Nicaragua como en cualquier parte del mundo la violencia hacia la mujer es un problema social cuyas secuelas afectan la integridad física y psíquica, la seguridad, la libertada de miles y miles de mujeres a quienes se les violentan sus derechos humanos.
Desde el 3 de febrero del presente año se introdujo en la Asamblea Nacional la iniciativa de ley que tiene por objetivo, prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder que ejercen los hombres en cualquiera de sus formas y ámbitos. De igual forma reafirma que la violencia además de ser un problema de salud pública, es también de seguridad ciudadana por lo que el Estado de Nicaragua debe actuar para proteger los derechos humanos de las mujeres
La iniciativa de ley surge debido a que una de las debilidades o limitante que presentan las leyes existentes es que sancionan la violencia que ocurre en los espacios domésticos o intrafamiliares, esto fue algo lo que ocurrió cuando se aprobó el código penal, no estaban todos los elementos que sancionan cualquier tipo de violencia hacia la mujer, sólo se protegía a la familia.
Para la elaboración de esta iniciativa se realizó un proceso de revisión de la legislación actual del país, la legislación de todos los países de Centroamérica, la legislación de Venezuela y de España.
Entre lo novedoso que tiene esta iniciativa de ley es que el Ministerio público tendrá la posibilidad de tener a las mujeres en las audiencias. También incluye la prueba anticipada, es decir que si una mujer del área rural no puede presentarse durante el juicio, su testimonio previo puede contar a la hora del dictamen.
Se le atribuye a El Ministerio público o la Policía Nacional ordenar el reintegro de la mujer al domicilio donde se le impida su ingreso o de donde fue expulsada con violencia, intimidación independientemente de la titularidad del bien inmueble y ordenará la salida del presunto agresor. En caso que la mujer reporte algún caso de violencia el agresor tendrá que mantenerse a 150 metros de distancia en cualquier lado donde se movilice y no solo desde su domicilio.
Otra de las cosas que contiene es sobre la instrucción de expedientes, mayor autonomía a las comisarías de la mujer para agilizar los casos.
Uno de los aspectos muy importantes y fundamentales es el planteamiento sobre la violencia mediática, el dueño de medio o periodista que atente contra los derechos humanos de las mujeres estará sujeto a una sanción, en este sentido no hay que comercializar el dolor de la familia.
Actualmente se está en el proceso de consulta, espacio en el que están participando las mujeres de las organizaciones miembros de La Vía Campesina como representantes del sector rural para brindar sus aportes a ley. Para la Lic. Débora Grandison, procuradora especial de la mujer este proceso es importante porque se trata de una ley integral –“las mujeres rurales son las menos favorecidas, carecen de juzgados especializados en violencia hacia las mujeres en sus comunidades”- Expreso Grandison.
El proyecto de ley fue elaborado en 22 sesiones de trabajo con un equipo técnico multidisciplinario e interinstitucional conformado por abogados y abogadas de la comisaría de la mujer, defensora y defensores públicos, jueces de distrito penal, fiscales especializadas, peritos forenses del instituto de medicina legal, etc.