Colombia: Marcha Patriótica y Cabildo Abierto

Miércoles 17 de Agosto de 2011

Resolver el problema agrario, un paso de gran significado para alcanzar la paz en Colombia

1. UN ENCUENTRO HISTÓRICO POR LA PAZ

Queremos en primer lugar, desde la Marcha Patriótica saludar el valeroso esfuerzo y reconocimiento a los organizadores del Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrosdescendientes e Indígenas por la tierra y la paz de Colombia que sin lugar a dudas arrojará importantes propuestas que contribuyan a la construcción de ese largo y escabroso camino hacia la paz.

Sabemos que existen fuerzas, provenientes desde los sectores poderosos que se oponen a este anhelo nacional, quienes no solo han estado vinculados al poder del Estado, sino también al poder latifundista, militarista y mafioso; que se han lucrado ilícitamente. A la vez que se benefician de la guerra interna que se desarrolla en nuestro país, en contra de la voluntad de las grandes mayorías colombianas.

Estamos seguros que nuestras voces se multiplicarán por millones en este duro pero incansable compromiso en la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado, de tal manera que favorezca y permita vivir a la mayoría de los colombianos/as en una sociedad incluyente, democrática, dentro del marco de la justicia social y la solidaridad.

Es en esa dirección que presentamos el presente documento con una mirada desde el campesinado sobre la problemática agraria como una de las causas de mayor complejidad en la dinámica y desarrollo del conflicto social y armado. Proponiendo a su vez salidas a corto, mediano y largo plazo que nos conduzcan a afianzar una perspectiva de paz entre los colombianos.

2. EL PROBLEMA AGRARIO UNA DE LAS CAUSAS A RESOLVER HACIA EL CAMINO DE LA PAZ:

Cuando analizamos algunas de las causas que le dieron origen al conflicto social y armado que vive el país por más de cuatro (4) décadas; es imperativo referirnos al problema agrario aún no resuelto y su nuevo dinamismo, como una de sus causas, si no la más importante, sí quizás la más clave, no solo para entender el origen del conflicto colombiano, si no el enlace que ésta tiene entre la continuidad de la guerra o el camino que nos conduzca a la paz en nuestro territorio nacional. Es este marco que hoy debemos abordar el problema agrario y su nuevo dinamismo; que tiene que ver no solo con el tema de la necesidad urgente de democratización de la propiedad de la tierra a través de una profunda y estructural ley de Reforma Agraria que resuelva de una vez por toda el viejo conflicto entre la gran propiedad latifundista y el campesinado desposeído o minifundista, si no que además tiene que ver con la usurpación de los territorios por los nuevos dueños transnacionales, del capital mundial inversionistas extranjeros que se apoderan de la propiedad rural, se trata también de las concesiones mineras, la explotación petrolera, carbonífera, el desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos e infraestructura viales inconsultas con las comunidades campesinas, la privatización del agua, los páramos y bosques naturales, el deterioro del medio ambiente, el saqueo de los bienes naturales y la biodiversidad, la implementación de las semillas y producción transgénica, la expansión de los grandes agronegocios, la producción de agrocombustible a gran escala, la reconcentración de la propiedad y el desplazamiento forzado, el tratamiento de guerra a las comunidades productoras de cultivos de uso ilícitos, las patentes y el desmonte de la institucionalidad pública de apoyo al sector agropecuario, entre otras. En consecuencia la falta de políticas públicas que fortalezcan la economía campesina, base de la soberanía alimentaria, el bienestar y la paz de los colombianos.

Este modelo depravador que está basado en la profundización de las políticas neoliberales agenciadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio y demás organismos que el imperialismo utiliza como instrumento para el saqueo y el despojo de los territorios y demás bienes naturales de los pueblos del campo; particularmente en Colombia, el reciente Plan Nacional de Desarrollo y sus locomotoras mineroenergética y agroindustria o agricultura comercial, se rigen por estos mandatos en desmedro de la economía campesina. Este es un modelo de desarrollo que relega al campesinado a un segundo plano, dando prioridad a los agronegocios, agrocombustibles, a la venta de servicios ambientales, a la comercialización de la biodiversidad y al deterioro de los ecosistemas y medio ambiente, conllevando a consecuencias desastrosas a la población colombiana por la falta de alimentos, tal como ya lo considera la FAO en el sentido de que Colombia es una país con crisis alimentaria. Es entonces, imperativo cambiar de rumbo y construir un nuevo modelo alternativo donde el centro sea el desarrollo humano, el uso racional de los recursos y bienes naturales, la defensa de los territorios y de los pueblos del campo, garantizando a su vez la soberanía alimentaria a través de una política agraria, basada en la democratización de la propiedad rural. Delimitando la gran propiedad latifundista, fomentando a su vez el uso adecuado y social de la propiedad rural.

Como vemos el conflicto agrario tiende a agudizarse cada vez más, al mismo tiempo que surgen nuevas dinámicas a su interior que aceleran con mayor fuerza una de las causas que dieron origen al conflicto social y armado en Colombia.

3. EL CAMPESINADO, NECESARIO PARA ALCANZAR LA PAZ

Más de 12 millones de compatriotas viven hoy en el campo colombiano, con una producción diversa y de economía campesina. A pesar de que el campesinado, ha sido declarado inviable por los teóricos criollos del neoliberalismo en el país y de haber sido excluido como sujeto político de derechos en la Constitución de 1991 y de los efectos nefastos de la apertura económica de los años 90, la violencia narcoparamilitar y el sometimiento a la exclusión social por el Estado y sus gobiernos de turno, el campesinado sigue siendo un factor decisivo en la vida nacional, capaz de seguir produciendo más del 50% de los alimentos que consumimos los colombianos con tan solamente menos del 9% de la propiedad rural. Es allí donde radica la importancia y necesidad del campesinado. Un país que produce sus propios alimentos, es un país con soberanía nacional, con soberanía, seguridad y autonomía alimentaria; sin producción propia de alimentos seremos un país aún más vulnerable, sin futuro, condenados a la desintegración y a la guerra interna permanente.

Desde ese punto de vista, el actual modelo de desarrollo que se lleva a cabo en el campo colombiano, basado en la gran agricultura comercial, de los agronegocios para la exportación, los agrocombustibles, ahora fortalecidos en las locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo, dos de ellas la mineroenergética y la agroindustrial, que presionará aun más a los territorios y a sus habitantes. Este es un modelo inviable, que profundiza la desigualdad social en el sector rural colombiano, además de convertirse en un agente agitador de la violencia, el saqueo, los monocultivos y la destrucción de los mejores suelos de la Nación que favorece la concentración de la propiedad rural. Es ante todo un proyecto altamente excluyente, depravador, que destruye la identidad y cultura campesina, colocando a la población rural en el abismo de la guerra.

El actual Gobierno colombiano pretende ahora entregar mayores herramientas a ese modelo que ha demostrado su fracaso y que sobrevive gracias a los altos subsidios disfrazados que le otorga el Estado. Se trata de la resurrección del Estatuto de Desarrollo Rural aprobado en forma autoritaria por el Congreso de la República en el 2007 y luego declarado inexequible por la Corte Constitucional en el 2009. El nuevo esperpento de Ley que propone el Gobierno, basado como hemos dicho en el derogado Estatuto de Desarrollo Rural está dirigido a crear las condiciones que le permitan a la gran hacienda latifundista su modernización, convirtiéndolas en grandes agronegocios para la exportación de materia prima hacia los países desarrollados. A su vez es una propuesta anticampesina que desconoce al campesinado, a su economía, desprotegiendo la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria de la población colombiana, privilegiando las alianzas y cadenas productivas, de la misma manera el uso de los territorios para la explotación minera.

En síntesis, podemos decir que la demagogia gubernamental sobre restitución de tierras y Ley General Agraria, en vez de resolver la grave problemática que viven los pobladores rurales y las víctimas de la violencia paraestatal se agudizarán con la propuesta gubernamental, teniendo en cuenta que ésta legaliza los años de violencia y propicia una nueva ola de despojo a lo largo y ancho del territorio nacional; al mismo tiempo que niega la participación real de las organizaciones campesinas en las decisiones y direccionamiento de los programas de desarrollo rural, también limita la participación de las mujeres rurales, debilita los territorios indígenas y afrodescendientes.

Todo lo anterior nos convoca a la reflexión y acción política colectiva que nos permita detener la máquina diabólica del desarrollo a ultranza del despojo, el saqueo de los territorios, la destrucción de los ecosistemas y la continuación de la violencia contra el campesinado, pero ante todo lograr la permanencia de la población rural en el campo, cimiento seguro para una salida política del conflicto social y armado y el logro de una paz duradera en nuestra Nación.

4. EL CAMPESINADO CONSTRUYE SU PROPIA PROPUESTA POLÍTICA AGRARIA Y POPULAR, UN APORTE QUE CONTRIBUYE A LA PAZ NACIONAL

A diferencia de lo que piensan los neoliberales, que dicen que los campesinos no tienen propuestas y que su discurso es contestatario, lo que estamos viendo es un campesinado que se está articulando regional y nacionalmente, un movimiento campesino que colectivamente construye iniciativas políticas y se moviliza en su defensa. Es así como en el año 2003 éste propone al país el Mandato Nacional Agrario, se trata de la más importante iniciativa desde la sociedad colombiana, en materia de política pública para sacar el campo de la situación de crisis a que ha sido conducido por las políticas neoliberales llevadas a cabo por los sucesivos Gobiernos del orden nacional, a pesar de la exigencia de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendiente para que éste se pusiera en marcha a través de una ley marco, lo que se sintió fue el silencio gubernamental y las políticas represiva a las justas demanda del Movimiento Campesino, indígena y afrodescendiente colombiano.

En esa misma dirección el ahogo y tratamiento de guerra a las propuestas de las comunidades campesinas productoras de cultivos de uso ilícito, sobre una solución concertada que permita dar salida a una de las problemática de mayor incidencia social y ambiental que viven extensos territorios y comunidades excluidas de cualquier posibilidad de desarrollo e integración nacional.

Hoy nuevamente el Movimiento Nacional Campesino, se presta a presentar su proyecto de Ley Agraria y Popular, que busca hacer efectiva el Mandato Constitucional en sus artículos 64, 65 y 66 referente al acceso democrático a la propiedad de la tierra y la defensa de la producción de alimentos, del mismo modo lo dispuestos en los artículos 7, 40,43, 58, 63, 70 y 79 de la Carta Política y los incisos 2 y 3 del artículo 13 y 2º del artículo 103 de la misma carta. Que en forma sucinta promueve el reconocimiento y protección a la diversidad étnica, el derecho a participar en la conformación, ejecución y control del poder político, velar por el cumplimiento de los derechos de la mujer rural, velar por el cumplimiento de la función social de la propiedad, la promoción y acceso a la cultura y garantizar un ambiente sano para todos los colombianos, también busca garantizar la reconstrucción de la institucionalidad pública que le presta servicios a la población rural colombiana, entre otros.

El proyecto campesino sobre Reforma Agraria es una propuesta de construcción colectiva desde el campesinado y sectores populares, que abre las puertas al fortalecimiento organizativo, social, económico, político y cultural. Consolidando las potencialidades que posee la economía campesina; es a su vez un aporte político, que una vez aprobado por el Congreso de la República contribuirá sin lugar a dudas a sentar la bases de un gran pacto social de paz y de desarrollo sostenible de la Nación, sobre la base de la producción y apoyo a la economía campesina. Es el principio del fin de la gran propiedad latifundista y ociosa, generadora de violencia, exclusión social, dependencia alimentaria, saqueo y despojo de los territorios y el desconocimiento a la verdadera participación con poder de decisión.

5. ELEMENTOS HACIA UNA RUTA DE DIALOGO Y PACTO DE PAZ

Desde los sectores sociales y en particular desde las organizaciones campesinas vinculadas a la Marcha Patriótica compartimos la necesidad urgente de encontrar un camino diferente al de la confrontación bélica para darle salida y ponerle fin al complejo y largo conflicto social y armado que vivimos los colombianos. Para ello exhortamos al Gobierno Nacional que preside Juan Manuel Santos, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP y al Ejército de Liberación Nacional E.L.N., a iniciar de forma inmediata un proceso de acercamiento y acuerdo de diálogo, el cual debe contar con el respaldo y acompañamiento de la sociedad civil colombiana; de igual forma de la comunidad internacional.

Con el propósito de aportar elementos en la construcción de una agenda de diálogo y pacto de paz, proponemos los siguientes puntos que atañen a resolver una de las causas que han ayudado a profundizar el conflicto, que tiene que ver con el problema agrario; y que esperamos se tengan en cuenta a la hora de un diálogo y pacto de paz.

1. Garantizar el acceso democrático y masivo del campesinado y comunidades étnicas rurales a la propiedad de la tierra, a través de una Ley General de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria. Para ello, el campesinado ha presentado una iniciativa que recoge el sentir y las necesidades más inmediatas en materia del Conflicto Agrario.

2. Construcción de una política agraria incluyente cuya base sea el Mandato Nacional Agrario, propuesta de las comunidades rurales hacia una política pública para el sector rural colombiano.

3. Desarrollar políticas en defensa y respeto por los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, los bienes naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, los recursos hídricos, los páramos y bosques naturales.

4. Se debe promover y garantizar el fortalecimiento de las zonas de reservas campesinas dentro de la frontera agrícola, los Resguardos indígenas y los territorios colectivos de las comunidades negras, de tal manera que se proteja su identidad cultural, su cosmovisión y cultura ancestral.

5. Proteger constitucionalmente la producción nacional agraria, subsidiando la producción de economía campesina y gravando con aranceles las importaciones de aquellos productos alimenticios que podamos ser autosuficientes.

Derogar los acuerdos que lesionen la producción nacional, propendiendo por la construcción de la comunidad económica de Naciones Latinoamericanas y del Caribe.

6. Promover los modelos de agricultura agroecológicos, los saberes tradicionales, el conocimiento ancestral y en general el apoyo a la economía campesina base de la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria.

7. Se debe desarrollar políticas dirigidas a la protección y multiplicación de las semillas tradicionales y nativas, fortaleciendo la cultura del intercambio, el mercado comunitario, el trueque de saberes y productos entre las comunidades rurales.

De la misma forma, la prohibición del uso, fabricación y producción de semillas transgénicas, de paquetes tecnológicos y patentes, que en general atenten contra la soberanía alimentaria de los colombianos.

8. Acordar y desarrollar un programa concertado con las comunidades rurales productoras de hojas de coca, que garantice una vida digna al campesinado de las regiones afectadas por esta problemática.

9. Promover la garantía constitucional y efectiva al campesinado del derecho a la salud y pensión, la educación en todos los niveles, el agua potable y demás bienes fundamentales para una vida digna.

10. Reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos y sector social diferenciado, con identidad y cultura propia y garantizar la de los pueblos indígenas y comunidad afrodescendientes.

11. Devolución inmediata de las tierras y demás bienes despojados violentamente al campesinado durante la última etapa de la violencia en Colombia. Compromiso del Estado de justicia, verdad, reparación y no repetición

¡MARCHA PATRIOTICA

CABILDO ABIERTO!

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT

 

 

 

 

 

 

 

 

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