Guatemala: Acuerdos alcanzados al llegar la marcha indígena, campesina y popular

 Viernes 30 de Marzo de 2012

La presión social que hicieron las comunidades indígenas, campesinas y movimientos populares que participaron en la “Marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral”, comprometió a los tres organismos del Estado a dar solución a las diversas problemáticas agrarias. El organismo Ejecutivo se comprometió a solucionar la deuda agraria que suma unos Q300 millones y que afecta a más de 100 comunidades campesinas a nivel nacional. 



El cumplimiento de las Medidas Cautelares, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las 14 comunidades desalojadas, en marzo de 2011, en el Valle del Polochic. También se acordó de que una finca del estado ubicada en esa región será adjudicada a las familias afectadas por esos desalojos violentos. 

Otro de los acuerdos tiene relación con la presentación de una iniciativa de ley para declarar la moratoria de las operaciones de los proyectos mineros, hidroeléctricos y licencias de las mismas. Solucionar los conflictos sociales en la comunidad indígena Santa María Xalapan, Jalapa, fue otro de los compromisos asumidos por el gobierno. Así como resolver los conflictos agrarios en la Sierra Chinajá, relacionados con el acceso a la tierra y áreas protegidas. 

La solución de la problemática agraria de la comunidad Los Regadíos en el Norte del Quiché y otros conflictos en Alta Verapaz, también fue un acuerdo firmado. Este organismo también aceptó el retiro de tropas militares en Santa María Xalapan, en San Juan Sacatepéquez y en la comunidad Los Olivos, de Cobán, Alta Verapaz. El documento de compromisos fue firmado por el presidente de la República, no sin antes, comprometerse a dar respuesta el 17 de abril a todo el pliego de demandas de las comunidades indígenas y campesinas.

 Para dar seguimiento a las demandas planteadas se programó una reunión entre el organismo Ejecutivo y los representantes de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares que acompañaron dicha movilización. “Quiero decirle que las comunidades estarán atentas al cumplimiento de estos compromisos, expresó Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina a Pérez Molina, al finalizar la larga reunión en la que se alcanzaron estos acuerdos.

 En el Congreso de la República, este 28 de mazo dirigentes comunitarios y representantes del CUC sostendrán una reunión con los integrantes de la Comisión de Energías y Minas, para abordar la normativa relacionada con la minería.

 ¡El pueblo unido…jamás será vencido! Comité de Unidad Campesina – CUC

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Chile: Histórico fallo de Consejo para la Transparencia confirma el fin al secreto sobre transgénicos

Viernes 30 de Marzo de 2012

María Elena Rozas, a nombre de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP Chile, valoró hoy el fallo definitivo del Consejo de Transparencia presidido por Alejandro Ferreira,  que puso fin al secreto sobre la ubicación exacta de los cultivos transgénicos, al resolver por unanimidad ratificar el fallo emitido en 2010. El fallo –de 36 páginas, seis más que en la decisión original-  fue publicado el 21 de marzo en el portal del Consejo, y acoge el derecho a saber planteado en el recurso de amparo (Rol C59-09) interpuesto contra el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).



En 2010 la mayoría de las  empresas productoras de semillas transgénicas, encabezadas por la transnacional Monsanto apelaron del fallo ante la Corte de Apelaciones, que en 2011 lo objetó en la forma ordenando al Consejo repetir el procedimiento.  Señaló María Elena Rozas: “Esta es una decisión trascendente, porque termina con el secretismo impuesto por Monsanto y sus socios chilenos, sienta jurisprudencia y alienta la participación social en el debate sobre los transgénicos. Para las empresas, entre ellas la semillera de Erik y Ena von Baer, que han sido también parte del lobby de las citadas corporaciones, fue insostenible seguir defendiendo el secreto ante los perjuicios ya evidenciados en el caso de los apicultores cuya miel se contaminó con polen de maíz y soya transgénica.

 Las organizaciones y comunidades podrán ejercer libremente su derecho a saber la ubicación exacta de los cultivos transgénicos de exportación, para defender sus cultivos o actividades de la contaminación, resguardar las semillas y la soberanía alimentaria.” En enero de este año, el Consejo para la Transparencia, cumpliendo lo dispuesto por la Corte de Apelaciones, llamó a una  audiencia pública marcada por la ausencia de  los productores de transgénicos convocados a presentar nuevas pruebas. En cambio, la coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas Chile, María Elena Rozas y su abogado Rodrigo Mora (Pro Acceso) solicitaron mantener la decisión inicial del Consejo a favor del derecho a saber.

Acompañaron a María Elena Rozas, respaldando su petición de acceso a la información, Italo Bozzi y Marcelo Rodríguez, presidentes de FEDEMIEL, y Red Nacional Apícola, respectivamente; Diego Santa Cruz, por la Corporación de Desarrollo Apícola; Mónica Rodríguez y Jorge Pérez, dirigentes de los apicultores de la VI Región, y Guillermo Riveros, presidente de BioBio Orgánico. 

Interés Público

La decisión del Consejo afirma en esta nueva redacción del fallo, que  el interés público de conocer esta información se ve reforzado por lo señalado en la audiencia por los apicultores respecto de que al ignorar donde se cultiva y acopia semilla transgénica, no pueden evitar que sus abejas produzcan miel a partir de dicho polen, y esto “incide en el régimen de etiquetado, presentación y publicidad de estos productos y en su precio, perjudicando a los productores nacionales de miel”, María Elena Rozas agrega finalmente: “El fallo del Consejo de Transparencia constituye una victoria ciudadana sobre las transnacionales agroquímicas y semilleras, que es motivo de aliento para todos los sectores afectados por los cultivos transgénicos. Esta es una actividad que ofrece riesgos para la comunidad, y para la agricultora convencional y orgánica, la fruticultura, apicultura, y vitivinicultura.

Además, la transparencia que hemos logrado hoy para los cultivos debe extenderse también a los alimentos transgénicos. Los consumidores  tenemos el derecho a  elegir alimentos sanos libres de transgénicos, por tanto, debemos exigir que se apruebe el proyecto de ley que establece obligatoriedad de rotular los alimentos transgénicos y que se encuentra actualmente  en  segundo trámite constitucional,  sin urgencia.

 Asimismo, redoblaremos nuestra campaña “Yo No Quiero Transgénicos en Chile” en pro de una moratoria a los cultivos transgénicos y a favor de una agricultura y alimentación sana y libre de plaguicidas y transgénicos.” 

 Alianza por una Mejor Calidad de Vida/ Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAPChile), integrada por:

 Asociación Nacional de Mujeres Indígenas (ANAMURI- CLOC- VC) asalariadas@anamuri.cl

Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL) cial@cial.cl

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) observatorio@olca.cl

 Más información:  09 8858227                                02-  6997375   (mañanas)

 Más antecedentes

 Un precedente importantePara la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP-Chile este fallo sienta un positivo precedente de transparencia que el gobierno debe tomar en cuenta en el proyecto enviado al Senado con el fin de extender los cultivos transgénicos al mercado interno. Este proyecto mantiene el secreto sobre esos eventuales cultivos. La Alianza  rechaza la iniciativa legal que busca la expansión de los transgénicos, por sus impactos en la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la salud de los chilenos, especialmente de las comunidades de zonas rurales.

Existen cada vez más investigaciones que asocian los transgénicos y su paquete tecnológico de plaguicidas,  con problemas crónicos como tumores, aumento de infertilidad y otros. También están gravemente afectados  los intereses de todos los productores agrícolas  convencionales y orgánicos, de los apicultores y los derechos de los consumidores. Los transgénicos resistentes a plaguicidas, van asociados a un mayor uso de agroquímicos como glifosato, lo que está comprobado ampliamente en Argentina y otros países del mundo.  

Tres años de dilación

La Alianza por una Mejor Calidad de vida (RAP/Chile) interpuso el recurso de amparo por denegación de información el 4 junio de 2009, primer día de vigencia de la Ley de Transparencia. Al cabo de una acuciosa investigación, el  25 de junio de 2010 el Consejo para la Transparencia notificó su resolución a María Elena Rozas al SAG y a Monsanto, entre otras empresas que intervinieron como terceros opuestos a la entrega de información. Los descargos empresariales sumaban aproximadamente 20.000 fojas. El 17 de julio de 2010, Monsanto apeló ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Consejo de Transparencia acusándolo de ilegalidad por la resolución dictada pero se desistió en noviembre de 2011.

 Persistieron en la apelación Anasac –propiedad de Monsanto-  y los socios menores de la transnacional: Agrícola Aken Seeds; Agrícola Green Seed; Agrícola Winter Seed; Semillas Tuniche; Mansur Agricultural Service; Generación 2000; Agrícola Puruntun; Massai AgriculturalServices; Agrícola Huenchuñir y Hueche; Semameris; Pinto y Gajardo S.A.; Semillas KWS Chile; Sociedad Agrosearch; Cis Semillas; Hytech; Semillas Limagrain; junto a Erick Von Baer, Juan Francisco Gebauer Burmester y Nilo Lizama Arias.

En estos tres años los productores de transgénicos, apoyados por un bufete importante de abogados, no sólo acudieron a la Corte de Apelaciones, sino al Tribunal Constitucional de Chile, desplegando un intenso lobby   para revertir el fallo inicial del Consejo para la Transparencia. Sin embargo la convicción, la persistencia y la unidad de las organizaciones ambientales y sociales que conforman la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, sumados al respaldo de la campaña Yo NO Quiero Transgénicos en Chile, rindieron finalmente sus frutos.

Otros fundamentos del fallo

El Consejo se apegó a los fundamentos de su resolución inicial, porque: “…mantener en reserva la ubicación de los lugares de cultivos transgénicos, no suministrará beneficios o ventajas…. Al contrario la publicidad de la información –dentro de un tema tan relevante como el medioambiental– proveerá, en opinión de este Consejo, un mayor beneficio para la sociedad y para el debate y la opinión pública”. Cita asimismo similar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Corte Europea (febrero de 2009).

 En sus conclusiones, el Consejo para la Transparencia “declara que dicha información es pública y que, habiéndose rechazado todas las causales de secreto o reserva legales invocadas en el procedimiento, se procederá a acoger el amparo en esta parte. A mayor abundamiento, debe señalarse que el conocimiento de la información requerida permite el control social del procedimiento que utiliza el SAG para la internación y liberación en nuestro país de los OVM, así como para su fiscalización, existiendo un alto beneficio al revelar dicha información. En efecto, esto permitirá que el debate público sobre los transgénicos en Chile cuente con una mayor participación social. “ Asimismo la decisión cita nuevos fundamentos legales a favor de la transparencia, derivados de la modificación de la Ley de Bases del Medio Ambiente, lo cual  tuvo lugar después del primer fallo del Consejo. 

El artículo 31 incorporado por la Ley N° 20.417, de 2010, consagra el derecho de acceder a la información de carácter ambiental incluyendo en ello (letra a) los organismos genéticamente modificados; y la interacción entre los elementos del medio ambiente, como el aire, el agua, el suelo, entre otros. La letra c) del mismo artículo incorpora, además'»Los actos administrativos relativos a materias ambientales, o que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b)…». La parte resolutiva de la decisión del Consejo para la Transparencia establece: “I. Acoger el amparo interpuesto por doña María Elena Rozas Flores en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, entendiéndose éste restringido al literal a) de su solicitud de información, por las consideraciones indicadas en esta decisión. II. Requerir al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero que: 1) Informe a doña María Elena Rozas Flores la ubicación exacta y el nombre del propietario y/o entidad responsable autorizados para cultivar y acopiar semilla transgénica de exportación como también para la experimentación científica en vegetales transgénicos, dentro de  15 días hábiles contados desde que la presente decisión se encuentre firme y ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder según lo dispone el artículo 46 y siguientes de la  Ley de Transparencia.”

 Daños a la apicultura

Para RAP-Chile, el fin del secretismo sobre la ubicación de los cultivos transgénicos favorecerá el ejercicio del control ciudadano sobre la posible contaminación genética ocasionada por estas empresas, con consecuencias en la biodiversidad y graves impactos de tipo económico y social en las actividades agrícolas mayoritarias del país –la agricultura convencional, la agricultura orgánica y  la apicultura. En este último rubro ya se han comprobado los daños anticipados por RAP-Chile en su solicitud al SAG y al Consejo de Transparencia. En la audiencia de enero el Consejo se interiorizó de la crítica situación de los apicultores, cuya producción se ha tornado inviable por las exigencias europeas de certificación de no contaminación por transgénicos. En esa oportunidad el dirigente apícola Diego Santa Cruz calificó como una “usurpación de territorio” y una amenaza para los  más de diez mil apicultores nacionales, la existencia de los 2.800 predios con cultivos transgénicos de exportación registrados por SAG. Sostuvo Santa Cruz que la coexistencia entre cultivos transgénicos y agricultura convencional es una falacia.

El abogado Rodrigo Mora a su vez informó al CPLT que a consecuencias de las nuevas normas dictadas por la Corte Europea respecto de la miel, existen 1500 toneladas de miel de la temporada pasada que no pudieron exportarse por estar contaminadas con transgénicos.

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Con alerta y humildad reclamamos Soberanía Alimentaria

Ángel Strapazzón (CLOC-Vía Campesina) ante la FAO: democratizar el debate político sobre Soberanía Alimentaria

En siete minutos de alocución ante la 32a. Asamblea Regional de la FAO que se realiza en Buenos Aires, resumió el dirigente de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) la alerta de los movimientos sociales en reclamo de Soberanía Alimentaria y democratización del debate y la toma de decisiones en torno a la tenencia y uso de los bienes naturales comunes y la producción de alimentos.



El representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena se expresó ante los Estados presentes en el Palacio San Martín a nombre de los movimientos sociales, señalando que lo hacía “sin temores, ni dogmatismos, ni autoritarismos, ni rigideces”.

“Como dicen los indígenas del desierto mexicano de Sonora: con alerta y humildad les pedimos desde las organizaciones de pueblos originarios, campesinos, pescadores artesanales, pastores nómades del mundo, debatamos la Soberanía Alimentaria”, dijo Strapazzón.

Desde la mesa que preside las reuniones de la Asamblea, donde también se encontraba el nuevo Secretario General de la FAO, Graziano Da Silva, Strapazzón criticó la escasa presencia de mujeres entre los representantes oficiales en la cita regional de la Organización de Naciones Unidas.

En sus palabras subrayó la importancia que tienen para los movimientos las recientemente finalizadas Directrices sobre el uso y tenencia de la tierra que serán aprobadas en el próximo período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria, en octubre próximo en Roma.

Foto: Natalia Landívar / FIAN

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Ecuador: Red Agraria exige al Gobierno cumplir con la Deuda Agraria

Viernes 30 de Marzo de 2012

La Red Agraria (FENOCIN, CNC-EA, CORMONLIT), conscientes de su responsabilidad con las bases y el pueblo ecuatoriano hacia la cristalización de la  REVOLUCIÓN AGRARIA, al igual que el pago de la  DEUDA AGRARIA, que luego de cuatro años y medio de gobierno no ha sido pagada, exhortan al Gobierno a trabajar mancomunadamente, hacia una democratización del campo, que es una de las necesidad más sentidos de millones de ecuatorianos que claman tierra, agua, financiamiento productivo, alimentación libre de agro-tóxicos, nutritiva, y soberana.



Se reconocen los avances de la Revolución Ciudadana en varios temas, pero la revolución no ha llegado a la agricultura, en tal razón esperan que las autoridades asuman con seriedad que para lograr la Revolución agraria implica 7 procesos de cambio radical como son: Revolución de la Tierra, del Agua, de los Mercados, del Financiamiento, del Modelo Productivo, de la Institucionalidad y la Revolución Organizativa.

La Red Agraria pone en la mesa de debate para que todos los sectores, aporten, discutan , dialoguen, acuerden y avancemos que al final y a la postre es lo que se requiere; 12 acciones a corto (1 año) y mediano plazo (5 años) que permiten se pague la Deuda Agraria, estas acciones son:

A corto plazo

La Revolución de la Tierra

1.      La Asamblea tramitará la Ley de Tierras y Territorios en base al anteproyecto  de ley preparado por la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria y respaldado por la primera iniciativa ciudadana a nivel agrario.

2.      Se realizará un inventario de todos los predios controlados por el Estado (Banco Central, Fideicomiso No Más Impunidad, Banco de Fomento, CFN, Fuerzas Armadas, INIAP, etc.), y se buscarán los mecanismos expeditos para su incorporación al Plan Tierras y su redistribución a las organizaciones de productores

3.      Se procederá a realizar en un plazo de un año el catastro de las grandes propiedades individuales de más de 500 has, para efectos de tributación y eventual afectación.

4.       Se creará un fondo para compra de tierras fuera del BNF, el cual contará con por lo menos 50 millones de dólares de aporte inicial,  que deberá ser engrosado progresivamente, para en un límite de 10 años haber dispuesto de la suma de dos mil millones de dólares.

 Este fondo tendrá una estrategia de intervención no sólo en el financiamiento de la compra, sino también en la negociación de los precios, enfocándose en los precios de los avalúos prediales. Contará con una participación activa de las organizaciones agrarias en sus orientaciones estratégicas.

5.      Se establecerá un inventario de los territorios indígenas, montubios, afro-ecuatorianos, campesinos, por titular, es decir, se documentará las asignaciones internas dentro de esos territorios, que están hechas bajo una lógica de beneficio familiar, creando de esta manera un ordenamiento interno, que no obligue a la individuación y, por lo tanto, la ruptura de la lógica comunitaria;   y se tramitarán sus títulos de propiedad en un plazo no mayor a dos años.

La Revolución del Agua

6.      La Asamblea tramitará la Ley de Aguas, enfocándose en la desprivatización del agua, y en el respeto de las organizaciones comunitarias de gestión del agua de riego.

7.      La SENAGUA tendrá un plazo de un año para terminar el inventario de las concesiones de riego y empezar un proceso de reflexión para la redistribución equitativa de los caudales

La Revolución de los Mercados

8.      Se destinará un porcentaje fijo de 20% de  las compras públicas de alimentos para ser cubiertos por pequeños productores asociados. Estos asegurarán la calidad del producto según los estándares fijados, y el Estado asegurará un pago oportuno a precios justos.

9.      Se creará un Sistema Nacional de Ferias Campesinas administradas por organizaciones de verdaderos productores, según normas de garantía auto administradas sobre la calidad de los productos comercializados.

La Revolución del Modelo Productivo

10.   Se fortalecerá la Escuela de Agroecología ya creada por ciertas organizaciones históricas con becas para la participación de más estudiantes y se retomará el proyecto agroecológico ya propuesto al MAGAP por las organizaciones campesinas en el 2010.

11.   Se distribuirá un Kit Agroecológico subsidiado, mediante convenios con las organizaciones de productores, para que los productores puedan disponer de insumos para la producción agroecológica, como la Roca Fosfórica, el SulfoMag, la Cal Dolomita o la Ceolita.

La Revolución Institucional

12.   Se implementará un proyecto de verdadero fortalecimiento de las organizaciones agrarias históricas, manejado por ellas, y adscrito a la Presidencia

A Mediano Plazo

En función de los resultados  de este período emergente, podremos empezar a discutir las propuestas de mediano plazo:

•  Ministerio de Soberanía Alimentaria

•  Impuestos sobre tierras con tasas progresivas de acuerdo a los tamaños y calidades

•  Trámite de la Ley de Comunas

•  Refacción y tecnificación de sistemas de riego comunitario

•  Constitución y fortalecimiento de empresas asociativas de comercialización

•  Investigación enfocada al modelo agroecológico

 

 

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Triunfo histórico: FAO de América Latina y el Caribe iniciará debate en torno a la Soberanía Alimentaria

Jueves 29 de Marzo de 2012

faoLa decisión adoptada este jueves en la 32 Conferencia Regional de FAO América Latina y el Caribe acerca de iniciar un proceso de debate sobre la Soberanía Alimentaria, que fuera propuesto por los movimientos sociales en ella representados, fue celebrada como una victoria y un hito histórico.

 



Organizaciones de todo el continente logran así perforar las duras puertas conceptuales de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y colocan su concepto de Soberanía frente al hegemónico de “seguridad” alimentaria en el entendido de que exista alimento suficiente para las poblaciones, aunque sin considerar quiénes y cómo lo producen.Las organizaciones se habían planteado en su III Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria por los Derechos y Por La Vida la necesidad de ampliar y relanzar la campaña por la discusión e implementación de la Soberanía Alimentaria y así lo hicieron saber en una moción especial ante los representantes oficiales reunidos en el Palacio San Martín de la Capital Federal argentina.

El lunes 26 de marzo los gobiernos aceptaron la presencia con totales potestades de la representación de la sociedad civil que fuera mandatada por la Conferencia para trasladar las principales conclusiones de cuatro jornadas de labor. Los movimientos demandaron asimismo “garantizar la inclusión de la posición de la Sociedad Civil en las consultas multisectoriales, especialmente sobre un Marco Estratégico Mundial (MEM) que incluya a la Soberanía Alimentaria como la reivindicación más importante de los movimientos sociales y principio rector de dicho Marco”.

Asimismo, reclamaron a los gobierno y a la FAO de forma institucional “detener y condenar el acaparamiento de la tierra y otros bienes naturales e impulsar la implementación de las Directrices relativas a la Tenencia de la Tierra, las Pesquerías y los Bosques junto a las organizaciones sociales y de productores de alimentos a pequeña escala, estableciendo plataformas o mesas nacionales participativas para su implementación, monitoreo y evaluación del su impacto en la realización del Derecho a la Alimentación Adecuada”.

2012 Radio Mundo Real / Amigos de la Tierra

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Miles de campesinos, campesinas e indígenas de diferentes comunidades del país arriban a la ciudad capital de Guatemala

Jueves 29 de Marzo de 2012

La novena jornada de caminata inicio desde el kilómetro nueve carretera al atlántico; en este último día se sumaron movimientos populares entre ellos: sindicales, estudiantiles, artísticos, de mujeres  quienes se incorporaron hasta llegar al Congreso de la República.

Al llegar al Congreso de la república mientras los participantes gritaban las consignas que durante los 214 kilómetro los acompañaron, una comisión ingresó al Congreso de la República para presentar ante los jefes de bloque las demandas puntuales. Después de varias horas los representantes salieron indicando que los parlamentarios se comprometieron a abordar en la orden del día en la próxima sesión y aprobarla de urgencia nacional.



Los jefes de bloque del Congreso de la República  se comprometieron a incluir en la próxima sesión ordinaria la discusión en primer debate y si se alcanzan los votos, la aprobación de urgencia nacional del  proyecto de  ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral.

La marcha siguió su recorrido hacia el parque central en donde fueron recibidos con acto políticos y culturales preparados por organizaciones populares, Julio Coj de la Unión Nacional Sindical de Trabajadores de Guatemala Unsitragua, dio la bienvenida a los miles de campesinos y campesinas e indicó que es una muestra de valentía y decisión por la reivindicación de los derechos individuales y colectivos.

A las 15:30 horas ingresó una comisión al Palacio Nacional en donde fueron recibidos por el presidente de la república Otto Pérez Molina acompañado de su equipo de trabajo.

Las horas transcurrían mientras los participantes permanecían en el parque  en espera de respuestas.

Fue hasta las dos y media de la madrugada de este miércoles 28 de marzo que salio del palacio la comisión y dio a conocer a los presente los compromisos adquiridos por el gobierno (http://www.cuc.org.gt/es/) .

Asimismo el mandatario guatemalteco se comprometió a dar respuesta a todo el pliego de demandas de las comunidades indígenas y campesinas el próximo mes de abril.

 Para dar seguimiento a las demandas planteadas se programó una reunión entre el organismo Ejecutivo y los representantes de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares que acompañaron dicha movilización.

Hoy 28 de marzo dirigentes comunitarios e integrantes de organizaciones participantes de la marcha  se reunirán con integrantes de la Comisión de Energías y Minas del Congreso de la República, para abordar la normativa relacionada con la minería

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Mujeres en Alerta ante el Negocio Vestido de Verde

Miércoles 28 de Marzo de 2012

Fuente: Boletín mensual del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)

El negocio se viste de verde

imageLa humanidad transita viejos caminos con ropajes nuevos. El actual modelo civilizatorio, que se presenta como hegemónico pero en realidad corresponde a una minoría del planeta, lo está arrastrando hacia sus límites, enfrentándolo a múltiples crisis.

En la Cumbre de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro, Brasil, en 1992, los gobiernos del mundo reconocieron que el planeta atravesaba una severa crisis ambiental. A partir del famoso informe Brundtland surgió el concepto del “Desarrollo Sustenable”, un tipo de desarrollo según el cual sería posible mantener y aumentar el crecimiento sin poner en riesgo las futuras generaciones. A partir de ese momento se adoptaron una serie de Convenciones sobre Biodiversidad, Desertificación y Cambio Climático que supuestamente estaban dirigidas a frenar la crisis ambiental.

Parecía que el futuro de la humanidad tenía una chance. Sin embargo no se abordó la raíz del problema: el sistema capitalista y su lógica de crecimiento sin fin. Los intereses creados fueron más fuertes y en lugar del cambio necesario la respuesta fue abrazar e impulsar animosamente salidas neoliberales que han significado la mercantilización de la naturaleza.

Ahora, 20 años después, rumbo a otra Cumbre en Río, la crisis ambiental se ha profundizado y el “Desarrollo Sustentable” lleva el rótulo de “Economía Verde”. Incorporada en 2008 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la “Economía Verde” plantea cambiar a combustibles renovables pero continuar con el mismo sistema productivo, comercial, financiero y de consumo, que ha demostrado largamente ser insustentable.

Sin duda que la propuesta beneficia a las principales economías capitalistas que, sumidas en graves crisis financieras y económicas, encuentran en la “economía verde” una salida para que sus empresas puedan nuevamente acumular capital y obtener más ganancias a partir de actividades productivas y también especulativas. Se trata de redireccionar las inversiones hacia la naturaleza – que se transforma en ´capital natural´– además de invertir en nuevas tecnologías supuestamente limpias -como el uso de la biomasa- y en el ´mercado de emisiones de carbono´.

En ese marco el concepto de pago por servicios ambientales está en el centro de la tormenta. “La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad” (TEEB por su sigla en inglés), una propuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha sido instrumental para asignarle valor económico a la biodiversidad – un obstáculo importante para los impulsores del comercio de la naturaleza.

En esa perspectiva, los “servicios ambientales” y su “comercialización” se tornaron un elemento central de la “Economía Verde”. El resultado será, según Silvia Ribeiro del grupo ETC que monitorea e investiga este proceso, una “mayor mercantilización y privatización de la naturaleza y de los ecosistemas, integrando sus funciones (definidas como ‘servicios’) a los mercados financieros” (ver Boletín 175 del WRM).

Los mercados de carbono entran en esta lógica perversa. Si bien su origen es anterior a la difusión actual del concepto de “Economía Verde”, son una muestra de cómo se pretende mercantilizar y por lo tanto privatizar el aire, el agua, los bosques, la diversidad.

Comercio de ilusiones

El Protocolo de Kyoto aceptó los mercados de carbono reglamentados dentro de la figura de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Así, las empresas que ahorren emisiones las podrán vender, convertidas en bonos, a otras empresas a las que les convenga más ampararse en esos papeles y seguir contaminando.

Los mercados de carbono forman parte del proceso denominado “financierización” de la naturaleza, en el que las finanzas fueron predominando sobre lo productivo, alentadas por su progresiva desregulación, y los mercados de capitales – con la emisión de bonos o acciones – pasaron a ser las principales fuentes de inversión.

Más de US $ 100 mil millones de dólares anuales se mueven actualmente en las especulaciones del mercado de carbono, con numerosos fondos de inversión y destacados actores financieros que invierten ahora en el mercado de los permisos de carbono: Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays Capital, Rabobank, BNP Paribas Fortis, Sumitomo, Kommunalkredit, y Cantor Fitzgerald.(1)

Hasta 2010, gran parte del crecimiento del volumen del comercio de carbono ocurrió en el mercado de carbono secundario, es decir donde la negociación se realiza entre operadores financieros. Lo que comienza en el mercado primario como un supuesto proyecto de reducción de emisiones en un país del Sur- que se venderían en forma de certificados a un comprador del Norte -, termina siendo una actividad totalmente financiera, sin ningún beneficio adicional para el clima y para las comunidades que dependen de los bosques, que supuestamente – como anuncia la propaganda – se verían beneficiadas con los dineros que recibirían por no usar sus bosques.

Se ha creado un complejo sistema financiero basado en la falacia de establecer una equivalencia entre el carbono fósil liberado del subsuelo en el que estuvo almacenado de manera permanente durante millones de años, y el carbono de la biósfera almacenado temporalmente en los vegetales. El carbono fósil liberado, extraído y quemado, no puede ser almacenado otra vez en forma segura bajo tierra porque los sistemas biológicos y geológicos no darían abasto.

En realidad no hay otra solución que dejar bajo suelo la mayor parte del carbón mineral, el petróleo y el gas aún inexplotados. Pero hay muchos y poderosos intereses que se resisten y entonces la creatividad se aplica a inventar nuevas formas de hacer más negocios con la naturaleza y evitar el cambio necesario.

El mercado, que se expande hasta ámbitos impensables, como en este caso la contaminación, no resuelve el cambio climático, por el contrario, lo agrava, ya que distrae de la necesidad de introducir un cambio estructural hacia un sistema que no dependa del consumo de combustibles fósiles. Agrava también la desigualdad y permite que los países que deben su crecimiento no solamente a la explotación de otros pueblos sino también a la contaminación que lanzaron a la atmósfera, no cumplan con su responsabilidad histórica.

Los bosques se cotizan en la bolsa

Ahora los bosques tropicales están en auge, y lamentablemente no por una preocupación genuina de conservarlos sino como base de retorcidos negociados.

La propuesta de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) es un mecanismo introducido en el Protocolo de Kioto en 2010 en el marco de las negociaciones sobre el cambio climático realizadas en la Cumbre de Cancún. A partir de otorgar un valor monetario al carbono almacenado en los bosques con el argumento de que es un incentivo para que a los países del Sur les resulte más rentable conservarlos que cortarlos, REDD propone que las emisiones supuestamente “reducidas” –por haber evitado la deforestación – se comercialicen en los mercados de carbono.

Además de que las propuestas REDD implican costosos y nada confiables sistemas de monitoreo del flujo de carbono, han llevado a que la voraz búsqueda de biomasa y créditos de carbono apunte a los pueblos de los bosques, buscando seducirlos o de lo contrario someterlos a coerción.

Un artículo publicado por la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) en la revista América Latina en Movimiento, refiere cómo “pueblos indígenas o comunidades, por lo general numéricamente pequeños, con poca o ninguna experiencia en tratar con el mundo de la modernidad occidental, muchos con una tenue o nula tenencia legal de sus tierras y territorios, enfrentarán crecientes presiones para negociar, directa o indirectamente, con poderosos actores internacionales, los derechos sobre sus territorios y recursos… Evidentemente las comunidades tendrán aún menos condiciones de negociar con conocimiento adecuado de la complejidad del proceso internacional y desentrañar sus implicaciones. No son pocos los casos de comunidades que se han acogido a seductoras promesas –verdaderas o falsas-, sin medir las consecuencias para su medio de sustento; o de dirigentes que ceden a la tentación de recursos rápidos, a veces con corrupción de por medio. También hay comunidades con poca fuerza de negociación que han sido marginadas de sus tierras, o han aceptado condiciones irrisorias. Los términos de negociación son, entonces, extremadamente desiguales, y cuando las comunidades se resisten, a menudo sus integrantes se arriesgan a ser expulsados, acorralados, o incluso eliminados físicamente. La historia de la conquista se repite bajo nuevas modalidades”.

En un país como Indonesia, mientras las concesiones de petróleo y minería continúan y se expanden, y las plantaciones de palma aceitera ahora cubren 11 millones de hectáreas sin miras de detenerse, hay más de 40 proyectos REDD y un altisonante discurso gubernamental sobre la importancia de “salvar los bosques”. La organización WALHI/Amigos de la Tierra Indonesia se ha pronunciado categóricamente contra los mercados de carbono y contra REDD. En una entrevista realizada por REDD-Monitor a Teguh Surya , director de campaña de WALHI, éste expresó que “si uno quiere salvar sus pulmones debe dejar de fumar. El gobierno dice que salvaremos los bosques de Kalimantan, que son ‘los pulmones del mundo’. Pero sólo el 45%, porque seguirán destruyendo el 55% restante. Uno no puede cuidar sus pulmones si sigue siendo adicto al cigarrillo. Es imposible.”(2)

No obstante, los créditos REDD aún no han sido aceptados por el Régimen de Comercio de Licencias de Emisión de la Unión Europea (EU ETS), que actualmente maneja el 97% del mercado de carbono existente. Deben negociarse, entonces, en un mercado voluntario, que no es regulado – hasta ahora sirve básicamente para “maquillar” la imagen de las empresas – y es mucho menor que el mercado oficial de Kyoto, que aún está en la etapa de preparación de REDD.

A pesar de eso, los actores que tienen un fuerte interés en que REDD se implemente continúan haciendo todo tipo de esfuerzos y comprometiendo cuantiosos recursos en proyectos cuya concreción se presenta incierta por la experiencia de promesas incumplidas, los condicionamientos que acompañan los financiamientos y las actuales crisis financieras, como señala un reciente informe de diversas organizaciones sociales(3).

Haciendo visible la dimensión de género

Los bosques, además, no son meros receptáculos de carbono. Principalmente brindan medios de vida, subsistencia e ingresos a más de 1.600 millones de personas en el mundo, como registra el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Son los sectores campesinos e indígenas quienes más dependen de los bosques, y dentro de ellos la mayor parte son mujeres cuya supervivencia depende de los suministros que encuentran en los bosques.

Y entran a tallar los roles, derechos y responsabilidades construidos socialmente y que se asignan a hombres y mujeres así como a la relación entre ambos sexos, dando lugar al género. En la división de roles se ha asignado a las mujeres la tarea de cuidar el hogar y hacerse cargo de la salud y educación de sus familias. Durante siglos las mujeres rurales han sido responsables de las tareas domésticas; de cuidar y alimentar a sus familias; de cultivar, intercambiar semillas y comercializar los productos del huerto familiar, ocupando en general un lugar socialmente invisible.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), citados en un artículo de Esther Vivas, integrante del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS) de la Universidad catalana Pompeu Fabra (4), en numerosos países africanos las mujeres representan el 70% de la mano de obra en el campo, son responsables de proporcionar el 90% del agua de uso doméstico y son responsables de entre el 60 y el 80% de la producción de alimentos consumidos y vendidos por la familia. Se hacen cargo del 100% del procesamiento de alimentos, del 80% de las actividades de almacenamiento y transporte de alimentos y del 90% del trabajo destinado a preparar la tierra antes de plantar.

Otros datos brindados por la agencia Inter Press Service y recogidos en un artículo de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID)(5) revelan que “las mujeres recolectan leña en los bosques y acarrean agua desde ríos y lagos para consumo doméstico. Mantienen a sus familias y comunidades con los productos de la tierra. Aun así, en la mayoría de países africanos, sus derechos legales a poseer propiedades no están asegurados. Sólo el 1 por ciento de las mujeres en Tanzania tiene títulos de tierra legales. En Zimbabue, aunque hasta el 20 por ciento de las mujeres tiene títulos de tierra, a pesar de esta cifra relativamente alta ellas ‘raras veces se benefician’ de su tierra”.

El artículo comenta cómo la expansión de monocultivos para la fabricación de agrocombustible, uno de los motores del acaparamiento de tierras, ha provocado en Ghana que “los medios de vida tradicionales de muchas mujeres que dependían de sus cultivos de cacao y palma de aceite están siendo erosionados a consecuencia de los acaparamientos de tierra. Viudas etíopes que ya han sido despojadas de sus derechos a la propiedad de la tierra y tienen que cultivar ‘tierras marginales’ han quedado ahora más desposeídas debido a los acaparamientos de tierra porque estas tierras ‘marginales’ están siendo acaparadas para cultivar biocombustibles”.

En muchos casos de cambios en el uso del suelo – que ha provocado la destrucción de bosques y otros ecosistemas para dar paso a monocultivos– la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado ha significado una doble carga de trabajo para ellas, quienes continúan cuidando a sus familias y al mismo tiempo trabajan para obtener un ingreso, muchas veces en trabajos precarios, ganando sueldos más bajos que los hombres por el mismo trabajo lo que en ocasiones las lleva a trabajar más horas para aumentar su ingreso.

En el caso del uso de los bosques, el conocimiento que tienen las comunidades locales de los árboles y los productos no maderables del bosque es complejo y tiene sus raíces en la tradición, pero también tanto ese conocimiento como el uso de los bosques tienen un sesgo de género que conlleva una distribución asimétrica del acceso al poder y de su distribución entre hombres y mujeres, como lo reconoce el programa REDD de las Naciones Unidas en un reciente informe 6). Es rescatable la reflexión que hace el informe de que el uso del término “comunidad”, como unidades homogéneas, estáticas, armoniosas y “sin género” en las que la gente comparte intereses y necesidades comunes, oculta relaciones de poder y enmascara los intereses y necesidades basados en, por ejemplo, la edad, la clase, la casta, el grupo étnico y el género. El informe invita a cuestionar las diferencias de género, es decir, lo que significa ser hombre o mujer en determinado contexto, y hace referencia a estadísticas – tanto de la agricultura como del uso de los bosques – que revelan que las mujeres trabajan más horas que los hombres, con frecuencia en actividades vinculadas a la subsistencia y al cuidado de la familia. Esto se traduce en menos tiempo libre para asistir y participar en otras actividades que puedan contribuir a su formación e información.

Más aún, también hay dimensiones de género en los derechos a la tierra y el acceso a la misma, mediadas por prácticas consuetudinarias y construcciones jurídicas. Esta desigualdad es crucial en la medida que la tierra es un bien vital para la producción de alimentos.

A pesar de su papel clave en la subsistencia, las mujeres pueden llegar a resultar más afectadas por situaciones de crisis alimentaria, como se desprende de datos de la FAO que afirman que en 2008, cuando el aumento de los precios de los alimentos, en algunos países los hogares a cargo de mujeres resultaron más vulnerables que los de los hombres porque destinaban una mayor proporción del ingreso familiar a la adquisición de alimentos y porque tenían menores posibilidades de responder al problema aumentando su producción de alimentos.(7)

Según investigaciones de Fraser, A., citadas por Esther Vivas en el artículo antes mencionado, numerosas mujeres no tienen garantizado el acceso a la tierra como un derecho: en varios países las leyes prohíben ese derecho y en otros en que existe, hay tradiciones y prácticas que impiden a las mujeres tener el derecho de propiedad sobre la tierra, por lo que no controlan su venta ni cómo se transmite a los hijos. La organización de la India Karnataka State Farmers Association, de La Vía Campesina, señala en el referido artículo que las mujeres campesinas no tienen prácticamente derechos y se consideran un “agregado” de los hombres. “Las mujeres rurales son las más intocables de los intocables dentro del sistema social de castas.”

Lo mismo ocurre en África con respecto al acceso a la tierra, donde la mujer no tiene derecho a heredar y en los casos en que queda viuda termina perdiendo la tierra y otros bienes. Sin embargo, las mujeres africanas luchan y se organizan para enfrentar el reciente avance de los acaparamientos de tierra y exigen que se aseguren sus derechos a poseer propiedades y a los recursos naturales. Y es así que Kenia adoptó recientemente una política nacional de tierras que establece los derechos de las mujeres a poseer tierra y Tanzania tiene una ley que exige la participación de las mujeres en los órganos locales para administración de la tierra. Por otra parte, en 2009, la Unión Africana adoptó el Marco y Directrices sobre la Política de Tierras en África, que insta a los Estados a asegurar el acceso equitativo a la tierra y reconoce el rol de la colonización respecto a afianzar el patriarcado en las leyes de propiedad de la tierra al “conferir derechos de título y herencia a los hombres de la familia” y permitir la discriminación de las mujeres en cuestiones de derecho personal (matrimonio y herencia), como revela el artículo de AWID antes mencionado.

El agronegocio, que ha encontrado una nueva vía en el contexto de la economía verde, ha implicado la desarticulación de economías familiares, mercados locales y usos sustentables del suelo.

La producción mecanizada en gran escala dando lugar a los monocultivos, y la pérdida de los bosques han provocado la pérdida de soberanía de numerosas comunidades locales. El vínculo de las mujeres con el bosque, su rol de proveedoras, su relevancia en la comunidad se ven violentamente alterados y no como producto de un proceso de cambio buscado y consciente sino como resultado de una ruptura brusca y externa. Las “soluciones” mercantiles de apropiación de la tierra, el agua y el aire afectan doblemente a las mujeres en situación de falta de derechos y mayor vulnerabilidad.

Las mujeres: avasalladas que no callan

Dentro de los formatos de “servicios ambientales” prontos para vender en el mercado de carbono, las propuestas REDD y su versión ampliada REDD+ han irrumpido con fuerza y tratando de hacer buena letra buscan contemplar la situación de las mujeres esfrzándose por de incluir la dimensión de género en su formulación, como lo plantea el programa REDD de las Naciones Unidas, en el documento citado anteriormente. REDD se presenta, entonces, como un hecho consumado, en el que es necesario participar para mejorarlo. Y si tiene representación de género, el aval será mucho mayor…

Los procesos de privatización de bienes otrora comunes para las comunidades – tierra, agua, bosque – conducen en muchos casos a una intensificación de la migración, que golpea a la mujer en su responsabilidad histórica de hacerse cargo de la familia. Una migración caracterizada como un proceso de “urbanización desconectada de la industrialización” (ver artículo de Esther Vivas) empuja a las ex mujeres rurales a las ciudades, que las engullen en sus áreas marginales, donde sobreviven de la economía informal. Las mujeres son un componente esencial de esas corrientes nacionales e internacionales migratorias que implican el desmantelamiento y abandono de familias, tierras, formas de producción y vida.

El incierto y seguramente exiguo pago por el “servicio ambiental” que brinda el bosque es un incentivo perverso en situaciones de comunidades ya acorraladas por la destrucción provocada por el agronegocio que avanza. Subrepticiamente, esta forma de comercialización de la vida conspira contra el vínculo sagrado que ha unido ancestralmente sobre todo a los pueblos indígenas con la naturaleza, en una cosmología que históricamente los convirtió en custodios de los bosques. Detrás de REDD lo que queda es la pérdida del acceso a los bosques y su uso por las comunidades y Pueblos Indígenas. Y, por la función de la mujer rural e indígena, esto la afectará de manera especial, como hemos comentado.

Por eso se agitan otras voces: el derecho a decir ¡no a REDD! Justamente fue durante la COP 16, que incorporó el mecanismo REDD, que numerosas mujeres, junto a organizaciones de distintas partes del mundo, reafirmaron la importancia de salvaguardar los derechos de las mujeres y por ello mismo se pronunciaron contra las iniciativas REDD. Los argumentos de ese pronunciamiento – que contribuimos a divulgar en su momento (ver http://www.wrm.org.uy/temas/mujeres/Posicion_mujeres_REDD.html )- continúan vigentes.

Por su lado, en el Día Internacional de la Mujer, la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) se pronunció en su declaración contra “el nuevo saqueo y apropiación del capital sobre los recursos naturales” y en rechazo a “la cultura del consumo que va empobreciendo más las comunidades, generando dependencia y exterminando las producciones locales”. La MMM anunció: “seguimos marchando, resistiendo, y construyendo un mundo para nosotras, los otros, los pueblos, los seres vivientes y la naturaleza. Estas acciones continúan enfrentándose a los embates del paradigma mortal del capitalismo con sus falsas salidas a las crisis y de una ideología fundamentalista conservadora”. Y reiteró que: “seguiremos fortaleciéndonos desde nuestros cuerpos y territorios en resistencia y defensa de los mismos, profundizando nuestros sueños de transformaciones estructurales en nuestras vidas y ¡marchando hasta que todas seamos libres! Llamamos a la articulación de nuestros movimientos y a las alianzas con los otros movimientos, pues solo así construiremos un mundo en libertad”(8).

En Brasil, 1.150 mujeres del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) ocuparon el 1º de marzo una plantación de eucaliptos de la empresa Suzano Papel Celulose (9), en el extremo sur de Bahía. La ocupación formó parte de las jornadas organizadas por la Vía Campesina Brasil en torno al día internacional de lucha de las mujeres. El objetivo fue denunciar el desempleo, la pobreza, la desigualdad social, la expulsión del campo que traen los monocultivos de eucalipto, que han usurpado tierras de zonas de bosque. Otras 2.000 mujeres marcharon por las calles de la ciudad Curitiba (10) rechazando el agronegocio, la violencia del capital y del patriarcado, la aprobación del Nuevo Código Forestal (que supone un avance del agronegocio, ver Boletín Nº 166 del WRM), y la economía verde impulsada por el gran capital.

Las mujeres van por más y, planteando una salida al agronegocio, levantan alto la bandera de la soberanía alimentaria.

El monopolio de un grupo de trasnacionales que cuenta con el apoyo de gobiernos e instituciones internacionales (Banco Mundial, FMI, etc.) que vehiculizan las políticas que les favorecen (de privatización, de apertura forzada a la economía global, los tratados de libre comercio) se ha apoderado del sistema de producción de alimentos para convertirlo en un negocio más.

Como señala la organización GRAIN, el problema no es la falta de alimentos sino la falta de acceso a los mismos. En 2008 la producción mundial de granos se había triplicado con respecto a la década de 1960, mientras que la población se había duplicado. Son las políticas productivas, comerciales y de precios las que condenan al hambre en medio de la abundancia.

Frente a esto, la soberanía alimentaria se torna un proceso de resistencia popular cuya conceptualización permite aglutinar a los movimientos sociales en torno a un acuerdo común de objetivos y acciones. La soberanía alimentaria pone su centro en la autonomía local, los mercados locales y la acción comunitaria e incorpora aspectos como la reforma agraria, el control territorial, la biodiversidad, la cooperación, la salud. Implica recuperar el derecho a elegir qué, cómo y dónde producir los alimentos. Y en ese sentido, como bien señala Vivas, es una perspectiva inherentemente feminista.

El poder seguirá buscando fórmulas y resquicios para perpetuarse pero también la resistencia seguirá encontrando voces, entre ellas las de un número cada vez mayor de mujeres.

Notas

1 – “Mercados de carbono. La neoliberalización del clima”, Larry Lohmann, 2012, Ediciones Abya-Yala/Universidad Politécnica Salesiana. Disponible en http://wrm.org.uy/temas/REDD/mercados_de_carbono.pdf

2- Entrevista con Teguh Surya, WALHI: “We are against REDD. We are against carbon trading,” Chris Lang, 9 de marzo de 2012, redd-monitor.org, http://www.redd-monitor.org/2012/03/09/interview-with-teguh-surya-walhi-we-are-against-redd-we-are-against-carbon-trading/

3- “O mercado de carbono não é a solução que promete ser para governos, florestas e populações do hemisfériosul”, publicado en febrero de 2012 por numerosas organizaciones sociales, http://www.fern.org/sites/fern.org/files/carbonleaflet_25nov.pdf

4- “Without women there is no food sovereignty”, Esther Vivas, 2012, http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article2473

5- “La Más Reciente Fiebre Por La Tierra En África: Repercusiones De Los Acaparamientos De Tierra Para Los Derechos De Las Mujeres”, AWID, 10/02/2012, http://awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Notas-de-los-Viernes/La-mas-reciente-fiebre-por-la-tierra-en-Africa-Repercusiones-de-los-acaparamientos-de-tierra-para-los-derechos-de-las-mujeres

6- “The Business Case for Mainstreaming Gender in REDD+”, Diciembre 2011, Programa UN-REDD

7- “The Stateof Food and Agriculture – 2010-2011”, Women in Agriculture: Closing the gender gap for development; Women’s work, http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e02.pdf

8- Declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres en el Día Internacional de las Mujeres, 2012, http://www.marchemondiale.org/news/mmfnewsitem.2012-03-05.8809414578/es

9- “Mulheres do MST ocupam fazendada empresa Suzano,no municipio de Alcobaça-Bahia”, MST, http://www.mst.org.br/Mulheres-camponesas-ocupam-fazenda-da-Suzano-Papel-e-Celulose-no-sul-da-Bahia

10- “Marcha reúne 2 mil mulheres do campo e cidade em Curitiba por Código Florestal”, Camilla Pinheiro y Pedro Carrano, http://www.mst.org.br/node/13026

 

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Río+20 y el futuro que queremos los pueblos indígenas

Miércoles 28 de Marzo de 2012

Entre el 20 y 22 de junio de 2012 se reunirá en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20. Lo que en ella se debata y se acuerde nos afectará como pueblos indígenas. Esto hace indispensable que como organizaciones indígenas estemos bien informadas acerca de los temas que se tratarán en Río+20 a fin de poder articular nuestros puntos de vista y nuestras propuestas sobre cada punto de su agenda. Con ese objetivo, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) realizó los días 14 y 15 de marzo el Seminario de Discusión sobre Cambio Climático y Río+20, cuyos resultados son una serie de aportes al Borrador Cero de El futuro que queremos, documento que los Estados discutirán en Río+20 y sobre el cual el Grupo Principal de los Pueblos Indígenas ha elaborado una propuesta de cinco puntos llamada El futuro que queremos los pueblos indígenas.



Río+20 se realiza exactamente 20 años después de la primera Cumbre de la Tierra de 1992, que también tuvo lugar en Río de Janeiro, como respuesta a la creciente preocupación mundial por los problemas ambientales. Esta Cumbre también adoptó la Agenda 21, un programa de acción de las Naciones Unidas para el siglo 21, que incluye un conjunto de recomendaciones a los Estados para transformar el actual modelo de desarrollo, basado en una explotación ilimitada de los recursos, en otro que no ponga en peligro la supervivencia de las generaciones futuras. Una agenda para el desarrollo sostenible, pero basada en el crecimiento económico, que en la práctica se centra en las actividades extractivas, que generan mayor maltrato al medio ambiente y profundizan las desigualdades sociales.

Los temas centrales de Río+20 son: uno, la economía verde, definida por Naciones Unidas como un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin exponer las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológica significativa. Y dos, la creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable, para reformar y reforzar la gobernanza a nivel local, nacional, regional y global a fin de promover un desarrollo sostenible integral.

El concepto de desarrollo sostenible está en crisis. A nivel mundial, los poderosos insisten en un paradigma de desarrollo que sigue priorizando el crecimiento económico y la mercantilización de los bienes naturales, un modelo que está al servicio de las transnacionales. Por ello no solo no se han alcanzado los objetivos propuestos en Río’92, sino que, peor aún, hay mayor desigualdad social, menor acceso a la tierra, al agua, a la comida, al empleo y a otros servicios elementales. Y la Madre Tierra continúa siendo herida.

Y la economía verde tampoco ayudaría a alcanzar los objetivos de Río+20, porque:

· No abandona las tradicionales ideas capitalistas de liberalización del mercado y el fomento de las relaciones comerciales Norte-Sur.

· Mantiene la confianza en la lógica del crecimiento sostenido para ir solucionando los problemas ambientales y sociales del mundo.

· No cuestiona la capacidad finita de la tierra, así como la capacidad finita de asimilación de los desechos de la actividad humana.

En este marco, la conclusión central del Seminario de la CAOI fue el rechazo al modelo de economía verde, que profundiza la mercantilización de la Madre Tierra, y la apuesta por la profundización del Buen Vivir como alternativa al cambio climático y la crisis de civilización. Esto implica globalizar la propuesta de los pueblos indígenas del Buen Vivir frente al cambio climático, el problema más visible de la crisis de civilización, y las falsas soluciones basadas en los mecanismos de mercado con las que se pretende enfrentarlo.

Asimismo, formular un llamado a la comunidad internacional para reflexionar sobre las causas de fondo de la crisis, al fin de alcanzar una visión holística de los problemas. Porque desde la visión de los pueblos indígenas no es posible una salida exclusivamente técnica o exclusivamente económica a la crisis ambiental: la solución debe ser integral porque todo está interrelacionado, todo es un solo cuerpo, un solo ecosistema.

Las siguientes son, en apretado resumen, las propuestas de los pueblos indígenas andinos a El futuro que queremos los pueblos indígenas, que adjuntamos. La CAOI consensuará estas propuestas con las que presenten las organizaciones regionales indígenas del continente (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, Consejo Indígena de Centro América – CIMA, Consejo Indígena de Centro América – CICA, Enlace Continental de Mujeres Indígenas y otras organizaciones) articuladas en el Foro Indígena del Abya Yala y desde allí las llevaremos al Caucus Indígena Global, para finalmente hacer oír la voz de los pueblos indígenas en Río+20.

Propuestas:

1. Reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible

Los pueblos indígenas afirmamos que la biodiversidad natural y la biodiversidad cultural están ligadas y deben protegerse en la misma medida. Esto implica el respeto de las culturas, sus conocimientos y sus prácticas, así como el fortalecimiento a la gestión de los pueblos y comunidades que habitan en zonas de alta biodiversidad, incluidos todos sus bienes naturales.

En este marco, la interculturalidad debe ser un eje transversal de todos los programas de erradicación de la pobreza y elevación de los índices de desarrollo humano: educación, salud, vivienda, etc.

2. Reconocimiento de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como estándar para la implementación del desarrollo sostenible a todos los niveles

La garantía a la participación de todos los pueblos y culturas en el ciclo de las políticas vinculadas a la economía verde y el desarrollo sostenible deben ser expresamente reconocidos.

Además, deben establecerse sistemas de salvaguarda, basados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, para el proceso de implementación y financiamiento de políticas y programas de desarrollo sostenible y de economía verde. En particular, reafirmar el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades locales involucrados. Por ello, el documento también tiene que hacer explícito el Convenio 169 de la OIT y no solo la citada Declaración de Naciones Unidas.

El documento hace referencia a la Pachamama, pero no hace explícita la necesidad de una Declaración de los Derechos de la Madre Tierra. Esto debe ser vinculado a un instrumento jurídico como el Tribunal de Justicia Climática que sancione los actos que vulneren los derechos de la Madre Tierra

3. Salvaguardar las tierras, territorios y recursos y los sistemas asociados de gestión consuetudinaria y uso sostenible de los pueblos indígenas, los pequeños productores y las comunidades locales, como contribuciones esenciales al desarrollo sostenible

Conservación de las fuentes hídricas, glaciares, páramos y cabeceras de cuenca; la urgencia de que los Estados acuerden acciones para garantizar tanto la seguridad como la soberanía alimentaria; y la implementación de políticas claras de bioseguridad.

Reconocimiento, respeto, protección y asistencia técnica y financiera a los sistemas propios de los pueblos indígenas y comunidades locales de la gestión y manejo de zonas de alta biodiversidad, fuentes hídricas, glaciares, bosques, páramos y cabeceras de cuenca.

4. Los conocimientos indígenas y tradicionales son contribuciones diferentes y especiales para el aprendizaje y la acción en el siglo XXI

El Borrador Cero debe reconocer y proteger los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y proteger sus sitios sagrados. La recuperación y protección de saberes ancestrales colectivos de los pueblos indígenas debe contar con las salvaguardas necesarias.

Además, se debe explicitar que estos saberes no podrán ser violentados por ningún acuerdo normativo de protección de la propiedad intelectual a favor de empresas privadas. Y ninguna medida de protección de la propiedad intelectual debe ser un obstáculo para la transferencia de tecnología, que es una obligación de los países del Norte.

Sistemas especiales de patentes para los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Compromiso de los Estados y de las agencias internacionales de cooperación de fortalecer las capacidades y dar acceso a los avances tecnológicos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

5. Equidad de género

El Borrador Cero debe contener la visión de mujeres, infancia y juventud de forma transversal. Incluir el reconocimiento de la mujer indígena como transmisora de los saberes indígenas a través de la lengua materna. Hacer explícitos los efectos del cambio climático para la mujer (migraciones, más responsabilidades) y acordar medidas para afrontar estos problemas. Asimismo, garantizar el derecho al acceso a los territorios de las mujeres para asegurar la supervivencia de los pueblos.

Lima, 19 de marzo del 2012.

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI

Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CONAMAQ

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC

Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI

 

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Honduras: Comunicado del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA)

Miércoles 28 de Marzo de 2012

El Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), al pueblo hondureño en general y a la comunidad internacional manifiesta lo siguiente:

1- Nos oponemos a las acusaciones directas jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas general René Osorio Canales, al asegurar por diferentes medios de comunicación ,que lo ocurrido el pasado lunes 26 de Marzo del presente año en el Departamento de Colon, Municipio de Sonaguera, donde resultaron heridos cincos miembros del ejército haya sido ocasionados por los campesinos y a la vez desmentimos las declaraciones del general de que hayan personas extranjeras de Nicaragua y Venezuela en el sector entrenando a grupos armados.

2- A pesar del incumplimiento de los acuerdos firmados el 17 de abril del 2010, el MUCA ha sido paciente en busca de una pronta solución pacífica al conflicto agrario. Pese a que nos están asesinando en la zona, consideramos esto que sucedió es una forma de presión para tratar de inculpar a los campesinos del MUCA en este tipo de actos violentos.

3- A la opinión pública local nacional e internacional, y organismos defensores de los Derechos Humanos aclaramos que el campesinado del bajo aguan no ha creado este clima de zozobra; si no que ha sido creado desde las estructuras del estado el cual ahora se niega a reconocer y solucionar la problemática suscitada en la región del Aguán, por lo que exigimos al gobierno central y en especial al congreso nacional para que legislen en favor de las grandes mayorías que son el campesinado Hondureño.

4- A la vez el MUCA condena la presencia de miembros del ejército y de la policía nacional en el sector del Aguan ya que esto crea un ambiente de intranquilidad a los campesinos y campesinas que ahí habitamos.

5- Por ultimo le hacemos un llamado al gobierno que preside Porfirio Lobo Sosa, a que cese ya la represión y militarización a los campesinos del Bajo Aguan.

¡UNIDOS VENCEREMOS, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

Tocoa, Colon, Honduras, C.A. a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil doce.

 

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