Rechazamos amenazas contra la vida de defensores y defensoras de DD.HH integrantes del Pacto Nacional Por la Salud y la Vida

Preparado por el Pacto Nacional Por la Salud y la Vida de los Colombianos y las Colombianas y firmado por la CLOC-Vía Campesina

Desde hace tres décadas, las instituciones de salud y los trabajadores del sector vivimos un proceso sistemático de privatización y deterioro de las condiciones laborales, en un contexto de la violencia social y política. A lo que sumamos hoy la equivocada gestión de la pandemia y el recrudecimiento de las masacres y los asesinatos selectivos de los líderes sociales en todo el país.

En días pasados, varios compañeros han sido víctimas de amenazas, entre ellos nuestros amigos y colegas ROMAN RAFAEL VEGA ROMERO, profesor universitario, activista en favor del derecho a la salud y médico de profesión, fundador  del Movimiento por la Salud de los pueblos MSP y miembro de la Red Salud Paz, de ALAMES y de la Asociación Colombiana de Salud Pública;

ELSA NURY MARTINEZ SILVA, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO,  EMMA VELEZ TORO, presidenta de la Veeduría en Salud, Pública y DDHH, además de los  compañeros miembros de Alianza Colombia Libre de Fracking  LUIS ALBERTO GONZALES, OSCAR SAMPAYO, YESID BLANCO, RAUL BARBA RUEDA, LEONARDO GRANADOS Y ALEXANDER MATEUS RODRIGUEZ. También figuran tres mujeres: Graciela Rojas, Mayra Galván y Yasmin Urueta; quienes recibieron amenazas de muerte, junto con otras personas que trabajan por un país más justo. Esas amenazas se producen en medio de las masacres y asesinatos del liderazgo social en todo el país, en medio de absoluta impunidad.

Detrás de las amenazas, presuntamente, están las llamadas “Águilas Negras” (bloques Capital y Magdalena Medio), un grupo que parece actuar en todo el territorio nacional, pero sobre el cual no se han producido detenciones. Es significativo que tales amenazas repiten el patrón de prácticas paramilitares: difamar y calumniar a los líderes sociales, vincularlos con grupos armados, y darles un plazo para abandonar la ciudad.

El sector salud ya ha puesto numerosos muertos y heridos en medio del conflicto donde, como Misión Médica, ha sufrido los horrores de la guerra. De igual manera, las organizaciones sociales y ambientales, ha sufrido la violación sistemática de derechos humanos: a la vida, al trabajo digno, a la libertad de expresión y de organización, pero eso no nos alejará de nuestra defensa del Derecho Fundamental a la Salud y la Vida.

La protección de todos los ciudadanos así como del personal del sector  salud y la garantía de la atención en salud a la sociedad colombiana son deberes del Estado. Urge que el Gobierno, la comunidad y las organizaciones internacionales nos acompañen, en la medida de sus deberes y posibilidades, en la defensa de los y las trabajadoras de salud en Colombia.

Por eso exigimos:

Al Presidente IVÁN DUQUE MARQUEZ, al Ministro de Defensa, CARLOS HOLMES TRUJILLO, al Fiscal General FRANCISCO BARBOSA, al Procurador General  FERNANDO CARRILLO FLOREZ, al Defensor del Pueblo CARLOS ERNESTO CAMARGO, que investiguen y judicialicen a los responsables de estas amenazas.

También solicitamos a:

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), vigile la protección de los derechos humanos de las y los defensores que están amenazados por su labor en Colombia.

Llamamos a la sociedad Colombiana a que se solidarice y se una en la defensa de la vida, para exigir al Gobierno Nacional que proteja a las y los defensores de derechos humanos en el territorio Nacional.

Suscribimos como Pacto Nacional Por la salud y la vida de los Colombianos y las Colombianas, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC-Vía Campesina, y las organizaciones que allí se recogen.

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