Mes: junio 2017

Desde la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para denunciar cuando sigue:

El 25 de mayo festejábamos los 12 años de la conquista del asentamiento Unión Agrícola, del distrito 3 de Mayo, departamento de Caazapá; el festejo es un momento para hacer memoria de todas las gestiones, luchas y conquistas no solamente de la tierra, sino de todas las necesidades de una comunidad campesina.

Otra conquista principal del asentamiento fue la instalación de una institución educativa de enseñanza en la secundaria, y la misma la conquistamos en el año 2012, luego de 7 años de gestión y trabajo permanente ante las instituciones correspondientes. Para nuestra sorpresa, el día de ayer, miércoles 14 de junio, el asentamiento recibió una resolución por la cual excluían de sus cargos a 5 docentes miembros de la comunidad.

Esta medida arbitraria obedece principalmente a una persecución a las personas que están militando en nuestra organización y son miembros del asentamiento, donde se quiere imponer a la comunidad a partir del nombramiento irregular a personas de otro distrito para desempeñar las tareas docentes.

Desde la organización repudiamos este hecho y acompañamos a la comunidad en la toma del Colegio Nacional Unión Agrícola N° 16.735, exigiendo una inmediata revisión y revocación de esta medida arbitraria que afecta a la y los docentes: Juana González Quintana, Nicolás Maidana Lezcano, Fermín Sánchez Ramírez, Arquímedes Dejesús González Torres, Escricio Ramón Martínez. Mediante el empeño y el arduo trabajo de estos docentes, la institución educativa es uno de los espacios más importantes en la zona, con muchos esfuerzos, sacrificio y lucha se ha podido instalar una educación desde la realidad para la transformación del campesinado.

Asimismo, denunciamos la falta de una política de capacitación permanente de los docentes de acuerdo a las realidades en sus entornos de inserción como profesionales; donde muchas veces los maestros campesinos son excluidos durante el concurso público de oposición por esta falta que el Estado tiene con los educadores pobres del campo.

Solicitamos a las autoridades del MEC la inmediata solución de este problema, de lo contrario la comunidad no cederá en la toma del colegio hasta que sus profesores retomen las actividades académicas, de la forma en que lo venían haciendo.

“Por educación de calidad, gratuita y con respeto hacia la realidad campesina”

“Por la recuperación y defensa del territorio campesino, para la Soberanía Alimentaria”

Brasil de Fato

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) também vende alimentos sem veneno através de sua página web

Cansados de entregar seus produtos a preços baixos a intermediários que ficam com a maior parte do lucro, os camponeses do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), que produz alimentos sem agrotóxico, decidiram criar um sistema para estar em contato direto com os consumidores.

Além de vendas da cesta camponesa que é feita pela internet, os agricultores agora contam com um espaço próprio, a casa Raízes do Brasil, localizada no pitoresco bairro de Santa Teresa (na Rua Aurea, n. 80), na região central do Rio de Janeiro. Esse espaço, aberto mês passado, representa uma importante conquista para o MPA.

“Raízes Brasil é um espaço onde as pessoas podem se encontrar, ter acesso a uma alimentação de qualidade, agroecológica. Aqui as pessoas sabem de onde vem cada produto. Esse é um espaço que aproxima campo e cidade”, explica Humberto Palmeira, integrante da coordenação do MPA.

A ideia é abrir um restaurante, que terá como base os produtos orgânicos produzidos pelos camponeses e oferecer pratos típicos de todas as regiões do Brasil. Também haverá atividades culturais, de música, literatura e debates. “Começamos com um café da manhã camponês, que vamos realizar uma vez por mês. E em dois meses já teremos várias atividades funcionando na casa”, garante Humberto.

A loja de alimentos orgânicos já está aberta ao público, entre 9h e 18h, de segunda a sábado. Também é possível fazer encomendas. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail cestaraizesdobrasil@gmail.com ou do whatsapp (21) 99506-5740.

O MPA é um movimento de caráter nacional e popular, constituído por grupos de famílias camponesas. Seu principal objetivo é a produção de comida saudável para seu consumo próprio, mas também para a sociedade, garantindo assim, a soberania alimentar do país. Além disso, busca o resgate da identidade e da cultura camponesa, respeitando as diversidades regionais.

*Texto editado na sexta-feira (9), às 13h13.

Edição: Vivian Virissimo

Se cumple el 5° aniversario de la masacre de Curuguaty. Cinco años de heridas todavía supurantes merced a un golpe de Estado que truncó un proceso por el cual la sociedad paraguaya empezaba a involucrarse protagónicamente en los asuntos públicos. Un lustro de injusticias para los sin tierras de Marinakue que vieron sus sueños ser sepultados aquel 15 de junio de 2012 tras las detonaciones de armas automáticas.

En este aniversario, la memoria se detiene para mirar el camino andado, uno construido con el apoyo de muchas organizaciones, articulaciones, colectivos nacionales e internacionales, y también individualidades, que se han conmovido y solidarizado ante la certeza del absurdo que constituye todo el proceso judicial que llevó a la condena a 11 campesinos y campesinas y ningún solo oficial de la Policía siquiera investigado.

Familiares, sobrevivientes, presas y presos políticos y los gremios de acompañamiento han sabido gritar por todo el orbe en el nombre de la justicia y la razón, han sabido acusar con fuerza a los detentores del poder real que se esconden entre siembras artificiales, en los montes pelados, o bien allende las fronteras patrias o enclavados en el pasado reciente y nunca muerto: esa oligarquía escondida en tierras arrasadas por la dictadura del latifundio, y estamos hablando de al menos 8 millones de tierras malhabidas.

Desde la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri queremos hoy recordar que las víctimas no fueron solo 17 personas: la lista se engrosa con el dirigente Vidal Vega, cuyo asesinato sigue latiendo impunemente; con la madre del joven campesino caído Luciano Ortega, doña Dominga Mora, quien murió de cáncer poco más de tres años después de la tragedia que enlutara el resto de sus días. Víctimas no mortales son también las viudas y sus hijos e hijas que no encuentran consuelo ante tanta barbarie, atropellos, tanta locura, ambición y desigualdad social. Víctima, igualmente, es la propia comunidad de Marinakue, ya que sobre ella se urdió un plan macabro para devastar los lazos familiares que daban sustento al reclamo colectivo de las tierras usurpadas por los Riquelme.

No podemos olvidar las balas que no rindieron cuenta, el silencio del helicóptero, las banderas negras allí donde estaba incrustada la esperanza, las huelgas de hambre, los nacimientos que se han dado en el cautiverio de madres presas, los encadenamientos frente al hospital militar, los desmayos en sala de juicio, la azada que esperó junto a la semilla recién plantada, el futuro negado a todo un país.

Tampoco olvidamos, ni por un segundo, que los asomos de una primavera democrática se cortaron con la reacción desproporcionada de las fuerzas represivas en Marinakue, en el marco de la criminalización de la lucha por la tierra y el terrorismo de Estado que obstruyó todo el tiempo el procedimiento judicial.

Recordamos todo esto no solo como ejercicio de la memoria sino más bien como una renovación del compromiso que hemos asumido con la causa Marinakue, la cual no descansaremos hasta verla coronada por el alcance de la justicia, por la adquisición de las tierras y por el sello de la libertad.

¡Por Justicia, Tierra y Libertad!

Marinakue, Pueblo Mba’e!

Alrededor de las 6.30 de la mañana llegaron tres unidades del Comando de Operaciones Militares (COBRA) y alrededor 150 miembros de la Policía Nacional Preventiva para ejecutar una orden de desalojo al grupo campesino 23 de febrero ubicados en la comunidad de Piedra parada aldea de Tepanguare, La Paz, perteneciente a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).

La ORDEN JUDICIAL DE DESALOJO según requerimiento fiscal # 71-5-2016 del Juzgado de letras seccional de la Paz, fue solicitada por los supuestos dueños de la tierra: Iris Ávila y Darío Ávila

“El desalojo no fue pacifico, se lanzaron gran cantidad de bombas lacrimógenas a los compañeros y compañeras miembros de la 23 de febrero, ellos tuvieron que huir y esconderse para no ser heridos o capturados por los COBRAS y la Policía que los perseguían por los predios” aseguro el Secretario General de la CNTC Franklin Almendares.

Son 22 familias las que están ocupando estas tierras desde hace 6 años, “las tierras son nacionales y nunca han tenido documentos que le pertenecen a alguien y por casualidad en los últimos meses aparecieron unas escrituras de los supuestos herederos los hermanos Ávila, que es una mentira” denuncio Almendares.

“Uno de los más interesados en apoyar a los supuestos dueños es el alcalde del municipio de Lejamani en Comayagua, quien ha estado hostigando a los compañeros y compañeras del grupo, esta tierra cabe mencionar que estuvieron desocupadas por más de treinta años por que la persona que las tenía en posesión murió hace muchos años” aseguro el Secretario General de la CNTC.

“La cantidad de tierra que tenía el grupo campesino en posesión era 98 manzanas todas cultivadas de maíz, frijoles y plantillas de café en producción que fueron cortadas por los militares y civiles que les acompañaban en su totalidad” lamento Almendares.

Fotos cortesía del Periodista Gilberto Galvez de La Paz

La Comisión de Familiares de las Víctimas de Marinakue, el Colectivo Nulidad Ya y el Congreso Democrático del Pueblo organizan una semana de actividades en el marco del aniversario de la masacre de Curuguaty. Del 10 al 15 del corriente se desarrollarán varias acciones en la “carpa de la resistencia”, como se bautizó al espacio ocupado por familiares de víctimas y otras personas solidarias en la plaza ubicada frente al Poder Judicial, en el barrio Sajonia.

A casi 5 años de la masacre de Marinakue en el distrito de Curuguaty –departamento de Canindeyú–, hecho que dejó 11 campesinos asesinados impunemente y 11 campesinos procesados y condenados por un tribunal parcialista y una investigación fiscal deficiente, los familiares de las víctimas y sobrevivientes siguen apostados frente al Palacio de Justicia de Asunción en precarias carpas de lona, pero inquebrantables por la dignidad y la resistencia.

La masacre se produjo el 15 de junio de 2012 cuando 300 policías de diferentes grupos operativos intentaron ejecutar un desalojo irregular a 60 familias sin tierra que estaban ocupando Marinakue, cercana a la localidad de Yvy Pytã. Esas tierras son fiscales, pertenecen a los sujetos de la Reforma Agraria, pero están siendo usurpadas por la familia Riquelme, por larga data terrateniente y la que propició la acción de desalojo que acabó en tragedia: 11 campesinos y 6 policías muertos por armas de fuego.

Por los hechos fueron condenados hasta por 35 años de pena privativa de libertad los campesinos, y ni un solo policía fue investigado y mucho menos procesado. Algunos incluso fueron premiados después de su actuación en este escenario con el ascenso a cargos más relevantes. Recordemos que esta matanza derivó en el golpe de Estado al gobierno de Fernando Lugo a través de una parodia de juicio político.

El pasado 29 de mayo, la Cámara de Apelaciones del distrito de Saltos del Guairá en Canindeyú ratificó las sentencias para los condenados –Rubén Villalba, Néstor Castro, Adalberto Castro, Dolores López, Fanny Olmedo, Luis Olmedo, Lucía Agüero, Carlos Tillería, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez y Alcides Ramírez–, considerados presos políticos de la Reforma Agraria. Agotadas las demás instancias, a nivel nacional solo resta recurrir a la Corte Suprema de Justicia para una revisión del caso; a nivel internacional, quedan los tribunales de derechos humanos.

Las organizaciones sociales y personas solidarias que acompañan esta lucha están indignadas, actualmente, porque el fiscal Jalil Rachid, acusador de los campesinos en el vergonzoso juicio oral que concluyó en 2016, es postulante a ocupar la Fiscalía General de la República. El pasado lunes, Rachid se presentó en audiencia pública ante los magistrados y fue duramente escrachado por compañeras del Colectivo Nulidad Ya. Ellas manifestaron que el Estado paraguayo ha sido denunciado por este cao ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que está estudiando el pedido para que se constituya una comisión independiente a fin de investigar lo ocurrido el día de la masacre.

Por otro lado, el martes 6 de junio se anunció, sin fecha definida, la audiencia preliminar para los integrantes de la Comisión de Familiares de las Víctimas de Marinakue, Darío Acosta, Martina Paredes, Mariano Castro, Rodolfo Castro y Roberto Ortega, quienes habían sido imputados por invasión de inmueble. La imputación obedece, más que nada, a una intención de amedrentar a los miembros de la comisión, al decir de Martina Paredes, quien perdió a dos hermanos en la masacre.

Desde la CLOC-Vía Campesina venimos acompañando este caso en el marco de la Campaña de Solidaridad y por la Libertad de las Presas y Presos Políticos y convocamos a otras articulaciones afines y organizaciones fraternas a sumarse al ejercicio de memoria, pedir “Tierra, Justicia y Libertad” para las víctimas de Marinakue y alentar el camino de la resistencia

Por Marina dos Santos, de la Dirección Nacional del MST

Bajo el marco del Golpe parlamentario-empresarial que sustrae el proceso democrático para forzar la implantación de una agenda conservadora cuatro veces derrotada en las urnas, el conjunto de la sociedad brasileña viene siendo impactado con diversos ataques a derechos sociales históricamente consolidados, como la Previsión Social y la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT). Sin embargo, tememos que haya un segmento en especial en esta sociedad que constituye un eslabón bajo ataque hasta más devastador: aquellos que viven en el campo.

Trabajadores y pueblos del campo vienen sufriendo ataques de todos lados, no sólo cargan en la espalda las cuentas de la crisis capitalista a través de los cambios de legislaciones y medidas de cortes promovidas por la coalición golpista, sino que también son nuevamente blancos de amenazas, agresiones y asesinatos.

En los últimos meses ha aumentado la frecuencia con que llegan relatos chocantes de los rincones del Brasil, con escenas de brutalidad y violencia dirigidas contra trabajadores rurales, pueblos indígenas, comunidades quilombolas y demás poblaciones del campo. A finales de mayo, llegaron relatos de la región amazónica, del pequeño pueblo de Pau D’Arco, cerca de Redenção, Sur del Estado de Pará. Una vez más el mismo Estado que fue escenario de la Masacre de Eldorado de los Carajás (1996) ocupa los titulares de los noticieros nacionales e internacionales Con la sangre del trabajador rural estampando las materias: nueve hombres y la presidenta del sindicato de los trabajadores rurales del municipio, fueron ejecutados por policías que usaron el pretexto de una reintegración de posesión para cometer los homicidios. La escena del crimen fue alterada por los propios policías, lo que dificulta la pericia, sin embargo, de antemano, ya se percibe nítida divergencia entre los testimonios de los asesinos y los de los trabajadores sobrevivientes. Según los trabajadores, la versión de que hubo conflicto entre ocupantes y policías es falsa: «¡ellos llegaron a disparando!», afirmó más de un sobreviviente. No bastaría la completa falta de respeto a los procedimientos establecidos en Pará para reintegraciones de posesión, las escenas promovidas por los policías (hasta ahora no identificados) fueron crueles. Según los relatos, aquellos que no habían sido baleados por la espalda al intentar huir fueron todos agredidos con patadas, aún estando dominados, y apuntados a la quema de ropa.

A principios del mismo mes, un grupo de indígenas de la etnia Gamela fue atacado con armas de fuego y machetes en las tierras inmemoriales donde viven, en Viana, en Maranhão, en una acción orquestada por los terratenientes de la región, que disputan las tierras indígenas. Dos indios tuvieron sus manos mutiladas y otros 13 resultaron heridos. Días antes, el 20/04, otra matanza chocó el país. Diez trabajadores rurales fueron víctimas de una masacre, promovida por hombres encapuchados, en Colniza, Norte de Mato Grosso. También en el mes de abril, el dirigente regional del MST en Periquito-MG fue cobardemente asesinado en un contexto de conflictos por tierra en la puerta de su propia casa.

Los casos aparentemente sin conexión encuentran una conexión, sin embargo, con el contexto político de recrudecimiento del conservadurismo y del ascenso de las fuerzas golpistas. Está en la correlación de fuerzas entre capitalistas y trabajadores la clave explicativa que nos permite conectar las violencias institucionales a las violencias de las matanzas y amenazas. En un país en que una autoridad pública, como un diputado federal, tiene la osadía de proponer como legislación el retorno de condiciones análogas al feudalismo para la remuneración de trabajadores rurales (con techo y comida, y no salarios!), ¿qué podríamos esperar de la acción de un bruto dueño de tierras alejadas de los grandes centros urbanos? Violencia e impunidad en las tierras sin ley, por obvio.

La absurda medida arriba mencionada se refiere a una propuesta de reforma laboral orientada especialmente para el trabajador rural, pero no viene aislada. Se encuentra dentro de un conjunto de medidas de la coalición golpista medios-Congreso-Presidencia. Entre las medidas que afectan a los campesinos en específico, además de las que alcanzan el mundo del trabajo como un todo (como la PEC del techo de los gastos), están: el cierre del Ministerio de Desarrollo Agrario, la congelación de presupuestos destinados a la agricultura familiar y, aprobado el día 1 de Junio en el Senado, el PLV 12/ MP 759. La Medida Provisoria, transformada en Proyecto de Ley de Conversión en trámite en el Congreso, es el sepulcro de la política de Reforma Agraria, pues municipaliza la misma (cuando sus principales enemigos son los que ocupan cargos en las estructuras locales), elimina los movimientos sociales del proceso de elección de las familias y abre brecha para una regulación indiscriminada de tierras apropiadas ilegítimamente (grilajem). En un horizonte bien tangible está también el proyecto de ley que permite la venta de tierras para extranjeros, ya criticado hasta por las Fuerzas Armadas. Todas las medidas son aplaudidas de pie por la bancada ruralista.

Sin embargo, advertimos que la coyuntura es dinámica y que la historia de los pueblos del campo está marcada por procesos de resistencia. Nuestra resistencia en este momento coyuntural, como movimientos de lucha por el derecho a la tierra, implica una capacidad de influir en la reanudación democrática del país. Nuestro éxito está en el derrocamiento de este gobierno y de este congreso, por eso nos levantamos en todo país y hacemos también el llamado a la solidaridad global: «¡Fuera Temer! ¡Elecciones Directas Ya en Brasil! «.

Producido por: Minga Informativa de los Movimientos Sociales (América Latina)

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Libreto:

– Coplas dominicanas narran lo ocurrido en la 2da Asamblea Continental de CLOC LVC, ocurrida en mayo en Colombia.

– Las reflexiones de Francisca Rodriguez de ANAMURI CHILE y referente político de la CLOC LVC, sobre la construcción del socialismo comunitario que emerge del movimiento campesino en Latinoamérica.

– Organizaciones indígenas del Perú logran derogatoria de peligroso decreto que vulneraba tierras y territorios a favor de obras de gran inversión.

– Los movimientos sociales asistieron a la toma de mando de Lenin Moreno, nuevo presidente de Ecuador, quién asume el proceso de cambio progresista emprendido en el país. 

Com muita música, mística e animação a Juventude da Via Campesina em Rondônia inicia na tarde desta sexta-feira, 2 de junho, o seu III Acampamento na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de RO (SINTERO), na cidade de Ouro Preto do Oeste-RO.

São mais de 150 jovens camponeses, sem-terras, indígenas e atingidos por barragens vindos de todas as regiões de Rondônia e representações de Mato Grosso, Pará e Santa Catarina, que nos próximos quatro dias irão debater os impactos do agronegócio na juventude e no meio ambiente, as reformas da previdência e trabalhista, e, a luta pelas Diretas Já.

A mesa de abertura foi composta pela juventude que teve por tarefa apresentar suas organizações e lutas. Florenildo Macedo da Mata, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), destacou a forma de ensino. “A escola que temos hoje, não deixa as crianças e os jovens abrirem suas mentes é um quadrado que não deixa sonhar com dias melhores, mas aqui é nosso espaço e esse acampamento será uma grande escola, que possamos sair com a mente mais aberta do que já temos”.

O Acampamento reúne mais de 150 jovens. Foto: MAB

A jovem camponesa do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Edilaine Santos Barros, destacou a origem do Movimento e em qual conjuntura o país vivia, bem como, suas lutas travadas quanto Movimento Nacional deste então, destacando a participação da juventude na sua construção. “Como um novo marco histórico na caminha do MPA, estão a Aliança Camponesa e Operária por meio do Alimento Saudável e o Mutirão da Esperança Camponesa. Estamos na luta desde sempre e para sempre vamos continuar”, afirma a jovem camponesa.

Francisco Kelvim Nobre da Silva, jovem atingido por barragem do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), afirma: “o MAB nasce a partir das contradições do Modelo Energético. E esse momento é muito delicado, entretanto como dizia Mao Tsé Tung, “quando tudo sob o céu está mergulhado no caos; a situação é excelente’, “a juventude tem papel central nas lutas contra os golpes, não podemos deixar que esse governo, que deu o golpe, que é financiado pelo imperialismo e pelo agronegócio siga no governo, ou escolha outro para tal, por isso Diretas Já”.

Por sua vez, Virginia Miranda de Souza, do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), enfatiza o momento histórico do surgimento da organização. “O CIMI nasce ainda no período da Ditadura Militar quando vários povos indígenas foram dizimados, não apenas quanto sujeitos, mas como entidade também”.

A representante do CIMI também fala da demarcação de terras, das lutas dos povos indígenas que em muito se assemelha com a dos camponeses. “A luta é igual dos indígenas e camponeses. É muito importante que a juventude do campo e indígena se unam”. Destacando ainda o desmonte da Educação Camponesa e Indígena e a implantação do EMITEC (Programa de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica) no Estado de RO. “Quando falamos da luta pela terra, os primeiros a lutar pela terras foram os indígenas e a prova disse é que estão ai, mais de 500 anos de resistência, mesmo depois de anos de massacres, seguimos. Para termos uma ideia, em Rondônia há 60 povos indígenas e apenas 20 deles tem áreas demarcadas. Hoje são mais de 100 PECs e PLs para retirar os direitos dos povos indígenas, são muitas mesmo”, afirma Virginia.

Nesta edição a juventude irá debater os impactos do agronegócio na sua vida e e no meio ambiente. Foto: MAB

Beatriz Santos Buffon, jovem do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), aponta: “o MST se constitui como Movimento Nacional em 1984, com o objetivo de organizar os trabalhadores sem-terra para lutar pela Reforma Agrária”. Beatriz fala ainda sobre a necessidade de produzir alimentos saudáveis com preço justo para os trabalhadores da cidade, apontando as Feiras como forma de venda direta. “A Reforma Agrária não está na pauta desse Estado burguês, então a gente precisa construir uma Reforma Agrária Popular e ela só e sustentada por quem faz”, afirma a jovem militante do MST.

Representando a Via Campesina, Carlos Frederico Santana (Fredi) destaca o surgimento da Via em 1993 como uma demanda das organizações do campo em todo mundo. “A Via campesina nasce com o objetivo de unificar a luta internacional contra o Imperialismo que se apresenta nas mais diversas facetas e frentes em cada país. No Brasil, 15 organizações do campo em todos os Estados fazem parte da Via Campesina, a nível internacional está presente em 88 países, divididos em 10 grandes regiões, em 4 Continentes e contempla 183 organizações”. Fredi destaca ainda o papel e a articulação da Juventude da Via Campesina em RO da qual este III Acampamento é um dos frutos.

O acampamento é organizado pelos movimentos que compõe a Via Campesina no Estado, entre eles CIMI, MAB, MST, MPA e CPT. A programação do III Acampamento da Juventude contempla ainda mesas de debates, rodas de conversas, oficinas, integração e espaços culturais, como parte da Jornada Nacional “Juventude em Luta Permanente: o Agronegócio Destrói o Meio Ambiente”, que está sendo realizada de 1º a 5 de junho deste ano, 2017, dia nacional do Meio Ambiente.

Por Adilvane Spezia – Comunicação do III Acampamento da Via Campesina-RO

Revisão: Francisco Kelvim – Comunicação do III Acampamento da Via Campesina-RO

Las organizaciones firmantes expresamos nuestro profundo rechazo a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad a través de la Sentencia de fecha 26 de mayo de 2017, en los expedientes acumulados 90. 91 y 92 – 2017 relacionados con las licencias para la concesión de dominio público sobre los ríos Oxec y Cahabón para la construcción de hidroeléctricas en el Municipio de Santa María Cahabón, departamento de Alta Verapaz, sin consultar a la comunidad indígena en los términos exigidos por las normas aplicables en la materia.

La sentencia, a pesar de que en su primera parte reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y la obligación del Estado de hacerlo de acuerdo a lo ordenado por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio Internacional del Trabajo Nro. 169 sobre pueblos indígenas, en su parte resolutiva lo desconoce autorizando a las empresas a continuar sus operaciones al menos por un plazo de doce meses, sin que se realice la consulta a las comunidades.

La sentencia, aunque dice confirmar la resolución de primer grado, en realidad la modifica, porque ahora autoriza a las empresas a trabajar en las hidroeléctricas aún antes de realizarse la consulta a los pueblos indígenas. Además, la resolución pretende reglamentar los procesos de consulta ordenando acciones al Organismo Ejecutivo y al Legislativo cuyos contenidos son claramente contrarios a los derechos colectivos de los pueblos reconocidos en los instrumentos internacionales en la materia que son parte del marco normativo guatemalteco.

Esta sentencia no solo es una aberración jurídica que contradice varias decisiones de la corte sino que sienta un precedente muy peligroso ya que de extenderse a otros aspectos, eliminaría el derecho de los pueblos originarios e incluso de otros sectores sociales, a ser consultados debidamente sobre iniciativas estatales o del sector privado que se relacionen con temas trascendentes para la vida nacional.

Este tipo de resoluciones cuyo contenido son tan claramente contrarios a la protección de derechos y al sentido común, no solo no resuelven los problemas planteados, sino que se convierten en fuentes de mayores conflictos porque ninguna persona, ni comunidad de los pueblos originarios se mantendrán en silencio ante una decisión que violenta sus derechos de una forma tan evidente.

Las organizaciones firmantes expresamos que impulsaremos todas las acciones legales que correspondan, dentro y fuera del país, al tiempo que desarrollaremos las acciones de reclamo que consideremos convenientes para divulgar estos hechos y proteger los derechos de las personas, comunidades de los pueblos originarios incluyendo el de ser consultados de forma previa, libre e informada en torno a cualquier decisión administrativa o legislativa que puede afectarles.

Los pueblos indígenas tenemos nuestros propios mecanismos para establecer cuál es el modelo de desarrollo que deseamos y como tomamos decisiones sobre el mismo, por ello, no es posible reducir el ejercicio de derechos a la imposición de un modelo de consulta, sino que lo exigimos es el pleno respeto al ejercicio de la libre determinación y la defensa de nuestros derechos de colectivos.

¡NO A LA AGRESIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA OIT POR PARTE DE LA CC

SI A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

Iximulew, Wo’o’ Kame, Wo’o’ Iq’

Guatemala 4 de Junio 2017

El #COFADEH comparte una jornada de formación en Derechos Humanos impulsado por la Central Nacional de Trabajadores del Campo #CNTC y La Vía Campesina- Honduras #LVC.

El taller que será hoy y mañana, ha iniciado con un homenaje a los y las compañeras defensoras de la tierra, Margarita Murillo, Berta Cáceres, Rodolfo Zelaya y todos los mártires del Aguan.

Un grupo de 30 defensores y defensoras de la tierra y del territorio provenientes de los departamentos de Valle, Choluteca, Colón y La Paz participan en este proceso.

Franklin Almendares, secretario general del CNTC motivó a los y las asistentes para aprovechar los espacios de formación y los conocimientos que compartirán procuradoras de DDHH del COFADEH.

Rafael Alegría, coordinador general de LVC, expresó que este pais ya estaba descompuesto pero se descompuso más después del golpe de Estado del 2009, y a partir de ahí vino una represión salvaje contra los y las campesinas, más de 128 fueron asesinados y más de cinco mil a las celdas, mujeres en la cárcel y enchachadas, y si llevan niños también van a las celdas.

Por lo que cuándo nos sucede algo vamos corriendo a COFADEH, organización solidaria que nos acompaña, pero son muchos los derechos que se nos violentan, y por eso es necesario que nos organicemos para defendernos nosotros mismos, y para eso es esta formación.

Este es un grupo seleccionado y no debemos defraudar a los y las compañeras, tenemos que estar alertas ante los ataques, los desalojos violentos, las necesidades de los demás, expresó Alegría, quién retomó el histórico lema del COFADEH «de los hechos y los hechores, ni olvido ni perdón», en el marco de la semana internacional del Detenido Desaparecido.

Además de ser campesinos, trabajadores deben ser luchadores sociales con criterio político y desarticular ésta dictadura, agregó el representante de La Vía Campesina.

Finalmente los instó a trabajar en las comunidades sobre la defensa de los derechos humanos, cuyo violador es el Estado.

Claudia Amaya, del área de proyectos del COFADEH, a nombre de Bertha Oliva, coordinadora general del Comité, expresó su saludo y ánimo para formar una Red de defensores y defensoras por la lucha de la tierra y del territorio, tomando un poco de la experiencia que tiene en este campo y en otras regiones.

Tambien está presente Fernando Alonzo, de Mundobat, organización del País Vasco que le apuesta a la formación de base campesina y promueve este proyecto con el COFADEH, la CNTC y LVC.

Y Wendy Cruz, representante de la La Vía Campesina para este proyecto, explicó los temad y objetivos de esta formación, que al final harán labores prácticas de defensoría en sus comunidades, con el acompañamiento legal de las organizaciones participantes.

El grupo recibió «el maletín del defensor» que contiene cartillas, leyes y demás material oportuno para hacer respetar los derechos humanos.

Franklin Almendares, de la CNTC; Claudia Amaya, del COFADEH; y Rafael Alegría de la Vía Campesina encendieron las velas rojas, verde y blanca respectivamente que ilumina el altar indígena simbolizando la producción campesina cultivada con su esfuerzo y en la tierra que defiende.

Fuente: COFADEH