21 de agosto de 2014
El ataque lanzado por parte del Estado a través de las fuerzas de seguridad en contra del pueblo Q´eqchi´ se ha pretendido disfrazar con el desalojo a la comunidad 9 de febrero ocurrido el viernes 15 de agosto, señalaron familiares de víctimas y representantes de organizaciones indígenas y campesinas de Alta Verapaz que viajaron a la ciudad capital donde brindaron una conferencia de prensa en conjunto con representantes del IV Congreso de Pueblos Comunidades y Organizaciones.
Asimismo indicaron que la movilización desde diferentes departamentos del país de más de mil quinientos efectivos de la Policía Nacional Civil -PNC-, incluyendo quienes se ubicaban en departamentos fronterizos con México es para garantizar y defender los intereses de las empresas Hidro Santa Rita y Energuate.
Representantes del pueblo Q´eqchi´ y representantes de diferentes organizaciones en solidaridad con hombres y mujeres de las comunidades en Alta Verapaz denunciaron que el resultado de las acciones represivas realizadas por la PNC en contra del pueblo Q´eqchi´ es de 3 ejecuciones extrajudiciales, 47 capturados, número similar de hombres y mujeres que presentan diferentes golpes, así como cientos de campesinos y campesinas que se desplazaron forzosamente y obligados a refugiarse en la montaña.
Denunciaron que las familias experimentaron las mismas políticas represivas que se vivieron en el tiempo de la guerra, como detenciones ilegales, allanamientos ilegales de viviendas, uso excesivo y desmedido de la fuerza, violando así los derechos humanos y protocolos establecidos a nivel nacional e internacional.
Asimismo rechazaron toda la manipulación mediática que ha llevado a cabo el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla al tergiversar todos los hechos sucedidos en Alta Verapaz; Indicaron que con esa política lo que se pretende es sembrar terror, manipular a la opinión pública y esconder la verdad de los hechos.
El objetivo de implementar la política de militarización y represión en Alta Verapaz es neutralizar la resistencia de hombres y mujeres por la defensa de la tierra y territorio y la lucha por la nacionalización de la energía eléctrica, señalaron los representantes. Asimismo enfatizaron que las agresiones fueron dirigidas a puntos claves de resistencia.
Hombres y mujeres demandaron a la Procuraduría de Derechos Humanos PDH que cumpla su papel ya que en todas las violaciones a los derechos que vivió el pueblo Q´eqchi´ estuvo ausente. Asimismo solicitaron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos OACNUDH en Guatemala que se investigue los hechos represivos y la militarización que se está realizando en esta región de Alta Verapaz.
Antecedentes de los hechos:
14 de agosto: intento de desalojo en la comunidad 9 de febrero.
La PNC, antes de llegar a la Comunidad 9 de febrero se encuentra con una protesta realizada en la carretera, por pobladores de la Comunidad Monte Olivo, comunidad organizada en el CUC. Monte Olivo se opone a la construcción de la Hidroeléctrica Santa Rita y por solidaridad realiza la manifestación en la carretera.
La PNC arremete contra quienes manifestaban y ejecutan cinco capturas Tomás Chen (52 años), Isabel Choc (28 años), Carmen Hun (51 años), Obdulia Regina Ical Hun (28 años), y Magdiel Ical Hun (23 años).
15 de agosto: desde horas de la madrugada inicia movilización de la PNC dirigiéndose de Cobán hacia la Comunidad 9 de Febrero y para el municipio de Raxruha.
Mientras que la comunidad Monte Olivo se mantenía ocupada por la Policía.
En la Comunidad 9 de Febrero se llegó a efectuar el desalojo pero las familias ya se habían retirado de la comunidad, elementos de la Policía Nacional Civil utilizó maquinaria para demoler las casas y luego procede a quemarlas.
Ese mismo día en el Municipio de Raxruha se realizó la captura de dos líderes del Comité de Desarrollo Campesino -CODECA-.
En Samococh comunidad que se ubica en la carretera que dirige a Chisec, la población bloqueó paso para exigir la liberación de los líderes retenidos, elementos de la policía que se ubicaban en Monte Olivo se movilizaron a Samococh y se enfrentan con pobladores; en dicho enfrentamiento la PNC asesinó a Luciano Can, Oscar Chen Quej y Sebastian Rax Ical.
La versión que maneja la PNC y medios de comunicación corporativos es que la población se enfrentó entre ellos, sin embargo hay evidencias claras donde muestran que fue la policía quien disparó en contra de la población.
El 16 de agosto la comunidad Monte Olivo continuaba ocupada. Una Comisión de organizaciones llega a Monte Olivo y logró que la PNC se retirara de la comunidad en horas de la tarde. Las Familias de Monte Olivo retornaron de la montaña a su comunidad.
19 de agosto. El Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla realizó declaraciones a la prensa, expresando que se mantendrá el despliegue de policía y ejército en las verapaces, utilizando el argumento realizado en muchas ocasiones de combate al narcotráfico