8 de diciembre de 2015
En taller nacional, situación de campesinos de Huaral, Moquegua y Ayacucho fueron ejemplo de acaparamiento y explotación en Perú. Directrices de la Tierra sirvieron para evaluar accionar del Estado sobre cumplimiento de derechos humanos y al territorio.
Los días 25, 26 y 27 de noviembre se realizó en Lima el Taller Nacional Monitoreo popular a la implementación de las Directrices de la tenencia de la tierra, pesca y bosques, espacio de formación, asesoramiento e intercambio; donde campesinos y campesinas expusieron las problemáticas que vienen les viene afectando sobre vulneración de derechos en sus tierras y territorios. La convocatoria promovida desde la Alianza por la Soberanía Alimentaria de la Región América Latina y el Caribe y la Confederación Nacional Agraria-CNA, base de la Alianza, convocó a más de 20 líderes y lideresas de diferentes regiones a nivel nacional.
Perú es el cuarto país donde llega este evento, después de Paraguay, Colombia y Guatemala. La Alianza por la Soberanía Alimentaria, busca así sistematizar experiencias regionales sobre la aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques.
Fruto de este trabajo se presentará un informe en la próxima Conferencia Regional de la FAO para América Latina el Caribe, la cual tendrá lugar en México en 2016.
Reflexionar las luchas campesinas para avanzar
En la actividad, representantes de organizaciones agrarias e indígenas nacionales pudieron compartir y nutrirse de la experiencia junto a expositores internacionales como Natalia Landivar de FIAN- Ecuador y Many Stanley del Consejo Internacional de Tratados Indios – CITI, miembros de la Alianza por la Soberanía Alimentaria.
A través de la presentación e información sobre el uso del Manual Popular de las Directrices Voluntarias, se pudo organizar las experiencias campesinas y evaluar cómo cada organización las viene afrontando.
Las Directrices son una serie de compromisos no vinculantes aprobados por la FAO en 2012, con las cuales los Estados asumen el compromiso de “fomentar la seguridad de los derechos de tenencia, garantizar el acceso equitativo a la tierra, la pesca y los bosques como medio para erradicar el hambre y la pobreza, respaldar un desarrollo sostenible y mejorar el medio ambiente”.
El Manual Popular, elaborado por el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria – CIP, con el apoyo de FIAN Internacional y el financiamiento de la FAO, es una guía para la apropiación de las Directrices, por parte de las organizaciones indígenas y campesinas; con el propósito de facilitar su interlocución con los gobiernos y las empresas, en el marco del respeto de los derechos humanos y el derecho a la tierra.
Territorios campesinos: Tres historias para defenderlos
A continuación presentamos tres experiencias de defensa de tierras y territorios que actualmente vienen protagonizando campesinos y campesinas peruanos. Estas fueron evaluadas por los mismos participantes en base a las Directrices:
1. San Andrés, Lucanas Puquio, Ayacucho
Los comuneros de San Andrés en Lucanas Puquio, se dedican a la ganadería, a la agricultura y otros trabajan en las minas. “Desde hace quince años la empresa minera Exploraciones Andina -instalada en sus territorios- viene operando sin contar con su licencia social”, nos expresan José Montoya y Albino Godoy, representantes de la comunidad y participantes del taller. La mina está secando y contaminando la laguna de Yahurihuiri, única fuente de agua para el consumo humano, la agricultura y la ganadería.
En el mes de octubre los comuneros realizaron un paro como medida de protesta. En los enfrentamientos con la policía y las fuerzas de seguridad de la empresa muere el comunero Erik Mendoza producto de los perdigones policiales. A la fecha la comunidad no ha recibido respuesta a sus demandas por parte de las autoridades; por el contrario, varios de sus dirigentes vienen siendo judicializados.
Analizando los elementos de gobernanza en el taller, durante la actividad se indicaba que la comunidad de San Andrés puede incorporar las Directrices hacia el petitorio de transparencia en el otorgamiento de las licencias ambientales, seguir exigiendo la conformación de una Mesa de Diálogo con presencia de funcionarios de la mina y autoridades de los ministerios del Medio Ambiente, Agricultura y Riego y de la Autoridad Nacional del Agua; así mismo, el acceso a la justicia para resolver los casos penales consecuencia de los enfrentamientos.
2. Quellaveco, Moquegua
En el año 1992, la empresa minera Anglo American Quellaveco se instaló en la región Moquegua. La mina compró terrenos al Estado que son propiedad de las comunidades, se apropió de los nacientes del río Asana y contaminó su cauce; y por último, subcontrató a los trabajadores, afectando los salarios y la seguridad de los mismos. A pesar de todo esto, la empresa consiguió en 2012 su licencia ambiental. Esta información fue compartida por la señora Delia Julia Alarcón Mamani, actual afectada por la mina y delegada de la Federación Agraria y Campesina de la Región Moquegua – FACAREMOQ.
Ante este panorama, las comunidades y el pueblo moqueguano han hecho denuncias judiciales y organizado manifestaciones. La empresa por su parte, no escatima recursos en mostrarse ante la población, autoridades y medios como una empresa moderna, de “alta tecnología” y un fuerte sentido de “responsabilidad social y ambiental”. Las autoridades guardan silencio.
En el trabajo en grupo desarrollado durante el taller, los participantes destacaron que la comunidad puede valerse de las Directrices en los temas de: la demanda del derechos a la tierra, el reconocimiento de la tenencia, la implementación de los mecanismos de la consulta previa, la revisión de las licencias, la participación en la toma de decisiones y el derecho al trabajo y una vida digna.
3. Aucallama, Huaral, Lima
La Comunidad Campesina de Aucallama, ubicada en la provincia de Huaral al norte de Lima, está integrada por descendientes afro peruanos, población nativa y colona; sus terrenos son ricos, extensos y tienen gran diversidad de cultivos.
Esta comunidad tiene más de ochenta años de fundación y cuenta con títulos de propiedad sobre sus territorios. “Desde hace un tiempo venimos sufriendo la invasión de nuestros terrenos por parte de traficantes de tierras y grandes empresas inmobiliarias. Ante este hecho no hemos han recibido apoyo de las autoridades locales y nacionales, por el contrario, hay colusión de policías, alcaldes y jueces con los traficantes de tierras.” Manifestó durante el taller Carmen Castillo, presidenta de la comunidad.
Por su parte, los miembros de la comunidad están fortaleciendo su organización. Han renovado su dirigencia, desarrollan proyectos sociales y productivos, y han conformado su ronda comunal para defenderse de los invasores. Los comuneros recuerdan con emoción los enfrentamientos con los traficantes de tierra y con indignación cuando fraudulentamente su Junta Directiva fue detenida por tenencia ilegal de armas.
En la visita realizada a la comunidad, como parte de las actividades del taller, los participantes destacaron que las Directrices pueden ser una herramienta útil en el desarrollo de los temas de especulación y concentración de la tierra, en la demanda de protección ante los desalojos y la violación de los derechos humanos, en el acceso a la justicia en los procesos referidos a usurpación de terrenos, falsos títulos de propiedad y otorgamiento de escrituras.
Trabajo por hacer para la defensa del territorio
San Andrés, Quellaveco, Aucallama son ejemplos de una realidad extendida por todo el país. Los pequeños agricultores y agricultoras, las comunidades campesinas y pueblos nativos y originarios, de quienes depende fundamentalmente la seguridad y soberanía alimentaria en el país, están desprotegidos e incluso amenazados.
Como destacaba Valentín Torres del equipo jurídico de la CNA, “existe en el país un desequilibrio entre la gobernanza y la tenencia de la tierra y los recursos naturales. El gobierno y los anteriores, han desconocido a las comunidades indígenas y campesinas y han priorizado la inversión extranjera y las políticas extractivistas”.
En este escenario, es importante recoger iniciativas que mejoren la capacidad de uso de las Directrices en la defensa del territorio y la protección de los derechos humanos que viene impulsando la Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Es el momento que las organizaciones, las comunidades campesinas y las poblaciones indígenas, fortalezcan su conocimiento sobre los derechos colectivos que los protegen, así como puedan hacer uso de herramientas que empoderen la gobernanza responsable de los territorios y recursos ante estos nuevos procesos de concentración de tierras y arremetida del capital a través de los proyectos extractivistas.
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