Argentina, Catamarca: Represión a cielo abierto. El Estado-minero y los derechos humanos

Martes 31 de Julio de 2012

cerro-negro-policia-300x199_xlargeLa policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería. En 2012 hubo seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56 activistas fueron obligados a dejar la provincia. El Estado-minero y los derechos humanos.

Seis represiones en sólo siete meses en Catamarca, siempre en respuesta a protestas sociales contra la megaminería. Esta vez fue en Cerro Negro, donde la policía provincial y un grupo auto denominado “pro minero” avanzaron sobre el corte en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, al oeste provincial, donde se bloqueaba desde el lunes el paso de camiones de Minera Alumbrera, el mayor yacimiento metalífero del país. “Los principales responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá (Catamarca). 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.

“Acampe nacional contra la megaminería”, es el nombre del colectivo que desde el 9 de julio se instaló en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, lugar estratégico de paso para los vehículos de Minera Alumbrera –empresa en manos de las compañías Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold–, que desde hace quince años extrae oro, cobre y molibdeno del oeste de Catamarca. El acampe estaba integrado por militantes de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires.

Ayer a las 14 llegaron hasta el acampe 120 personas que se identificaron como “pro mineros” (y que los asambleístas llaman “patota de Alumbrera”). A los pocos minutos llegaron tres decenas de efectivos de infantería (que se sumaron a los diez policías que ya estaban en el lugar). A las 14.40, la fiscal provincial Silvia Alvarez informó que tenía orden de permitir el paso de un camión con explosivos con destino a Alumbrera.

Ante la magnitud del operativo, las asambleas y organizaciones sociales del acampe decidieron dejar la ruta. El camión pasó.

Media hora después, el grupo de choque comenzó a tirar piedras y bombas de estruendo sobre el acampe. La fiscal Alvarez notificó que (además de liberar la ruta) tenía orden de levantar el acampe. Los efectivos de infantería –caras tapadas, escudos, bastones e itakas– dieron diez minutos para levantar el acampe. La fiscal nunca mostró la orden de desalojo.

Para evitar mayor violencia, las asambleas levantaron el acampe.

Cerro Negro está ubicado a sólo tres kilómetros del límite con La Rioja. Hacia esa provincia quisieron marchar para reagruparse, pero sobrevino lo insólito: el micro que llevaba 56 personas del acampe fue obligado continuar camino hacia Córdoba, seguido por la policía catamarqueña.

“Quisieron bajarse en el primer pueblo de La Rioja, pero la policía los reprimió y los volvió a subir a palazos”, denunció Ramos, asambleísta de Andalgalá. En el micro viajaban, entre otros, militantes de la Coordinadora de Organizaciones y Movimiento Populares de Argentina (Compa), Quebracho, CTD Aníbal Verón y del Movimiento Estudiantil Liberación.

A la medianoche, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) –que transmitió los hechos todo el día desde su radio online– logró comunicarse con los militantes del micro. Explicaron que la policía los obligó a continuar viaje hasta Córdoba con una excusa del mundo del revés: les dijo que la patota minera seguía el micro, que ellos (la policía) no podía garantizar su integridad y por eso los “custodiaba” hasta Córdoba.

“Es increíble cómo la patota de Alumbrera y la policía de la provincia articulan la represión, se complementan. Todo ante la mirada de la gobernadora, la ceguera de los jueces y el silencio cómplice del gobierno nacional”, denunció Martín Musarra, asambleísta de Catamarca y periodista de la radio comunitaria El Algarrobo.

Botón de muestra

Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro. La campaña publicitaria de la empresa y el poder político de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó.

Alumbrera acumula denuncias por contaminación del dique de colas (un basurero minero de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros de extensión que traslada el mineral en forma de barro a presión) y el monumental consumo de agua. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo, 66.000 litros por minuto, casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. La empresa tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de litro de agua por día. La Organización Mundial para la Salud (ONU) establece que una persona requiere, para paliar todas sus necesidades, 50 litros de agua por día. Alumbrera usa por día agua equivalente a dos millones de personas.

A fines de 2009 el gobierno provincial dio luz verde a Agua Rica, un proyecto minero de oro, plata, cobre y molibdeno en manos de la canadiense Yamana (accionista de Alumbrera) y publicitado como tres veces más grande que el yacimiento en explotación. El agravante: se ubicará a sólo 17 kilómetros del centro urbano de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan a la región (el Blanco, Candado y el Minas). El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día.

En marzo de 2010 se conoció que el gobierno provincial había otorgado el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarían sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. La beneficiada era la empresa Billiton Argentina BV, perteneciente al grupo internacional BHP Billiton.

El proyecto se llamó “Pilciao 16” y la documentación oficial (expediente 770B2005) confirmaba la posibilidad de expropiar viviendas para que avance la actividad minera. El informe también precisa que sobre el departamento de Andalgalá pesaban 280 permisos mineros de prospección y exploración. Sólo Pilciao 16 involucraba 4465 hectáreas, gran parte del casco urbano.

La movilización popular, y la lluvia de críticas al gobierno provincial, hicieron dar marcha atrás con Pilciao 16. La voracidad minera fue ganando voces críticas en Catamarca.

Represiones

En diciembre de 2009, asambleístas de Andalgalá, Santa María y Belén cortaron el camino de acceso al proyecto minero Agua Rica. El 15 de febrero de 2010, al anochecer, sufrieron una dura represión por parte de la policía provincial. ¿El motivo? Que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica. Hubo masivas movilizaciones y el Poder Judicial suspendió el proyecto hasta que exista “paz social”.

En enero de 2012, las asambleas catamarqueñas cortaron los caminos hacia Alumbrera.

El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María.

Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18 detenidos y represión.

El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). Muy similar a la represión de ayer.

Los cortes de rutas y caminos se mantuvieron.

El jueves 9 de febrero, en un discurso público, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó una puesta en escena con un “trabajador” minero que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas. La Presidenta remarcó que su interlocutor (Armando Domínguez) no era dirigente política, ni era de la empresa Barrick Gold, sino un simple “trabajador”. Pocas horas después, los medios de comunicación dejaron al descubierto que Domínguez era dirigente del PJ de Olavarría, sindicalista del gremio minero y que había sido interventor del gremio en San Juan, donde cerró filas con Barrick Gold para acordar salarios en el yacimiento Veladero. La Presidenta pidió iniciar “una discusión en serio” respecto a la minería.

Sólo nueve horas después, el viernes 10 de febrero a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente a hombres, mujeres y niños. Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos. Fue transmitido en directa por el Canal TN (del Grupo Clarín) y relatado por Radio El Algarrobo (comunitaria de Andalgalá).

El mismo día, la Asamblea de Tinogasta restableció el corte.

El 13 de febrero, allanaron las casas de ocho asambleístas de Andalgalá. Por orden de la fiscal Karina Name, ingresaron a las viviendas en busca de armas y bombas molotov. No encontraron nada.

Durante diez días, un grupo de personas vinculadas a la actividad minera bloqueó el acceso a Andalgalá. Durante diez días, cerró la entrada y salida a todos los que suponían eran críticos a la actividad extractiva. En un virtual estado de sitio, cerraron el paso a asambleístas, periodistas e incluso diputados nacionales.

El 15 de febrero, impulsado por el Gobierno Nacional, se conformó la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), integrada por Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Catamarca. Un claro respaldo a la actividad minera. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne a las grandes empresas del sector, celebró la creación de la Ofemi (incluso firmó el acta de conformación).

El 12 de mayo, otra vez en Tinogasta, la policía avanzó sobre el bloque y detuvo a tres asambleístas.

El 1 de junio, la gobernadora Lucía Corpacci solicitó a la Corte de Justicia provincial que ordene el desalojo del bloqueo selectivo de Tinogasta.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, Amelia Sesto de Leiva, no tardó en responder: señaló que “la cárcel es la solución para los ambientalistas”.

El jueves, en discurso transmitido por Canal 7, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que la megaminera brasileña Vale invertirá 29.500 millones de pesos en un proyecto destinado a la extracción de potasio en la localidad mendocina de Malargüe. El proyecto es muy cuestionado por las asambleas socioambientales de Cuyo por el enorme consumo de agua y gas que conlleva. Y la empresa Vale acumula denuncias de contaminación y vulneración de derechos en Brasil, Mozambique, Canadá, Indonesia y Colombia, todos países donde opera.

El proyecto (llamado “Potasio Río Colorado”), afectará a cuatro provincias: Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Ante los directores de la compañía Vale y con la presencia de los gobernadores de la Ofemi (Organización Federal de Estados Mineros), la presidenta celebró: “”Este mega emprendimiento es hoy el emprendimiento minero más grande del mundo en materia de Potasio (…) Es un emprendimiento formidable que nos convierte en el tercer exportador mundial de Potasio y quinto productor mundial (…) Queremos agradecer a la gente de Vale que hayan confiado en el país. Porque hay que poner 29.500 millones de pesos, hay que tener confianza en el país, en los fundamentos macroeconómicos de un país para poder hacer semejante inversión. Y quédense tranquilos que eligieron bien, que no se equivocaron”.

Menos de 24 horas después, la policía de Catamarca avanzó sobre el bloque y el acampe de las asambleas que cuestionan la megaminería.

Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales, destacó que “no son casuales las coincidencias”. “En febrero, la Presidenta se burló de las luchas socioambientales y al día siguiente hubo represión. Ayer (por el jueves), transmitido por todos los canales, se tiró flores con el máximo directivo de Vale, una empresa muy cuestionada, incluso más cuestionada que la misma Barrick Gold. Esas acciones públicas no son inocentes, son espaldarazos políticos para que los gobernadores avancen, tienen vía libre ”.

El modelo

Cerro Negro está ubicado a 70 kilómetros de la ciudad de Tinogasta, donde desde enero pasado se mantiene el bloque a camiones mineros en la ruta 60. En ese lugar, Paso San Francisco, hubo dos represiones en cuatro meses (febrero y mayo) sobre la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua. Darío Moreno, de Tinogasta y también presente en Cerro Negro, denunció que “ya son al menos 50 los activistas procesados por luchar contra el la minería en Catamarca”.

En el acampe rechazaron que se los catalogue como “antimineros” y precisaron que no rechazan la minería. “No estamos contra la minería, estamos en contra la megaminería transnacional, parte del modelo extractivo de saqueo y contaminación, donde también entran la soja transgénica con agrotóxicos, el robo del petróleo y este invento de contaminación que se llama gas no convencional”, precisó Darío Moreno.

La asamblea de Tinogasta denuncia que, sólo en ese departamento, existen ocho proyectos mineros en estudio, incluso un emprendimiento de uranio a sólo diez cuadras del centro del pueblo.

La Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) alertó que en la actualidad se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en “exploración avanzado” (ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación). En su “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera”, encabezan la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).

La Secretaría de Minería de Nación, mediante su informe “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento). La misma Secretaría de Minería reconoce que en 2012 se llegó a 600 proyectos mineros en estudio: un 1500 por ciento más que en 2003.

Derechos Humanos

“La criminalización en países de América Latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a actividades y proyectos extractivos”, advierte el Observatorio de Conflictos Ambientales de América Latina (Ocmal) en su último informe “Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en América Latina”. Y aclara que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y, también, asesinatos.

El informe, de 180 carillas, resalta coincidencias que se repiten en todos los países de la región: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad, y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’ (…) Cada derecho otorgado a una empresa extractiva transnacional significa la resta de uno o varios derechos a las comunidades afectadas”.

Enrique Viale, de la organización Abogados Ambientalistas, evaluó que la megaminería “sólo puede avanzar así, con violencia, criminalizando la protesta porque no hay licencia social, sólo la pueden imponer con violencia. El Gobierno Nacional terciariza la represión con las provincias, y éstas hacen el trabajo sucio junto a grupos de choque. Cerro Negro es un claro ejemplo de esa represión”.

Ayer a la mañana, previo a la represión, el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel entregó un documento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la violencia hacia quienes protestan contra el modelo extractivo. “Solicitamos al máximo órgano del Poder Judicial de la Nación la adopción de las medidas peticionadas con suma urgencia a los efectos de tutelar y proteger los derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a peticionar, a protestar, a reunirse, a manifestarse públicamente, a proteger la salud y la vida de los habitantes de nuestras comunidades y cumplen con su obligación de defender al ambiente y la naturaleza”, comienza el escrito.

El documento entregado al máximo tribunal alerta que en las provincias “se incrementa de forma notable la criminalización de la protesta social”, denuncia que el Estado (en sus distintos niveles) “tienen como objetivo la intimidación y el acallar las voces y acciones de resistencia de los pueblos frente a proyectos extractivos”.

“Tal como se observa en Catamarca, respecto a la represión de las manifestaciones públicas y la criminalización de la protesta no existe un Estado de Derecho. Existe una connivencia absoluta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, donde éste último no tiene ninguna independencia y, por lo tanto, el derecho de defensa es de imposible ejercicio”, afirma el documento, encabezado por Perez Esquivel y también firmado por Hermes Binner, diputados (Jorge Cardelli, Victoria Donda, Roy Cortina, Omar Duclós, Pablo Bergel), académicos (Maristella Svampa y Andrés Carrasco) y una decena de organizaciones sociales.

Horas antes de la represión en Catamarca, el documento presentado ante la Corte Suprema advertía: “Las personas que actualmente participan del bloqueo selectivo en Cerro Negro defienden los derechos humanos, el territorio, la salud, la vida, la biodiversidad y los bienes comunes, y ejercen su derecho a preservar y proteger el ambiente y demás derechos fundamentales (…) El Gobierno de Catamarca y el Estado Nacional tienen antecedentes sólidos de ejercer violencia institucional sobre las personas que protestan contra los emprendimientos megamineros”.

El documento, de doce carillas, alerta sobre la situación puntual de Cerro Negro, y lo hace extensivo a todas las luchas contra el modelo extractivo (megaminería, agronegocios): “Resulta crítica y riesgosa la situación en la que se encuentran las comunidades y asambleas. Las autoridades que tienen como fin controlar a los Estados y proteger a los habitantes tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que continúen estas violaciones a los derechos humanos”. Los firmantes del documentos, encabezado por el Nobel de la Paz, exigieron que los conflictos sean resueltos por la vía democrática “y no a través de la violencia estatal o privada”.

El documento fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría General de la Nación y, también, ante el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.

Dos horas después, el Estado-minero no se dio por enterado y volvió a reprimir en Catamarca.

25-07-2012

Darío Aranda

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México: Minería transnacional, gran destructora del medio ambiente

Martes 31 de Julio de 2012

Opositores a la explotación a cielo abierto analizan los daños causados por este modelo. Estas empresas ocacionan el rompimiento del tejido social donde se asientan. Urge encontrar alternativas sustentables acordes a las necesidades de los pueblos afectasdos, dicen.

Las actividades de las grandes empresas mineras trasnacionales se han convertido en uno de los mayores polos de destrucción del medio ambiente y del rompimiento del tejido social de las comunidades donde se asientan, por lo que es urgente encontrar alternativas económicas sustentables desde la óptica y las necesidades de los pueblos afectados.



Así lo afirmaron integrantes de diversas organizaciones sociales durante la inauguración del Diplomado REMA “Alternativas al modelo extractivo minero”, organizado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en donde se analizaron las implicaciones negativas de dicha actividad económica.

En 11 años han extraído más de 250 toneladas de oro

Alejandro Villamar, miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), subrayó que en los recientes 11 años, las compañías mineras han extraído del país más de 250 toneladas de oro, 2.5 veces más que el obtenido durante los 300 años de dominio colonial, y en la actualidad tienen en concesión un tercio del territorio nacional, equivalente a la superficie de España.

Eso les puede dar una idea de la velocidad, intensidad y magnitud de cómo han destruido y dividido pueblos, y en muchos casos también envenenado y condenado el futuro de varias generaciones, sin que el gobierno lo impida, por lo cual es necesario diseñar nuevos modelos de desarrollo a partir de las necesidades de la gente, y no de las trasnacionales.

El activista indicó que el 95 por ciento de los 2 mil 735 yacimientos mineros del país son de pequeña escala –de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2010– y no producen daños ambientales graves, el problema es la minería de alta contaminación y alta destrucción que no es regulada por el gobierno.

Una muestra del poder de dichas entidades, subrayó, es el hecho de que en el golpe de Estado contra el ex presidente hondureño Manuel Zelaya, en junio de 2009, las empresas mineras hayan aportado recursos y personal para fortalecer la asonada de los militares insurrectos.

Gustavo Lozano, del Centro Mexicano de Justicia Ambiental, detalló por su parte que los pasados 14 y 15 de julio se realizó en Guatemala el llamado Tribunal Popular Internacional de Salud, iniciativa promovida por el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), en donde se realizó un juicio simbólico contra la empresa canadiense Goldcorp.

Dicha compañía, explicó, ha sido una de las que mayores afectaciones ha causado en diversos países del continente americano, como lo demuestran los casos de las minas en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala; Carrizalillo, México, y Valle de Siria, en Honduras.

En todas ellas, ha habido registro de daños brutales tanto para la población como para el medio ambiente, entre ellos la aparición de múltiples enfermedades respiratorias y gastrointestinales, además de partos prematuros o con malformaciones, y muertes ocasionadas por inhalación del cianuro que se utiliza en la minería a cielo abierto para separar el oro u otros metales preciosos de la roca.

La llegada de las mineras, dijo, rompe el tejido social de las comunidades al ofrecer un modelo de empleo y desarrollo económico insustentable que divide a quienes lo rechazan de quienes lo apoyan por necesidad o ignorancia; atenta contra la estabilidad alimentaria de los pueblos, y da pie a fenómenos como el aumento del alcoholismo y la drogadicción, por lo que llamó a organizarse para repudiar la entrada de esas compañías.

Rurik Hernández, del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO), aseveró que en años recientes Goldcorp ha tenido un crecimiento rápido y agresivo en el mercado internacional, en gran medida por los megaproyectos de la mina Los Filos, en Carrizalillo, Guerrero, y Peñasquito, en Zacatecas, además de otra decena de yacimientos de menor tamaño, entre ellos el de Camino Rojo, cercano a la zona sagrada huichola de Wirikuta.

Medidas cautelares en favor de guatemaltecos

La peligrosidad de Goldcorp es tal, advirtió, que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de varias personas en Guatemala, luego de que agentes de seguridad de la compañía y militares cercanos a ella fueran acusados de violar a mujeres en las comunidades donde se asentaban las minas.

Por todo ello, indicó, es lamentable que la Universidad Nacional Autónoma de México haya aceptado un donativo de dicha empresa canadiense, supuestamente para apoyar un programa de becas para la Fundación UNAM.

Nos extraña que la máxima casa de estudios acepte dinero sucio de Goldcorp, por eso hacemos un llamado enérgico para que lo devuelva, como hicieron en su momento diversos académicos de la Universidad de Córdoba, Argentina.

La Jornada * 27/07/12

 

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Chile: ANAMURI y RANQUIL: “hemos demandado el mejoramiento de las condiciones de trabajo en los sectores rurales desde los años 80; esta propuesta de estatuto que está en el Congreso conducirá a todo lo contrario”

Martes 31 de Julio de 2012

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La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) y la Confederación Campesina Ranquil: Ante la propuesta de Estatuto del temporero y temporera que está actualmente en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, manifestamos la preocupación y nuestro más profundo rechazo ante la urgencia que desde el gobierno, a través de la Ministra del Trabajo Evelyn Matthei y el Ministro de Agricultura Luis Mayol, se ha puesto para la aprobación el proyecto de ley que crea el Estatuto laboral agrícola del temporero.

Reiteramos, que la propuesta del Estatuto del Temporero y Temporera que está actualmente en la comisión Trabajo de la Cámara de Diputados, y que emanó de un acuerdo entre un conjunto de asociaciones de empresarios agrícolas y algunas organizaciones en que no todas son representativas de los trabajadores y trabajadoras asalariadas agrícola, en este sentido la propuesta difícilmente mejorará las condiciones laborales de los y las trabajadoras de este sector, condiciones que son precarias sumado a los altos niveles de incumplimiento de la actual legislación laboral, por el aumento de la inestabilidad del trabajo que no sólo se debe al carácter estacional del empleo, sino a una política empleadora orientada a la fragmentación de contratos laborales por la vía del uso abusivo del contrato por obra o faena, así como por el alto grado de informalidad.



Según lo difundido por el diario la Tercera el día martes de 10 de Julio del presente mes, los Ministros plantean que a través del nuevo estatuto se podrá llegar a un acuerdo entre empleador y trabajador, llamado pactos silvoagropecuarios por faena, en diversas materias, las que incluyen la posibilidad de aumentar las horas extraordinarias diarias de 2 a 4. Y nos preguntamos ¿En qué medida podría beneficiar a los y las temporeras aumentar en 2 horas más las horas extraordinarias, si a ellas se les paga a destajo o a “trato”, por unidad de medida, y las dos últimas de 12 horas (8 ordinarias, 2 extraordinarias y 2 más extra extraordinarias) son aquellas en que se encuentra exhausta, fatigada y por ende va a rendir menos y ganar menos? En consecuencia ¿Por qué podría beneficiar a las temporeras que constituyen un porcentaje mayoritario en las labores de cosecha y empaque, ausentarse de su hogar y de las actividades domésticas y reproductivas por más de 15 horas? Recordemos que serán 12 horas de trabajo, más 2 horas que demoran en traslados de ida y vuelta, más 1 hora que le dan de colación que no es imputable a la jornada de trabajo. Es decir, en las 9 horas que le quedan deberá reponerse de un trabajo extenuante físicamente y además cumplir con el trabajo doméstico, lavar, planchar, dejar almuerzo hecho para el otro día, hacer aseo y hacer vida familiar.

El proyecto señala que éste será un pacto voluntario entre privados. ¿De qué voluntariedad hablamos cuando la relación de poder es totalmente asimétrica entre las dos partes, en la que una parte oferta trabajo para producir, y la segunda demanda trabajo para sobrevivir?, ¿qué posibilidad real tendrán las y los trabajadores de este sector para negarse a firmar un pacto, cuando además sabe que se trata de un trabajo de paso, inestable?, ¿qué pasará con los contratistas, si en la actualidad ellos son gran parte de los principales empleadores en la agricultura de exportación y no han sido parte de la Mesa que elaboró esta propuesta?, ¿qué pasará cuando en una faena ya hay un pacto establecido y se incorpora un nuevo grupo de trabajadores?, ¿podrá negarse a firmar el pacto o tendrá que buscar otro trabajo?.

Asimismo se establece que un límite máximo a las horas extraordinarias adicionales, pero por mes. Sabemos que sobre todo quienes están empleados con contratistas tienen empleos que duran menos de un mes. En todos esos casos se corre el riesgo de perpetuar jornadas extensas de duración máxima, toda vez que se establezcan faenas con duraciones inferiores a un mes, y los trabajadores/as concurran a celebrar nuevos y sucesivos pactos con el mismo u otros empleadores.

Además en esta propuesta se incorpora el establecimiento de jornadas fragmentadas o discontinuas “cuando sea necesario”, la que no se plantea en el contexto de pactos temporales por faena, sino como norma general de los contratos de trabajadores/as agrícolas. Diversos estudios desde el enfoque de los condicionantes laborales en la salud de los trabajadores/as han alertado sobre las consecuencias en la calidad de vida personal y familiar de trabajadores/as expuestos a jornadas excepcionales, en tanto queda supeditada la vida privada de los sujetos al trabajo. La pregunta de fondo es ¿qué hará que “sea necesario” establecer jornadas discontinuas?, y ¿por qué podría pensarse que la división de la jornada diaria beneficiaría a los trabajadores/as? Si se toma como ejemplo la ordeña, la solución es el establecimiento de turnos y no la supeditación de un mismo grupo de trabajadores/as a dicha actividad. La demanda de la jornada discontinua es de los empresarios del sector lechero, pero no de los trabajadores/as, quienes aspiran a un trabajo decente, lo que incluye horarios de trabajo y de descanso, como está establecido para el conjunto de trabajadores/as del país.

En este contexto, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), la Confederación Ranquil, la Pastoral de los y las temporeras y una serie de otras organizaciones sociales, sindicales y del mundo académico, como el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, hemos demandado el mejoramiento de las condiciones de trabajo en los sectores rurales desde los años 80; esta propuesta de estatuto que está en el Congreso conducirá a todo lo contrario.

En Chile existe un sector importante de los empleadores de la agricultura que no cumple la actual legislación vigente, tenemos sobre un 40% de informalidad, frente a lo cual miles de trabajadores/as se sienten impotentes y desamparados. El argumento de que la legislación es urbana nos parece insustentable. ¿Por qué los/as asalariados/as agrícolas tendríamos que tener un estatuto especial que nos proteja menos y que deje en manos de privados, a la merced de pactos nuestras condiciones laborales, donde ganará la posición del más fuerte?

Sí reconocemos la necesidad de modificar el actual Código del Trabajo que heredamos de la dictadura militar y que nos deja sin poder negociar colectivamente y sujetos al maltrato y abuso laboral. Sí es necesario modificar las formas de pago a trato o a destajo, de manera de buscar una modalidad de pago justa que no esté sustentada en la búsqueda de un rendimiento físico extraordinario que lo único que ha generado, que a los 50 años ya son trabajadores y trabajadoras “desechables”, con dolencias crónicas, como artrosis a las caderas, a las rodillas, lumbago crónico, tendinitis y otras enfermedades, que las mutuales de seguridad difícilmente reconocen como enfermedades profesionales. Sí es necesario modificar y precisar los alcances del contrato más usado con los temporeros/as (cuando hay contrato), que es el contrato por obra o faena, el que se pone término unilateralmente justo antes de fiestas, feriados o fines de semana largos, para no pagar semana corrida, cortando por el hilo más delgado. ¿Qué es una obra o faena en la agricultura?, ¿cuándo es fiable? Si consideramos necesario modificar el código del trabajo para ampliar las facultades de los sindicatos transitorios, para reponer el sindicato comunal por rubro, a través del cual se pueda negociar supra faena.

En síntesis, los reparos con la propuesta de ley que está en el Congreso son de fondo, que no se corrigen con indicaciones como lo hemos explicitado ante la comisión en el parlamento.

Ante esta aberrante situación administrada principalmente desde los intereses de las empresas, es que pedimos apoyo de todos los sectores para rechazar el proyecto presentado por el ejecutivo y comenzar de cero. Tenemos el respaldo de años de trabajo con organizaciones de base de temporeras y temporeros de las regiones agrícolas del país, y la voluntad para dialogar en la construcción de una nueva propuesta que conduzca a un mejor y más digno trabajo para los y las asalariadas agrícolas temporales de Chile.

ANAMURI

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas

RANQUIL

Confederación Campesina

 

 

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Anciano mapuche en riesgo vital por impacto de carro lanzaaguas de la policía chilena

Martes 31 de Julio de 2012

Un anciano mapuche quedó en riesgo vital luego de golpearse la cabeza al perder el equilibrio tras ser alcanzado por el chorro del carro lanzagua de Carabineros durante una protesta efectuada en la mañana por comuneros mapuche en la Ruta 5, en el sector de Licanco, en Padre Las Casas.

El hombre fue identificado como Felicindo Huaquinao Huaquimil, de 70 años, quien fue internado en el Hospital Regional de Temuco, centro asistencial que informó que el hombre ingresó a las 10:45 horas con compromiso de conciencia por un traumatismo encefalocraneano.

“El señor Huaquinao fue intervenido debido a un hematoma subdural agudo extenso. La operación se prolongó por tres horas y actualmente el paciente se encuentra bajo un coma inducido con asistencia de ventilación mecánica y en riesgo vital”, señala un comunicado del recinto.

Además, los médicos tratantes estiman que las próximas 48 horas serán determinantes en la evolución del paciente

En tanto, el prefecto de Carabineros de Cautín, coronel Carlos Avila, quien reconoció una investigación al interior de la institución, aunque descartó violencia innecesaria, como acusan las comunidades.

“No ha habido ninguna denuncia formal, pero Carabineros ha actuado de oficio, se ha dado cuenta a la Fiscalía local y se ha iniciado la investigación para establecer la participación del personal y analizar el protocolo de actuación de personal de Fuerzas Especiales”, dijo el oficial.

La protesta de las comunidades mapuche en Padre Las Casas -debido al incumplimiento sucesivo de compromisos de pavimentación de caminos interiores- culminó con 10 detenidos.

Fuente: Cooperativa-Albatv/MCZ

 

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Honduras: Campesinos de El Progreso se toman tierras en posesión de Azucarera del Norte, propiedad de la transnacional Sab Miller

Martes 31 de Julio de 2012

Campesinos de El Progreso ocuparon la noche del domingo 29 de julio mas de tres mil hectáreas que la empresa Azucarera del Norte, Azunosa, tiene en posesión ilegalmente de hace más de treinta años; pero en menos de doce horas fueron presionados para que salieran por unos cien miembros de la Policía Nacional, el Ejército y la policía de investigación quienes amenazaron con apresarlos sin presentar ninguna orden judicial de desalojo.

La noche del domingo 29 los campesinos que se dirigían a ocupar los predios fueron retenidos en la carretera por un gran operativo de la policía a cinco kilómetros de El Progreso, les decomisaron dos camiones con sus maletas de ropa, alimentos preparados para la cena y sacos con provisiones. Pero los campesinos siempre lograron hacer la toma de los predios.

El Instituto Nacional Agrario, INA, tomó la Resolución Definitiva 050 2012 del 26 de marzo de este año de expropiación de 3 mil 644 hectáreas, equivalentes a 5 mil 227 manzanas. Azunosa acreditó en marzo tener en propiedad 3 mil 894 hectáreas, sin embargo las leyes agrarias establecen que en el Valle de Sula donde están ubicados una persona natural o jurídica sólo puede tener 250 hectáreas.

A pesar del techo establecido por la Ley, alguien podría tener mas de 250 hectáreas en el Valle de Sula, si el gobierno a través de la Secretaría de Recursos Naturales le autorizaba un sobre techo, dada la importancia económica o social demostrada de su proyecto.

El punto clave es que Azunosa no posee ninguna autorización de sobre techo, por lo tanto toda la tierra extra después de las 250 hectáreas, la Ley manda que debe ser expropiada para fines de reforma agraria.

Azucarera del Norte es ahora propiedad de la transnacional Sab Miller que compró desde hace diez años la Cervecería Hondureña, quien consume casi toda el azúcar que produce el ingenio Azunosa para la elaboración de refrescos de la línea de Coca Cola Company.

Pero Azunosa no pierde en realidad. Por la tierra misma y las mejoras, el gobierno ha calculado que se le debe pagar doscientos millones de lempiras, más de diez millones de dólares, cantidad que luego tendrán que pagar los campesinos. Y le quedan gratis a la empresa todos los años de haber usado la tierra sin tener legalmente derecho a ello.

La resolución definitiva establece que si la empresa no acude a reclamar la indemnización la misma se depositará en los juzgados de El Progreso.

Azunosa rechaza la expropiación y apeló ante el Concejo Nacional Agrario, en el cual están tres abogados y un ingeniero agrónomo nombrados por el gobierno, dos representantes de los Ganaderos y dos representantes de las centrales campesinas. En la primera semana de agosto discutirá la Resolución Definitiva del INA y si ratifica la expropiación, Azunosa todavía tendrá la opción de acudir ante la Corte Suprema de Justicia como última instancia.

Unos setenta efectivos intentaron a eso de las diez de la mañana de este día desalojar al grupo ubicado en la entrada principal hacia el ingenio Azunosa en la aldea La Sarroza, pero los campesinos no se retiraron porque exigieron que les mostraran la orden de desalojo y los jefes policiales tuvieron que aceptar que no la tenían.

Pasado el mediodía se presentaron mas de 10 miembros de la DGIC y del Ministerio Público para realizar el desalojo acusándolos de usurpación y amenazaron que si no salían voluntariamente se los llevarían a todos a la cárcel.

Los tres grupos, ubicados a unos cuatro kilómetros de distancia uno del otro, aceptaron salir del predio voluntariamente y la policía los escoltó hasta que estaban lejos de los terrenos en disputa. Sin embargo los desalojados fueron claros en que volverán a las tierras porque ya están expropiadas de acuerdo con la Ley y exigen que la misma se cumpla.

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Guatemala: No más muertes, exigen embarazos saludables

Martes 31 de Julio de 2012

Por: Rocizela Pérez Gómez/CLOC Vía Campesina en Guatemala

ROCI

Sin pensarlo muchas mujeres que llevan en su vientre a un nuevo ser humano deben enfrentare a la muerte, no por el ser que llevan dentro sino por la violación a sus derechos de salud y alimentación, la pobreza y el no tener acceso a los servicios básico para una vida adecuada son factores para que muerte de mujeres en estado de gestación se incremente.

Aracely Saucedo del Comité de Unidad Campesina -CUC- y representante de las mujeres de la CLOC Vía Campesina en Guatemala, señala que la pobreza en que viven la mayoría de familias guatemaltecas no permite que las mujeres puedan alimentarse bien en uno de los periodos más lindos, “el tener en su vientre a un nuevo ser”, señaló que la realidad de las comunidades lejanas es tener edificios de salud pero no personal capacitado para atender a las mujeres en el periodo de embarazo.

“La falta de recursos económicos de las familias no permite que las mujeres tengan acceso a la salud y a medicamentos mucho menos a salud privada, por ello quedan sin acompañamiento en el periodo de embarazo” señaló Saucedo.

Por la poca atención a la salud de las mujeres embarazadas se ha incrementado la muerte de aquellas que por estar lejanas a un centro de salud no son atendidas de forma inmediata, sin que se cumpla lo establecido en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria en su apartado B. Sobre Salud señala sobre el sistema nacional coordinado de salud …”b) Es atribución del Ministerio de Salud la formulación de políticas que permitan el acceso de toda la población guatemalteca a los servicios integrales de salud. Bajo la coordinación del Ministerio de Salud, concertar con instituciones públicas, incluyendo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, privadas y no gubernamentales que intervienen en este sector, la puesta en práctica de las acciones que permitan universalizar el acceso de toda la población guatemalteca a los servicios integrales de salud…”.

Asimismo en cuanto a la Población de bajos recursos señala “…Crear las condiciones para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad a la población de bajos recursos. El Gobierno se compromete a aumentar los recursos destinados a la salud…”. Además en sus prioridades de atención señala “d) Dar prioridad a la lucha contra la desnutrición, al saneamiento ambiental, la salud preventiva, las soluciones de atención primaria, especialmente la materno infantil. El Gobierno se compromete a presupuestar por lo menos 50% del gasto público en salud a la atención preventiva, y se compromete a reducir la mortalidad infantil y materna…”.

Según declaraciones dadas en mayo del 2012 por representantes del Observatorio en Salud Sexual y reproductiva -OSAR- de acuerdo a monitoreos realizados Guatemala es uno de los países latinoamericanos donde mayor número de mujeres mueren por causas con el embarazo, parto y posparto. Representantes del observatorio recordaron que en Guatemala se debe reducir de 136.7 muertes maternas a 65 por cada 100 mil nacidos vivos para el año 2015, según lo establece el 5º objetivo de desarrollo del milenio.

En una publicación de Analistas independientes refiere que en el último recuento que se tiene como país sobre muerte materna, señala que mueren alrededor de 537 mujeres al año por razones asociadas a la maternidad. Son 45 al mes; 10 u 11 por semana; 1 o 2 al día. http://www.analistasindependientes.org/2012/05/morir-al-ser-madre.html

Silvia Velásquez de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina -CONIC- activa a la CLOC Vía Campesina, señaló que en muchos departamentos del país las mujeres en estado de gestación no tienen acompañamiento médico porque no existe en la comunidad o estos se encuentran lejanos y no hay quien las acompañe, también mencionó que uno de los problemas que sobresale en las comunidades es que la alimentación no es nutritiva y eso da como resultado que las mujeres estén desnutridas y eso afecta durante el parto o después del mismo ya que muchas quedan sufriendo enfermedades como desmayos y decaimiento y en otros casos las mujeres no soportan y mueren.

En varias comunidades del país se vive desnutrición y pobreza y por ello no existen recursos económicos para que las mujeres sean trasladadas a tiempo a los centros de salud que se encuentran alejados de las comunidades.

La organización ve fundamental el trabajo de las comadronas en las comunidades por ello desde cada colectivo territorial se brinda acompañamiento a la labor que realizan para que puedan capacitarse y ser reconocidas por el ministerio de Salud y Asistencia Social, este acompañamiento se da en los 18 departamentos donde tiene presencia la -CONIC- Velásquez dijo que el conocimiento ancestral es fundamental ya que en muchas comunidades aun se transmiten los conocimientos a otras compañeras.

Dijo que es fundamental continuar impulsando el tema de salud, educación analfabetismo y uno de los problemas es que no pueden hablar en idioma español, dijo que según registros de la organización mujeres que pertenecían a la -CONIC- fallecieron dos días después de haber dado a luz, con síntomas de hemorragia que les provocó la muerte.

Reiteró la lideresa que aunque en varias ocasiones desde la organización se ha denunciado la falta de atención a las mujeres en el periodo de embarazo no ha respuesta de la cartera de salud, señaló que en su mayoría mujeres de diferentes comunidades no tiene acceso a la salud sexual y reproductiva desde su propia visión.

Investigaciones señalan que cuando las mujeres embarazadas no se alimentan bien se asocia a un peso bajo al nacer y a un riesgo de enfermedades crónicas para el bebé. Durante el embarazo aumentan los requerimiento de la mayor parte de los nutrientes por mencionar las proteínas, vitamina A, vitamina D, ácido fólico, calcio y hierro entre otros; estos alimentos que se deben incrementar durante el periodo de gestación. Fuente: MSN Salud y Bienestar.

Magdalena Sarat de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA activa a la Vía Campesina coincidió con Velásquez al indicar que las comadronas juegan un papel importante en las comunidades, dado a la carencia de centros de salud cercanos de donde viven las mujeres ya que son las comadronas quienes dan acompañamiento a las mujeres durante el embarazo a la hora del parto y después del parto, señala que la pobreza y pobreza extrema no permite a las mujeres alimentarse bien.

Sarat agregó que en las comunidades lo que prevalece es la medicina natural por ello es fundamental que las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tome en cuenta la situación particular de cada comunidad: “ El Estado debe reconocer el derecho a la salud de los pueblos desde la forma y práctica de cada región”, señaló.

La integrante de la -CONAVIGUA- expresó que no puede hablarse de salud y alimento adecuado si las políticas son despojo y contaminación por parte de las empresas mineras y transnacionales que e instalan en los territorios de los pueblos, tampoco se puede hablar de una soberanía alimentaria sino existe tierra para cultivar y producir alimentos.

Hay leyes que se han creado para garantizar la vida y las salud tanto de las mujeres embarazadas como para el nuevo ser tal es el caso de la Ley para la maternidad saludable Decreto 32-2010 emitido por el Congreso de la República el 9 de septiembre de 2010, aprueba la Ley para la Maternidad Saludable, la cual tiene por objeto mejorar la salud y calidad de vida de las mujeres y del recién nacido, establece que es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y las Organizaciones No Gubernamentales contratadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, las responsables de la implementación y cumplimiento de la ley.

El no hacer cumplir las leyes nacionales e internacionales para velar por la salud y bienestar de las mujeres embarazadas también es violencia, el que las mujeres no tengan acceso a los servicios básicos como el desalad también es violencia, el que una mujer muera por no ser atendida de forma inmediata y responsable e la hora del parto, también es violencia.

La Vía Campesina ha señalado que una de sus tareas es construir un modelo de sociedad que parta de las raíces; un modelo en que todos, hombres y mujeres, rechacemos la violencia en todas sus formas: económica, social, física, mental, sexual y medioambiental. Y garantizar que ese modelo NO TOLERE la violencia, uno de los objetivos de la “Campaña de la no Violencia hacia las mujeres” anunciada en la V Conferencia Internacional de la Vía Campesina en octubre 2008, es “Presionar a los gobiernos para que cumplan los acuerdos y los tratados internacionales y lleven a cabo políticas que combatan todas las formas de violencia contra las mujeres. Hacer frente a la falta de voluntad política que demuestran la mayoría de los gobiernos a la hora de aplicar las leyes nacionales e internacionales, las convenciones y los tratados sobre derechos de la mujer”.

 

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Economía verde, economía inclusiva

Lunes 30 de Julio de 2012

Frei Betto

RIO13El documento de la ONU para Rio+20 contenía de positivo el reconocimiento de que la crisis actual es estructural, trasciende los aspectos económicos y financieros, y acontece debido al agotamiento y las debilidades del actual modelo capitalista de desarrollo.

Aunque el diagnóstico era correcto, la medicación agrava el estado del enfermo: la economía verde.

Esta economía no escapa del paradigma neoliberal de mercantilización de los recursos naturales. Al tener que escoger, opta por el capital privado.



La economía inclusiva o sustentable trata de atender a las necesidades y derechos de todos los seres humanos; promueve la distribución equitativa de la riqueza y de las oportunidades para la generación de la renta y el acceso a los bienes y servicios públicos; y de esa forma asegura condiciones de vida digna a toda la población, erradicando la pobreza y reduciendo las desigualdades sociales.

La crisis actual es un momento privilegiado para avanzar en la transición hacia nuevos modelos de gobierno, capaces de redireccionar los diversos capitales para la creación de oportunidades de negocios y empleos que representen alternativas de desarrollo sustentable y sustentado.

Frente a esta perspectiva el Instituto Ethos propone Compromisos de acción, entre los cuales hay que destacar: buscar la ecoefectividad de nuestras actividades, por medio de la reducción del consumo total y de la intensidad de los insumos (tales como el agua y la energía); reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar sus efectos ya inevitables; invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías, procesos, productos y modelos de negocio regidos por los principios de sustentabilidad.

Propone también el desarrollo territorial sustentable, contribuyendo a erradicar la miseria y la pobreza; trabajar por una economía al servicio del desarrollo humano; implementar políticas y acciones en las empresas y cadenas de producción, mirando por el desarrollo del capital humano y social, con énfasis equivalente al aplicado a los capitales económico y financiero, y la reducción de las desigualdades de oportunidades y de remuneración por razón del origen social, racial, étnico, generacional o de género.

Eso requiere mejorar la gobernabilidad y la promoción de la transparencia e integridad, además del compromiso de trabajar por la erradicación de la corrupción y por el establecimiento de nuevas arquitecturas institucionales que apuesten por la participación plural de los diversos actores sociales.

Debe enfatizarse la importancia del perfeccionamiento de los mecanismos de promoción de la integridad y de la transparencia de los procesos de planificación, decisión y operación, públicos y privados, y empeñarse en el perfeccionamiento del sistema político y de la democracia.

Es preciso contribuir también con conocimientos y competencias de manera que se mejoren las políticas públicas, así como fortalecer la gestión pública y de los mecanismos de control y participación social, y también ejercer una ciudadanía activa y fiscalizadora tanto en los procesos electorales como durante los mandatos electivos.

[Frei Betto es escritor, autor de “La obra del Artista. Una visión holística del universo”, entre otros libros. www.freibetto.org/ – twitter:@freibetto.

Copyright 2012 – Frei Betto – No es permitida la reproducción de este artículo por cualquier medio, electrónico o impreso, sin autorización. Le invitamos a que se suscriba a todos los artículos de Frei Betto; de este modo usted los recibirá directamente en su correo electrónico. Contacto – MHPAL – Agência Literária (mhpal@terra.com.br)

Traducción de J.L.Burguet].

 

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La Economía Verde se llama Poder Corporativo

Lunes 30 de Julio de 2012

Por Elizabeth Peredo

Estamos asistiendo a una profundización demencial del paradigma capitalista y de su ámbito de dominio que ha desplazado sin pena ni pestañeo el concepto de sustentabilidad para usarlo en el campo de las finanzas, disfrazando su afán de lucro con el argumento de incorporar las externalidades ambientales. Argumentos para justificar una angurria fuera de toda proporción: casi todo lo que existe en el mundo cumple un servicio y es una mercancía, todo será considerado una inversión, todo cuenta como dinero. El próximo paso será conquistar nuestra imaginación.

Un documento denominado “Declaración del Capital Natural (Un compromiso del sector financiero para Río+20 y más allá)”, promovido por las Naciones Unidas mediante la Iniciativa Financiera del Programa para el Medio Ambiente, la Fundación Getulio Vargas de Itamaratí del Brasil y el Global Canopy Programe en el Foro Corporativo por la Sustentabilidad, ha empezado a ser visible en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Río+20 en paralelo a los documentos emanados de la negociación y proponiendo una declaración que debe ser firmada por las instituciones financieras internacionales y las corporaciones.

 

El documento, fruto de 18 meses de preparación del sector financiero, compromete a los signatarios a cuidar los recursos naturales, en particular el agua, y aunque está presentado como una iniciativa sustentable, acompaña al lobby que las transnacionales han estado haciendo en las negociaciones dando cuenta de una de las certezas que tenemos, pero que aún es poco visible en los debates entre los países: la ONU está en manos del gran capital corporativo y financiero. Los debates y negociaciones que allí se desarrollan se encuentran en su cancha.

La declaración propuesta señala la ruta de los nuevos consensos que se están desarrollando entre los representantes del capital financiero, y dice textualmente en su encabezado que se propone crear un “compromiso de la comunidad financiera (que parece sustituir ahora a la ‘comunidad internacional’) a reconocer y reafirmar la importancia del capital natural en el mantenimiento de una economía global sostenible” (ahora es explícito que es la economía y no el medio ambiente la que debe ser sostenible).

Y no es casual: las 100 economías más grandes del mundo son hoy corporaciones transnacionales, no tienen banderas (sí, logos, slogans y mensajes de propaganda), no son democráticas (tienen dueño, directorio y funcionarios), no consultan a nadie para acomodarse hasta donde les alcancen las piernas, y si pueden les sacan dinero a los países del Sur y a los pueblos del Norte para consolidarse o seguir acumulando capital (son dueñas del dinero, de los bancos, de las tierras, de la justicia, de la tecnología, de las maquinarias; tienen acuerdos de libre comercio a su favor, reglas de protección de inversiones y tribunales a su medida). Según información proporcionada por el TNI y el Grupo ETC, 10 de las corporaciones más ricas son de energía; al menos 10 corporaciones más fuertes están vinculadas a la producción de alimentos y el comercio del agua, y concentran millones de hectáreas en el Sur global; otras tantas tienen el monopolio de las patentes y otras, muy fuertes y poderosas, están obsesionadas con la geoingeniería. Todas ellas presentes en el entorno de las Conferencias de la ONU para asegurar su situación de poder y conceder lo menos posible a la creación de mecanismos efectivos que se orienten a salir de la crisis.

Paralelos con la Cumbre del 92

Cuando, en 1992, se hizo la Declaración de Río y se estableció la Agenda 21, la finalidad era enfrentar la ya entonces preocupante devastación ambiental, las inequidades sociales y la pobreza. La ingenuidad de los pueblos y la maquinaria montada para marearlos nos hizo creer que la fórmula mágica del “desarrollo sostenible” combinando “economía, sociedad y medio ambiente” —bajo la directriz de “consumir lo suficiente para satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones del futuro”—, sería suficiente para resolver los problemas planteados.

En paralelo, arrancaba el Consenso de Washington concebido pocos años antes (a finales de los 80) y ya estaba en pleno apogeo la multiplicación de las instituciones, leyes, acuerdos, mecanismos financieros, sistemas de condicionalidades e ideologías —que no podían faltar— para aprovechar de esta narrativa y asegurarse de que la fórmula “sin inversión privada no hay desarrollo” les permitiera tener todas las facilidades para lucrar a costa de la destrucción planetaria y la violación de los derechos humanos.

Por tanto, el “desarrollo sostenible” sobre el que se sigue insistiendo tenía ya varias debilidades de fondo: desde concebir una noción de crecimiento económico sin límites ni conciencia de la interdependencia entre especies y con los ecosistemas, ignorar las fuerzas del mercado y el proceso de liberalización de la economía, hasta pensar ingenuamente que las palabras son suficientes y no es preciso atacar las causas estructurales del sistema.

Hoy estamos en una situación algo similar, sólo que aún más grave, porque la crisis ecológica y financiera —que ellos mismos han provocado— opera como un fuerte justificativo para avalar una nueva maquinaria denominada “economía verde” (o como quiera llamarse) que pretende incorporar a la naturaleza en la fórmula para asegurar, esta vez, la “sostenibilidad de la economía global”.

Por tanto, el “desarrollo sostenible” sobre el que se sigue insistiendo tenía ya varias debilidades de fondo: desde concebir una noción de crecimiento económico sin límites, hasta pensar ingenuamente que las palabras son suficientes y no es preciso atacar las causas estructurales del sistema.

Un sistema de lucro inédito

Según han manifestado los impulsores de esta declaración que incluye a los “buenos” de la película porque accedieron a hablar del medio ambiente y sustentabilidad —uno de los signatarios es la Coca Cola Company—, se pretende “hacer entender que ‘activos’ como el agua, el aire, el suelo y los bosques son un ‘capital fundamental’ y advertir cómo esos recursos afectan los negocios de las empresas”… “De la misma forma que un inversionista quiere preservar su patrimonio y vivir de la ganancia que le genera, el desafío es ahora no depredar recursos naturales para obtener un beneficio…”.

Entonces, hablar hoy de sostenibilidad podría equivaler a hablar de factibilidad o rentabilidad. Da lo mismo. Podríamos hasta decir que el mundo es 80% factible y rentable si se invierte en servicios ambientales de los bosques o las abejas, y 20% factible si no se invierte en ellas. Podríamos hablar de los intereses y ganancias que se estarían perdiendo si no se cuantifica y declara el servicio que proporcionan nuestras montañas y paisajes cuanto antes. Podríamos imaginarnos que en cualquier rato nos querrán demandar ante una corte si no cuidamos la belleza escénica de algún paraje en nuestro territorio.

Estamos asistiendo a una profundización demencial del paradigma capitalista y de su ámbito de dominio que ha desplazado sin pena ni pestañeo el concepto de sustentabilidad para usarlo en el campo de las finanzas, disfrazando su afán de lucro con el argumento de incorporar las externalidades ambientales. Argumentos para justificar una angurria fuera de toda proporción: casi todo lo que existe en el mundo cumple un servicio y es una mercancía, todo será considerado una inversión, todo cuenta como dinero. El próximo paso será conquistar nuestra imaginación.

Las negociaciones y la vida real

Algunos países en el G-77 se han propuesto redefinir la economía verde y salvarla de un enfoque mercantilista. Brasil ha lanzado un documento de propuesta de declaración que permanece anclado en el concepto de “crecimiento económico sostenido” y que hace muchas concesiones a este nuevo modelo, dejando atrás acuerdos que podrían ser sustanciales en regular a las corporaciones y limitar a los países desarrollados para recuperar las proporciones que exige el pago de la deuda ecológica e histórica; algunas corrientes de activistas se han concentrado en rechazarla y demonizarla para que las Cumbres y las negociaciones concluyan con un rotundo “no” a la economía verde.

Pero la vida real está diseñada ya para que una vez terminada la semana de debates, negociaciones y reuniones paralelas, tanto la cooperación para el desarrollo, la cooperación no gubernamental, los gobiernos nacionales y los locales, los bancos, los mercados financieros, las corporaciones y las empresas, los países y las comunidades ingresen de uno u otro modo en los escenarios preparados con oculta paciencia con el fuerte argumento de “salvar a la Madre Tierra” de la destrucción.

La tan mentada Madre Tierra ahora ya tiene un lugar en el lenguaje del documento presentado por Brasil, que reconoce que podría ser un sujeto de derechos, lo que es un gran avance pero no necesariamente significa que se los va a respetar. Aunque se aprobara, no sería suficiente para parar a las transnacionales y el extractivismo base de muchas economías en el mundo y que en el documento se reconoce como un motor para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Ni siquiera en Bolivia o Ecuador, donde existen articulados constitucionales y leyes al respecto, han sido respetados, y allí se persiste en la explotación minera e hidrocarburífera a costa de la Madre Tierra y la salud de las personas. Ni qué decir de los países desarrollados, donde la explotación minera, la energía nuclear o la explotación del carbón amenazan sus ecosistemas y la salud de la gente, como es el caso de las comunidades del valle de Ohio que viven la devastación y el envenenamiento por esta industria. Estados Unidos, por ejemplo (con razón no quiere firmar el Protocolo de Kyoto), depende en un 49% de la salvaje explotación del carbón para su energía, uno de los sistemas más contaminantes y destructivos del medio ambiente y la salud.


Visibilizar la amenaza, identificar los escenarios y confiar en nuestras fuerzas

Así como están las cosas, sería quizá pertinente distinguir algunas estrategias de resistencia sabiendo que las negociaciones y los debates en Naciones Unidas son apenas uno de los escenarios de esta problemática global, el más desgastado y ahora cooptado por el interés transnacional y la ideología del desarrollismo, que se está convirtiendo peligrosamente en un lugar de palabras repetidas y vaciadas de contenido con altavoz. Una retórica difícil de asir y sobre todo de controlar desde la sociedad civil; sus resultados, cualquiera que fueran, serán pasibles de ser atrapados por el sistema de lucro.

Un otro escenario —mucho más relevante— es el de la economía, que nos lleva a considerar seriamente el poder de las corporaciones con sus negocios y sus reglas en todas partes, un terreno muy concreto de acción que debe recoger la experiencia de innumerables luchas exitosas en parar el poder corporativo y que está llevando a resistir la explotación minera, la mercantilización del agua, de la salud, de la vida; al mismo tiempo, este escenario incluye las economías no visibles que funcionan y dan vida a formas solidarias de organización social y que pocas veces son reivindicadas como caminos posibles para la restauración y resignificación de la economía y del tejido social.

Un tercer ámbito es el de los imaginarios, el de las subjetividades, la cultura y, por tanto, uno de los más importantes, porque acompañan los hábitos sociales y pueden ser engranajes de una vida o de consumo o de cuidado, de violencia o de solidaridad, de dominio y sumisión o de democracia y participación. En este terreno, la construcción de relaciones equitativas entre géneros, entre etnicidades, generaciones y otras diversas, podría contribuir sustancialmente a una relación más armónica con la naturaleza, o, al menos, preparar la subjetividad para ello.

Los intereses que están detrás de la economía verde no son algo etéreo; y no porque no se los explicite dejarán de existir en su esencia. La economía verde es el nuevo ropaje del poder corporativo, lleva su nombre inscrito con sangre de los pueblos en la frente, y es allí donde la resistencia al nuevo modelo será más eficaz. No en los foros ni declaraciones, no en el resultado de la negociación, ni en los discursos de resistencia abstracta, sino en la defensa de los territorios, del agua, de las semillas, de los servicios públicos, de la vida, de la economía solidaria, del reconocimiento al trabajo impago de las mujeres, en la resistencia a la minería extractivista e irresponsable, a las plantas nucleares, al lucro de las empresas con la energía y el agua, en defensa de los pueblos en el día a día.

La economía verde viene con nombre y apellido: se llama Poder Transnacional, y nos hemos mirado frente a frente: Los hemos frenado algunas veces, les hemos obligado a retirarse. La indignación y la conciencia sobre el daño que causan existen y son inmensas en el mundo. Es allí donde vamos a permanecer, pues nosotros y nosotras, que no queremos convertirnos en sofisticados profetas del desastre, nos otorgamos el derecho también a redefinir la sustentabilidad como la tarea de resistir el modelo creando las bases de la justicia, la equidad y la cultura del cuidado y la restauración, sentando bases éticas, principios de coherencia y ejemplos de consecuencia capaces de sembrar esperanza para nuestros hijos e hijas en el futuro. www.ecoportal.net

Revista Ideele

www.revistaideele.com

 

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Nuevo audiovisual denuncia procesos de financiarización de la naturaleza a nivel mundial

Lunes 30 de Julio de 2012

selecao01“Detengamos el secuestro de la naturaleza por los mercados financieros” empieza diciendo un corto audiovisual que está siendo difundido por organizaciones sociales de diversas partes del mundo, principalmente europeas.

“Bajo el concepto de ’economía verde’, ingentes cantidades de dinero provenientes de la especulación financiera buscan nuevas oportunidades de negocio y lucro en la naturaleza”, resalta la presentación de AttacTV del nuevo trabajo, del que es productor y realizador junto a La Antena.



Se trata, en líneas generales, de un cortometraje de animación que explica claramente y de forma didáctica cómo los mercados financieros “secuestran” la naturaleza. El trabajo está disponible en español, inglés, francés y alemán.

Es una iniciativa de SOMO, Red Europea Attac, Food&Water Europe, Friends of the Earth Europe, Amis de la Terre (Francia), Carbon Trade Watch, WEED, Ecologistas en Acción, Aitec y la Campagna per la riforma della Banca Mondiale.

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Video: El lado oscuro de los acuerdos de inversión

Lunes 30 de Julio de 2012

Video animación que expone cómo los acuerdos internacionales de inversión han dejado a la gente pagando los costos legales, sociales y ambientales de los abusos de las empresas y han aumentado las ganancias para las más ricas corporaciones del mundo.

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