La Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar cuanto sigue:
Se viene realizando una seguidilla de procedimientos arbitrarios de desalojo en diferentes localidades del Paraguay con un similar modus operandi que involucra el uso desproporcionado de la fuerza pública a fin de despejar inmensas áreas pertenecientes a los sujetos de la Reforma Agraria para entregárselas a empresarios extranjeros vinculados con el agronegocio.
Para ello, toda la violencia estructural está al servicio de la minoría que puede comprar la firma de un juez, la voluntad de un fiscal y el trabajo bruto de los agentes del orden sin respetar el Estado de Derecho y violando sistemáticamente la Constitución Nacional, los derechos humanos y la Soberanía del Estado paraguayo.
Ante esto, nos posicionamos manifestando que:
La República del Paraguay se encuentra en riesgo de desaparición tal como la conocemos porque sus instituciones han perdido toda credibilidad por parte de la ciudadanía que ve con asombro cómo el avance del modelo agroexportador está haciendo estragos en las comunidades campesinas e indígenas al arrasar con territorios enteros y valiéndose del Ministerio Público, los tribunales y las fuerzas del orden que deberían, de hecho, protegerlos como poblaciones vulnerables en el marco de los conflictos de tierra.
Estos hechos no son aislados: forman parte del nuevo “Plan Cóndor” impulsado por el imperialismo y que tiene a nuestro país como dador de materias primas para alimentar las fauces del gran monstruo del capitalismo. No importa que se pisoteen derechos básicos como los expresados en la Constitución Nacional o en las leyes penales; no importa que la necesidad de acumular riquezas por parte de unos pocos privilegiados atente contra la existencia misma del Estado paraguayo y que, en medio de esa voracidad desquiciada, la Soberanía Nacional resulte lesionada mortalmente.
Sobran elementos para definir al narco-gobierno de Horacio Cartes como una dictadura en ciernes ya que ha demostrado suficientemente que sus intenciones son las de instaurar un régimen de terror contra la clase trabajadora y empobrecida, expoliar los bienes naturales y patrimoniales y ponerlos al servicio de señores de mucho, mucho dinero y que ni siquiera residen en el Paraguay.
Denunciamos la política entreguista del INDERT, que engaña pontificando acerca de una falsa reforma agraria que en realidad consiente los desalojos promoviendo el desarraigo de las poblaciones campesinas a través de la reubicación de las familias en otro lugar desde donde, a su tiempo, también son desalojadas a través del aparato judicial y policial corrompido.
Tenemos que prepararnos como ciudadanía para resistir los tiempos que se vienen, que son de palos y balas, represiones y autoritarismo. En esta lucha, todas las herramientas serán consideradas.
Contexto
El jueves 8 de septiembre, en el asentamiento San Juan en Puente Kyha, distrito de Caballero Álvarez (Canindeyú) –un lugar de más de 8.000 hectáreas donde existe permanente conflicto entre agricultores campesinos y empresarios extranjeros que quieren apropiarse de sus tierras– las familias quedaron en la calle después de un violento procedimiento de desalojo que dejó como saldo además un joven herido con arma de fuego. La tierra es pública y fue recuperada mediante la lucha para los legítimos provechos de la Reforma Agraria, pero efectivos policiales en complicidad con otras autoridades no permiten la tranquilidad: hubo denuncias de desaparición de personas, detenciones arbitrarias, aniquilación de cultivos y ranchos.
El jueves 15 de septiembre, en la colonia Guahory del distrito de Tembiaporã (Caaguazú), 220 familias sufrieron desahucio después de que al menos 1.200 policías se dispusieran a barrer con el asentamiento que llevaba 25 años de ocupación pacífica. El operativo incluyó la utilización de dos helicópteros, carro hidrante, perros amaestrados y caballos. Los empresarios que fijaron sus intereses en esas tierras son de origen brasileño y admitieron haber pagado 200.000 dólares a los jefes policiales que encabezaron el operativo, ya que es la única forma que les queda pues carecen de auténticos títulos de propiedad sobre esas 1.200 hectáreas de tierra en disputa. Personal a cargo de estos colonos derribaron con tractores humildes chozas y plantaciones de autoconsumo.
El viernes 16 de septiembre, en la localidad de Itaipú Porã del distrito de Minga Porã (Alto Paraná), 80 familias que habían sido reubicadas por el INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) desde la colonia Laterzakue del distrito de Mcal. López (Caaguazú), ¡volvieron a ser echadas, abandonadas a su suerte, en la intemperie, sin nada! El operativo fue brutal, el terrorismo de Estado en su máxima expresión se tradujo en la ruptura de todo código de ética por parte de los agentes públicos intervinientes, sin respetar absolutamente nada, incluso el domingo 18 procedieron con igual ferocidad para retirar a las pocas familias que seguían en el lugar, resistiendo por no tener nada más en el mundo para su subsistencia.
Hay fuertes indicios de que estos días se procederá a un desalojo con iguales características en la colonia Banderita del distrito de Tembiaporã –a 10 Km de Guahory–, tierras públicas recuperadas y que están en proceso de fraccionamiento y titulación. Días previos, la policía ya ha estado amedrentando a los pobladores con amenazas e incluso violencia explícita al ingresar al sitio y robar enseres y animales domésticos, maltratar a menores de edad, niños y colegiantes, e incluso a una embarazada, según denuncia recibida. Banderita fue recuperada y legitimada en 2012 por el INDERT y está en el ánimo de un ciudadano brasileño que ni siquiera vive en el país, que se vale de un prestanombres para utilizar las tierras como mercancía. La población se dedica a la agricultura campesina de auto-sustento y renta, y en los marcos de la reforma agraria ya tenían escuela, agua corriente, electricidad, etc., para constituir una vida digna. Pero la codicia del agronegocio no pondera nada y como el narco-gobierno de Cartes autorizó el “uso y abuso” por parte del capital extranjero, se erigen con la altanería del poder fáctico, incluso por encima del Estado paraguayo. Esta comunidad se encuentra, como otras muchas en el país, rodeada por monocultivos en donde los agrotóxicos dejan a su paso abortos espontáneos, deformaciones congénitas, aumento de cáncer en la población y matanza de animales menores.
¡Dictadura nunca más!
¡Reforma Agraria Popular ya!
19 de septiembre de 2016