16 de agosto de 2015
¿Qué significan estos dos años del gobierno actual para la ciudadanía y en particular para nosotras, mujeres campesinas e indígenas?
Se da un retroceso indiscutible en la construcción y afianzamiento de la democracia en el país con el aumento acelerado del autoritarismo por la concentración de poderes en la figura del Presidente de la República.
Una clara política económica neoliberal arremete con violencia en nuestros territorios despojándonos de los bienes naturales, desplazándonos forzosamente hacia las ciudades o al extranjero, con repercusiones muy nefastas, sobre todo, para la vida de las mujeres.
La imposición alevosa de la Ley APP (de Alianza Público-Privada) y la ley de militarización evidencian el uso discrecional del poder estatal para concretar la entrega del país y, si necesario fuera, disponiendo de las fuerzas represivas para someter y reprimir a quienes se opongan a sus proyectos.
La narco-política se apodera despiadadamente del Estado, en los tres poderes y en los gobiernos locales, instalando, además, una sensación de inseguridad que “obliga” al desvío de millonarias sumas de dinero a los mercaderes del miedo –ejemplo: FTC y grupos paramilitares–, lo que no se logra sin la complicidad de los medios comerciales de comunicación.
Las políticas públicas hacia los pueblos indígenas son asistencialistas y no permiten desarrollo alguno; antes bien, buscan silenciar las voces populares mientras roban impunemente nuestros territorios o nos dejan morir en medio de muchas necesidades básicas sin atención.
El agronegocio destruye lo poco que queda de bosques y contamina el medio ambiente afectando severamente la salud de las mujeres y de los niños y provocando la pérdida de biodiversidad.
Las luchadoras y luchadores sociales son criminalizados y procesados por un perverso sistema judicial, que, lejos de hacer justicia, apaña la escandalosa corrupción de los responsables de administrar los intereses públicos.
Se tienen retrocesos inmensos en materia de derechos humanos en general, y de las mujeres y niñas en particular. El aumento de embarazos de niñas y adolescentes es prueba del nulo trabajo realizado en materia de la salud pública y el tratamiento integral de la sexualidad en el sistema educativo.
El acuerdo del gobierno con la cúpula eclesial indica un claro interés de desentenderse de su rol de garante de los Derechos Humanos de todos y todas, y el apaciguamiento de la población ante las inequidades y desigualdades que generan sus políticas entreguistas del gobierno vendepatria. A su vez, se constituye en una indudable violación del carácter laico que otorga al Estado paraguayo la Constitución Nacional.
Se constata la falta de interés por parte del gobierno actual para resolver satisfactoriamente el Caso Curuguaty, ya que no se han recuperado las tierras de Marinakue, y sobre las campesinas y campesinos procesados pesan condenas cantadas desde de inicio de la farsa del juicio que, a todas luces, es nulo.
Antes que recuperación de tierras mal habidas y reforma agraria, el gobierno de Horacio Cartes busca despojar a campesinos y campesinas de sus tierras aumentando las posibilidades de conflictos entre clases pobres y no ofrecen soluciones de fondo: a la vista los casos de Santa Lucía, Ñacunday, Laterzakue, entre otros.
Es hora de que este gobierno con todos sus cómplices responda a los reclamos populares y se someta a juicio del pueblo que es el soberano. Mientras tanto, las organizaciones sociales y políticas que buscan un buen vivir en el país nos abocamos a aunar esfuerzos para la recuperación de nuestra soberanía nacional.
Contra las privatizaciones, contra la militarización, por tierra y trabajo
¡La lucha continúa! ¡Venceremos!