Por Marina dos Santos, de la Dirección Nacional del MST
Bajo el marco del Golpe parlamentario-empresarial que sustrae el proceso democrático para forzar la implantación de una agenda conservadora cuatro veces derrotada en las urnas, el conjunto de la sociedad brasileña viene siendo impactado con diversos ataques a derechos sociales históricamente consolidados, como la Previsión Social y la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT). Sin embargo, tememos que haya un segmento en especial en esta sociedad que constituye un eslabón bajo ataque hasta más devastador: aquellos que viven en el campo.
Trabajadores y pueblos del campo vienen sufriendo ataques de todos lados, no sólo cargan en la espalda las cuentas de la crisis capitalista a través de los cambios de legislaciones y medidas de cortes promovidas por la coalición golpista, sino que también son nuevamente blancos de amenazas, agresiones y asesinatos.
En los últimos meses ha aumentado la frecuencia con que llegan relatos chocantes de los rincones del Brasil, con escenas de brutalidad y violencia dirigidas contra trabajadores rurales, pueblos indígenas, comunidades quilombolas y demás poblaciones del campo. A finales de mayo, llegaron relatos de la región amazónica, del pequeño pueblo de Pau D’Arco, cerca de Redenção, Sur del Estado de Pará. Una vez más el mismo Estado que fue escenario de la Masacre de Eldorado de los Carajás (1996) ocupa los titulares de los noticieros nacionales e internacionales Con la sangre del trabajador rural estampando las materias: nueve hombres y la presidenta del sindicato de los trabajadores rurales del municipio, fueron ejecutados por policías que usaron el pretexto de una reintegración de posesión para cometer los homicidios. La escena del crimen fue alterada por los propios policías, lo que dificulta la pericia, sin embargo, de antemano, ya se percibe nítida divergencia entre los testimonios de los asesinos y los de los trabajadores sobrevivientes. Según los trabajadores, la versión de que hubo conflicto entre ocupantes y policías es falsa: «¡ellos llegaron a disparando!», afirmó más de un sobreviviente. No bastaría la completa falta de respeto a los procedimientos establecidos en Pará para reintegraciones de posesión, las escenas promovidas por los policías (hasta ahora no identificados) fueron crueles. Según los relatos, aquellos que no habían sido baleados por la espalda al intentar huir fueron todos agredidos con patadas, aún estando dominados, y apuntados a la quema de ropa.
A principios del mismo mes, un grupo de indígenas de la etnia Gamela fue atacado con armas de fuego y machetes en las tierras inmemoriales donde viven, en Viana, en Maranhão, en una acción orquestada por los terratenientes de la región, que disputan las tierras indígenas. Dos indios tuvieron sus manos mutiladas y otros 13 resultaron heridos. Días antes, el 20/04, otra matanza chocó el país. Diez trabajadores rurales fueron víctimas de una masacre, promovida por hombres encapuchados, en Colniza, Norte de Mato Grosso. También en el mes de abril, el dirigente regional del MST en Periquito-MG fue cobardemente asesinado en un contexto de conflictos por tierra en la puerta de su propia casa.
Los casos aparentemente sin conexión encuentran una conexión, sin embargo, con el contexto político de recrudecimiento del conservadurismo y del ascenso de las fuerzas golpistas. Está en la correlación de fuerzas entre capitalistas y trabajadores la clave explicativa que nos permite conectar las violencias institucionales a las violencias de las matanzas y amenazas. En un país en que una autoridad pública, como un diputado federal, tiene la osadía de proponer como legislación el retorno de condiciones análogas al feudalismo para la remuneración de trabajadores rurales (con techo y comida, y no salarios!), ¿qué podríamos esperar de la acción de un bruto dueño de tierras alejadas de los grandes centros urbanos? Violencia e impunidad en las tierras sin ley, por obvio.
La absurda medida arriba mencionada se refiere a una propuesta de reforma laboral orientada especialmente para el trabajador rural, pero no viene aislada. Se encuentra dentro de un conjunto de medidas de la coalición golpista medios-Congreso-Presidencia. Entre las medidas que afectan a los campesinos en específico, además de las que alcanzan el mundo del trabajo como un todo (como la PEC del techo de los gastos), están: el cierre del Ministerio de Desarrollo Agrario, la congelación de presupuestos destinados a la agricultura familiar y, aprobado el día 1 de Junio en el Senado, el PLV 12/ MP 759. La Medida Provisoria, transformada en Proyecto de Ley de Conversión en trámite en el Congreso, es el sepulcro de la política de Reforma Agraria, pues municipaliza la misma (cuando sus principales enemigos son los que ocupan cargos en las estructuras locales), elimina los movimientos sociales del proceso de elección de las familias y abre brecha para una regulación indiscriminada de tierras apropiadas ilegítimamente (grilajem). En un horizonte bien tangible está también el proyecto de ley que permite la venta de tierras para extranjeros, ya criticado hasta por las Fuerzas Armadas. Todas las medidas son aplaudidas de pie por la bancada ruralista.
Sin embargo, advertimos que la coyuntura es dinámica y que la historia de los pueblos del campo está marcada por procesos de resistencia. Nuestra resistencia en este momento coyuntural, como movimientos de lucha por el derecho a la tierra, implica una capacidad de influir en la reanudación democrática del país. Nuestro éxito está en el derrocamiento de este gobierno y de este congreso, por eso nos levantamos en todo país y hacemos también el llamado a la solidaridad global: «¡Fuera Temer! ¡Elecciones Directas Ya en Brasil! «.
