Autor: clocvc

2 de marzo de 2016

El tribunal de Mayor Riesgo A dictó 120 años de prisión inconmutables para el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y 240 años de prisión para el comisionado militar Heriberto Valdéz Asig, acusados de delitos de deberes contra la humanidad, violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de 11 mujeres q´eqchis, asesinato de tres mujeres madres y sus dos hijas y de la desaparición forzada de siete hombres (esposos de las mujeres sobrevivientes).

Los juzgadores establecieron que Heriberto Valdez Asig es responsable del delito de desaparición forzada de los señores Antonio Sub Coc, Manuel Cac, Santiago Cac Bá, Pedro Cac Bá, Abelardo Coc, Heriberto Choc y Juan Choc pues participó en su detención en forma violenta y dichas personas nunca volvieron a aparecer encuadrando su conducta en el delito de desaparición forzada, por lo que se le impuso la pena de 30 años de prisión por cada una de las desapariciones forzadas haciendo un total de 210 años de prisión inconmutables.

Esteelmer Francisco Reyes Girón es responsable como autoridad del delito de asesinato cometido en contra de Dominga Coc y sus dos hijas, las niñas Anita y Hermelinda Coc Set, por lo que se le impuso la pena de 30 años de prisión por cada asesinato es decir 90 años de prisión inconmutables.

Tanto a Reyes Girón como a Valdez Asig, el tribunal los señaló de responsables como autoridades de delitos contra los deberes de la humanidad cometidos en contra de la vida y la integridad de la población de Sepur Zarco, especialmente de las señoras Rosa Tiul, Candelaria Maaz, María Bá Caal, Manuela Bá, Felisa Cuc, Vicenta Col Pop, Margarita Chub Choc, Cecilia Caal, Magdalena Pop, Carmen Xol Ical, Demesia Yat, Dominga Coc. Y sus hijas Anita Set Coc y Hermelinda Coc. Por tal delito se le impuso a cada acusado la pena de 30 años de prisión inconmutables.

Los juzgadores expresaron que creen firmemente que reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado y la aplicación de la justica es un derecho que asiste a las víctimas. Haciendo conciencia que el tipo de hechos no debe volver a repetirse.

Jassmin Barrios presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, al dar lectura a la sentencia, dijo que la desaparición forzada es un delito que se proyecta en el tiempo y en el espacio; se dice que es forzada porque precisamente no existe voluntad de parte de la víctima. Las víctimas eran campesinos que fueron separados de sus hogares teniendo en común estar gestionando la tierra de sus comunidades.

Al señalar los delitos de deberes contra la humanidad dijo que el daño ocasionado es de carácter irreparable, se dañó el tejido social de toda una población y sus efectos son perceptibles para toda la sociedad guatemalteca.

Asimismo, señaló que el profanar el cuerpo de las mujeres también constituyó una profanación para la comunidad y se convirtió a las mujeres en objetivo de guerra para lograr la aniquilación de quienes consideraban sus enemigos.

En cuanto al delito de desaparición forzada la juzgadora dijo que el dolor que experimentan los familiares trasciende el tiempo y el espacio, el dolor y la aflicción al no tener conocimiento del paradero de los seres queridos es fuerte porque no se logra cerrar las heridas existentes.

El Tribunal citó a los sujetos procesales para el 4 de marzo de 2016 a las 15:00 horas para la lectura íntegra de la sentencia y tomando en cuenta que es un fallo de carácter condenatorio y que existe el derecho de la reparación digna de las víctimas, el Tribunal citó a los sujetos procesales para el 2 de marzo de 2016 a las 8:30 en el nivel 15 de la Torre de Tribunales a la audiencia de reparación de las víctimas.

En declaraciones a diferentes medios de comunicación, la representante de Mujeres Transformando el Mundo, Paula Barrios, expresó que el Caso Sepur Zarco, representa un hecho trascendental e histórico, no solo para el país centroamericano, sino a nivel mundial, porque es el primer juicio contra personas vinculadas con las fuerzas armadas delimitando las modalidades de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, que se cometieron delitos contra los deberes de humanidad establecidos en el artículo 378 del Código Procesal Penal.

20 días de audiencias

Día a día, durante los 20 días que duró la audiencia, las 11 mujeres q´eqchi´ víctimas de violencia sexual esclavitud sexual y doméstica por parte del ejército de Guatemala en tiempo del conflicto armado interno, se presentaban a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, quienes se hacían acompañar del equipo legal de Mujeres Transformando el Mundo MTM (quienes por varios años tuvieron a su cargo toda la estrategia legal). También eran acompañadas por representantes del Ministerio Público y representantes legales de MTM, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemalteca UNAMG y de la representante de la Colectiva Jalok U, querellantes en el caso.

Todo el tiempo sus rostros permanecieron cubiertos mientras transcurrían los días y veían pasar a testigos, quienes narraron ante el tribunal lo que vivieron ellos y sus familias. Permanecieron todo el tiempo en sus lugares (al lado derecho de la Sala de Vistas) muy raras veces tomaban agua, y en más de una ocasión se observó que sus manos las llevaban a sus rostros para secarse las lágrimas que brotaban al escuchar y ver lo que se desarrollaba ante el Tribunal.

El día 20, la Sala de Vistas fue abarrotada por hombres y mujeres que se solidarizaron con las mujeres valientes, al escuchar la sentencia condenatoria la sala vibro de aplausos y de alegría al ver que se hacía justicia para las mujeres históricas de Sepur Zarco.

Antecedentes:

11 mujeres q´eqchis tuvieron que esperar por más de 30 años para ver sentenciados a quienes son los responsables de violación sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de las sobrevivientes, así como los responsables de desaparición forzada en contra de siete hombres esposos de las sobrevivientes y del asesinato de una madre y sus dos pequeñas hijas.

Para que las mujeres sobrevivientes de violencia y esclavitud sexual durante el Conflicto Armado Interno (CAI) accedieran a la justicia, por muchos años fueron acompañadas de manera psicosocial por organizaciones que integran la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad. Y por más de seis años el equipo legal de Mujeres Transformando el Mundo las acompañó para que el sueño de estar ante un tribunal fuera una realidad.

En el mes de septiembre del año 2011 se presentó la primera querella penal por los delitos «Contra los deberes de Humanidad y Genocidio» del «Caso Sepur Zarco» nombre que lleva el proceso penal, de la cual Mujeres Transformando el Mundo y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas son querellantes adhesivos. El caso es colectivo y fue impulsado por 15 mujeres sobrevivientes de violencia sexual, esclavitud doméstica y esclavitud sexual en el destacamento militar y 5 Hombres sobrevivientes de Tortura, hechos ocurridos en 1982 en el marco del Conflicto Armado Interno guatemalteco.

– Equipo de Comunicación MTM

2 de marzo de 2016

Juicio suspendido sin fecha de reinicio

La defensa recusó al tribunal por parcialidad manifiesta. Amelio Sisco denunció que desde la semana pasada el tribunal le impide hacer preguntas, esto ocurre desde que el juez Samuel Silvero, uno de los miembros del tribunal, ese día de la declaración del perito Pablo Lemir, se reunió con los fiscales de la causa y desde entonces se le impide a él ejercer el derecho a la defensa.

La jueza suplente Arminda Alfonso ocupó el lugar del juez Samuel Silvero en vista a la recusación. A éste se le concedió un plazo de 24 horas para informar si se inhibe o no a la recusación de la defensa técnica.

A todas las partes se les convocó a partir de las 10 am del día miércoles 2 de marzo a efecto de dictar las resoluciones que correspondan.

La sanción contra el fiscal Nelson Ruíz quedó pendiente dado el recurso planteado.

Quedó supeditada la audiencia para el abogado Víctor Azuaga para su defensa ante una posible sanción planteada por el Ministerio Público.
Fiscal Ruíz pidió que se acuerden también del pedido de sanción contra el abogado Amelio Sisco por haber interrumpido la deposición del testigo Luis Zucchini.

La fiscala Liliana Alcaraz acusó al abogado Víctor Azuaga de haberla agredido verbalmente en pasillo y pidió que se remitieran los antecedentes de Azuaga y sobre este incidente.Amelio Sisco, en tanto, dijo haber sido testigo de lo ocurrido y que en ningún momento su colega Azuaga agredió a la fiscala, lo que se constituye en una grosera mentira y una calumnia.

Azuaga solicitó que se remitieran así también los antecedentes de la fiscala Alcaraz y del fiscal Nelson Ruíz porque está declarada una enemistad manifiesta contra su persona y por mal desempeño de sus funciones.
El tribunal se encuentra sin potestad para resolver ningún incidente en estos momentos.

Los presentes en la sala abandonaron el recinto gritando: «¡Fiscalía ijapu!»

Informe: Articulación por Curuguaty

1 de marzo de 2016

Se encuentra en etapa de Información el proceso de Consulta Previa del reglamento de la Ley de Lenguas Indígenas u Originarias, ley N°29735 que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento, y difusión de las lenguas originarias del Perú.

El Estado, a través del Ministerio de Cultura, ha iniciado este proceso para recoger las observaciones y aportes de los pueblos indígenas sobre el reglamento que ha propuesto para esta Ley. Por ser representantiva de pueblos indígenas y originarios asentados en el país, la Confederación Nacional Agraria – CNA es una de las siete organizaciones nacionales que están siendo consultadas.

Entrevista a Gerardo García, funcionario de la Dirección de Lenguas del Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura. (con traducción al Quechua y al Aymara).

Es así que por estos días se está realizando los talleres informativos macroregionales en las ciudades de Cusco (25 y 26 de febrero) e Iquitos (01 y 02 de marzo). En el primero participó el dirigente nacional David Ureta, así como líderes y lideresas de las bases de Puno, Arequipa, Madre de Dios, Cusco y Moquegua; y en el segundo está presente Antolín Huáscar, presidente de CNA, junto a los representantes de bases de Amazonas, San Martín, Ucayali, Lambayeque y Loreto.

Reivindicar los derechos lingüísticos

Según cifras oficiales, 55 pueblos indígenas viven en territorio nacional y son ellos los que mantienen vivas a 47 lenguas originarias (4 andinas y 43 amazónicas). Sin embargo, según los mismos reportes, muchas de ellas corren peligro de extinguirse y hasta el momento otras 37 ya desaparecieron.

En entrevista colectiva realizada en Cusco por comunicadores radiales de CNA, Gerardo García, miembro de la Dirección de Lenguas del Ministerio de Cultura, precisó lo valioso que es para el Estado que a través de la Consulta Previa se establezca la ruta de cómo se deben ejercer los derechos lingüísticos de la población peruana.

El funcionario expresa que la propuesta de reglamento del Ministerio considera aspectos claves para la implementación de los derechos lingüísticos como brindar servicios públicos en lenguas originarias o la creación del programa Lenguas Vivas para la recuperación de lenguas en riesgo de desaparecer.

Otro punto a desatacar dentro de la propuesta es la inclusión de la enseñanza de lenguas originarias en los niveles de educación básica regular y educación superior. Así como acreditar el dominio de las mismas a las personas que deseen obtener certificación para su desempeño académico o profesional.

La CNA, a través del dirigente nacional, David Ureta, expresó la importancia de que el reglamento sea puesto a Consulta Previa pues se trata de reivindicar la lengua y su cultura a través de derechos como la participación y la consulta. Detalla que este proceso de formalización impulsado por el Estado, ya encuentra a los pueblos indígenas orgullosos y predispuestos a defender y prevalecer su riqueza cultural a través del uso de sus propias lenguas.

Después de la jornada en Iquitos viene la etapa de Evaluación Interna, donde las organizaciones autónomamente ordenarán sus observaciones y aportes para luego entrar a la etapa de Diálogo.

29 de febrero de 2016

Cerca de 100 comunicadoras y comunicadores populares de 24 países del continente nos encontramos del 24 al 28 de febrero en las instalaciones del centro Simón Rodríguez en Venezuela. Resulta un hecho trascendental y estratégico que podamos reunirnos más de 80 organizaciones sociales y populares con el objetivo de reflexionar y proyectar las acciones comunicativas en la actual coyuntura continental.

Esta iniciativa forma parte de la agenda política de la Articulación de ALBA Movimientos que es la expresión del compromiso de los pueblos de seguir empujando el legado del Comandante Hugo Chávez en la senda de una nueva geopolítica mundial que favorezca la construcción de un modelo de sociedad alternativo al orden hegemónico del capital.

Realizamos un análisis de coyuntura continental en el que reflexionamos respecto a la ofensiva imperial que se inscribe en una crisis civilizatoria del capitalismo, asentada en una profundización de las políticas extractivistas y que favorecen lógicas depredadoras. Los poderosos han tomado una iniciativa nucleada para lograr que los pueblos paguemos la crisis. Frente a esa avanzada nos paramos firmes y decimos que vamos por más, que llegó la hora de reactivar la llama que se avivó en nuestras tierras en las últimas décadas y que se tradujo en cambios políticos que venimos analizando con rigor militante.

Entendemos que los proyectos neodesarrollistas y reformistas han mostrado sus limites y han dejado al desnudo su inviabilidad. Por otro lado, creemos que las propuestas que vienen apostando por una transformación de fondo deben radicalizar su talante democrático, trascendiendo incluso el enorme avance de los procesos constituyentes y profundizando el protagonismo popular.

En esta coyuntura, desde el punto de vista comunicacional las grandes transnacionales de la información vienen imponiendo el terrorismo mediático, el discurso único y la construcción del miedo. Frente a esto, debemos integrarnos más, fomentar la unidad del campo popular, formarnos, multiplicar las capacidades, pensar y gestionar una comunicación articulada para disputar espacios, discursos, generar matrices de opinión que contrarresten los embates de la derecha.

Tenemos que fomentar la movilización popular para la lucha continental, fundamentada en el acumulado histórico desde nuestros pueblos originarios. Es preciso superar este escenario a partir de un proyecto anclado en la participación popular, la unidad, la integración, la solidaridad, la esperanza y la construcción desde abajo y a la izquierda. Es hora de apostar por una alternativa que garantice la reproducción de la vida de las mayorias trabajadoras del continente, que camine hacia un horizonte socialista.

Reafirmamos nuestra apuesta por una comunicación contra-hegemónica, comprometida con las luchas populares y la integración de nuestros pueblos. Reflexionamos, además, sobre la necesidad de pensar estrategias comunicativas que logren un mayor impacto y eficacia ante el complejo escenario que atraviesa la región.

En el 2016 una de las máximas expresiones de esta lucha es la que libra el pueblo y gobierno venezolano, al cual queremos expresar nuestra más clara y profunda solidaridad frente a los ataques de la derecha continental. Para los movimientos sociales y populares, la revolución bolivariana significa una gran referencia de democracia no solo electoral sino participativa y de garantía de derechos humanos e inclusión de las mayorías. Nos parece clave que se profundicen y visibilicen los procesos comunales y de auto-gobierno, que son la base fundamental de la construcción del socialismo bolivariano.

Expresamos nuestra solidaridad con las luchas del pueblo de Argentina ante la ofensiva neoliberal, así como sumamos nuestras voces a la exigencia de soberanía de las islas Malvinas. Reconocemos el traspié electoral que sufrió el proceso de cambio en Bolivia pero estamos convencidas y convencidos de que no es una derrota definitiva sino parte de las complejidades en la construcción democrática de un proceso que escucha al pueblo. Reafirmamos, además, nuestro apoyo al reclamo de la salida soberana al mar del pueblo boliviano. En tanto, demandamos en el marco de la revolución ciudadana del Ecuador que se amplíe el diálogo con las organizaciones sociales; y suscribimos la demanda hacia la transnacional Chevron frente a su contaminación en la Amazonía.

Exigimos la salida de las tropas de la ONU de Haití y que se respete la autodeterminación de su pueblo.

Denunciamos la criminalización de la protesta y la persecución a las comunicadoras y comunicadores en América Latina y exigimos la democratización de la comunicación como un derecho humano.

Nos comprometemos a seguir visibilizando y siendo parte de las luchas anti-patriarcales, por la igualdad de genero, el respeto a la sexodiversidad y contra toda forma de violencia y dominación hacia las mujeres.

Rechazamos el avance del agronegocio en nuestros territorios a través de sus modos de producción explotadores y los desalojos a familias campesinas, y ratificamos nuestra apuesta a seguir desarrollando la soberanía alimentaria y la agroecología como alternativa viable para la alimentación de nuestros pueblos y el respeto a la Madre Tierra.

Decimos que no puede existir paz en Colombia sin justicia social y sin la participación de los movimientos sociales y populares.

Consideramos que es un contrasentido la visita de Barack Obama a Cuba sin que se hayan eliminado el bloqueo económico y la base naval de Guantánamo y se mantenga el objetivo de aniquilar a la revolución cubana, que sigue siendo para nosotras y nosotros un referente del socialismo en el continente. De igual manera consideramos como una provocación su presencia en Argentina apoyando al gobierno de Mauricio Macri justo en la fecha que se conmemoran 40 años del inicio de la ultima dictadura civico-militar.

No olvidamos los golpes en Honduras y Paraguay, que ensayaron formas antidemocráticas de restauración conservadora que podrían replicarse en otros países latinoamericanos.

Proponemos a los presidentes del ALBA-TCP potenciar el diálogo, la integración y la solidaridad con los movimientos sociales y populares del ALBA Movimientos, que pudiera materializarse en un encuentro que nos articule para enfrentar de conjunto esta compleja coyuntura. Instamos a que en la agenda política de estos gobiernos se incorpore el tema de la comunicación para avanzar en los procesos de integración y construcción popular.

Desde el ALBA Movimientos seguiremos en lucha por una comunicación popular, participativa, democratica y emancipadora.

Unidad, lucha, batalla y victoria
¡Chávez vive¡ !La lucha sigue!

Venezuela, 28 de febrero de 2016

27 de febrero de 2016

El Movimiento de los Pequeños Agricultores, MPA, manifiesta repudio total a la aprobación del Proyecto de Ley 2016/15, Ley Antiterrorismo, de autoría del Ejecutivo y votada por la Cámara de Diputados el pasado miércoles 24, que tipifica el crimen de terrorismo. Ley aprobada en régimen de urgencia, sin ninguna discusión con la sociedad, y que funcionará más como un instrumento de criminalización de los movimientos populares

El PL 2016/15 prevé la prevención y castigo de crímenes de terror, sólo que de forma más rígida – recuerda mucho las acciones militares del 1964 a 1985, las alteraciones afectarán las manifestaciones políticas, culturales, sociales y populares.

El MPA entiende que este es un ataque a la democracia, pues restringe el derecho del pueblo brasilero a manifestarse, usando de argumento el terrorismo como excusa para restringir el espacio democrático para realizar manifestaciones.

El MPA comprende que además de un retroceso el proyecto de ley, criminaliza de forma irrestricta a los movimientos populares que luchan de forma legítima por derechos sociales, con la justificación de defender al Brasil, ya que encuadra las movilizaciones como acciones de grupos terroristas, dejando en las manos de delegados y promotores la decisión de decidir si tal conducta es o no es una acción terrorista o de un movimiento social

El concepto de terrorismo sirve a los intereses de diferentes grupos de poder, variando conforme a los cambios políticos y económicos. Es sabido que las luchas y manifestaciones de diversos movimientos sociales son causadas por motivos ideológicos y políticos, lo que, ciertamente, es ampliamente resguardado por nuestra Constitución.

El MPA entiende que el combate al terrorismo propiamente dicho no es una necesidad brasilera, ya que, destrucciones, homicidio, el uso de explosivos, etc., ya son crímenes en Brasil, y por eso reafirmamos la necesidad de continuar en las trincheras de lucha y continuamos defendiendo el derecho a las manifestaciones populares y sociales, y, Exigimos que la Presidenta Dilma vete la Ley 2016/2015 que nada le agrega al pueblo brasilero.

Movimiento de los Pequeños Agricultores – MPA, 26 de febrero de 2016.

27 de fevereiro de 2016

O Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, vem a público manifestar total repúdio à aprovação do Projeto de Lei 2016/15, Lei Antiterrorismo, de autoria do Executivo e votada pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (24), que tipifica o crime de terrorismo. Lei essa aprovada em regime de urgência, sem qualquer discussão com a sociedade, e que a irá funcionar como mais um instrumento de criminalização dos movimentos populares.

O PL 2016/15 prevê a prevenção e punição de crimes de terror, só que de forma mais rígida – lembra em muito as ações militares de 1964 a 1985, as alterações atingirá as manifestações políticas, culturais, sociais e populares.

O MPA compreende ser este um ataque à democracia, pois restringe o direito do povo brasileiro a manifestar-se, usando do argumento de terrorismo como desculpa para restringir o espaço democrático de realizar manifestações.

O MPA compreende que além de um retrocesso o projeto de lei, criminaliza de forma irrestrita aos movimentos populares que lutam de forma legitima por direitos sociais, sob a justificativa de defender o Brasil. Pois, enquadra as mobilizações como ações de grupos terroristas, deixando nas mãos de delegados e promotores essa decisão de dizer se tal conduta é ou não ação terrorista ou de um movimento social.

O conceito de terrorismo serve aos interesses de diferentes grupos de poder, variando conforme as mudanças políticas e econômicas. É sabido que as lutas e manifestações de diversos movimentos sociais são causadas por motivos ideológicos e políticos, o que, certamente, é amplamente resguardado pela nossa Constituição.

O MPA compreende que o combate ao terrorismo propriamente dito não é uma necessidade brasileira, já que, depredações, homicídio, o uso de explosivos, etc., já são crimes no Brasil, e por isso reafirmamos a necessidade de continuar nas trincheiras de lutas e continuamos defendendo o direito de manifestações populares e sociais, e, Exigimos que a Presidenta Dilma Vete essa Lei 2016/2015 que nada agrega para o povo brasileiro.

Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, 26 de fevereiro de 2016.

27 de febrero de 2016

Ante las declaraciones del ministro del Interior De Vargas y representantes de la ARP, en la fecha de ayer, sobre el desalojo del Asentamiento 1ro. De Marzo – Joaju, desde la organización de Lucha por la Tierra-OLT nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuanto sigue:

Primeramente llamamos la atención sobre la independencia de las instituciones del Estado y representates gubernamentales, de las Empresas privadas con intereses particulares, teniendo en cuenta que la ARP llamó a una «cumbre de seguridad» para dar directrices al Ministerio del Interior, una institución que debe velar por los intereses de toda la ciudadanía, no solo de esos pocos asociados de la ARP.

Desde la organización denunciamos la mala intención y desinformación por parte del Ministro al tratar de delincuentes a 320 familias sin tierras del Asentamiento 1ro. De marzo-Joaju, cuando que estas familias sin tierras vienen gestionando ante el INDERT y el Parlamento desde finales del 2011 para el acceso a un pedazo de tierra y existe un expediente de más de 400 fojas que respaldan esa gestión.

Asimismo, quieren acusar de deforestadores a estas familias campesinas, que actualmente cuentan con más de 1000 has. de producción de autoconsumo, que sumando 330 familias con 4 has. de producción de alimentos y renta, llegan a más de 1300 has., por lo que la acusación es infundada y de mala intención. Sobre todo cuando al día se ven informaciones en los medios de comunicación, sobre la cantidad de miles de has. que se deforesta en el Chaco para instalar ganadería y otros agronegocios, o si se llevara en cuenta los 3. 500.000 has. de cultivos de soja, donde no se logran ver ni un arbolito en el medio; sin embargo no se llama a cumbre a seguridad o el Ministro no interviene de oficio para preservar la salud y los derechos de toda la ciudadanía.

Ante las expresiones del ministro de Vargas, «..se debe trabajar de forma previa, .. sobre los autores intelectuales, recabando la actividad ilícita que sustenta económicamente a estos delincuentes, para luego hacer un operativo sin violencia»; SOSTENEMOS que los únicos delincuentes y autores intelectuales de hechos delictivos en Paraguay, son los empresarios que se apropiaron de manera ilegal de las tierras del Estado, y que fuera denunciado a partir del Informe de la Comisión de Verdad y Justicia, entidad gubernamental, quienes documentaron más de 7.500.000 has. de casos de tierras mal adjudicados o malhabidos.

Asimismo, el representante de la ARP que expresa «…que en circunstancias en las que el país se encuentra en una situación privilegiada en el desarrollo de los agronegocios, sería una mala política no cuidar la coyuntura que traerá beneficios para toda la población»; desde la organización denunciamos que, este argumento es engañoso teniendo en cuenta que con el avance del agronegocio ha crecido la pobreza en el campo y en la ciudad, teniendo en cuenta el aumento de los cinturones de pobreza a la par del avance de la soja, por la expulsión permanente de familias campesinas e indígenas. La desigualdad que trae el agronegocio no es solamente en cuanto a la tenencia de tierra (85,6 % de tierras en manos del 2 % de propietarios), sino además ha aumentado el desempleo rural y urbano, la mal nutrición, el hambre, etc. mientras que el 10 % de la población ostenta el 90 % de la riqueza.

Recordamos al Ministerio Público y al Ministerio del Interior como organismos estatales de sus compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos, específicamente lo establecido en el Art. 11, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que reza: «Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento».

Además resaltamos sobre las Observaciones Generales del Comité Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales del 16º período de sesiones (1997). Observación general Nº 7

El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos

En su Observación general Nº 4 (1991) el Comité señaló que todas las personas deberían gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas. Llegó a la conclusión de que los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto. Habiendo examinado un número considerable de informes sobre desalojos forzosos en los últimos años, incluso de casos en que se ha comprobado que los Estados Partes no cumplían sus obligaciones, el Comité está en condiciones de ofrecer nuevas aclaraciones sobre las consecuencias de esas prácticas para las obligaciones enunciadas en el Pacto.

La comunidad internacional reconoce desde hace mucho tiempo que la cuestión de los desalojos forzosos es grave. En 1976, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos señaló que debería prestarse especial atención a «iniciar operaciones importantes de evacuación sólo cuando las medidas de conservación y de rehabilitación no sean viables y se adopten medidas de reubicación». En 1988, en la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000, aprobada por la Asamblea General en su resolución 43/181, se reconoció la «obligación fundamental [de los gobiernos] de proteger y mejorar las casas y los barrios en lugar de perjudicarlos o destruirlos».

Responsabilizamos al Gobierno de Horacio Cartes, a través de su Ministro del Interior de difundir mentiras, con sus declaraciones públicas realizadas, donde sugiere que organizaciones promueven la violencia y manipulan a campesinos, campesinas, o que existen sectores políticos detrás.

La OLT no manipula ni deja ser manipulada por nadie, y desde hace 23 años lucha por la Reforma Agraria Integral, la democratización de la tierra, el fortalecimiento de la agricultura campesina, la transformación de la materia prima desde una industria nacional, como única vía para dignificar al campesinado paraguayo y con ello aportar al desarrollo nacional.

Nos ratificamos en nuestro método de lucha pacífica por la Reforma Agraria, desde la gestión y la movilización. La ocupación es y ha sido siempre la última vía, una vez agotadas todas las instancias administrativas legales ante las instituciones del Estado encargados de la Reforma Agraria.

Exigimos el cese de la violencia, y, la expropiación de las tierras para las más de 330 familias sin tierras de la comisión vecinal Joaju, del Asentamiento 1ro. de marzo, que actualmente se encuentra en el Parlamento en la Comisión de Reforma Agraria, desde el mes de diciembre del 2014 con el expediente Nº 6658.

Llamamos a la solidaridad de los movimientos sociales, populares y organizaciones campesinas, frente a esta persecución y llamado al desalojo, que no hace otra cosa más que profundizar la criminalización de la lucha por el derecho al acceso a la tierra, del campesinado que resiste ante el modelo agroexportador, expulsivo y extractivo.

«Por la recuperación y defensa del territorio campesino, para la Soberanía Alimentaria»

Asunción, 26 de febrero de 2016

Dirección Nacional de la OLT

Contacto: Diosnel Sachelaridi 0982-273.032

Jorge Mercado: 0975-327.479

26 de febrero de 2016

{audio}http://radiomundoreal.fm/get.php?file=IMG/mp3/samuel_guajira.mp3&type=audio/mpeg{/audio}

Descargar MP3 – Radio Mundo Real

Los únicos «compromisos» cumplidos por parte de las industrias extractivas mineras que explotan el yacimiento carbonífero de El Cerrejón, en la Guajira Colombiana, han sido los de aplicar la fuerza pública para destruir fincas, cultivos, plantaciones y herir a las comunidades mediante el método del terror.

Así ha sido y así fue el pasado 24 de febrero cuando se vivieron nuevos atropellos para el desplazamiento de la familia de Tomás Ustate e Idila Nira Fuentes del municipio de Roche, en el departamento de la Guajira.

Según hicieron público las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales que actúan en la zona, la diligencia de desalojo estaba programada para las 10 de la mañana, hora en que la familia Ustate Fuentes estaba acompañada por aproximadamente 50 miembros de las comunidades de Roche, Chancleta, Patilla y por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo e Indepaz.

Sin embargo, desde mucho antes en las vías de acceso a la zona existía gran presencia de uniformados, tanto del Ejército Colombiano como del Escuadrón Antidisturbios (ESMAD) los cuales en ocasiones no dejaban pasar a otras personas de la comunidad que querían acompañar la diligencia.

Las comunidades habían planteado asimismo acciones de amparo para postergar el desalojo, argumentando que el mismo violaba sus derechos territoriales y humanos.

No obstante, una hora después de la hora miembros del ESMAD llegaron a la comunidad insultando y lanzando gases y proyectiles de goma y acero contra las personas que se encontraban presentes. Luego de 20 minutos de agresiones de parte de la fuerza policial hubo un saldo de dos heridos: Ronald Emilio Palmezano Carrillo (joven con discapacidad mental) con fractura de brazo izquierdo luego de un golpe con un proyectil lanzado por el ESMAD, y el señor Ángel Pereira sufrió heridas abiertas en el pecho sufridas por los golpes con proyectiles lanzados por el ESMAD; varias personas entre las que se encontraban mujeres y personas con discapacidad fueron golpeados y sufrieron asfixia por los gases.

El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza fue la constante en la expropiación y desde los afectados se denuncia la indiferencia de organismos judiciales y de defensa de los DDHH, dejando vía libre a la represión uniformada.

Incumplimiento sistemático

Un líder de la zona y testigo directo de los hechos, Samuel Arregocés, dialogó con Radio Mundo Real pasadas algunas horas de los hechos y señaló los constantes incumplimientos de parte de la empresa, la permisividad de las instancias estatales y la crítica situación de las familias afectadas, quienes además de vivienda han perdido cultivos, ganados y otros medios de vida.

Adicionalmente, el registro fotográfico de lo que allí acontecía y que fuera recabado por un reportero gráfico de origen guatemalteco fue confiscado y destruido a pedido de la propia empresa Cerrejón, agrega Samuel.

Cerrejón es una empresa perteneciente en tres partes iguales a BHP Billiton (Australia), Anglo American (Sudáfrica) y Glencore de Suiza. El carbón que extrae abastece el sector de generación de energía eléctrica, principalmente en el mercado del Océano Atlántico, en Norte América y Europa.

En la entrevista con Radio Mundo Real, Samuel indica que la población respondió a la fuerza aplicada en forma injustificada y desmedida por parte del ESMAD.
«La empresa Cerrejón ha firmado más de diez acuerdos con las comunidades y aún no ha cumplido ni el primero», dice Samuel en la entrevista que puede escucharse en audio adjunto.

Samuel también manifestó que el terreno que explotaba la familia desplazada llevaba más de 300 años en poder de la comunidad para la producción de ganados y en forma asociada permitía el trabajo y autoabastecimiento de unas 50 personas.

También explicó que hay presiones de los países de origen de los capitales de Cerrejón sobre las comunidades y las autoridades colombianas para permitir la expansión de la minera.

26 de febrero de 2016

La verdad de las valientes y dignas mujeres q’eqchís es nuestra verdad

En el Día Nacional de Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, la voz de doña Demecia Yat, sobreviviente y representante de la colectiva Jalok U, organización querellante en el caso Sepur Zarco, fue escuchada por el Tribunal de Mayor Riesgo A, ante una Sala de Vistas colmada de solidaridad.

Las voces de las 11 valientes y dignas mujeres qéqchís forman ya parte de la historia que no había sido contada en Guatemala, sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno.

Este 25 de febrero, día en que se honra la memoria de todas las víctimas del conflicto armado interno, doña Demecia, sobreviviente de Sepur Zarco, alzó su voz para repetir con voz firme, al Tribunal, que ella y las otras sobrevivientes, estaban allí para decir todo lo que vivieron.

«Si nosotras no hubiéramos pasado todo eso en nuestra comunidad no hubiéramos venido, porque no podemos mentir ante esta autoridad», expresó doña Demecia. También dijo a las juezas Yassmin Barrios y Patricia Bustamante, así como al juez Gerbi Sical, que «el sufrimiento lo hemos llevado en nuestros cuerpos, por eso venimos a buscar la justicia y reparación de nuestras vidas».

Las representante de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), también querellante en el caso, Paula Barrios, señaló que han sido las mujeres de Sepur Zarco, «quienes nos han llevado a transitar este camino en la búsqueda de justicia», ante el señalamiento hecho por el abogado Moisés Galindo, durante sus alegatos finales, sobre que a las mujeres «se les ha llevado y se les ha traído durante un mes».

El abogado Galindo, defensor del militar acusado Francisco Esteelmer Reyes Girón, durante la exposición de sus conclusiones finales desacreditó las pruebas materiales, las testimoniales y documentales ofrecidas por el Ministerio Público y las organizaciones querellantes. También llamó «mentirosas» y «prostitutas» a las mujeres q’eqchís, al afirmar que ellas «de común acuerdo», estuvieron con los soldados, ante la ausencia de sus maridos. Barrios enfatizó que «en un sistema patriarcal y machista, la palabra de las mujeres no es creíble».

Barrios también dijo que el caso de Sepur Zarco, es el primero de muchos que vendrán, debido a que «hay más de mil relatos sobre violencia sexual durante la guerra que ya fueron documentados».

El único peritaje con valor probatorio, según Galindo, fue el que ofreció la Dra. Irma Alicia Velásquez Nimatuj. El argumento de Galindo se fundamenta en que la Dra. Velásquez no mencionó el nombre de su defendido, en su dictamen pericial.

Los peritajes fueron tachados de imparciales, por la defensa del excomisionado militar, Heriberto Valdez Asig, particularmente el del perito Prudencia García, un exmilitar español que ofreció un análisis sobre la cadena de mando dentro de Ejército.

Fidencia García Orozco, abogada de la Defensa Pública Penal que representa a Valdez Asig, pidió al Tribunal que emitiera una sentencia absolutoria, debido que, a su criterio, no se comprobó la participación de Valdez Asig en los hechos que se le imputan.

A manera de amenaza, Galindo dijo al tribunal que si quería emitir una sentencia condenatoria contra su patrocinado, esta «duraría lo que les dure la felicidad, pero esto se va a caer, porque se cae».

Por Equipo de Comunicación de MTM

25 de febrero de 2016

Colectivo de Comunicación CLOC LVC

«La comunicación que necesitamos hacer hacia la construcción del socialismo y ALBA TV surgen con tres componentes de trabajo:articular, formar y producir contenidos desde el proceso de articulación y formación, repensando un nuevo modelo de gestión desde lo comunal, de lo popular, de lo comunitario donde tenemos que dinamizar procesos de protagonismo popular»

En el marco del Encuentro Continental de Comunicación de ALBA de los Movimientos entrevistamos a una de las pioneras de la televisora comunitaria venezolana de cara al cambio coyuntural en América Latina y Caribe