Autor: clocvc

30 de agosto de 2015

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC – Vía Campesina Centroamericana reunida en Managua – Nicaragua los días 26, 27 y 28 de agosto del presente año, ante la opinión pública regional e internacional, manifiesta lo siguiente:

1- Que nuestros países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) sufren severas consecuencias de la crisis climática que se refleja en la falta de lluvias y que afecta a los pequeños y medianos productores en toda la región.

2- La falta de voluntad política de algunos gobiernos para impulsar políticas públicas a favor de la soberanía alimentaria, en defensa de los recursos naturales y en contra de los Tratados de Libre Comercio (TLC) han agravado la crisis alimentaria y climática en nuestra región centroamericana.

3- En Centroamérica más de veinte millones de personas están siendo afectadas por el hambre y la pobreza; pueblos originarios, campesinos y campesinas, mujeres rurales jóvenes y más de dos millones de niños y niñas son los que más sufren las consecuencias.

4- La región Centroamericana está siendo azotada por sequías, escasez de granos básicos, acaparamiento del agua y de la tierra, destrucción de nuestros bosques, y el recalentamiento de nuestra Madre Tierra producto del sistema capitalista de producción neoliberal.

5- La Región Centroamericana a excepción de Nicaragua, atraviesa un alarmante déficit alimentario que se refleja en los altos niveles de importación de productos agrícolas y que se calcula en un 70% de arroz, el 60% del maíz y hasta el 50% del frijol, así como verduras, lácteos, carnes y otros producto, la crisis se debe a la falta de voluntad política de algunos gobiernos para dar respuesta a la demanda de los pueblos originarios, campesinos y campesinas, pequeños y medianos agricultores, a los efectos del cambio climático y los tratados de libre comercio (TLC).

6- Otro factor dramático que viven nuestros países como Honduras, Guatemala y Panamá es la violencia social, la corrupción, la impunidad y la falta de una verdadera democracia incluyente y participativa de nuestros pueblos; en el caso de El Salvador la ola de violencia que atraviesa el país, producto de la conspiración sistemática de un modelo neoliberal capitalista que atenta contra la democracia y el desarrollo económico social del país.

En base a planteado demandamos:

– La renuncia inmediata del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, la reforma a la Ley electoral y de partidos políticos y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente y llamamos a la población a no votar este 6 de septiembre porque en estas condiciones no queremos elecciones.

– Apoyo total y solidario al pueblo indignado de Honduras para que llegue la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), para la realización de un verdadero dialogo incluyente y democrático que conduzca al país a una asamblea nacional constituyente.

– Apoyamos a los pequeños y medianos productores y productoras agrícolas costarricenses en su lucha contra La Alianza del Pacifico que no es más que un nuevo tratado de libre comercio que amenaza la producción agrícola y pecuaria de Costa Rica.

– Exigimos a los gobiernos cambiar las políticas neoliberales por un sistema que garantice el acceso a la tierra, el agua, las semillas, los recursos naturales y la soberanía alimentaria de nuestros pueblos.

– Elaborar un plan de emergencia contra el hambre, la pobreza y el cambio climático en la región centroamericana con plena participación de pueblos originarios, campesinos y campesinas, mujeres y jóvenes.

– Despenalización de la lucha agraria y la defensa de la madre tierra, dejando en libertad inmediata a los presos políticos (hombres y mujeres) en Guatemala y Honduras que luchan por la reforma agraria integral, democracia participativa y poder popular.

«Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza»

27 de agosto de 2015

El programa «Clase Media en el Campo» recientemente anunciado por la ruralista Katia Abreu, propone la transformación del campesinado en agricultores familiares en transición al agronegocio (agronegocio familiar), dejando de lado y excluyendo de un programa específico, alrededor del 66 1% de los establecimientos más empobrecidos que conforman lo que ella llama el proyecto «clase D».

Además, el programa tiene en las bases un modelo de Agronegocio clásico que es igual a la concentración de la tierra, del crédito y de la riqueza, genera la destrucción de la naturaleza, las relaciones familiares y comunitarias, la cultura, el conocimiento popular, la cooperación, la autonomía relativa de unidad de producción campesina y de la diversidad a través de la integración con la agrocultura empresarial.

Este proyecto no representa al campesinado brasileño.

Nota publica del Movimento de los Pequeños Agricultores- MPA, hablando de su posicion frente al programa » Clase Média em el Campo», así como su propuesta para la organización y la planificación para el campesinado brasilero llamado plan de campesino

Más informacion:
Correo – comunicacao@mpabrasil.org.br
Teléfono- +55 61 3301 4211 – Anderson Amaro coordenacion de la oficina nacional del MPA e Vocero del Movimiento
+ 55 42 9911 7446 – Valter Israel Vocero del Movimiento

26 de agosto de 2015

¡POR NUESTRAS MANOS COMIENZA LA EXPORTACIÓN, EXIGIMOS: SALUD, CONTRATO Y PREVISIÓN!

Hoy 26 de Agosto Día Nacional De las Trabajadoras Asalariadas Agrícolas

Del norte, Centro y Sur del país, ANAMURI les dedica a cada una de ustedes un caluroso saludo lleno de esperanza y alegría, porque a pesar de las duras y extensas jornadas, su espíritu del batallar día a día para lograr conquistar el bienestar de quienes las rodean o de alcanzar sus sueños y anhelos personales, o de sus rebeldías ante las injusticias, los malos tratos.

Catorce años han transcurrido desde la histórica 1ª Asamblea Nacional de las Trabajadoras Asalariadas de la Agroexportación; ahí por primera vez nos juntamos, nos reconocimos desde nuestros oficios: trabajadoras de la uva, de los nectarines, las manzanas y los arándanos. En ese lugar, juntamos nuestros sueños, unimos nuestras esperanzas y construimos nuestra propuesta al calor del debate. Alzamos nuestras voces para dar a conocer al entonces Presidente de la República Ricardo Lagos, nuestras exigencias por: Salud, Contrato y Previsión.

Fue en esa histórica Asamblea, que concordamos de consagrar el día 26 de Agosto como el día Nacional de las Trabajadoras Temporeras de la Agroexportacion. Y convertirlo en un día de acción y celebración de las trabajadoras de nuestro sector.

A lo largo de estos años hemos ido construyendo un camino lleno de experiencias, de desafíos, logros y dificultades. Cada uno de lo asumido nos va afianzando como una organización de mujeres en resistencia, una organización de género, que defiende los derechos de las mujeres y una organización de etnicidad, en la que habita, convive, se anida la diversidad. Hemos trabajado de la mano de muchas compañeras y organizaciones en la reivindicación por nuestros derechos. Se han llevado a cabo seis tribunales éticos, instancias de denuncia para defender y promover los derechos laborales y humanos y denunciar la violencia que se vive y se sufre en el trabajo.

Este año en conmemoración del día de la asalariada agrícola se encuentran en acción dos tribunales éticos, uno en la región de Atacama, Copiapó, bajo la reflexión de cómo los desastres climáticos dejaron al descubierto la forma en que los sistemas de trabajo violentan y esclavizan a las mujeres trabajadoras. Otro en la región del Maule, Talca, denunciando las consecuencias del uso de agrotóxicos, como una forma de violencia sobre la vida de nuestras compañeras.

Queridas compañeras, en este su día, nuestro día, ANAMURI las insta a continuar por esta senda de construcción organizativa de las mujeres y los sectores marginados del campo y de la ciudad para lograr colectivamente un mundo mejor.

«Somos una Organización Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, somos una herramienta para defender nuestros derechos y lograr condiciones más dignas de vida y de trabajo».

¡CELEBREMOS NUESTRO DÍA EN LA ACCIÓN!
ANAMURI – 2015

ANAMURI: MATURANA 64-B SANTIAGO
Telef. 02 26720019 02 26973217
Email: asalariadas@anamuri.cl secretariag@anamuri.cl
Web: www.anamuri.cl

24 de agosto de 2015

Compartimos materiales audiovisuales para seguir arrojando luces sobre la masacre de Curuguaty y el proceso judicial totalmente irregular e injusto que se le sigue a los campesinos y campesinas sin tierra en Paraguay. 

20 de agosto de 2015

El pasado martes se movilizaron en Pucallpa alrededor de 1,500 productores agrarios de 41 caseríos del Distrito de Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo, ubicados en los terrenos que fueron adjudicados en los caseríos de la SAIS TÚPAC, SAIS PACHACUTEC Y EX EL GRAN CHAPARRAL. Los manifestantes se movilizaron para exigir al Ministerio Público y el Poder Judicial el reconocimiento a sus derechos de POSESIÓN sobre más de 45 mil hectáreas que por años vienen cultivando.

Tierra para quien la trabaja

Durante un plantón en el Poder Judicial, se hizo llegar un memorial presidente de la corte superior de Ucayali, Dr. Randol Rivera. Este se comprometió a iniciar la investigación, sobre la razón de la demora del proceso de la medida cautelar, interpuesta por los supuestos propietarios. Esta situación perjudica a los agricultores que por años viene haciendo mejoras y trabajo agrícola en los terrenos abandonados por los supuestos propietarios después de saquear y lucrarse de los bosques maderables que existían en un principio. Según argumentan los agricultores, estos terrenos fueron dados a título gratuito.

Un caso emblemático es el del caserío Ex El Gran Chaparral, que después de 8 años de trámites se concluyó en la reversión del terreno al Estado. Fue aquí cuando los supuestos propietarios, haciendo valer los derechos concedidos por ley, interpusieron ante el Poder Judicial una Medida Cautelar y lo paralizaron. Los agricultores que trabajan esas tierra ya llevan más de año y medio esperando se pronuncia algún órgano gubernamental.

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«Hacemos esto ante la indiferencia en los procesos judiciales que nos perjudican como agricultores. Nos dan a entender que se privilegia a los grupos de poder, antes que defender a los pequeños agricultores que por años han posesionado tierras que estaban abandonadas. Los supuestos dueños hoy regresan solo para revenderlas con caseríos y habitantes incluidos.» Expresó Yrma Vivas, dirigente de la FADU – Ucayali.

Luego del plantón, la movilización se dirigió al Gobierno Regional, donde el gobernador Manuel Gambini Rupay reiteró su compromiso para seguir aplicando la justicia de la tierra e interponer sus buenos oficios para que estos casos, derivados al Poder Judicial, sean resueltos a la brevedad posible. Son familias afectadas y vulneradas sus derechos por la intromisión del mismo Poder Judicial y el Ministerio Público, que recortan las posibilidades de avanzar en su proceso de formalización físico y legal de los terrenos en los caseríos mencionados. En muchos casos, la posesión de estas tierras superan los 15 años, que por reversión o prescripción les corresponderían a ellos.

Pucallpa, 19 de agosto del 2015

Federación Agraria de Ucayali – FADU Base de la CNA en Ucayali

Vea más fotos de la movilización

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18 de agosto de 2015

Nos complace lanzar el nuevo vídeo de La Vía Campesina, el primer movimiento campesino internacional.

«Nosotros somos La Vía Campesina» es un vídeo donde los hombres y las mujeres líderes de La Vía Campesina, miembros de organizaciones en África, América Latina, Asia y Europa, comparten sus luchas a favor de la soberanía alimentaria, la justicia social y climática. Este vídeo fue filmado este año durante el Foro Social Mundial en Túnez, en él podemos ver las experiencias de las campesinas y campesinos sobre solidaridad, las luchas de las mujeres, la tierra, las semillas, el agua. El vídeo está disponible en español, francés e inglés y dura 16 minutos.

La Vía Campesina agrupa a más de 200 millones de miembros en 164 organizaciones de 73 países. Por más de 20 años, La Vía Campesina se ha convertido en el movimiento social más grande del mundo. Una base fértil para fortalecer la semilla de las luchas y la solidaridad.

17 de agosto de 2015

La Bancada Progresista del Parlamento del Mercosur (Parlasur), reunida en Montevideo, Uruguay, declara su apoyo a todos los gobiernos democráticamente electos de la región, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, que están impulsando procesos de transformaciones en nuestros países y construyendo la integración soberana de la Patria Grande.

Estamos enfrentando un intento de restauración conservadora y resurgimiento del neoliberalismo, que busca revertir los avances alcanzados en nuestra región. En varios de nuestros países, los sectores conservadores, aliados con los grandes oligopolios de comunicación y los sectores de derecha, están desplegando intentos de desestabilización democrática, deslegitimación y de cuestionamiento de la voluntad soberana electa en las urnas.

Consideramos que la respuesta adecuada a estos planes de desestabilización es la articulación de las organizaciones políticas de izquierda, populares y progresistas. Debemos asegurar mediante la coordinación de estrategias comunes, que nuestra región es una zona de paz, con plena vigencia de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos.

Declaramos nuestra solidaridad y respaldo al gobierno democráticamente electo de Venezuela, que está enfrentando practicas injerencistas y desestabilizadoras, con clara participación del imperialismo estadounidense. No perdemos de vista que aún se encuentra vigente el Decreto del Presidente Obama que declara a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» para su seguridad exterior.

En ese sentido, vemos con preocupación la situación generada a partir de la presencia unilateralmente aprobada por Guyana, de la empresa Exxon Mobil en la región bajo litigio del Esequibo. Esto es un riesgo para la paz regional, en tanto supone una provocación que obstaculiza el diálogo. Apoyamos la diplomacia de paz que está llevando a cabo la República Bolivariana de Venezuela para resolver este diferendo.

En Brasil están intentando concretar un «golpe a la paraguaya», tal como el que destituyó sumariamente al Presidente Lugo. Hacemos un llamado a la defensa de la legalidad democratica amenazada en Brasil por los sectores que aún no aceptaron los resultados de las urnas, que le dieron a la compañera Dilma Roussef el mandato legal como Presidenta de Brasil. No queremos que se detengan las transformaciones ni se retroceda en los derechos de las minorías y de los movimientos sociales, como se está chantajeando al gobierno a someterse a una agenda neoliberal que no fue votada en las urnas.

Queremos hacer llegar nuestra solidaridad con el Instituto Lula, que se encuentra bajo el hostigamiento e incluso recientemente con un atentado en sus instalaciones. Repudiamos estas manifestaciones de odio contra la figura del compañero Ex-Presidente Lula, ya que es una manifestación de desprecio por todo el pueblo brasilero y las organizaciones de izquierda.

Alertamos sobre la mantenida situación de violación a los derechos humanos en Paraguay, que se expresa por ejemplo en la persecución de los movimientos sociales, campesinos e indígenas. El mantenimiento de la impunidad de los verdaderos responsables de la Masacre de Curuguaty, al tiempo que siguen sin acceder a un proceso judicial justo los dirigentes campesinos señalados injustamente como responsables.

Asimismo, reiteramos nuestra defensa del Mercosur y del instrumento de la union aduanera , en tanto constituye la piedra angular del proceso de integración regional y del propio Parlamento del Mercosur. Destruir la union aduanera de la región es la principal estrategia del imperialismo norteamericano, para volver a implementar la estrategia del ALCA en vías bilaterales con cada uno de nuestros países.

Precisamente, este año se cumplen en noviembre, los 10 años del rechazo al ALCA concretado en la Cumbre de Mar del Plata. Ese paso posibilitó todo el desarrollo que aún hoy estamos impulsando, de una integración regional justa y soberana. El Mercosur, Parlasur, ALBA, Petrocaribe, UNASUR y la CELAC son posibles porque enfrentamos y derrotamos la estrategia imperialista del ALCA.

Defendemos también que el criterio de la negociación en bloque es otro de los elementos centrales del Mercosur. Por ello, vemos con preocupación la participación de Uruguay y Paraguay en el TISA, el tratado de liberalización de servicios que impulsan Estados Unidos y la Unión Europea.

Sin duda que aún tenemos muchos desafíos y obstáculos a superar para avanzar en la integración regional.

Saludamos calurosamente la elección directa de los representantes de Argentina al Parlasur, dado que constituye un paso fundamental en la profundización democrática del bloque. Se trata de un paso trascendental en lo institucional, porque hace posible que el Parlasur tenga más representantes directamente electos por los pueblos. Y también en lo político, porque nuestro planteo como organizaciones políticas de izquierda, progresistas y populares siempre ha impulsado la profundización democrática del bloque.

Rechazamos los intentos de deslegitimación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur en la República Argentina, así como de todo el Parlasur, por parte de diferentes actores conservadores del país y la región. Nos congratulamos y preparamos para recibir en el Plenario del Parlasur de diciembre de 2015 a la nueva delegacion de la República Argentina.

Nos comprometemos a impulsar una agenda de trabajo ambiciosa con el objeto de poner en vigencia todas las facultades que otorga el Protocolo Constitutivo al Parlamento del Mercosur.

Finalmente, nos comprometemos a fortalecer nuestra articulación para profundizar la incidencia de la bancada de fuerzas de izquierda, progresistas y populares, sobre el Parlasur, el Mercosur y los diversos procesos de integración regional en América Latina y el Caribe.

16 de agosto de 2015

¿Qué significan estos dos años del gobierno actual para la ciudadanía y en particular para nosotras, mujeres campesinas e indígenas?

Se da un retroceso indiscutible en la construcción y afianzamiento de la democracia en el país con el aumento acelerado del autoritarismo por la concentración de poderes en la figura del Presidente de la República.

Una clara política económica neoliberal arremete con violencia en nuestros territorios despojándonos de los bienes naturales, desplazándonos forzosamente hacia las ciudades o al extranjero, con repercusiones muy nefastas, sobre todo, para la vida de las mujeres.

La imposición alevosa de la Ley APP (de Alianza Público-Privada) y la ley de militarización evidencian el uso discrecional del poder estatal para concretar la entrega del país y, si necesario fuera, disponiendo de las fuerzas represivas para someter y reprimir a quienes se opongan a sus proyectos.

La narco-política se apodera despiadadamente del Estado, en los tres poderes y en los gobiernos locales, instalando, además, una sensación de inseguridad que «obliga» al desvío de millonarias sumas de dinero a los mercaderes del miedo –ejemplo: FTC y grupos paramilitares–, lo que no se logra sin la complicidad de los medios comerciales de comunicación.

Las políticas públicas hacia los pueblos indígenas son asistencialistas y no permiten desarrollo alguno; antes bien, buscan silenciar las voces populares mientras roban impunemente nuestros territorios o nos dejan morir en medio de muchas necesidades básicas sin atención.

El agronegocio destruye lo poco que queda de bosques y contamina el medio ambiente afectando severamente la salud de las mujeres y de los niños y provocando la pérdida de biodiversidad.

Las luchadoras y luchadores sociales son criminalizados y procesados por un perverso sistema judicial, que, lejos de hacer justicia, apaña la escandalosa corrupción de los responsables de administrar los intereses públicos.

Se tienen retrocesos inmensos en materia de derechos humanos en general, y de las mujeres y niñas en particular. El aumento de embarazos de niñas y adolescentes es prueba del nulo trabajo realizado en materia de la salud pública y el tratamiento integral de la sexualidad en el sistema educativo.

El acuerdo del gobierno con la cúpula eclesial indica un claro interés de desentenderse de su rol de garante de los Derechos Humanos de todos y todas, y el apaciguamiento de la población ante las inequidades y desigualdades que generan sus políticas entreguistas del gobierno vendepatria. A su vez, se constituye en una indudable violación del carácter laico que otorga al Estado paraguayo la Constitución Nacional.

Se constata la falta de interés por parte del gobierno actual para resolver satisfactoriamente el Caso Curuguaty, ya que no se han recuperado las tierras de Marinakue, y sobre las campesinas y campesinos procesados pesan condenas cantadas desde de inicio de la farsa del juicio que, a todas luces, es nulo.

Antes que recuperación de tierras mal habidas y reforma agraria, el gobierno de Horacio Cartes busca despojar a campesinos y campesinas de sus tierras aumentando las posibilidades de conflictos entre clases pobres y no ofrecen soluciones de fondo: a la vista los casos de Santa Lucía, Ñacunday, Laterzakue, entre otros.

Es hora de que este gobierno con todos sus cómplices responda a los reclamos populares y se someta a juicio del pueblo que es el soberano. Mientras tanto, las organizaciones sociales y políticas que buscan un buen vivir en el país nos abocamos a aunar esfuerzos para la recuperación de nuestra soberanía nacional.

Contra las privatizaciones, contra la militarización, por tierra y trabajo

¡La lucha continúa! ¡Venceremos!

12 de agosto de 2015

Nosotros, observadores internacionales del conflicto de Curuguaty, manifestamos nuestro entendimiento a partir de la visita realizada los días 26 al 29 de julio de 2015.

Estuvimos con los procesados, sus familiares y con familiares de las víctimas de la Masacre de Marina Cue y también en el juicio de los días 27 y 28 de julio, donde se determinó la suspensión de la instancia decisiva hasta el día lunes 3 de agosto del corriente.

Pudimos verificar que las instituciones del sistema de justicia de la República del Paraguay no están buscando saber las causas que originaron el conflicto, a saber:

1. A quién/quiénes pertenece la propiedad donde se desató el conflicto.
2. Por qué el Estado paraguayo no garantiza el derecho a la tierra de las familias afectadas.
3. Por qué el uso desproporcionado de la fuerza policial para tratar a los campesinos.

La no investigación de las causas del conflicto hace entender que la Justicia paraguaya solo está juzgando las muertes de los policías, no así las de los campesinos.

Se percibe en la sociedad y en las familias una falta de confianza en las instituciones del sistema de justicia paraguayo. Esta desconfianza también fue percibida por los observadores cuando, durante el juicio del día 28 de julio, el juez que presidía la mesa del tribunal afirmó no poder otorgar el plazo solicitado para que el nuevo abogado de los procesados pudiera prepararse, ya que existía una presión de la prensa que solicitaba conocer la condena. Tal declaración dio indicios de la falta de independencia de los agentes de la Justicia paraguaya.

Finalmente, consideramos que hay que esperar de la actuación del Estado democrático la concreción de la justicia social y no la respuesta a intereses particulares que afecten negativamente la búsqueda de la verdad.

Declaramos nuestra solidaridad a la lucha del pueblo paraguayo por la democratización de las tierras y demás bienes naturales, y anhelamos que se garantice, en los hechos, los derechos humanos básicos y procesales, en condiciones de igualdad para las personas acusadas, particularmente del caso Curuguaty.

A nuestro entender la Justicia debería:

• Declarar la Nulidad del juicio. Teniendo en cuanta las múltiples y diversas irregularidades en la causa que son de público conocimiento desde el momento en que el fiscal Jalil Rachid asumió el Caso Curuguaty

• Liberar a los procesados y detenidos. Las causas por las que están en prisión domiciliaria no son justas. Se los acusa de homicidio doloso en grado de tentativa cuando en estos años no ha habido una sola prueba que relacione las armas disparadas con los procesados y por lo no procedente de caratular de tentativa a un hecho que fue consumado. Se los acusa de asociación ilícita privándoseles del derecho de estar organizados para defender su territorio. Se los acusa de invasión de la propiedad ajena cuando el mismo estado a través del IDERT ha reconocido que la propiedad es de la Armada Paraguaya y por lo tanto nunca habría que haber procedido con un desalojo. Se los acusa de frustración de la ejecución penal cuando lo único que se hizo fue asistir a una persona herida.

• Reconocer la propiedad por parte del estado de las tierras donde se desató la masacre y reconocerle a las familias de las víctimas y a las que habitan desde hace muchos años la zona la titulación de las mismas

• Investigar a los verdaderos responsables de la Masacre y retirar los sumarios labrados a los abogados de la defensa en todo el proceso por carecer de fundamentos

• Resarcir y reparar a las familias de las víctimas por ser sometidas a un proceso injusto que incluye todo tipo de actos violentos como abandonos, ejecuciones, torturas psicológicas y físicas