Mes: agosto 2011

Miércoles 17 de Agosto de 2011

Resolver el problema agrario, un paso de gran significado para alcanzar la paz en Colombia

1. UN ENCUENTRO HISTÓRICO POR LA PAZ

Queremos en primer lugar, desde la Marcha Patriótica saludar el valeroso esfuerzo y reconocimiento a los organizadores del Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrosdescendientes e Indígenas por la tierra y la paz de Colombia que sin lugar a dudas arrojará importantes propuestas que contribuyan a la construcción de ese largo y escabroso camino hacia la paz.

Sabemos que existen fuerzas, provenientes desde los sectores poderosos que se oponen a este anhelo nacional, quienes no solo han estado vinculados al poder del Estado, sino también al poder latifundista, militarista y mafioso; que se han lucrado ilícitamente. A la vez que se benefician de la guerra interna que se desarrolla en nuestro país, en contra de la voluntad de las grandes mayorías colombianas.

Estamos seguros que nuestras voces se multiplicarán por millones en este duro pero incansable compromiso en la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado, de tal manera que favorezca y permita vivir a la mayoría de los colombianos/as en una sociedad incluyente, democrática, dentro del marco de la justicia social y la solidaridad.

Es en esa dirección que presentamos el presente documento con una mirada desde el campesinado sobre la problemática agraria como una de las causas de mayor complejidad en la dinámica y desarrollo del conflicto social y armado. Proponiendo a su vez salidas a corto, mediano y largo plazo que nos conduzcan a afianzar una perspectiva de paz entre los colombianos.

2. EL PROBLEMA AGRARIO UNA DE LAS CAUSAS A RESOLVER HACIA EL CAMINO DE LA PAZ:

Cuando analizamos algunas de las causas que le dieron origen al conflicto social y armado que vive el país por más de cuatro (4) décadas; es imperativo referirnos al problema agrario aún no resuelto y su nuevo dinamismo, como una de sus causas, si no la más importante, sí quizás la más clave, no solo para entender el origen del conflicto colombiano, si no el enlace que ésta tiene entre la continuidad de la guerra o el camino que nos conduzca a la paz en nuestro territorio nacional. Es este marco que hoy debemos abordar el problema agrario y su nuevo dinamismo; que tiene que ver no solo con el tema de la necesidad urgente de democratización de la propiedad de la tierra a través de una profunda y estructural ley de Reforma Agraria que resuelva de una vez por toda el viejo conflicto entre la gran propiedad latifundista y el campesinado desposeído o minifundista, si no que además tiene que ver con la usurpación de los territorios por los nuevos dueños transnacionales, del capital mundial inversionistas extranjeros que se apoderan de la propiedad rural, se trata también de las concesiones mineras, la explotación petrolera, carbonífera, el desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos e infraestructura viales inconsultas con las comunidades campesinas, la privatización del agua, los páramos y bosques naturales, el deterioro del medio ambiente, el saqueo de los bienes naturales y la biodiversidad, la implementación de las semillas y producción transgénica, la expansión de los grandes agronegocios, la producción de agrocombustible a gran escala, la reconcentración de la propiedad y el desplazamiento forzado, el tratamiento de guerra a las comunidades productoras de cultivos de uso ilícitos, las patentes y el desmonte de la institucionalidad pública de apoyo al sector agropecuario, entre otras. En consecuencia la falta de políticas públicas que fortalezcan la economía campesina, base de la soberanía alimentaria, el bienestar y la paz de los colombianos.

Este modelo depravador que está basado en la profundización de las políticas neoliberales agenciadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio y demás organismos que el imperialismo utiliza como instrumento para el saqueo y el despojo de los territorios y demás bienes naturales de los pueblos del campo; particularmente en Colombia, el reciente Plan Nacional de Desarrollo y sus locomotoras mineroenergética y agroindustria o agricultura comercial, se rigen por estos mandatos en desmedro de la economía campesina. Este es un modelo de desarrollo que relega al campesinado a un segundo plano, dando prioridad a los agronegocios, agrocombustibles, a la venta de servicios ambientales, a la comercialización de la biodiversidad y al deterioro de los ecosistemas y medio ambiente, conllevando a consecuencias desastrosas a la población colombiana por la falta de alimentos, tal como ya lo considera la FAO en el sentido de que Colombia es una país con crisis alimentaria. Es entonces, imperativo cambiar de rumbo y construir un nuevo modelo alternativo donde el centro sea el desarrollo humano, el uso racional de los recursos y bienes naturales, la defensa de los territorios y de los pueblos del campo, garantizando a su vez la soberanía alimentaria a través de una política agraria, basada en la democratización de la propiedad rural. Delimitando la gran propiedad latifundista, fomentando a su vez el uso adecuado y social de la propiedad rural.

Como vemos el conflicto agrario tiende a agudizarse cada vez más, al mismo tiempo que surgen nuevas dinámicas a su interior que aceleran con mayor fuerza una de las causas que dieron origen al conflicto social y armado en Colombia.

3. EL CAMPESINADO, NECESARIO PARA ALCANZAR LA PAZ

Más de 12 millones de compatriotas viven hoy en el campo colombiano, con una producción diversa y de economía campesina. A pesar de que el campesinado, ha sido declarado inviable por los teóricos criollos del neoliberalismo en el país y de haber sido excluido como sujeto político de derechos en la Constitución de 1991 y de los efectos nefastos de la apertura económica de los años 90, la violencia narcoparamilitar y el sometimiento a la exclusión social por el Estado y sus gobiernos de turno, el campesinado sigue siendo un factor decisivo en la vida nacional, capaz de seguir produciendo más del 50% de los alimentos que consumimos los colombianos con tan solamente menos del 9% de la propiedad rural. Es allí donde radica la importancia y necesidad del campesinado. Un país que produce sus propios alimentos, es un país con soberanía nacional, con soberanía, seguridad y autonomía alimentaria; sin producción propia de alimentos seremos un país aún más vulnerable, sin futuro, condenados a la desintegración y a la guerra interna permanente.

Desde ese punto de vista, el actual modelo de desarrollo que se lleva a cabo en el campo colombiano, basado en la gran agricultura comercial, de los agronegocios para la exportación, los agrocombustibles, ahora fortalecidos en las locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo, dos de ellas la mineroenergética y la agroindustrial, que presionará aun más a los territorios y a sus habitantes. Este es un modelo inviable, que profundiza la desigualdad social en el sector rural colombiano, además de convertirse en un agente agitador de la violencia, el saqueo, los monocultivos y la destrucción de los mejores suelos de la Nación que favorece la concentración de la propiedad rural. Es ante todo un proyecto altamente excluyente, depravador, que destruye la identidad y cultura campesina, colocando a la población rural en el abismo de la guerra.

El actual Gobierno colombiano pretende ahora entregar mayores herramientas a ese modelo que ha demostrado su fracaso y que sobrevive gracias a los altos subsidios disfrazados que le otorga el Estado. Se trata de la resurrección del Estatuto de Desarrollo Rural aprobado en forma autoritaria por el Congreso de la República en el 2007 y luego declarado inexequible por la Corte Constitucional en el 2009. El nuevo esperpento de Ley que propone el Gobierno, basado como hemos dicho en el derogado Estatuto de Desarrollo Rural está dirigido a crear las condiciones que le permitan a la gran hacienda latifundista su modernización, convirtiéndolas en grandes agronegocios para la exportación de materia prima hacia los países desarrollados. A su vez es una propuesta anticampesina que desconoce al campesinado, a su economía, desprotegiendo la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria de la población colombiana, privilegiando las alianzas y cadenas productivas, de la misma manera el uso de los territorios para la explotación minera.

En síntesis, podemos decir que la demagogia gubernamental sobre restitución de tierras y Ley General Agraria, en vez de resolver la grave problemática que viven los pobladores rurales y las víctimas de la violencia paraestatal se agudizarán con la propuesta gubernamental, teniendo en cuenta que ésta legaliza los años de violencia y propicia una nueva ola de despojo a lo largo y ancho del territorio nacional; al mismo tiempo que niega la participación real de las organizaciones campesinas en las decisiones y direccionamiento de los programas de desarrollo rural, también limita la participación de las mujeres rurales, debilita los territorios indígenas y afrodescendientes.

Todo lo anterior nos convoca a la reflexión y acción política colectiva que nos permita detener la máquina diabólica del desarrollo a ultranza del despojo, el saqueo de los territorios, la destrucción de los ecosistemas y la continuación de la violencia contra el campesinado, pero ante todo lograr la permanencia de la población rural en el campo, cimiento seguro para una salida política del conflicto social y armado y el logro de una paz duradera en nuestra Nación.

4. EL CAMPESINADO CONSTRUYE SU PROPIA PROPUESTA POLÍTICA AGRARIA Y POPULAR, UN APORTE QUE CONTRIBUYE A LA PAZ NACIONAL

A diferencia de lo que piensan los neoliberales, que dicen que los campesinos no tienen propuestas y que su discurso es contestatario, lo que estamos viendo es un campesinado que se está articulando regional y nacionalmente, un movimiento campesino que colectivamente construye iniciativas políticas y se moviliza en su defensa. Es así como en el año 2003 éste propone al país el Mandato Nacional Agrario, se trata de la más importante iniciativa desde la sociedad colombiana, en materia de política pública para sacar el campo de la situación de crisis a que ha sido conducido por las políticas neoliberales llevadas a cabo por los sucesivos Gobiernos del orden nacional, a pesar de la exigencia de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendiente para que éste se pusiera en marcha a través de una ley marco, lo que se sintió fue el silencio gubernamental y las políticas represiva a las justas demanda del Movimiento Campesino, indígena y afrodescendiente colombiano.

En esa misma dirección el ahogo y tratamiento de guerra a las propuestas de las comunidades campesinas productoras de cultivos de uso ilícito, sobre una solución concertada que permita dar salida a una de las problemática de mayor incidencia social y ambiental que viven extensos territorios y comunidades excluidas de cualquier posibilidad de desarrollo e integración nacional.

Hoy nuevamente el Movimiento Nacional Campesino, se presta a presentar su proyecto de Ley Agraria y Popular, que busca hacer efectiva el Mandato Constitucional en sus artículos 64, 65 y 66 referente al acceso democrático a la propiedad de la tierra y la defensa de la producción de alimentos, del mismo modo lo dispuestos en los artículos 7, 40,43, 58, 63, 70 y 79 de la Carta Política y los incisos 2 y 3 del artículo 13 y 2º del artículo 103 de la misma carta. Que en forma sucinta promueve el reconocimiento y protección a la diversidad étnica, el derecho a participar en la conformación, ejecución y control del poder político, velar por el cumplimiento de los derechos de la mujer rural, velar por el cumplimiento de la función social de la propiedad, la promoción y acceso a la cultura y garantizar un ambiente sano para todos los colombianos, también busca garantizar la reconstrucción de la institucionalidad pública que le presta servicios a la población rural colombiana, entre otros.

El proyecto campesino sobre Reforma Agraria es una propuesta de construcción colectiva desde el campesinado y sectores populares, que abre las puertas al fortalecimiento organizativo, social, económico, político y cultural. Consolidando las potencialidades que posee la economía campesina; es a su vez un aporte político, que una vez aprobado por el Congreso de la República contribuirá sin lugar a dudas a sentar la bases de un gran pacto social de paz y de desarrollo sostenible de la Nación, sobre la base de la producción y apoyo a la economía campesina. Es el principio del fin de la gran propiedad latifundista y ociosa, generadora de violencia, exclusión social, dependencia alimentaria, saqueo y despojo de los territorios y el desconocimiento a la verdadera participación con poder de decisión.

5. ELEMENTOS HACIA UNA RUTA DE DIALOGO Y PACTO DE PAZ

Desde los sectores sociales y en particular desde las organizaciones campesinas vinculadas a la Marcha Patriótica compartimos la necesidad urgente de encontrar un camino diferente al de la confrontación bélica para darle salida y ponerle fin al complejo y largo conflicto social y armado que vivimos los colombianos. Para ello exhortamos al Gobierno Nacional que preside Juan Manuel Santos, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP y al Ejército de Liberación Nacional E.L.N., a iniciar de forma inmediata un proceso de acercamiento y acuerdo de diálogo, el cual debe contar con el respaldo y acompañamiento de la sociedad civil colombiana; de igual forma de la comunidad internacional.

Con el propósito de aportar elementos en la construcción de una agenda de diálogo y pacto de paz, proponemos los siguientes puntos que atañen a resolver una de las causas que han ayudado a profundizar el conflicto, que tiene que ver con el problema agrario; y que esperamos se tengan en cuenta a la hora de un diálogo y pacto de paz.

1. Garantizar el acceso democrático y masivo del campesinado y comunidades étnicas rurales a la propiedad de la tierra, a través de una Ley General de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria. Para ello, el campesinado ha presentado una iniciativa que recoge el sentir y las necesidades más inmediatas en materia del Conflicto Agrario.

2. Construcción de una política agraria incluyente cuya base sea el Mandato Nacional Agrario, propuesta de las comunidades rurales hacia una política pública para el sector rural colombiano.

3. Desarrollar políticas en defensa y respeto por los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, los bienes naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, los recursos hídricos, los páramos y bosques naturales.

4. Se debe promover y garantizar el fortalecimiento de las zonas de reservas campesinas dentro de la frontera agrícola, los Resguardos indígenas y los territorios colectivos de las comunidades negras, de tal manera que se proteja su identidad cultural, su cosmovisión y cultura ancestral.

5. Proteger constitucionalmente la producción nacional agraria, subsidiando la producción de economía campesina y gravando con aranceles las importaciones de aquellos productos alimenticios que podamos ser autosuficientes.

Derogar los acuerdos que lesionen la producción nacional, propendiendo por la construcción de la comunidad económica de Naciones Latinoamericanas y del Caribe.

6. Promover los modelos de agricultura agroecológicos, los saberes tradicionales, el conocimiento ancestral y en general el apoyo a la economía campesina base de la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria.

7. Se debe desarrollar políticas dirigidas a la protección y multiplicación de las semillas tradicionales y nativas, fortaleciendo la cultura del intercambio, el mercado comunitario, el trueque de saberes y productos entre las comunidades rurales.

De la misma forma, la prohibición del uso, fabricación y producción de semillas transgénicas, de paquetes tecnológicos y patentes, que en general atenten contra la soberanía alimentaria de los colombianos.

8. Acordar y desarrollar un programa concertado con las comunidades rurales productoras de hojas de coca, que garantice una vida digna al campesinado de las regiones afectadas por esta problemática.

9. Promover la garantía constitucional y efectiva al campesinado del derecho a la salud y pensión, la educación en todos los niveles, el agua potable y demás bienes fundamentales para una vida digna.

10. Reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos y sector social diferenciado, con identidad y cultura propia y garantizar la de los pueblos indígenas y comunidad afrodescendientes.

11. Devolución inmediata de las tierras y demás bienes despojados violentamente al campesinado durante la última etapa de la violencia en Colombia. Compromiso del Estado de justicia, verdad, reparación y no repetición

¡MARCHA PATRIOTICA

CABILDO ABIERTO!

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 17 de Agosto de 2011

Los abominables hechos acontecidos en los últimos días en el Bajo Aguan, parecen indicar que es el inicio de una nueva etapa, donde la guerra de baja intensidad la cual se ha venido dando en esa zona del país adquiere una nueva dimensión, que generara como resultado el incremento de la violencia en contra de los grupos de campesinos organizados.

El conflicto del Bajo Aguan surge del acaparamiento de tierras efectuado en la década de los años 90 del siglo pasado, cuando durante la administración de Rafael Callejas se dio la contrareforma agraria, auspiciada por los organismos financieros internacionales; generando como resultado más de 400 mil familias sin tierra en el país, convirtiéndo ciertas zonas en potenciales conflictos sociales.

El palmero de la muerte, Miguel Facusse, se ha convertido en el epicentro de la discordia nacional, ante su tendencia a promover despojos y utilizar su ejercito privado para imponerse en las zonas que pretende apoderase o las que ya ha logrado establecerse.

Los hechos acontecidos el pasado domingo en la finca «Paso Aguan», propiedad del palmero de la muerte, en donde fallecieron cinco guardias privados, ha sido manejado por los medios de comunicación nacional, sobre todo por la prensa escrita afín a la SIP, como una invasión más a las plantaciones de palma africana.

El representante de la compañía de Miguel Facusse, Corporación Dinant, Roger Pineda

(1),señaló que los responsables del ataque pertenecen a los movimientos campesinos MUCA y MARCA. Sin embargo “Las autoridades policiales consideran que en el sector conflictivo hay otro tipo de intereses y no por parte de los grupos campesinos que demandan la tenencia de la tierra, sino de supuestos narcotraficantes” (2).

La violencia en el Bajo Aguan y la noción difundida por los medios de comunicación de la existencia de fuertes grupos armados en la zona, ha sido aprovechado por el Ministerio de seguridad para iniciar un operativo militar denominado Xatruch II.

Con el anuncio público del Palmero de la Muerte de la suspensión unilateral del acuerdo de venta de 4.075 hectáreas al Estado, con el propósito de traspasarlas a los grupos campesinos organizados, el Bajo Aguan se convierte en una zona de guerra asimétrica, donde las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional, contando con el apoyo de los Estados Unidos crearán un escenario destinado a ahuyentar las familias desposeídas que han cifrado todas sus esperanzas en poder vivir en un régimen de justicia social.

Desde hace varios años existe una campaña de difamación en contra de los grupos campesinos del Aguan, instigada por los medios de prensa propiedad de Canahuati Larach – uno de los más fervientes promotores del golpe de estado – señalando la presencia de colombianos ligados a supuestos grupos subversivos. En los últimos días aparecen aves de rapiña dedicados a la práctica de un periodismo sensacionalista reviviendo la siniestra acusación. Ya en el año 2009 se había señalado la presencia de presuntos colombianos ligados a grupos paramilitares, que estarían “asesorando” a los sicarios del palmero de la muerte (3).

Es clara la esquizofrenia de la actual administración gubernamental, herederos del proceso iniciado por el golpismo, al dedicarse a crear una imagen hacia el exterior de un país que vive en una situación de normalidad, mientras la violencia llega a extremos superiores a países que viven conflictos bélicos, y la corrupción alcanza niveles graves en un país donde es parte inherente de la gobernabilidad.

El prospecto de subastar el país en retazos, conocido como Regiones Especiales de Desarrollo (RED) donde se ha escogido el territorio que va desde la Bahía de Trujillo hasta el Río Sico, una franja de cien kilómetros de largo y 25 de ancho, incluyendo de esta forma parte del conflictivo territorio del Aguan. De ahí que para realizar la republiqueta que sueña Paul Romer, el nuevo William Walker, se requiere de una “limpieza social”, y así poder desarticular cualquier amenaza para los inversionistas koreanos y canadienses entusiasmados con la nueva Banana Coast.

Para la OFRANEH el conflicto agrario del Bajo Aguan no es más que el resultado del régimen feudal impuesto por el imperio en las últimas décadas y afianzado a través del golpe de estado del año 2009. No perdemos la esperanza de ver a los grupos campesinos del MUCA y MARCA obtener de nuevo las tierras de las que fueron despojadas con artimañas en los años 90 y que les pertenece con toda la razón

 

Miércoles 17 de Agosto de 2011

Desde el 31 de agosto al 2 de septiembre del corriente se realizará el “Foro por la Soberanía Alimentaria”, por iniciativa de organizaciones campesinas locales articuladas en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina, además de Base Investigaciones Sociales (BASE IS) y tendrá lugar en el local del PRODEPA del Ministerio de Educación y Cultura, ubicado en el Km. 4.5, sobre la Avda. Eusebio Ayala.

El objetivo de estas jornadas es profundizar el debate sobre la soberanía alimentaria, a partir de paneles sobre los riesgos y amenazas a la gestiones de bienes y recursos naturales y otros temas relacionados con las semillas; amenazas a las poblaciones rurales; normativas ambientales; agua; minería a cielo abierto; militarización de territorios y criminalización de la lucha, entre otros.

Se estima la presencia de unas 150 personas de las organizaciones de la CLOC/Vía Campesina y organizaciones fraternas nacionales, junto con estudiantes del Instituto Agroecológico Latinoamericano, IALA Guaraní.

Durante el Foro se realizará el lanzamiento de la “Campaña por la Soberanía Alimentaria”, que pretende promover la participación de las poblaciones urbanas junto a las rurales en los esfuerzos por recuperarla y promoverla; busca también la difusión de las informaciones recogidas en un observatorio en proceso de construcción, que sirva de instrumento para concretar denuncias contra las empresas del agronegocio y visibilizar los riesgos y amenazas que afectan a las poblaciones campesinas e indígenas, así como urbanas, en el marco de la pérdida de la soberanía alimentaria, e impulsará, igualmente, la agroecología como propuesta de confrontación al modelo agroexportador y dependiente.

La unidad entre campo y ciudad es fundamental para comprender la coyuntura mundial que se refleja en el aumento de los precios de los alimentos, el acaparamiento de tierras y la presencia de migrantes internos en las ciudades, producto de la expulsión de sus tierras y la búsqueda de alternativas y experiencias que recuperen la dignidad.

Paraguay es uno de los países cuya soberanía alimentaria se ve gravemente amenazada por el modelo agroexportador y los agronegocios, cuya expresión más agresiva se da con los monocultivos de soja, la introducción de semillas transgénicas y el uso indiscriminado de los agrotóxicos.

Como consecuencia de este modelo, hay una mayor concentración de tierra (el 2,6% de la población posee el 85,5% del territorio nacional), pérdida de la calidad del suelo y el agua, reducción de la biodiversidad; el deterioro de la calidad de vida, el aumento de enfermedades vinculadas al uso indiscriminado de agrotóxicos, entre otros efectos palpables en la realidad cotidiana del campo, tanto en las comunidades indígenas como en los asentamientos campesinos.

 

Miércoles 17 de Agosto de 2011

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO – CUT, denuncia ante la comunidad nacional e internacional, sobre llamadas dudosas que vienen realizando personas extrañas al celular del compañero Hubert de Jesús Ballesteros Vicepresidente de Fensuagro

HECHOS:

1. El día 16 de agosto de/11, la Secretaria de Derechos Humanos de Fensuagro fue informada sobre las llamadas extrañas que vienen haciéndole al compañero Hubert de Jesús Ballesteros Vicepresidente de Fensuagro, desde los celulares de números 3207657035 – 3128335630 y 310 8403745, donde vienen marcando insistentemente desde hace mas de 20 días, desde finales del mes de julio/11 y lo que va corrido del mes de agosto/11, cuando el compañero Hubert contesta, la persona que llama no contesta, sino que se escucha del otro lado como personas conversando y como si el celular lo tuvieran en altavoz.

 

2. Ante esta situación el compañero Hubert ha devuelto la llamada de manera inmediata como lo hizo el día de hoy 16 de agosto/11, siendo aproximadamente 01:15 p.m. al número 310 8403745, después de haber recibido la llamada de este número, pero lo extraño de la situación es que al llamar aparece como si estuviera apagado.

3. Señalamos con mucha preocupación sobre estos hechos que son violatorios a los derechos fundamentales consagrados en la constitución nacional como es, el derecho a la intimidad personal, familiar y el buen nombre, hechos, que pueden ser utilizados para cualquier montaje judicial en contra del compañero Hubert o de otro compañero miembro del Ejecutivo Nacional de Fensuagro – Cut, para posteriormente ser detenidos como ha ocurrido en otros casos.

SOLICITAMOS AL GOBIERNO NACIONAL:

1. A la Fiscalía General de la Nación, se investiguen a quien corresponde estos números de teléfono y por qué razón se realizan este tipo de llamadas al compañero Hubert, que son bastante extrañas.

2. Protección para los compañeros miembros de Fensuagro, que continúan en constante riesgo.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Acompañamiento, seguimiento y monitoreo a la gravísima situación de violación de derechos humanos, que vienen ocurriendo con los campesinos filiales de Fensuagro en Colombia y que el estado debe ser el garante de los derechos constitucionales de los colombianos y colombianas.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

FENSUAGRO – CUT

COLOMBIA

 

Martes 16 de Agosto de 2011

«A tecnologia Terminator é uma panaceia para as transnacionais de sementes, porque lhes permite aumentar de forma exponencial a dependência dos agricultores, já que estes estariam obrigados a comprar sementes delas a cada ano, porque as sementes se tornam estéreis depois da primeira colheita.»

Apesar de o Convênio de Diversidade Biológica das Nações Unidas – CDB ter adotado uma moratória global conta a experimentação e o uso da tecnologia Terminator dez anos atrás, tramita no Congresso Nacional brasileiro dois projetos de lei que pretendem liberar o uso dessas sementes no país. As iniciativas são “extremamente preocupantes” e propõem a criação de uma “lei que é contra a soberania alimentar”, declara Silvia Ribeiro à IHU On-Line.

De acordo com a pesquisadora, a tecnologia Terminator foi desenvolvida pela empresa Delta & Pine, propriedade da Monsanto, em parceria com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. “Trata-se de uma tecnologia transgênica para fazer sementes suicidas: são plantadas, dão fruto, mas a segunda geração torna-se estéril, para obrigar os agricultores a comprar sementes novamente em cada estação”, explica.

Atualmente, seis transnacionais controlam as sementes transgênicas plantadas no mundo. Destas, cinco “têm patentes do tipo Terminator” e três “detêm mais da metade do mercado global de sementes (53%)”, informa. Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, Silvia critica os projetos de lei (PL) de autoria da senadora Kátia Abreu (DEM-TO) e do deputado Cândido Vaccarezza (PT) e enfatiza que, se o Brasil aprová-los, estará «entregando a possibilidade de decidir sobre a sua própria alimentação”.

Silvia Ribeiro é pesquisadora e coordenadora de programas do Grupo ETC, com sede no México, grupo de pesquisa sobre novas tecnologias e comunidades rurais. Ela tem ampla bagagem como jornalista e ativista ambiental no Uruguai, Brasil e Suécia. Silvia também produziu uma série de artigos sobre transgênicos, novas tecnologias, concentração empresarial, propriedade intelectual, indígenas e direitos dos agricultores, que têm sido publicados em países latino-americanos, europeus e norte-americanos, em revistas e jornais. Ela é membro da comissão editorial da Revista Latino-Americana Biodiversidad, sustento y culturas, e do jornal espanhol Ecología Política, entre outros.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – O que é a tecnologia Terminator?

Silvia Ribeiro – Trata-se de uma tecnologia transgênica para fazer sementes suicidas: são plantadas, dão fruto, mas a segunda geração torna-se estéril, para obrigar os agricultores a comprar sementes novamente em cada estação. Ela foi desenvolvida pela empresa Delta & Pine (agora propriedade da Monsanto) com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

Cinco das seis transnacionais que controlam as sementes transgênicas plantadas em nível mundial têm patentes do tipo Terminator. A Syngenta é a que tem o maior número dessas patentes. As empresas que desenvolveram a tecnologia Terminator a chamaram de “Sistema de Proteção da Tecnologia”, porque ela serve para promover a dependência e impedir o uso de sementes sem lhes pagar royalties pelas patentes. Em seus primeiros folhetos de propaganda, elas asseguravam também que é para que “os agricultores do terceiro mundo deixem de usar suas sementes obsoletas”.

Nesse momento, elas mostravam claramente as suas intenções: acabar com as sementes campesinas e com o irritante fato de que a maioria dos agricultores do mundo (campesinos, indígenas, agricultores familiares) usam suas próprias sementes em vez de comprá-las no mercado.

IHU On-Line – Por que o Brasil tenta aderir à semente Tarminator se, no ano 2000, o Convênio de Diversidade Biológica das Nações Unidas – CDB adotou uma moratória global contra a experimentação e o uso da tecnologia Terminator?

Silvia Ribeiro – A tecnologia Terminator é uma panaceia para as transnacionais de sementes, porque lhes permite aumentar de forma exponencial a dependência dos agricultores, já que estes estariam obrigados a comprar sementes delas a cada ano, porque as sementes se tornam estéreis depois da primeira colheita. Não é como os híbridos, que, na segunda colheita, dá menos quantidade ou uma qualidade diferente, mas é uma semente que «suicida»; ela se torna totalmente estéril.

Por isso, as multinacionais tentaram, desde a aprovação da moratória internacional no ano 2000, por diversas vias eliminá-la. Agora, isso se manifesta mais claramente no Brasil, onde existem duas propostas para acabar com a proibição do Terminator hoje existente.

Se isso for obtido, o próximo passo será o de que o Brasil tentará mudar a moratória em nível internacional, porque se não o fizer, ao aplicar a Terminator, violará a moratória. Por isso, a discussão sobre esse tema no Brasil tem uma relevância mundial.

IHU On-Line – Quais são as implicações das sementes Terminator para a agricultura?

Silvia Ribeiro – A Terminator impede um ato que é a base de 10 mil anos da agricultura: cultivar e selecionar sementes da própria colheita e replantá-las para a próxima. As sementes são a chave para toda a rede alimentar. Quem controla as sementes controla a cadeia alimentar.

Por isso, as transnacionais químicas têm tentado fazer isso nas últimas três décadas, monopolizando o mercado global de sementes, comprando a maioria das empresas de sementes. Hoje, somente três empresas transnacionais, cuja origem é a produção de tóxicos químicos e agrícolas (Monsanto, DuPont, Syngenta), detêm mais da metade do mercado global de sementes (53%) e, entre as 10 maiores, controlam 73% do mercado global de sementes comerciais.

Apesar desses números tão alarmantes, a grande maioria das sementes do mundo continua nas mãos dos camponeses e dos agricultores familiares, que usam suas próprias sementes ou as misturam ocasionalmente com sementes comerciais.

Além disso, os grandes agricultores, nas variedades que dão bom resultado, continuam usando parte de sua colheita como sementes para replantio. Por isso, as empresas querem usar medidas tecnológicas que lhes garantam maior dependência e controle.

A consequência de usar a Terminator é que um punhado de fabricantes tóxicos transnacionais irá decidir o que vai ser plantado e o que todos os demais irão consumir.

IHU On-Line – Que ameaças de extinção e de modificação as sementes Terminator podem causar à biodiversidade?

Silvia Ribeiro – Todas as variedades que comemos hoje em dia em todo o mundo estão baseadas na criação, seleção, ressemeadura e intercâmbio de variedades entre agricultores/as e indígenas, processo que continua vivo e atuante. As diferentes culturas, gostos, situações geográficas e climáticas, a pequena escala e a necessidade de prevenir as condições mutantes criaram uma enorme diversidade agrícola, que também maneja e interage com a biodiversidade natural circundante. Isso significa uma grande resiliência com variedades que resistem melhor ao frio ou ao calor, à umidade ou à seca, além dos diferentes gostos e propósitos.

As Terminator são sementes uniformes que vão acabando com a diversidade à medida que são aplicadas. Em parte, porque elas se baseiam em algumas poucas variedades selecionadas pelas empresas centralmente para todo o globo ou para grandes regiões. A uniformidade produz uma enorme vulnerabilidade e mais demanda de tóxicos, o que serve ao lucro das empresas.

Mas, além disso, a tecnologia é tão complicada (se baseia na ativação de uma cadeia de genes, com a aplicação de um tóxico externo antes de cultivá-la) que, se for aplicada, certamente falhará em parte. Isso significa que os cultivos adjacentes que forem contaminados com pólen com a Terminator vão morrer (alguns), e outros continuarão levando o gene sem ativá-lo, que poderia continuar cruzando até que um químico ou alguma condição ambiental (como maior frio, calor, umidade) desate a cadeia e os esterilize.

Embora os que promovem a Terminator digam que ela é para a «biossegurança», na realidade ela multiplica os riscos: algumas plantas se tornarão estéreis, e outras continuarão se cruzando, disseminando a ameaça.

IHU On-Line – As sementes Terminator são usadas em algum lugar do mundo?

Silvia Ribeiro – Não, em nenhuma parte do mundo. O Brasil seria o primeiro país a aplicar essa tecnologia tão perigosa e imoral.

IHU On-Line – Por que o México apoiou o fim da moratória contra a semente Terminator em 2006?

Silvia Ribeiro – A Terminator não é aplicada no México atualmente. Depois da assinatura do Tratado de Livre Comércio do Atlântico Norte com os EUA e o Canadá (Nafta, em sua sigla em inglês), as transnacionais se apoderaram de quase todo o mercado comercial de sementes e insumos agrícolas no México e têm enorme peso sobre o governo.

O México, nas negociações de biossegurança, fala muitas vezes em nome dos interesses não do seu país, mas das multinacionais e dos Estados Unidos, que não fazem parte do Convênio de Diversidade Biológica, onde está a moratória da Terminator. Por isso, ele também permitiu experimentos com milho transgênico, mesmo sendo o centro de origem do milho, apesar da oposição da população, dos agricultores e dos consumidores.

IHU On-Line – Como você analisa a posição do Brasil com relação às sementes Terminator e o Projeto de Lei de Cândido Vaccarezza (PT) para liberar essas sementes?

Silvia Ribeiro – Acredito que é extremamente preocupante, já que o partido é do governo e está promovendo uma lei que é contra a soberania alimentar, tanto no Brasil como no resto do mundo. Se o Brasil a aprovar, estará entregando a possibilidade de decidir sobre a sua própria alimentação. Além disso, a proposta de Vacarezza argumenta que a Terminator é necessária para poder fazer plantas transgênicas «biorreatoras», isto é, que produzam substâncias industriais e farmacêuticas etc. Isso, por si só, apresenta enormes riscos ambientais e de saúde por causa da provável contaminação das redes alimentares.

A proposta de Vacarezza, que foi redigida por uma advogada da Monsanto, propõe que a Terminator seria para a «biossegurança», porque evitaria a contaminação provocada por essas plantas de alto risco e de outras, como árvores transgênicas.

Mas, como expliquei antes, a Terminator nunca é uma medida de biossegurança, mas sim o contrário. Isso quer dizer que a proposta apresenta um risco triplo: que sejam cultivadas plantas que poderiam ser tóxicas para a saúde se contaminarem outras; que a Terminator seja aprovada (que, sem dúvida, será usada em todas as plantas, não só nessas, porque esse é o verdadeiro interesse das empresas); e que se incentive o uso de monocultivos de árvores transgênicas, que, a todos os problemas dos monocultivos, somarão o da contaminação transgênica e a esterilidade.Sobre o processo, organizações brasileiras que acompanham o tema o descreveram assim: “Atualmente, a Lei de Biossegurança proíbe ‘a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso’ (art. 6º, Lei 11.105/05). Mas, mesmo sob o peso da moratória internacional e diante da atual proibição nacional, dois Projetos de Lei no Congresso tentam liberar as sementes Terminator no Brasil. Um é o PL 268/07, originalmente apresentado pela hoje senadora Kátia Abreu (DEM-TO), e atualmente de autoria do deputado Eduardo Sciarra (DEM-PR). E, em 2009, o deputado Cândido Vacarezza (PT-SP), que nunca atuou no campo da agricultura, apresentou o PL 5575/09, que prevê a liberação das sementes Terminator no Brasil. Em 2010, a Campanha Por um Brasil Ecológico e Livre de Transgênicos fez uma denúncia informando que o arquivo que está disponível no sítio da Câmara dos Deputados com a proposta do PL tem como origem o computador de uma das advogadas da empresa Monsanto! Esse Projeto de Lei foi muito questionado na sua tramitação na Câmara, mas, apesar disto, foi criada uma comissão especial para agilizar sua tramitação. Quando se cria uma comissão especial, o PL tramita em regime de prioridade, ou seja, diminui das 40 sessões da Tramitação ordinária para 10 sessões apenas!”.

Em junho de 2011, a Jornada de Agroecologia da Via Campesina no Paraná, com mais de quatro mil participantes, se pronunciou massivamente contra essas novas propostas de permitir a Terminator. O Seminário Internacional Cúpula dos Povos da Rio+20 Por Justiça Social e Ambiental, com cerca de 500 participantes, que foi realizada no Rio de Janeiro em julho de 2011, também se pronunciou.

As demandas ali propostas, para os poderes Executivo e Legislativo federais, foram:

– que o governo brasileiro mantenha o texto da Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05) que proíbe a utilização de qualquer tecnologia genética de restrição de uso;

– que o governo brasileiro tenha uma posição firme e clara na Convenção sobre Diversidade Biológica para manter a moratória internacional às tecnologias genéticas de restrição de uso (GURTs), garantindo, como Estado-Parte da CDB, que a moratória também se aplica no Brasil;

– que o Congresso Nacional rejeite os PLs 5575/09 e 268/07 que tramitam na casa e que os senhores deputados Cândido Vacarezza (PT-SP) e Eduardo Sciarra (DEM-PR) arquivem esses PLs da pauta do Congresso, respeitando a moratória internacional à tecnologia Terminator e garantindo a soberania nacional em relação ao uso e reprodução das sementes, à segurança e soberania alimentar dos povos, e aos direitos dos agricultores, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, ao livre uso da biodiversidade e da agrobiodiversidade.

IHU On-Line – Como você recebeu a notícia de que Graziano da Silva assumiu a direção da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO?

Silvia Ribeiro – Acredito que Graziano da Silva deve afirmar claramente a mesma posição que o diretor anterior da FAO, ou seja, de condenação da tecnologia Terminator por ser uma ameaça direta à soberania alimentar.

IHU On-Line – Qual a sua expectativa com relação à Rio+20, que acontecerá no Brasil no próximo ano?

Silvia Ribeiro – Seria uma enorme contradição e uma vergonha internacional que um país que, pela segunda vez, será anfitrião de uma conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento esteja, ao mesmo tempo, adotando uma tecnologia como a Terminator, que traz consigo grandes riscos para o meio ambiente e para a biodiversidade, e é rejeitada por todo o resto dos governos do mundo.

E que, além disso, para se ajustar aos interesses de três, quatro empresas transnacionais de sementes, tente romper a moratória internacional, algo que poderia ter consequências devastadoras sobre a biodiversidade e a soberania alimentar, não só do Brasil, mas também de tantos outros países muito mais vulneráveis, que agora estão protegidos pela moratória internacional.

Lunes 15 de Agosto de 2011

“Quiero enviar un abrazo de muchos brazos a los jóvenes valientes que nos están dando a todos una lección de dignidad democrática desde las calles de Chile. Ellos, los indignados, demuestran que hay otro país posible, heredero de Balmaceda y de Allende, y que Chile no termina en las fronteras trazadas por los resignados y los indignos. Que de eso se trata, al fin y al cabo: luchando por la educación, los jóvenes educan a todos los demás. Esta protesta enseña. Yo les digo: gracias mil y suertudas suertes en tan hermosa aventura”.

A través de este mensaje el escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de “Las venas abiertas de América Latina“, manifestó su apoyo al movimiento estudiantil chileno.

El saludo llegó a través de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), luego de que la periodista y estudiante de posgrado Valeria Osorio enviara un carta relatando las motivaciones, el estado, y las distintos problemas que ha tenido la causa.

“Sé que para los estudiantes de mi país (universo en el cual me incluyo) una sola palabra de aliento de gente que analiza constantemente la realidad latinoamericana, podría renovar las energías, la fuerza y la esperanza que se pierde día a día al ver que una causa tan noble y significativa, no sólo para ellos, sino que también para las futuras generaciones, no recibe respuesta”, manifestó la estudiante en su misiva al escritor.

La Rebelión de la juventud chilena

Rebelarse es afirmar un nuevo ideal. El perverso sistema capitalista salvaje globalizado, le impone el espíritu quietista, resignado/fatalista a la juventud, con una rutina –con mucho peloteo, Rocks, drogas, pornografía, depravación, telebasura y consumo al por mayor– en la manipulación de las ideas, hipocresía en la moral y domesticidad en la vidorria diaria. “Es lo que hay, dios lo quiere así”, lo afirman la minoría satisfecha de éste país. Todo esfuerzo por liberarse de esas coyundas es una expresión de espíritu de rebeldía. Veamos a la juventud que ha dicho ¡Basta!, en Libia luchando por su patria ante la infame invasión y bombardeo de la nazi OTAN, la juventud de España en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, etc. Los dueños de la celestina universal, la minoría de ricos parásitos sibaritas, les declara la guerra con sus aparataros militares represivos, porque ponen en peligro sus intereses y perturban “sus mentiras vitales”, que a diario machacan sus medios mediáticos de comunicación globalizados. La juventud trae un nuevo mensaje revolucionario. Los ricos y su testaferra clase política se olvidan que, de tiempo en tiempo, los grandes espíritus desafían a la Vulgata capitalista globalizada, con sus desafíos y utopías enmarcadas en verdades vitales, a las cuales, ninguna persona honesta se puede restar.

Si los ricos, opresores atiborrados, creen que pueden detener la marcha de la Humanidad descalificando al movimiento social que encabeza la juventud con motes de “delincuentes, inútiles, subversivos” se equivocan. Atención, ya la cuerda no se puede estirar más, es la hora de poner fin a las injusticias económicas, a los privilegios políticos, a la falta de justicia, a la supersticiones fundamentalistas religiosas, etc.

La rebeldía es la más alta disciplina del carácter de la persona, templa al joven en la lucha, poniendo en un mundo ideal la recompensa, que es el común destino de los grandes perseguidos: la Humanidad venera sus nombres y no recuerda el de sus perseguidores. La rebeldía, afirmaba el Prof. Viterbo Osorio Santelices, uno de los grandes ideólogos de la reforma universitaria chilena de fines de la década de los sesenta, “es eterna y creadora y una juventud sin espíritu de rebeldía es servidumbre precoz…”

Con esperanza y memoria,

 

 

Lunes 15 de Agosto de 2011

Por Raúl Zibechi

A la sombra de los grandes sucesos que sacuden el mundo y ganan los titulares de los medios, la reorganización geopolítica sigue su curso, inexorable, afianzando el multilateralismo y la emergencia de nuevos «hegemones» regionales. En Sudamérica la crisis imperial sigue alentando reacomodos silenciosos que están labrando una nueva relación de fuerzas. El 28 de julio Ollanta Humala se ciñó la banda presidencial de Perú, echando por tierra la recién estrenada Alianza del Pacífico con México, Chile y Colombia, que buscaba reposicionar la alicaída hegemonía de Washington.

El 4 de agosto se celebró el primer Foro de Inversión Colombia-Brasil, en Bogotá, con la presencia de 500 invitados, entre empresarios y autoridades, entre los cuales destacaron el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. La reunión escenificó un verdadero salto en las relaciones bilaterales entre los dos países más poblados de la región (casi 200 millones Brasil y casi 50 millones Colombia), entre el primer y el tercer producto interno bruto de la región, entre dos gobiernos que se tenían mutua desconfianza.

Desde que asumió la presidencia, un año atrás, Santos viene dando muestras de pragmatismo. Llegó al Palacio de Nariño de la mano de un ex izquierdista, el sindicalista Angelino Garzón. Apenas asumir el mando recompuso las relaciones con Venezuela y Ecuador, con los que Álvaro Uribe había tenido frecuentes crisis y rupturas. Hace pocos meses propuso a una ex dirigente del centroizquierdista Polo Democrático, María Emma Mejía, como secretaria general de la Unasur.

En el foro binacional Santos se deshizo en elogios a Lula: «Cuando me preguntan, ¿qué quiero ser cuando sea grande?, respondo: yo quiero ser como Lula». Pero fue el brasileño el que indicó caminos al señalar que la región debe pensarse a sí misma y que el futuro de los 12 países que la integran está «entre nosotros». De paso, fue una señal hacia la reunión de ministros de Economía que se realiza hoy viernes en Buenos Aires, y que debería dar un salto hacia la desconexión de la región del norte endeudado y en crisis.

Las razones de Brasil para acercarse a Colombia son evidentes. Es uno de los países más dinámicos de la región, tiene el tercer parque industrial, ofrece una doble salida al Pacífico y al Caribe para la enorme producción brasileña, a la vez que le abre el acceso a un amplio mercado para la industria paulista. Tender puentes con Colombia es un requisito imprescindible para el país que pretende erigirse en líder de la región: es la mejor forma de contener la influencia de Washington y potenciar la integración.

Colombia tiene aún demasiadas dependencias de Estados Unidos y necesita de la región sudamericana como reaseguro. El 36 por ciento de sus exportaciones se dirigen todavía a Washington y sólo 9 por ciento a China, que es el segundo destino. Necesita incrementar el comercio Sur-Sur y el intrarregional para no verse atrapada por la caída de las exportaciones hacia el norte, aquejado por un largo periodo de forzada austeridad.

En otras palabras, Santos necesita cierta autonomía de Estados Unidos, sobre todo en el terreno económico, y una alianza comercial con Brasil es un paso necesario. El grueso del intercambio binacional, aún pequeño, son manufacturas, lo que conviene a ambas economías. Sin embargo, la nueva alianza se asienta en un amplio programa de inversiones en infraestructura (carreteras, puertos, hidroeléctricas), en sintonía con la IIRSA (Iniciativa para la Infraestructura de la Región Suramericana), que beneficia al comercio y a las multinacionales y perjudica a los pueblos.

Nadie debe pensar que Santos ha cambiado un ápice al fraguar una alianza con Brasil. Sigue siendo el representante de las elites que dominan Colombia desde su independencia. Prueba de ello es que el banquero Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico del país y número 75 en el ranking de la revista Forbes de los millonarios del mundo, demandó en el foro un TLC con Brasil y pidió la asociación entre las bolsas de valores de ambos países.

Fuera de dudas, el acercamiento Brasil-Colombia fortalece a la Unasur. A finales de julio, en la reunión de presidentes en Lima con ocasión de la asunción de Humala, Santos ya había demandado una acción urgente para proteger las reservas de la región, estimadas en 700.000 millones de dólares, ante la depreciación de la moneda estadunidense. En momentos en que los principales bloques y países del mundo están tomando medidas defensivas, la Unasur está forzada a seguir los mismos pasos.

Los europeos se preparan para lanzar a principios de 2012 un mecanismo de eurobonos (Leap 2020, 17 de junio de 2011), luego de haber dado pasos serios para establecer mecanismos de gobernanza común, una suerte de «fondo monetario europeo» (Immanuel Wallerstein en La Jornada, 4 de agosto). En paralelo, el Ministerio de Hacienda de China realizará este mes la mayor emisión de bonos nominados en yuanes como paso hacia la internacionalización de su moneda. Una vez que el dólar y los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos dejaron de ser un refugio seguro, es urgente que cada región y cada país emergente ponga en pie mecanismos de protección.

Una vez más, es necesario enfatizar que un mundo multipolar es menos negativo que el mundo unipolar dominado por la Casa Blanca, el Pentágono y Wall Street. Pero puede ser tan neoliberal, desigual e injusto como el que está en crisis. El tránsito en curso no es más que una ventana de oportunidades para que los «indignados del mundo» aceleren sus «¡Ya basta!» y consigan abrir una grieta profunda en la dominación. Ya habrá tiempo, cuando las aguas vuelvan a su cauce, de debatir sobre la mejor forma de acción, si la forma-partido o la forma-red o la que sea. Ahora es el momento de empujar, de exigir más y más, de recargar el edificio del sistema con nuestras demandas para hacer que sus vigas maestras comiencen a ceder. Sólo sobre sus ruinas podemos construir un mundo nuevo.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2011/08/12/index.php?section=opinion&article=027a1pol

 

 

 

Lunes 15 de Agosto de 2011

Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Con la presencia 422 delegados de 101 organizaciones de 16 estados del país, las y los participantes de la 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales expresaron su sentir y pensar frente a la actual situación de catástrofe que ocurre en todo el mundo y de forma muy especial en México.

1. La Crisis mundial

La crisis económica mundial iniciada entre 2007 y 2008 sigue su curso de autodestrucción implacable en 2011. En la medida en que los principales Estados del mundo, liderados por el Estado norteamericano y las naciones europeas, se empeñan en no reconocer todo lo que está mal y retroceder, transformando las industrias, técnicas y objetos materiales que cada vez son más peligrosamente tóxicos y destructivos, se dedican más a rescatar gigantescas empresas financieras e industriales socialmente innecesarias.

Como parte de ese rescate se impide que ocurra la desvalorización de los capitales y riquezas nocivos, y se transfiriere violentamente una parte sustantiva de las pérdidas empresariales al sector laboral y social en todo el mundo, o bien se intenta compensar los déficits realizando violentos despojos de tierras, aguas y otros recursos naturales estratégicos entre las naciones y grupos sociales más débiles.

La reciente asignación de rescates financieros de las grandes empresas aplaza artificialmente la vigencia de los principales sectores de la vieja división del trabajo, no sólo a la industria productora de vehículos automotores y aviones, sino a la industria de la vivienda y la construcción asociada a la forzada urbanización salvaje en todo el mundo, a la minería y el petróleo asociado a ellos, a la industria química y farmacéutica, a la agroquímica, las actividades pecuarias y las cadenas distribuidoras de bienes asociados al consumismo urbano.

Adicionalmente, los Estados de los países más ricos proceden a imponer especulativa y violentamente nuevos sectores económicos ligados a la llamada “economía verde” (bonos que cuantifican, homogenizan y trafican con el CO2, las especies en extinción, las aguas en crisis, los Mecanismos de Desarrollo Limpio, las tecnologías de adaptación o mitigación al cambio climático, etc.), a las más recientes y especulativas tecnologías de punta (genómica, biología sintética, geoingeniería, nanotecnología, biomasa y otras formas de energía, etc.), así como a la cada vez más automatizada industria militar, o bien a la diversificada economía criminal en todo el mundo.

Como expresión superficial de este importante trasfondo oculto, los principales Estados del mundo también protegen los intereses de las instituciones financieras mas poderosas, promotoras no sólo de esta pervertida nueva figura de la división internacional del trabajo, sino también de todo tipo de chanchullos financieros (hedge funds) que desde hace varios años han sido ampliamente denunciados.

De ahí que cada día que pasa se agrave extraordinariamente en cada vez más regiones del mundo el endeudamiento de los principales Estados hegemónicos, la imposibilidad de poder pagar las deudas de los grandes Estados, el recorte de todo tipo de servicios estatales dirigidos a atender las necesidades de la población, la caída de los salarios, el empleo y la destrucción de los derechos colectivos de los trabajadores, la defensa alevosa de los privilegios de los grupos dominantes y hambrunas extraordinarias, el empobrecimiento de masas crecientes de población (incluso en las metrópolis más ricas), la depredación de todo tipo de recursos naturales, así como el estallido del descontento social en todas las regiones del mundo.

Como parte esta de situación económicamente catastrófica, no sólo se observa una recesión creciente en regiones metropolitanas como Europa y Estados Unidos, sino también el creciente reflejo de “rescatar” la desorganización económica y ambiental del capital. Instinto de salvación que se ve compelido a realizar rescates mediante la aplicación de cada vez más guerras entre naciones o bien mediante la creación artificial de conflictos entre la propia población, enmascaradas de conflictos intercomunitarios o bien como guerras en contra de la degeneración criminal de una población mundial cada vez más marginada y por lo mismo más criminalizada.

2. La crisis de México

De ahí la forma en que dentro de nuestro país —además del intento por perpetrar una reforma laboral que legitime nuevas marcas record de superexplotación y desempleo, el violento retorno de los que han huido a Estados Unidos, o la aplicación de masacres selectivas a los flujos de transmigrantes centro y sudamericanos— presenciamos no sólo el apuntalamiento institucional y descarado de todo tipo de despojos. De ahí la reforma jurídica promovida en el Congreso de la Unión en vistas a crear las Asociaciones Publico Privadas (APP) y también el incremento de todos los tipos de violencia económica, política, social y cultural.

Los niveles insólitos con que en nuestro país opera la economía criminal (40% del PIB), la economía informal (15% del PIB), el desplazamiento y la trasmutación de un desempleo extraordinario en la afluencia de dos decenas de miles de millones de dólares en remesas, así como el saqueo imparable (criminal y empresarial) de la industria minera y petrolera, se manifiestan curiosamente como una economía que goza de una misteriosa “salud”, ello a pesar de haber destruido la mayor parte del mercado interno, todas las cadenas industriales internas, la soberanía ambiental, la soberanía demográfica, la salud de la población, así como cada vez más condiciones naturales ambientales de la producción y la reproducción. En correspondencia con el agigantamiento de la economía criminal y la violencia estructural en todos los niveles y regiones del país, el Estado mexicano saca adelante una antidemocrática reforma a la ley de seguridad nacional, que le garantiza la implementación de un estado de sitio estructural.

Paralelamente con lo anterior se observa una completa descomposición institucional del Estado mexicano, no sólo por los niveles sin precedente de corrupción gubernamental, sino por el modo en que se aplican todo tipo de procesos de desregulación que garantizan a las empresas la superexplotación laboral, el despido de trabajadores, el despojo de los recursos naturales a las comunidades rurales y urbanas, el uso depredador de los recursos o su contaminación, el abuso sobre los derechos de los consumidores, etc. Pues además de esto, también crece el uso sistemático de las leyes, los dictados y las resoluciones judiciales, así como la aplicación de las políticas publicas y la fuerza del Estado en contra de la población. De modo que la violencia propia que implica el cumplimiento de la ley, con todos sus dictados legislativos, vigilancia y resoluciones judiciales, actualmente es dirigida en contra de los derechos de los pueblos y la justicia misma.

Como el aumento del sufrimiento cotidiano del pueblo, así como el agotamiento de la ingenuidad y la paciencia ciudadana es patente en todos lados, la proximidad de las elecciones federales en un contexto de franca desconfianza y abierta manipulación mediática de las preferencias vuleven electoralmente funcional la descomposición criminal de la sociedad, el caos aterrorizante de innúmeras masacres cotidianas cada vez más espantosas y la ultra militarización de la vida cotidiana. El clima de terror perversamente alentado tiene así la capacidad de frenar la presente necesidad de un cambio en ese modelo económico y político que hoy permite depredar y exterminar a los más pobres.

La crisis se impone en todo el mundo ha impuesto una dinámica salvaje de ”sálvese quien pueda” y México no es la excepción. De ahí la cada vez más frecuente ruptura de los equilibrios políticos tradicionales entre los diversos grupos de poder. La perdida de legitimidad del régimen del presidente Felipe Calderón expresa el modo en que este político y su grupo de interes ha necesitado aliarse con los más oscuros grupos de poder en México, desgastando como nunca antes las funciones del Ejercito y la Marina, desestabilizando las alianzas estratégicas con los diversos grupos de poder de Estados Unidos, o incluso con los principales grupos del PRI (asociados a otros intereses criminales). El inminente colapso del sistema electoral se convierte así en un indicador más del momento de peligro extraordinario en que vive el país.

Dentro de esta coyuntura electoral no sólo se impone una degradación creciente en los tres poderes de la Unión así como de las políticas públicas en los tres niveles de gobierno. A ello se suma la competencia de los políticos de todos los partidos políticos por ofertar a los grandes poderes económicos del libre comercio, una privatización cada vez más audaz de los bienes públicos y los bienes comunes, y la consiguiente entrega cada vez más profunda de la soberanía del país a los intereses del capital transnacional. De ahí la emergencia de una miríada de codiciosos políticos profesionales independientes que bajo las circunstancias actuales ya no tienen la necesidad de responderle a nadie (ni siquiera a los grupos de interés amafiados dentro de sus respectivos partidos políticos).

3. Panorama de la crisis ambiental de México y sus luchas

El ejemplo mas representativo de la profundidad que ha adquirido la crisis ambiental de México es, sin duda alguna, la crisis de nuestros recursos hídricos, por la profundidad catastrófica y la amplitud nacional que ya ha adquirido el tema. Pues actualmente predomina una muy alta y lesiva contaminación de los principales ríos de México, ocasionada simultáneamente por las industrias, la agricultura, ganadería, forestería y pesca altamente quimicalizadas, así como por las actuales dinámicas de urbanización salvaje, por la sobreexplotación y consiguiente contaminación subterránea de una parte muy importante de los acuíferos de la parte central del país, por la perdida irreversible en la capacidades de captación que originalmente tenían nuestras montañas boscosas, por el dislocamiento de los procesos de recarga de importantes acuíferos, o bien por el caótico cambio en el régimen de lluvias que ha impuesto el calentamiento global.

Aunque la extrema degradación del agua de México responde a múltiples factores vigentes desde hace muchas décadas, podemos afirmar sin errar que desde hace más de 20 años el eje principal de la devastación descansa en las políticas públicas y las prácticas gubernamentales y empresariales derivadas del libre comercio. De ahí emerge una sistemática desregulación ambiental (que esta integrada por una serie de nueva leyes y normas ad hoc, por la inobservancia de leyes y normas previamente existentes, por el mantenimiento artificial de sabidos “vacíos legales”, por la creación de candados que autoanulan las leyes benéficas, por la corrupción de funcionarios en los tres tipos y tres niveles de gobierno, etc.), que se enfoca en erosionar el carácter estratégico de nuestros recursos, así como en favorecer procesos de acumulación “rápidos y furiosos” de las más grandes empresas transnacionales. Después de veinte años de progresiva deformación del ámbito jurídico, México se ha convertido en uno de los principales paraísos internacionales de desregulación ambiental.

Gracias a ello, la actual depredación del agua, como condición general de la producción y la reproducción de toda la v ida, se ha convertido en el eje del actual proceso de devastación socio-ambiental de México. De modo que la pérdida irreversible del recurso o su conversión en vector de intoxicación general de la sociedad, expresa el modo en que el sistema económico nacional se ha acostumbrado ya a externalizar todas sus fuerzas destructivas dentro del ciclo y el flujo de este estratégico componente metabólico de la vida natural y social.

Pero en estos sucios reflejos de agua encharcada también se puede observar muy claramente la imagen de la actual degradación de la economía mundial. Pues en el mal manejo gubernamental del agua se observa cómo esa extrema contaminación tolerada y solapada en nuestros ríos y acuíferos, hoy se convierte en el punto de partida de numerosos negocios de una “nueva” economía: la construcción de costosísimas plantas de tratamiento de agua potable, que al no poder ser financiadas por los organismos operadores municipales abren las puertas de la participación de poderosas empresas privadas en la construcción de infraestructuras y venta de servicios hídricos. De modo que la producción artificial de escasez creciente de agua se ha convertido actualmente en la base de un impúdico negocio particular de empresas y autoridades federales, estatales o en ocasiones municipales.

Pero si el tema de la pérdida del agua muestra el eje general de la actual destrucción ambiental de México, el caso de la nueva minería a cielo abierto muestra a su vez la punta de lanza más agresiva que ha adquirido este proceso durante los últimos 10 años. No sólo por la forma tradicional en que la minería envenena y agota las aguas de las regiones de explotación, sino sobre todo por la forma en que el agotamiento de las reservas mundiales más ricas (el “peak” minero) ha generalizado en todo el mundo a las nuevas tecnologías extractivas de cielo abierto.

Con lo cual se han desatado en múltiples países procesos inauditos de devastación de la biodiversidad, la orografía y la hidrogeología que generan descomunales cráteres abiertos por las actuales empresas mineras (de hasta 4 o 6 kilómetros de diámetro o bien de tres o cuatro kilómetros de profundidad). A los cuales se suman los consumos extraordinarios de energía que genera la cotidiana explosión y pulverización de las rocas, o bien el acumulado de innúmeros lodos tóxicos que produce el lavado de las harinas de roca en diversos caldos químicos encaminados a extraer los ahora escasos minerales presentes en las rocas.

Aún así, las reservas mineras de México no se encuentran entre las principales diez reservas del mundo y ni siquiera resultan físicamente primordiales para la industria y la economía estadounidenses. No obstante el grado de extraordinaria desregulación ambiental que ofrece el México panista del libre comercio, combinado con la proximidad territorial que tienen nuestras riquezas con los vecinos del Norte, según la Rand Corporation han hecho del México actual la región de saqueo minero más segura para el imperio estadounidense y canadiense en todo el planeta.

Caso emblemático del estratégico manganeso, uno de los cuatro metales más importantes para toda la industria estadounidense. De ahí que México sin ser una zona de reservas de gran importancia, no obstante se haya convertido en el principal proveedor estratégico de este metal para Estados Unidos.

Lo cual se complica durante los años más recientes de la crisis económica por el encarecimiento exponencial que han sufrido el oro y la plata, como los tradicionales valores refugio durante los tiempos de turbulencia económica. Elevación de precios que vuelve cada vez más costeables a los yacimientos de mediana o baja intensidad. De ahí la presencia de unas 80 empresas canadienses en México que actualmente se dedican a prospectar, adquirir y explotar las principales regiones auríferas de México, en más de 26 mil concesiones y más de 800 proyectos mineros que gozarán de vigencia en periodos de cincuenta a cien años.

Sólo un entreveramiento de intereses coyuturales y estratégicos tan enrevesados puede explicar el modo en que la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) se ha obstinado en autorizar y defender públicamente a las empresas mineras canadienses en contra de las parcas leyes ambientales mexicanas y en contra de varios fallos judiciales emitidos por las cortes nacionales, permitiendo que las destructivas actividades extractivas de la firma canadiense Minera San Xavier se mantengan en pie, saqueando las reservas de oro en el simbólico cerro de San Pedro en San Luis Potosí.

Siguiendo idénticas pautas, el Gobierno Federal no sólo se ha esforzado en transformar la ley petrolera, para así consumar el largo proceso de privatización y desnacionalización del petróleo de México, de suerte que resulte posible a las firmas estadounidenses, en esta nueva era de perdida de control sobre las principales reservas del mundo (Medio Oriente, Norte de África, Rusia, Afganistán, Venezuela y Brasil) puedan ampliar su frontera petrolera en México y adicionalmente controlarla militar y paramilitarmente. De modo que ello es lo que actualmente rige la apertura a la inversión extranjera de las inmensas reservas de hidrocarburos de aguas profundas y someras, así como las reservas terrestres de zonas como Chicontepec, el sur de Veracruz o la región selvática de Chiapas. Lo cual amplifica cuantitativa y cualitativamente todos los riesgos ambientales ya experimentados durante muchas décadas en México, incluso con afectaciones y externalidades del tipo del desastre ocasionado por la empresa BP en las aguas profundas de Nueva Orleans.

Como es ampliamente sabido Pemex fue, durante sus mejores años, la principal y peor fuente de contaminación y destrucción ambiental de México, ocasionando inmensos daños incuantificados principalmente en la riquísimas zonas de selva tropical, humedales, manglares y aguas someras en el Sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. Ligado a ello la región vio crecer las actividades de transporte, almacenamiento, refinación y petroquímica, lo que convirtió a este complejo petrolero en una de las peores zona en el mundo por intoxicación y difusión de enfermedades degenerativas derivadas del petróleo.

No obstante, como el actual desmantelamiento de PEMEX ocurre en el contexto de una franca destrucción de la industria mexicana por cuenta del Libre Comercio, la deliberada falta de mantenimiento de la empresa coincide con el desbocamiento de una economía criminal que fomenta no sólo la ordeña de las inmensas redes de ductos de crudo, gas, gasolinas y petroquímicos, sino incluso el inaudito y descarado robo de plataformas off shore. No casualmente los accidentes petroleros de instalaciones se han disparado, ocasionando continuas fugas, derrames y explosiones fuera de control, contaminación persistente, gravísimas enfermedades de las poblaciones afectadas o incluso accidentes catastróficos como los recientemente vividos en la ciudad de Tula o en San Martín Texmelucan, Puebla.

Bajo estas circunstancias Pemex —junto a las nuevas empresas petroleras estadounidenses y españolas que ya participan activamente en el desarrollo de las nuevas actividades petroleras— hoy encabeza la lista de todas las empresas que en México destruyen el medio ambiente y la salud de la población campesina, pesquera y urbana que tiene la desgracia de vivir en las inmediaciones de todo este tipo de infraestructuras.

Otro caso mundialmente ejemplar en materia de destrucción ambiental, social y cultural es del maíz mexicano, planta sagrada por el modo en que conforma el eje civilizatorio de todas las culturas mesoamericanas, de nuestra estratégica biodiversidad agrícola, de las presentes actividades básicas de los pueblos indios, así como de toda nuestro acervo culinario y medicinal tradicional.

El maíz de México no sólo ha sido sistemáticamente atacado por el libre comercio, que se ha dedicado durante los últimos veinte años a destruir la soberanía alimentaria del país. Pues adicionalmente se ataca en un plano biológico las más de tres mil variedades de maíz, por el modo en que se ha permitido la introducción de semillas transgénicas estadounidenses en los campos mexicanos propiciando que ocurra la contaminación de nuestras semillas originales en todas las grandes regiones de México.

Contaminación que ha dejado de ser algo accidental. Pues los actuales cambios en las leyes de bioseguridad y semillas no sólo permiten la creación de inmensos centros experimentales de cultivo de maíz transgénico en campo abierto, sino que además se dedican a proteger en estados como Tlaxacala, Michoacán y próximamente en Oaxaca, los derechos de las empresas transnacionales productoras y comercializadoras de semillas transgénicas.

Como ha venido ocurriendo en otras regiones del mundo como Brasil o Argentina, ello anticipa la operación completamente libre de estas empresas en todo el territorio nacional, escalando de forma incontrolada el empleo de pesticidas, lo que ya ha llevado en esas regiones rurales hasta la afectación genética de las poblaciones que viven en las inmediaciones de estas nuevas plantaciones transgénicas.

La presente degradación de las leyes mexicanas de semillas y bioseguridad resulta adicionalmente alarmante por el modo en que avanzan dentro de nuestro país el cultivo de muchas variedades de plantas y árboles transgénicos, muy especialmente el retorno de la amenaza del llamado «maíz terminator», pero sobre todo el avance del llamado maíz bioreactor, que no es más que el moderno uso de esta planta como una sofisticada fábrica química de productos farmacéuticos, energéticos, plásticos y bélicos. Lo cual ya no implicará el uso del maíz para producir alimentos deformes y contaminantes, sino el uso completamente industrial de nuestras variedades de maíz y con ello el exterminio integral de todas las milpas y la cultura general del país

El salvaje crecimiento urbano de México, actualmente encabezado por los 22 millones de habitantes de la Ciudad de México y los ocho millones adicionales de la corona de ciudades que la rodean, se ha convertido en otro complejo frente de guerra en contra de la vida campesina y de los pueblos y barrios que ven perder sus tierras, aguas, bosques, manglares, playas y aires en manos de las empresas urbanizadoras.

La presente fase final del neoliberalismo ha sido particularmente enfática en el fomento de la producción especulativa de vivienda, que no responde a planes públicos de verdadero interés social, sino sólo a iniciativas particulares de acaparamiento de tierra y construcción caótica de viviendas e infraestructuras urbanas (carreteras, libramientos, distribuidores viales, basureros, organismos operadores de agua potable, plantas de tratamiento de agua residuales, malls, gasolineras, hoteles, universidades privadas, casinos, antros, etc).

De ahí que esta agresiva dinámica de urbanización se haya convertido en una verdadera pesadilla de privatización de múltiples servicios públicos, despojos de tierras, aguas y bosques, demolición de barrios urbanos, sobreexplotación y bloqueo de la recarga de los acuíferos, contaminación inefable de ríos, canales y otros cuerpos de agua, tierras y aires, ocasionada por el despilfarro de sustancias tóxicas, metales pesados, pinturas, basuras, plásticos y energías. Lo cual se ha salido de control por la actual política imperante de desregulación ambiental de dejar hacer y dejar pasar cualquier cosa que tenga que ver con los intereses particulares, sobre todo cuando se trata de los de las empresas transnacionales.

Así, aunque el país en realidad ha sufrido de la destrucción neta de todas sus principales industrias y centros de producción agropecuaria (provocando un enorme desempleo y el principal flujo de emigración del mundo) la calidad de las nuevas industrias y técnicas agropecuarias implantadas por el libre comercio ha ocasionado una regresión ambiental sin precedentes. Pues se le abrieron las puertas de la desregulación a las industrias maquiladoras más tóxicas del mundo (de las industrias textiles, químicas, plásticas, microelectrónicas, automotriz, etc.), a las empresas de la minería a cielo abierto, a la superexplotación petrolera, a la industria automotriz y de aviación, etc., ocasionando la putrefacción de los principales ríos del país.

Procesos que ocurren en paralelo con el desarrollo de los nuevos procesos de agroexportación de papas, algodón, hortalizas, aguacates, flores, plantaciones de biocombustibles, y nuevos organismos transgénicos, o bien con el emplazamiento de megagranjas de cerdos, pollos, camarones, etc., que no sólo agotan el agua de las inmediaciones, sino que igualmente las envenenan por el uso completamente desregulado de pesticidas y fármacos o bien con la emisión de cantidades descomunales de basuras y excrementas.

Bajo las nuevas circunstancias productivas impuestas por el libre comercio, con la promesa de la desregulación laboral y ambiental, se atrae sobre todo una inversión de capital de la peor ralea, propiciando la sobreexplotación de los recursos, así como una increíble putrefacción e intoxicación de las principales aguas y tierras de México.

Por ello, el desorden de las nuevas ciudades e industrias y de las zonas campesinas de agroeexportación del libre comercio les roban a todas las comunidades y pueblos rurales el agua de los ríos, lagos y el subsuelo, para tan sólo retornar completamente envenenadas, provocando insólitas formas de enfermedad y muerte entre las comunidades empobrecidas. Dinámica que se repite con el metabolismo campo-ciudad de las basuras sólidas municipales, hospitalarias e industriales, propiciando una pandemia cada vez más ubicua de enfermedades degenerativas como el cáncer, las enfermedades inmunológicas, las malformaciones genéticas o incluso las llamadas enfermedades raras. Si bien, las desgracias se concentran entre toda la población que tiene la desgracia de vivir en las inmediaciones de las grandes ciudades e industrias, o incluso sobre depósitos tóxicos enterrados clandestinamente.

Como consumación todas estas perversidades, y la correspondiente destrucción ambiental y de salud, así como el sufrimiento de la naturaleza y la sociedad, es vista por el libre comercio como la oportunidad de realizar todo tipo de negocios relacionados con la remediación ambiental y la mitigación de los dislocamientos climáticos, pues permite la venta de supuestos bienes desintoxicados, o bien la venta de servicios ambientales, o la prospera venta e intercambio de los derechos a contaminar entre los que supuestamente conservan, mitigan o remedian y los agentes económicos criminales que francamente destruyen el medio ambiente y lo contaminan. Dentro del nuevo contexto de esta economía de capitalismo “verde” descuellan los promotores de las nuevas tecnologías milagrosas de punta que pretenden enriquecerse especulativamente con la venta de supuestas soluciones a las desgracias contemporáneas.

Es el caso de los vendedores de medicina génica, biología sintética, organismos transgénicos, nanotecnologías, geoingenierías y todas las nuevas y sofisticadas iniciativas que en realidad lo que hacen es introducir sin ningún principio de precaución nuevos riesgos que escalan las incertidumbres globales y las externalidades. Todo lo cual es comenzado a ver de forma completamente enloquecida como la mejor oportunidad para volver a impulsar a la estancada economía mundial.

Dentro de este panorama general de devastación estallan continuamente focos rojos de castigo y sufrimiento social, así como estratégicos frentes de dignidad social, resistencia, organización y lucha popular contra la corrupción de los gobiernos y la prepotencia de las empresas que destruyen nuestras condiciones de vida o que simple y llanamente pro ceden a realizar despojos.

4. Acuerdos de la ANAA

* a. el TPP

Frente a este panorama de emergencia y ante la perspectiva de que el gobierno mexicano responda a esta crisis ampliando el desvío de poder, su entrega irrestricta a intereses ajenos consolidando los proyectos nocivos que no ha logrado imponer hasta ahora, profundizando la polarización política del país y recurriendo a la intensificación de la violencia contra las comunidades, nosotros, como Asamblea, hemos decidido incorporarnos a los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que comenzarán en Octubre de 2011 y que, durante los próximos dos años, entablará un proceso para enjuiciar el Libre Comercio, la guerra sucia, la impunidad y reivindicar los derechos de los pueblos en siete audiencias:

1) Violencia, impunidad y acceso a la justicia;

2) Feminicidios y violencia contra las mujeres;

3) Violencia contra los trabajadores;

4) Violencia contra los migrantes;

5) Destrucción ambiental;

6) Maíz y soberanía alimentaria; y

7) Medios de comunicación.

Siendo la defensa de nuestros territorios y bienes naturales el eje de nuestra lucha, continuaremos formando parte del Comité Promotor de la Audiencia Ambiental y trabajaremos para la presentación de los casos que nos corresponden. Asimismo, llamamos a todas las comunidades y organizaciones sociales del país, que están luchando por defender la vida de los pueblos y sus posibilidades de futuro a través de la defensa ambiental a que se sumen a este proceso para evidenciar la responsabilidad del Estado mexicano en la destrucción actual del país, lo mismo que a organizarnos con otros movimientos sociales del campo y la ciudad para detener todos la barbarie a que nos han orillado.

* b. el TLA

Respaldamos a la delegación que asistirá para presentar nuestra demanda colectiva al gobierno mexicano por la destrucción del sistema hídrico nacional en la sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua, que ocurrirá en septiembre de 2011 en Buenos Aires, Argentina.

* c. Demandas

La 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

• Exige, junto con las comunidades que conforman el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), la cancelación definitiva del proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, así como de las presas de El Zapotillo, en Jalisco, Paso de la Reina, en Oaxaca y de las 112 mini-hidroeléctricas en el estado de Veracruz. Todos estos proyectos se han impulsado mediante la violación de los derechos de los pueblos y de las leyes y sin respetar la voluntad de las comunidades.

• Demandamos que se detenga el proyecto de expansión de las criminales Granjas Carroll de México en el Valle de Perote, en los estados de Puebla y Veracruz, y el cese de las amenazas del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle a las comunidades afectadas, así como el respeto a la autonomía municipal en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla. Reiteramos nuestra exigencia para que la empresa Granjas Carroll de México (Smithfield) salga del territorio del país.

• Exigimos la cancelación de las operaciones mineras en todo el país y el respeto a las demandas de las comunidades afectadas por empresas mineras trasnacionales, especialmente en Cerro de San Pedro, SLP, Alto Lucero, Veracruz, San José del Progreso, Santa María Zaniza y Calpulalpam, Oaxaca, Chicomuselo, Chiapas, Santa Gertrudis, Jalisco y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

• Demandamos la reubicación de la presa de Jales, propiedad de la empresa Arcelor Mittal que afecta la vida y las propiedades de los habitantes de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas Michoacán.

• Exigimos el cierre inmediato y permanente de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde y la cancelación del programa nucleoeléctrico del país. Denunciamos el riesgo de un accidente nuclear por la cercanía del proyecto minero Caballo Blanco a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, que está ubicada a sólo 3 kilómetros del proyecto minero.

• Exigimos el respeto a la autodeterminación de la comunidad de Cherán, Michoacán y porque el gobierno mexicano cumpla con su deber de brindarles la seguridad de que no serán atacados por la delincuencia organizada.

• Demandamos al gobierno mexicano la derogación de las leyes federales de bioseguridad, de semillas y de las leyes estatales de fomento y protección al maíz de Tlaxcala, Michoacán y en Oaxaca, que al igual que el proyecto de ley de consulta de los pueblos indígenas, simulan ser leyes de protección de derechos, cuando en realidad son nuevos instrumentos para minimizar la resistencia ante el despojo y no prohíben la introducción de semillas transgénicas en los estados pero sí definen el procedimiento de autorización para introducirlas, almacenarlas, distribuirlas y comercializarlas en su territorio, dando certeza jurídica y económica a la inversión de empresas semilleras y agroindustriales, transnacionales y nacionales. Rechazamos la siembra experimental, piloto, o comercial de cualquier tipo de maíz transgénico y exigimos su prohibición en México.

* d. Plan de acciones urgentes y fortalecimiento de la Asamblea

En este momento, varias luchas comunitarias requieren de nuestro apoyo y solidaridad urgentes: Temacapulín, Jalisco, Cherán, Michoacán, La Nueva Palma, San Luis Potosí e Ixhuatlán del Sureste, Veracruz. Hacemos con ellos el compromiso de apoyarlos en su lucha y de difundirla en todos los espacios en que intervenga nuestra Asamblea.

En virtud de que las comunidades y organizaciones sociales que participamos en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales estamos comprometidos, no sólo con la defensa de nuestros derechos y de la madre tierra, sino también con la construcción de alternativas ambientales autogestionadas y comunitarias, empezaremos un proceso amplio de discusión, a lo largo de los próximos meses, para determinar una adición al nombre que nos da identidad y así definir, en la 8ª Asamblea Nacional si cambiamos nuestra denominación a Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas Ambientales

Todo este trabajo organizativo, de acción y formación lo realizaremos en los próximos meses, hasta volver a reunirnos en el estado de Michoacán a mediados de 2012 para la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

* e. Saludos

Saludamos al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en su lucha por visibilizar a todas las víctimas de la guerra sucia del Estado Mexicano en contra del pueblo de México.

Compartimos el dolor de la familia Reyes Salazar y le ofrecemos nuestro apoyo en su búsqueda de justicia, en su lucha contra la impunidad y exigimos la protección de los derechos y la vida de los familiares.

Saludamos a todas las organizaciones e individuos que han respondido a nuestros llamados de apoyo para la realización de esta 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Gracias a su respaldo, hemos podido llevar a cabo con éxito nuestros trabajos y fortalecer nuestra organización.

Lunes 15 de Agosto de 2011

El dialogo es la ruta

Los miles de asistentes al Encuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia. El diálogo es la ruta, realizado en Barrancabermeja del 12 al 14 de 2011 declaramos frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional:

1. Hemos concluido nuestro encuentro con un balance de pleno éxito. Los propósitos que nos trazamos de analizar la situación del país se han cumplido con creces. Hemos considerando de manera específica nuestras preocupaciones por el futuro de nuestra tierra, nuestro territorio y nuestros recursos, por la democracia, la situación y la garantía de nuestros derechos, así como del estado de la guerra y las posibilidades de una solución política.

2. Estos resultados, son expresión de una multitudinaria manifestación y aspiración ciudadana, que se ha realizado en forma pública y ha sido transmitida por medios de comunicación. Los frutos de este encuentro son producto exclusivo de nuestro sacrificio y esfuerzo colectivo y anhelo por encontrar caminos para la paz.

3. Agradecemos el acompañamiento de la Iglesia, de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Barrancabermeja, así como de la Comunidad internacional, especialmente de algunas de sus organizaciones comprometidas con las causas de los derechos humanos y de la paz. Su concurso ha sido del mayor significado.

4. Manifestamos nuestro rechazo frente a las políticas gubernamentales que durante la última década se han venido implantando en el país para promover un modelo económico que propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y recursos naturales , favorece a las empresas transnacionales y los grupos económicos, acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y de desplazamiento forzado, deteriora radicalmente los procesos sociales y compromete nuestras condiciones de soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico destruye la economía campesina, los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes y produce un escalamiento de la dinámica del conflicto social y armado que agobia a nuestro país.

5. Expresamos nuestra preocupación frente al proyecto gubernamental de Ley general de tierras y de desarrollo rural, la ley de víctimas y de restitución de tierras y el Plan Nacional de desarrollo, porque no garantizan los derechos de los colombianos y favorecen el actual modelo minero energético no beneficioso para el medio ambiente y para el pueblo colombiano.

6. Afirmamos nuestro apoyo al proyecto de Ley de Reforma agraria integral, presentado por las organizaciones campesinas, construido por la Mesa de Unidad Agraria, y presentado en este encuentro, por considerar que él recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana, y demandamos de la sociedad su más amplio respaldo.

7. La democracia en nuestro país y la generación de mejores condiciones para hacer efectivos y garantizar nuestros derechos demanda un nuevo modelo que posibilite el uso de nuestros recursos y riquezas, superando las profundas desigualdades económicas y sociales, en función del buen vivir de nuestra población.

8. Nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del gobierno actual y a sus manifestaciones acerca de que la llave de la paz no estaría extraviada, es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de «paz de vencedores y vencidos”. La historia del conflicto colombiano nos muestra que las soluciones militares no conducen a la paz. Por tanto, no podemos continuar atrapados por la perspectiva de un escalamiento de la guerra y de una creciente intervención militar extranjera. No queremos continuar nuestras vidas con la permanente amenaza de las bombas y las balas. Es hora de ponerle fin a la guerra. La solución política se constituye en una necesidad.

9. Somos conscientes que la perspectiva de la solución política posee muchos enemigos, especialmente aquellos que se benefician del estado de cosas existentes y de la sociedad de privilegios que les sirve de sustento. Desactivar la guerra desfavorece, además, a quienes han hecho de ella un negocio lucrativo. Los colombianos tenemos el derecho a propiciar conscientemente la generación de nuevas condiciones para emprender el camino que pueda conducir a un trámite distinto del basado en el ejercicio de la violencia-de manera que los conflictos que le son inherentes a nuestra sociedad, puedan transitar por la vía del dialogo la justicia social y la paz.

10. Tenemos la convicción acerca de la necesidad de avanzar en la concepción y materialización de una ruta de la paz, que tenga como próxima meta la conformación de un movimiento de alcance nacional con apoyo internacional con el mandato expreso de promover la construcción de la paz con justicia social y la solución política al conflicto social y armado. Caminar en esa dirección demanda la generación de un clima favorable. Es urgente trabajar todos juntos para consolidar una cultura de la paz. Consideramos que las partes comprometidas de manera directa en la confrontación deberían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana un cese bilateral de hostilidades, que abra la posibilidad del diálogo. Igualmente, la consideración de compromisos y acuerdos humanitarios que permitan parar la violencia contra la población civil y todos los crímenes atroces.

11. Las declaraciones generales sobre la paz y el dialogo son insuficientes y muchas veces se han acompañado de escalamientos en la guerra. Por ello este Encuentro exige gestos y hechos de todas las partes que signifiquen respuestas positivas a los reclamos de la población, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes: alto al desplazamiento forzado y al despojo; respeto incondicional a los derechos de los niños, niñas y mujeres, garantía y respeto a los derechos de las víctimas; no militarización de los territorios, respeto a la autonomía de los pueblos indígenas. Parar la guerra y construir la paz. Es la hora de la solución política.

12. Necesitamos hacer realidad la idea consistente en que el diálogo es la ruta. Materializar ello implica, sobre todo, las más amplia participación social y popular. La solución política no puede ser un asunto de competencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa en la contienda militar. “Todas las voces todas, todas las manos todas”, de este país requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan avanzar hacia la paz con justicia social. Ello supone una ardua tarea de organización, politización y movilización social, que deseamos asumir con todos aquellos que estén dispuestos a acompañarla, y que se suma a todos los esfuerzos e iniciativas sociales y populares que a través de diferentes vías y mediante variadas expresiones organizativas se vienen desarrollando en el país. Ese espacio se debe construir y ampliar garantizando el respeto a las organizaciones sociales y a su autonomía. Su punto de partida se encuentra en las innumerables manifestaciones de la acción colectiva social y popular, en los diferentes procesos organizativos que con enfoques distintos y diversas perspectivas políticas se han venido gestando en nuestro país durante los últimos años.

13. Proponemos que todos esos esfuerzos, articulados entre sí y sumados a otras expresiones de la organización social en el ámbito local o atendiendo preocupaciones sectoriales, étnicas, o de género, confluyan en la preparación y realización de constituyentes regionales, espacios de soberanía popular y participación ciudadana, concebidos como mecanismos de construcción de paz y justicia social y por la solución política. Su diseño, debe de posibilitar la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas, así como el abordaje de las respectivas especificidades regionales. Estos procesos suponen la participación activa y directa de los más amplios sectores sociales, atendiendo su diversidad y pluralidad, y debe ser conducente a la definición precisa de mandatos regionales.

14. Estas dinámicas representan espacios de confluencia hacia una Asamblea nacional de Constituyentes y procesos regionales por la paz. De la asamblea debería salir un mandato nacional por la solución política y la paz con justicia social, con su correspondiente definición programática y de acción política. Todo este esfuerzo tiene una posibilidad más cierta si logra acompañarse de la comunidad internacional

15. Las conclusiones de este encuentro, producto de nuestra ardua labor en diferentes mesas de trabajo, así como esta declaración política, serán entregadas a la sociedad colombiana, al Gobierno central y demás poderes del Estado, así como a las guerrillas de las FARC-EP y del ELN, con el fin de hacer expresa nuestra voluntad y aspiración porque se exploren con urgencia acciones tendientes a desatar el nudo de la confrontación y avanzar hacia la solución política y la paz. Estamos convencidos que ese es el sentir creciente del pueblo colombiano: Vivir en paz con justicia social.

16. Invitamos a todas las organizaciones participantes a impulsar y participar en los diferentes escenarios e iniciativas para seguir fortaleciendo las apuestas de este encuentro.

ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS, AFRODECENDIENTES POR TIERRA Y LA PAZ DE COLOMBIA.

EL DIALOGO ES LA RUTA

BARRANCABERMEJA 14 DE AGOSTO DE 2011

 

Jueves 11 de Agosto de 2011

Del 12 al 15 de agosto se reunirán comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas para llevar a cabo un Encuentro Nacional que generara el espacio de convergencia y debate de la sociedad en búsqueda de una Colombia diferente.

Tras décadas de persistencia del conflicto social y armado, no hay nada que indique que estamos ad portas de su solución. Más allá de las valoraciones que se hagan sobre su estado actual, impregnadas en buena medida por un excesivo triunfalismo frente a la posibilidad de una solución militar, lo cierto es que la tendencia de la confrontación armada con la insurgencia no sólo se mantiene, sino que viene adquiriendo nuevas modalidades y expresiones que indican que habrá conflicto para largo.

Y esa es una situación indeseada para quienes soportamos los agobios de la guerra y hemos sostenido la bandera esperanzadora de la paz, y que a partir de una experiencia local, como es la de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, hemos vivido en carne propia la cotidianidad de la guerra y, aún en esa circunstancia, hemos podido demostrar no sólo nuestra capacidad de supervivencia, sino desplegar buena parte de nuestros esfuerzos para contribuir a la creación de escenarios propios de la regulación civilizada de los conflictos, a través del diálogo.

Hemos sido sometidos a la estigmatización, a la persecución, incluso a la muerte, por parte de las fuerzas en contienda; pero también distinguidos en nuestra labor, por otros sectores de la sociedad, lo cual se expresó en el otorgamiento del Premio Nacional de Paz en 2010. Dicho premio lo asumimos como un reconocimiento a todas aquellas comunidades campesinas, a todas aquellas organizaciones sociales y populares, empecinadas a través de diversas formas, en la búsqueda de una salida política a la confrontación armada que azota a la nación.

A nuestro entender, el conflicto puede tener salida, atacando sus causas objetivas, mediante la realización de reformas políticas, económicas y sociales, que permitan mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población colombiana. Pero también, a partir de la voluntad y la decisión política expresa de las fuerzas en contienda. Así lo enseñan múltiples experiencias internacionales que merecen ser valoradas con el mayor juicio.

El premio nacional de paz nos despertó la responsabilidad política y moral, para hacer un llamado a la insurgencia, a los más amplios sectores de la sociedad y de la comunidad internacional, a la iglesia, a sectores empresariales y sindicales, a los partidos políticos, a las organizaciones no gubernamentales, a los diferentes poderes públicos, a las fuerzas militares, a comunidades locales, a que hablemos de las posibilidades de una paz digna, con miras a darle un trámite distinto a los conflictos sociales en nuestro país.

La sociedad colombiana anhela vivir en paz y que los conflictos de su devenir puedan resolverse a través del pleno ejercicio de la política

OBJETIVO GENERAL

Generar un espacio amplio de socialización de propuestas políticas y negociadas por la Paz en Colombia desde las experiencias y vivencias de las comunidades rurales: campesinas, indígenas y afro descendientes, en intercambio con el gobierno, los gremios, y demás sectores que estén comprometidos con la Paz en escenarios locales, regionales, nacionales e internacionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar un intercambio y diálogo sobre temas importantes para la construcción de propuestas políticas de Paz en Colombia desde las comunidades rurales, los gremios, el gobierno, y la insurgencia colombiana.

Brindarle a toda la sociedad Colombiana y del mundo un escenario desde las mismas comunidades para sentar a todos los actores políticos y sociales a pensar y construir desde la esperanza un país con propuestas para la Paz y no para la guerra.

PROGRAMACIÓN

Viernes 12 de agosto

07:00 a.m. – 3:00 p.m. Acreditaciones y distribución de las delegaciones en las comisiones.

10:00 a.m. – 1:00 p.m. Dialogo con invitados especiales : Comunidad Internacional, Empresa Privada, Experiencias de Paz Internacionales, Juez Baltasar Garzón y Fiscal Dolores Delgado.

1:00 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo

3:00 pm – 5:00 p.m. Instalación del evento y comparsa por la Paz

Palabras de: Representante de Indígenas Representante de Afrodescendientes Representante de Campesinos Monseñor -Camilo Castrillón Gobernador de Santander Dr. Horacio Serpa Alcalde de Barrancabermeja –Carlos Contreras Provincial Compañía de Jesús- Padre Francisco de Roux

5:00 pm – 12:00 p.m. Acto Cultural. Performance por la Tierra: “Todas las voces, todas las regiones, todos los ritmos. Encuentro de artistas por la Tierra y la Paz de Colombia”.

* Aterciopelados

* Velandia y la tigra

* Numerado

* Federico Romero

* Victoria Sur

* Hermanos escamilla

* Víctor Rodríguez

* Diana Bello

* Mojarra eléctrica

13 de Agosto

8:00 – 12:00: Iniciativas y experiencias de construcción de paz de las organizaciones campesinas, afro descendientes e indígenas. Lugar: Club infantas – Villa Olímpica.

2:00 pm Panel de experiencias nacionales e internacionales de Paz

Lugar: Salón Cusiana – Club Infantas

14 de Agosto

8:00 – 12:00: Instalación y desarrollo de mesas temáticas para la construcción de la Paz. Lugar: Club infantas – Villa Olímpica

Mesas temáticas para la construcción de la paz

-Tierra, territorio y Paz.

-Democracia y garantías políticas para la paz

-Política Nacional de Paz

12:00 – 13:00 ALMUERZO

01:00- 03:00 pm Plenaria de las mesas y conclusiones por los ejes temáticos

3:00-4:00 p.m. Marcha por la Paz: Ruta: Salida: Villa olímpica-llegada: Club infantas.

4:00 pm – 6:00 pm Declaración política del encuentro elaborada por personas y representantes de las comunidades campesinas, afrodescendientes e Indígenas. Bajo la figura de literaria de CONVITE POR LA PAZ DE COLOMBIA

6:00 pm Concierto por la Paz: Domingo 14 de agosto. Club Infantas: Artistas locales y regionales.

– La familia perez de Bucaramanga – Grupo vallenato de Barranca – Cúpula del Rio- Barranca – 3zpu- Barranca – De frente— Bogotá – muestra musical indigena guane – Los mineros del vallenato de Guamocó – Chandé – Folclor.

CONVOCAN

Comité Nacional de Impulso Encuentro Nacional por la Paz de Colombia. Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra – ACVC. Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueno – CAHUCOPANA. Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT. Coordinación Nacional Agraria y Popular – CONAP. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO. Comité Nacional de Impulso a las Zonas de Reserva Campesina. Corporación Para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – REINICIAR. Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio – PDPMM. Colombianos y Colombianas por la Paz. Red de Programas de Desarrollo y Paz de Colombia. Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP. Fundación Manduco para la Investigación y la Construcción del Tejido Social. Organización de Estudiantes Conciencia Crítica. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos – ILSA. Red de Iniciativas de Paz desde la Base Corporación Nueva Arco Iris. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ. Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra – REDEPAZ. Marcha Patriótica y Cabildo Abierto por la Independencia Diócesis de Barrancabermeja. Mandato Estudiantil por el Acuerdo Humanitario y la Paz. Foro Social de Barrancabermeja y el Magdalena Medio Foro Social Nororiental – FSN Central Unitaria de Trabajadores – CUT Asociación Santandereana de Empleados Públicos – ASTDEMP CORDEID Federacion de Estudiantes Universitarios – FEU Union sindical Obrera – USO Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios – ACEU Campaña colombiana contra minas Comité Permanente de Derechos Humanos – CPDH Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC Corporación Colombiana de Teatro

APOYAN: Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Vicepresidencia de la República. Europeos y Europeas por la Paz. Federación Sindical Mundial. Programa de consolidación de la paz de Suiza en Colombia para fortalecer la sociedad civil –SUIPPCOL. Friedrich Ebert Stiftung en Colombia- FESCOL Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos – CCEEU. Fundación Jimmy Carter. Alcaldía de Barrancabermeja. Gobernación de Santander. Woodrow, Wilson Center. Interamerican Dialogue. WOLA CLOC – Vía Campesina Justice for Colombia, for peace and social justice in Colombia. Latinoamericanos y latinoamericanas por la Paz. Frente Popular Darío Santillán – Argentina. PARTICIPAN ORGANIZACIONES CONVOCANTES DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS.