Levipán se anuló, determinando una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio por el delito de maltrato de obra a Carabineros en servicio, otorgándosele el beneficio de la remisión condicional de la pena y se ordenó su puesta en libertad una vez que se notifique de la sentencia al tribunal de primera instancia.

Por su parte los cinco comuneros que mantenían la huelga en el penal de Temuco bajaron su medida de presión unos días antes que los comuneros de Angol, una vez que la directora del gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Friés, lograra un acuerdo con el Ministerio de Justicia y Gendarmería para trasladar a los comuneros a la cárcel de Angol en donde se encuentra el resto de los presos políticos mapuche.

“Hay cuatro hermanos mapuche en la cárcel de Angol [a 45 kilómetros de Ercilla], en la cual dos de ellos han sido condenados injustamente por testigos pagados por el Ministerio Público, más dos que están a la espera de juicio oral, en el que con testigos protegidos, quieren condenar a nuestra gente. Al gobierno no le conviene hablar de esta situación”, denunció Jorge Huenchullán, werkén (vocero) de la comunidad de Temucuicui.

Para Huenchullán, el ADI “es parte de la estrategia del Ejecutivo para ocultar el verdadero conflicto, que se enfoca en la devolución total de los terrenos demandados por las comunidades y para ocultar una serie de atropellos de violencia y de negación de las movilizaciones que estamos llevando las comunidades mapuche aquí en Ercilla. Los mapuche no estamos luchando para que empiece una serie de asistencialismo para nuestra gente, por eso repudiamos la ADI, no tiene validez para nosotros”.

Historia del conflicto

El conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche se agudizó en 1974 con la promulgación por la dictadura militar [1973-90] del decreto 711 para la promoción de la industria forestal que puso fin a la propiedad comunitaria indígena. Los sucesivos gobiernos utilizaron una ley antiterrorista de 1984 para responder a la resistencia del pueblo mapuche.

En 1997, en un momento histórico en que el pueblo mapuche se encontraba debilitado, lo cual impedía avanzar en la recuperación territorial, un grupo de comunidades y lonkos (autoridades tradicionales) dieron forma a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco, Malleco y Cautín, que posteriormente tomó el nombre de Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

“En ese sentido la CAM da un paso adelante al definir una nueva forma de hacer política que tiene que ver con el paso de una acción institucional a una acción directa de sabotaje como arma política. Se da el salto en el sentido de que no se debe esperar nada de un Estado que nos ha condenado a 100 años de ocultamiento y discriminación, avanzando hacia la creación de un proyecto político propio y autónomo”, señala el werkén de la CAM, que por seguridad mantuvo su nombre en reserva.

“El territorio y la autonomía pasan a ser los ejes fundamentales de la CAM”, agrega el werkén. “Esos dos ejes son conjugados en la práctica de ejercer el control territorial: recuperando los territorios y trabajándolos, generando en esos territorios prácticas culturales, políticas y económicas como mapuche. La autonomía es un orden y una forma de trabajar disciplinadamente. Y como proyecto político tiene que ver con cómo el pueblo mapuche se desarrolla al margen del Estado”.

En el año 2002 comenzó una etapa del movimiento mapuche que el historiador Fernando Pairican denomina entre la “presión y la sombra”, periodo en que se tomaron detenidos a comuneros mapuche.

“Hasta ese año no había presos políticos sentenciados ni se les había aplicado la ley antiterrorista. Así, empezó un momento —que no ha parado— donde por demandas políticas del movimiento mapuche [los comuneros] terminaron presos y eso generó la respuesta obvia que es la resistencia desde la cárcel como la huelga de hambre”, explica. “La frontera que históricamente separaba a Chile de las zonas mapuche al sur del río Bío-Bío tiene otros códigos y la justicia se aplica de otra forma, hay una aplicación racista de la ley en la Araucanía, donde sus habitantes no son seres humanos, son indios, es la continuidad del siglo XIX”.

En julio del 2010, el conflicto entre el gobierno de Piñera y los mapuche se agudizó a raíz de una huelga de hambre protagonizada por cuatro presos mapuche que formaban parte de la CAM, incluyendo a su líder, Héctor Llaitul, contra la aplicación de la ley antiterrorista en sus casos. Ya para la fecha existía un punto común en las demandas mapuche que tenía que ver con la necesidad de recuperar los territorios ancestrales, usurpados por el Estado y empresas transnacionales.

“Lo que hoy más atormenta al pueblo mapuche es la pérdida de los territorios sagrados; eso conlleva ríos y cementerios. Con los proyectos hidroeléctricos y mineros los territorios en más peligro están al sur de Valdivia hacia la precordillera y la costa de Osorno, que son los dos entes que dan la fuerza a las comunidades, el sentir mapuche. Esas zonas quieren ser inundadas por centrales hidroeléctricas”, denunció la joven machi Millaray Huichalaf, del sector del Roble Carimallin.

Lucha por el territorio

Las comunidades mapuche ven con desconfianza las propuestas del gobierno, porque intentan ocultar el conflicto de fondo: la lucha por el territorio.

“Claramente se continúa con las políticas de llevar el conflicto a otro ámbito y no se está viendo el trasfondo de por qué el mapuche hoy está en conflicto, que es por la tenencia de la tierra. Se quiere institucionalizar el conflicto y llevarlo a una negociación, pero la tierra no se puede negociar porque la tierra es una madre; uno no vende a la madre”, señaló Huichalaf.

A criterio de Pairican, “lo que está haciendo el gobierno es configurar una triada que implica modelo económico [liberalismo], sistema político y autonomía. Están mirando aquellos países como Canadá y EEUU donde las autonomías indígenas neoliberales han dado resultado sin afectar el capital. Son experiencias donde modelo y autonomía son compatibles, a través del multiculturalismo, algo que planteó [la ex presidenta Michelle] Bachelet [2006-2010] en su gobierno. Tengamos autonomía pero neoliberal”.

Sin embargo, este modelo de autonomía neoliberal es rechazado por dirigentes indígenas, ya que el proyecto político mapuche es incompatible con el capitalismo.

“No estamos solamente frente a una lucha política sino que también es una lucha ancestral, ya que el pueblo mapuche por esencia es anticapitalista”, afirma Huichalaf. “Por eso, cualquier otra forma de organizarse es peligroso para este sistema. Hoy nos estamos levantando con una clara convicción, con un fundamento político, social y espiritual, como un pueblo integral”. —Noticias Aliadas.

Miércoles 31 de Octubre de 2012

Nuevas tecnologías

Aunque existe una moratoria internacional contra la geoingeniería, los promotores de la manipulación climática no muestran escrúpulos para avanzar sus objetivos, aunque sea ilegalmente y abusando de comunidades indígenas.

Un caso de fertilización oceánica a gran escala (una de las técnicas de geoingeniería) realizado recientemente afuera de las costas de Canadá, ha levantado una marea de protestas nacionales e internacionales, llegando hasta la India, a las recientes sesiones del Convenio de Diversidad Biológica que justamente tenía en su agenda el tema de la geoingeniería.

Detrás del proyecto está un conocido cuatrero de la geoingeniería: Russ George, ex director de Planktos Inc, empresa que quebró después de la instalación de la moratoria contra fertilización oceánica en Naciones Unidas. George intentó hacer este tipo de vertidos antes en las islas Galápagos y Canarias, pero fue detenido.

Esta vez, Russ George, renacido como jefe científico del proyecto, realizó un vertido de más de 100 toneladas de partículas de sulfato de hierro a 200 millas de Haida Gwaii, llamado antes Queen Charlotte Islands, en el Pacífico canadiense. Para lograrlo, presentó el proyecto a una aldea de la nación indígena Haida, como recuperación del salmón, alegando que el crecimiento de plancton aumentaría la pesca y la economía de la empobrecida comunidad. Además, les auguró cuantiosos ingresos por la venta de créditos de carbono. Un colega suyo, John Disney, que antes tenía una empresa de créditos de carbono, le ayudó a entrar a la comunidad, porque aunque no es indígena, es oficial de desarrollo del consejo comunitario.

Con estas promesas, sin informarles de las moratorias existentes en Naciones Unidas, y pese a la polémica y divisiones que surgieron en la comunidad por el tema de créditos de carbono, formaron la empresa Haida Salmon Restoration Corporation (HSRC), donde la comunidad es accionaria y es quien aparece ahora como responsable del vertido. Para financiar el proyecto, la empresa recibió más de un millón de dólares de fondos de un fideicomiso para desarrollo de los Haida, y asumió un préstamo de otros 2.5 millones de dólares, dinero que usaron Disney y George para contaminar el mar con este vertido. Así, la eventual bancarrota de este nuevo emprendimiento de estos cuatreros y las deudas que queden, serán cargadas a esta comunidad indígena.

Luego de conocer los hechos, el consejo de la nación Haida emitió un comunicado condenando el proyecto.

George recibió también apoyo de instituciones oficiales de Estados Unidos y Canadá, con sofisticados equipos para realizar y monitorear las actividades. Por tanto, ambos gobiernos contribuyeron a la violación de las regulaciones internacionales, aunque ante el escándalo, alegan que no tenían conocimiento del proyecto en totalidad.

La fertilización oceánica se basa en la teoría de que si se agrega hierro o urea en ciertas zonas del mar, se provoca un aumento súbito de plancton, lo cual absorbe carbono de la atmósfera y luego lo lleva al fondo del mar. Esta teoría llevó a la creación de empresas que pretendían usar el método para obtener créditos de carbono y comerciarlos. Planktos, la más conocida, vendía indulgencias de carbono a cualquier persona, que luego introducir sus datos en una calculadora de carbono en la página electrónica de la empresa –según tamaño de familia, tipo de vivienda, automóvil, etcétera– se le informaba la suma que debía pagar a Planktos para que la empresa echara al mar la cantidad de hierro equivalente a su deuda.

Planktos trató de realizar un vertido a gran escala en 2007 en los mares de las islas Galápagos, pero Ecuador reaccionó a tiempo para impedirlo, y esto fue determinante para que el convenio de Londres (sobre vertidos y contaminación en los mares) llamara a tener extrema precaución con la fertilización oceánica por sus graves impactos potenciales. Posteriormente, el convenio de diversidad biológica (CDB) fijó una moratoria contra la fertilización oceánica, exceptuando experimentos de pequeña escala, solamente para investigación científica y que en ningún caso pueden recibir créditos de carbono. En 2010 extendió la moratoria a la mayoría de las propuestas de geoingeniería, tanto marinas como terrestres y de manejo de la radiación solar.

Existen numerosos estudios científicos que muestran que la fertilización oceánica produce un aumento súbito de plancton, pero esto lleva a un desequilibrio de la cadena alimentaria marina, además de otros efectos graves como falta de oxígeno en las capas más profundas del mar, produciendo muerte de la vida en esos estratos, crecimiento de algas tóxicas y otros. Además, la absorción de carbono no es permanente, ya que vuelve a la superficie a través de la cadena alimentaria.

El vertido realizado ahora en Haida Gwaii cubre más de 10 mil kilómetros cuadrados, por lo que científicos marinos han expresado su alarma y repulsa por el proyecto. Los impactos, afirman, se verán en los próximos meses y años.

Canadá, como firmante de los convenios internacionales que establecen la moratoria contra fertilización oceánica y geoingeniería, deberá dar cuenta ante ellos. En las negociaciones del CBD en India, Canadá obstruyó activamente que se tomaran nuevas medidas para prevenir el uso de la manipulación climática, por ejemplo, que se limitara la investigación solamente a laboratorio. ¿Le bastará con 10 mil kilómetros cuadrados de contaminación marina?

Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Miércoles 31 de Octubre de 2012

Las semillas agrícolas son la base de la soberanía de los pueblos. Su libre intercambio y circulación garantiza la reproducción de la diversidad y de la vida. ¿Qué pasa cuando este patrimonio colectivo de los pueblos queda en manos de empresas transnacionales?; ¿Qué pasa con el derecho a la alimentación?

Por estos días la preocupación se extiende por todo el país en el marco de la hermética discusión sobre una nueva Ley de Semillas que profundizaría más aún su control corporativo. enREDando consultó al especialista Carlos Vicente, de la organización GRAIN, quien nos ayuda a encontrar claridad sobre un tema vital y complejo.

“La naturaleza es pródiga. Despilfarra una abundancia admirable para asegurar la continuidad de la especie (…) Ella no ejerce control de calidad sobre cada una de sus semillas. En el ciclo de la vida, la que no germina servirá de alimento para otras especies. Por eso el despilfarro no significa desperdicio. La generosidad es tanta que no hay como concentrar todo en pocas manos. Diariamente se constata: una gran producción sin reparto causa hambre. El monopolio es antinatural”, observa con lucidez el brasilero Werner Fuchs.

Sin dudas los ciclos de la naturaleza, múltiples y perfectos, garantizan la reproducción de la vida y lejos están de las lógicas capitalistas de acumulación. Las comunidades originarias y pueblos campesinos del mundo consideran a la semilla como sagrada, como alimento que nutre, que da vida, por eso es considerada patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Privatizarla significa mercantilizar la vida, cercenar la capacidad de los pueblos de decidir sobre la producción y el consumo de los alimentos.

Por estos días, el Ministerio de Agricultura junto a las Cámaras Semilleras y sectores del agronegocio se encuentran discutiendo un nuevo texto para la Ley de Semillas, según los borradores que se conocen y por las declaraciones públicas de algunos funcionarios, puede interpretarse que a través del nuevo articulado la política nacional de semillas seguirá subordinada a las exigencias de las empresas transnacionales. La discusión de la Ley hasta el momento se presenta como una decisión hermética entre el gobierno nacional y las multinacionales, y es casi nulo el margen de discusión y de incidencia que tienen las organizaciones y movimientos campesinos, que serían los principales afectados por estas reformas.

“Lo central del anteproyecto de Ley es que avanza en la privatización de las semillas y potencialmente de toda nuestra biodiversidad. Es importante remarcar que las organizaciones que encaramos esta campaña nos oponemos a todos los derechos de propiedad intelectual sobre formas de vida, y por lo tanto, cuestionamos también la ley de semillas del año 73. Pero este anteproyecto aumenta el control corporativo sobre las semillas, prohíbe un derecho fundamental como lo es guardar semilla y permite un sistema de policía privado para sostener el control por parte de las corporaciones del monopolio sobre las semillas”, nos explica Carlos Vicente, responsable de comunicación de GRAIN para América Latina y miembro del Foro de la Tierra y la Alimentación, en diálogo con enREDando.

“La Ley se encuentra en discusión en el ámbito del Comisión Nacional de Semillas (CONASE) dentro del Ministerio de Agricultura y están tratando de llegar a un acuerdo con las Cámaras Semilleras y los grandes productores. A partir del anuncio público del Ministro Yahuar, la Federación Agraria Argentina se ha retirado de la mesa de negociación y, aparentemente, las negociaciones están estancadas. Pero no hay que olvidar que el Ministro expresó con claridad el deseo del Gobierno de presentar el Proyecto al Parlamento antes de fin de año”, agrega Carlos con preocupación.

¿Qué significa política y ambientalmente monoplizar nuestras semillas? “Significa tener el control de nuestro sistema alimentario desde la base misma de la agricultura que son las semillas. Así pueden decidir claramente qué podemos comer y cuanto tendremos que pagar para hacerlo. Por supuesto que este control desde la base se extiende a toda la cadena y está siendo implementado de manera agresiva por el agronegocio con el consentimiento y la complicidad de los gobiernos”, señala Carlos.

Por la Soberanía Alimentaria

La preocupación de las organizaciones y movimientos campesinos nucleados en el Movimiento Nacional Campesino Indígena/ CLOC – Vía Campesina se ha ido extendiendo de norte a sur del país, a través de movilizaciones, actos de visibilización y la difusión del documento 10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina.

En distintas geografías del país el reclamo es común: la defensa de la vida, el repudio al voraz avance del agronegocio y a la connivencia política. “Por ahora no se ha abierto ninguna instancia de consulta, las solicitudes que hemos hecho algunas organizaciones para acceder a un borrador del anteproyecto no han tenido ninguna respuesta”, agrega Vicente.

Desde el 16 de octubre, Día de la Soberanía Alimentaria, en Rosario se vienen realizando acciones públicas de denuncia y concientización de la mano de un conjunto de organizaciones sociales, culturales y políticas que luchan contra el modelo de explotación y saqueo, comercialmente llamado agronegocio. “Llamamos a rechazar este proyecto de ley diseñado por la multinacional Monsanto y el Gobierno Nacional, que fomenta la privatización de la vida y del conocimiento, profundiza el control monopólico de la cadena alimentaria, restringiendo, aún más, la capacidad del pueblo de decidir sobre la producción y el consumo de los alimentos”, expresó el colectivo de organizaciones en un comunicado.

Semillas verde dólar

Detrás de cada semilla hay gran cantidad de información, de conocimientos y saberes ancestrales. Su libre uso e intercambio es un tema vital para la humanidad que los poderes manejan a puertas cerradas. Quien tiene el dominio de las semillas, domina nada menos que la vida y la alimentación de los pueblos. La circulación e intercambio de semillas ha estado entre las prácticas más importantes de la agricultura tradicional pero se ha ido perdiendo con la industrialización de los procesos y el monopolio por parte de las transnacionales.

En nuestro país, el proceso de industrialización de la agricultura de profundizó en la década del 90 con la imposición del monocultivo, el desplazamiento del cultivo de especies locales por especies para exportación, la creación de variedades “mejoradas” e híbridas y el control de las semillas a través de los derechos de propiedad intelectual.

“Durante los años 90 el agronegocio se consolidó como modelo dominante en Argentina de la mano de la llegada de los transgénicos y su avance arrollador hasta llegar a las más de 20 millones de hectáreas de soja transgénica que están sembrándose en este momento. Para hacerlo fue necesaria la complicidad del menemismo que de la mano del entonces Subsercretario de Agricultura Felipe Solá creó las condiciones pseudo legales para posibilitarlo», detalla Carlos.

En ese marco enumera la creación de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), que abre las puertas para aprobar los transgénicos sin ninguna investigación independiente (1991); la reglamentación de la Ley de Semillas del 73 para incrementar los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas (1991); la aprobación por resolución ministerial «en 81 días» de la soja transgénica de Monsanto resistente al glifosato a través de un expediente de 146 páginas presentado en inglés, en el año 1996. «A este panorama hay que sumarle la modificación de la Ley de Patentes, del año 94, que abrió las puertas para el patentamiento de los eventos biotecnológicos. Lamentablemente el nuevo desembarco de Monsanto en Argentina de los últimos meses tiene características muy similares al de aquellos días”, detalla Vicente cada uno de los pasos perfectamente planificados y ejecutados dentro de esta estructura de poder al servicio del dios dinero.

¿De qué se habla cuando se dice «régimen de propiedad intelectual de las semillas»? Cómo afecta esto a la agricultura campesina y familiar?

– Las formas de propiedad intelectual sobre las semillas que se han instrumentado durante los últimos 50 años han sido dos: los derechos de obtentor regulados por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y las patentes. Lo que se está tratando de implementar con la modificación de la Ley de Semillas es la aplicación de la norma de UPOV 91 que avanza hacia un sistema muy similar al de las patentes. Este régimen tiene múltiples impactos sobre la agricultura familiar y campesina: impone semillas provistas por el mercado corporativo, exige la compra de semillas cada año incrementando los costos de producción, ilegaliza y erosiona el uso y conocimiento de las semillas nativas y criollas, permite la apropiación de las mismas por las corporaciones y pone a los agricultores en manos de Monsanto y las demás corporaciones del agronegocio al poder estas llegar a controlar las semillas y la producción en cualquier predio para garantizar que no estén usando «sus semillas».

La nueva planta de producción de semillas de Monsanto, la introducción de una nueva soja transgénica y la ley de semillas, podrían encuadrarse dentro del avance de las multinacionales sobre nuestros recursos: ¿Qué hacer desde el pueblo y las organizaciones para frenarlo?

– Las resistencias que han surgido y se han fortalecido durante los últimos años demuestran que nuestra sociedad está reaccionando y poniendo freno al avance corporativo: la lucha contra las fumigaciones, el repudio a la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas y el rechazo a este intento de modificar la Ley de Semillas son una muestra clara de ello. Por supuesto que existen alternativas, la Soberanía Alimentaria y las Semillas como patrimonio de los Pueblos al servicio de la humanidad que propone la Vía Campesina y el Movimiento Nacional Campesino Indígena son un camino que hoy es abrazado por millones de personas en el campo y la ciudad. Para que estas propuestas se conviertan en políticas públicas tendremos que recorrer un largo camino. ¡Pero las semillas ya están sembradas y no podrán ser privatizadas!

Por Vivi Benito

Miércoles 31 de Octubre de 2012

GRAIN, editorial de la revista «Biodiversidad, sustento y culturas» 74

La foto nos muestra un mural con un niño comiendo una mazorca de maíz. Es una pared apropiada por la gente, que en alguna comunidad decidió expresar la importancia de comer maíz, de cultivarlo. En verdad, aunque no lo muestre el mural, esa mazorca en labios de un niño nos habla de la resistencia que crece en defensa de nuestra subsistencia más fundamental, ésa que en principio resuelven las propias familias, las propias comunidades. Los pueblos organizados. Soberanía alimentaria que le dicen, y reivindican más y más regiones. Qué más claridad para hablar de la urgencia que muros pintados con el sagrado maíz de tantos pueblos.

Hasta la misma FAO, tan ajena a como miran los pueblos hoy en día, no puede negar que un buen porcentaje de los alimentos, a nivel mundial, los produce la gente para sí misma y su región y alimenta a una buena porción de la humanidad. Y claro, no sólo es el cultivo, es también la recolección, el pastoreo, la caza y pesca, los animales de traspatio y sus lácteos, huevo y carne. Pero las semillas tienen un lugar fundamental en ese universo de cuidado certero, lúcido, obsesivo que es trabajar el campo por cuidar el mundo, y cuidarlo para subsistir con dignidad, imaginación y sentido de pertenencia.

Decir semillas es decir saberes colectivos. Esos llamados saberes locales que como hemos repetido, no son cosas, son tejidos misteriosos de relaciones que se remontan en muchas direcciones hacia la historia propia y común de comunidades, pueblos, regiones, naciones, que comparten un pasado común y búsquedas semejantes en el presente.

Reconocer que el saber se construye en colectivo es fundamental para entender cómo cuidar de las semillas. La pregunta es cómo ser respetuosos con lo que es herencia de millones de familias que vinieron antes de nosotros. Y que, como nosotros, tuvieron siempre en su vida la encomienda, el encargo, por el futuro.

Hoy, los gobiernos, las agencias multilaterales y las corporaciones a las que sirven, están empeñados en constreñir el flujo infinito de saberes comprometidos en la transformación y reforzamiento de las variedades inmemoriales de los cultivos mediante leyes de certificación, de propiedad intelectual, patentes o derechos de obtentor, de propiedad industrial o cualquier otro artilugio para someter la imparable transformación de las semillas.

Hoy entonces debemos entender que cuando los saberes [y las semillas] se patentan, lo que se busca es ejercer un control corporativo y gubernamental sobre algo que sólo los pueblos y comunidades deberían decidir; es impedir tajantemente que los pueblos puedan seguir su camino infinito de creación. Debemos entender que eso es la muerte, la erosión, la destrucción de la creatividad social que durante milenios propició la biodiversidad, y la muerte misma de la biodiversidad, con todo el enorme impacto que eso tendrá sobre la subsistencia, la seguridad y la soberanía alimentarias.

Tal destrucción de bienes y ámbitos comunes avanza imparable al proliferar los intentos en Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Argentina, Uruguay, Guatemala y México, sin contar los intentos de la Revolución Verde en África.

Nos debe quedar claro que toda certificación es un paso obligado para la privatización, y para el control policiaco que ésta entraña.

Tal vez por eso existe ahora un arcoiris impresionante de iniciativas que buscan defender las semillas de libertad, el libre intercambio de semillas, la libertad irrestricta para custodiar, guardar, intercambiar y trasegar semillas y material vegetal de reproducción.

Y son iniciativas importantes que debemos valorar como una resistencia contra tales controles impuestos.

No obstante, debemos insistir entre nosotros, entre las organizaciones y comunidades que vamos reconociéndonos en la confianza, que lo crucial de las semillas es que son indisolubles de sus saberes. Y el saber se construye en colectivo, como ya decíamos. Si el saber y las semillas se potencian en colectivo, hay la premisa inescapable de poner en el centro de la libertad de las semillas, ése su ser tejido de relaciones. Su entramado de saberes asociados, que es inseparable de quienes durante milenios las cuidaron y siguen cuidándolas y cuya sabiduría no procede de unos cuantos meses o años sino de milenios de cuidado: los pueblos indios, los pueblos campesinos.

Si esto es así, terminamos reivindicando que las semillas no son cosas y su intercambio no puede ser locuaz, irresponsable, descuidado, sin miramientos. Debe tener sus cuándos y sus cómos. Debe obedecer a los canales de confianza que durante milenios han sido la mejor custodia conocida para mantenerlas vivas y fuertes.

Lo libre del intercambio siempre está inmerso en un nicho, obedece a una serie de cuidados —podría decirse que a normas no escritas—, a un entorno, a un ambiente de responsabilidad, de confianza, a un territorio: no puede ser nada más así ni en cualquier espacio o momento.

Aunque suena bien, hacerlas del dominio público no es suficiente, porque declararlas libres no les confiere de inmediato el cuidado que sí pueden garantizar las relaciones donde están inmersas las semillas (y sus saberes asociados). Porque el cultivador individual no es nada ante la comunidad con quien construye y remodela los saberes; una comunidad que obedece a la sabiduría acumulada de los pueblos ancestrales que en crianza mutua siguen conservando vivas las variedades existentes.

Apelar tan sólo a las técnicas agroecológicas contemporáneas descuida todo el saber acumulado que tenemos que valorar estableciendo un diálogo de saberes entre lo ancestral y su cotejo o contradicción contemporánea. Los campesinos indígenas actuales son los herederos directos de los miles de años de trabajo compartido, de construcción de saberes muy minuciosos que siguen funcionando. La demostración es que los cultivos están fuertes, son sumamente diversos y las corporaciones y agencias de investigación las ambicionan como locos.

Las semillas, sus saberes, son bienes comunes invaluables. Son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Sin la construcción histórica comunitaria de los pueblos indios y campesinos, sin esa sabiduría de tantos siglos, las semillas como las conocemos no existirían. No será posible defenderlas sólo con los conocimientos y las técnicas actuales. Siendo un reflejo directo de los pueblos con quienes conviven, es indispensable protegerlas fortaleciendo los territorios, la autonomía, la vida libre y abierta, con justicia y dignidad que reivindican los pueblos que en crianza mutua pugnan por la libertad de sus semillas.

Este fortalecimiento de territorios y autonomía, de la resistencia para defenderlos, tampoco es una obra individual; su saber y su manera es también algo construido en colectivo a partir de las visiones comunes de los pueblos, de las comunidades.

Biodiversidad, sustento y culturas, está entre otras cosas, para defender esta libertad, y sus cuidados milenarios, que siguen vivos.

Miércoles 31 de Octubre de 2012

AL CAMPESINADO Y A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PARAGUAY

El gobierno de facto de Federico Franco, médico de profesión, ha liberado ilegalmente cuatro variedades de maíz transgénico, desoyendo las voces del mundo que denuncian los gravísimos efectos sobre la salud que trae su consumo, entre ellos tumores y cáncer, lo que se suma a los daños que producen los agrotóxicos con los que están irremediablemente ligados.

Esta decisión se suma a otras determinaciones ilegales que tomó: la liberación del algodón transgénico sin cumplir con requisito alguno; la derogación de los procedimientos para la evaluación de estos eventos; y la eliminación ilegal de la obligatoriedad de la licencia ambiental para la liberación de transgénicos, entre otras.

El desprecio a compromisos internacionales ratificados y la decisión de desconocer el principio precautorio se muestran con la autorización ilegal del ingreso y siembra de todo tipo de transgénicos que se encontraban prohibidos hasta el golpe de Estado.

El pueblo paraguayo presencia atónito la carrera contra el tiempo y contra la ley que este gobierno está protagonizando en su afán de asegurar la entrega de la soberanía nacional a intereses externos en los pocos meses que le quedan.

Ante la inminente destrucción de nuestras semillas que constituyen nuestro invalorable patrimonio genético por la decisión del gobierno de permitir la introducción de semillas de maíz denunciadas como cancerígenas que contaminarán nuestros maíces que hasta hoy son únicos, de altísima calidad y base de la alimentación de la población nacional y de nuestras tradiciones culturales primigenias atentando contra nuestro derecho a la alimentación que como Estado está obligado a garantizar.

Ante la decisión de que los escasos recursos que aun percibimos los agricultores tradicionales también sean derivados a las arcas de las empresas multinacionales y sus aliados oligárquicos locales

Ante la criminal decisión de imponernos el maíz transgénico lo que representará el fin de la existencia de los maíces tradicionales del Paraguay, pues, desde el momento en que éstos se contaminen con los transgenes patentados, las empresas propietarias reclamarán su propiedad e impedirán el acceso a los agricultores a sus variedades tradicionales, salvo pago de derechos de uso.

Ante la constatación realizada en la feria de semillas desarrollada entre el 16 y el 18 de setiembre pasado, donde productores y fitomejoradores campesinos e indígenas de todo el país, acercaron muestras de más de 40 variedades locales de maíz constatándose que los mismos hasta ahora no se encuentran contaminados con transgenes por lo que orgullosamente podemos decir que los esfuerzos de los productores campesinos para proteger sus variedades tradicionales, han resultado óptimos.

Las organizaciones campesinas, indígenas abajo firmantes DENUNCIAMOS A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

1. Este acto adicional de traición a la Patria, que socava nuestra soberanía, no tiene parangón y es superior a cualquier acto ‘terrorista’ que se haya cometido en nuestro país.

2. Que la publicitada promesa de contribución de los transgénicos a la reducción del hambre no es más que una falacia. Los transgénicos han dejado un mundo de aun mayor desigualdad en la distribución de los alimentos y las cifras de hambrientos en el mundo no ha parado de aumentar afectando actualmente a 1000 millones de seres humanos.

3. Que los muy mentados beneficios económicos del maíz transgénico quedarán exclusivamente en manos de empresas trasnacionales, de políticos y de agroexportadores.

4. Que las variedades Bt de maíces transgénicos también autorizadas son variedades insecticidas que eliminan indiscriminadamente los insectos benéficos y contaminan la miel con su polen toxico, exacerbando la incidencia de casos de alergia en humanos y representan un peligro para el ambiente.

5. Que este gobierno violando sus obligaciones expone a la población campesina e indígena a la pérdida de su capacidad de producir alimentos, a la pérdida de su soberanía y seguridad alimentaria y a la conculcación de su derecho humano a la alimentación.

Llamamos a todos los ciudadanos de bien a movilizarse para rechazar el uso de maíz transgénico en nuestro país, exigiendo a las autoridades que usurpan actualmente el poder a rever su decisión, exigiendo en los mercados garantías de que el maíz que nos venden no sea genéticamente modificado.

Llamamos a todos los ciudadanos a asegurar que personas como el Ministro Cardozo no logren acceder a fueros parlamentarios para eludir rendir cuentas al pueblo por las ilegalidades cometidas en el ejercicio de sus cargos.

Llamamos a la defensa de la alimentación de todos los paraguayos y paraguayas de bien, evitando, comprar, consumir, sembrar las variedades de maíz transgénico. Boicot total a ellos!!!

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

CONAMURI

BASE IS

ESPACIO ORGÁNICO

Miércoles 31 de Octubre de 2012

Por : Antonio Turrent Fernández

El 3 de septiembre, Eduardo Camacho publicó en El Universal una entrevista con el señor José Manuel Madero, director de Monsanto en México, efectuada recientemente en Boone, Iowa, en Estados Unidos.

El director de Monsanto-México describe los planes corporativos de la empresa para salvar a México de sus déficit de maíz y algodón y transformarlo en exportador neto, mediante su tecnología de transgénicos. Por razón de espacio, me referiré solamente al caso del maíz. Se argumenta que el plan Monsanto se apoya en los resultados de las fases experimental y piloto, ya cubiertos en los estados de Sinaloa, Sonora, Coahuila, y Tamaulipas. Los pilares del plan son: 1) la siembra de un millón de hectáreas de maíz transgénico a corto plazo en el norte del país, donde no se siembra actualmente debido a las plagas y falta de agua; esta nueva superficie se sumará a 2 millones de hectáreas en maíz ya tecnificadas con híbridos; 2) sembrar maíces transgénicos con resistencia a plagas del suelo y tolerantes a herbicidas, incorporando posteriormente el gen contra la sequía; 3) infraestructura a largo plazo para el manejo del agua de riego, así como infraestructura de transporte en preparación para la exportación de granos; 4) proteger los centros de origen del maíz, aunque no en todo el país, sino sólo aquellos lugares que fueran centros de origen y de diversidad.

El gobierno mexicano ha permitido que la información técnica de las fases experimental y piloto a que se refiere el director de Monsanto-México sea manejada como secreto corporativo. Los resultados experimentales y piloto no han sido expuestos al cotejo científico independiente, mientras el acceso a las parcelas experimentales y piloto fue ampliamente restringido en su momento. La comunidad científica independiente tampoco tuvo oportunidad de opinar sobre la suficiencia de resultados que justificaran el paso expreso de la fase experimental a la piloto y ahora a la comercial. La pregunta al gobierno mexicano sería si el manejo oculto de la información era necesario para los intereses de la nación o, ¿para quién lo era?

La oferta de maíz transgénico a que se refiere el director Monsanto-México se limita a las tierras de mayor calidad. Es cierto que en el norte hay un millón de hectáreas que no se siembran con maíz debido a la falta de agua (que no debido a plagas). En realidad hay mucho más (Coahuila, Nuevo León, Sonora, Sinaloa), pero son tierras de temporal limitativo donde sólo las razas nativas siguen dominando. Monsanto no tiene tecnología para esas tierras. En estos términos, el primer pilar de los planes de Monsanto es falso. En cuanto a los 2 millones de hectáreas ya tecnificadas, Sinaloa es un ejemplo para la parte de riego (480 mil hectáreas de 1.5 millones), donde ya se producen en promedio 12 toneladas de maíz por hectárea con híbridos de maíz no transgénico. Es muy poco probable que esos rendimientos fueran superables con el uso de maíz transgénico. La experiencia en Estados Unidos muestra que la promesa es falsa. Consúltese la liga www.biotech-info.net/Bt_corn_FF_final.pdf

El segundo pilar de los planes es el cambio a maíz transgénico resistente a plagas del suelo (promesa de que se reduce el uso de insecticidas) y adaptado al uso de herbicidas (el herbicida glifosato patentado por Monsanto sustituye a otros herbicidas). Hay evidencias cada vez más frecuentes de plazo mediano (10 a 15 años) en conflicto con estas aseveraciones. En Sudáfrica y en el estado de Iowa aparecieron ya poblaciones de plagas resistentes a las toxinas Bt; en Argentina y Estados Unidos han aparecido poblaciones de la mala hierba conocida como Zacate Johnson resistentes al glifosato. Véase la liga: www.ucsusa.org/food_and_agriculture/science_and_impacts/impacts_genetic_engineering/eight-ways-monsanto-fails.html

El gen contra la sequía es otra promesa de Monsanto que hasta ahora ha fallado, como se puede consultar en la siguiente liga referente a Estados Unidos www.ucsusa.org/assets/documents/food_and_agriculture/high-and-dry-report.pdf

El carácter tolerancia a la sequía es de herencia cuantitativa que involucra centenares de genes. Es poco probable que el transgén de Monsanto sustituya a todos aquéllos. La pregunta es ¿cómo se comportó el evento de maíz híbrido Drought Gaurd en la actual gran sequía de Estados Unidos? ¿Qué superficie se sembró con esta supuesta maravilla?

El plan Monsanto no tiene vela en el entierro sobre desarrollo de infraestrucura para riego, que es un plan de la nación. Finalmente, bien haría el director de Monsanto-México en enterarse sobre la conclusión de Conabio de que todo México es centro de origen y diversificación del maíz. www.biodiversidad.gob.mx/genes/proyectoMaices.html

El problema al que se enfrenta el gobierno mexicano es ponderar las promesas de Monsanto y los intereses de la nación. El gobierno sabe que Monsanto busca reproducir su capital en México, más que salvarlo de su déficit alimentario, mientras los riesgos que asume la nación son cuantiosos; que no hay camino de vuelta, ni hay garantía ni fiador ante un posible y probable incumplimiento de las promesas de Monsanto.

Lunes 29 de Octubre de 2012

Asamblea Continental de la CLOC-Vía Campesina aprobó su Carta Orgánica

Como un paso necesario en su fortalecimiento y proyección futura, la Asamblea Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) discutió y aprobó su Carta Orgánica al tiempo que dio continuidad a algunas solicitudes de membresía.

Entre las resoluciones se encuentra ratificar las cinco regiones existentes en que se articula CLOC-VC: Caribe, Centroamérica, Andina, Cono Sur y región Norte.De igual forma reconoce a la Comisión Política Continental como la instancia que tiene la tarea de conducir, animar y acompañar las acciones dentro de las definiciones adoptadas en congresos y asambleas, plan de acción y principios estratégicos.

También reconoce las articulaciones de Mujeres y de Jóvenes y las campañas permanentes como ejes transversales de las temáticas que se trabajan desde la Coordinadora. Estas campañas son: Contra la violencia hacia las mujeres, contra los agrotóxicos, por reforma agraria integral y en defensa de las semillas campesinas y la biodiversidad.

La carta orgánica establece que la Secretaría Operativa, a cargo del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, tiene la enorme responsabilidad de garantizar la permanente dinámica entre las regiones, además de la gestión cotidiana de la representatividad de la CLOC-VC.

La Comisión Política está integrada por dos representantes de cada una de las cinco regiones, aunque quedó pendiente para resolución del VI Congreso que exista paridad de género entre esos representantes.

Por otra parte, la I Asamblea trató la dualidad con respecto a la representatividad que se tiene tanto en la CLOC como en La Vía Campesina Internacional. La Asamblea propone que los mismos que son parte de la Comisión Política sean representantes frente a la articulación Internacional.

Todas las regiones coincidieron en que se debe definir las funciones de la Asamblea Intermedia con el objetivo que permita tomar decisiones políticas como la facultad de dar membresía a aquellas organizaciones que lo soliciten.

Los más de 300 delegados y delegadas ratificaron su compromiso con la definición anticapitalista y socialista de CLOC, así como el papel de esta coordinadora en cuanto a producir teóricamente y movilizarse prácticamente contra la hegemonía, saqueo y explotación del capital.

La CLOC cuenta asimismo con un número creciente de aliados, como la Marcha Mundial de Mujeres, Amigos de la Tierra Internacional, FIAN, GRAIN, Solidaridad Suecia América Latina, entre otros.

Asimismo, la CLOC-VC propondrá a la VI Conferencia de La Vía Campesina Internacional mundializar la campaña permanente contra el uso de agrotóxicos en la agricultura e impulsar el modelo agroecológico como alternativa real para alimentar a la humanidad y enfriar el planeta.

Solicitudes de membresía

La Asamblea Continental dio el visto bueno a las solicitudes de ingreso por parte de varias organizaciones, quedando ahora en proceso de acercamiento por parte de las respectivas regiones para su incorporación definitiva a partir del VI Congreso, inicialmente previsto para 2014.

Entre esas organizaciones se encuentran: Boricuá de Puerto Rico, Consejo Nacional de Productoras de Chile; el Movimiento de Pescadores y Pescadoras de Brasil, la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras y Quilombolas de Brasil, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil y por Centroamérica la Unión Campesina Panameña.

Los delegados y delegadas de las organizaciones miembros de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), reunidas en la Primera Asamblea Continental en Managua, Nicaragua tierra de Sandino, condenamos las acciones de represión y violación de los Derechos Humanos, que durante su mandato ha desatado el Gobierno neoliberal y de extrema derecha de Ricardo Martinelli contra del pueblo panameño.

Es así que durante los últimos tres días en la discusión y aprobación de la ley 72 que permite la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón; no le importó el clamor de los colonenses y del pueblo en general que rechazan un nuevo atraco al Patrimonio Nacional. Y haciendo gala de la prepotencia que le permite impunidad de la fuerza pública (Policía Nacional) dispararon a los manifestantes recordando la masacre en Bocas del Toro en el 2010, la de San Felix en el 2011 y los enfrentamiento en Coclé, en Barro Blanco, Volcán y desalojos del pueblo Naso en el 2012; donde cegaron la vida de miembros del pueblo Ngabe-Bugle, campesinos y obreros de las bananeras que luchaban contra las concesiones mineras hidroeléctricas, criminalización de la protesta popular, destrucción de los sindicatos, la remilitarización del país y el alto costo de la vida.

Las acciones de represión mencionadas anteriormente dejaron saldos de al menos 12 muertos, 900 heridos, dentro de los cuales se cuentan mas de 100 personas que perdieron la vista, y hoy en Colon ya se cuenta un niño de 9 años muerto, 15 heridos de bala y 200 detenidos muchos de los cuales son miembros del Frente Nacional de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), cuyo sector campesino, pueblos originarios y afro descendiente está representado por la Unión Campesina Panameña (UCP).

En medio de estas violaciones a los derechos humanos y a la Madre Tierra nos solidarizamos con el pueblo panameño en general y con las luchas en defensa de los territorios, soberanía alimentaria, bienes naturales y en contra de los Proyectos de Muerte (minería, hidroeléctrica, monocultivo) que llevan los pueblos Originarios, campesinos y afrodescendiente liderados por nuestra organización hermana Unión Campesina Panameña (UCP) miembro de la CLOC y exigimos la libertad de los detenidos, el respeto a la dignidad, autonomia en las comarcas, derogación de leyes antipopulares que llevan miseria y pobreza y grandes negocios para las transnacionales, finalmente denunciamos la política de remilitarización (instalaciones de bases aereonavales, aumento del pie de fuerza del Servicio Nacional de Frontera (SENAFRONT) que reprimen y acosan a los panameños e incursiona en terrenos de los pueblos hermanos de Colombia y Costa Rica.

¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!.

¡VIVA LA SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA!

CONTRA EL SAQUEO DEL CAPITAL Y EL IMPERIO: ¡AMERICA LUCHA!

¡NUESROS MARTIRES NO SE LLORA, SE IMITAN EN EL COMBATE!

¡LA CLOC UNIDA JAMAS SERA VENCIDA!.

Dado en la ciudad de Managua Nicaragua, a los 20 dias del mes de octubre de 2012

Lunes 29 de Octubre de 2012

En Managua, reunida la I Asamblea Continental de la CLOC Vía Campesina (Coordinadora latinoamericana de Organizaciones del Campo), con más de 350 delegadas y delegados de organizaciones campesinas, afrodescendientes y de pueblos indígenas de 23 países del continente, en la tierra de Sandino, rodeados y fortalecidos por el espíritu de rebeldía y la esperanza Sandinista, que hoy se expande en el pueblo nicaragüense y avanza día a día entre los pueblos latinoamericanos, expresamos y reafirmamos nuestra solidaridad con el Paraguay:

1. Condenamos enérgicamente el Golpe de Estado parlamentario, donde se ha quebrado el Estado de Derecho, lo que implica un grave retroceso en la vida democrática del Paraguay, y de la región, en detrimento de conquistas de derechos fundamentales alcanzados por los paraguayos y paraguayas, luego de la caída de una dictadura de 35 años. Por lo tanto, desconocemos al actual gobierno del Paraguay.

2. Nos indignamos frente a la violencia ejercida desde el Estado y la oligarquía paraguaya sobre las comunidades campesinas e indígenas, en especial la trágica masacre de Curuguaty, donde fueron asesinados 11 campesinos. Hecho que fue verificado con la misión internacional de la CLOC – Vía Campesina y de organismos de ddhh internacionales. Frente a ello nos solidarizamos con las compañeras y compañeros, familiares de las víctimas y encarcelados. Exigimos el castigo a los principales responsables políticos, intelectuales y materiales.

3. La concentración de la tierra en el Paraguay, uno de los principales problemas estructurales que impide el desarrollo económico, social y cultural del pueblo paraguayo. Por ello sostenemos que sin una Reforma Agraria Integral y sin el reconocimiento de los territorios de los pueblos originarios, no podrá existir un Paraguay con justicia social, soberanía alimentaria y soberanía política y económica.

4. Repudiamos la criminalización y la represión de los movimientos sociales, así como la persecución ideológica en Paraguay, donde los y las dirigentes campesinas, sociales y populares han sido blanco de campañas de desinformación, manipulación y tergiversación desde los medios masivos de comunicación comercial.

5. Nos solidarizamos con la lucha campesina e indígena del Paraguay y nos reafirmamos en el apoyo a la construcción del Instituto Agroecológico Latinoamericano IALA Guaraní, como espacio de formación técnica científica de hijos e hijas campesinas y campesinos de Latinoamérica.

Contra el saqueo del capital y el imperio, América lucha

Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos, América lucha