Enfermedades de la piel, contaminación de fuentes de agua, así como despojo de sus tierras y territorios, son las principales repercusiones negativas que viven cientos de familias guatemaltecas por la implementación de megaproyectos en sus territorios.
Indicó la entrevistada, que eso es clara evidencia de la violación de la autonomía de las autoridades comunitarias que no ha sido respetada por el Estado, muestra la falta de voluntad para respetar las decisión de la población indígena y campesina.
Domingo Coc Caal representante de las comunidad de Playitas el Copòn del departamento de El Quichè, indicó que exigen el respeto de su derecho ancestral e histórico al referir que desde hace varios años son poseedores de 26 caballerías de tierra donde habitan tres comunidades conformadas por 180 familias, y ahora son amenazados por la empresa Himber S.A. de ser desalojados del lugar para la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Copòn.
A través de una marcha pacifica y plantón frente a las instalaciones de la Corte de Constitucionalidad, habitantes hombres mujeres jóvenes niños y niñas, de diferentes comunidades del departamento de el Quiche, y San Juan Sacatepèquez presentaron un memorial abierto a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para que este órgano sea garante de los derechos de los pobladores, que hasta el momento han sido violados.
Feliciana Macario de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA indicó: “El actuar de los últimos gobiernos es a favor de las economías empresariales, sin dar prioridad a la población indígenas, por ello violan los convenios nacionales e internacionales ratificados por Guatemala, entre ellos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, es una contradicción lo que dicen las leyes y lo que hacen en la práctica que violan los derechos colectivos e individuales de los pueblos” enfatizó