Lucha Campesina y Deuda Ecológica

La Deuda Ecológica es la deuda contraída por los países industrializados del Norte del mundo hacia los países del Sur, debido a la explotación indiscriminada de los recursos naturales en todo el planeta, y de la ocupación del espacio ambiental global para el depósito de los residuos tóxicos.

La Deuda Ecológica es la deuda contraída por los países industrializados del Norte del mundo hacia los países del Sur, debido a la explotación indiscriminada de los recursos naturales en todo el planeta, y de la ocupación del espacio ambiental global para el depósito de los residuos tóxicos. Hoy más que nunca, los efectos de esta política míope e inconsciente se muestran en su actualidad urgente: lo testimonian las catastróficas variaciones climáticas, el general empobrecimiento de las poblaciones del sur del mundo, la difusión de epidemias entre hombres y animales, la reducción de la biodiversidad.

Día internacional de movilizadeudación por la reforma agraria

El sabado17 de abril fue el Día Internacional de la Lucha Campesina, cuyo antecedente es el asesinato de 19 campesinos del Movimiento Sin Tierra MST en El Dorado dos Carajas por parte de paramilitares en Brasil.

Desde 1996 los campesinos e indígenas del mundo entero, se movilizan y luchan frente al neoliberalismo que atenta directamente contra sus derechos colectivos y causa severos impactos en la agricultura campesina. Desde su aplicación, las políticas neoliberales en el agro, han empobrecido millones de campesinos y trabajadores rurales, así como a enormes sectores de pescadores artesanales.

Este año, las principales demandas campesinas que se enarbolan desde las luchas locales y globales plantean una reforma agraria justa, la defensa de la agricultura campesina y el acceso a las semillas, frente a las corporaciones transnacionales, así como la defensa de la soberanía alimentaria

Si bien es cierto que los movimientos indígenas y campesinos en el Sur, han comenzado a poner como un punto importante en sus luchas el reclamo de la deuda ecológica, esto no ha sido visto aún como una prioridad, principalmente por la necesidad de avanzar en la definición del concepto de la deuda ecológica, así como en la posibilidad de que de manera practica esta deuda pueda ser restituida de alguna forma. Esto implica también la necesidad de hacer reformas en el sistema jurídico internacional.

Una movilización que une Norte y Sur del Mundo

En ocasión de la jornada internacional de movilización por la reforma agraria miles de campesinos marcharon en 26 países con el apoyo de la organización “Via Campesina” (www.viacampesina.org ).

En el debate “Volcar la deuda” – organizado en Bologna (Italia) 15-16 abril 2004 por la “Red Europea para el reconocimiento de la deuda Ecologica” ENRED (www.debtwatch.org/enred/principal.htm ), Observatorio español de la deuda en la globalización (www.debtwatch.org ) “ASUD Ecologia e Cooperazione” ONLUS (www.asud.net ), exponentes de movimientos globales se confrontaron, por primera vez en Italia, sobre los temas de la campaña internacional para el Reconocimiento de la Deuda Ecológica.

En el documento final se analiza que “la Deuda Ecológica es la deuda contraída por los países industrializados del Norte del mundo hacia los países del Sur, debido a la explotación indiscriminada de los recursos naturales en todo el planeta, y de la ocupación del espacio ambiental global para el depósito de los residuos tóxicos. Hoy más que nunca, los efectos de esta política míope e inconsciente se muestran en su actualidad urgente: lo testimonian las catastróficas variaciones climáticas, el general empobrecimiento de las poblaciones del sur del mundo, la difusión de epidemias entre hombres y animales, la siempre más grande conflictualidad entre norte y sur del mundo en la espiral “guerra-terrorismo”, en las migraciones, en la reducción de la biodiversidad.

En este proceso de inexsorable empobrecimiento del planeta es fundamental afirmar el concepto de Deuda Ecológica como contraparte de la Deuda Económica, para construir un camino de relaciones entre norte y sur, basada en el reconocimiento recíproco, en la justicia social y en la paz”.

Porque existe la deuda ecológica

La deuda ecológica es una deuda histórica que se ha generado, sea desde tiempos de la era colonial, como desde el inicio de la revolución industrial, y sigue creciendo por varios factores.

Algunos de ellos son los siguientes. El primero, se refiere a los pasivos ambientales generados por la extracción de recursos, como minerales o hidrocarburos, que causa el deterioro de los ecosistemas y la base de supervivencia de muchos pueblos en el Sur del mundo. También la deuda ecológica se genera por la apropiación indebida y abusiva de los espacios ambientales como la atmósfera, provocándose los cambios climáticos o la pérdida de la capa de ozono; un tercer factor es la exportación desde el Norte hacia el Sur de desechos tóxicos, sustancias químicas y biológicas que se usan en los conflictos bélicos.

Hay, sin embargo, tres factores que son de suma importancia en cuanto al mantenimiento de la soberanía alimentaria en las comunidades y países del Sur. Me refiero a la deuda ecológica por biopiratería, que corresponde a la apropiación ilegitima e ilegal de material biológico y conocimientos ancestrales asociados, siendo aprovechados por empresas farmacéuticas o de semillas y alimentos y de biotecnología, por lo que tenemos que pagar regalías: a la deuda ecológica por los impactos de la imposición de los paquetes tecnológicos impuestos a través de la revolución verde que incluyen semillas “mejoradas” y agrotóxicos como plaguicidas y fertilizantes, así como la actual introducción de semillas genéticamente modificadas.

Finalmente, debemos mencionar al intercambio ecológicamente desigual.

En la división internacional del trabajo, el Sur es proveedor de materias primas como minerales, gas, petróleo, conocimientos tradicionales y reservas de biodiversidad (agrícola y silvestre), mientras que el Norte es el procesador y redistribuidor de estos materiales. Las relaciones injustas entre el inmensamente diverso Sur y el Norte – cuya riqueza radica en tecnologías muchas veces nefastas para la salud humana y del medio ambiente -, son también parte de esa deuda ecológica.

También, otra de las frecuentes demandas de los sectores rurales, ha sido la lucha por una solución digna y justa frente al problema de la deuda externa del Tercer Mundo. La relación directa e indisoluble entre la deuda externa y la deuda ecológica, es fácilmente reconocible. La deuda externa genera deuda ecológica tanto por la orientación de los créditos adquiridos, sobre todo hacia actividades que producen impactos sociales y ambientales, cuanto por la presión sobre los ecosistemas para generar divisas para el pago de los intereses de la deuda, sobre todo a través del fomento de las exportaciones.

El pretender pagar estos créditos con recursos naturales y a costa del medioambiente implica una hipoteca del futuro de nuestros pueblos.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y también el Banco Interamericano de Desarrollo, son deudores de una deuda ecológica generada por las políticas neoliberales que favorecen el libre mercado, la apertura comercial, el fomento de los cultivos extensivos, la privatización de los recursos como el agua, la aplicación de leyes de propiedad intelectual, la violación de los derechos de los agricultores y otras consecuencias.

Podemos concluir entonces que el modelo agroexportador es un generador neto de deuda ecológica, pero la revolución verde, por su parte, también tiene su propia cuota dentro de la deuda ecológica.

A partir de los años 60, en los países del Sur del Mundo comenzaron a aplicarse las reformas agrarias. A pesar de que se entregaron considerables porciones de tierras a los campesinos e indígenas, en pocos años el sector agrícola empezó a decrecer. En primer lugar por el aumento de la protección a la industria y en segundo lugar por el gran fomento a la revolución verde. En este caso, nuevamente el Banco Mundial jugaría un papel muy importante con la creación del CGIAR (Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional), con el apoyo de las Naciones Unidas a través de la FAO y del PNUD.

Como resultado de esto, se incrementaron los monocultivos, así como el uso de plaguicidas (muchos de ellos actualmente prohibidos), se alteraron los sistemas de agricultura campesina, hubo pérdida de la fertilidad de los suelos, la sustitución de semillas de variedades tradicionales por semillas mejoradas, etc. Esto provocó no solo que la productividad disminuyera, sino que los impactos ambientales han sido tremendos, como la erosión de los suelos, la erosión genética, y la afectación de la salud de trabajadores agrícolas. De acuerdo a cifras recogidas por la organización “Acción Ecológica” de Ecuador, luego de 20 años de revolución verde, el numero de personas hambrientas en el mundo aumentó en mas del 10%, a pesar de que en ciertos periodos aumentaba la disponibilidad e alimentos.

Con el intercambio desigual, en realidad hay una distribución internacional desigual de los costos y de los beneficios, habiendo un desplazamiento de los costos ambientales hacia los países del Sur, de manera que los países del Norte puedan mantener sus altos estándares ambientales dentro de sus fronteras. Esta relación Norte-Sur ha permitido que los países industrializados del Norte, mantengan su nivel de vida, patrones de consumo y producción y su hegemonía, desde el desarrollo mismo del capitalismo. Por ello, para el Norte esta situación debe ser mantenida, a cualquier costo, inclusive a través de procesos de integración regional, en infraestructura y económica, o la ocupación de territorios a través de la fuerza.

A cuanto asciende esta deuda ecológica?

Se han desarrollado varias metodologías para calcular la deuda ecológica y sus componentes. Sin embargo, mencionaremos algunos con respecto al intercambio desigual.

En este caso, una forma es el análisis de flujos de materiales, que demuestra que hay regiones del mundo que tienen un excedente de importaciones físicas mientras que otras presentan un déficit en el intercambio físico. El balance físico se lo obtiene restando las exportaciones de las importaciones. Un déficit significaría una pérdida de los recursos naturales para un país.

Lo innovador de esta propuesta es que rebasa el concepto monetario de la balanza comercial de los países y la pone en términos de toneladas. Por ejemplo, en los países europeos, las importaciones físicas exceden las exportaciones físicas. Principalmente debido a la importación de combustibles fósiles y minerales. Mientras que los países del Sur son exportadores netos de recursos naturales.

Un análisis monetario daría resultados inversos, principalmente si tomamos en cuenta el valor de los recursos y de los productos primarios en el mercado internacional. De hecho, los datos indican que en promedio las exportaciones de la Unión Europea tienen un valor cinco veces mayor que sus importaciones.

El flujo de materiales del Sur al Norte se incrementa en términos físicos de forma exponencial, mientras que el precio de estos recursos decrece a lo largo del tiempo. Significa que el Sur cada vez debe exportar mayores cantidades de recursos para obtener la misma cantidad – o menos – de dinero, por ellos. Por otro lado, estas exportaciones de minerales o productos agrícolas, no reflejan en sus precios, los costos de daños ambientales o perdida de la calidad el suelo a través de la exportación de nutrientes, etc.

El intercambio desigual debe verse no en el sentido de la sola internacionalización de los costos sociales y ambientales, sino en una economía autocentrada. Es decir la solución no es que el precio sea mayor, ya que esto, incrementaría el afán de exportar con el consecuente impacto socioambiental y el desmedro de la satisfacción de las necesidades a nivel interno.

En la retórica de la apertura comercial se habla mucho de la necesidad imperiosa del retiro de los subsidios a la agricultura y la eliminación de barreras arancelarias. Este es una propuesta de doble filo. Por un lado, es verdad que los perversos subsidios en el Norte causan distorsiones en el mercado, introduciéndose en los países del Sur productos agrícolas muy baratos rompiendo con la posibilidad de que los agricultores puedan vender sus productos a nivel nacional, pero al mismo tiempo, la eliminación de estos subsidios en el Sur no permitiría que los pequeños agricultores mantengan sus niveles de producción. Sobre la eliminación de barreras en el Norte, también podemos decir que también se podría incentivar aun más la especialización primario exportador en el Sur, aumentándose los volúmenes de exportación de productos agrícolas e incrementándose aún más la deuda ecológica.

No se trata solamente que el Norte nos pague mejores precios por nuestros productos, o que se creen mecanismos de mercados justos, o que se establezcan impuestos por perdida de capital natural o para la restauración ambiental, de lo que se trata es que hay que tratar de cambiar una economía basada en las exportaciones y el fomento de la competitividad – vista no solo como mantener salarios muy bajos sino también disminuyendo los costos de protección ambiental -. Para esto es una prioridad iniciar el camino hacia el reconocimiento y restitución de la deuda ecológica ya generada por el modelo primario exportador.

Las estrategias para alcanzar el reconocimiento de la deuda ecológica

El reconocimiento de la deuda ecológica puede alcanzarse de diversas formas, sea a través de la cuantificación como hemos planteado antes o, a través de demandas legales a nivel nacional o internacional. Sin embargo, hay una ausencia de jurisdicción para la Deuda Ecológica, entendida en el sentido de la facultad del derecho para determinar la solución jurídica adecuada para los conflictos relacionados con la deuda ecológica. Por eso, las estrategias deben buscar primero su reconocimiento legal, para que pueda haber obligaciones jurídicas internacionales. Su reconocimiento y restitución debe estar consagrado como una regla o norma jurídica.

Este reconocimiento legal, también permitirá definir quienes son los agraviados – acreedores ecológicos – y quienes los que tienen la responsabilidad legal – deudores ecológicos -, sea a nivel nacional, como internacional. Las responsabilidades de los deudores ecológicos, frente a los acreedores, deben ser mecanismos de sanción penal o de reparación civil al haber cometido actos ilícitos o haber violado las leyes nacionales o internacionales.

Finalmente debemos reiterar que la mejor forma de que la deuda ecológica sea restituida es la resistencia, no solo como una forma de detener el crecimiento de la deuda ecológica, sino como una manera de construir o preservar sociedades sustentables.

La demanda de la restitución de la deuda ecológica no pretende solamente que haya una compensación monetaria por el agua contaminada o los suelos degradados o la pérdida de nutrientes, el uso de conocimientos de los campesinos o indígenas o por la no disponibilidad de minerales o biodiversidad en el futuro, la deuda ecológica es un mecanismo que permite a los movimientos del Sur seguir en la lucha por la resistencia y la búsqueda de la sustentabilidad.

La propuesta de la deuda ecológica tiene muchos matices, sean políticos, económicos, metodológicos o éticos, pero lo que si la caracteriza es que pretende revolucionar las relaciones Norte – Sur.

Frente a esto los campesinos e indígenas, a través de la incorporación de la campaña por la deuda ecológica en sus demandas, como acreedores, son parte importante en este proceso, y gestores de esta revolución.

*Cristiano Morsolin, periodista y operador de redes internacionales.

Fundador del Observatorio Independiente sobre región Andina SELVAS – www.selvas.org

Trabaja en Lima en la cooperación internacional.

**Ivonne Yanez, coordinadora por Sudamerica de OILWATCH (www.oilwatch.org.ec), una red internacional de 120 organizaciones ecologistas, de derechos humanos y de comunidades locales, que apoya la resistencia a las actividades de explotación de gas y petróleo en los trópicos y denuncia sus impactos locales y globales desde una perspectiva de países del Sur.

 

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Honduras: República das bananas, das armas e das palmas

De um lado a luta por terra e soberania alimentar; de outro, latifundiários da palma africana em busca do lucro. Diante do conflito agrário no Vale do Aguán, governo reage com mais militarizaçã.

Muita gente não sabe, mas o termo “República das Bananas” – tão usado para descrever pejorativamente um país, geralmente latino-americano, de situação política “instável” – foi criada pelo escritor estadunidense Willian Sydney Porter para se referir a Honduras.

Porter viveu nesse país centro-americano em princípios do século 20, quando a economia hondurenha era dominada pela banana, cujo cultivo estava concentrado nas mãos de empresas transnacionais que interferiam não só na infraestrutura como na vida política do país.

Passado um século, se substituirmos a banana pela palma africana (o dendê), a situação de Honduras não mudou muito. Hoje, o país produz mais de 300 mil toneladas anuais de óleo de palma, sendo 70% destinadas à exportação. São 120 mil hectares cultivados, localizados, em sua maioria, nos departamentos de Atlántida e Colón, especialmente no Vale do Aguán, no norte do país.

A maior parte dessa produção está sob controle do latifundiário Miguel Facussé, dono da Corporación Dinant, a quem os camponeses chamam de “palmeiro da morte”. O empresário é considerado pela mídia local um dos “donos do país”. E, pelos movimentos sociais do país, um dos principais articuladores do golpe de Estado contra o ex-presidente Manuel Zelaya, em junho de 2009.

Apesar de o principal subproduto da palma africana ser a gordura vegetal, a produção de agrocombustível a partir do dendê está no horizonte dos empresários do setor. A posse da nova embaixadora estadunidense, Lisa Kubiske, especialista em agrocombustíveis, e as frequentes declarações do ex-presidente Rafael Leonardo Callejas e de Miguel Facussé quanto à urgência na expansão da palma ao patamar de 500 mil hectares, apontam para um processo de maior injustiça e violência ao povo hondurenho, avaliam os movimentos sociais.

“Modernização agrícola”

É justamente no Vale do Aguán onde atualmente ocorre um cenário de guerra, militarização, grilagem de terras e assassinatos. Desde o golpe de Estado de 2009, intensificou-se a repressão e cerca de 50 trabalhadores rurais perderam a vida na região. Por um lado, os movimentos camponeses querem recuperar as terras que antes eram destinadas à reforma agrária, que teve seu auge nos anos 1970, com a colonização da região do Aguán. Por outro, empresários querem mais terras, apoiados pela Lei de Modernização e Desenvolvimento Agrícola, de 1992.

olores Piñera, trabalhadora rural da comunidade de Marañones, em Colón, lamenta a situação e relembra a importância da região para a soberania alimentar do país. “Queremos recuperar as terras que eram nossas. Se não temos terra, de que vamos viver? Além disso, essa é uma zona produtora de grãos básicos. Produzimos não só para nós, mas também para o país. Para que toda essa violência? Aqui, ser camponês é considerado um crime”, lamentou.

A Lei de Modernização Agrícola, criada pelo governo neoliberal do nacionalista Rafael Callejas, gerou condições para retomar o processo de concentração de terra, tendo como foco a expansão da monocultura palmeira – que era defendida por ser um cultivo resistente às inundações comuns na região.

Gilberto Ríos, diretor da Fian (Organização Internacional pelo Direito a Alimentação) em Honduras, explica que, a partir dessa lei, o governo fez uma campanha para que os camponeses beneficiados pela reforma agrária vendessem suas terras. “O próprio Instituto Nacional Agrícola [INA] se dedicou a vender as terras dos camponeses às transnacionais. Isso gerou cooptação e corrupção. Muitos trabalhadores venderam suas terras, asfixiados pela corrupção entre líderes camponeses”, explicou.

Segundo ele, agora conscientes da falta de soberania alimentar e da pobreza que assola o meio rural no país, os pequenos agricultores iniciaram um processo de recuperação dessas terras. “Para nós hondurenhos, milho e feijão são fundamentais, vêm da nossa cultura indígena. E passamos a ter que importar esses grãos para garantir a demanda”, disse.

Atualmente, Honduras deixou de ser um dos principais produtores de grãos básicos da América Central para produzir somente metade das suas necessidades. Dados do Banco Central de Honduras indicam que durante o ano de 2010 o país importou 117 milhões de dólares em produtos do reino animal e 309 milhões por produtos do reino vegetal.

Três operações militares

O evento Honduras is Open for Business (Honduras está aberta aos negócios), promovido pelo governo hondurenho em abril deste ano, o convidado de honra Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia, deu um recado aos empresários nacionais e internacionais. Segundo ele, era preciso investir ainda mais no cultivo da palma africana, com o fim de produzir agrocombustível, e numa política de “segurança cidadã”.

Na análise do dirigente da Frente Nacional de Resistência Popular (FNRP) de Colón, Wilfredo Paz, a repressão contra os camponeses que reivindicam terra aprofundou-se depois da visita de Uribe ao país, o que estaria refletindo numa “colombianização” de Honduras. “A terra do Aguán tem uma importância estratégica para os empresários da palma. A partir da participação de Uribe no evento, Miguel Facussé disse que não estava mais disposto a renegociar as terras com os camponeses”, afirmou.

Diante do verdadeiro campo de batalha que se desenvolveu na região, o governo anunciou, em agosto deste ano, a operação Xatruch II, que já enviou um efetivo de cerca de mil militares e policiais para o local. Desde o início da militarização, três dirigentes camponeses morreram, entre eles o presidente do Movimento Autêntico Camponês do Aguán (Marca).

“Essa operação conta com militares que foram ao Iraque, para comparar o Vale do Aguán com aquele país”, denuncia Paz. “Usam a desculpa de que os camponeses são guerrilheiros, e que, inclusive, há estrangeiros treinando-os. O que não é verdade. Se os irmãos camponeses não têm nem o que comer, imagina pra comprar uma arma de grosso calibre”, conclui.

Wilfredo Paz explica que outros dois efetivos militares já haviam sido enviados à região desde que se intensificaram os processos de recuperação de terra, em 2009. De acordo com o dirigente, a primeira ação, denominada operação Trueno (trovão), de março de 2010, foi amenizada por denúncias e pela pressão internacional. “Já a segunda militarização, a operação Tumbador [derrubador], de junho do ano passado, veio mais organizada. Fizeram muitos despejos e ainda veio integrada com um contingente de inteligência militar que começou a levantar os perfis dos líderes camponeses, e, depois, dos dirigentes da FNRP”, afirma.

Paz denuncia que esse levantamento de perfis fortalece a segurança privada dos latifundiários. “Enquanto o movimento campesino negociava com o governo para acabar com os conflitos, os empresários fortaleciam um grupo paramilitar, dispostos a não ceder nem um centímetro de terra”.

Diante da terceira militarização na região do Baixo Aguán desde o golpe de Estado, organizações camponesas, negras, indígenas e populares realizaram o Encontro contra a Militarização, Ocupação e Repressão em Honduras, entre 30 de setembro e 2 de outubro, na cidade de Tocoa, departamento de Colón. Durante o período em que ocorria o evento, mais dois camponeses foram assassinados. Uma das definições do encontro foi a realização de um acampamento permanente de direitos humanos na região. A ideia é a de que haja a presença constante de observadores internacionais, com o objetivo de inibir as ações dos militares e pistoleiros.

Comunidade de Rigores

Em 19 de setembro, Santos Bernardet Cruz Aldana, de 16 anos, consertava sua bicicleta em frente a sua casa, na comunidade de Rigores (Aguán), quando cerca de 15 militares fardados o sequestraram. Na semana anterior, havia acontecido uma ocupação de terra na região e os militares estavam “em busca de informação”. De acordo com o relato de Santos Aldana, os homens fardados utilizaram técnicas de tortura para conseguir seus objetivos.

“Tiraram minha camisa e meus sapatos. Com o cadarço do sapato amarraram minhas mãos. Me bateram. Colocavam um saco plástico na minha cabeça. Depois jogaram gasolina no meu corpo e disseram que iam me queimar”, relatou o jovem que, desde então, não pôde voltar à sua casa e se encontra escondido.

Segundo o jovem agricultor, os militares perguntavam por armas e nomes e o acusavam de guerrilheiro. Durante cerca de uma hora de tortura física e psicológica, Santos viveu momentos de terror. Enquanto alguns militares o ameaçavam queimar vivo, outro sugeria: “aí no cemitério tem uma fossa vazia, vamos enterrá-lo vivo”. Outro dizia: “amarramos umas pedras em sua cintura e jogamos no rio Aguán”. Logo depois, Santos foi levado a um posto policial e, no dia seguinte, foi liberado – não sem antes receber mais uma ameaça: “dessa vez só te capturamos, na próxima vamos te matar”.

A comunidade de Rigores encontra-se em uma fazenda que pertence à Standart Fruit de Honduras, empresa produtora de banana desde início do século passado. Nela já assassinaram dois camponeses. Desde que o Movimento Camponês de Rigores (MDR) tomou essa terra, há 11 anos, os habitantes locais sofreram cinco despejos. No último, dia 24 de julho, queimaram diversas casas e as unidades escolares. Nem a igreja foi poupada.

Matéria publicada no Jornal Brasil de Fato, edição 450, de 13 a 19 de outubro de 2011

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Seminário mundial aponta para unidade na luta pelos povos da Amazônia

indiosO primeiro dia de Seminário ‘Território, ambiente e desenvolvimento na Amazônia: a luta contra grandes projetos hidrelétricos na bacia do Xingu’, que acontece em Altamira, foi marcado por muita indignação. Ontem, 25, foram realizadas duas mesas, uma dos povos indígenas e outra dos pescadores

Os Kaiapó demonstraram sua disposição e bravura com seus rituais de luta, com muita dança e animação. ‘A usina de Belo Monte tem muito papel e nada de resultado’, afirmaram, referindo-se à prepotência do Consórcio Norte Energia, que não escuta os clamores dos povos da Amazônia.

Os pescadores das regiões ameaçadas por Belo Monte, que somam mais de 10 mil, disseram que não vão se entregar: ‘Alguns foram enganados por advogados oportunistas, mas nós queremos estar na luta’, afirmam.

O professor Sérgio Cardoso, da Universidade Federal do Pará, salientou a importância do conhecimento dos pescadores artesanais e sua íntima relação com o rio. Disse ainda que a energia das barragens é, principalmente, para as empresas e citou como exemplo a barragem de Tucuruí, construída no Pará.

Iniciada em 1975 e concluída em 1984, Tucuruí foi construída para atender a demanda de energia da Albrás, uma empresa de Alumínio. Cardoso afirmou também que o projeto de Belo Monte é para atender demanda de energia da Vale, na região de Carajás, e da Alcoa, em Juruti, onde ela tem uma grande reserva de bauxita.

O seminário, que se iniciou ontem e vai até o dia 27, reúne em torno de 500 pessoas, é organizado pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e Comissão Pastoral da Terra (CPT) e tem o apoio de entidades como o Movimento Xingu Vivo e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). O encontro tem representação expressiva dos indígenas, com mais de 15 povos e várias aldeias das regiões de Tucuruí, Santarém, Baixo Tocantins e Xingu.

Julgamento

Os debates de hoje coincidem com dois julgamentos importantes. Em Washington (EUA), o governo brasileiro foi convocado pela OEA para responder por desrespeito ao direito humano no projeto Belo Monte. Já em Brasília, o Tribunal Regional Federal de 1ª instância estará julgando a apelação do Ministério Público do Pará referente a uma das ações civis populares da oitiva dos povos indígenas, como manda a Constituição Federal.

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Viva la esperanza

Miércoles 26 de Octubre de 2011

Cuando la gente confía en sus propias potencialidades, se organiza y articula, la esperanza resurge. Ese es quizás el principal fruto de la solidaridad que busca la integración definitiva de América Latina.

Por: Tamara Roselló Reina

T1Wilson Sanon es ingeniero agrónomo. Hace poco más de un año egresó de la Universidad Agraria de La Habana y se dispuso a trabajar junto al campesinado haitiano, en la promoción de prácticas agroecológicas. Comparte su tiempo entre la sede de la Plataforma de Lucha por un Desarrollo Alternativo (PAPDA) en Puerto Príncipe y las zonas rurales, donde aplica los conocimientos que adquirió en Cuba.

Se acerca el sábado y se apura a dejarlo todo listo en la oficina porque no estará de regreso hasta comienzos de la semana entrante. Impartirá clases en la escuela de agroecología que han abierto de conjunto con la organización campesina Vive l’Espoir pour le Développement Kapwouj’ (Vedek), es decir Viva la Esperanza para el Desarrollo de Kapwouj’, ubicada a unos 870 metros sobre el nivel del mar, en Jacmel. Wilson se conoce este terreno de memoria porque aquí creció, por eso aprovecha estos retornos para compartir con los suyos, sobre todo con su familia.

Como parte de una propuesta de reconstrucción de Haití, Sanon considera estratégico el apoyo al sector campesino. Puerto Príncipe concentra la atención de la mayoría de las ONG y otras iniciativas de financiamiento. Esto explica que también sea el polo de atracción para quienes migran del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales.

Luego del terremoto de enero del 2010 muchas familias retornaron a las comunidades rurales y allí recibieron la ayuda del campesinado de esas regionesT2 para recomenzar sus vidas. Algunos compartieron lo poco que tenían, incluso, las reservas de semillas para las venideras cosechas. De esos gestos solidarios no contaron los medios de comunicación que dieron seguimiento informativo a la tragedia natural.

El modelo capitalista neoliberal imperante en Haití tampoco le ha hecho ningún favor al desarrollo agrícola del país. Por el contrario ha favorecido a empresas foráneas en detrimento de la producción nacional. Esto ha provocado alto niveles de dependencia externa pues se estima que internamente solo se cubre el 40 % de la necesidad alimenticia de la población.

Por otra parte el estado tiene un rol débil en el impulso a esta rama, apenas el 4 % del presupuesto se dedica a la agricultura. Varias organizaciones campesinas han denunciado que estos fondos se emplean en lo fundamental para gastos administrativos o para ganar provechos electorales en tiempo de campañas.

La aplicación de agrotóxicos, la siembra de plantaciones de jatrofa para la producción de agrocombustibles y la “donación” de Monsanto de 475 toneladas de maíz transgénico, también han indignado al campesinado haitiano.

En el último año las secuelas del terremoto han impactado el campo sobre todo por la ausencia de una estrategia nacional que redistribuya la tierra, proteja a los pequeños campesinos y se preocupe por garantizar la soberanía alimentaria.

En contraposición a esto, se alzan las acciones de las organizaciones campesinas haitianas como Vedek, empeñada en cuidar la tierra para sacarle sus mejores frutos. La ganadería, la producción de alimentos bajo principios agroecológicos y la conservación artesanal de los vegetales, son algunos de sus programas.

Roseline Pantaleón es su coordinadora hace un año. Brevemente presenta los diferentes ámbitos en los que trabajan, desde la atención a los jóvenes para vincularlos con la tradición campesina, hasta la lucha contra la violencia que se practica hacia la mujer.

Vedek surgió en 1988 y no ha estado ajena al cambio climático y su repercusión para la vida campesina, que ha tratado de impulsar mediante la capacitación de su membresía en técnicas agrícolas. Desde su estructura que permite llegar a varios agrupamientos de base, se preocupan también por la reparación de viviendas dañadas por fenómenos naturales. Pero han ido más allá, cuenta Andrelien Jean Baptiste, secretario de la organización. Ahora están mejores preparados para el paso de un ciclón o un temblor de tierra. Han levantado casas antisísmicas y anticiclónicas, asegura.

Este proyecto cuenta con financiamiento de Caritas, Francia y parte del uso de materiales locales. Muy cerca del ranchón que sirve de escenario a las reuniones de la membresía de Vedek, está ubicada una de estas viviendas, devenida una maqueta para mostrar la estructura y poder explicarle a los beneficiados y beneficiadas, las garantías que ofrece la nueva construcción para su calidad de vida.

Una pequeña radio comunitaria Vedek FM, anima a la zona con propuestas musicales y espacios educativos a través de la frecuencia 104.4 FM. La juventud se ha entusiasmado con esta oportunidad, por eso en la pequeña cabina es frecuente hallar a un grupo de muchachos que hacen posible la transmisión diaria. Así lo confirmó Aliés Maxi, representante de la Federación de Jóvenes de Vedek (FJ).

La gorra roja del Movimiento Sin Tierra (MST) que porta, le delata. Hace poco tiempo que regresó de la Escuela Florestán Fernándes, de Brasil, gracias a una, apoyada por Vía Campesina. “Estuve en un intercambio con campesinos brasileños. Allá estudié agroecología y también formación sociopolítica durante un año. Ahora de regreso a mi organización tenemos que dinamizar el movimiento social haitiano, en particular, Vedek, para alcanzar los propósitos que buscan los demás movimientos sociales en el continente.”

Otro desafío, añade Maxi, es “mejorar las capacidades de los jóvenes, su educación y además sensibilizarlos hacia la cultura local, para que no se pierda la tradición campesina”.

Por las tierras de Kapwouj la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) ha puesto a prueba la solidaridad pueblo a pueblo, esa semillita que Brasil y Cuba han empujado desde sus campos y aulas universitarias, crece libre y firme en medio de la maleza, a pesar de la erosión de los suelos, de la deforestación y de la crisis climática. Otra evidencia de que cuando la gente confía en sus propias potencialidades, se organiza y articula, la esperanza resurge. Ese es quizás el principal fruto de la solidaridad que busca la integración definitiva de América Latina.

Y es que como dice Wilson la verdadera “integración tiene que empezar desde la vida cotidiana, desde el desarrollo sociocultural de nuestros pueblos. Su base está en el conocimiento que cada uno de nuestros pueblos tenga de la realidad del otro, sino no se puede lograr un proyecto alternativo, que recupere todas nuestras tradiciones. La integración tiene que rebasar la dimensión gubernamental e ir más allá. Hay que conocerse, porque nuestras realidades son muy similares. ”

Fuente: www.albamovimientos.org

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Carta a los tres Poderes del Estado Paraguayo

 

Miércoles 26 de Octubre de 2011

En primer lugar, queremos agradecerles por su presencia. No siempre las autoridades nacionales entienden que deben ejercer su poder obedeciendo al pueblo, que es, o por lo menos debería ser el verdadero soberano.

Debería ser, decimos, porque lastimosamente varias dictaduras y varios otros gobiernos post-dictatoriales funcionaron al servicio de una minoría, resolviendo principalmente los problemas de esa minoría y gobernando contra la mayoría del pueblo paraguayo sin garantizar la tierra, el techo, la vestimenta, la comida, el trabajo, la salud y la educación de la mayoría, en síntesis, sin garantizar la democracia entendida como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Esta iniciativa pretende movilizar a todo el país contra la corrupción y la injusticia. Iniciamos las movilizaciones exigiendo el respeto a la ley y la investigación de la situación legal de la tenencia de la tierra. De la coordinadora formamos parte campesinos, campesinas, indígenas, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, profesionales, intelectuales, vendedores y vendedoras ambulantes, familias sin techo.

Nos sentimos orgullosos, orgullosas, de llevar adelante esta lucha nacional por la recuperación de Tierras Malhabidas, porque las tierras malhabidas son el principal y más escandaloso ejemplo de CORRUPCIÓN que existe en nuestro país, y creemos que todo el pueblo paraguayo, toda la ciudadanía paraguaya, puede y debe manifestarse, movilizarse contra la corrupción, por la recuperación de tierras ilegales, robadas, malhabidas, que deben ser distribuidas priorizando la justicia social. Nos sentimos orgullosos, orgullosas por movilizarnos en pleno Bicentenario de nuestra Independencia, asumiendo el legado de las y los héroes de la patria, el legado de hombres y mujeres que han dado su vida por la soberanía, por la existencia del Paraguay como Nación independiente.

Esperamos que las autoridades que se deben a la Patria y en consecuencia a la mayoría de las y los que la habitan, se encuentren a la altura de este momento histórico.

De los tres poderes del Estado esperamos que reconozcan públicamente la existencia de tierras malhabidas y se comprometan a iniciar un debate abierto en todo el país sobre las raíces de este problema y los caminos de superación, las formas en que podemos recuperar esas tierras y redistribuirlas democráticamente sobre un plan de país productivo, un plan de desarrollo que asegure la buena alimentación, el trabajo y la vivienda para todas y todos. En este sentido, creemos necesaria la creación de una comisión especializada, interinstitucional, para avanzar en el proceso de recuperación de las tierras malhabidas, así como la utilización de todos los canales a disposición para unir al pueblo paraguayo en un necesario debate sobre el modelo productivo que favorezca a la gran mayoría de las y los que habitamos nuestro querido Paraguay.

En muchas de las tierras robadas (como también en otras que son legales) aumentan el envenenamiento y la contaminación del medio ambiente en abierta violación de las leyes ambientales vigentes en el país y del derecho de terceros, sumado esto a la evasión de impuestos y otras ilegalidades. Por estos motivos y por aplicar políticas públicas que aumentan la exclusión campesina de los procesos productivos, así como su expulsión, pedimos al Poder Ejecutivo una urgente reorientación de la política agraria del país.

Asimismo, entendemos que una demostración clara del compromiso en favor de la democracia, en favor de la transparencia, de la justicia y contra la corrupción por parte del Ejecutivo será la intervención de todas las instituciones involucradas en el ordenamiento territorial del país, puesto que no podemos seguir afirmando que tenemos más de 520.000 km2 de títulos cuando tenemos apenas 406.752 km2 de territorio como país. En este sentido, entendemos que el Poder Ejecutivo debe intervenir y producir cambios en Procuraduría General de la República, en la Escribanía Mayor del Estado, en el Servicio Nacional de Catastro y en Geodesia, porque estas cuatro instituciones dependen del Ejecutivo y sabemos que en todas ellas existen importantes irregularidades que atentan contra la justicia. También se debe intervenir la Dirección de Catastro del INDERT. Llegan a 7.851.295 hectáreas, las tierras malhabidas identificadas por la Comisión de Verdad y Justicia y no puede ser que los corruptos sigan impunes y las tierras no puedan ser utilizadas por compatriotas que son sujetos de la Reforma Agraria.

Aclaramos que queremos acompañar esas intervenciones con voluntarias y voluntarios de la Coordinadora.

También expresamos la necesidad de que el Poder Ejecutivo emita por fin el Decreto que reglamenta la aplicación de la Ley de Frontera porque sabemos que existen extranjeros con tierras malhabidas en su poder y encima en territorio patrio que debería estar resguardado por al ley de frontera.

Al Poder Legislativo solicitamos que demuestre voluntad política para defender la soberanía nacional y la recuperación de las tierras malhabidas. Entendemos que la voluntad política del Congreso Nacional solo puede expresarse con acciones materiales que demuestren la PRIORIDAD que le dan los parlamentarios y las parlamentarias a esta causa nacional. No puede ser que desde el Congreso Nacional, parlamentarios y parlamentarias sumen su voz en favor de la ilegalidad, como lo hicieron el pasado 28 de setiembre, asistiendo a una manifestación que pedía la prohibición de una actividad totalmente legal y ajustada a derecho, que sirve justamente para aclarar dudas, como lo es la MENSURA JUDICIAL. Aguardamos que el Poder Legislativo emita una declaración pública, en conferencia de prensa, con la presencia de los Presidentes de ambas Cámaras y todos/as los/as líderes de bancada, en favor de la Recuperación de las Tierras Malhabidas y declaren prioritaria dicha campaña.

Del Poder Judicial esperamos que intervenga y produzca cambios en la Dirección General de los Registros Públicos, atendiendo el desorden territorial que padecemos paraguayos y paraguayas. Al mismo tiempo, exigimos el replanteo de la MENSURA JUDICIAL en Ñacunday y el cambio del juez de Ñacunday por el de Iruña, tomando la Finca 81 como finca madre. Además, creemos muy necesaria una posición pública de la Corte Suprema de Justicia, reconociendo la necesidad de una profunda reforma y democratización del Poder Judicial para que verdaderamente la administración de la justicia sea imparcial e igual para todas y todos, no como hasta ahora que funciona para el que tiene más dinero.

Entonces, compatriotas, resaltamos tres grandes puntos que en nombre de la ley, del Estado social de derecho y de los Derechos Humanos, consideramos deberán cumplir:

1- Creación de una Comisión especializada, interinstitucional para la recuperación de las tierras malhabidas.

2- Replanteo de la mensura judicial en el caso Ñacunday, partiendo de la Finca 81 y la materialización urgente de la recuperación de las tierras denominadas Antebi Cue para avanzar en otros aspectos que aseguren el asentamiento de familias campesinas para su producción, consumo y labor.

3- Urgente saneamiento de las instituciones que son responsables del desarrollo rural, la tierra y el ordenamiento territorial.

Queremos recalcar que nuestras movilizaciones, manifestaciones, acciones continuarán en defensa de la soberanía, la justicia, por la recuperación de tierras malhabidas y advertimos que estaremos atentos a la aplicación irrestricta de la ley en favor de la equidad y la igualdad de oportunidades para todas y todos.

¡Por un Paraguay transparente, justo, honesto y solidario!

¡Por la recuperación de las tierras malhabidas!

¡Basta de corrupción y saqueo!

Asunción, 25 de octubre de 2011, año del Bicentenario de nuestra independencia.

* La Coordinadora está conformada por: Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC); Frente Patriótico y Popular (FPP); Organización Nacional Campesina (ONAC); Central Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Populares (CENOCIP); Movimiento Campesino Paraguayo (MCP); Organización de Lucha por la Tierra (OLT); Movimiento Agrario del Paraguay (MOAPA); Movimiento Agrario y Popular (MAP); Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI); Federación Nacional de Lucha Social por un Habitat Digno (FENALSHAD); Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA); Coordinadora de Productores Agrícolas-San Pedro Norte (CPA-SPN); Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI); Organización de Vendedores Ambulantes-Mariano Roque Alonso (OVA-MRA); Movimiento Estudiantil CREAR-Filosofía UCA; Movimiento Universitario Popular-Trabajo Social UNA (MUP-TS); Colectivo Jetyvyro; Atycom; Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Cooperativa Saite; Movimiento de Trabajadores Rurales y Urbanos (MTR); Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitaria (COMUNICA); Partido Convergencia Popular Socialista(PCPS); Partido de los Trabajadores (PT); Partido del Movimiento Patriótico y Popular (PMPP); Partido Popular Tekojoja (PPT); Partido Comunista Paraguayo (PCP).

 

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Santiago del Estero: Manifestaciones contra la exploración de “tierras raras”

Miércoles 26 de Octubre de 2011

En las localidades de Ojo de Agua y Sumampa, al centro-sur de la provincia de Santiago del Estero, familias indígeno-campesinas se manifiestan contra la minería alarmadas por la incursión en parajes de apacentamiento de una empresa canadiense que estaría realizando tareas de exploración de “tierras raras”.

Entrevista con Adolfo Farías (30), miembro de la central “Quimilí” del MOCASE-VC (Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina). *

P: ¿Cómo se introduce Gaia Energy en las tierras usadas por los campesinos para el pastoreo comunitario?

R: Con un convenio hecho con [el gobernador Gerardo] Zamora para hacer experimentos en la zona de Jasimampa. En Ojo de Agua, un lugar hermoso, el cerro “La Teta”, igual a la teta de una madre, hace unos cincuenta o sesenta años se hicieron experimentos de minería. Varios compañeros murieron por causa de eso, y otros están en sillas de ruedas. Esta empresa quiere hacer los mismos experimentos. En realidad, no dicen qué es lo que quieren, porque hay de todo: cobre, plomo… Están viendo qué negociado pueden hacer para instalar la minería a cielo abierto.

P: Han denunciado que la empresa, de origen canadiense, estaría intentando desalojar a las familias campesinas. ¿Cuál es la situación dominial de las tierras que se están explorando? ¿Cuántas serían las familias afectadas?

R: Habrá unas seiscientas familias campesinas y unas cuatrocientas comunidades indígenas; en total, unas mil familias. Es una zona muy cerquita de Cerro Colorado (Córdoba). Ni el campesinado ni las comunidades indígenas tienen títulos de dominio. Lo que se reclama es el territorio, tanto el de pastaje comunitario como el de vida. Tiene que ver con una cuestión cultural muy fuerte. No creemos, ni confiamos… Estamos convencidos de que la propiedad privada no lo va a solucionar. Por eso, nuestra lucha es la defensa del territorio para que todas las comunidades se reconozcan indígenas.

P: De los últimos comunicados se desprende que el interés en los recursos del lugar se viene gestando a partir de que geólogos del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) descubrieran cinco años atrás la importante existencia de “tierras raras”.

R: Aparte del estudio que hace el CONICET, en los cinco continentes hay investigaciones donde figuran que estos lugares, Ojo de Agua y Sumampa, son tierras raras. El CONICET lo que hace es dar pie con su investigación a que se introduzca la minería a cielo abierto. En Argentina ya tenemos minería a cielo abierto generando desastre. La minería se encuentra con un movimiento que resiste y que no va a dejar que acontezca.

P: Las mismas empresas mineras señalan que una nueva economía “verde” y de alta tecnología está impulsando la demanda creciente de estos minerales —críticos en el desarrollo de turbinas eólicas, automóviles eléctricos, iluminación eficiente y equipamiento médico/militar—. ¿Podría incidir esta situación en la emergencia de una zona de conflictos generalizados en el sur de la provincia?

R: En el sur de la provincia y también en el continente. Los molinos eólicos, en la zona de Sumampa, se quieren implementar en unas 40.000 ha. La idea es tener energía no para el pueblo, sino para la minería. Ese es otro de los tratados con el Gobierno provincial que viene en camino. Hay toda una lucha y resistencia para ver por dónde viene esta nueva implementación del progreso.

P: Gaia Energy habría iniciado al mismo tiempo un trabajo de relacionamiento con los pobladores —a través de entrevistas personalizadas y reuniones en establecimientos escolares— que, según entienden, “busca convencerlos” de los beneficios de la minería.

R: Estuvimos en todas esas reuniones. Ellos comentaron: “Van a tener trabajo, van a tener dinero”. Para que se vayan al pueblo ofrecieron casas, auto, celular nuevo; lo que hacen siempre cuando quieren engañar. Ellos decían: “Van a estar mucho mejor, van a estar más cerca del hospital y la escuela”. La Iglesia está muy metida, diciendo que el MOCASE mete contenido ideológico a la gente, que son “todos zurditos, pelito largo y barbudos”. Un pelito largo y barbudo fue Jesús, un revolucionario, y ellos hacen otra cosa. Jóvenes de Sumampa están siendo perseguidos por la policía. Se han organizado con varios maestros en contra de la minería, pero la directora está a favor. Hay una disputa de ideas muy fuerte en todos los espacios. En el Día de la Madre, la empresa fue casa por casa llevando golosinas. Y ahora están ofreciendo dinero. La minería no ha avanzado porque los campesinos se han ido organizando.

P: ¿Han tomado conocimiento de la presencia en la zona de otras compañías que estén siendo atraídas por la prometedora existencia de reservas de tierras raras?

La minera es la que está en la zona de Sumampa, Gaia Energy. Son bellos cerros, donde pueden experimentar; no hay otro lugar adonde puedan hacer eso. Cerros con mucho monte y plantas, pero que no tienen el nivel de altura como los de Jujuy o de otros lugares de la Cordillera. Hay muchos pequeños cerros, y es donde hoy las familias están asentadas.

* Por el OCRN (Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales) en alianza con Acción por la Biodiversidad.

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Brasil: MAB denuncia criminalização de atingidos em Rondônia

Miércoles 26 de Octubre de 2011
Nesta tarde (20/10), o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) participou de uma audiência pública na Câmara Federal para denunciar o caso de criminalização e perseguição de atingidos pelas empresas do consórcio construtor da usina hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. A audiência foi organizada pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescente.

O caso foi relatado pela atingida Norma Fonseca de Souza, moradora do antigo distrito de Mutum Paraná e que foi remanejada para Nova Mutum Paraná em função da construção da barragem de Jirau. Em agosto deste ano, Norma e pelo menos mais dois atingidos foram intimados a comparecer na Superintendência da Polícia Federal, em Porto Velho, “para prestarem esclarecimentos no interesse da Justiça”, referente ao Inquérito Policial nº 711/2010 – SR/DPF/RO.

Somente a partir da intimação é que os atingidos tomaram conhecimento da existência do inquérito, cujo conteúdo é referente a uma manifestação realizada no dia 26 de outubro de 2010, com cerca de 150 atingidos, em frente aos acessos ao canteiro de obras da usina, próximos a rodovia BR 364. Após 40 horas de paralisação, os manifestantes permitiram a liberação do trânsito para a empresa construtora. As famílias permaneceram no local durante 10 dias, até que os representantes da empresa abriram um processo de negociação no dia 05 de novembro, firmando um cronograma de reuniões para debater a pauta de reivindicações apresentada naquele momento.

Questionando o motivo do inquérito, Norma recebeu como resposta insinuações de que existiam informações de que ela teria atuado como uma das lideranças na manifestação, e que tal ato teria gerado prejuízos superiores a R$ 1 milhão ao consórcio da Usina de Jirau.

Após a denúncia na Câmara, nesta tarde e amanhã, militantes do MAB farão uma rodada de visitas aos órgãos de defesa dos direitos humanos para apresentar o documento que formaliza a denúncia e solicitar que o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana faça uma visita especial em Rondônia para averiguar as denúncias e a situação dos atingidos nas usinas de Santo Antônio e Jirau. No documento, o MAB também solicita que o Governo Federal, através dos órgãos responsáveis, tenha uma imediata atuação em defesa do direito de liberdade de expressão, de ir e vir, bem como, o tratamento a reparação das perdas econômicas, sociais, culturais dos atingidos por barragens.

Por fim, o MAB solicita uma intervenção dos órgãos de defesa dos Direitos Humanos na denúncia em questão para promover ações que visem a extinção imediata de todos os processos contra as lideranças em Rondônia e a punição das empresas e responsáveis. Leia o documento entregue aqui.

Fuente: MAB

 

 

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Brasil: MAB denuncia criminalização de atingidos em Rondônia

Miércoles 26 de Octubre de 2011
Nesta tarde (20/10), o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) participou de uma audiência pública na Câmara Federal para denunciar o caso de criminalização e perseguição de atingidos pelas empresas do consórcio construtor da usina hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. A audiência foi organizada pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescente.

O caso foi relatado pela atingida Norma Fonseca de Souza, moradora do antigo distrito de Mutum Paraná e que foi remanejada para Nova Mutum Paraná em função da construção da barragem de Jirau. Em agosto deste ano, Norma e pelo menos mais dois atingidos foram intimados a comparecer na Superintendência da Polícia Federal, em Porto Velho, “para prestarem esclarecimentos no interesse da Justiça”, referente ao Inquérito Policial nº 711/2010 – SR/DPF/RO.

Somente a partir da intimação é que os atingidos tomaram conhecimento da existência do inquérito, cujo conteúdo é referente a uma manifestação realizada no dia 26 de outubro de 2010, com cerca de 150 atingidos, em frente aos acessos ao canteiro de obras da usina, próximos a rodovia BR 364. Após 40 horas de paralisação, os manifestantes permitiram a liberação do trânsito para a empresa construtora. As famílias permaneceram no local durante 10 dias, até que os representantes da empresa abriram um processo de negociação no dia 05 de novembro, firmando um cronograma de reuniões para debater a pauta de reivindicações apresentada naquele momento.

Questionando o motivo do inquérito, Norma recebeu como resposta insinuações de que existiam informações de que ela teria atuado como uma das lideranças na manifestação, e que tal ato teria gerado prejuízos superiores a R$ 1 milhão ao consórcio da Usina de Jirau.

Após a denúncia na Câmara, nesta tarde e amanhã, militantes do MAB farão uma rodada de visitas aos órgãos de defesa dos direitos humanos para apresentar o documento que formaliza a denúncia e solicitar que o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana faça uma visita especial em Rondônia para averiguar as denúncias e a situação dos atingidos nas usinas de Santo Antônio e Jirau. No documento, o MAB também solicita que o Governo Federal, através dos órgãos responsáveis, tenha uma imediata atuação em defesa do direito de liberdade de expressão, de ir e vir, bem como, o tratamento a reparação das perdas econômicas, sociais, culturais dos atingidos por barragens.

Por fim, o MAB solicita uma intervenção dos órgãos de defesa dos Direitos Humanos na denúncia em questão para promover ações que visem a extinção imediata de todos os processos contra as lideranças em Rondônia e a punição das empresas e responsáveis. Leia o documento entregue aqui.

Fuente: MAB

 

 

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Brasil: MAB denuncia criminalização de atingidos em Rondônia

Miércoles 26 de Octubre de 2011
Nesta tarde (20/10), o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) participou de uma audiência pública na Câmara Federal para denunciar o caso de criminalização e perseguição de atingidos pelas empresas do consórcio construtor da usina hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. A audiência foi organizada pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescente.

O caso foi relatado pela atingida Norma Fonseca de Souza, moradora do antigo distrito de Mutum Paraná e que foi remanejada para Nova Mutum Paraná em função da construção da barragem de Jirau. Em agosto deste ano, Norma e pelo menos mais dois atingidos foram intimados a comparecer na Superintendência da Polícia Federal, em Porto Velho, “para prestarem esclarecimentos no interesse da Justiça”, referente ao Inquérito Policial nº 711/2010 – SR/DPF/RO.

Somente a partir da intimação é que os atingidos tomaram conhecimento da existência do inquérito, cujo conteúdo é referente a uma manifestação realizada no dia 26 de outubro de 2010, com cerca de 150 atingidos, em frente aos acessos ao canteiro de obras da usina, próximos a rodovia BR 364. Após 40 horas de paralisação, os manifestantes permitiram a liberação do trânsito para a empresa construtora. As famílias permaneceram no local durante 10 dias, até que os representantes da empresa abriram um processo de negociação no dia 05 de novembro, firmando um cronograma de reuniões para debater a pauta de reivindicações apresentada naquele momento.

Questionando o motivo do inquérito, Norma recebeu como resposta insinuações de que existiam informações de que ela teria atuado como uma das lideranças na manifestação, e que tal ato teria gerado prejuízos superiores a R$ 1 milhão ao consórcio da Usina de Jirau.

Após a denúncia na Câmara, nesta tarde e amanhã, militantes do MAB farão uma rodada de visitas aos órgãos de defesa dos direitos humanos para apresentar o documento que formaliza a denúncia e solicitar que o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana faça uma visita especial em Rondônia para averiguar as denúncias e a situação dos atingidos nas usinas de Santo Antônio e Jirau. No documento, o MAB também solicita que o Governo Federal, através dos órgãos responsáveis, tenha uma imediata atuação em defesa do direito de liberdade de expressão, de ir e vir, bem como, o tratamento a reparação das perdas econômicas, sociais, culturais dos atingidos por barragens.

Por fim, o MAB solicita uma intervenção dos órgãos de defesa dos Direitos Humanos na denúncia em questão para promover ações que visem a extinção imediata de todos os processos contra as lideranças em Rondônia e a punição das empresas e responsáveis. Leia o documento entregue aqui.

Fuente: MAB

 

 

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Coordenador da Comunidade de Miritituba é assassinado no Pará

Martes 25 de Octubre de 2011

João Chupel Primo foi assassinado no último sábado, 22 de outubro. João era líder da comunidade de Miritituba, em Itaituba (PA), e vinha denunciando a exploração ilegal de madeira na região. Ele recebia ameaças de morte e as tinha denunciado para a Polícia local.

Sábado, dia 22 de outubro, por volta das 14 horas, foi assassinado com um tiro na cabeça João Chupel Primo, 55 anos. Ele trabalhava numa oficina mecânica, onde o crime ocorreu. João denunciava a grilagem de terras e extração ilegal de madeira, feitas por um consórcio criminoso, e coordenava a comunidade católica de Miritituba, em Itaituba, Pará. Ele registrou vários Boletins de Ocorrência, na Policia local, das ameaças de morte que vinha sofrendo. E fez várias denúncias ao ICMBIO e à Polícia Federal, que iniciaram uma operação na região.

A madeira é retirada da Flona Trairão e da Reserva do Riozinho do Anfrizio. As portas de entrada para essa região, que faz parte do mosaico da Terra do Meio, são pela BR 163, Vicinal do Brabo, cortada até o Areia; pela BR 230, vicinal do Km 80, e pelas vicinais do km 95 e do 115. A operação do ICMBIO, que recebeu apoio da Polícia Federal, Guarda Nacional e Exército não teve muito êxito, pois toda noite ainda saem, segundo denúncias, de 15 a 20 caminhões de madeira da área. Além disso, a falta de segurança no local motivou a suspensão da operação. Segundo nota da Prelazia de Itaituba, de 24/10/2011, um soldado do Exército trocou tiros com pessoas que cuidavam da picada quilômetros adentro da mata, e acabou ficando perdido por cinco dias no mato. Depois disso o Exército retirou o apoio e a Polícia Militar não quis entrar na operação.

O bispo de Itaituba, Dom Frei Wilmar Santin, em nota divulgada ontem, 24 de outubro, denunciou que “a responsabilidade de mais uma vida ceifada na Amazônia é do atual governo, do IBAMA/ICMBIO e da Polícia Federal, que não deram continuidade à operação iniciada para coibir essa prática de morte, tanto da vida da Floresta como de pessoas humanas. Desde 2005 até os dias atuais, já foram assassinadas mais de 20 pessoas nessa região. Quantas vidas humanas e lideranças ainda tombarão?”.

Maiores informações:

Padre João Carlos (CPT) – (93) 3539-1130 / 8113-5798

Gilson Rêgo (CPT Santarém) – (93) 3522-1777

Dom Frei Wilmar Santin – (93) 3518-2820 (bispo de Itaituba)

Cristiane Passos (Assessoria de Comunicação CPT Nacional) – (62) 4008-6406 / 8111-2890

www.cptnacional.org.br

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