Washington: Campesinas y campesinos de América Latina, junto a organizaciones sociales, alertarán a la CIDH sobre la situación del derecho a la alimentación adecuada y las regulaciones del uso de semillas

30 de octubre de 2014

por_lacidh.jpgA pesar de que en la última década la producción rural generó un aumento significativo en el crecimiento económico, el 80% de quienes sufren de hambre y el 75% de quienes se encuentran en pobreza extrema son habitantes de zonas rurales.

El viernes 31 de octubre, organizaciones campesinas y de derechos humanos presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) información sobre la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación adecuada, y el impacto en los derechos humanos de las nuevas regulaciones en materia de semillas en América Latina y el Caribe.

En una audiencia pública en el marco del 153 período de sesiones de la CIDH en Washington D. C., las organizaciones buscan alertar a la CIDH sobre la situación actual del derecho a la alimentación adecuada de la población rural en la región, en particular del campesinado y los pueblos indígenas, el impacto de los modelos de desarrollo, los problemas derivados de las normas que regulan el uso de semillas y el rol de la justicia en estas cuestiones.

En 2014 se cumple el 10mo aniversario de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación. Las organizaciones señalan los retos que ese derecho enfrenta en la región: acaparamiento de tierras y recursos naturales para la implementación de proyectos mineros – como es el caso de las comunidades del Hatillo en Colombia y Kimsacocha en Ecuador –y para la expansión de la agroindustria y producción de cultivos comodín como palma, maíz y soja – en el caso de los Guaraní Kaiowá en Brasil y Monte Oscuro en Colombia.

 

Las comunidades vienen recurriendo al poder judicial, sin embargo el acceso a la justicia es inefectivo – como en el caso de desnutrición de Camotán en Guatemala donde el Estado ha venido dilatando la implementación de la primera sentencia judicial que reconoce la violación del derecho a la alimentación. La respuesta estatal y de entes privados ante la resistencia y defensa de las comunidades se ha caracterizado por ser violenta y hacer uso de la criminalización como en el caso del conflicto agrario en el Bajo Aguán, donde fueron asesinados campesinos que luchaban por su derecho a la tierra, o el caso de Curuguaty-Marina Cue en Paraguay donde varios campesinos enfrentan un proceso judicial sin las debidas garantías.

 

En la audiencia pública, que se puede seguir en vivo a partir de las 16:15 hora de Washington, las organizaciones solicitarán a la Comisión que monitoree con periodicidad la situación de los derechos a la alimentación y al territorio de la población rural; recomiende a los Estados medidas para mejorar sus condiciones de vida; abordar las causas estructurales de tales violaciones y adoptar políticas públicas favorables a los titulares de esos derechos; monitoree las obligaciones extraterritoriales de los Estados en casos que involucran a empresas complejizar el análisis de la criminalización de las luchas campesinas; desarrollar estándares transnacionales; vigile la creciente criminalización de las luchas campesinas; desarrolle estándares específicos con atención a estas problemáticas e intercambie con las Naciones Unidas sobre los avances normativos que se están dando sobre esta materia.

 

Estas demandas están articuladas por la perspectiva de la defensa de la soberanía alimentaria y de ser atendidas ayudarían a revertir las vulneraciones a los derechos humanos, en especial a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y a eliminar la discriminación estructural que las comunidades rurales sufren hoy. En este marco se inscribe el trabajo de promoción, defensa y justiciabilidad del derecho a la alimentación adecuada, así como las denuncias y movilizaciones en torno a los procesos de acaparamiento de tierras y los impactos negativos que tienen las nuevas tendencias de regulación de semillas. Para mitigar estos impactos en los derechos humanos se deben procurar marcos regulatorios a medida de cada realidad y preservar la función de los sistemas tradicionales de semillas de los agricultores.

 

La audiencia fue solicitada por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC- Vía Campesina); FIAN Internacional; el Colectivo Social por el Derecho Humano a la Alimentación (Guatemala); el Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán–OPDHA (Honduras); y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina).

 

Para más información

Diego Montón de la CLOC- LVC, diegomonton@gmail.com
Angélica Castañeda Flores de FIAN Internacional, castaneda-flores@fian.org
Juan Carlos Morales Gonzales de FIAN Colombia, porderechoalimentacion@gmail.com
Magalí cano de la Campaña Guatemala sin Hambre, guatemalasinhambre@gmail.com
Gabriela Kietzel del CELS, gkletzel@cels.org.ar

Posted in Uncategorized