El Consejo Directivo Nacional y las Federaciones Regionales de la Confederación Nacional Agraria – CNA, representativas de los campesinos y agricultores de las regiones de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Puno, San Martín y Ucayali, reunidas en el marco de la Asamblea General Ordinaria de la CNA celebrada el 02 de octubre de 2016, en el marco de las celebraciones por el cuadragésimo segundo aniversario de fundación institucional de nuestra gloriosa organización, nos dirigimos a las comunidades campesinas, pueblos indígenas, pequeños productores agropecuarios y opinión pública en general del país para manifestar lo siguiente:
1.Que el Estado tiene una deuda pendiente con los pequeños agricultores y campesinos del Perú dedicados a la pequeña agricultura familiar, cuya labor garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestro país al ser la principal fuente de alimentos de la población peruana, por lo cual requiere atención prioritaria y preferente. Este apoyo debe garantizar acceso a capacitación, tecnología, créditos y seguros contra riesgos, así como el acceso a mercados internacionales y nacionales, prohibiéndose definitivamente toda iniciativa que promueva o permita la siembra de semillas transgénicas, de monocultivos y el tráfico de insumos dañinos para la salud, como pesticidas y plaguicidas prohibidos.
2.Que se culmine el proceso de saneamiento y titulación colectiva con georreferenciación de los territorios ancestrales de todas las comunidades campesinas y nativas del Perú, asignando los recursos y la capacitación que requieren los gobiernos regionales para que nuestros derechos territoriales sean debidamente reconocidos, protegidos y asegurados ante las amenazas de vulneración de los particulares, en especial de los inversionistas privados, y del propio Estado. En ese sentido, exigimos que el Proyecto de Titulación, Catastro y Registro de Tierras – Tercera Etapa (PTRT3) se implemente con absoluto respeto de la integridad de los derechos territoriales de nuestras comunidades campesinas y nativas, y que su ejecución se efectúe en coordinación permanente con los líderes indígenas comunales de todas las regiones.
3.Apoyar y felicitar la realización del Foro Panamazónico a realizarse en el mes de mayo del año 2017 en nuestro país, evento que estamos seguros contribuirá a garantizar nuestros ecosistemas forestales y fuentes de recursos hídricos, elementos fundamentales en la lucha contra los efectos negativos del cambio climático.
4.Exigimos al el congreso de la República, la no aprobación del Tratado Transpacífico (TTP), que fuera firmado por Ollanta Humala en las finales de su gestión. Dicho TPP, vulnera la soberanía nacional, nos invadirá de semillas transgénicas y es más entreguista que el TLC con EEUU que trajo abandono y miseria en el campo. Por otro lado, el gobierno debe informar al país sobre lo que se viene negociando en el Tratado del Acuerdo de los Servicios (TISA, en ingles) y retirarse de la mesa de negociación de dicho tratado por ser lesivo a los interés nacionales.
5.Garantizar el acceso de nuestros pueblos originarios y nuestras comunidades campesinas a los medios públicos de comunicación social locales y regionales, para hacer escuchar la voz de los pueblos y comunidades indígenas del Perú. Este acceso debe facilitar el uso y difusión de nuestras lenguas originarias, para fortalecer y garantizar la continuidad y pervivencia de nuestras culturas ancestrales.
6.Que se garantice el acceso y uso del agua a nuestras comunidades campesinas conforme a sus usos y prácticas ancestrales, respetando así lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Recursos Hídricos, donde se señala expresamente que el uso de tales recursos por parte de nuestras comunidades está garantizado conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT.
7.Que, asimismo, el Estado proteja nuestras fuentes de agua para garantizar una adecuada calidad de vida a nuestra población, impidiendo que tales fuentes sean contaminadas, agotadas o destruidas para favorecer los intereses de los inversionistas privados y la implementación de megaproyectos agresivos contra nuestro medio ambiente.
8.Que en el censo general de población y vivienda a realizarse en el 2017, se inicie una agresiva campaña informativa desde el Estado, con la participación de nuestros pueblos indígenas u originarios, para que nuestros ciudadanos, ciudadanas y pueblos indígenas u originarios fortalezcan su identidad cultural y se autorreconozcan adecuadamente.
9.Que el Estado garantice el absoluto cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en nuestro país, adecuando el marco jurídico nacional, los mecanismos administrativos y los servicios públicos que requieren nuestros pueblos y comunidades indígenas u originarios con un enfoque intercultural que garantice sus planes de vida y desarrollo conforme a sus culturas ancestrales.
10.Finalmente, que rechazaremos contundentemente cualquier intento del actual gobierno de vulnerar, desconocer o restringir, a través de las facultades legislativas que le ha concedido el Congreso de la República, los derechos de nuestras comunidades campesinas y nativas y de los pequeños productores agropecuarios de nuestro país, por lo que estaremos atentos y vigilantes contra cualquier iniciativa de hecho o de derecho que pretenda continuar las nefastas políticas económicas y sociales de los gobiernos anteriores, que se materializaran a través de “paquetazos antiambientales y antiindígenas” que, entre otros, vienen amenazando nuestros derechos sobre nuestros territorios ancestrales, nuestras autonomía como pueblos indígenas u originarios, nuestra identidad cultural ancestral e, incluso, la seguridad personal y la libertad de nuestras hermanos y hermanas indígenas y campesinos de todo el país.
¡Viva la CNA y la Reforma Agraria!
¡Kawsachun comunidades campesinas, pequeños agricultores y pueblos originarios!
¡Territorio y Soberanía Alimentaria para los pueblos del campo!