Argentina: Tuvo que renunciar el Juez Sarría de Monte Quemado

Miércoles 21 de Diciembre de 2011

logo_MNCIPor la presión de las Organizaciones Campesinas Indígenas, de Organizaciones sociales y de DDHH nacionales e internacionales, y por las evidencias de su complicidad con los empresarios que atropellan los derechos de las Comunidades Campesinas Indígenas, tuvo que renunciar el Juez de Monte Quemado Sarría Fringes.Recordamos que se le habían presentado en reiteradas veces las denuncias de la banda armada que terminó asesinando a Cristian Ferreyra el 16 de noviembre y que desde el 2010 tenía denuncias sobre la situación en Villa Matoque, donde ayer balearon a dos compañeros de la UPSAN. Ante estas denuncias, la única medida que tomó fue largar orden de detención contra miembros del MOCASE-VC. Esperamos que sea investigado y asuma las responsabilidades que correspondan y que no vuelva a ejercer funciones públicas.

Seguimos alerta para que quien lo remplace no permita que se siga manteniendo la impunidad de los agronegocios en aras de la “seguridad jurídica” de las inversiones ni libere a Ciccioli y se detengan de una vez por todas a las bandas armadas y a los empresarios que las contratan.

Ya se fue el primero. Faltan todavía que renuncien y sean investigados:

 

Publio Araujo, Director de Bosques, quien dio el permiso de desmonte en la Comunidad de San Antonio que avaló la usurpación de los territorios de la comunidad de Cristian y quien, en 2010, visitó Villa Matoque, vio las bandas armadas y el desmonte que estaban custodiando, realizado con maquinaria robada, y mantuvo en vigencia el permiso de desmonte.

Luis Fernando Gelid, Ministro de la Producción de la Provincia, principal avalador de el avance de los agronegocios sobre los territorios campesinos indígenas, referente de la Sociedad Rural y de la CRA en el Gobierno, y uno de los pilares del modelo de saqueo en la provincia. En su mandato, se han desmontando más de un millón de hectáreas.

Ricardo Daives y Emilio Neder, Ministros de Justicia y de Gobernación, cómplices necesarios en la impunidad y la corrupción en la venta y entrega de tierras y el accionar de las bandas armadas en la provincia contratadas por empresarios asociados al poder político y judicial de la Provincia.

Y es Gerardo Zamora, Gobernador de la Provincia, el principal responsable político de todos estos conflictos, violencia e impunidad, acompañada del silencio de los medios de comunicación monopólicos de la provincia.

Seguimos en alerta y movilización permanente, porque los derechos a la tierra y territorio no se negocian.

¡Ni un metro más, la tierra es nuestra!

Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina

Movimiento Nacional Campesino Indígena

 

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Actores sociales y transgénicos en América Latina

Miércoles 21 de Diciembre de 2011

Por RALLT

afiche_semillasEl discurso anti transgénico fue hacia finales del noventa acogido por las organizaciones campesinas, de consumidores en la región, y surgen en esa época varias declaraciones donde las organizaciones expresan su total rechazo a las empresas que promueven a biotecnología en la región. Se une el tema de los transgénicos al de la soberanía alimentaria, lo que potencia su discurso. En el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria de 2001, los asistentes se pronunciaron en contra de la patentabilidad de los seres vivos y de las semillas, hicieron un llamado a controlar los alimentos transgénicos, a establecer mecanismos de responsabilidad a los países que no cumplan normas de bioseguridad e invocaron al principio de precaución.

En América Latina ha habido una evolución histórica de los actores sociales que trabajan en torno a la problemática de los cultivos transgénicos.

A mediados de la década del noventa, prácticamente no habían organizaciones preocupadas por la problemática de los transgénicos en América Latina; esto a pesar de que ya en Argentina a mediados de la década, habían unos cuantos millones de hectáreas sembradas con soya transgénica. En esa época en Argentina la lucha se centraba en contra del neoliberalismo de Carlos Menen, y se decía que su régimen había sido negativo en muchos aspectos, pero no en los aspectos ambientales pues Menen había destruido la industria nacional. El tema ambiental se limitaba a los impactos de la industria, y mas bien se veía como algo positivo la expansión de la soya, pues generaba riqueza al país. Los más críticos veían a los transgénicos como una nueva expresión de la agricultura industrial en agricultura. Uno de las primeras organizaciones que enfrenta con seriedad la problemática transgénica en Argentina es el Grupo de Reflexión Rural, quien critica el modelo agrícola en general y los cultivos transgénicos en particular.

El discurso anti transgénico fue hacia finales del noventa acogido por las organizaciones campesinas, de consumidores en la región, y surgen en esa época varias declaraciones donde las organizaciones expresan su total rechazo a las empresas que promueven a biotecnología en la región. Se une el tema de los transgénicos al de la soberanía alimentaria, lo que potencia su discurso. Así por ejemplo, en la declaración del taller de la Vía Campesina sobre soberanía alimentaria en La Habana “La privatización de la vida y los OGM” dentro del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria en La Habana del 6 de septiembre de 2001, los asistentes se pronunciaron en contra de la patentabilidad de los seres vivos y de las semillas, hicieron un llamado a controlar los alimentos transgénicos, a establecer mecanismos de responsabilidad a los países que no cumplan normas de bioseguridad e invocaron al principio de precaución. Pidieron además que se prohíban las tecnologías Terminator y llamaron a una moratoria inmediata sobre la producción, comercialización y ensayo en campo abierto, como primer paso hacia la producción de alimentos libres de transgénicos. Finalmente rechazaron y condenaron la ayuda alimentaria con productos transgénicos.

En esos años, varias organizaciones de la Vía Campesina de Brasil protagonizaron acciones contra la expansión de los transgénicos en su país, como la ocupación de un campo experimental de Syngenta en el Estado de Paraná donde la empresa estaba evaluando nuevos eventos de maíz transgénico. El conflicto tuvo desenlaces violentos, pero finalmente la Vía Campesina pudo establecer un lugar de aprendizaje de agroecología, el Centro Chico Mendes de Agroecologia: terra livre de transgênicos e sem agrotóxicos.

La Vía Campesina ha levada a cabo también campañas en contra de las semillas transgénicas Terminator, por el peligro que entraña el que se liberen al ambiente semillas que no pueden germinar, y por la profunda dependencia a la que se someterían los agricultores que asuman esta tecnología. Durante las negociaciones de la Octava Conferencia de las partes del Convenio de Biodiversidad que tuvo lugar en Curitiba – Brasil, varias organizaciones del campo, lideradas por las mujeres de la CLOC (Coordinación de organizaciones del Campo, sección latinoamericana de la Vía Campesina), hicieron una manifestación pacífica en contra de una posible legalización de esta tecnología en el seno de este Convenio.

En Paraguay la organización CONAMURI (organización de mujeres indígenas, parte de Vía Campesina), llevó a cabo una campaña de mucho impacto relacionada con la muerte de un hijo de una de sus militantes, el niño Silvino Talavera, ocasionada por las fumigaciones de los campos de soya cerca de su finca. Este caso generó un importante precedente porque fue la primera vez que se ganó en el campo penal un caso por muerte por glifosato, aunque la sentencia de cárcel a los responsables nunca se ejecutó.

La lucha contra los cultivos transgénicos sigue presente en la lucha política de la Vía Campesina, incluyéndola en otros temas de lucha, como son los agrocombustibles, la geoingeniería, el mercado de Carbono. Ver por ejemplo este fragmento de la Declaración del V Congreso de la CLOC (llevado a cabo en octubre de 2010).

…El mundo y los campesinos vemos con horror cómo se utilizan o tratan de imponer leyes y tecnologías de la destrucción y el despojo, como la privatización de las semillas, los cultivos transgénicos, semillas Terminator, la biología sintética y la geoingeniería…

Se asocia también con la nueva tendencia mundial del acaparamiento de tierras, pues en gran medida este proceso de despojo violento de tierras está asociado con el establecimiento de cultivos transgénicos y energéticos para la producción de agrocombustibles, como se refleja en la siguiente declaración de la CLOC del 17 de abril de 2011.

… En Latinoamérica cada día crecen con más fuerza mecanismos como el monocultivo para la producción de agrocombustibles y transgénicos que influyen directamente al pueblo campesino, originario y afrodescendiente pues es extensivo en tierra lo que genera un desgaste de la tierra a corto plazo, agudiza la crisis climática y conlleva el desplazamiento forzado de las campesinas y campesinos a las grandes ciudades, engrosando así los cordones de pobreza…

La ayuda alimentaria con transgénicos es otra problemática que ha suscitado movilización por parte de la sociedad civil en América Latina. En un seminario internacional llamado por la RALLT en 2001 se puso en evidencia que la ayuda alimentaria con transgénicas era un fenómeno generalizado en el tercer mundo y las economías en transición, a través de la cual Estados Unidos impone sus políticas económicas y coloca sus excedentes.

A los grupos ecologistas, que fueron los primeros en interesarse en esta problemática, se juntaron organizaciones de consumidores y otros sectores que han dado seguimiento a la problemática de la ayuda alimentaria desde hace muchos años. Un resultado de esta reunión fue que a partir de entonces se hicieron pruebas sobre el contenido de las donaciones alimenticias en varios países del Tercer Mundo y en todos los caso se encontró la presencia de transgénicos. Un actor importante en este proceso fue la organización Amigos de la Tierra.

Varios gobiernos se pronunciaron al respecto, y en el caso del Ecuador las denuncias hechas sobre la presencia de soya transgénica en los programas de alimentación infantil produjo la renuncia de la representante del Programa Mundial de Alimentos en el país.

Desde esta iniciativa que nació en América Latina, se empezó a discutir esta problemática en África, hubo pronunciamientos de los delegados oficiales en la Cumbre de Desarrollo Sustentable en Johanesburgo, por ejemplo de Zambia; y en 2006 hubo un segundo encuentro internacional en la ciudad de Maputo, donde el rango de actores se amplió a organizaciones de asistencia humanitaria.

Este tema ha ido perdiendo importancia en América del Sur porque con el advenimiento de los nuevos gobiernos progresistas en la región, las donaciones en forma de alimentos ha disminuido muchísimo en la región, aunque en 2010 recibieron ayuda alimentaria desde Estados Unidos los gobiernos de Perú, Ecuador y Colombia.

Al momento varios gobiernos locales están declarando territorios libres de transgénicos. Esto es especialmente fuerte en Perú, donde se han declarado cerca de una decena de municipios libres de transgénicos, y en la mayoría de casos el argumento ha sido la defensa de la agrobiodiversidad nativa, especialmente la papa, y luego, ante una posible aprobación de los transgénicos en Perú, confluyeron varios sectores de la sociedad para defender la agrobiodiversidad peruana hasta conseguir una moratoria por diez años.

En Colombia por otro lado, la declaración de territorios libres de transgénicos ha estado liderado por comunidades indígenas, quienes han visto en estas declaraciones una forma de defender sus territorios, y hay varios resguardos indígenas declarados libres de transgénicos.

En el Ecuador la disposición constitucional de declarar al país libre de transgénicos obedeció a una voluntad de casi todos los asambleístas, y fue el resultado de al menos una década de trabajo de las organizaciones que han trabajado por el no ingreso de semillas transgénicas al país. La excepción se alcanzó por el lobby del agronegocio como lo indica un Wikileak de la Embajada estadounidense en Ecuador.

En los países donde ya los cultivos transgénicos están totalmente establecidos, se ha retomado las antiguas campañas en contra de los plaguicidas. Este es el caso del Brasil, donde las organizaciones de agroecología han llevado a cabo esta lucha. Un poco diferente es en Argentina, donde son los vecinos de las zonas fumigadas quienes se han organizado en contra de las fumigaciones, sólo luego de haber enfrentado una década de enfermedades catastróficas como cáncer, leucemia, problemas endócrinos, entre otros.

En torno a esta problemática se ha creado la campaña “Paren de Fumigar”, llevada a cabo en más de 70 pueblos y comunidades en las que se lucha para frenar la expansión de los cultivos de soja transgénicos y el uso irracional de pesticidas que este conlleva. En marzo de 2009 se inició una acción judicial por iniciativa de un grupo de ciudadanos. En 2009, el tribunal de Santa Fe ordenó la suspensión de la fumigación aérea en proximidad de zonas urbanas, y aunque los productores de soja apelaron la sentencia fue ratificada en segunda instancia. Entre los colectivos que conforman esta red se incluye el “Grupo de Madres del Barrio Ituziangó Anexo”, quienes son pioneras en la denuncia en contra de los impactos de las fumigaciones en su bario, y han documentado varios casos de tumores, muertes prematuras, malformaciones genéticas, etc. Ellas han interpuesto un juicio en contra de los sojeros, y su lucha ha servido de inspiración para que otros colectivos también se organicen en torno a esta problemática. Ha habido ya algunos casos relativamente exitosos, donde se ha limitado el área de fumigaciones, como fue el caso de La Leonesa–Chaco, donde una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Chaco obliga a no fumigar a menos de mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua, y en la comunidad Zabala en la provincia de Santa Fe, donde también se establecen limitaciones al uso de plaguicidas.

Otro actor que está surgiendo en Argentina son médicos preocupados por la sociedad; médicos que atienden en centros de salud luego de ver cómo han aumentado los casos de enfermedades catastróficas en la población. Ellos han organizado la red de médicos de pueblos fumigados. Este es un movimiento que está empezando a cuajarse en Paraguay y Uruguay.

Un actor importante podría ser la academia, pero muy pocos académicos han apoyado las demandas de la sociedad sobre los cultivos genéticamente modificados. La mayoría se han apresurado a afirmar que los cultivos transgénicos no producen impactos en la salud y el ambiente, y cuando han surgido estudios que contradicen estas afirmaciones ha tenido que enfrentar la crítica desde la propia academia, como fue el caso de la Dra. Antonieta Gutiérrez lugo de dar a conocer sus resultados sobre la contaminación del maíz en Perú.

Camino hacia adelante

El futuro de los cultivos transgénicos en América del Sur están marcados por situaciones antagónicas. Por un lado tenemos la declaratoria de una moratoria por 10 años a la liberación de transgénicos en Perú, que fue un logro de las organizaciones sociales peruanas y por otro la adhesión de Perú al Convenio UPOV 1991.

En Bolivia tenemos la aprobación de la Ley de Revolución Productiva en Bolivia. Aunque en la ley se abre la posibilidad de aprobar nuevos cultivos transgénicos, hay que esperar que la palabra del presidente Evo Morales se mantenga cuando el asegura que en Bolivia están prohibidos los transgénicos. Por otro lado, esta ley estaría limitando el libre flujo de semillas, pues sólo podrán circular las semillas certificadas, y a través de medidas sanitarias.

Leyes y propuestas de ley similares están siendo introducidas en casi todos los países de América Latina, a lo que se suma el hecho de que tanto Chile como Perú son ahora parte del Convenio UPOV que da derechos a los obtentores de semillas industriales.

Este año recordamos además con preocupación la liberación hecha en Brasil de mosquitos transgénicos para el control del dengue, y la amenaza de liberación en Panamá y Costa Rica. Miramos con preocupación la aprobación de nuevas variedades de semillas transgénicas en ese país que incluyen variedades resistentes a herbicidas más fuertes como el Dicamba, y el 2,4D lo que significará mayor uso de plaguicidas y mayores impactos en la salud y el ambiente (hasta el momento hay más de 20 diferentes tipos de transgénicos aprobados en Brasil), así como la enorme expansión de los híbridos de maíz con genes apilados.

Una posible introducción en el campo de eventos transgénicos de caña y de eucalipto en Brasil potenciará aun más la industria de los agrocombustibles, especialmente del etanol, y con posibilidades de irradiarse a otros países de la región. Por otro lado se está ya trabajando con nuevas técnicas moleculares como es la biología sintética que permite la elaboración de diesel a partir de caña, también en Brasil.

Tenemos además la adopción de un nuevo tipo de soya transgénica (RR y Bt) en Argentina que obligará a los agricultores a firmar contratos que les impide guardar semillas y a aplicar un paquete tecnológico, con lo que se consolida el poder de Monsanto en ese país, y la aprobación de la soya transgénica en Colombia. Este país tiene bastas llanuras donde la soya con resistencia a herbicidas podría esparcirse de la misma manera como se expandió en el Sur del Continente.

Aunque la conciencia sobre los peligros que producen los transgénicos sigue aumentando, esto no ocurre con la misma velocidad con la que esta tecnología se expande en la región.

No nos queda sino seguir trabajando porque algún día volvamos a tener una América Latina Libre de Transgénicos. El ejemplo de lo que pasó en Perú debe ser nuestra inspiración. www.ecoportal.net

 

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Paraguay: Declaración Política IV Campamento de Jóvenes

Martes 19 de Diciembre de 2011

Los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2011, en el local de Semilla Róga (Repatriación), nos encontramos alrededor de 200 personas, campesinas e indígenas de diferentes departamentos del país, bajo el lema: “¡Jóvenes en lucha y rebeldía contra la recolonización y por nuestra soberanía!”; para participar del 4° Campamento Juvenil de Conamuri, con el firme propósito de discutir los grandes problemas nacionales en un contexto global, rescatar nuestra fibra histórica como pueblo en constante movilización y lucha sesgada, con heroínas y héroes sepultados por el sistema vigente, y confrontar el futuro con nuevos pensamientos y prácticas, con la perspectiva también de proyectar las nuevas relaciones entre hombres y mujeres y entre estos con la naturaleza.

Vemos en este momento político como una necesidad urgente nuestro protagonismo como jóvenes en los temas fundamentales que hacen a la nación. Porque la juventud siempre es convocada en las manifestaciones para contribuir en la lucha del pueblo y muchas veces esa participación termina con invisibles resultados para el sector, ya que se lo opaca al no reconocérsele como un actor fundamental dentro de las organizaciones campesinas e indígenas. Sumamos no solo fuerza y rebeldía, sino también mística, coraje, capacidad de indignación y de rabia, entrega solidaria y un férreo compromiso militante que debe ser valorado en todas las instancias de las organizaciones de que formamos parte.

Consideramos que la situación por la que muchos de nosotros y nosotras estamos atravesando tiene que ver sobre todo con el modelo capitalista implementado en el Estado paraguayo, porque no se trata solo de que la falta de recursos nos impide terminar el bachillerato e iniciar una carrera universitaria, sino que también nos obliga a emigrar a otros parajes o países en busca de empleo, salud y educación, generándose en muchos el desarraigo, el menosprecio hacia la cultura campesina e indígena, el consumismo, la violencia sobre nuestros cuerpos y mentes, entre otros males de la sociedad actual.

Para contrarrestar esta situación, debemos constituirnos en verdaderos agentes del cambio social, necesitando que se multipliquen los espacios de formación y volverlos más periódicos y secuenciales, encuentros a los que acudamos no solo para escuchar y tomar apuntes, sino para apropiarnos del proceso formativo y transformarnos en sujetos activos de la metodología pedagógica, una con la capacidad de generar un dinamismo propio para conquistar nuestra atención hacia los grandes debates políticos de la agenda país, para fortalecer la conciencia de clase, para contextualizar nuestra presencia en el mundo y conocer con creces cuáles son nuestras funciones, cuáles las actitudes que debemos asumir, cuáles los caminos y las decisiones que enfrentar de cara al porvenir, cuáles, sobre todo, son nuestros deberes y obligaciones para con la clase trabajadora.

En este 4° Campamento hemos dialogado acerca de diversos temas que nos tocan de cerca como juventud paraguaya y de pueblos originarios, tales como la violencia hacia las mujeres, la tierra y el territorio, la salud sexual y reproductiva, la soberanía alimentaria, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la agroecología, las estrategias de comunicación, entre otros; todo con el propósito de desgranar la coyuntura nacional y analizarla a profundidad parte por parte, buscando sumar conocimientos y trasladarlos posteriormente a nuestras comunidades mediante el trabajo de base.

Como resultado de la sucesión de estos intercambios de experiencias y saberes, declaramos la necesidad de:

– Exigir al Estado paraguayo la implementación de políticas de salud sexual y reproductiva orientadas a la juventud, en un marco de respeto, tolerancia y coherencia con la realidad de muchos jóvenes, varones y mujeres.

– Demandar a nuestros padres y madres la suficiente confianza para permitirnos ser parte de los procesos de formación de la Conamuri, pues muchas veces quienes tienen licencia para participar de este tipo de encuentro son los varones, dejándose de lado a las jóvenes por su sola condición de mujer, envuelta en tabúes y prejuicios impuestos por el modelo patriarcal.

– Articular una red de mujeres jóvenes para contribuir en la Campaña Basta de Violencia hacia las Mujeres del Campo, que está impulsando Conamuri desde la CLOC/Vía Campesina Paraguay.

– Incorporar nuevos voceros y nuevas voceras a la Campaña de la Semilla, para desperdigar en las bases los principios de la agroecología, los conceptos relacionados con la soberanía alimentaria y el rescate de las semillas nativas y criollas.

– Seguir apostando por la formación política e ideológica de los y las jóvenes a través de la conformación de encuentros en donde se realicen constantes lecturas sobre la realidad nacional y el contexto internacional, en lo político, lo social, lo ambiental, lo cultural, lo económico, etc.

– Involucrar a la juventud en las tareas de comunicación estratégica, para escuchar su voz de protesta, de aliento, sus inquietudes y esperanzas y por una participación efectiva en los medios con que cuenta Conamuri, ya sea el boletín Ñe’ẽ Roky, las redes sociales o la inminente radio comunitaria con la que se contará dentro de poco.

– Fortalecer la secretaría de la juventud de la Dirección Nacional y articularla con las coordinadoras departamentales para una mayor visibilización del sector, procurando acentuar su protagonismo en las manifestaciones, las ocupaciones de tierra, las actividades de repudio contra nuestros enemigos de clase, etc.

– Crear un equipo departamental de jóvenes y elegir para el mismo una o un representante.

– Promover y practicar las expresiones culturales que se adecuen a nuestra necesidad de comunicarnos, con creatividad e iniciativa propia, como ser el teatro, la batucada, los murales, etc.

– Reconocer el gran desafío que constituye el IALA Guaraní en la instalación de una educación liberadora, creadora de consciencia y de transformación humana y social, a través de un mayor aporte de las organizaciones de la CLOC/Vía Campesina a su proceso de conformación.

¡Jóvenes en lucha y rebeldía contra la recolonización y por nuestra soberanía!

Repatriación, 19 de diciembre de 2011

 

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La minería en Chile hoy Codelco-Anglo American – ¿Nacionalismo, nuevos negocios o simple espectáculo?

Martes 20 de Diciembre de 2011

Paul Walder

Punto Final

Adital

La política chilena más reciente está llena de contradicciones, pero la política minera posiblemente mantiene algunas que son insuperables. Los discursos, acciones y decisiones políticas de los últimos 50 años, pero en especial de los últimos veinte, han instalado un escenario en el que sus actores y protagonistas han representado una de las peores comedias. Un tablado para la representación de la comedia neoliberal, la que ha tenido sus más vergonzosos actos y escenas en el sector minero.

El litigio entre Codelco y Anglo American por la opción de compra del 49 por ciento de la propiedad de la ex Disputada de Las Condes ha vuelto a revivir viejos procesos históricos, los que simplemente estuvieron anestesiados durante los últimos 40 años. Las fuertes contradicciones y choques históricos de los años 60 y 70 condujeron a la nacionalización parcial de los recursos mineros durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y, posteriormente, a su estatización completa con Salvador Allende. El siguiente giro de la historia fue en el sentido opuesto: golpe de Estado en 1973 y progresivo traspaso de esos recursos al sector privado nacional y global.

La primera y gran contradicción no fue, por cierto, ni el golpe de Estado -propiciado desde Washington para cautelar los intereses de sus corporaciones mineras- ni las indemnizaciones que la dictadura cívico-militar chilena le entregó a estas corporaciones por los bienes estatizados durante el gobierno de la Unidad Popular. Tampoco fue una contradicción la creación, a comienzos de la década de los 80, de la ley de concesiones mineras al sector privado por el economista José Piñera, hermano del actual presidente de la República.

La primera gran contradicción vino más tarde, a partir de 1990 con los gobiernos de la Concertación, los que justificaron y certificaron los cambios en las políticas económicas realizadas por la dictadura. Quienes gobernarían durante los próximos veinte años no reclamaron por aquellas transformaciones, sino que las avalaron. El primer proyecto minero privado post dictadura, Escondida (de BHP Billiton, Río Tinto y Mitsubishi), lo inauguraba en 1990 Patricio Aylwin. Este fue el inicio de un proceso de involución histórica que llevó al sector minero chileno a una condición similar a la que sufrió durante todo el siglo pasado y el precedente. Los tiempos de Anaconda, Kennecott y Braden Copper comenzaban a mutarse en otros, con nombres como Billiton, Exxon y más tarde Xstrata, Anglo American y Barrick Gold.

Tras poco más de tres décadas desde la nacionalización del cobre, por la fuerza de la reacción y la avaricia corporativa que ha caracterizado el proceso de globalización neoliberal, la economía chilena volvía a registrar una dependencia similar a la sufrida durante los dos siglos precedentes, con un protagonismo, esta vez creciente, del sector privado nacional y mundial en la economía y las decisiones políticas. Este trance ha sido denominado desnacionalización de los recursos mineros. Hacia finales de la década pasada, aproximadamente el 70 por ciento de la producción nacional de cobre era elaborada por compañías privadas nacionales y extranjeras, las ventas de este sector se elevaban a 18 mil millones de dólares en tanto las ganancias eran superiores a los ocho mil millones. El año 2010 sólo Minera Escondida tuvo utilidades por 4.300 millones de dólares.

La segunda gran contradicción se produjo hace muy poco, bajo el gobierno de derecha de Sebastián Piñera. La estatal Codelco, al intentar hacer efectiva una cláusula del contrato de venta, en 1978, por parte del Fisco a Exxon de la ex Disputada de Las Condes, hoy propiedad de Anglo American, se estrelló contra el muro levantado por la historia de las inversiones extranjeras en la minería en Chile, aunque es aplicable a cualquier otro sector y país latinoamericano, africano u asiático. El gobierno proempresarial de Piñera, muchos de cuyos miembros fueron entusiastas partidarios del golpe militar, de la dictadura y de las privatizaciones, ha embestido al corazón y esencia del capitalismo.

La reacción del gobierno de Piñera ha sido defender en tribunales ese derecho para comprar el 49 por ciento de la mina, opción que Anglo American, también con el contrato en la mano, impugna. El litigio, hoy en manos de conspicuos bufetes de abogados, seguirá su curso legal o, también, es posible, extrajudicial.

El gobierno ha entrado con fuerza en apoyo de Codelco, generando una nueva e inédita corriente nacionalista sobre la propiedad de los recursos naturales. Un discurso, sin embargo ambiguo, aun cuando políticamente rentable: si bien está acotado a la ex Disputada, se integra muy bien con el actual clima de insatisfacción con el modelo de mercado.

La historia los condena

Es necesario hacer un poco de memoria. Hace poco más de diez años, durante el gobierno del “socialista” Ricardo Lagos, la multinacional de la energía, Exxon, entonces dueña de la mina hoy en disputa, la muy bien llamada Disputada, anunció la venta de este activo a Anglo American por 1.300 millones de dólares. El anuncio de venta escandalizó a más de un especialista y observador de la economía y del sector minero. Exxon vendía en una suma millonaria una mina que, según sus balances, sólo le había generado pérdidas, pero que en los hechos era una clásica y desvergonzada práctica realizada en los países del Tercer Mundo, con la ayuda de los amigos en el Estado y en el Parlamento, para no pagar impuestos. El buen precio en que Exxon traspasaba la Disputada a Anglo American también consideraba estas “exenciones” tributarias.

Los gobiernos de entonces podrían haber organizado la misma maniobra que el actual: la cláusula estaba vigente. Pero no lo hicieron. Lagos ha aparecido durante estas semanas en la prensa justificando su omisión, pero el lector, el ciudadano de la calle, ya tenía y tiene sus opiniones.

El ex presidente “socialista” se justificaba en la prensa del duopolio. Lagos escribía: “En ese momento (2002) habíamos tratado de comprar Disputada, pero la oferta que hizo Codelco fue levemente inferior a Anglo American. Todos respetamos las reglas del juego y Anglo American se quedó con la compañía”.

Ese y otros gobiernos de la Concertación no sólo aplaudieron cada una de las inauguraciones de las nuevas instalaciones mineras, hidroeléctricas y forestales, sino que fueron diligentes para facilitarles una ganancia buena y rápida. Durante aquellos años los organismos internacionales lo mismo que las agencias de calificación de riesgo -aquellas mismas que mintieron con los balances, desde Lehman Brothers a La Polar-, colocaban a Chile como el mejor país latinoamericano para hacer negocios. Era que no. Hacia finales de la década pasada las grandes empresas, lo mismo que en los años precedentes, aumentaban sus ganancias en un 50 por ciento.

Los concertacionistas se desvivieron por atender al inversionista extranjero. Y también perdieron la compostura y la dignidad. Para ello, sólo dos recuerdos. Uno data de los primeros años de la década pasada, durante el gobierno de Ricardo Lagos y con Ricardo Solari como ministro del Trabajo. La intoxicación de un niño tras comer una hamburguesa en un local de McDonald’s detonó airadas protestas ciudadanas, lo que terminó con ese ministro junto a otros funcionarios de gobierno comiendo hamburguesas ante la prensa para calmar la indignación de la sociedad civil. El segundo episodio es mucho más grave, y estuvo oculto hasta su emergencia hace pocos meses gracias a WikiLeaks. Durante el gobierno de Michelle Bachelet, la embajada de Estados Unidos presionó a La Moneda a favor del proyecto termoeléctrico Campiche, de la empresa estadounidense AEG Gener, rechazado en la evaluación de impacto ambiental por estar emplazado en un área verde. Tras algunas llamadas telefónicas, la solución fue muy simple: un cambio de la destinación del suelo, de área verde a industrial.

La mala conciencia y el royalty minero

Hay que ser justos en este recordatorio. El escándalo de Exxon dejó en muy mal pie la oscura relación entre las corporaciones mineras y los gobiernos de entonces, que habían observado con parsimonia cómo evadían de un modo obsceno el pago de impuestos, lo que generaba sospechas sobre la calidad del lobbying con todo tipo de dádivas, aguinaldos o gratificaciones. De este episodio, y por cierto, de la insistencia de un grupo de políticos, entre ellos el ex senador Jorge Lavandero, que persistieron durante décadas por demostrar este escándalo de las políticas mineras, surgió un proyecto de royalty, por el cual el Estado, y gracias hoy al alto precio del mineral, ha logrado obtener algunos beneficios.

Es prudente recordar también la actual estructura del sector minero, que expresa con claridad el proceso de desnacionalización del cobre. Hacia finales de la década pasada, del total de la producción minera chilena, que superaba los 5,5 millones de toneladas, el 70 por ciento correspondía a la producción privada, con una venta por 8.370 millones de dólares. De este total facturado por la empresa privada, casi siete mil millones de dólares correspondieron a ganancias, de las cuales pagaron un total de 1.400 millones de dólares entre Impuesto a la Renta e impuesto específico a la minería.

La comparación con los aportes de Codelco al Fisco expresa con evidencia las enormes pérdidas que sufren el Estado y la ciudadanía con la ley de la dictadura y la desnacionalización de los recursos mineros. Aquel mismo año, Codelco produjo el 30 por ciento del cobre y tuvo utilidades por 1.800 millones de dólares. De este total, pagó sobre mil millones de dólares por concepto de impuestos, en tanto pagó otros 580 millones como aporte directo al Fisco (Ley Codelco). Es decir, Codelco, que produjo a fines de la última década un tercio del total del cobre, aportó al fisco 1.600 millones de dólares, más que los 1.400 millones que la minería privada pagó tras haber producido más del 70 por ciento del cobre chileno.

Más absurdo que contradicción

Que la derecha tenga hoy un litigio con una empresa transnacional es también un sinsentido y una contradicción al recordar la historia más reciente. Porque hay al menos dos eventos que permanecerán tal vez por siglos en la memoria. Tras la nacionalización del cobre por el gobierno de Salvador Allende, las empresas estadounidenses, agrupadas entonces bajo una transnacional que lideraba la ITT (International Telephone and Telegraph), impugnaron las nacionalizaciones a través del camino judicial, tanto a nivel internacional como nacional. Este proceso, hay que recordar, incluyó también el financiamiento de la oposición y de los medios de comunicación de derecha para crear un clima de inestabilidad en el país.

Estas medidas tuvieron un éxito parcial hacia 1972, cuando los requerimientos de Anaconda y Kennecott lograron la retención de embarques de cobre chileno en puertos internacionales. Meses más tarde estos intereses lograban paralizar el país, generar un clima de caos y desencadenar el golpe de Estado. Hoy, casi 40 años más tarde, una corporación internacional, esta vez británica, entra en litigio con un gobierno chileno ¡de derecha! Pero durante los veinte años anteriores, con los herederos de Allende (PS, PPD, PRSD) en La Moneda, las relaciones no pudieron ser más fluidas.

El otro evento también refuerza este absurdo y esta contradicción. Tras el golpe de Estado, una de las primeras acciones impulsadas por los golpistas civiles y militares fue la devolución de los activos nacionalizados. El proceso de desnacionalización de los recursos naturales chilenos comenzó el mismo 11 de septiembre de 1973 y hacia 1974, la dictadura de Pinochet negociaba con las empresas norteamericanas para indemnizarlas. El acuerdo supuso el pago de cerca de 400 millones de dólares de la época, y las principales beneficiadas fueron las empresas mineras, aunque la ITT también recibió su parte. La Anaconda recibió 168 millones, Braden 54 millones, Cerro Corporation, 15 millones. El resto correspondió a ITT y a otras inversiones menores.

Estas acciones, acopladas a otras, como la creación de la ley minera en plena dictadura, nos explican con claridad el actuar tradicional de la derecha económica ante los recursos naturales. El febril discurso nacionalista que hemos observado en estos días, también ha comenzado a decantar y es probable que se encauce bajo la lógica neoliberal, la que, bien sabemos, pone el interés corporativo como bien supremo. En ese sentido, las declaraciones a mediados de noviembre de Guillermo Luksic, presidente de Quiñenco y empresario minero, son expresivas: “El gobierno no debiera formar parte de esta cantidad innumerable de árbitros que se han erguido en el país opinando sobre un problema que es de dos empresas”.

La Concertación hoy se rasga las vestiduras y clama otra vez por la nacionalización de los recursos mineros. Tras veinte años de fruición neoliberal, de haber entregado con placer los recursos naturales, después de avalar todas y cada una de las políticas económicas de la derecha, este nuevo canto nacionalista es sin duda una inexplicable contradicción.

[Enviado por Comcosur – Montevideo – Lunes 19 de Diciembre de 2011].

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Argentina: Un campesino baleado y otro golpeado ferozmente por matones del empresario Ricardo Villa y el Comisionado Municipal de Villa Matoque

Martes 20 de Diciembre de 2011

En el paraje Villa Matoque, noroeste de Santiago del Estero, balearon a Néstor Palacios y golpearon a Ariel Palacios, campesinos que defendían los territorios de la comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada, al servicio de Ricardo Villa de la empresa Servicios y Negocios y su socio el comisionado municipal “Chillín” Santillán.

El conflicto es con la empresa Servicios y Negocios S.A.de Yerba Buena Tucumán CUIT: 30-65756128-9 S, que desde el 2009 intenta acaparar los lotes Cruz Bajada, Saucioj y Pilpinto, unas 15 mil has contratando grupos armados al mando de “el Paraguayo” y de Martin Caldera con el apoyo de Miguel Gimenez de Quimilí y con la disposición de los bienes de la comisión Municipal de Villa Matoque para alambrar. Ésta situación afecta a más de 50 parajes campesinos indígenas.

El chango baleado es Nestor Palacios y el golpeado Ariel Palacios, del paraje Mistolito. Este Lunes 19, a las 11 de la mañana, estaban ellos junto a otros compañeros de Mocase –UPSAN intentando impedir que los alambradores de la empresa sigan acaparando tierras de las comunidades; de repente, aparacieron el Comisionado Municipal Chillín Santillán y miembros de su familia armados y Luis Jeremias Santillán le disparó cerca del corazón a Néstor. Fue llevado a Quebrachal y de ahí a Salta porque esta grave, la bala atravesó el cuerpo, presuntamente de un rifle. Ariel fue golpeado y esta en Quebrachal siendo asistido.

 

El conflicto se viene denunciando desde el 2009 en Juzgado de Monte Quemado cuando Ricardo Villa llega a la zona, primero a Saucioj y luego a Rumy, La Soledad, Platero y obliga a algunos pobladores a firmar contratos de venta de posesión, que nunca se cumplen. Luego de intentar desalojar de esta manera, ante la resistencia de las comunidades, se llevan a cabo dos alambrados custodiados por un grupo de armados al mando del Paraguayo.

El comisionado de Villa Matoque Hugo “Chillín” Santillán junto a su familia son encargados de realizar el alambre, amenazar y obligar a los pobladores para que firmen, y tramitar con los jueces y políticos amigos los permisos truchos de desmontes. Su familia son Alonso Santillán Secretario de gobierno (padre de Luís Jeremías el que hizo el disparo a Néstor ), Andrés Villalba Policía del destacamento N°15 de Villa Matoque (cuñado de Hugo Santillan), Alonso Santillán (Hijo del secretario del Comisionado y policía en la Seccional 22 de Monte Quemado), hoy estaba de servicio mientras su hermano le disparaba a Néstor y Julio Amaya suegro del Comisionado. Esta banda de políticos responden a Gerardo Zamora.

Desde Agosto de 2010 Ricardo Villa junto con todo este grupo alambra el campo comunitario de los parajes Platero, la Soledad, Dos Paraísos y Rumy. Se lleva a cabo un desmonte y destruyen la casa de los compañeros Jorge Ricardo Argañaraz y Dalia Abigail Belizán, sin ninguna orden de desalojo. Luego en Diciembre 2010 el juez coloca una medida de No Innovar que no es respetada por la empresa y continua alambrando y desmontando, existen constataciones policiales de esto. Sin embargo en enero de 2011 el Juez Fringes Sarria por pedido de la empresa levanta la medida y se declara incompetente. Sin embargo libra ordenes de detención para campesinos de la zona que impedían los alambrados, Juan Luna, Ricardo Cuellar y Roque Gonzalez.

Durante este año la familia Argañaraz y Perez siguieron sufriendo amenazas, disparos en la casa y matanza de animales.

En Diciembre de 2010, fue llevada una comisión del Gobierno al lugar por las organizaciones campesinas e indígenas. Todos los funcionarios del ejecutivo provincial avalaron el accionar de la empresa, incluso cuando se detectaron topadoras y tractores robados con los que llevaban a cabo los trabajos así como personal de seguridad armado de la empresa sin registrar. En la comisión estaban Publio Araujo, Director de Bosques, quien avaló el plan de desmonte, la Directora de Colonización, el Jefe Camaño de la Policía de Santiago, la Escribana de Estado y personal del Comité de Crisis y Registro de poseedores dependientes de la Jefatura de Gabinete.

A un mes del asesinato de Cristian Ferreyra, otras víctimas de la inacción del gobierno o, más bien, de su accionar delictivo, ya que el comisionado es parte del gobierno así como toda la plana mayor del ejecutivo provincial que participó de los operativos y que permitieron y avalaron el accionar criminal de la empresa.

– Exigimos la inmediata detención del agresor Jeremías Santillán, del Comisionado Hugo Chillín Santillán y del empresario Ricardo Villa responsables directos e investigación a todos los cómplices que han permitido y avalado que la situación siga agravándose.

– Exigimos el desarme inmediato de las bandas armadas que siguen operando al servicio de los empresarios en los departamentos Copo, Pellegrini, Alberdi, Figueroa, Moreno, entre otros.

– Denunciamos la complicidad del Gobierno provincial de Gerardo Zamora y exigimos se asuman las responsabilidades políticas.

– Denunciamos las maniobras del Ministro de la Producción Luís Gelid, de la Sociedad Rural y la CRA a las que responde, para garantizar la “seguridad jurídica” de los agronegocios, que no es más que impunidad y atropellos a los derechos de las comunidades campesinas indígenas, como así también la campaña de presión para liberar a Ciccioli, empresario detenido por el asesinato de Cristian Ferreyra.

Seguiremos en Asamblea y Movilización Permanente en defensa de nuestros territorios campesinos indígenas.

¡Contra el agronegocio y por la Soberanía Alimentaria!

¡Ni un metro más, la tierra es nuestra!

CONTACTOS: 0387 154816773

0385 154894162

03844 15408668

0385 154891250

 

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Argentina: Otro conflicto por tierras

Martes 20 de Diciembre de 2011

Por Dario Aranda

A un mes del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, otras dos personas resultaron heridas en un nuevo conflicto territorial por el modelo agropecuario. Ayer a la mañana, en el norte provincial, dos integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) fueron atacados por cuatro personas armadas que pretendían ingresar al campo comunitario. “Mis viejos nacieron ahí y vienen estos sinvergüenzas y quieren hacer negocios con nuestra tierra. No los vamos a dejar, aunque tengan a los políticos y la policía de su lado”, advirtió Ariel Palacios desde Salta, donde fue trasladado con un traumatismo de cráneo y donde su hermano, Néstor Palacios, permanecía internado con un disparo en el pecho. El Mocase acusó del hecho a funcionarios municipales. El Comité de Emergencia, ámbito oficial de la Jefatura de Gabinete provincial, había alertado sobre los conflictos en la zona.

Villa Matoque es un pueblo al noroeste de Santiago del Estero, casi al límite con Salta. “Hace dos años que comenzaron los problemas con vecinos que siempre vivieron ahí. La familia Santillán, todos prendidos en la Comisión Municipal, empezó a echar campesinos y vender las tierras a empresarios”, explicó Palacios, que forma parte de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (Uppsan, y ésta integra el Mocase).

Ariel Palacios, de 45 años, estaba anoche en el Hospital San Bernardo, de la capital salteña, donde fueron trasladados con su hermano Néstor (de 43). Explicó que son 60 familias que viven y trabajan 3000 hectáreas comunitarias. Hace dos semanas “vinieron empleados de los Santillán con topadora y se metieron de prepo”, detalló.

 

A las 9 de ayer, los Palacios comenzaron a cerrar con postes la picada que había hecho la topadora. Cuatro hombres armados llegaron. Ariel Palacios fue golpeado en la cabeza con la culata de un revólver. Su hermano Néstor sufrió un disparo de carabina en el pecho, debajo de la clavícula, que también le afectó el brazo.

Palacios identificó como cabecilla del ataque al secretario de la Comisión Municipal de Villa Matoque, Eduardo Alonso Santillán, que es hermano del comisionado municipal (Hugo Santillán). Y denunció que el disparo fue realizado por “Geremías Santillán, hijo del secretario, sobrino del comisionado”.

El Comité de Emergencias para la Problemática de Tierras recorrió en diciembre de 2010 Villa Matoque. El informe oficial se llama “Informe Comisión Interinstitucional Caso Rumi Pozo-La Soledad, Departamento de Copo”. Detalla que recorrieron un campo en conflicto (Rumi Pozo) a 20 kilómetros del pueblo de Villa Matoque.

“Esta comisión se encontró con un grupo de personas que había montado una carpa frente a la Comisión Municipal y presentaba carteles con consignas de protesta contra el comisionado Santillán y su familia. Pudimos observar que en la sede de la Comisión Municipal se encontraba otro grupo y personal policial, que según nos relatan estarían custodiando la comisión”, señala el documento oficial y afirma que “el grupo que había armado la carpa frente a la comisión estaba integrado por representantes de cuatro organizaciones campesinas y familias de-salojadas. Manifestaron su total descontento con la intervención de la Comisión Municipal en la compraventa de tierras y en los conflictos que eso genera”.

También detalla que “el otro grupo” estaba integrado por quince personas, entre ellos “el secretario de la Comisión y su hijo (hermano y sobrino del comisionado), quienes manifestaron trabajar para la empresa (agropecuaria) Servicios y Negocios SA”.

Roger Almaraz, del Mocase, afirmó que “todos los conflictos son por un modelo que quieren arrasar los montes para sembrar soja y criar vacas a gran escala. Es un modelo de muerte que quiere acabar con el campesinado y con nuestro modo de vida”.

 

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El crimen que había sido anunciado: asesinato del campesino Cristian Ferreyra

19 de Diciembre de 2011

Un organismo oficial había advertido sobre desmontes irregulares y creciente violencia en el lugar donde luego asesinaron al campesino Cristian Ferreyra. El Mocase acusa al gobierno provincial de no tomar medidas pese a ser alertado.

El gobierno de Santiago del Estero fue alertado por un organismo oficial, en agosto pasado, de la presencia de “40 personas” armadas que “amenazan” a la población rural del paraje San Antonio, donde tres meses después fue asesinado el campesino Cristian Ferreyra. El alerta partió del Comité de Emergencia (organismo de la Jefatura de Gabinete) el 12 de agosto hacia la Dirección de Bosques (del Ministerio de Producción) y también le advirtió que “un plan productivo” (autorizado por Bosques) era el motivo del conflicto territorial. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) había denunciado tres veces el mismo hecho (en marzo, junio y agosto), pero tampoco obtuvo respuesta del gobierno.

Fechado el 12 de agosto de 2011, el documento oficial corresponde al Comité de Emergencias para la Problemática de Tierras y afirma: “Las familias relatan que desde marzo de este año el territorio viene siendo usurpado por un grupo de personas armadas, al menos 40, que proceden a interceptar y amedrentar a la gente, realizando amenazas con armas de fuego, matando y robando animales”. También detalla que los niños de la comunidad dejaron de concurrir a la escuela, “ya que son objeto de amenazas con uso de armas, peligrando por ello su integridad física y la de sus familias. Esta gente realizaría disparos por entre las casas”.

El título del documento es “Informe Comunidad Indígena de San Antonio, departamento de Copo” y está dirigido al director de Bosques, Publio Araujo. Corresponde a una visita en territorio realizada el 1º de agosto de 2011 y explicita que Bosques no debió aprobar un proyecto “productivo” que implica desmonte e intrusión en territorio indígena.

“Lo que máxima preocupación genera en las familias es que habiendo formulado denuncia ante la Dirección de Bosques ante la posible afectación de sus derechos posesorios, de igual manera se aprobó un plan productivo que no se contempló que, según una imagen satelital, demostraría ‘la existencia de población dentro del área del plan y en las inmediaciones. Puede comprobarse la existencia de tres poblados más, uno a 500 metros, San Antonio, y otros dos a menos de dos kilómetros’.”

El paraje San Antonio es donde vivía Cristian Ferreyra, de 23 años, integrante de la comunidad indígena lule-vilela y miembro del Mocase-Vía Campesina. Ferreyra fue asesinado el 16 de noviembre por, según denunció el Mocase en un comunicado, “sicarios del empresario José Ciccioli”.

Tres meses antes del asesinato, la dependencia oficial había alertado por escrito: “Este Comité no puede sino manifestar preocupación por esta situación, dado que la aprobación de un plan productivo en territorios donde se registran disputas entre los pretensos titulares dominiales y las familias campesinas o indígenas que reivindican territorio, no logran más que agravar y acelerar el conflicto”. Las últimas cinco palabras figuran en mayúscula y resaltadas en negrita. El documento oficial lleva la firma de los coordinadores del Comité de Emergencia. Además del paraje San Antonio advierte situaciones similares en otros cuatro lugares: San Bernardo, Santa Lucía, Campo Mayo y San Lorenzo.

“Araujo (de Bosques) responde directamente al ministro de Producción, Luis Gelid, que es un reconocido sojero local. Y Gelid es mano derecha del gobernador Gerardo Zamora. Todos tienen las manos con sangre de campesinos”, denunció Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, a Página/12. Carrizo afirmó que la “cadena de responsabilidades incluye a Elías Suárez (jefe de Gabinete), Marcelo Pato (jefe de policía) y Ricardo Daives (ministro de Justicia), todos fueron advertidos de lo que acontecía en San Antonio y no hicieron nada”.

El Mocase había denunciado tres veces ante el gobierno provincial la misma situación que luego corroboró el Comité de Emergencia. En marzo, junio y el 10 de agosto de 2011. En la denuncia escrita, el Mocase-VC subraya que se incumplen la ley provincial 6841 (prohíbe el desmonte en territorios indígenas), la ley nacional 26.160 (emergencia de comunidad indígenas) y el Convenio 169 de la OIT. También enumera la ley nacional 26.331, denominada “Ley de bosques”. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, afirmó que “el asesinato de Cristian Ferreyra es una lamentable consecuencia del avance de los desmontes. El avance de la ganadería intensiva en el norte del país pone en peligro a más de 10 millones de hectáreas de bosques de la región chaqueña, una superficie equivalente a 500 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires”.

Fuente: Página 12

 

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El crimen que había sido anunciado: asesinato del campesino Cristian Ferreyra

19 de Diciembre de 2011

Un organismo oficial había advertido sobre desmontes irregulares y creciente violencia en el lugar donde luego asesinaron al campesino Cristian Ferreyra. El Mocase acusa al gobierno provincial de no tomar medidas pese a ser alertado.

El gobierno de Santiago del Estero fue alertado por un organismo oficial, en agosto pasado, de la presencia de “40 personas” armadas que “amenazan” a la población rural del paraje San Antonio, donde tres meses después fue asesinado el campesino Cristian Ferreyra. El alerta partió del Comité de Emergencia (organismo de la Jefatura de Gabinete) el 12 de agosto hacia la Dirección de Bosques (del Ministerio de Producción) y también le advirtió que “un plan productivo” (autorizado por Bosques) era el motivo del conflicto territorial. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) había denunciado tres veces el mismo hecho (en marzo, junio y agosto), pero tampoco obtuvo respuesta del gobierno.

Fechado el 12 de agosto de 2011, el documento oficial corresponde al Comité de Emergencias para la Problemática de Tierras y afirma: “Las familias relatan que desde marzo de este año el territorio viene siendo usurpado por un grupo de personas armadas, al menos 40, que proceden a interceptar y amedrentar a la gente, realizando amenazas con armas de fuego, matando y robando animales”. También detalla que los niños de la comunidad dejaron de concurrir a la escuela, “ya que son objeto de amenazas con uso de armas, peligrando por ello su integridad física y la de sus familias. Esta gente realizaría disparos por entre las casas”.

El título del documento es “Informe Comunidad Indígena de San Antonio, departamento de Copo” y está dirigido al director de Bosques, Publio Araujo. Corresponde a una visita en territorio realizada el 1º de agosto de 2011 y explicita que Bosques no debió aprobar un proyecto “productivo” que implica desmonte e intrusión en territorio indígena.

“Lo que máxima preocupación genera en las familias es que habiendo formulado denuncia ante la Dirección de Bosques ante la posible afectación de sus derechos posesorios, de igual manera se aprobó un plan productivo que no se contempló que, según una imagen satelital, demostraría ‘la existencia de población dentro del área del plan y en las inmediaciones. Puede comprobarse la existencia de tres poblados más, uno a 500 metros, San Antonio, y otros dos a menos de dos kilómetros’.”

El paraje San Antonio es donde vivía Cristian Ferreyra, de 23 años, integrante de la comunidad indígena lule-vilela y miembro del Mocase-Vía Campesina. Ferreyra fue asesinado el 16 de noviembre por, según denunció el Mocase en un comunicado, “sicarios del empresario José Ciccioli”.

Tres meses antes del asesinato, la dependencia oficial había alertado por escrito: “Este Comité no puede sino manifestar preocupación por esta situación, dado que la aprobación de un plan productivo en territorios donde se registran disputas entre los pretensos titulares dominiales y las familias campesinas o indígenas que reivindican territorio, no logran más que agravar y acelerar el conflicto”. Las últimas cinco palabras figuran en mayúscula y resaltadas en negrita. El documento oficial lleva la firma de los coordinadores del Comité de Emergencia. Además del paraje San Antonio advierte situaciones similares en otros cuatro lugares: San Bernardo, Santa Lucía, Campo Mayo y San Lorenzo.

“Araujo (de Bosques) responde directamente al ministro de Producción, Luis Gelid, que es un reconocido sojero local. Y Gelid es mano derecha del gobernador Gerardo Zamora. Todos tienen las manos con sangre de campesinos”, denunció Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, a Página/12. Carrizo afirmó que la “cadena de responsabilidades incluye a Elías Suárez (jefe de Gabinete), Marcelo Pato (jefe de policía) y Ricardo Daives (ministro de Justicia), todos fueron advertidos de lo que acontecía en San Antonio y no hicieron nada”.

El Mocase había denunciado tres veces ante el gobierno provincial la misma situación que luego corroboró el Comité de Emergencia. En marzo, junio y el 10 de agosto de 2011. En la denuncia escrita, el Mocase-VC subraya que se incumplen la ley provincial 6841 (prohíbe el desmonte en territorios indígenas), la ley nacional 26.160 (emergencia de comunidad indígenas) y el Convenio 169 de la OIT. También enumera la ley nacional 26.331, denominada “Ley de bosques”. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, afirmó que “el asesinato de Cristian Ferreyra es una lamentable consecuencia del avance de los desmontes. El avance de la ganadería intensiva en el norte del país pone en peligro a más de 10 millones de hectáreas de bosques de la región chaqueña, una superficie equivalente a 500 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires”.

Fuente: Página 12

 

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Argentina: Dos compañeros del MOCASE heridos de bala por defender sus tierras

Lunes 19 de diciembre de 2011

Hoy a las  12:10 dos compañeros miembros de la organización campesina UPPSAN Villa Matoque, Nestor palacios e Ignacio palacios, fueron heridos de bala defendiendo sus tierras,  el responsable de este hecho es Alonso Santillán Secretario de la Comisión Municipal de Villa Matoque (Departamento Copo) quien responde a la empresa “Servicios y Negocios”. .

La informacion es reciente y la hace llegar Ramón Campos presidente de la organizacion que integra el MOCASE.

Los compañeros fueron trasladados al hospital de Quebrachal provincia de Salta y según nos avisan aun no esta interviniendo ningún organismo público ni autoridad pertinente. Esto viene siendo denunciado desde hace un año por las organizaciones y el gobierno provincial tiene conocimiento absoluto del conflicto en la zona.

COMUNICADO MOCASE

(Movimiento Campesino de Santiago del Estero)

 

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FENOCIN celebró sus 43 años de lucha campesina, indígena y negra en el Ecuador

Lunes 19 de Dciembre de 2011

El pasado sábado y domingo, 17 y 18 de diciembre de 2011, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador – FENOCIN, celebró sus 43 años de lucha campesina, indígena y negra del país. Presentaciones artísticas; danza, música, teatro y la Feria agro ecológica y artesanal amenizaron la jornada de celebración. La sesión solemne congregó a autoridades, hombres y mujeres líderes de cada una de las organizaciones.

Con la consigna de ¡¡ La tierra llama a defenderla!! Campesinos, indígenas, afros descendientes y montubios de los diferentes rincones del territorio ecuatoriano se dieron cita en el parque el Arbolito; lugar y escenario de grandes momentos históricos que ha vivido las organizaciones.

Tanto la variedad de productos agrícolas así como la diversidad de manos que con esfuerzo y sacrificio tejen puntada a puntada las blusas, telas y más artículos artesanales se unieron para gritar a la sociedad que con la lucha y la unidad se vence a la adversidad. Ellos; hombres, mujeres y niños para quienes la alegría y la esperanza es más fuerte que el llanto y el dolor, demostraron y enseñan que la lucha se realiza en la cotidianidad, en el trabajo diario, en cada puntada que hacen por alcanzar una figura anhelada, en el vinculo del ser humano con la naturaleza en los momentos de siembra y cosecha.

La feria agro ecológica y artesanal no solo presentaba la variedad de productos; cada unos de los productos reflejaba la alegría, la esperanza, el cariño, la dedicación, la paciencia con que la gente siembra, cultiva y elabora cada uno de los elementos expuestos en la feria. Así, el grito a la sociedad toda fue: “Esto somos, aquí estamos”.

Hombres, mujeres, niños, de los diferentes sectores del país, dirigentes, lideres, autoridades de las organizaciones e instituciones; públicas y privadas, se dieron cita en la sesión solemne por los 43 años de lucha de la FENOCIN en el cual se recalco la importancia histórica de la organización.

Luis Andrango, presidente de la FENOCIN, en su intervención durante la sesión solemne recalcó que: “Han pasado 43 años. Fueron años de muchas movilizaciones, muchas luchas y de una obstinación constante, de siempre luchar y movilizarnos contra el capital y su ofensiva (…) Esperemos que más temprano que tarde una mujer guíe y conduzca a nuestra gloriosa FENOCIN como acto de justicia y reconocimiento a las mujeres que hoy en día siguen cultivando la esperanza, alimentando la paciencia, incentivaremos la crítica y contrayendo la Soberanía Alimentaria y la Revolución agraria (…) Los campesinos, indígenas, afro descendiente y montubios que vienen gritando reforma agraria urgente y necesaria, por esto nos hemos propuesto avanzar en la lucha por una nueva ley de tierra que combata la inequitativa concentración de tierra en pocas manos y nos hemos propuesto recoger miles de firma que respalden nuestra lucha pero además nos hemos propuesto convertir nuestra lucha en un acto político y de construcción de alianzas para construir hegemonía y volvernos de nuevo poder ,ojo no digo gobierno sino poder popular (….) Felizmente no nacimos ayer, hemos aprendido mucho y por esto estamos aquí también para festejar no solo los 43 años de lucha de FENOCIN, Festejamos como indios y negros cientos de años de resistencia que hoy nos permite celebrar nuestra diversidad e la interculturalidad. Somos entonces aquellos alegres revolucionarios que si antes gritábamos “¡Ya basta!” hoy, en tiempos de cambios, decimos: ¡No es suficiente!”

Más información en: http://www.fenocinecuador.org

 

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