13 de Agosto de 2014
El lema convocante es “Contra las privatizaciones y la violencia del Estado. Por tierra y trabajo”.
Del 13 al 15 de agosto, varias organizaciones sociales y políticas llevan adelante la preparación de tres jornadas de protesta nacional para “conmemorar” el primer año de la asunción del empresario tabacalero y banquero, Horacio Cartes, bajo cuyo mandato florecieron viejas recetas de un neoliberalismo que muchos especialistas llaman de “tardío”, porque las está experimentando actualmente en el país, incluso conociendo de nefastas consecuencias que se tuvieron en la región en la década de los 90 y a principios de siglo.
El campesinado acompaña estas movilizaciones para reivindicar los reclamos históricos del sector: reforma agraria y soberanía alimentaria, así como también contra la criminalización de la protesta social y las fumigaciones en el campo.
El epicentro de las exigencias es, no obstante, compartido en común entre todos los sectores populares: la derogación de la Ley de Alianza Público-Privada (APP), que facilita el saqueo de los bienes comunes del Estado a manos del capital extranjero, y contra los abusos de la fuerza pública y la violencia estatal, que han aumentado considerablemente en todos los departamentos en los últimos doce meses.
La política neoliberal y la actitud entreguista del gobierno nacional se resume en una frase que el propio presidente Cartes acuñó frente a un grupo de empresarios brasileños: “Usen y abusen del Paraguay”. En una ocasión anterior, frente a un grupo de comerciantes uruguayos, había dicho que el Paraguay es “fácil como una mujer bonita”.
Así será la protesta
Se tienen programados cortes intermitentes de rutas principales y volanteada en las cabeceras departamentales los días 13, 14 y 15.
Las acciones en Asunción se concentran desde hoy en inmediaciones del Congreso Nacional. Habrá una manifestación frente a la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior por los desalojos arbitrarios, las fumigaciones de monocultivos transgénicos –recordemos que el 22 de julio pasado fallecieron dos hermanitas de corta edad en el departamento de Canindeyú como consecuencia de la exposición a los agrotóxicos–; la persecución a las organizaciones y la falta de investigación y la impunidad contra la dirigencia campesina –el Informe Chokokue develó que 115 líderes fueron asesinados desde 1989 a 2013–, incluyendo el pedido de justicia para las víctimas y familiares de víctimas del Caso Marinakue.
El jueves se prevé una marcha contra el Ministerio de Hacienda por la emisión de los bonos “soberanos” que endeudarán incluso a generaciones futuras.
El acto central de la protesta se desarrollará el 15 de agosto en las plazas del Congreso Nacional.
Las razones de la movilización general
La concentración y extranjerización del territorio implican desalojos violentos que incluyen la intervención de parapoliciales (guardias privados) actuando en conjunto con las fuerzas del orden, la quema de viviendas y cultivos de la agricultura familiar campesina, destrucción de templos sagrados de comunidades indígenas, expulsión por fumigaciones, imputaciones a líderes comunitarios y todo un procedimiento legal torcido y apto para facilitar el despojo y entrega al capital financiero, sobre todo, el agronegocio.
En el último año, no se avanzó en nada con lo relacionado a la Reforma Agraria, ni siquiera figura como preocupación de la agenda en la actual administración. Sin embargo, se han militarizado tres departamentos desde hace un año con la justificación de la búsqueda del supuesto grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que, según especialistas, es un grupo criminal de número reducido funcional a la derecha, la narcoganadería, los sojeros y el propio poder constituido. Solo así se justifica la inyección financiera al Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para equipamiento de la policía, lo que ocasiona más represión y más desahucios de comunidades campesinas e indígenas sindicadas como “apoyo logístico” del EPP, al igual que la desarticulación de las organizaciones de base por imputaciones a los líderes populares.
El Paraguay tiene 90% de su superficie cultivable ocupada por los monocultivos de soja, constituyéndose así en el sexto productor y el cuarto exportador, ambos a nivel mundial. Se ha batido récord de producción incluso celebrado por el gobierno de Fernando Lugo. Pero este esquema agroexportador, que se basa en el acaparamiento de tierras, desplazamiento de comunidades y deforestación, apenas si deja ganancias para el país. La lucha por la tierra sigue siendo la mayor fuente de contradicciones en el país, a tal punto que el 2.6% de la población detenta el 85.5% de las tierras.
La Ley de Alianza Público-Privada habilita concesiones al sector privado en obras públicas, explotación de bienes naturales comunes, hídricos, minerales e hidrocarburos, en un marco que le adjudica al Ejecutivo la capacidad de decidir sin necesidad de consultar con otras instancias del poder público.
Para tapar el agujero fiscal, Horacio Cartes, como ya lo hiciera en su momento Federico Franco, decidió emitir bonos “soberanos” al mercado financiero. Ahora que la Argentina está embretada por los fondos “buitres”, esta cuestión es presentada por el gobierno paraguayo como un triunfo nacional.
Hoy en día, la deuda pública asciende a 400 millones de dólares anuales con los recientes bonos “soberanos”. Este año, el Congreso aprobó una emisión de 670 millones de dólares, que se suman a los ya emitidos en 2012, bajo el gobierno del golpista de Federico Franco. Dichos bonos vencen en 2023 y 2024. La deuda saltará a 900 millones de dólares anuales para reembolsar por completo los préstamos, mientras que en los años previos se pagarán los intereses. En dos años, el país se endeudó en un 80% más solo en emisión de bonos.
Otro de los motivos de la movilización tiene en cuenta la situación de los damnificados por las inundaciones, sobre todo, en los barrios periféricos de Asunción –los Bañados–, donde existe un proyecto de desalojar a la población para desarrollar en esa zona la construcción de plantas industriales y oficinas privadas. La suba del precio del pasaje de transporte público, que brinda un pésimo servicio, es otro de los puntos para salir a protestar.