Mes: febrero 2016

22 de febrero de 2016

Las delegadas regionales que hacen parte de la Articulación de Mujeres de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC La Vía Campesina en Latinoamerica, junto a mujeres de los continentes de África, Asia y Europa, han participado en la Asamblea Intermedia de las Mujeres de La Vía Campesina.

Con ésta asamblea se ha dado inicio a la Conferencia Intermedia de La Vía Campesina Internacional, que se desarrollará del 21 al 25 de Febrero de 2016, en Teos Turquía, país que hace parte de MENA (Mediterránea y Norte de África), nueva región que se incorpora al movimiento mundial más representativo del sector rural.

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La lucha de las mujeres en el campo, en todos los continentes, se ve atravesada por las desigualdades generadas por el sistema capitalista, patriarcal, machista y neoliberal, que en sus distintas formas afecta principalmente a las mujeres rurales.

Las mujeres de la CLOC- LVC que llevan una experiencia organizativa acumulada en lo continental, les ha permitido ir consolidando discusiones, acciones políticas y de formación a nivel regional tales como la realización de la V Asamblea Continental de Mujeres «Sin Feminismo, No hay Socialismo» donde se ha avanzado en la construcción del Feminismo Campesino y Popular e ir debatiendo en ámbitos del congreso, de su bases organizativa para fortalecer la lucha por una nueva sociedad.

La propuesta de internacionalizar el trabajo sobre el Feminismo Campesino Popular ha sido tomado por las otras regiones del mundo para bajar a las bases y alimentar desde la perspectiva campesina y reconceptualizar, desde la mirada de las mujeres rurales, al Feminismo.

Uno de los desafío de las mujeres del mundo, es seguir visibilizando en las calles las luchas contra las transnacionales del agronegocio que son las responsables de las hidroelectricas, agro-mineria, agrotóxicos, que violentan permanente y especialmente a las mujeres.

Uno de los pilares de La Vía Campesina es la solidaridad y ella es una de las razones de haber decidido realizar la Asamblea Intermedia en Turquía, donde sus pueblos están siendo objeto de la violencia del capitalismo y poniendo en riesgo la producción y la subsistencia del campesinado local.

¡ Sin Feminismo, No hay Socialismo! ¡Globalicemos la lucha, Globalicemos la Esperanza!

22 de febrero de 2016

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Martín Drago y Rocío Miranda: la soberanía alimentaria como proyecto de justicia, hambre cero y paz

La Soberanía Alimentaria es hoy el proyecto político más potente con que cuentan los movimientos sociales a nivel global. En América Latina la misma se articula a través de la Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y Caribe

Desde Panamá y a las puertas de una nueva Conferencia Regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, organizaciones de toda América Latina y el Caribe elaboran su posicionamiento en temas como las políticas públicas para el desarrollo rural y la agroecología como camino hacia la soberanía alimentaria.

Ellos y ellas son pescadores artesanales, campesinos, indígenas, ambientalistas y activistas agroecológicos.

Son la Alianza para la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe

Y envían un mensaje claro a los gobiernos de la región: el hambre, las crisis climáticas, la injusticia social y la violencia en el campo solo se detendrán con un cambio profundo de modelo: el que ofrece la Soberanía Alimentaria.

Martín Drago y Rocío Miranda, integrantes de esta Alianza analizaron esta propuesta en diálogo con Radio Mundo Real.

21 de febrero de 2016

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«El zorro cuida el gallinero» por RMR

El presidente argentino, Mauricio Macri, avasalla, no da respiro. Las medidas de su gobierno iniciado el 10 de diciembre de 2015 saltean velozmente casilleros y se avalanchan a la derecha, dejando por el camino los avances conquistados por el pueblo argentino. Nada de medias tintas, en Argentina es la hora del neoliberalismo feroz.

En una nueva edición del Mano a Mano de Radio Mundo Real, el campesino Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena argentino (MNCI), y de la secretaría operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – Vía Campesina), desmenuza estos primeros dos meses y medio del nuevo gobierno.

En menos de un mes luego de asumido el mandato, Macri ya había colocado en los ministerios y secretarías del Estado nacional a decenas de ejecutivos de numerosas e inmensas corporaciones transnacionales y argentinas. En tanto, los despidos de trabajadores estatales tampoco se hicieron esperar y siguen vapuleando a la clase obrera. «Estiman que quieren unos 200 000 trabajadores estatales despedidos, para luego avanzar hacia el sector privado también con un millón de obreros» que quedarían sin sus fuentes de ingresos, dijo Montón.

Para el campo argentino la ola del agronegocio ya es un tsunami luego de la quita de retenciones y la devaluación de la moneda del macrismo. Además, hace pocos días, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Buryaile, ordenó la eliminación de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, que garantizaba la participación de todas las organizaciones campesinas y agricultores familiares en la implementación de las políticas del área.

De todo esto y mucho más, como alguna denuncia concreta de los últimos días del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-Vía Campesina), habla Diego Montón del MNCI y la CLOC-Vía Campesina. Como siempre, clarito y «sin pelos en la lengua».

19 de febrero de 2016

Como Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, nos sumamos al rechazo y la denuncia de la crisis ambiental que se vive en la Amazonía del país, tras los dos derrames de petróleos ocurridos en las últimas semanas tras la ruptura en las tuberías del Oleoducto Norperuano administrado por PETROPERÚ. Si bien se señala que la rotura ha sido reparada, la tragedia ambiental y social se expande con el avance del crudo en las aguas de los ríos Marañón y Chiriaco afectando cada vez a más comunidades y pueblos indígenas.

Ante esta crisis ambiental, se vuelve a visibilizar, la falta de interés del gobierno central por respetar y resguardar los derechos humanos de los pueblos y comunidades originarias del Perú. Son cerca de 8000 pobladores y pobladoras las afectadas directamente por el derrame y aun PETROPERÚ, no se hacen responsables para controlar el impacto que genera y generará en la cotidianidad de las poblaciones afectadas por este derrame. El agua es un recurso natural indispensable para la vida humana, que al verse contaminado limita la capacidad de consumo humano, así como contamina las chacras, alimentos y animales; vulnerando las condiciones de vida y supervivencia de las poblaciones.

Estas condiciones afectan especialmente a niños, niñas y mujeres, quienes por sus actividades cotidianas se encuentran más vulnerables a entrar en contacto con el crudo, así como la emanación de gases de este.

Como Pacto de Unidad, nos sumamos a la demanda formulada por la Defensoría del Pueblo, PETROPERÚ debe responder y reparar los daños de manera inmediata. Exhortamos a las autoridades: Atender el abastecimiento de agua, alimentos y productos de primera necesidad en las comunidades afectadas. Regular y hacer cumplir las obligaciones técnicas, ambientales y sociales de la industria extractiva a fin de prevenir y evitar nuevos derrames. Las comunidades y personas afectadas por el derrame tienen derecho a una indemnización por los daños causados por PETROPERÚ en sus territorios.

Lima, 16 de febrero de 2016

19 de febrero de 2016

CAMPESINO BALEADO POR DEFENDER SUS TIERRAS

En el día de la fecha, viernes 19 de febrero, en horas de la mañana Pablo Sarmiento (hijo), campesino miembro de MNCI fue baleado por personal de la policía de Mendoza.

El hecho se produjo en la localidad de Jocolí Norte, cuando junto a otros miembros de la comunidad intentaba frenar la construcción de un alambrado en sus tierras por parte la empresa española Argenceres – Elaia S.A., ya que cuentan con una sentencia judicial a favor de la familia campesina Sarmiento que les reconoce la posesión y una medida precautoria de no innovar.

Ante el reclamo de la comunidad, miembros de la policía actuando a modo de sicarios de la empresa, abrieron fuego contra miembros de la comunidad hiriendo en la pierna al compañero. El disparo fue realizado por el oficial Di Marco, puesto recientemente a cargo de la Subcomisaría de Jocolí.

No satisfechos con la magnitud del atropello, la policía mantuvo a Sarmiento por más de dos horas herido en el lugar del hecho, sin proporcionarle atención de ningún tipo y amenazando que los llevarían detenidos por usurpadores, usurpadores de sus propias tierras.

Desde las 1230 hs han sido llevados detenidos a dicha Subcomisaria por averiguación de antecedentes, Pablo Sarmiento (hijo, herido), Pablo Sarmiento (padre), Victor Samiento (hijo) y otro miembro de la comunidad.

La empresa Argenceres- Elaia lleva años usurpando tierras, hecho que venimos denunciando desde hace años, teniendo como único argumento de la violencia y el atropello de las familias campesinas que habitan ancestralmente el territorio.

En el año 2011 esta empresa volteó la casa de la familia Sarmiento y alambro un sector del campo, a partir de ahí se inició un juicio que dio sentencia a favor de la familia Sarmiento por la posesión del campo en diciembre de 2015.

Recientemente y ante los reiterados atropellos, la Justicia volvió a emitir una medida precautoria contra la empresa Argenceres donde la obliga a abstenerse de ingresar y realizar acciones al campo en conflicto. Lejos de hacerlo, la empresa redobló sus intentos de usurpación contratando policías armados para custodiar sus acciones, hechos que fueron denunciados reiteradamente por la UST-MNCI.

La empresa, sus abogados, la Subcomisaría de Jocolí, la Fiscalía de Instrucción nº 16 de delitos complejos y la Fiscalía de Lavalle están notificados de las sentencias judiciales a favor de la familia Sarmiento.

Las comunidades campesinas nucleadas en la UST-MNCI llevamos años de lucha resistiendo los atropellos del Agronegocio, de sus sicarios y de una legislación que continúa poniendo al capital y al dinero por delante de la vida humana.

Denunciamos el regreso de las policías bravas y de la represión abierta y legalizada.

¡Basta de violencia hacia los campesinos!
¡Basta de represión!
¡Ni un metro más!
¡La Tierra es Nuestra!

Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra
Movimiento Nacional Campesino Indígena

Contacto: 0261-155387681

18 de febrero de 2016

Las principales preocupaciones de las familias campesinas cusqueñas fueron expuestas por la Confederación Nacional Agraria – CNA y su base la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru II del Cusco – FARTAC, a través de su estudio Diagnóstico sobre laSeguridad Jurídica de los Territorios delas Comunidades Campesinas. Los hallazgos fueron presentados a autoridades y organizaciones civiles de la región en una jornada de trabajo realizada el pasado jueves 11.12.16 en el local de FARTAC.

Comunidades reportan conflictos entre sí y contra el Estado Peruano

El estudio centra su atención en la realidad de las comunidades asociadas a la FARTAC en las provincias Cusco y Chumbivilcas. Su autora, la abogada Jocelyn Rocca, advierte que si bien es cierto la mayoría cuenta con título de propiedad, todas ellas no están georreferenciadas, es decir, no tienen límites y ubicación claros dentro de un mapa.

Esta dificultad hace que la mayoría tenga conflictos por linderos con otras comunidades, situación que afecta las relaciones sociales entre ellas. «En el caso de Chumbivilcas, los conflictos llegan a ser hasta con comunidades de Apurímac y Arequipa, lo que agudiza más el problema», expresó la especialista.

La investigación también enfatiza en el problema que tienen las comunidades campesinas ubicadas dentro de zonas declaradas patrimonio cultural y que por lo tanto son intangibles. Se genera así una superposición de derechos que no permite a las familias comuneras aprovechar sus recursos naturales para agricultura o ganadería y gozar servicios básicos de salubridad.

Esto fue remarcado por comuneros de Sacsayhuamán que estuvieron presentes en el evento. «Nosotros hemos habitado esas tierras desde antes, ahora somos maltratados y nos impiden hacer nuestras vidas con normalidad; por eso estamos en juicio en estos momentos ¿Acaso es más importante el turismo solamente? ¿Dónde está nuestro derecho como pueblos originarios», expresaron.
Otro fenómeno recogido es el desmembramiento de algunas comunidades en otras nuevas. Estas aún no cuentan con documentación que acredite sus posiciones y serían la causa del incremento del número de comunidades que faltan titular en la región.

Voluntad política para asegurar territorios comunales

Victoria Quispesivana, presidenta de FARTAC, enfatizó que el problema debe ser agenda de las autoridades. «Pedimos atención y prioridad para atender a nuestras comunidades y garantizar su titulación. Nuestra organización viene canalizando las demandas y propuestas de nuestros hermanos campesinos y esperamos que las autoridades públicas nos escuchen y apoyen para resolverlos», expresó la lideresa demandando asistencia técnica y jurídica en la región.

Por su parte, el dirigente de CNA, Antolín Huáscar señaló que este desorden y abandono en las comunidades le hace juego a intereses externos que buscan explotar recursos naturales ubicados en sus territorios. «No es posible que en la región aún existan comunidades que no estén tituladas o no se sepa dónde están, ello genera conflictos y las pone en situación de desventaja ante terceros», advirtió.

Además recordó que el actual Gobierno viene promoviendo paquetazos legislativos o normas atentatorias a los derechos de las comunidades campesinas y nativas como: Ley 30230, Ley 30327, DS 001-2015 EM, DL 1210 y DL 1192.

En su intervención, Ramiro Huamán, representante de la Dirección Regional de Agricultura del Cusco, expresó que su sector sabe de la existencia de estos problemas pero las posibilidades desde el Gobierno Regional son limitadas y hay áreas estratégicas que cuentan con débil presupuesto como la oficina de Catastro. Sin embargo, refirió la voluntad de la actual gestión por trabajar de la mano con las organizaciones como FARTAC, CNA e instituciones que ven el tema de tierras.

La Defensoría del Pueblo en Cusco, a través de Rosa Santa Cruz, refirió también la necesidad de fortalecer el trabajo a favor de la titulación de las comunidades y que ello debe empezar por la autoridad regional. Informó que su institución en 2013 solicitó información pública al Gobierno Regional sobre el estado de las comunidades campesinas y que este no contestó en su momento, lo que cual constituye una gran preocupación.

Juan de Dios Condori del Centro Bartolomé de las Casas, ratificó la preocupación por atender con acciones concretas la titulación de las comunidades y lo urgente de resolver los conflictos entre ellas, debido a que estos han ido aumentando en los últimos años. «Hemos derivado casos a la dirección de agricultura y ellos nos dan como respuesta que al entregar el título ya terminan con su trabajo, y que por lo tanto no pueden hacer más», refirieron alertando las debilidades del sector.

Titulación colectiva y saneamiento jurídico debe ser prioridad del Estado

Frente al nuevo programa de titulación PTRT-3, que el Ministerio de Agricultura está implementando coadyuvado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, la representación de CNA reafirmó que es necesario priorizar la titulación colectiva e incrementar el número de comunidades nativas y campesinas a titular.

Elvira Raffo, del Programa PROINDIGENA de Cooperación Alemana por el Desarrollo –GIZ, entidad que auspició el estudio, mostró también su preocupación respecto a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del territorio de las comunidades campesinas y alertó el reducido presupuesto público que se tiene para estos procesos.

En el evento se informó que vendrá una segunda fase de talleres con comunidades campesinas de otras provincias del Cusco para fortalecer el actual diagnóstico y reforzar los hallazgos.

Finalmente, la reunión también sirvió para hablar de la necesidad de crear una Comisión de trabajo Regional para el saneamiento y titulación de comunidades, de amplia participación. Ante ello todos manifestaron su voluntad para hacer realidad la propuesta y se espera que el representante del Gobierno Regional trasmita este acuerdo hacia el Presidente Regional del Cusco y se implemente en el breve plazo.

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Mabel Medina
Confederación Nacional Agraria CNA
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18 de febrero de 2016

Nosotras y nosotros, jóvenes campesinas, campesinos, indígenas, urbanas y urbanos provenientes de diferentes departamentos del país, nos encontramos los días 16 al 18 de febrero de 2016 en el local de Semilla Róga –Repatriación, Caaguazú– bajo la consigna de «¡Juventud que se anima a luchar construye poder popular!» para socializar las realidades que se viven en nuestras comunidades y analizar las razones, reflexionar en cómo la coyuntura social, política y económica afecta nuestras vidas, decisiones y nuestro futuro y por qué debemos seguir luchando hasta alcanzar la instalación de una patria nueva con soberanía.

Invocando a los mártires de la lucha por la tierra, a Soledad Barrett, a Francisco S. López, al Che Guevara, a Silvino Talavera y a otros héroes y heroínas cuyas memorias nos sacuden con el fuego de la mística militante, generamos debates y practicamos tareas colectivas, con alegría, esperanza y responsabilidad, endurecidos pero sin perder la ternura jamás. En ese marco de compañerismo y camaradería, reivindicamos los valores que la juventud aporta en la lucha social para alcanzar el cambio que nuestro querido Paraguay necesita, en un mundo convulsionado por los golpes del capitalismo.

NOS SOLIDARIZAMOS con las poblaciones de los territorios invadidos por la militarización, las cuales llevan más de tres años viviendo en zozobra permanente, y con aquellas que fueron gravemente afectadas por el cambio climático y han visto en ruinas su producción de renta y autosustento por causa de las inundaciones. Nos solidarizamos con las mujeres y hombres jóvenes que debido a la situación de desigualdad se ven obligados a migrar para lograr el bienestar que el Estado les niega en el lugar donde están arraigados. Nos solidarizamos también con las campesinas y campesinos acusados injustamente por la masacre de Curuguaty que hoy están soportando un juicio que a todas luces debe ser anulado, con la consecuente libertad y reparación a familiares y víctimas, así también con todas las presas y los presos políticos del Paraguay.

NOS COMPROMETEMOS EN SER PROTAGONISTAS: en el fortalecimiento de la lucha por una educación pública gratuita y de calidad; en la promoción de la Soberanía Alimentaria desde los pueblos y en el avance hacia la producción agroecológica como una prioridad al igual que la Reforma Agraria; en la preservación y rescate de las semillas nativas y criollas y en los cuidados a la Madre Tierra; en la protección de nuestros territorios que se traduce en la lucha por la tierra ante la ambición de los latifundistas, los usurpadores, el agronegocio, la ganadería extensiva y el acaparamiento de las tierras.

La realidad de injusticia nos anima a enaltecer los compromisos asumidos como juventud movilizada por la transformación social desde las trincheras de la resistencia y la incorporación al cotidiano de prácticas que se orientan hacia la construcción de una nueva sociedad más justa y más igualitaria, teniendo al feminismo campesino y popular como herramienta de nuestras luchas.

¡Juventud que se anima a luchar… construye PODER POPULAR!

Repatriación, 18 de febrero de 2016

16 de febrero de 2016

Diecisiete testigos presenciales, un testigo protegido y 11 anticipos de prueba por medio de videos, fueron presentados ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, que juzga delitos contra los deberes de la humanidad como crímenes de guerra en el caso Sepur Zarco.

La Fiscalía de Derechos Humanos y las organizaciones querellantes, buscan acreditar la responsabilidad en la comisión de los delitos de violación sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, así como asesinato y desaparición forzada, a los imputados, el coronel Francisco Esteelmer Reyes Girón y al excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

El 1 de febrero se inauguró el debate oral y público en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De acuerdo con la abogada Jennifer Bravo, de la organización querellante Mujeres Transformando el Mundo (MTM), desde el primer día de audiencias, la defensa de los imputados ha buscado suspender el proceso. «El abogado solicitó amparo provisional para que suspendiera el debate porque aparentemente tenía una enemistad con las juezas», recordó.

Los imputados se abstuvieron de pronunciarse ante el tribunal, sin embargo, Bravo explica que lo pueden hacer en cualquier etapa del debate oral y público.

Las pruebas objetadas por la defensa

Durante los 11 días de audiencias, la defensa ha objetado en relación a los anticipos de prueba que las mujeres sobrevivientes ofrecieron el 24, 25 y 26 de septiembre de 2012, ante el juez de Primera Instancia, Miguel Ángel Gálvez. En ese entonces, el juzgador decidió que las mujeres no volvieran a declarar en un tribunal, para evitar su revictimización. «El juez consideró que ellas cumplieron con los requerimientos para declarar en un órgano jurisdiccional penal», dijo Bravo.

Bravo también recordó que en 2012, durante la etapa de investigación, los abogados defensores que fungían, no realizaron interrogatorio a las declarantes, razón por la cual la defensa de ambos acusados ha reclamado una violación del derecho de defensa de sus patrocinados

Los abogados Moisés Galindo, Manuel de Jesús García y Fidencia García Orozco de Licardi, también ha objetado en reiteradas ocasiones la ausencia de una cadena de custodia de las pruebas ofrecidas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).

Presentan osamentas por primera vez en un tribunal

En el séptimo día de audiencias del juicio Sepur Zarco, la Fiscalía y las organizaciones querellantes pidieron al Tribunal de Mayor Riesgo A, que cambiara el orden de recepción de la prueba y permitiera que el perito, Óscar Ixpatá, Arqueólogo Forense, mostrara las osamentas, ropa y otros objetos analizados en su peritaje.

Ese día, por primera vez en la historia de Guatemala, se expusieron osamentas ante un tribunal. Un total de 38 cajas contenían 52 osamentas, de las cuáles fueron identificados 23 posibles individuos masculinos. Las osamentas fueron exhumadas en Sepur Zarco, en 2011 y en el antiguo destacamento de Tinajas, en 2012. Los restos guardados en las cajas pertenecían a siete hombres originarios de la aldea Semococh, Alta Verapaz, que fueron ejecutados por lo soldados.

Pruebas finales

«No solo se ha robustecido el caso con los anticipos de prueba que relatan los hechos –la declaración de las víctimas es la prueba reina, sino con peritajes de gente experta nacional e internacional que ilustra al tribunal sobre los hechos», aseguró la abogada Jennifer Bravo, de MTM.

Entre el 16 y el 19 de febrero, la Fiscalía y las organizaciones querellantes presentarán ante el tribunal, nueve dictámenes periciales y dos testimonios presenciales.

Los peritajes han sustentando los hechos narrados por las sobrevivientes y las y los testigos. Bravo dijo que: «No fue casualidad, la violencia cometida en esa región, la violencia no fue fortuita». Además, explicó que los peritajes dan mayor credibilidad a los testimonios de las víctimas.

Entre los peritajes pendientes está el de análisis de estándares internacionales sobre credibilidad en casos de violencia sexual, a cargo del abogado español Arsenio García Cores. También un peritaje cultural de la antropóloga guatemalteca Irma Alicia Velásquez Nimatuj y un dictamen pericial militar que ofrecerá el militar español retirado Prudencio García.

Finalmente, un peritaje antropológico con enfoque de género sobre la violencia sexual cometida en Sepur Zarco, realizado por la experimentada antropóloga y profesora argentina, Rita Laura Segato. El último dictamen pericial sobre Arquitectura Forense, lo realizará la arquitecta mexicana Elis Gabriela Mendoza Mejía.

Por Equipo de Comunicación MTM

15 de febrero de 2016

La quinta edición del Campamento de Jóvenes de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri tendrá lugar entre el 16 y el 18 de febrero del corriente, en el distrito de Repatriación –departamento de Caaguazú– local de Semilla Róga.

Este constituye un espacio muy importante dentro de la organización para el empoderamiento de las y los jóvenes, ya que tiene por objetivo principal la generación de oportunidades de debate, reflexiones e intercambio de ideas y experiencias.

La juventud del campo y la ciudad proveniente de diez departamentos del país –Boquerón, Pdte. Hayes, Concepción, Central, San Pedro, Canindeyú, Guairá, Alto Paraná, Itapúa y Misiones– se reunirá para atizar la mística militante a través de la formación; practicar la agroecología y el rescate, conservación e intercambio de semillas nativas y criollas; fortalecer la lucha por la tierra y el territorio desde la perspectiva del feminismo popular y apuntando hacia la construcción de la mujer nueva y el hombre nuevo para avanzar hacia una nueva sociedad.

Entre las principales temáticas a ser contempladas figuran en el programa el análisis de coyuntura nacional, un recorrido sobre la historia organizacional, el proceso de la Escuela de Agroecología de Conamuri, además de un taller sobre comunicación y derechos humanos y otro sobre salud sexual y reproductiva.

El último día se centrará en la evaluación y resultados de la actividad, además de que se dictarán tareas de investigación para contribuir con la formación integral de las y los participantes del Campamento. Estas tareas consisten en indagar sobre el censo de personas sin tierra en Paraguay, datos sobre el latifundio y las tierras mal habidas, legislación sobre reforma agraria, tierra y territorio.

Se espera la participación de cien jóvenes, en su mayoría mujeres.

«¡Juventud que se anima a luchar, construye poder popular!»