Chile: ANAMURI y RANQUIL: «hemos demandado el mejoramiento de las condiciones de trabajo en los sectores rurales desde los años 80; esta propuesta de estatuto que está en el Congreso conducirá a todo lo contrario»

Martes 31 de Julio de 2012

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La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) y la Confederación Campesina Ranquil: Ante la propuesta de Estatuto del temporero y temporera que está actualmente en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, manifestamos la preocupación y nuestro más profundo rechazo ante la urgencia que desde el gobierno, a través de la Ministra del Trabajo Evelyn Matthei y el Ministro de Agricultura Luis Mayol, se ha puesto para la aprobación el proyecto de ley que crea el Estatuto laboral agrícola del temporero.

Reiteramos, que la propuesta del Estatuto del Temporero y Temporera que está actualmente en la comisión Trabajo de la Cámara de Diputados, y que emanó de un acuerdo entre un conjunto de asociaciones de empresarios agrícolas y algunas organizaciones en que no todas son representativas de los trabajadores y trabajadoras asalariadas agrícola, en este sentido la propuesta difícilmente mejorará las condiciones laborales de los y las trabajadoras de este sector, condiciones que son precarias sumado a los altos niveles de incumplimiento de la actual legislación laboral, por el aumento de la inestabilidad del trabajo que no sólo se debe al carácter estacional del empleo, sino a una política empleadora orientada a la fragmentación de contratos laborales por la vía del uso abusivo del contrato por obra o faena, así como por el alto grado de informalidad.



Según lo difundido por el diario la Tercera el día martes de 10 de Julio del presente mes, los Ministros plantean que a través del nuevo estatuto se podrá llegar a un acuerdo entre empleador y trabajador, llamado pactos silvoagropecuarios por faena, en diversas materias, las que incluyen la posibilidad de aumentar las horas extraordinarias diarias de 2 a 4. Y nos preguntamos ¿En qué medida podría beneficiar a los y las temporeras aumentar en 2 horas más las horas extraordinarias, si a ellas se les paga a destajo o a “trato”, por unidad de medida, y las dos últimas de 12 horas (8 ordinarias, 2 extraordinarias y 2 más extra extraordinarias) son aquellas en que se encuentra exhausta, fatigada y por ende va a rendir menos y ganar menos? En consecuencia ¿Por qué podría beneficiar a las temporeras que constituyen un porcentaje mayoritario en las labores de cosecha y empaque, ausentarse de su hogar y de las actividades domésticas y reproductivas por más de 15 horas? Recordemos que serán 12 horas de trabajo, más 2 horas que demoran en traslados de ida y vuelta, más 1 hora que le dan de colación que no es imputable a la jornada de trabajo. Es decir, en las 9 horas que le quedan deberá reponerse de un trabajo extenuante físicamente y además cumplir con el trabajo doméstico, lavar, planchar, dejar almuerzo hecho para el otro día, hacer aseo y hacer vida familiar.

El proyecto señala que éste será un pacto voluntario entre privados. ¿De qué voluntariedad hablamos cuando la relación de poder es totalmente asimétrica entre las dos partes, en la que una parte oferta trabajo para producir, y la segunda demanda trabajo para sobrevivir?, ¿qué posibilidad real tendrán las y los trabajadores de este sector para negarse a firmar un pacto, cuando además sabe que se trata de un trabajo de paso, inestable?, ¿qué pasará con los contratistas, si en la actualidad ellos son gran parte de los principales empleadores en la agricultura de exportación y no han sido parte de la Mesa que elaboró esta propuesta?, ¿qué pasará cuando en una faena ya hay un pacto establecido y se incorpora un nuevo grupo de trabajadores?, ¿podrá negarse a firmar el pacto o tendrá que buscar otro trabajo?.

Asimismo se establece que un límite máximo a las horas extraordinarias adicionales, pero por mes. Sabemos que sobre todo quienes están empleados con contratistas tienen empleos que duran menos de un mes. En todos esos casos se corre el riesgo de perpetuar jornadas extensas de duración máxima, toda vez que se establezcan faenas con duraciones inferiores a un mes, y los trabajadores/as concurran a celebrar nuevos y sucesivos pactos con el mismo u otros empleadores.

Además en esta propuesta se incorpora el establecimiento de jornadas fragmentadas o discontinuas “cuando sea necesario”, la que no se plantea en el contexto de pactos temporales por faena, sino como norma general de los contratos de trabajadores/as agrícolas. Diversos estudios desde el enfoque de los condicionantes laborales en la salud de los trabajadores/as han alertado sobre las consecuencias en la calidad de vida personal y familiar de trabajadores/as expuestos a jornadas excepcionales, en tanto queda supeditada la vida privada de los sujetos al trabajo. La pregunta de fondo es ¿qué hará que “sea necesario” establecer jornadas discontinuas?, y ¿por qué podría pensarse que la división de la jornada diaria beneficiaría a los trabajadores/as? Si se toma como ejemplo la ordeña, la solución es el establecimiento de turnos y no la supeditación de un mismo grupo de trabajadores/as a dicha actividad. La demanda de la jornada discontinua es de los empresarios del sector lechero, pero no de los trabajadores/as, quienes aspiran a un trabajo decente, lo que incluye horarios de trabajo y de descanso, como está establecido para el conjunto de trabajadores/as del país.

En este contexto, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), la Confederación Ranquil, la Pastoral de los y las temporeras y una serie de otras organizaciones sociales, sindicales y del mundo académico, como el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, hemos demandado el mejoramiento de las condiciones de trabajo en los sectores rurales desde los años 80; esta propuesta de estatuto que está en el Congreso conducirá a todo lo contrario.

En Chile existe un sector importante de los empleadores de la agricultura que no cumple la actual legislación vigente, tenemos sobre un 40% de informalidad, frente a lo cual miles de trabajadores/as se sienten impotentes y desamparados. El argumento de que la legislación es urbana nos parece insustentable. ¿Por qué los/as asalariados/as agrícolas tendríamos que tener un estatuto especial que nos proteja menos y que deje en manos de privados, a la merced de pactos nuestras condiciones laborales, donde ganará la posición del más fuerte?

Sí reconocemos la necesidad de modificar el actual Código del Trabajo que heredamos de la dictadura militar y que nos deja sin poder negociar colectivamente y sujetos al maltrato y abuso laboral. Sí es necesario modificar las formas de pago a trato o a destajo, de manera de buscar una modalidad de pago justa que no esté sustentada en la búsqueda de un rendimiento físico extraordinario que lo único que ha generado, que a los 50 años ya son trabajadores y trabajadoras “desechables”, con dolencias crónicas, como artrosis a las caderas, a las rodillas, lumbago crónico, tendinitis y otras enfermedades, que las mutuales de seguridad difícilmente reconocen como enfermedades profesionales. Sí es necesario modificar y precisar los alcances del contrato más usado con los temporeros/as (cuando hay contrato), que es el contrato por obra o faena, el que se pone término unilateralmente justo antes de fiestas, feriados o fines de semana largos, para no pagar semana corrida, cortando por el hilo más delgado. ¿Qué es una obra o faena en la agricultura?, ¿cuándo es fiable? Si consideramos necesario modificar el código del trabajo para ampliar las facultades de los sindicatos transitorios, para reponer el sindicato comunal por rubro, a través del cual se pueda negociar supra faena.

En síntesis, los reparos con la propuesta de ley que está en el Congreso son de fondo, que no se corrigen con indicaciones como lo hemos explicitado ante la comisión en el parlamento.

Ante esta aberrante situación administrada principalmente desde los intereses de las empresas, es que pedimos apoyo de todos los sectores para rechazar el proyecto presentado por el ejecutivo y comenzar de cero. Tenemos el respaldo de años de trabajo con organizaciones de base de temporeras y temporeros de las regiones agrícolas del país, y la voluntad para dialogar en la construcción de una nueva propuesta que conduzca a un mejor y más digno trabajo para los y las asalariadas agrícolas temporales de Chile.

ANAMURI

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas

RANQUIL

Confederación Campesina

 

 

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Anciano mapuche en riesgo vital por impacto de carro lanzaaguas de la policía chilena

Martes 31 de Julio de 2012

Un anciano mapuche quedó en riesgo vital luego de golpearse la cabeza al perder el equilibrio tras ser alcanzado por el chorro del carro lanzagua de Carabineros durante una protesta efectuada en la mañana por comuneros mapuche en la Ruta 5, en el sector de Licanco, en Padre Las Casas.

El hombre fue identificado como Felicindo Huaquinao Huaquimil, de 70 años, quien fue internado en el Hospital Regional de Temuco, centro asistencial que informó que el hombre ingresó a las 10:45 horas con compromiso de conciencia por un traumatismo encefalocraneano.

«El señor Huaquinao fue intervenido debido a un hematoma subdural agudo extenso. La operación se prolongó por tres horas y actualmente el paciente se encuentra bajo un coma inducido con asistencia de ventilación mecánica y en riesgo vital», señala un comunicado del recinto.

Además, los médicos tratantes estiman que las próximas 48 horas serán determinantes en la evolución del paciente

En tanto, el prefecto de Carabineros de Cautín, coronel Carlos Avila, quien reconoció una investigación al interior de la institución, aunque descartó violencia innecesaria, como acusan las comunidades.

«No ha habido ninguna denuncia formal, pero Carabineros ha actuado de oficio, se ha dado cuenta a la Fiscalía local y se ha iniciado la investigación para establecer la participación del personal y analizar el protocolo de actuación de personal de Fuerzas Especiales», dijo el oficial.

La protesta de las comunidades mapuche en Padre Las Casas -debido al incumplimiento sucesivo de compromisos de pavimentación de caminos interiores- culminó con 10 detenidos.

Fuente: Cooperativa-Albatv/MCZ

 

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Honduras: Campesinos de El Progreso se toman tierras en posesión de Azucarera del Norte, propiedad de la transnacional Sab Miller

Martes 31 de Julio de 2012

Campesinos de El Progreso ocuparon la noche del domingo 29 de julio mas de tres mil hectáreas que la empresa Azucarera del Norte, Azunosa, tiene en posesión ilegalmente de hace más de treinta años; pero en menos de doce horas fueron presionados para que salieran por unos cien miembros de la Policía Nacional, el Ejército y la policía de investigación quienes amenazaron con apresarlos sin presentar ninguna orden judicial de desalojo.

La noche del domingo 29 los campesinos que se dirigían a ocupar los predios fueron retenidos en la carretera por un gran operativo de la policía a cinco kilómetros de El Progreso, les decomisaron dos camiones con sus maletas de ropa, alimentos preparados para la cena y sacos con provisiones. Pero los campesinos siempre lograron hacer la toma de los predios.

El Instituto Nacional Agrario, INA, tomó la Resolución Definitiva 050 2012 del 26 de marzo de este año de expropiación de 3 mil 644 hectáreas, equivalentes a 5 mil 227 manzanas. Azunosa acreditó en marzo tener en propiedad 3 mil 894 hectáreas, sin embargo las leyes agrarias establecen que en el Valle de Sula donde están ubicados una persona natural o jurídica sólo puede tener 250 hectáreas.

A pesar del techo establecido por la Ley, alguien podría tener mas de 250 hectáreas en el Valle de Sula, si el gobierno a través de la Secretaría de Recursos Naturales le autorizaba un sobre techo, dada la importancia económica o social demostrada de su proyecto.

El punto clave es que Azunosa no posee ninguna autorización de sobre techo, por lo tanto toda la tierra extra después de las 250 hectáreas, la Ley manda que debe ser expropiada para fines de reforma agraria.

Azucarera del Norte es ahora propiedad de la transnacional Sab Miller que compró desde hace diez años la Cervecería Hondureña, quien consume casi toda el azúcar que produce el ingenio Azunosa para la elaboración de refrescos de la línea de Coca Cola Company.

Pero Azunosa no pierde en realidad. Por la tierra misma y las mejoras, el gobierno ha calculado que se le debe pagar doscientos millones de lempiras, más de diez millones de dólares, cantidad que luego tendrán que pagar los campesinos. Y le quedan gratis a la empresa todos los años de haber usado la tierra sin tener legalmente derecho a ello.

La resolución definitiva establece que si la empresa no acude a reclamar la indemnización la misma se depositará en los juzgados de El Progreso.

Azunosa rechaza la expropiación y apeló ante el Concejo Nacional Agrario, en el cual están tres abogados y un ingeniero agrónomo nombrados por el gobierno, dos representantes de los Ganaderos y dos representantes de las centrales campesinas. En la primera semana de agosto discutirá la Resolución Definitiva del INA y si ratifica la expropiación, Azunosa todavía tendrá la opción de acudir ante la Corte Suprema de Justicia como última instancia.

Unos setenta efectivos intentaron a eso de las diez de la mañana de este día desalojar al grupo ubicado en la entrada principal hacia el ingenio Azunosa en la aldea La Sarroza, pero los campesinos no se retiraron porque exigieron que les mostraran la orden de desalojo y los jefes policiales tuvieron que aceptar que no la tenían.

Pasado el mediodía se presentaron mas de 10 miembros de la DGIC y del Ministerio Público para realizar el desalojo acusándolos de usurpación y amenazaron que si no salían voluntariamente se los llevarían a todos a la cárcel.

Los tres grupos, ubicados a unos cuatro kilómetros de distancia uno del otro, aceptaron salir del predio voluntariamente y la policía los escoltó hasta que estaban lejos de los terrenos en disputa. Sin embargo los desalojados fueron claros en que volverán a las tierras porque ya están expropiadas de acuerdo con la Ley y exigen que la misma se cumpla.

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Guatemala: No más muertes, exigen embarazos saludables

Martes 31 de Julio de 2012

Por: Rocizela Pérez Gómez/CLOC Vía Campesina en Guatemala

ROCI

Sin pensarlo muchas mujeres que llevan en su vientre a un nuevo ser humano deben enfrentare a la muerte, no por el ser que llevan dentro sino por la violación a sus derechos de salud y alimentación, la pobreza y el no tener acceso a los servicios básico para una vida adecuada son factores para que muerte de mujeres en estado de gestación se incremente.

Aracely Saucedo del Comité de Unidad Campesina -CUC- y representante de las mujeres de la CLOC Vía Campesina en Guatemala, señala que la pobreza en que viven la mayoría de familias guatemaltecas no permite que las mujeres puedan alimentarse bien en uno de los periodos más lindos, “el tener en su vientre a un nuevo ser”, señaló que la realidad de las comunidades lejanas es tener edificios de salud pero no personal capacitado para atender a las mujeres en el periodo de embarazo.

“La falta de recursos económicos de las familias no permite que las mujeres tengan acceso a la salud y a medicamentos mucho menos a salud privada, por ello quedan sin acompañamiento en el periodo de embarazo” señaló Saucedo.

Por la poca atención a la salud de las mujeres embarazadas se ha incrementado la muerte de aquellas que por estar lejanas a un centro de salud no son atendidas de forma inmediata, sin que se cumpla lo establecido en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria en su apartado B. Sobre Salud señala sobre el sistema nacional coordinado de salud …”b) Es atribución del Ministerio de Salud la formulación de políticas que permitan el acceso de toda la población guatemalteca a los servicios integrales de salud. Bajo la coordinación del Ministerio de Salud, concertar con instituciones públicas, incluyendo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, privadas y no gubernamentales que intervienen en este sector, la puesta en práctica de las acciones que permitan universalizar el acceso de toda la población guatemalteca a los servicios integrales de salud…”.

Asimismo en cuanto a la Población de bajos recursos señala “…Crear las condiciones para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad a la población de bajos recursos. El Gobierno se compromete a aumentar los recursos destinados a la salud…”. Además en sus prioridades de atención señala “d) Dar prioridad a la lucha contra la desnutrición, al saneamiento ambiental, la salud preventiva, las soluciones de atención primaria, especialmente la materno infantil. El Gobierno se compromete a presupuestar por lo menos 50% del gasto público en salud a la atención preventiva, y se compromete a reducir la mortalidad infantil y materna…”.

Según declaraciones dadas en mayo del 2012 por representantes del Observatorio en Salud Sexual y reproductiva -OSAR- de acuerdo a monitoreos realizados Guatemala es uno de los países latinoamericanos donde mayor número de mujeres mueren por causas con el embarazo, parto y posparto. Representantes del observatorio recordaron que en Guatemala se debe reducir de 136.7 muertes maternas a 65 por cada 100 mil nacidos vivos para el año 2015, según lo establece el 5º objetivo de desarrollo del milenio.

En una publicación de Analistas independientes refiere que en el último recuento que se tiene como país sobre muerte materna, señala que mueren alrededor de 537 mujeres al año por razones asociadas a la maternidad. Son 45 al mes; 10 u 11 por semana; 1 o 2 al día. http://www.analistasindependientes.org/2012/05/morir-al-ser-madre.html

Silvia Velásquez de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina -CONIC- activa a la CLOC Vía Campesina, señaló que en muchos departamentos del país las mujeres en estado de gestación no tienen acompañamiento médico porque no existe en la comunidad o estos se encuentran lejanos y no hay quien las acompañe, también mencionó que uno de los problemas que sobresale en las comunidades es que la alimentación no es nutritiva y eso da como resultado que las mujeres estén desnutridas y eso afecta durante el parto o después del mismo ya que muchas quedan sufriendo enfermedades como desmayos y decaimiento y en otros casos las mujeres no soportan y mueren.

En varias comunidades del país se vive desnutrición y pobreza y por ello no existen recursos económicos para que las mujeres sean trasladadas a tiempo a los centros de salud que se encuentran alejados de las comunidades.

La organización ve fundamental el trabajo de las comadronas en las comunidades por ello desde cada colectivo territorial se brinda acompañamiento a la labor que realizan para que puedan capacitarse y ser reconocidas por el ministerio de Salud y Asistencia Social, este acompañamiento se da en los 18 departamentos donde tiene presencia la -CONIC- Velásquez dijo que el conocimiento ancestral es fundamental ya que en muchas comunidades aun se transmiten los conocimientos a otras compañeras.

Dijo que es fundamental continuar impulsando el tema de salud, educación analfabetismo y uno de los problemas es que no pueden hablar en idioma español, dijo que según registros de la organización mujeres que pertenecían a la -CONIC- fallecieron dos días después de haber dado a luz, con síntomas de hemorragia que les provocó la muerte.

Reiteró la lideresa que aunque en varias ocasiones desde la organización se ha denunciado la falta de atención a las mujeres en el periodo de embarazo no ha respuesta de la cartera de salud, señaló que en su mayoría mujeres de diferentes comunidades no tiene acceso a la salud sexual y reproductiva desde su propia visión.

Investigaciones señalan que cuando las mujeres embarazadas no se alimentan bien se asocia a un peso bajo al nacer y a un riesgo de enfermedades crónicas para el bebé. Durante el embarazo aumentan los requerimiento de la mayor parte de los nutrientes por mencionar las proteínas, vitamina A, vitamina D, ácido fólico, calcio y hierro entre otros; estos alimentos que se deben incrementar durante el periodo de gestación. Fuente: MSN Salud y Bienestar.

Magdalena Sarat de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA activa a la Vía Campesina coincidió con Velásquez al indicar que las comadronas juegan un papel importante en las comunidades, dado a la carencia de centros de salud cercanos de donde viven las mujeres ya que son las comadronas quienes dan acompañamiento a las mujeres durante el embarazo a la hora del parto y después del parto, señala que la pobreza y pobreza extrema no permite a las mujeres alimentarse bien.

Sarat agregó que en las comunidades lo que prevalece es la medicina natural por ello es fundamental que las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tome en cuenta la situación particular de cada comunidad: “ El Estado debe reconocer el derecho a la salud de los pueblos desde la forma y práctica de cada región”, señaló.

La integrante de la -CONAVIGUA- expresó que no puede hablarse de salud y alimento adecuado si las políticas son despojo y contaminación por parte de las empresas mineras y transnacionales que e instalan en los territorios de los pueblos, tampoco se puede hablar de una soberanía alimentaria sino existe tierra para cultivar y producir alimentos.

Hay leyes que se han creado para garantizar la vida y las salud tanto de las mujeres embarazadas como para el nuevo ser tal es el caso de la Ley para la maternidad saludable Decreto 32-2010 emitido por el Congreso de la República el 9 de septiembre de 2010, aprueba la Ley para la Maternidad Saludable, la cual tiene por objeto mejorar la salud y calidad de vida de las mujeres y del recién nacido, establece que es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y las Organizaciones No Gubernamentales contratadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, las responsables de la implementación y cumplimiento de la ley.

El no hacer cumplir las leyes nacionales e internacionales para velar por la salud y bienestar de las mujeres embarazadas también es violencia, el que las mujeres no tengan acceso a los servicios básicos como el desalad también es violencia, el que una mujer muera por no ser atendida de forma inmediata y responsable e la hora del parto, también es violencia.

La Vía Campesina ha señalado que una de sus tareas es construir un modelo de sociedad que parta de las raíces; un modelo en que todos, hombres y mujeres, rechacemos la violencia en todas sus formas: económica, social, física, mental, sexual y medioambiental. Y garantizar que ese modelo NO TOLERE la violencia, uno de los objetivos de la “Campaña de la no Violencia hacia las mujeres” anunciada en la V Conferencia Internacional de la Vía Campesina en octubre 2008, es “Presionar a los gobiernos para que cumplan los acuerdos y los tratados internacionales y lleven a cabo políticas que combatan todas las formas de violencia contra las mujeres. Hacer frente a la falta de voluntad política que demuestran la mayoría de los gobiernos a la hora de aplicar las leyes nacionales e internacionales, las convenciones y los tratados sobre derechos de la mujer”.

 

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Economía verde, economía inclusiva

Lunes 30 de Julio de 2012

Frei Betto

RIO13El documento de la ONU para Rio+20 contenía de positivo el reconocimiento de que la crisis actual es estructural, trasciende los aspectos económicos y financieros, y acontece debido al agotamiento y las debilidades del actual modelo capitalista de desarrollo.

Aunque el diagnóstico era correcto, la medicación agrava el estado del enfermo: la economía verde.

Esta economía no escapa del paradigma neoliberal de mercantilización de los recursos naturales. Al tener que escoger, opta por el capital privado.



La economía inclusiva o sustentable trata de atender a las necesidades y derechos de todos los seres humanos; promueve la distribución equitativa de la riqueza y de las oportunidades para la generación de la renta y el acceso a los bienes y servicios públicos; y de esa forma asegura condiciones de vida digna a toda la población, erradicando la pobreza y reduciendo las desigualdades sociales.

La crisis actual es un momento privilegiado para avanzar en la transición hacia nuevos modelos de gobierno, capaces de redireccionar los diversos capitales para la creación de oportunidades de negocios y empleos que representen alternativas de desarrollo sustentable y sustentado.

Frente a esta perspectiva el Instituto Ethos propone Compromisos de acción, entre los cuales hay que destacar: buscar la ecoefectividad de nuestras actividades, por medio de la reducción del consumo total y de la intensidad de los insumos (tales como el agua y la energía); reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar sus efectos ya inevitables; invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías, procesos, productos y modelos de negocio regidos por los principios de sustentabilidad.

Propone también el desarrollo territorial sustentable, contribuyendo a erradicar la miseria y la pobreza; trabajar por una economía al servicio del desarrollo humano; implementar políticas y acciones en las empresas y cadenas de producción, mirando por el desarrollo del capital humano y social, con énfasis equivalente al aplicado a los capitales económico y financiero, y la reducción de las desigualdades de oportunidades y de remuneración por razón del origen social, racial, étnico, generacional o de género.

Eso requiere mejorar la gobernabilidad y la promoción de la transparencia e integridad, además del compromiso de trabajar por la erradicación de la corrupción y por el establecimiento de nuevas arquitecturas institucionales que apuesten por la participación plural de los diversos actores sociales.

Debe enfatizarse la importancia del perfeccionamiento de los mecanismos de promoción de la integridad y de la transparencia de los procesos de planificación, decisión y operación, públicos y privados, y empeñarse en el perfeccionamiento del sistema político y de la democracia.

Es preciso contribuir también con conocimientos y competencias de manera que se mejoren las políticas públicas, así como fortalecer la gestión pública y de los mecanismos de control y participación social, y también ejercer una ciudadanía activa y fiscalizadora tanto en los procesos electorales como durante los mandatos electivos.

[Frei Betto es escritor, autor de «La obra del Artista. Una visión holística del universo”, entre otros libros. www.freibetto.org/ – twitter:@freibetto.

Copyright 2012 – Frei Betto – No es permitida la reproducción de este artículo por cualquier medio, electrónico o impreso, sin autorización. Le invitamos a que se suscriba a todos los artículos de Frei Betto; de este modo usted los recibirá directamente en su correo electrónico. Contacto – MHPAL – Agência Literária (mhpal@terra.com.br)

Traducción de J.L.Burguet].

 

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La Economía Verde se llama Poder Corporativo

Lunes 30 de Julio de 2012

Por Elizabeth Peredo

Estamos asistiendo a una profundización demencial del paradigma capitalista y de su ámbito de dominio que ha desplazado sin pena ni pestañeo el concepto de sustentabilidad para usarlo en el campo de las finanzas, disfrazando su afán de lucro con el argumento de incorporar las externalidades ambientales. Argumentos para justificar una angurria fuera de toda proporción: casi todo lo que existe en el mundo cumple un servicio y es una mercancía, todo será considerado una inversión, todo cuenta como dinero. El próximo paso será conquistar nuestra imaginación.

Un documento denominado “Declaración del Capital Natural (Un compromiso del sector financiero para Río+20 y más allá)”, promovido por las Naciones Unidas mediante la Iniciativa Financiera del Programa para el Medio Ambiente, la Fundación Getulio Vargas de Itamaratí del Brasil y el Global Canopy Programe en el Foro Corporativo por la Sustentabilidad, ha empezado a ser visible en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Río+20 en paralelo a los documentos emanados de la negociación y proponiendo una declaración que debe ser firmada por las instituciones financieras internacionales y las corporaciones.

 

El documento, fruto de 18 meses de preparación del sector financiero, compromete a los signatarios a cuidar los recursos naturales, en particular el agua, y aunque está presentado como una iniciativa sustentable, acompaña al lobby que las transnacionales han estado haciendo en las negociaciones dando cuenta de una de las certezas que tenemos, pero que aún es poco visible en los debates entre los países: la ONU está en manos del gran capital corporativo y financiero. Los debates y negociaciones que allí se desarrollan se encuentran en su cancha.

La declaración propuesta señala la ruta de los nuevos consensos que se están desarrollando entre los representantes del capital financiero, y dice textualmente en su encabezado que se propone crear un “compromiso de la comunidad financiera (que parece sustituir ahora a la ‘comunidad internacional’) a reconocer y reafirmar la importancia del capital natural en el mantenimiento de una economía global sostenible” (ahora es explícito que es la economía y no el medio ambiente la que debe ser sostenible).

Y no es casual: las 100 economías más grandes del mundo son hoy corporaciones transnacionales, no tienen banderas (sí, logos, slogans y mensajes de propaganda), no son democráticas (tienen dueño, directorio y funcionarios), no consultan a nadie para acomodarse hasta donde les alcancen las piernas, y si pueden les sacan dinero a los países del Sur y a los pueblos del Norte para consolidarse o seguir acumulando capital (son dueñas del dinero, de los bancos, de las tierras, de la justicia, de la tecnología, de las maquinarias; tienen acuerdos de libre comercio a su favor, reglas de protección de inversiones y tribunales a su medida). Según información proporcionada por el TNI y el Grupo ETC, 10 de las corporaciones más ricas son de energía; al menos 10 corporaciones más fuertes están vinculadas a la producción de alimentos y el comercio del agua, y concentran millones de hectáreas en el Sur global; otras tantas tienen el monopolio de las patentes y otras, muy fuertes y poderosas, están obsesionadas con la geoingeniería. Todas ellas presentes en el entorno de las Conferencias de la ONU para asegurar su situación de poder y conceder lo menos posible a la creación de mecanismos efectivos que se orienten a salir de la crisis.

Paralelos con la Cumbre del 92

Cuando, en 1992, se hizo la Declaración de Río y se estableció la Agenda 21, la finalidad era enfrentar la ya entonces preocupante devastación ambiental, las inequidades sociales y la pobreza. La ingenuidad de los pueblos y la maquinaria montada para marearlos nos hizo creer que la fórmula mágica del “desarrollo sostenible” combinando “economía, sociedad y medio ambiente” —bajo la directriz de “consumir lo suficiente para satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones del futuro”—, sería suficiente para resolver los problemas planteados.

En paralelo, arrancaba el Consenso de Washington concebido pocos años antes (a finales de los 80) y ya estaba en pleno apogeo la multiplicación de las instituciones, leyes, acuerdos, mecanismos financieros, sistemas de condicionalidades e ideologías —que no podían faltar— para aprovechar de esta narrativa y asegurarse de que la fórmula “sin inversión privada no hay desarrollo” les permitiera tener todas las facilidades para lucrar a costa de la destrucción planetaria y la violación de los derechos humanos.

Por tanto, el “desarrollo sostenible” sobre el que se sigue insistiendo tenía ya varias debilidades de fondo: desde concebir una noción de crecimiento económico sin límites ni conciencia de la interdependencia entre especies y con los ecosistemas, ignorar las fuerzas del mercado y el proceso de liberalización de la economía, hasta pensar ingenuamente que las palabras son suficientes y no es preciso atacar las causas estructurales del sistema.

Hoy estamos en una situación algo similar, sólo que aún más grave, porque la crisis ecológica y financiera —que ellos mismos han provocado— opera como un fuerte justificativo para avalar una nueva maquinaria denominada “economía verde” (o como quiera llamarse) que pretende incorporar a la naturaleza en la fórmula para asegurar, esta vez, la “sostenibilidad de la economía global”.

Por tanto, el “desarrollo sostenible” sobre el que se sigue insistiendo tenía ya varias debilidades de fondo: desde concebir una noción de crecimiento económico sin límites, hasta pensar ingenuamente que las palabras son suficientes y no es preciso atacar las causas estructurales del sistema.

Un sistema de lucro inédito

Según han manifestado los impulsores de esta declaración que incluye a los “buenos” de la película porque accedieron a hablar del medio ambiente y sustentabilidad —uno de los signatarios es la Coca Cola Company—, se pretende “hacer entender que ‘activos’ como el agua, el aire, el suelo y los bosques son un ‘capital fundamental’ y advertir cómo esos recursos afectan los negocios de las empresas”… “De la misma forma que un inversionista quiere preservar su patrimonio y vivir de la ganancia que le genera, el desafío es ahora no depredar recursos naturales para obtener un beneficio…”.

Entonces, hablar hoy de sostenibilidad podría equivaler a hablar de factibilidad o rentabilidad. Da lo mismo. Podríamos hasta decir que el mundo es 80% factible y rentable si se invierte en servicios ambientales de los bosques o las abejas, y 20% factible si no se invierte en ellas. Podríamos hablar de los intereses y ganancias que se estarían perdiendo si no se cuantifica y declara el servicio que proporcionan nuestras montañas y paisajes cuanto antes. Podríamos imaginarnos que en cualquier rato nos querrán demandar ante una corte si no cuidamos la belleza escénica de algún paraje en nuestro territorio.

Estamos asistiendo a una profundización demencial del paradigma capitalista y de su ámbito de dominio que ha desplazado sin pena ni pestañeo el concepto de sustentabilidad para usarlo en el campo de las finanzas, disfrazando su afán de lucro con el argumento de incorporar las externalidades ambientales. Argumentos para justificar una angurria fuera de toda proporción: casi todo lo que existe en el mundo cumple un servicio y es una mercancía, todo será considerado una inversión, todo cuenta como dinero. El próximo paso será conquistar nuestra imaginación.

Las negociaciones y la vida real

Algunos países en el G-77 se han propuesto redefinir la economía verde y salvarla de un enfoque mercantilista. Brasil ha lanzado un documento de propuesta de declaración que permanece anclado en el concepto de “crecimiento económico sostenido” y que hace muchas concesiones a este nuevo modelo, dejando atrás acuerdos que podrían ser sustanciales en regular a las corporaciones y limitar a los países desarrollados para recuperar las proporciones que exige el pago de la deuda ecológica e histórica; algunas corrientes de activistas se han concentrado en rechazarla y demonizarla para que las Cumbres y las negociaciones concluyan con un rotundo “no” a la economía verde.

Pero la vida real está diseñada ya para que una vez terminada la semana de debates, negociaciones y reuniones paralelas, tanto la cooperación para el desarrollo, la cooperación no gubernamental, los gobiernos nacionales y los locales, los bancos, los mercados financieros, las corporaciones y las empresas, los países y las comunidades ingresen de uno u otro modo en los escenarios preparados con oculta paciencia con el fuerte argumento de “salvar a la Madre Tierra” de la destrucción.

La tan mentada Madre Tierra ahora ya tiene un lugar en el lenguaje del documento presentado por Brasil, que reconoce que podría ser un sujeto de derechos, lo que es un gran avance pero no necesariamente significa que se los va a respetar. Aunque se aprobara, no sería suficiente para parar a las transnacionales y el extractivismo base de muchas economías en el mundo y que en el documento se reconoce como un motor para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Ni siquiera en Bolivia o Ecuador, donde existen articulados constitucionales y leyes al respecto, han sido respetados, y allí se persiste en la explotación minera e hidrocarburífera a costa de la Madre Tierra y la salud de las personas. Ni qué decir de los países desarrollados, donde la explotación minera, la energía nuclear o la explotación del carbón amenazan sus ecosistemas y la salud de la gente, como es el caso de las comunidades del valle de Ohio que viven la devastación y el envenenamiento por esta industria. Estados Unidos, por ejemplo (con razón no quiere firmar el Protocolo de Kyoto), depende en un 49% de la salvaje explotación del carbón para su energía, uno de los sistemas más contaminantes y destructivos del medio ambiente y la salud.


Visibilizar la amenaza, identificar los escenarios y confiar en nuestras fuerzas

Así como están las cosas, sería quizá pertinente distinguir algunas estrategias de resistencia sabiendo que las negociaciones y los debates en Naciones Unidas son apenas uno de los escenarios de esta problemática global, el más desgastado y ahora cooptado por el interés transnacional y la ideología del desarrollismo, que se está convirtiendo peligrosamente en un lugar de palabras repetidas y vaciadas de contenido con altavoz. Una retórica difícil de asir y sobre todo de controlar desde la sociedad civil; sus resultados, cualquiera que fueran, serán pasibles de ser atrapados por el sistema de lucro.

Un otro escenario —mucho más relevante— es el de la economía, que nos lleva a considerar seriamente el poder de las corporaciones con sus negocios y sus reglas en todas partes, un terreno muy concreto de acción que debe recoger la experiencia de innumerables luchas exitosas en parar el poder corporativo y que está llevando a resistir la explotación minera, la mercantilización del agua, de la salud, de la vida; al mismo tiempo, este escenario incluye las economías no visibles que funcionan y dan vida a formas solidarias de organización social y que pocas veces son reivindicadas como caminos posibles para la restauración y resignificación de la economía y del tejido social.

Un tercer ámbito es el de los imaginarios, el de las subjetividades, la cultura y, por tanto, uno de los más importantes, porque acompañan los hábitos sociales y pueden ser engranajes de una vida o de consumo o de cuidado, de violencia o de solidaridad, de dominio y sumisión o de democracia y participación. En este terreno, la construcción de relaciones equitativas entre géneros, entre etnicidades, generaciones y otras diversas, podría contribuir sustancialmente a una relación más armónica con la naturaleza, o, al menos, preparar la subjetividad para ello.

Los intereses que están detrás de la economía verde no son algo etéreo; y no porque no se los explicite dejarán de existir en su esencia. La economía verde es el nuevo ropaje del poder corporativo, lleva su nombre inscrito con sangre de los pueblos en la frente, y es allí donde la resistencia al nuevo modelo será más eficaz. No en los foros ni declaraciones, no en el resultado de la negociación, ni en los discursos de resistencia abstracta, sino en la defensa de los territorios, del agua, de las semillas, de los servicios públicos, de la vida, de la economía solidaria, del reconocimiento al trabajo impago de las mujeres, en la resistencia a la minería extractivista e irresponsable, a las plantas nucleares, al lucro de las empresas con la energía y el agua, en defensa de los pueblos en el día a día.

La economía verde viene con nombre y apellido: se llama Poder Transnacional, y nos hemos mirado frente a frente: Los hemos frenado algunas veces, les hemos obligado a retirarse. La indignación y la conciencia sobre el daño que causan existen y son inmensas en el mundo. Es allí donde vamos a permanecer, pues nosotros y nosotras, que no queremos convertirnos en sofisticados profetas del desastre, nos otorgamos el derecho también a redefinir la sustentabilidad como la tarea de resistir el modelo creando las bases de la justicia, la equidad y la cultura del cuidado y la restauración, sentando bases éticas, principios de coherencia y ejemplos de consecuencia capaces de sembrar esperanza para nuestros hijos e hijas en el futuro. www.ecoportal.net

Revista Ideele

www.revistaideele.com

 

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Nuevo audiovisual denuncia procesos de financiarización de la naturaleza a nivel mundial

Lunes 30 de Julio de 2012

selecao01“Detengamos el secuestro de la naturaleza por los mercados financieros” empieza diciendo un corto audiovisual que está siendo difundido por organizaciones sociales de diversas partes del mundo, principalmente europeas.

“Bajo el concepto de ’economía verde’, ingentes cantidades de dinero provenientes de la especulación financiera buscan nuevas oportunidades de negocio y lucro en la naturaleza”, resalta la presentación de AttacTV del nuevo trabajo, del que es productor y realizador junto a La Antena.



Se trata, en líneas generales, de un cortometraje de animación que explica claramente y de forma didáctica cómo los mercados financieros “secuestran” la naturaleza. El trabajo está disponible en español, inglés, francés y alemán.

Es una iniciativa de SOMO, Red Europea Attac, Food&Water Europe, Friends of the Earth Europe, Amis de la Terre (Francia), Carbon Trade Watch, WEED, Ecologistas en Acción, Aitec y la Campagna per la riforma della Banca Mondiale.

VIDEO

 

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Video: El lado oscuro de los acuerdos de inversión

Lunes 30 de Julio de 2012

Video animación que expone cómo los acuerdos internacionales de inversión han dejado a la gente pagando los costos legales, sociales y ambientales de los abusos de las empresas y han aumentado las ganancias para las más ricas corporaciones del mundo.

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Colombia: «El gobierno falta a la palabra, nos declaramos en Asamblea Permanente»

Lunes 30 de Julio de 2012

Tejido de comunicación ACIN

www.nasaacin.org

Como era de esperarse el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, no hizo presencia en la reunión programada para el viernes 26 de julio con la comisión indígena del Cauca en la ciudad de Popayán. En su lugar se hicieron presentes la viceministra del interior, la viceministra de justicia y algunos delegados de otros ministerios.

Teniendo en cuenta que en la última reunión, realizada el pasado lunes 23 de julio en Santander de Quilichao, donde estuvo presente el ministro del interior Federico Rengifo, se habían acordado previamente los temas a tratar y entre ellos la participación del ministro de defensa. Pero al no presentarse en Popayán, las autoridades indígenas agradecieron a la delegación que respondió a la convocatoria, manifestaron seguir firmes en la voluntad de diálogo y se declararon en asamblea permanente.



“Ya nos imaginábamos que el ministro no vendría porque esa es la estrategia del gobierno, dilatar y dilatar los diálogos, enviar intermediarios para no asumir compromisos serios. El gobierno está faltando a la palabra y a los compromisos. Las comunidades quienes son las que viven la guerra todos los días en sus territorios y tiene que recoger sus muertos ya han definido el qué hacer. Han dicho que no quieren escuchar un tiro más, las resoluciones de autonomía y control territorial han sido claras frente a la guerra y los grupos armados, no estamos rompiendo la voluntad de diálogo, pero desde este momento nos declaramos en asamblea permanente”. Manifestó Jesús Chávez consejero mayor del CRIC.

Desde que se iniciaron los primeros acercamientos entre las autoridades indígenas y la comisión del gobierno, la representación indígena había planteado resolver y aclarar inicialmente tres aspectos fundamentales:

1. La desmilitarización de los sitios sagrados de los territorios indígenas, como derechos legítimos de los pueblos.

2. La no judicialización anunciada a los líderes indígenas y autoridades tras las acciones de desalojo al ejército en el cerro el Berlín de Toribio.

3. El resarcimiento del buen nombre de las autoridades indígenas y el proceso organizativo, tras la campaña de estigmatización mediática.

El primer aspecto se planeaba abordar en la reunión del viernes con el ministro de defensa, se dispuso trabajar estos puntos como condiciones mínimas para poder avanzar en las propuestas de fondo, que se han planteado desde la organización indígena.

“Cada vez que el gobierno no quiere cumplir, envía mandaderos. Ese es el mecanismo que acostumbra. La falta de voluntad del gobierno es muy evidente, hablan una cosa y en la práctica hacen otra, el gobierno ya conoce las exigencias mínimas que como movimiento indígena se han planteado para iniciar los diálogos, sin embargo vemos como el gobierno sigue haciendo señalamientos directos y públicos a líderes y demás miembros del movimiento indígena. Como pasó en el debate de la cámara de representantes el miércoles 25 de julio donde mal intencionadamente llevan a una representante de la OPIC para que continúe legitimando las mentiras del gobierno y el señalamiento al compañero de la guardia indígena Manuel Bautista a través del noticiero CM&. Parece entonces que la actual estrategia del gobierno es poner el escenario mucho más difícil para no avanzar ni siquiera en los diálogos y mucho menos asumir compromisos”. Manifestó Ayda Quilcue, líder indígena.

La comisión de autoridades indígenas exigen un dialogo serio y compromisos concretos, desde la voluntad de ese ‘diálogo’ que también el gobierno ha pregonado. Las comunidades manifiestan la firme decisión de continuar defendiendo la vida y el territorio como lo plantean en las resoluciones y mandatos.


Fuente: http://www.nasaacin.org/noticias/3-newsflash/4459-el-gobierno-falta-a-la-palabra-nos-declaramos-en-asamblea-permanente

 

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Paraguay: Puerta abierta a inversión extranjera sin control

Viernes 27 de Juliode 2012

Natalia Ruiz Díaz

IPS

La apertura a firmas transnacionales en la mira por temas ambientales pauta el primer mes de gobierno de Federico Franco en Paraguay, que sigue sin lograr romper el aislamiento internacional. Entre las medidas cuestionadas se cuentan la habilitación exprés de algodón transgénico y de una planta de aluminio.

«Preocupa que un gobierno no elegido por el voto popular brinde la venia a estas inversiones (de capitales foráneos), sin ningún control», dijo a IPS el economista Luis Rojas, de la organización no gubernamental Base Investigaciones Sociales.

 

Rojas señaló, a modo de ejemplo, el permiso otorgado para utilizar semillas de la variedad de algodón genéticamente modificado Bollgard, de la multinacional Monsanto, dejando sin efecto los estudios preliminares requeridos para el otorgamiento de ese tipo de licencias.

Franco designó al frente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) al empresario de agroquímicos Jaime Ayala, quien no tardó en inscribir en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC) la semilla Bollgard, rechazada por la misma entidad semanas antes debido a que la empresa no reunía los requisitos para el efecto.

Según Rojas, la aprobación se dio de manera ilegal dado que aún no se contaba con el dictamen técnico de la Secretaría del Ambiente y del Ministerio de Salud, como lo exige la ley.

Con Tinto no es mejor

También se cuestiona desde la sociedad civil la posible instalación de la empresa transnacional canadiense Río Tinto Alcan (RTA) para la construcción de una planta de aluminio con una inversión de 3.500 millones de dólares.

«La negociación comenzó prácticamente al día siguiente del cambio de gobierno, lo cual muestra total apertura para que se instale en Paraguay», dijo a IPS el analista José Carlos Rodríguez.

El presidente Fernando Lugo, destituido por un juicio político sumarísimo el 22 de junio y sustituido horas después por Franco, había conformado un equipo técnico para el estudio del proyecto.

Sin embargo, Franco autorizó el comienzo de las negociaciones de inmediato sin esperar los resultados de ese estudio.

Rodríguez cuestionó que las nuevas autoridades no están haciendo ningún cálculo costo-beneficio en lo que se refiere a las implicancias económicas y ambientales del enclave en este país de una empresa con la potencialidad contaminante como la de la fabricación de aluminio.

El actual gobierno se defiende con el argumento de que la fábrica generaría unos 4.000 puestos de trabajo en forma directa, pero en diciembre pasado el entonces ministro de Obras Públicas, Cecilio Pérez Bordón, aseguró que solo harían falta 1.250 trabajadores para llevar adelante esa producción.

Pérez Bordón explicó, en su informe presentado a una audiencia pública, que todas las materias primas e insumos serán importados, excepto la energía eléctrica. También indicó que RTA utilizaría en forma constante 1.100 megavatios (MW), equivalente a 9.000 gigavatios/hora (GWh) por año y pretende un contrato de consumo de 2016 a 2045) y renovable.

Paraguay demanda en la actualidad 11.000 GWh anuales de energía y produce unos 56.000, con una potencia cercana a 7.500 megavatios, sumando la central de Acaray y el 50 por ciento que le corresponde de los complejos binacionales de Itaipú, compartido con Brasil, y Yacyretá, con Argentina.

La instalación de RTA exigiría más del doble de la energía que hoy consume el país.

El entonces ministro hizo hincapié en no subsidiar el costo de la energía, sino que recomendaba que la firma pagara el costo real del servicio eléctrico que era de 59,7 dólares por megavatio/hora en 200 kilovatios.

«Si se le vende energía a RTA a 38 dólares el megavatio/hora por 30 años o más, Paraguay perderá entre 195 millones y 1.008 millones dólares anuales, con lo cual deberá subir la tarifa para los demás usuarios, incluidos para uso doméstico, aumentar los impuestos o reducir la inversión pública», explicó Pérez Bordón.

Golpes por dentro y por fuera

Frente a este escenario, las organizaciones sociales aumentan su rechazo al gobierno de Franco y sostienen que la destitución de Lugo tuvo como trasfondo el objetivo de facilitar el ingreso de las firmas transnacionales.

«El gobierno no es un interlocutor válido porque no le interesa conversar con la sociedad civil, sólo lo hace con el empresariado», indicó Rojas.

Por su parte, el analista Bernardino Cano Radil señaló que su partido no ha discutido a profundidad este caso como para tomar una postura.

La inversión extranjera en general es positiva, pero se tienen que estudiar al detalle los beneficios para las empresas locales y los trabajadores, apuntó Cano Radil, dirigente del derechista Partido Colorado, principal promotor de plantear juicio político a Lugo a poco de comenzar su mandato en 2008, cuando el exobispo católico acabó con 60 años de gobierno hegemónico de este color.

Pero la falta de reconocimiento hacia Franco no se detiene en las fronteras, ya que siguen teniendo en su haber apenas el visto bueno oficial de Taiwán y del Vaticano.

Tampoco pudo hacer prosperar el recurso presentado ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (Mercado Común del Sur) para que levantara la suspensión como miembro del bloque, decidida por sus tres socios, Argentina, Brasil y Uruguay en la cumbre de fines de junio de Mendoza, Argentina.

Ahora las expectativas están solo puestas en la Organización de los Estados Americanos, cuya misión de observación recomendó al cuerpo no suspender a Paraguay. Pero esa decisión también se hace esperar.

La caja en orden

A los ojos de los analistas, Franco encontró la casa ordenada en términos económicos y ahora se destrabaron proyectos de inversión, donaciones y otros, por al menos 500 millones de dólares, no permitidos mientras Lugo estuvo en el gobierno.

A esto se añade la entrada en vigencia, tras años de postergación, del Impuesto a la Renta Personal (IRP), con una tasa fija de 10 por ciento para quienes perciben más de 120 salarios mínimos al año, que equivalen a unos 45.000 dólares.

Un proyecto para imponer este tributo había sido trabado en el parlamento en la última etapa del gobierno de Lugo, con el agravante de que no sería tratado hasta 2015. Sin embargo, el 5 de este mes fue aprobado y Franco lo promulgó esta semana.

El IRP se imputará al ejercicio profesional o prestación de servicios personales; desempeño de cargos públicos, e ingresos por la venta ocasional de inmuebles, entre otras actividades. También deben aportar los socios o accionistas que obtengan dividendos de las empresas, pero solo sobre 50 por ciento de esos ingresos.

«Se trata solo del 10 por ciento de excedente para gente que gana mucho dinero», un universo muy pequeño en este país, expresó Rodríguez. En una primera etapa, este impuesto alcanzaría a 12.000 contribuyentes en este país con 6,4 millones de habitantes.

Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101274

 

 

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