Mes: julio 2011

Desde la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC- Vía Campesina y sus organizaciones a lo largo del Continente denunciamos la represión y la criminalización de la lucha social que se vive en el Ecuador, a tal punto que ha acabado con la vida del dirigente MARLON LOZANO YULAN, miembro de la Organización Tierra y Vida, organización que ha venido denunciando sistemáticamente hechos de persecución, hostigamiento, amenazas e incluso asesinatos que han intentado acallar su legítima lucha por el acceso y redistribución de la tierra.

La CLOC- Vía Campesina expresa su solidaridad y repudio frente a estos hechos. Asimismo, hacemos un llamado a los movimientos sociales del continente a identificar la nueva embestida de la derecha latinoamericana que ha superado su confusión provocada por las derrotas electorales y que está desarrollando desde 2008, por lo menos, una contra-ofensiva cuyo fin es recuperar espacios perdidos. En términos económicos se manifiesta en aumentar el saqueo de los bienes naturales y controlar la tierra, el agua, la minería , la energía, las semillas y la biodiversidad sin importar los derechos de las y los campesinos. Las coorporaciones transnacionales y los grandes grupos financieros, en la actualidad, quieren mantener su poder sin importar pasar por encima de la vida. Por otro lado, en términos ideológicos se manifiesta ela agudización de la criminalización transformando las acciones y luchas en crímenes, usando varios mecanismos como los medios de comunicación, el poder judicial y el parlamento, entre otros.

Desde la CLOC- VC cumpliendo con nuestro compromiso por justicia social nos comprometemos a seguir denunciando este tipo de acciones y a acompañar solidariamente la lucha de los pueblos por su derecho legitimo a la tierra.

En ese contexto desde la CLOC-VC:

– Exigimos a las autoridades nacionales a iniciar inmediatamente procesos de investigación para determinar las responsabilidades y castigo a los autores intelectuales y materiales de este hecho repudiable

– Denunciamos la represión que vivimos los movimientos sociales en todo el continente por la lucha por la tierra.

– Ratificamos la necesidad de fortalecer los espacios y los procesos estratégicos de unidad y articulación local y continental para consolidar nuestras banderas de luchas como la tierra.

Para concluir, hacemos un llamado a todas nuestras organizaciones, amigos y aliados para que se sumen a este pronunciamiento, para que resistamos a la criminalización y que nos mantengamos alertas.

¡Los terratenientes del mundo no podrán callar la voz y la voluntad del pueblo!

¡Por la tierra y la soberanía de los Pueblos!

¡América Lucha!

Contactos: Viviana Rojas (593) 084010846

Secretaria Operativa ( 593) 6040798

 

 

La Via Campesina recibe con alegría esta oportunidad para participar en el proceso de negociaciones de las Directrices voluntarias para una gobernanza responsable de la tenencia de tierras, pesca y bosques, y reafirmamos nuestro compromiso para reforzar dicho proceso, con el fin de que las Directrices permitan crear un marco claro para la protección de los campesinos, pequeñas familias propietarias agricultoras y ganaderas, y las comunidades que viven y trabajan en el campo, así como la protección de los derechos de propiedad y la protección de la personas ante el acaparamiento de tierras.

En este sentido, instamos fervientemente a todos los interesados que tomen en consideración los puntos siguientes:

1) Las Directrices deben hacer especial hincapié en la necesidad imperante de introducir una reforma agraria genuina en los programas de redistribución de tierras, especialmente en zonas con una elevada concentración de la propiedad, mezclada con inseguridad alimentaria. Las Directrices deben proporcionar a los Estados la orientación adecuada para abolir el acaparamiento de tierras en el mundo. Las Directrices deben apoyar la aplicación plena de los compromisos adoptados en la Conferencia internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural de la FAO (ICARRD). La soberanía alimentaria requiere la capacitación de los productores locales de alimentos, hombres, mujeres y jóvenes, que tengan acceso y control total sobre los recursos de producción alimentaria. Las Directrices deberían promover reformas políticas a todos los niveles, local, regional, nacional e internacional, con el fin de acabar con las adquisiciones de tierras a gran escala y de promover la autonomía económica a largo plazo y la autodeterminación de los campesinos de todo el mundo. Reafirmamos que la adquisición de tierras por parte de empresas privadas no soluciona los problemas inminentes relativos a la pobreza, el hambre y la necesidad de una reforma territorial, sino que pone todavía más en peligro el sustento, ya de por sí frágil, de las comunidades rurales.

2) Las Directrices deben reconocer y apoyar plenamente la importancia crucial de la agroecología basada en las familias y los campesinos, como solución principal para erradicar el hambre. Las empresas no pueden alimentar a la población y a los accionistas codiciosos a la vez. Los campesinos con un compromiso a largo plazo y estabilidad con la tierra contribuirán a lograr niveles mayores de soberanía alimentaria, mejores resultados medioambientales, comunidades locales más resistentes y el traspaso intergeneracional, indispensables para el bienestar a largo plazo de la humanidad. La capacidad de producción de los campesinos se ve constantemente atacada por el desmantelamiento político de mecanismos de protección con una larga tradición y por la estrategia adoptada por los Estados consistente en alcanzar el “crecimiento económico a toda costa”. Las Directrices deben denunciar claramente dicho enfoque determinante para el desarrollo.

3) Las Directrices contienen una referencia explícita a los instrumentos de derechos humanos internacionales obligatorios y, por ello, se debería respetar el lenguaje acordado a nivel internacional cuando se presenten conceptos relativos a los derechos humanos, con el fin de evitar una interpretación desvirtuadora de los estándares existentes. Con el reconocimiento y la reafirmación de que se deben garantizar, sin discriminación alguna, los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional a los campesinos, recordamos a todos los gobiernos que los tratados y convenios ratificados deben transponerse al ordenamiento jurídico nacional.

4) Las Directrices deben enfatizar que hay que erradicar el hambre, dado que es el resultado directo de una política viciada, la falta de compromiso por parte de las naciones más ricas y la falta de barreras en la promoción empresarial y la desregulación económica.

5) Es necesario tratar el cambio climático y las soluciones falsas que agravan la crisis alimentaria. Las Directrices deberían denunciar explícitamente las soluciones falsas dadas al cambio climático que legitiman el acaparamiento de tierras. El uso de tierras de producción de alimentos a gran escala por parte de empresas para cultivar agrocombustibles es, en cualquier caso, un acto en contra de toda ética, pero, además, los agrocombustibles son una solución falsa para mitigar los efectos del cambio climático y agravan la dependencia mundial de los combustibles fósiles, además de repercutir negativamente en la crisis climática.

Del 17 al 20 de noviembre de 2011 en NYELENI/MALI

La tierra, el agua, los recursos naturales, que tendrían que ser unos bienes comunes inalienables, se encuentran en el meollo de lo que esta en juego a nivel económico en el mundo. Hoy en día su asignación y la gestión implementada amenazan el futuro de los pueblos, nuestra alimentación y el planeta.

Más de 45 millones de hectáreas han sido ya objeto de transacciones definitivas o en marcha, casi siempre con una gran opacidad y en detrimento de las comunidades campesinas, de pastoralistas, de pescadores y de los pueblos indígenas. Solo en África, 30 millones de hectáreas han sido acaparados, allí donde la inseguridad alimentaria hace estragos todos los días! La cohesión social, la soberanía alimentaria aprobada legalmente por algunos países africanos sin olvidar la soberanía misma de los Estados están puestas en tela de juicio: en Mozambique con más de 10 millones de hectáreas, en Etiopia con 300 000 hectáreas en manos de un solo inversor indio, en Mali con más de 750 000 hectáreas…

Las agriculturas familiares basadas sobre conocimientos seculares, que han asegurado y aseguran la alimentación de más del 70% de las poblaciones sufren frontalmente las consecuencias de las políticas económicas que solo benefician a algunos según las oportunidades del mercado. Los derechos fundamentales como los Derechos humanos, los derechos al acceso a la tierra y a su protección, al agua, a los recursos naturales, a la alimentación están continuamente violados y muchas veces con la complicidad de los gobiernos.

Es cierto que numerosos coloquios, artículos, programas mediáticos han tratado el tema, no-obstante la voz campesina ha sido hasta ahorra poco oída. Ya es tiempo de consolidar nuestras estrategias con otros actores para conseguir más eficacia sobre el terreno y en el seno de las instituciones.

Por este motivo, la Vía campesina y la Coordination nationale des organisations paysannes (CNOP) del Mali les invita a venir para escuchar, intercambiar y apoyar nuestros compañeros y compañeras que viven cada día dichas realidades, no solo sus sufrimientos pero también sus resistencias. Se trata de conseguir un Plan de acción aprobado por las organizaciones campesinas y las ONGs en contra de los acaparamientos a nivel local, nacional e internacional.

Contacto : CNOP/VIA CAMPESINA Kalabancoura rue 200 .porte 727 BP E 2169 Bamako/Mali

chantal.jacovetti@wanadoo.fr Tél : 00223.76.81.87.93/64.86.89.26

Miércoles 20 de Julio de 2011

Mientras en el continente crecen las protestas contra las patentes y derechos de obtentor sobre las semillas, en México esto se promueve en las leyes estatales de Fomento y protección del maíz criollo que se aprobaron en Tlaxcala y Michoacán.

Ahora, una diputada del PAN presentó una iniciativa copiada de éstas, para Oaxaca.

En todo el mundo, las transnacionales están en campaña para monopolizar las semillas, llave de todas las redes alimentarias. En mayo de 2011 Chile aprobó, en un albazo parlamentario, la incorporación de ese país a la versión 1991 del tratado UPOV (Unión para la protección de nuevas variedades vegetales, por sus siglas en francés). Ese tratado es marco de los llamados derechos de obtentor, que son una forma de registro para privatizar las semillas, prácticamente tan restrictivo como las patentes. En ambos casos (patentes y derechos de obtentor) se trata de impedir legalmente que las semillas sean de libre circulación, para obligar a comprarlas a las trasnacionales y, sobre todo, que no se puedan replantar, es decir, que criminalizan el acto esencial de la agricultura: producir, reproducir y usar semillas para la próxima siembra.

Esto desató una ola de protestas de movimientos y organizaciones chilenas (entre otras CLOC Vía Campesina Chile, ANAMURI, Confederación Ranquil, Asamblea Mapuche de Izquierda, Coordinadora de Estudiante por la Agroecología, Marcha Mundial de Mujeres-Chile, TERRAM, Grain, CENDA, CEDEM, RAPAL, OLCA), apoyadas por organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y sociales de toda América Latina, como la Confederación Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y otras.

El 20 de junio 2011 organizaciones campesinas y sociales chilenas presentaron argumentos sobre la inconstitucionalidad de UPOV 91 en una audiencia pública frente al Tribunal Constitucional de Chile. Camila Montecinos de Grain, señaló que UPOV 91, con los derechos de obtentor, restringe y prohíbe el uso, intercambio y libre acceso a una de las herramientas fundamentales e insustituibles de la agricultura, y con ello vulnera el derecho a trabajar y disfrutar de los frutos del trabajo por parte de comunidades indígenas y de mujeres y hombres campesinos y agricultores. UPOV 91, continuó Montecinos, “permite la apropiación ilegítima del fruto del trabajo ajeno. El Artículo primero define como obtentor a quien descubra una nueva variedad. Las variedades de cultivos son, sin excepción, fruto del trabajo humano; no existen variedades de cultivo que hayan surgido por sí solas. Por tanto, quien las descubra está en realidad teniendo acceso a una obra ajena. Registrarla como propia, en cualquier caso, equivale a un robo” (ver la presentación aquí)

Paradójicamente, en México los derechos de obtentor y patentes sobre el maíz, además de ser activamente promovidos por las trasnacionales semilleras y de transgénicos y por las leyes nacionales de semillas, se promueven en las leyes estatales mal llamadas de Fomento y protección del maíz criollo como patrimonio alimentario. Esas leyes, que curiosamente llaman criollo al maíz que en México siempre es nativo (criollo quiere decir que vino de otro lado y fue criado aquí), establecen también la instauración de registros de variedades campesinas y directorios de productores, abriendo a las autoridades nuevas oportunidades de intervenir en la autonomía y la vida campesina, coadyuvando para que este control pueda ser utilizado, en conjunto con otras normativas, para criminalizar el libre intercambio y las formas tradicionales campesinas de cuidar las semillas.

A partir de la denuncia que hizo la Red en Defensa del Maíz en marzo 2011, varios hemos denunciado los peligros de estas leyes (ver artículos en La Jornada de Ana de Ita, Ramón Vera, Álvaro Salgado, entre otros), aunque sus promotores las presentaron como un logro en la defensa contra los transgénicos. En realidad, estas leyes establecen el canal para aprobar transgénicos a nivel estatal, pero, según sus promotores tiene candados que hacen que tal aprobación debería ser negativa. El argumento es frágil, pero si funcionara para impedir los transgénicos, me daría gusto. Pero como expresé ya en otros artículos, esto está lleno de huecos y es nada más una posibilidad que depende de muchos factores externos, incluyendo quiénes sean las autoridades, factor por demás variable y corruptible en el país. Y de todos modos, si Monsanto y sus amigos deciden que les interesa realmente entrar en alguno de esos estados, se aplicará la jerarquía de leyes nacionales sobre estatales, y los candados volarán por los aires.

Lo que en ningún caso se explica es por qué además estas leyes defienden las patentes sobre la vida, los derechos de obtentor para el maíz campesino y las denominaciones de origen, todos mecanismos que sólo favorecen a las transnacionales semilleras y de transgénicos, diciendo además que es parte de la protección y el fomento del maíz criollo. Salvo que en ese caso el término criollo esté usado literalmente y se refieran a proteger el maíz deMonsanto.

La iniciativa de ley presentada en Oaxaca replica los mecanismos de control contra las comunidades y semillas campesinas e introduce otros elemento perverso, como la necesidad de validar las razas para comprobar su autenticidad. Un nuevo ejemplo de que quienes promueven estas leyes, en el mejor caso, no entienden lo que de verdad hay que defender.

El maíz no existe sin las comunidades que lo crearon. Defender el maíz es defender los derechos integrales de los pueblos indios y campesinos, no leyes para que los gobiernos los controlen mejor.

Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Fuente: La Jornada

 

Martes 19 de Julio de 2011

EN SALUDO AL 50 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN EL FSLN Y AL 32 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA

“RECONSTRUYENDO LA SOLIDARIDAD”

DECLARACION DE MANAGUA

Nosotr@s, participantes en el Encuentro de Movimientos Sociales del Alba, Las Américas y el Caribe, representantes de organizaciones de 14 países participantes, reunidos en Managua, Nicaragua Libre, en el local de la Universidad Nacional de Ingeniería, los días 17 y 18 de Julio del 2011:

1.- Saludamos el 50 aniversario de la fundación del FSLN y el 32 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista; en estos días en Nicaragua hemos podido palpar la vida y la vigencia de la Revolución Sandinista, hemos conocido experiencias inéditas y exitosas de cómo se va generando un profundo proceso de transformación cultural, político, social y económico en Nicaragua; EXPERIENCIAS EN LA QUE JUEGAN UN PAPEL DECISIVO LAS MUJERES Y LOS JÓVENES NICARAGÜENSES.

2.- A partir de la experiencia nicaragüense, la de los países del ALBA y otros países latinoamericanos y caribeños, comprendemos que las transformaciones revolucionarias se pueden desarrollar a pesar de la agresividad del capitalismo salvaje, desde la comunidad, desde la participación y el compromiso transformador, y en correspondencia con la realidad de cada uno de nuestros pueblos.

3.- Hemos comprobado, en visitas a comunidades rurales y urbanas, como en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional y los Movimientos Sociales afines, junto y desde dentro del pueblo nicaragüense, vienen construyendo un modelo de Poder Ciudadano basado en Valores Cristianos, con orientación Socialista y Actitud Solidaria, que facilita el fortalecimiento de la economía popular y el fomento de la asociatividad, la participación protagónica de los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, pequeños y medianos productores del campo, del mar y la ciudad, que están haciendo realidad la construcción de una sociedad justa y solidaria.

4.- Reconocemos que –en medio de la crisis neoliberal global- la construcción de un Modelo Revolucionario necesita el concurso y el avance en múltiples países de Latinoamérica, por lo que consideramos que la ALIANZA BOLIVARIANA DE LAS AMÉRICAS es muy valiosa para desarrollar la Revolución Latinoamericana; en ese sentido, nos comprometemos a defender y fortalecer el ALBA DE LOS PUEBLOS, la integración justa y solidaria, continuar luchando desde nuestros países, para ir creando las condiciones que la Revolución Latinoamericana necesita; Revolución que avanza en América del Sur, Centroamérica y El Caribe, desde los gobiernos populares y desde el acumulado de avances de los Movimientos Sociales. En ese sentido, nos comprometemos a consolidar el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, como avance e integración concreta de nuestros pueblos.

5.-Las organizaciones participantes en este Encuentro nos sumamos a la Convocatoria del IV Encuentro Sindical Nuestra América (IV ESNA), que se realizará en la patria de Sandino del 25 al 27 de agosto 2011, que constituye el mayor espacio de encuentro del movimiento sindical continental y en la que avanzaremos en la unidad en la acción de los trabajadores y trabajadoras de Nuestra América.

6.- En ocasión del BICENTENARIO de la Independencia de Venezuela saludamos a la Revolución Bolivariana, que está haciendo realidad la independencia de la Nación Venezolana y su dignificación como pueblo. Enviamos un saludo especial al comandante Hugo Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana, haciendo voto por la recuperación total de su salud.

7.- La lucha de los Movimientos Sociales contra las políticas neoliberales e imperialistas en la región experimenta un avance significativo; destacamos la resistencia del pueblo hondureño, que avanza en su lucha para hacer realidad los derechos democráticos y soberanos de la nación de Morazán, frente a las políticas represivas, anti-populares y de violación flagrante de los derechos humanos de los sectores derechistas de Honduras; exigimos el cumplimiento del Acuerdo de Cartagena, como garantía mínima para asegurar el restablecimiento democrático en Honduras y el respeto pleno a los derechos humanos . Así mismo, reconocemos la resistencia de los movimientos sociales de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá que junto con los movimientos políticos de izquierda o progresistas, están avanzando y continuaran conquistando espacios de poder popular en sus respectivas naciones, para avanzar en la construcción de la unidad popular centroamericana, como la proclamó SANDINO.

8.- Expresamos nuestro apoyo incondicional y militante al proceso Revolucionario Nicaragüense en su segunda etapa, al FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, a los Movimientos Sociales Nicaragüenses, que juntos hacen realidad los ideales de liberación nacional y social de SANDINO.

9.- Manifestamos nuestro aprecio y reconocimiento al liderazgo y firmeza del Comandante Daniel Ortega, Líder de la Revolución Sandinista y del FSLN, Presidente de Nicaragua, expresamos nuestro total respaldo y apoyo a su candidatura para las próximas elecciones en Nicaragua, cuyo triunfo asegurará la continuación de la Revolución nicaragüense y latinoamericana.

10.- Nos comprometemos a desarrollar una RED DE AMISTAD Y SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS, que nos permita vencer la desinformación, las campañas de desprestigio y el aislamiento propiciado por las Agencias Internacionales del Imperio Global, apoyando los procesos revolucionarios y evolucionarios que se están multiplicando en nuestros países.

Dado en Managua, a los 18 días del mes de Julio del año 2011.

VAMOS POR MÁS VICTORIAS,

CON TOD@S Y POR EL BIEN DE TOD@S,

VIVA EL 50 ANIVERSARIO………..!

Viva la unidad latinoamericana y Caribeña!

¡NI UN PASO ATRÁS¡

¡Unidos Venceremos!

 

 

Lunes 18 de Julio de 2011

Una lucha que llegó a la ONU

Comunidades originarias de Salta y Jujuy fueron recibidas en Naciones Unidas. Denunciaron la vulneración de sus derechos y el avance minero sobre sus territorios. En noviembre llegará al país una misión de la ONU para conocer la situación.

Por Darío Aranda

El avance sobre el territorio indígena, la violación de legislación nacional e internacional que protege sus derechos y la instalación de empresas mineras sobre comunidades originarias fueron los temas que escucharon en la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la boca de comunidades kolla y atacama de Salta y Jujuy, que rechazan la minería de litio en su territorio ancestral. Ante la más alta instancia de la ONU en materia indígena, las comunidades solicitaron algo simple: que se cumplan las leyes que protegen su territorio. También recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe expedirse sobre un amparo presentado hace ocho meses. En noviembre llegará al país una misión de la ONU para conocer en territorio la situación de los pueblos originarios.

“Planteamos la defensa del territorio de las comunidades, del medio ambiente y del uso del agua. Contamos que no se respetan los derechos de las comunidades, que el Estado no cumple con la Constitución y los tratados internacionales, que nos sigue marginando, excluyendo del derecho a la tierra”, explicó Clemente Flores, delegado en Ginebra (Suiza) de las 33 comunidades originarias de Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc, que abarcan Salta y Jujuy, y donde se encuentran reservas de litio, “el oro del futuro”, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que ya comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz.

La minería de litio en las salinas vulnera la Constitución nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios, sostienen las 33 comunidades que presentaron una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2010. Solicitaron, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aportaron pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.

El delegado de las comunidades detalló en la ONU la realidad de los pueblos originarios de las Salinas Grandes en el marco de la Cuarta Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos Pueblos Indígenas (Medpi), ámbito especializado del Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano de derechos humanos de Naciones Unidas.

El Mecanismo de Expertos realiza una sesión anual, y uno de los principales temas de debate en 2011 es el derecho de los pueblos indígenas a participar en la decisión de acciones que los afecten. Justamente es uno de los principales reclamos de las comunidades de Salinas Grandes, donde gobiernos y empresas avanzaron sin “consulta previa” (según marca la ley) a los pueblos originarios.

“Explicamos que en nuestro país no se cumple la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Si se cumplieran nuestros derechos no tendríamos que hacer todo esto, no tendríamos que hacer juicio, no tendríamos que viajar miles de kilómetros para que alguien nos escuche, podríamos vivir tranquilos en nuestras comunidades. Explicamos nuestra preocupación de que los gobiernos sigan sordos”, explicó Clemente Flores, que estuvo acompañado del abogado Rodrigo Solá.

También fueron recibidos por el relator especial de la ONU sobre derechos indígenas, James Anaya, la máxima autoridad de la ONU en la materia. Le detallaron la realidad de los pueblos originarios de Argentina, explicitaron como ejemplos casos de violación de derechos humanos en Formosa y Neuquén, y explicaron en detalle la frondosa legislación (nacional e internacional) que fue omitida en el avance minero en las Salinas Grandes.

“Fue una muy buena reunión. El relator mostró interés y preocupación por el avance minero en Jujuy y Salta y adelantó que tomará todas las medidas a su alcance para que se respeten los derechos de las comunidades”, afirmó Rodrigo Solá. En la entrevista también se confirmó que Anaya visitará la Argentina a fines de noviembre próximo. Estará en el país durante diez días, recorrerá comunidades de distintas regiones, se entrevistará con funcionarios del Gobierno y miembros del Poder Judicial.

El papel de los jueces fue central en la reunión con el relator. Se detallaron “infinidad” de casos donde magistrados de distintas instancias omiten la aplicación de los derechos indígenas. “Pudimos contar que presentamos un recurso de amparo en la Corte Suprema, pero que esa instancia tampoco está resolviendo nada. Sabemos que la Corte tiene muchos casos, pero nosotros necesitamos una respuesta urgente porque las empresas avanzan en los territorios y nos van a provocar daños para siempre”, afirmó Flores.

El viaje a la ONU contó con el apoyo del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Prelatura de Humahuaca, Avina, Red Puna, Asamblea de Autoconvocados de Tilcara, el servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad de Salta y de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj).

 

Lunes 18 de Julio de 2011

O processo de privatização da água é uma realidade nas cidades brasileiras de grande e médio porte. Atento a esta situação, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) organiza o Seminário Internacional: Panorama político sobre estratégias de privatização da água na América Latina. O evento será realizado na Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), nos dias 20 e 21 de julho.

Durante o evento, os participantes irão debater sobre os atuais projetos que visam a mercantilização e privatização da água em diferentes países, como Itália, Chile, Bolívia e Peru, além do Brasil, e diversos setores, como na mineração, agricultura, saneamento, entre outros. Outro objetivo do seminário é proporcionar um espaço de troca de experiências acerca das lutas contra a privatização da água, fortalecendo assim articulação entre as organizações participantes para a mobilização em defesa da água como um bem público.

Participarão do seminário cerca de 120 pessoas de movimentos sociais, redes de articulação, representantes de universidades e convidados do Brasil e de outros países da América Latina, Europa e África. Está confirmada a presença de representantes da Suíça, Chile, México, El Salvador, Colômbia, Argentina, Paraguai, Moçambique, Espanha, Venezuela, Panamá, Bolívia, Perú e Canadá.

O Seminário Internacional: Panorama político sobre estratégias de privatização da água na América Latina antecede a 3ª etapa do Curso Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo, um convênio entre o MAB e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR), da UFRJ.

Programação

20/07 – Quarta-feira

9h – Abertura

Análise de conjuntura econômica e política no cenário mundial

14h – Estratégias capitalistas para o domínio da água

19h30 – Pré-lançamento do filme «O veneno está na mesa», de Silvio Tendler

21/07 – Quinta-feira

8h30 – Experiências de luta e resistência em defesa da água

14h – Encaminhamentos e encerramento

Serviço

Seminário Internacional: Panorama político sobre estratégias de privatização da água na América Latina

Local: Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)- Ilha do Fundão

Data: 20 e 21 de julho

Imprensa: O seminário será aberto para cobertura na parte da tarde do dia 20.

Contato:

(21) 9770-2173 (Alexania Rossato ou Elisa Estronioli – a partir do dia 18)

(11) 3392-2660

 

Lunes 18 de Julio de 2011

Es hora de Soberanía alimentaria, es hora de defender nuestro patrimonio Genético, las Semillas, la Tierra y los territorios

Las organizaciones campesinas de la CLOC –VC de Chile; Anamuri Ranquil; ANMI que formamos parte de la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo y a nivel mundial de la Vía Campesina, Queremos en primer lugar Manifestarnos nuestra enorme satisfacción y admiración a las justas lucha de carácter nacional por el derecho pleno a la educación y contra el lucro de quienes han convertido la educación en un gran negocio

Es por ello que celebramos y nos hacemos parte de la movilización social que despierta la conciencia de la ciudadanía para poner fin a la injusticia, las desigualdades sociales, el abuso empresarial y a la falta de voluntad y ética política del actual gobierno.

Hacemos nuestras las demandas del movimiento estudiantil, porque ellas reflejan el sentir y las necesidades de la inmensa mayoría. La lucha actual no es sólo de los estudiantes; es de todas y todos por el bienestar común de nuestro pueblo.

Queremos un país construido sobre la base de la justicia social, dando respuesta y buscando satisfacer las necesidades del pueblo en base a las grandes potencialidades y diversidad del país, no en función del lucro ilimitado de unos pocos.

En este marco, nos preocupa y extraña un conjunto de proyectos de ley actualmente en el parlamento, en elaboración o discusión, que agreden gravemente a la agricultura campesina e indígena, a la biodiversidad del país y a la producción de alimentos para todos nosotros, con el sólo fin de entregar aún mayores privilegios y posibilidades de lucro a los grandes capitales nacionales e internacionales. Nos referimos a la Ley de Obtentores, a la Ley de Vegetales Genéticamente Modificados, Ley de Acceso Recursos Genéticos, Ley de Servicio Forestal (sobre CONAF), Ley de Bioseguridad y otras. En conjunto, ellas buscan expandir el monocultivo de pinos y eucaliptus, privatizar y permitir la destrucción de las áreas y parques naturales para dar paso a tendidos o centrales eléctricas, abrir el país a las plantas transgénicas y privatizar las semillas. Al igual que en la educación, la defensa del lucro sin límite impide el bienestar de las grandes mayorías.

Estamos especialmente preocupados por el intento de aprobación de la llamada Ley de Obtentores, que entrega nuevos y más privilegios a las empresas semilleras, permite la privatización de las semillas y criminaliza las técnicas y prácticas que nos permitieron a los pueblos indígenas y campesinos cuidar, crear, conservar e intercambiar semillas durante cientos y miles de años. Esta Ley en definitiva mercantiliza la vida y afecta en forma transversal a todo el pueblo chileno

Contrario a lo que se ha afirmado desde el Ministro de Agricultura y ANPROS que señalan “que este convenio significa un paso decisivo para la modernización y la competitividad de la agricultura y principalmente, para los pequeños productores.” Por su lado la gremial de las grandes empresas semilleras ha expresado que “se debe contar necesariamente con una ley que proteja la propiedad intelectual” pero lo que esta ley busca, es apropiarse de nuestras semillas, controlar la agricultura, destruyendo nuestra biodiversidad y asegurando la entrada de cultivos transgénicos a Chile y dar paso un negocio mayor para un puñado de empresas transnacionales.

Llamamos a las y los trabajadores de la ciudad, a la ciudadanía en general a involucrarse en las luchas para impedir el despojo de nuestros bienes naturales y de nuestra soberanía nacional y alimentaria. Lo que está en juego y debemos defender para toda la sociedad es el derecho a que el futuro de nuestro país no se defina entre gallos y medianoche, sino a través de procesos de discusión y consultada informada y con pleno consentimiento, a que la alimentación sea un derecho de los pueblos y no un negocio para el gran capital, y a vivir en un ambiente sano.

Llamamos a los Senadores y Senadoras a dar cumplimiento fiel a su rol de representación de los intereses nacionales y del bienestar del pueblo, a no aprobar la ley de obtentores e impedir que la ilegitima aprobación de UPOV 91 se haga efectiva

Es hora de reaccionar y comprender que “Sin semillas, no hay agricultura. Sin agricultura, no hay alimentación. Sin alimentación no hay pueblos” nuestra lucha es por la vida.

¡¡Tierra, territorios y semillas en resistencia!!

Santiago 16 de Julio a 12 días del aniversario de la promulgación de la ley de Reforma Agraria

Jueves 14 de Julio de 2011

Organizaciones internacionales defensoras delos Derechos Humanos tales como : La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), CIFFCA, FIAN Internacional, Rel Uita, La plataforma Interamericana de Derechos Democracia y desarrollo(PIDHDD) y la  Vía Campesina Internacional ,entre otras, presentaron el pasado 12 de Julio del presente ante el parlamento las conclusiones y recomendaciones derivadas del Informe de la misión internacional de observación en el Bajo Aguán, realizada del 25 febrero al 4 de marzo de 2011, y denunciaron la continuación de asesinatos y graves violaciones de derechos humanos en Honduras .

El informe se titula “violencia e impunidad en el bajo Aguan, Honduras” y recoge la situación de represión y violencia en que viven organizaciones campesinas en la región del Valle del Bajo Aguán y demás pobladores y pobladoras, quienes se encuentran en un estado de total indefensión y desprotección ante las actuaciones y omisiones de las autoridades en el marco del conflicto agrario que aqueja a esta región en Honduras.

Según datos proporcionados en este informe entre enero 2010 y junio de 2011, 32 campesinos han sido asesinados, con involucramiento directo de cuerpos de seguridad pública y privada, quienes también son señalados como autores de actos de tortura, amenazas, y hostigamiento en contra de los campesinos organizados en la defensa de sus derechos.

Las organizaciones internacionales que forman parte de la misión de observación, denuncian esta situación de extrema violencia e impunidad, en la cual los movimientos campesinos que legítimamente reivindican su derecho a la tierra se han enfrentado a permanentes atropellos y violaciones tales como al derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y la seguridad personal, así como a la vulneración de su derecho a la alimentación, salud, vivienda y educación, sin que los crímenes cometidos sean debidamente investigados y sancionados por las autoridades. Situación que ha llevado a la estigmatización y criminalización del movimiento campesino.

El Informe revela datos como que entre el 18 de marzo de 2011 y el 15 de junio de 2011, 9 campesinos han sido asesinados, y durante mayo y junio de 2011, se han registrado por lo menos 6 campesinos gravemente heridos durante acciones de desalojo forzoso. Al mismo tiempo, la implementación de las disposiciones legales y acuerdos políticos existentes para resolverlo no ha avanzado en una manera significativa.

Las organizaciones presentaron al Parlamento Europeo algunas de las recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales y la comunidad internacional. A las autoridades nacionales se les instó para que:

Investiguen y sancionen de forma expedita todos los crímenes y las otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la persecución de los autores materiales como intelectuales de estos hechos.

* Cesen de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, en particular los desalojos forzosos y adopten medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.

* Regulen debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, imponiéndoles el respeto pleno de los derechos humanos de la población so pena de la cancelación del permiso de operación en el país.

* Cumplan las disposiciones legales y los acuerdos políticos relativos a los conflictos agrarios, y lleven a cabo las medidas necesarias para lograr una solución justa y sostenible del problema de la tenencia de la tierra.

Las organizaciones recordaron el papel fundamental que tiene la comunidad internacional para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos en Honduras. Observamos con gran consternación la reincorporación de Honduras a la OEA, sin considerar la ausencia de garantías en materia de investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del golpe de Estado en este país.

A la comunidad internacional se le instó a que refuerce su atención y acción sobre la situación de derechos humanos en Honduras, en particular en el Bajo Aguán, por lo que debe:

* Contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, en particular en relación al Bajo Aguán;

* Realizar un monitoreo permanente de la situación en el Bajo Aguán, especialmente de los avances en la resolución del conflicto agrario, así como de la investigación y condena de los responsables de los asesinatos cometidos que incluiría brindar asesoría técnica a las autoridades nacionales;

* Asegurar la efectiva implementación de la estrategia local de las líneas directrices de la Unión Europea para la protección de defensores de derechos humanos;

* Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.

Para ver el informe completo visite el sitio: http://www.fidh.org/hondura

Miércoles 13 de Julio de 2011

Carta abierta a la Corporación Financiera Internacional sobre el Proyecto CalyxAgro

Estimado Sr. Thunell,

Los documentos oficiales (1) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) (2) indican que la CFI está considerando otorgar un préstamo de más de 30 millones de dólares a Calyx Agro.

El Informe del Banco Mundial de septiembre 2010 sobre el creciente interés mundial en tierras de cultivo, fue muy criticado por muchos por no señalar a la apropiación de tierras como una grave amenaza para la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación de las comunidades rurales, y por no haber evaluado las responsabilidades del propio Banco en el aumento de ofertas de tierra disponible mediante la promoción de enfoques de gestión basados en nociones de mercado, a través de sus prácticas de préstamos y sus políticas.

Sin embargo, el informe se las arregló para documentar el dramático aumento de interés de los inversionistas en las tierras agrícolas a partir de la subida de precios de alimentos en 2008, haciendo hincapié en la naturaleza explotadora de muchas inversiones. Según el informe, los acuerdos sobre tierras entre los inversionistas y los gobiernos a menudo han ocurrido en secreto, marginando a las comunidades afectadas y los agricultores de las fases de consulta y conducen, en consecuencia, a la expulsión de personas de sus tierras sin una indemnización adecuada.

Con el objetivo declarado de contrarrestar estas tendencias, el Banco propuso siete principios voluntarios para la inversión agrícola en los países en desarrollo, que van desde el respeto a los derechos existentes a la tierra y los recursos naturales, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la transparencia y la rendición de cuentas y plena consulta, a fines de generar impactos social y ambientalmente positivos.

Incluso este conjunto de principios, propuestos por el Banco para reducir los riesgos de la reacción social a las inversiones en tierras, y que fueron nuevamente fuertemente criticados como una legitimación sustancial del acaparamiento de tierras, no podrán ser aplicados en las propias políticas agrícolas del Banco y las prácticas de préstamos, si el proyecto de préstamo a CalyxAgro sigue adelante:

• La CFI afirma que «será el primer financista en proporcionar financiación a largo plazo para Calyx, sin la cual la compañía puede tener que reducir sus planes de expansión», y reconoce que su «sello de aprobación» ayudará a Calyx Agro si se lleva a cabo una primera oferta pública en la Bolsa.

Esto implica que la CFI, a través de la aprobación de este préstamo, concedería una cobertura significativa y el apoyo a una mayor expansión de Calyx en su campo de operación.

CalyxAgro se estableció en la Argentina por Louis Dreyfus Commodities en 2007 como un vehículo para la adquisición de tierras de cultivo en el sur de América Latina. Louis Dreyfus es propiedad de la familia Louis-Dreyfus en Francia y es uno de los mayores operadores del mundo de productos agrícolas.

Tras la apertura de los fondos de nuevos inversionistas en el 2008, AIG Investments, el vehículo de administración de activos de la compañía de seguros American International Group (AIG) realizó una inversión de $ 65 millones en Calyx Agro ese año. Tras la crisis de AIG, como resultado de su participación en el escándalo de las hipotecas sub-prime en EE.UU., la compañía se vio obligada a vender su división de inversión al Grupo multimillonario de Hong Kong, perteneciente a Richard Li, Pacific Century. AIG Investments ha pasado a denominarse Inversiones PineBridge en 2010 y sus inversiones en Calyx Agro se mantuvieron.

Según un informe de 2008 (3) del Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) de Brasil, los otros inversores importantes en Calyx Agro son los siguientes:

• TRG Management, un nuevo fondo de cobertura con sede en Nueva York, operado por el Grupo Rohatyn, fundado por los antiguos banqueros de JPMorgan en 2003 para invertir en mercados emergentes;

• Worldstar Ltd, una subsidiaria de Said Holdings, que es un holding de inversión, constituido en las Bermudas, que pertenece a Wafic Said, un hombre de negocios sirio-saudí
• Pictet Private Equity Investors, una compañía privada de inversiones con sede en Suiza;
• Solvia Investment Management, un instrumento de inversión para la gestión de inversiones con sede en Londres, Oslow Capital Management.

Este préstamo a Calyx Agro, una empresa con mandato de compra de tierras agrícolas en América Latina para ricos inversores extranjeros, facilitaría una expansión a gran escala de la tenencia de la tierra por parte de los financistas.

El Banco Mundial, a través de la CFI y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, ya está directamente implicado en la financiación del acaparamiento mundial de tierras, y el préstamo de la CFI para Calyx Agro sólo profundizaría su participación. De hecho, la CFI ha proporcionado recientemente la financiación a un accionista de Calyx Agro para proyectos similares. En 2009, la CFI aprobó un préstamo de 15 millones de dólares para apoyar los planes de expansión de NFD Agro Ltd, una empresa de plantaciones de soja con sede en Paraguay, que posee la empresa Desarrollo Agrícola del Paraguay (Grupo DAP) y que está muy involucrada en la polémica Mesa Redonda de la Soja Responsable (4).

NFD Agro es controlada por empresarios argentinos y la banca estadounidense JP Morgan, mientras que TRG management, accionista de Calyx Agro, posee el 11,7% de la compañía (5). Posteriormente, en el 2010, la CFI aprobó una inversión de capital de 25 millones de dólares en un fondo con sede en Mauricio administrado por TRG, llamado TRG Africa Catalyst Fund I, que está invirtiendo en recursos y el sector de bienes de consumo en el África subsahariana (6).

En un momento en que los movimientos sociales en América Latina y en todo el mundo están exigiendo el fin del «acaparamiento de tierras de cultivo» y donde muchos de los gobiernos de la región están tomando medidas para restringir la inversión extranjera en sus tierras de cultivo, es inaceptable que una institución multilateral como el Banco Mundial esté ofreciendo apoyo directo a algunos de los actores más importantes del mundo involucrados en el acaparamiento de tierras.

• La CFI afirma que «las operaciones agrícolas de Calyx incluyen la producción de granos y oleaginosas en fincas propias y arrendadas, incluyendo soja, trigo, maíz, girasol y algodón, entre otros».

Calyx Agro es una de las entidades privadas que se han establecido en los últimos años, a menudo respaldada por inversionistas extranjeros, para adquirir grandes superficies agrícolas en el Cono Sur de América Latina y para convertir estas tierras en plantaciones de monocultivos a gran escala para la producción de soja, caña de azúcar, maíz y otras materias primas para la exportación. Las operaciones de las explotaciones que adquieren por lo general son subcontratadas a empresas especializadas en gestión de plantaciones, que desarrollan prácticas agrícolas altamente mecanizadas y químicamente intensivas, a menudo basadas en el uso de cultivos genéticamente modificados que resisten la aplicación de grandes dosis de herbicidas.

Estas empresas han sido decisivas para el auge regional en monocultivos de soja, que ahora ocupan la cuarta parte de todas las tierras agrícolas en Paraguay y que han crecido a un ritmo de 320.000 hectáreas por año en Brasil desde 1995. En Argentina, donde la soja ocupa alrededor de la mitad de las tierras agrícolas en el país, 5,6 millones de hectáreas de tierras no-agrícolas fueron convertidas a la producción de soja entre 1996-2006. (7)

Los efectos devastadores que estas plantaciones han tenido en las personas y el medio ambiente en América Latina están bien documentados y reconocidos por múltiples actores (8).

Estos impactos incluyen deforestación, degradación del suelo, envenenamiento por pesticidas, pérdida de biodiversidad y contaminación genética. Una consecuencia directa es el incremento explosivo del uso de plaguicidas. Sólo en Brasil, el mercado de plaguicidas es ahora de un valor de más de 5 mil millones de dólares, cuatro veces lo que era en 1992 (9).

Las consecuencias socio-económicas incluyen la pérdida del sustento para la población local, la concentración severa de tierras e ingresos, la expulsión de la población rural a áreas urbanas, a menudo con violencia, y el agravamiento de la inseguridad alimentaria. También se han documentado las condiciones de esclavitud en muchas plantaciones de soja y de caña de azúcar.

La expansión de estos cultivos desvía fondos públicos que podrían utilizarse en educación, salud, y en métodos alternativos mucho más sostenibles, los agroecológicos. Y reduce la seguridad alimentaria potencial de los países objetivo. Mucha de la tierra antes dedicada a la producción de cereales, productos lácteos o frutas se ha convertido a la soja y el maíz para la exportación, lo que lleva a la rápida multiplicación de impactos ecológicos y sociales, así como a la escalada de precios de los alimentos básicos en la región.

• La CFI afirma que «la inversión propuesta contribuirá al desarrollo económico rural a través de la creación de empleo y el vínculo con (y en algunos casos el apoyo a la creación de) las PYME (contratistas agrícolas) en zonas rurales. Se espera que la inversión genere una serie de beneficios sociales y económicos, incluyendo el crecimiento económico y mayor productividad del sector agrícola, que incluye: (a) Mejor uso de la tierra, (b) Transferencia de Buenas Prácticas Sostenibles; (c) Desarrollo del Sector Privado y aumento del Empleo”.

Sin embargo, toda la evidencia en la expansión a gran escala de la agricultura industrial ha demostrado que tiene efectos negativos globales sobre el empleo y la población rural. En Brasil, por ejemplo, el 85% de los establecimientos agrícolas está basado en grupos familiares, pero ocupan sólo el 24,3% de la superficie total del país ocupada por fincas. Se ha registrado a la agricultura familiar como generadora de trabajo para 13 millones de personas – alrededor del 80% del total de trabajadores rurales (10). Esos empleos se ven amenazados por la expansión de la agricultura industrial y la adquisición de tierras. En Brasil, se crean sólo dos puestos de trabajo por cada 100 hectáreas de plantaciones de soja.

El informe del BM mencionado anteriormente puso de relieve cuán frecuentemente los inversores no han creado el número de empleos que han prometido, y no han invertido de manera efectiva en las tierras adquiridas, ya sea debido a la falta de conocimientos agrícolas o porque estaban más interesados en las ganancias especulativas que en los cultivos. Y continúa afirmando que «los estudios de caso ponen de manifiesto que en muchas instancias los inversores extranjeros no han podido hacer realidad este potencial, contribuyendo en cambio a la pérdida de los medios de subsistencia. Estos problemas incluyen el desplazamiento de las poblaciones locales de sus tierras sin una indemnización adecuada, tierra entregada muy por debajo de su valor potencial, la aprobación de proyectos que fueron sólo posible gracias a subsidios adicionales, la generación de externalidades negativas ambientales o sociales, o la invasión de zonas no transferidas al inversor para hacer un proyecto de bajo rendimiento económicamente viable».

El 11 de marzo de 2010, cerca de 100 organizaciones de la sociedad civil de 38 países han hecho comentarios sobre la Política de Sostenibilidad Social y Ambiental, Normas de Desempeño y la Política de Divulgación de la CFI, exigiendo que los préstamos del Banco Mundial a las empresas privadas sean mucho más sensibles a las preocupaciones sociales y ambientales. La carta describe que la CFI carece de transparencia y de supervisión, falla en el respeto a los derechos humanos, no desarrolla adecuadas políticas para el cambio climático, todo lo cual socava la capacidad del BM para cumplir su misión de luchar contra la pobreza.

Por la presente, queremos también reafirmar que la adquisición de tierras por empresas privadas no resuelve los problemas inminentes de la pobreza, el hambre y la necesidad de la reforma agraria, sino que por el contrario, pone en peligro el ya frágil sustento de las comunidades rurales. La CFI también está fallando en su misión al promover el acceso de los inversores a tierras en lugar de dar prioridad a estos derechos humanos básicos.

Como organizaciones de la sociedad civil internacional, fuertemente comprometidas con la soberanía alimentaria y dedicadas a la defensa del derecho a la alimentación y al manejo de la tierra por parte de las comunidades rurales a nivel mundial, demandamos a la Junta de Directores de la CFI que se abstenga de conceder el préstamo a CalyxAgro.

Denunciamos enérgicamente este préstamo, ya que marca una contradicción flagrante entre la misión declarada del Banco referida a la eliminación de la pobreza y al desarrollo sostenible, y sus políticas y prácticas prestamistas. Continuaremos proporcionando documentación detallada sobre estos y otros temas de interés.

Firman:

Acción Ecológica, Ecuador

Acción por la Biodiversidad, Argentina

Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (CRBM)

Centro Ecológico, Brasil

COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica

Confédération Paysanne

Focus on the Global South

Amigos de la Tierra Internacional

GRAIN

La Vía Campesina

Land Research Action Network (LRAN)

Red de Coordinación en Biodiversidad, Costa Rica

REDES-AT, Uruguay

SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra Paraguay

Notas

(1) Disponible en http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/E4CD528CC457947C8525787E006E382D

(2) La Corporación Financiera Internacional (IFC) es la división de préstamos para el sector privado del Grupo del Banco Mundial. Provee financiamiento al sector privado, inversión y servicios de asesoría tanto para el sector gubernamental como para el sector privado.

(3) Disponible en http://www1.seae.fazenda.gov.br/littera/pdf/08012005483200877.pdf

(4) Lea el informe sobre el Grupo DAP del Observatorio Europeo de las Corporaciones: http://www.corporateeurope.org/system/files/files/resource/DAP_articleFINAL.pdf)

(5) Ver el resumen de la IFC sobre el proyecto: http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/B3A74FCDEC6DC008852576BA000E2DA1

(6) Ver el resumen de la IFC sobre el proyecto:

http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/f451ebbe34a9a8ca85256a550073ff10/0d4c1019ea516708852576e3005f182c?OpenDocument

(7) Walter Pengue y Miguel Altieri, “GM soya bean: Latin America’s new colonizer”, Seedling, January 2006, http://www.grain.org/seedling/?id=421

(8) PM Fearnside (2001), “Soybean cultivation as a threat to the environment in Brazil”, Environmental Conservation 28: 23-28; PF Donald (2004), “Biodiversity impacts of some agricultural commodity production systems,” Conservation Biology 18:17-37; Walter Pengue (2005), “Transgenic crops in Argentina: the ecological and social debt,” Bulletin of Science, Technology and Society 25: 314-322;

Jane Rissler and Margaret Mellon (1996), The ecological risks of engineered crops, MIT Press, Cambridge, Mass. GRAIN, «Corporate candyland», Abril 2009: http://www.grain.org/seedling/?id=589

(9) IBGE (2009b). Censo Agropecuário 2006. Agricultura familiar. Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação. IBGE, 2009. Disponible en: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/agri_familiar_2006/default.shtm. Accessed September 17 2010.

(10) Foro Brasileño de ONGs e Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FBOMS): “Agronegocios y agrocombustibles: una mezcla explosiva” Río de Janeiro, 2006, p. 6.