22 de octubre de 2015
El 15 de junio de 2012 es una fecha de quiebre en la institucionalidad del Paraguay. Los hechos ocurridos ese día en una toma de tierra en el departamento de Canindeyú dieron pie, una semana después, a la consumación del golpe de Estado parlamentario, con ropajes de juicio político, que derrocó un gobierno constituido en las urnas, es decir, por voluntad popular.
En 2014, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) elaboró una síntesis de las irregularidades detectadas en el proceso:
En la masacre de Curuguaty fallecieron 17 personas: 11 campesinos y 6 policías. Las pruebas señalan que 7 campesinos habrían sido ejecutados por la Policía, sin oponer resistencia. Estas muertes no han sido investigadas por la Fiscalía.
Al menos 9 de las personas detenidas ese 15 de junio fueron torturadas y sufrieron tratos crueles e inhumanos por parte de agentes policiales. Esto fue denunciado, pero la Fiscalía no avanzó en la investigación. Ningún agente policial fue investigado.
En este caso, 63 personas fueron imputadas por asociación criminal porque sus nombres aparecían en un cuaderno. Dicho cuaderno desapareció y la defensa nunca tuvo acceso al mismo para corroborar la veracidad de la prueba. Aún así, un adolescente fue condenado por este hecho, y solo tres personas fueron sobreseídas.
La adolescente Raquel, procesada en la causa, no fue evaluada psicológicamente, diligencia fundamental en el proceso judicial adolescente. La falta de este estudio debe llevar a la nulidad del proceso ya que no puede establecerse su responsabilidad sin conocer su madurez psicosocial.
Raquel fue inicialmente asistida por defensoras públicas que tuvieron con ella un trato discriminatorio y realizaron su labor en forma negligente. Durante la audiencia preliminar le hicieron preguntas incriminatorias, no ofrecieron pruebas para su defensa y actuaron en complicidad con la Fiscalía, dejándola indefensa.
El Ministerio Público no demostró que las personas acusadas hayan cometido algunos de los hechos por los que se les acusa. Al contrario, la Fiscalía ocultó evidencias recogidas en el lugar y no proporcionó detalles de las pruebas presentadas. La defensa de los campesinos nunca tuvo acceso a ellas.
Las pericias indicaron que las armas incautadas eran inservibles el día de la masacre. Un arma de fuego que no fue hallada en el lugar se incorporó como evidencia, violando normas legales para la presentación de pruebas.
Las tierras de Marinakue fueron donadas al Estado paraguayo por La Industrial Paraguay S.A. en 1967. En el año 2004, el Estado destinó esas tierras a la Reforma Agraria. La empresa Campos Morombí entabló un juicio para apropiarse de ellas. Blas N. Riquelme nunca tuvo el título de propiedad. Aún así, los campesinos soportan juicio por invasión de inmueble cuando todavía no está determinada la titularidad de las tierras.
La Comisión de Verdad y Justicia señala que de 1954 a 2003, unas 7.800.000 hectáreas de tierras –equivalentes a la superficie de Panamá– fueron adjudicadas ilegalmente. Las tierras de Marinakue forman parte de esas adquisiciones malhabidas.
Juicio anulable, desde todo punto de vista
El 27 de julio de 2015 empezó el juicio oral, pero fue suspendido debido a que los campesinos renunciaron íntegramente a la defensa de los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, quienes llevaban investigando el caso desde hacía más de dos años. Al revocar ese mandato, otorgaron poderes a un equipo de abogados encabezado por Víctor Azuaga, vinculado con la Pastoral Social. Desde esa fecha se fue posponiendo el juicio mediante diferentes acciones legales interpuestas por los abogados, siendo recusado el Tribunal de Sentencia en más de una oportunidad.
Los miembros del equipo jurídico que defienden a los campesinos han presentado, en los últimos meses, varias recusaciones contra los miembros del Tribunal de Apelación y contra diferentes procedimientos irregulares que habrían cometido los administradores de justicia.
Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fanny Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, por invasión de inmueble y asociación criminal; mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por frustración a la persecución penal al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven Raquel será sometida en noviembre a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor Richard ya fue condenado en un proceso abreviado.
Campaña “Somos Observadores de Curuguaty”
La Campaña de solidaridad continúa sumando miembros alrededor de todo el mundo. La observación del desarrollo del juicio se intensifica a medida que más personas y delegaciones van sumándose, como una forma de vigilancia ciudadana para exigir garantías de transparencia e imparcialidad en cada estadio y justicia plena en cuanto a los resultados. Se sigue el proceso a través de los medios de comunicación, las redes sociales o bien presenciando el juicio oral que se desarrolla en el Palacio de Justicia de Asunción.
Uno de los primeros informes de este grupo de observadores solidarios –integrado por Nora Cortiñas, Leonardo Wexel Severo, Rodrigo de Medeiros, Damián Segura, Alirio García, entre otros destacados activistas por los derechos humanos– se presentó a comienzos de agosto. En un fragmento se lee: “Mientras que la Fiscalía solo investiga las circunstancias de la muerte de los policías y no las de los campesinos y campesinas, investigaciones independientes por parte de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, ofrecen una imagen muy diferente: denuncias sobre numerosas violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y torturas a campesinos, no han sido hasta ahora atendidas. Elementos probatorios de la defensa no fueron considerados”.
Entre las varias sugerencias expresadas en la carta de los observadores, se destacó la de “declarar la nulidad del juicio, teniendo en cuenta las múltiples y diversas irregularidades en la causa que son de público conocimiento desde el momento en que el fiscal Jalil Rachid asumió el caso Curuguaty”. Además: “liberar a los procesados y detenidos, porque las razones por las que están en prisión domiciliaria no son justas”.
La situación de las tierras de Marinakue
Desde el 27 de junio pasado, la Comisión de Familiares de Víctimas de la Masacre de Curuguaty ingresó a Marinakue para instalar sus precarias viviendas y resistir ante la usurpación de Campos Morombí. Desde entonces han creado una huerta comunitaria, un almacén de consumo, levantaron una capilla y tienen criaderos de chanchos, cabras y gallinas. Las tierras de Marinakue todavía continúan en litigio entre el Estado paraguayo y la familia Riquelme; se trata de 2.000 hectáreas. La Corte Suprema de Justicia debe expedirse al respecto, pero dilata la resolución propiciando situaciones como la que se originó en la Cámara de Diputados, donde se aprobó una declaración que otorga categoría de reserva científica a Campos Morombí, lo que significa que si el Senado se pronuncia a favor de este proyecto, las familias de los muertos en la masacre serán desalojadas sin contemplación, extinguiéndose con ello cualquier posibilidad de recuperación de las tierras que, originalmente, fueran destinadas a la Reforma Agraria.