25 de agosto de 2014
En complicidad con el Ministerio Público la familia Campollo, una de las más ricas de Guatemala, lanzaron este 24 de agosto, acciones represivas, allanamientos y capturas contra ancianos y ancianas que reclaman porque durante casi 30 años les descontaron el IGSS pero no lo pagaron a la institución.
Más de 250 extrabajadores de la Finca San Gregorio ubicada en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, propiedad de la Familia Campollo, fueron estafados durante 30 años al serles descontado mes a mes el pago del IGSS, pero dichos propietarios no pagaron a la mencionada institución. Cuando las y los trabajadores intentaron jubilarse, con edades entre 70 a 95 años, se dieron cuenta que sus cuotas no habían sido trasladadas al IGSS y por lo tanto no se pueden acoger al programa de invalides, vejez y sobrevivencia.
Ante tan inhumano robo, un grupo de extrabajadores, como justificada medida de presión se dirigió a la finca en forma pacífica y protestó durante 4 días
en espera de respuesta por parte de la patronal, se retiraron, sin ningún incidente, cuando la abogada Eugenia Sandoval se ofreció para mediar para que fueran escuchadas sus peticiones.
Sin embargo, en lugar de responder a las justas demandas de las y los ancianos que durante 30 años entregaron su fuerza de trabajo, la familia Campollo, en contubernio y complicidad con el Ministerio Público, ha lanzado una ofensiva para capturar a 16 personas. Estas acciones ocurren en el aniversario de la Masacre de la Finca la Exacta cuando las familias Campollo y Blanco Aguirre promovieron un desalojo en 1994, con el resultado de casi 10 trabajadores asesinados. Ya ha sido capturado uno de los ancianos extrabajadores y la PNC junto a fiscales del MP están allanando y rodeando viviendas, en búsqueda de otros. En lugar de procurar que se pague a los trabajadores que tienen más de 5 años de exigir sus derechos, el MP en poco tiempo y de forma inusualmente ágil, está procediendo con estas órdenes de captura.
Las comunidades de la región se están movilizando por lo que responsabilizamos a la PNC y la Fiscalía de Coatepeque por cualquier situación que se pueda dar, fruto de tan condenable proceder.
Llamamos a las demás comunidades y organizaciones campesinas a estar alertas y movilizados por las campañas de criminalización y desprestigio que se están impulsando en la actualidad en medios de comunicación y redes sociales que pueden desembocar en una nueva oleada de represión hacia comunidades indígenas y campesinas en Izabal y El Estor.
Comité de Unidad Campesina
CUC
Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo
de las y los Trabajadores del Campo
24 de agosto de 2016