Autor: clocvc

Agricultura y soberania alimentaria, Grupos de Trabajo

Los movimientos sociales y organizaciones populares reunidos en la CMPCC constatamos que a pesar de nuestras numerosas movilizaciones y constantes denuncias, los gobiernos capitalistas, los organismos internacionales y las entidades financieras continúan en la senda de agravar la destrucción del planeta. El cambio climático es una de las más serias amenazas a la Soberanía Alimentaria de todos los pueblos del mundo. Una vez más constatamos que:

1. El agronegocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación adecuada, es una de las causas principales del cambio climático. El cambio de uso de suelo (la deforestación y la expansión de la frontera agrícola), los monocultivos, la producción, comercialización y utilización de insumos agrotóxicos y agroquímicos, el procesamiento industrial de alimentos y toda su logística para transportarlos miles de kilómetros hasta llegar al consumidor, la producción de GEI en los megadepósitos de basura y estiércol de la ganadería industrial intensiva; son causantes principales de la crisis climática y del crecimiento del número de personas hambrientas y desnutridos en el mundo.

2. Que la depredación y destrucción de los acuíferos, las fuentes y los cuerpos de agua y de los ecosistemas y ciclos ecológicos que le dan vida están indisolublemente ligados a los procesos de privatización que se impulsan desde los gobiernos capitalistas y los organismos internacionales. Al mismo tiempo que vemos cómo el cambio climático destruye glaciares y otras fuente de agua, constatamos que el derecho humano fundamental de acceso al agua para el consumo de los seres vivos y la producción de alimentos se restringe día a día producto del avance de la agropecuaria industrial, la minería, la extracción de hidrocarburos, el procesamiento industrial de alimentos, las plantaciones forestales, la plantación y producción de agrocombustibles, la acuicultura industrial y los megaproyectos hidroeléctricos.

3. Que el despliegue territorial de megaproyectos de infraestructura al servicio del capital altera los procesos naturales, sociales y culturales, imposibilitando formas de convivencia armoniosa con la Madre Tierra, destruyendo medios de vida, expulsando a las comunidades campesinas, indígenas/originarias y pescadoras de sus territorios y facilitando la expansión del modelo extractivo y agroexportador.

4. Que el cambio climático provoca la migración forzada en las áreas rurales, es una amenaza para los pueblos indígenas/originarios, comunidades campesinas y de pescadores, quienes son los más damnificados al ser destruidos sus medio de vida, su sabiduría agrícola ancestral y local y, por ende, su identidad.

que los agrocombustibles no representan una alternativa porque anteponen la producción agrícola para el transporte frente a la producción de alimentos para los seres humanos. Los agrocombustibles amplían la frontera agrícola destruyendo los bosques y la biodiversidad, generan monocultivos, promueven la concentración de la tierra, deterioran los suelos, agotan las fuentes de agua, contribuyen al alza del precio de los alimentos y consumen más energía de la que generan.

que los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) tampoco son una solución al Cambio Climático y son exclusivamente un instrumento de las corporaciones para controlar las semillas y la alimentación a nivel global. Significan un serio atentado contra el conocimiento local, la salud de las personas, el ambiente, la autonomía local e impiden el efectivo cumplimiento del Derecho a la Alimentación Adecuada.

que continúan desarrollándose tecnologías al servicio de los intereses de los grandes capitales y presentándolas como soluciones a las diferentes crisis que hoy enfrentan la Madre Tierra y la Humanidad. Sabemos que todas ellas son falsas soluciones, son utilizadas como herramientas de acumulación y grandes negocios para las transnacionales, que sólo agravarán la dependencia, la concentración y la destrucción. Se destacan entre otras la geoingeniería, la nanotecnología, las tecnologías Terminator y similares, la biología sintética y el biochar.

que el avance del libre comercio a través de los acuerdos de asociación económica, de los tratados de libre comercio y de protección de inversiones, entre otros, son un ataque directo a la soberanía de los países y los pueblos, a la autonomía de los Estados y a la capacidad de acción multilateral de los organismos internacionales. A medida que avanza su implementación, se incrementan los impactos destructivos en las economías locales, en la Soberanía Alimentaria, el ambiente, los derechos sociales y culturales y nutrición de los pueblos y los derechos de la Madre Tierra.

que la actual agudización del acaparamiento de tierras y los océanos por parte de grupos económicos, empresas transnacionales y capitales especulativos tanto estatales como privados es una de las agresiones más graves e inminentes que enfrentan los pueblos y su soberanía alimentaria, social y política. La extrema concentración y extranjerización de la tierra, agravadas por las actuales normas de libre comercio, atentan contra la biodiversidad vegetal y animal, contra las reformas agrarias, el derecho a la alimentación adecuada y los procesos de reconstitución de los territorios indígenas y campesinos por lo que los movimientos sociales han luchado sin descanso.

10. que las diversas formas de los Derechos de Propiedad Intelectual son un instrumento de privatización que destruye los sistemas de conocimiento originarios locales, tradicionales y científicos restringiendo el uso y conservación de la biodiversidad agrícola e ilegalizando prácticas culturales y agrícolas locales, comunitarias y ancestrales.

Frente a esta realidad que sufren los pueblos en todo el mundo, los movimientos sociales y las organizaciones populares reunidas en esta CMPCC nos comprometemos a seguir luchando por un conjunto de soluciones y movilizarnos hasta lograr que los gobiernos cumplan con su deber de llevarlas adelante. Pondremos al centro de nuestros esfuerzos la construcción de Soberanía Alimentaria, defendiendo y apoyando a la agricultura campesina e indígena como generadoras de alimentos, dignidad e identidad y como una alternativa real y concreta para enfriar al planeta y colocando la equidad de género como eje de nuestro accionar. Las soluciones que vemos como prioritarias son:

11. Valorizar y recuperar las agroculturas y formas de vida locales, campesinas e indígenas/originarias y los sistemas de conocimiento ancestrales de producción y recolección de alimentos, los sistemas locales y tradicionales de salud; que han sido deteriorados y subvalorados por la lógica agroindustrial orientada a la sobreproducción, la exportación y la generación de ganancia, remarcando que la Soberanía Alimentaria es el camino para responder y solucionar el cambio climático.

12. Promover y asegurar el financiamiento de políticas y mecanismos de control social participativo y público sobre los sistemas de producción agropecuaria para evitar el daño a la Madre Tierra. Estas deben incluir la investigación, extensión e inversión pública para eliminar el uso de insumos agrícolas basados en petroquímicos, mejorar el contenido orgánico del suelo, reducir las pérdidas pos-cosechas, fortalecer mercados locales, promover la agricultura urbana, proteger las fuentes y cuerpos de agua y apoyar la agricultura familiar campesino indígena/originaria y la Soberanía Alimentaria.

13. Defender, revalorizar y difundir el modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción local, autónoma (participativa, comunitaria y compartida) y culturalmente apropiada, en armonía y complementación con la Madre Tierra, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos, profundizando la producción de cada nación y pueblo. Al mismo tiempo rechazamos la uniformización alimentaria a nivel global y sus impactos nutricionales, ambientales, sociales, culturales y sanitarios.

14. Reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua. Asimismo, reconocer el derecho de los pueblos y países a controlar, regular y planificar el uso y manejo respetuoso y solidario del agua y sus ciclos en el marco de los acuerdos y convenios internacionales y el derecho consuetudinario; prohibiendo cualquier forma de privatización y mercantilización del agua, creando órganos de participación popular que regulen sus usos múltiples, protejan su calidad y planifiquen su uso futuro para consumo de los seres vivos y para la producción alimentaria. En este marco apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental según se expresa en la “Declaratoria del Derecho Humano al Agua” y que vemos como un paso importante en la dirección correcta.

15. Prohibir las tecnologías y procesos tecnológicos que ponen en peligro el bienestar y la superviviencia de la Madre Tierra y los seres vivos y que se impulsan exclusivamente por su potencial para producir ganancias para un reducido número de empresas, a la vez que provocan y aceleran el cambio climático como: los agrocombustibles, los organismos genéticamente modificados, la nanotecnología, la geoingeniería y todas aquellas que bajo el supuesto de ayudar al clima, en realidad atentan contra la Soberanía Alimentaria y agreden a la Madre Tierra. Prohibir a nivel mundial de manera definitiva las tecnologías Terminator, farmacultivos y similares.

16. Prohibir la pesca por arrastre por depredadora y destructora de la biodiversidad y del sustento de los y las pescadoras artesanales.

17. Prohibir la mineria a gran escala contaminante que destruye los ecosistemas, expulsa a las poblaciones locales, contamina los cursos de agua y amenaza la Soberanía Alimentaria de los pueblos.

18. Rechazar, condenar y prohibir cualquier estrategia político-militar y comercial que atente contra la soberanía alimentaria de los pueblos y los vuelva vulnerables al cambio climático.

19. Defender la primacía de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, los derechos de la Madre Tierra, y la biodiversidad por encima de los TRIPS (tratados que protegen la propiedad intelectual) y cualquier otro acuerdo comercial de derecho internacional. Los países deben también asegurar el respeto al carácter colectivo de los conocimientos de las comunidades indígenas/originarias y campesinas, y por tanto, el derecho colectivo de decisión sobre el acceso y el uso de estos conocimientos. Las medidas nacionales para implementar esto no serían sujeto de litigio bajo las reglas de acuerdos comerciales que fortalecen o protegen los derechos de propiedad intelectual. Toda investigación formal desarrollada con apoyo público debe ser bien público, no sujeto a las reglas de propiedad intelectual que restringen compartir la información.

20. Prohibir el patentamiento y cualquier forma de propiedad intelectual sobre toda forma de vida y conocimiento ancestral y tradicional anulando las patentes existentes.

21. Prohibir las prácticas de dumping (venta de productos por debajo del costo de producción) y prácticas comerciales desleales de los países industrializados que distorsiona los precios de los alimentos afectando la Soberanía Alimentaria y haciendo que los países no industrializados sean más vulnerables al cambio climático.

22. Implementar políticas y normativas de protección de la pequeña producción nacional de alimentos, incluyendo el tipo de subsidios que considere necesario hacia su sector agropecuario, como también garantizar su derecho para poner barreras arancelarias equivalentes a cualquier subsidio incorporado en productos exportados y permitiendo la libre circulación de las producciones locales.

23. Afirmar que parte central de la solución del cambio climático se da a través del fortalecimiento y ampliación de los sistemas agroalimentarios campesinos, originarios, de agricultura urbana y de pescadores artesanales. Esto significa que no solamente es necesario cambiar la lógica de producción industrial de alimentos orientada al mercado global y el lucro, sino también cambiar la visión que asume que la tierra es un recurso de explotación sin derechos orientada a satisfacer la avaricia del ser humano. Nosotros como pueblos reunidos afirmamos que el planeta es un ente vivo con derechos y espíritu.

24. Impulsar procesos amplios, profundos, genuinos de Reforma Agraria Integral y de reconstitución de territorios indígenas, afrodescendientes, campesinos de construcción participativa de los pueblos con enfoque de género, a fin de que los pueblos campesinos e indígenas/originarios, sus culturas y formas de vida recuperen su papel central y fundamental en las agriculturas del mundo para lograr la Soberanía Alimentaria y recuperar la armonía para lograr el equilibrio climático del planeta. Una reforma agraria de este tipo debe incluir el respeto a los conocimientos locales y ancestrales y garantizar los medios necesarios para asegurar la producción en todas las etapas de la cadena (cultivo, procesamiento, comercialización). Exigimos el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y que se reconozcan y respeten sus territorios

25. Promover y consolidar la educación integral (espiritual, material y social) para la Soberanía Alimentaria como sustento de las transformaciones necesarias integrando sus propuestas a todos los niveles de educación formal y no formal; desarrollando contenidos surgidos de las realidades locales sobre la base de una visión pluricultural y una plena participación de las comunidades respondiendo a las necesidades de cada región y comunidad. Al mismo tiempo sostenemos que la amplia información y comunicación sobre estos temas es uno de los mayores desafíos que enfrentamos.

26. Declarar a las semillas nativas y criollas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, base fundamental de la Soberanía Alimentaria y de libre circulación en manos de los pueblos indígenas/originarios y campesinos; cuidadas y multiplicadas por los custodios de semillas de acuerdo a las culturas de cada pueblo.

27. Exigir que los impactos del calentamiento global sobre la Soberanía Alimentaria se inserten dentro del marco de discusiones sobre el cambio climático y se inserten en las legislaciones nacionales.

Silvia Ribeiro *

La agricultura y el sistema alimentario industrial son el principal causante del calentamiento global y la crisis climática. En contraste, las agriculturas campesinas e indígenas, biodiversas y descentralizadas, son el factor más importante para enfrentar esta crisis y salir de ella, además del hecho fundamental de ser las que alimentan a la mayor parte de la humanidad.

Pese a esto, la visión que predomina en las negociaciones internacionales sobre el clima recoge los intereses de las empresas contra los y las campesinas. El intento ahora es integrar la agricultura y los suelos al comercio de créditos de carbono, lo cual significaría un nuevo subsidio a las trasnacionales de agronegocios, favoreciendo más a la agricultura industrial y mayor despojo a las formas de vida campesinas.

Los datos sobre las fuentes del calentamiento global varían según la fuente, pero coinciden en señalar la agricultura industrial como una de las fuentes mayores de emisión de gases de efecto invernadero, junto a la generación de energía y transportes basados en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Las actividades agrícolas aparecen como responsables de entre 11 y 15 por ciento de las emisiones. Si bien este dato ya es grave, presentarlo desagregado de las emisiones de la cadena agroalimentaria industrial oculta una realidad mucho peor en cuanto a su responsabilidad por la crisis climática. Si se consideran juntos la agricultura industrial y el sistema alimentario industrial al que está necesariamente ligado, hay que cargarles una parte significativa de las emisiones de los transportes; otro porcentaje por deforestación y cambio de uso de suelo (en avance de frontera agrícola y en uso de papel: aproximadamente 75 por ciento del papel que se produce es para propaganda y embalajes, que son solamente demanda de las grandes cadenas de ventas), y casi la totalidad del metano que emiten los basureros debido a la pudrición de basura orgánica, que en su mayoría son restos de alimentos que se tiran en las ciudades.

Según el excelente trabajo de Grain La crisis climática es una crisis alimentaria (www.grain.org/nfg/?id=735), basado en el análisis de decenas de informes, la agricultura y el sistema alimentario industrial son responsables de entre 44 y 57 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Llegan a esta conclusión agregando los siguientes datos: las actividades agrícolas representan de 11 a 15 por ciento de emisiones; el cambio de uso de suelos, desmonte y deforestación causan de un 15 a 18 por ciento adicional; el procesamiento, empaque y transporte de alimentos provoca pokies games online un 15 a 20 por ciento, y la descomposición de basura orgánica de 3 a 4 por ciento.

Por otro lado, Grain también hace un cálculo cuidadoso del papel de los suelos en la crisis climática: mientras su degradación es fuente de emisiones, si el suelo está vivo, con materia orgánica viva y natural que no es eliminada por fertilizantes sintéticos y agrotóxicos y se cuida según las diversas condiciones locales, con una combinación de diversidad y rotación de cultivos, incorporación de materia orgánica y otras, se podría devolver a los suelos en pocas décadas su capacidad natural de retener carbono, y absorber casi dos tercios del exceso de gases de efecto invernadero que existen actualmente en la atmósfera. Pero esta forma de cuidar el suelo sólo es posible mediante la agricultura campesina y familiar, libre de tóxicos, descentralizada y diversa, adaptada a cada lugar. (Camila Montecinos, Cuidar el suelo, www.grain.org/biodiversidad/?id=459)

Sin embargo, intereses industriales pretenden ahora explotar esa capacidad del suelo para absorber y retener carbono para cobrar créditos de carbono, usando el suelo como sumidero. Por ejemplo, las industrias que promueven el llamado biochar (carbón vegetal). Se trata de sembrar extensas áreas de monocultivos de árboles para quemarlos, convirtiéndolos en carbón negro y luego enterrarlo, teóricamente para secuestrar carbono y aumentar la fertilidad del suelo.

Según sus proponentes –industrias que aspiran a hacer grandes lucros–, es también una forma de geoingeniería, porque con 500 millones de hectáreas o más podría enfriar el planeta. Cínicamente dicen que es una tecnología indígena amazónica. Pero el biochar y las formas indígenas de quemar y enterrar son tremendamente diferentes. En el primer caso se trata de ejercer violencia sobre el suelo, primero con grandes plantaciones y agrotóxicos, luego enterrando carbón en forma súbita y masiva, que según estudios incluso podría desequilibrar más el suelo y liberar el carbono retenido en forma natural. Además, parte del polvo de carbón negro se libera a la atmósfera en el proceso y tiene un efecto invernadero mayor que el dióxido de carbono, por lo que otros estudios evalúan que hasta podría aumentar las emisiones.

Devastar millones de hectáreas con plantaciones y agrotóxicos para luego quemarlas suena realmente enfermizo. Al contrario, la forma indígena se basa en miles de años de sabiduría acumulada de manejo diverso y adaptado a cada región, a diferentes suelos y a trabajar respetando las condiciones naturales de cada lugar, de cada suelo.

Hay más propuestas de la industria para convertir la agricultura y la alimentación en su campo de lucro particular mientras el planeta se fríe y aumenta el hambre. Por ello Vía Campesina llamó, de cara a la cumbre climática que se efectuará en Cancún en diciembre, a denunciar ahí dichas propuestas y en cada lugar donde estemos, y mostrar las verdaderas alternativa campesinas, tarea urgente que nos incumbe a todos.

* Investigadora del Grupo ETC

Larry Lohmann*

Pregunten a cualquiera cuáles son las exportaciones mexicanas más famosas en estos días y es probable que la respuesta venga envuelta en una sonrisa sardónica y una mirada señalando al norte: gente y drogas.Hoy este país tiene un nuevo producto de exportación. No es tan conocido, pero no es un legado menos sombrío del neoliberalismo y del hábito de los países del norte de descargar sus problemas en el sur global: los derechos de contaminación.

De 2006 a la fecha, México ha estado enviando derechos de contaminación a países como el Reino Unido, Suiza, España, Francia, Japón y Holanda. Las empresas que compran los derechos –productoras de energía como Iberdrola o Electrabel, por ejemplo, o fabricantes de cemento como Cemex– se ven eximidas de la obligación legal de reducir sus emisiones de bióxido de carbono que les imponen las leyes europeas y japonesas referentes al clima. Como los derechos de contaminación en México se venden baratos, esas empresas ahorran millones y pueden retrasar por años las medidas contra el calentamiento global.

Los derechos de contaminación de México son también una mercancía de gran venta en los mercados financieros. Bancos privados como BNP Paribas y Credit Suisse, junto con intermediarios y comercializadores como Cargill, AgCert y Gazprom Marketing & Trading, los compran para especular y venderlos a terceros. ¿Y por qué no? Los precios son volátiles y se puede ganar mucho dinero. Y si el mercado global de derechos de contaminación por gases de efecto invernadero se vuelve tan grande como algunos prevén –billones de dólares–, nadie en Wall Street u otros centros financieros puede darse el lujo de quedar fuera.

¿Cómo funciona este comercio? La idea es simple: si según las leyes europeas o japonesas se tienen que reducir las emisiones de gases, y si los países industrializados no quieren pagar los costos que ello implica, ¿por qué no hacer reducciones donde es más barato, en países como China o México? Entonces las industrias de esos países pueden ganar dinero vendiendo las reducciones al norte.

¿Quién se beneficia en México? Bueno, si se tiene una industria sucia, habrá muchas emisiones por reducir y se puede ganar mucho dinero. No es sorprendente, pues, que más de dos docenas de gigantescas granjas porcícolas operadas por Granjas Carroll de México, subsidiaria de la estadunidense Smithfield Farms, obtengan ingresos extras capturando y quemando el metano que despide el excremento de cerdos. Y como el metano es un gas de efecto invernadero mucho más peligroso que el dióxido de carbono, quemar una sola tonelada de él en Puebla o Veracruz significa que se pueden vender derechos para emitir 20 toneladas de CO2 en Europa.

Si un empresario produce una sustancia que es un gas de efecto invernadero aún más potente, tanto él como los consultores que contrate en Estados Unidos, Europa o Japón pueden ganar todavía más dinero. Ahí está Quimobásicos de Nuevo León, el mayor exportador mexicano de derechos de contaminación. Con sólo destruir unos cuantos miles de toneladas de un gas llamado HFC-23, que se obtiene como producto secundario, Quimobásicos se dispone a vender derechos de contaminación por más de 30 millones de toneladas de bióxido de carbono a Goldman Sachs, EcoSecurities y la generadora japonesa de energía eléctrica J-Power. El costo para la empresa es de unos tres pesos por tonelada de CO2 equivalente, el cual, a precios actuales, puede vender por arriba de 200 pesos la tonelada.

Poca sorpresa es entonces que un montón de empresas y países en todo el mundo intenten calcular qué niveles de suciedad alcanzan, a modo de ganar dinero limpiando. Tampoco sorprende que el mercado de emisiones de efecto invernadero no beneficie a quienes en realidad cuidan el ambiente. Comunidades que llevan estilos de vida bajos en carbón, o que luchan por impedir la instalación de empresas contaminantes o industrias extractivas en sus regiones, sencillamente no son lo bastante sucias para obtener dinero de este comercio. Tampoco tienen dinero para aceitar las ruedas de los organismos reguladores y contratar a los caros consultores que se requieren para abrirse paso en este nuevo mercado.

En realidad, el mercado de los derechos de contaminación hace daño a esas comunidades. En el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, muchas comunidades indígenas han cedido por poco dinero sus tierras a desarrolladores de granjas eólicas de España y México, sin darse cuenta de que esas empresas ganarán millones de dólares no sólo de la generación eléctrica, sino también del uso o la venta de derechos de contaminación en Europa.

¿Qué papel tiene en todo esto la próxima cumbre climática de la ONU en Cancún? No es de esperarse que muchos de los gobiernos participantes hagan llamados a terminar con este destructivo comercio. Después de todo, la ONU ayudó a crear este mercado en 1997 en Kyoto, y muchas personas lucran con él.

De hecho, Cancún podría empeorar las cosas, al permitir a los gobiernos vender en el mercado de la contaminación el carbón de sus bosques nativos. Tal acción podría disparar lo que una red de pueblos indígenas llama potencialmente la mayor apropiación de tierras en la historia.

Con tanto en juego, las varias caravanas y otras protestas que convergirán en Cancún en diciembre se vuelven más importantes que nunca. Sigan en contacto.

Traducción: Jorge Anaya

*Larry Lohmann trabaja con The Corner House, organización de solidaridad y desarrollo con sede en el Reino Unido, y ayudó a editar el libro El mercado de emisiones: cómo funciona y por qué fracasa

Comunicado de Prensa19 de noviembre 2010

La delegación de Bolivia encabezada por la Viceministra de Medio Ambiente y Biodiversidad, Cynthia Silva, ante la II Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible de la OEA, realizada del 17 al 19 de noviembre de 2010, no suscribió la “Declaración de Santo Domingo para el Desarrollo Sostenible de las Americas” porque dicho documento promueve la valoración monetaria y el desarrollo de mercados de carbono. La Viceministra expresó que “no se puede ni debe valorar en términos monetarios a los servicios que presta la naturaleza  y menos desarrollar un mercado alrededor de los mismos.

”En visión de la delegación de Bolivia “Los servicios ambientales que prestan los glaciares de los Andes no tienen precio. La selva Amazónica no es la sumatoria de una serie de servicios ambientales que se pueden aislar y sumar luego en una factura.” Para Bolivia “es esta visión que considera a la Madre Tierra una cosa, a la que se le puede poner precio, la que ha llevado a la humanidad a romper el equilibrio con la naturaleza

” Según la Viceministra “la naturaleza y sus diferentes funciones o servicios no son mercancías a las cuales se puede regular a través de las leyes del mercado de la oferta y la demanda. Nosotros no compartimos las soluciones de mercado de carbono porque lejos de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero generarán tarde o temprano un sistema especulativo que desencadenará una nueva burbuja financiera.

A través de estos mecanismos de mercado de carbono se transfiere la obligación de reducción de gases de efecto invernadero de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, y en los hechos constituyen mecanismos de financiamiento de los países en desarrollo a los países desarrollados.”“El Estado Plurinacional de Bolivia cree firmemente que escuchando la voz de nuestros pueblos podremos avanzar en el camino de recuperar el equilibrio con nuestra Madre Tierra”, concluyó la jefe de delegación.

Silvia Ribeiro*

 Del 29 de noviembre al 10 de diciembre sesionará en Cancún la decimosexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16). La crisis climática es grave y lo que hay en juego en el mundo real es mucho.Pese a esto, los gobiernos más poderosos –que son los más contaminantes y cargan con la mayor deuda climática–, con la colaboración de los anfitriones, decidieron de antemano que Cancún será sólo una parada, donde no habrá fracasos, porque no intentan un nuevo acuerdo global.

 Esta declaración de unos pocos, funciona como profecía auto-cumplida, ya que las decisiones se toman por consenso. Otra vez, como hicieron en Copenhague, se proponen secuestrar todo esta Convención de Naciones Unidas, para lograr lo que quieren sus trasnacionales, aunque la crisis climática empeore.Que no haya acuerdo global, vinculante, de reducciones reales de emisiones –no a través de soluciones falsas como mercados de carbono o nuevas tecnologías– facilita que sigan cabalgando en el espurio Entendimiento de Copenhague, que no es parte de Naciones Unidas y cuyos compromisos voluntarios llevarían a un aumento de la temperatura de 3-4 grados en promedio, un escenario de catástrofe premeditada para muchos países del Sur.

Pero sí hay algunos temas –de enorme relevancia por sus nefastas consecuencias– sobre los que la mafia climática quiere lograr acuerdos en Cancún. Los principales son: la privatización del aire, a través de la privatización de facto de los bosques en todo el planeta con los programas REDD+; la creación de un mecanismo financiero que podría significar instaurar una nueva era de Programas de Ajuste Climático (parafraseando los Programas de Ajuste Estructural del FMI y Banco Mundial); y la creación de un Comité de Tecnologías para el cambio climático, tema opaco que puede cobijar la promoción de tecnologías muy dañinas, como cultivos transgénicos, geoingeniería y otras aventuras tecnológicas con fuertes impactos ambientales y sociales, además de funcionar como agencia de protección de patentes de las trasnacionales.

Tambien hay propuestas para incluir suelos y agricultura en mercados de carbono, un nuevo ataque contra la agricultura campesina, esencial para alimentar el mundo y para enfriar el planeta.Lo más grave en la COP 16 es el intento de mundializar los programas REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques), que es uno de los mayores asaltos globales a los bienes comunes de comunidades y pueblos indígenas y campesinos. REDD+, como explico en artículos anteriores, es una moneda que con una cara premia a los grandes deforestadores (si dejan en pie un rídiculo 10 por ciento de lo que talan) y con la otra, compra comunidades forestales, como pago por servicios ambientales de absorción de carbono en sus bosques.

Aunque conserven su título de propiedad, REDD significa una expropiación de los territorios, porque los pueblos ya no pueden decidir sobre ellos. (Ver Ana de Ita, REDD y pueblos indígenas, La Jornada)Programas de servicios ambientales forestales ya existían en varios países. Hay historia de comunidades despojadas de sus territorios a partir de éstos. Pero los bosques no son aceptados dentro de la Convención de Cambio Climático como válidos para generar certificados de reducción o bonos de carbono, porque es imposible medir con exactitud cuánto CO2 realmente disminuyen.

Lo que se pretende en la COP 16 es que a través de los programas REDD+, se validen globalmente los bosques como generadores de bonos de carbono. Si esto se aprueba, se colocan todos los bosques del mundo como cotos de caza para los especuladores.Es un banquete para un mercado deprimido por la crisis financiera: lo que se paga a las comunidades es una mínima fracción del valor de reventa de esos derechos de absorción de carbono a otras empresas y especuladores. Las empresas más sucias, las que generan más gases de efecto invernadero, con REDD+ pueden seguir contaminando, justificarse alegando que hay bosques que están absorbiendo sus emisiones, y aumentar sus ganancias con la reventa de bonos.

El problema para este negocio es que los bosques están habitados, en todo el mundo, por comunidades indígenas. Por eso, las empresas, junto a ONG conservacionistas y gobiernos, se han ensañado en vender REDD como beneficio y reconocimiento a las comunidades forestales, cuando en realidad es un despojo a gran escala.Sin duda, las comunidades indígenas y campesinas tienen un rol fundamental para equilibrar el clima. Justamente por eso no pueden quedar a merced del mercado especulativo de las trasnacionales o de la beneficencia de ONG. Deben ser apoyadas y reconocidas en la integralidad de sus derechos, no en transacciones comerciales ni como cartas en el juego de políticos y ONG. Hablar de REDD sin intervención del mercado o con derechos indígenas, como tratan de maniobrar algunos para justificar su involucramiento, es también una trampa.

Si se trata de derechos, no pueden ser programas, ni condicionados a certificación externa ni en mecanismos diseñados para el mercado, como es REDD.Finalmente, la cereza envenenada del pastel: En REDD+ la medición de carbono se hará con una combinación de tecnología satelital y de infrarrojos, y levantamientos minuciosos en terreno (geopiratería de avanzada). Además de alienarles el territorio, permite vigilar como nunca antes a los indígenas. No sorprende que el gobierno de Chiapas firmara con Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, para avanzar programas REDD+ en la Selva Lacandona, donde siguen resistiendo las comunidades zapatistas.

*Investigadora del grupo ETC

www.etcgroup.org

Miles de Cancún por la Justicia Climática!Los movimientos sociales de todo el mundo se están movilizando para la 16ª Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se llevará a cabo en Cancún del 29 noviembre al 10 diciembre de 2010.

Miles de mujeres y hombres, personas afectadas por la destrucción del medio ambiente, agricultores, campesinos sin tierra, pueblos indígenas y activistas de todos los sectores sociales, se reunirán en Cancún para proponer miles de soluciones para enfrentar el cambio climático. Ellos manifestarán a los líderes mundiales su oposición a las falsas soluciones al caos climático que se discuten en la CMNUCC, como las propuestas de mercado para el comercio de carbono y REDD, los agrocombustibles y la geoingeniería.

Mientras tanto y haciéndonos eco de la convocatoria de La Via Campesina a los Miles de Cancún, hacemos un llamamiento a los movimientos sociales, organizaciones populares y todos los pueblos del mundo a ampliar la resistencia en Cancún y en diversas partes del mundo, organizando miles de protestas y acciones en rechazo a las falsas soluciones y en apoyo a la agenda de los pueblos para la justicia climática. Nos declaramos en movilización permanente durante la conferencia de la CMNUCC, especialmente el 7 de diciembre, fecha de la protesta masiva de los agricultores en Cancún y del Día Internacional de Acción “Miles de Cancún”. 

Esté donde esté, únase a nosotros!

Las movilizaciones pueden tener variadas formas: acciones directas, fiestas, ferias, festivales, debates o exposiciones… Ellas pueden suceder en cualquier ciudad, pueblo, escuela o comunidad.

Yakarta, el 12 de noviembre 2010. Las delegadas y los delegados de La Via Campesina que asistieron a la conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) en Nagoya del 19 al 29 de octubre de 2010 lamentan que la conferencia no lograra alcanzar una decisión radical para parar la comercialización y destrucción en masa de la biodiversidad. A pesar de las decisiones positivas para imponer una moratoria en la geoingeniería y para conservar la moratoria de la tecnología Terminator, la conferencia no logró tomar las medidas decisivas necesarias para parar la pérdida de biodiversidad que amenaza nuestra supervivencia.

La Via Campesina celebra la moratoria en la geoingeniería puesto que se considera a esta tecnología una propuesta falsa y perjudicial para revertir el cambio climático. No cuenta con el potencial, tal y como se ha afirmado, para reducir la producción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al contrario, modificar la superficie terrestre, los océanos y la atmósfera de esta manera probablemente tendrá efectos devastadores en la biodiversidad. Animamos a los delegados y delegadas de las próximas negociaciones sobre cambio climático COP16 de Cancún para finales de este año a que apoyen la moratoria impuesta en Nagoya.

Sin embargo, a pesar de estos pasos positivos, el CBD no logró rechazar varias iniciativas que amenazan en la actualidad la biodiversidad en nombre de la nueva «economía ecológica». La economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB por sus siglas en inglés), que promociona la comercialización de la biodiversidad al asignarle un valor económico, vivió una gran oposición por parte de algunas delegaciones como Bolivia. No obstante, a pesar de que algunas propuestas específicas no se adoptaron, el CBD decidió seguir desarrollando los aspectos económicos de los servicios del ecosistema al crear el TEEB. El CBD busca incluso una cooperación en este asunto con otras organizaciones de las Naciones Unidas y el Banco Mundial; un desarrollo muy negativo al que La Via Campesina se opone férreamente.

Es más, en Nagoya, los gobiernos de Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos de América prometieron dar apoyo a los costes operativos del REDD+ (la reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques), negociado en COP15. Este mecanismo permite que los países desarrollados sigan contaminando al pagar a los países en desarrollo para que capturen carbono en proyectos como las plantaciones monocultivo. Las iniciativas del REDD+, que los movimientos de agricultores rechazan abiertamente, componen la tendencia a la «apropiación de tierras» en el sur del globo, que expulsa a los agricultores de sus tierras por el interés de los agronegocios.

Según Guy Kastler de La Via Campesina «En Nagoya vimos claramente que el consentimiento previo de las comunidades ante los acuerdos de acceso y participación en los beneficios (ABS por sus siglas en inglés) no funcionará porque los tenedores de las patentes rechazan divulgar las fuentes de sus «invenciones». A las poblaciones locales les resulta imposible reclamar cualesquiera beneficios por las plantas y los conocimientos que han cultivado durante siglos. Está claro que se precisan otros mecanismos».

El objetivo de Aichi, que se propuso en Nagoya como medio para limitar la pérdida de biodiversidad en las áreas protegidas, dista mucho de ser satisfactorio. La creación de las áreas protegidas se ha usado en el pasado para desahuciar a los agricultores y la población indígena de sus tierras cuando son precisamente ellos los que defienden la diversidad en primer lugar.

La delegación de La Via Campesina observó durante la COP10 del CBD que la organización no reconocía claramente el papel de los pequeños agricultores y la población indígena como principales defensores de la biodiversidad. Los intereses de las empresas transnacionales, que pudieron financiar un elevado número de grupos de presión, se han acomodado mucho más que los derechos de estos defensores inherentes de la biodiversidad global. Mientras que varios gobiernos occidentales enviaron a grupos de presión de las empresas transnacionales para negociar en su nombre, no enviaron ni tan siquiera a una persona indígena o un agricultor. El gobierno francés, por ejemplo, incluyó en su delegación oficial a representantes de la industria de las semillas mientras que la delegación brasileña incluyó a grupos de presión de la industria petrolífera.

Coleen Ross, del Sindicato Nacional de Agricultores de Canadá, afirmó lo siguiente: «La biodiversidad es vida. Allá donde se destruya la biodiversidad, la vida humana estará en peligro. Las soluciones a largo plazo ante la dramática pérdida de biodiversidad estarán, en última instancia, en las manos de los pequeños agricultores y la población indígena y no en la comercialización de la biodiversidad que es la que la destruyó en primer lugar». Por tanto, es crucial que se rechacen todas las soluciones de mercado y se reconozca y apoye a la agricultura sostenible de las explotaciones agrícolas familiares y a la población indígena para mantener la biodiversidad global.

 
Ayer en horas de la tarde culminó el Foro Internacional Debate sobre la tierra en la región andina, espacio convocado la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN  y Coordinadora Nacional Campesina,  CNC-Eloy Alfaro, organizaciones que forman parte de CLOC-Ecuador.  Entre los temas tratados están la  Situación de la tenencia de la tierra en la Región Andina, Temas claves para una nueva legislación sobre la tierra y la memoria histórica de la lucha campesina, afro e indígena por tierra y territorio.

Luis Andrango, Secretario Operativo de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC-Vía Campesina  aplaudió la generación de espacios de  discusión y construcción como este  que enriquecen el debate sobre la tierra  en el país  y en la región. Asimismo, retomo las palabras del presidente Rafael Correa, quien en su discurso de inauguración del V Congreso de la CLOC,  afirmó que su gobierno está decidido a llevar  a cabo la más radical revolución agraria a fin de entregar la tierra a quienes la trabaja, es hora de concentrar los compromisos concluyó Andrango.

Para la CLOC-Vía Campesina  la redistribución de la tierra es urgente y  necesaria, pero pasa por definir qué modelo de desarrollo agrario necesitamos en la región, por precisar los límites a la extensión de la propiedad  de la tierra, priorizar los derechos de las y los campesinos, afros  e indígenas, por afirmar el rol de los  estados controlando el mercado de tierras y por  hacer tangible la Soberanía Alimentaria.   

Por otro lado, en este Foro Internacional que duró dos días participaron distintas organizaciones sociales, ong´s,  colectivos e instancias gubernamentales. El actual Ministro de Agricultura del Ecuador, Ramón Espinel, en su ponencia sobre Políticas públicas sobre la Tierra habló sobre dos proyectos de desarrollo agrario en disputa, por un lado  el modelo  de agricultura extensiva,  intensiva en capital, basada en el monocultivo que expulsa la mano de obra campesina.  Por otro lado mencionó el modelo  campesino basado en pequeñas parcelas, intensivo en tierra, que aplica un cultivo variado libre de tóxicos y que crea mejores condiciones para las familias campesinas. Antes de concluir su ponencia,  hizo un llamado a una movilización permanente de las organizaciones  para que las demandas de las y los campesinos se concreten en leyes, cerró su ponencia afirmando “solo el pueblo, salvará al pueblo”.

Entre las principales acciones generadas en este espacio de debate están:

Que las organizaciones sociales de Ecuador se sumen  a las acciones y  movilizaciones mundiales del:

–          7 de diciembre en el marco de la Cumbre Climática de Cancún donde la consiga será “la agricultura campesina enfría el planeta”.

–          17 de Abril Día de la Lucha Campesina

–         16 de Octubre Día de la Soberanía Alimentaria

Finalmente,  se comprometieron a apoyar la Campaña Mundial  por una Reforma Agraria Integral  impulsada por la CLOC- Vía Campesina.

Más de mil mujeres y hombres, campesinos, indígenas, gente urbana y rural afectada por la destrucción social y ambiental están planificando marchar en 5 caravanas hacia Cancún, México, protestando la indolencia de los países dominantes y los capitalistas del mundo que se reunirán para la conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 29 de noviembre al 10 de diciembre, 2010.

Las caravanas co-organizadas por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y el movimiento internacional campesino La Vía Campesina y por una convergencia de diversos movimientos sociales de Estados Unidos, Canadá y México partirán de San Luís Potosí, Guadalajara y Acapulco, juntándose con otros movimientos rurales, urbanos y estudiantiles en la Ciudad de México el 30 de noviembre para una protesta masiva por la justicia ambiental y social. Dos caravans más saldrán de Oaxaca y Chiapas, todas convergiendo en Cancún el 3 de diciembre para la inauguración del Campamento Campesino e Indígena organizado por La Vía Campesina. Las trayectorias de las caravanas visibilizarán las luchas locales contra las injusticias sociales y ambientales mientras la comunidad global se reúne para las negociaciones climáticas en Cancún. Denunciarán la apatía generalizada con respecto a los escándalos socio-ambientales actuales, tanto como la manipulación del gobierno mexicano para implementar mega-proyectos para “Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)” los cuales realmente devastan comunidades y el medio ambiente. Esto es el caso de las grandes granjas industriales de cerdos como Smithfield, la producción de agrocombustibles para aviones, la “semi-remediación” de basureros al aire libre, grandes hidro-represas y nuevas extensiones de transgénicos. En solidaridad con este movimiento contra la avaricia corporativa en el nombre del “cambio climático”, productores de La Vía Campesina de todo el mundo y otros activistas se juntarán con las caravanas. Según Henry Saragih, coordinador general de La Vía Campesina, “lideres de Asia también marcharán con la gente afectada de México y Norteamérica. En mi país Indonesia, hay cientos y hasta miles de luchas del pueblo, a nivel local, contra proyectos comerciales destruyendo el sustento de la gente y el medio ambiente.”Josie Riffaud, una líder campesina de La Vía Campesina de Francia también insistió que “las soluciones que se están discutiendo en las negociaciones climáticas son muy espantosas. Nos están diciendo que algunos proyectos ayudarán resolver el actual caos climático, pero es una ilusión. Estamos viendo un aumento en las plantaciones monocultivos, la ingeniería genética, plantaciones de agrocombustibles, acaparamiento de tierras, todo esto aumentará la devastación y exclusión.”

En Cancún, La Vía Campesina y sus aliados organizarán un “Foro Alternativo Global por la Vida, la Justicia Ambiental y Social”, del 4 al 10 de diciembre, y una movilización masiva de campesinos, indígenas y movimientos sociales el 7 de diciembre. Al mismo tiempo, en Cancún y por todo el mundo, miles de personas y organizaciones movilizarán creando “Miles de Cancún” para denunciar las falsas soluciones al cambio climático y promover un cambio verdadero del sistema.

Organizaciones rurales de base consensuaron un proyecto de ley para frenar desalojos y declarar la función social de la tierra. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Será respaldada por legisladores del FpV y Nuevo Encuentro.

Por Darío Aranda

Frenar los desalojos campesinos y declarar la función social de la tierra son dos de los ejes del proyecto de ley impulsado por organizaciones campesinas del país que, en un hecho con pocos precedentes, se unieron para consensuar los artículos y planificar acciones directas para asegurar la aprobación de la norma. De sancionarse, será un primer gran freno al modelo de agronegocios que, con la soja como estandarte, implicó el avance de la frontera agropecuaria y provocó la expulsión de 300 mil familias campesinas e indígenas.

 El proyecto de ley es impulsado por la base de la pirámide del sector campesino, en los antípodas de la Mesa de Enlace, y cuenta con el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro, y el visto bueno del Ministerio de Agricultura de la Nación. “Es una iniciativa nacida de la diversidad de organizaciones, que somos quienes padecemos y enfrentamos el modelo de agronegocios. Será un freno legal a las topadoras, y vamos por más, por las tierras que nos arrebataron”, explicó Miriam Bruno, del Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf).

“Declárese la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales que ocupan en calidad de poseedoras las comunidades campesinas y agricultores familiares”, detalla el primer artículo del proyecto de ley, consensuada –además del Fonaf– por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI–Vía Campesina), Frente Nacional Campesino (FNC), Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires.

El proyecto de ley solicita la suspensión de desalojos durante cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta, en los tres primeros años, a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.

La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo: denuncia el avance minero, petrolero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. También innova al proponer la tierra como un bien social, y no como una mercancía en busca de rentabilidad. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que acabe con la inseguridad jurídica que viven las familias ancestrales y que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra y créditos.

“Entendemos la tierra como un bien social para el trabajo comunitario y la agricultura familiar, y no como renta. La tierra para reproducir la vida y preservar la diversidad, como sustento de la soberanía alimentaria, con uso sustentable de recursos naturales”, explicó el MNCI.

Argentina es visto como un alumno modelo en el mercado de agronegocios mundial. En 1997 se cosecharon en el país 11 millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivada del país. Consecuencia directa, según relevamientos de las organizaciones, 300 mil familias expulsadas de sus territorios ancestrales y con destino a los barrios empobrecidos de las grandes ciudades.

La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), La tierra en Argentina, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume: “Desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Y, en base a estudios oficiales, revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.

El proyecto de ley, que comienza desde hoy a ser girado a todos los senadores y diputados, cuenta con seis artículos, extensa fundamentación y abre la puerta a un histórico reclamo de campesinos, siempre negado por grandes propietarios: revisar títulos de propiedad de dudosa procedencia y, para quienes fueron desalojados, la inmediata devolución de sus tierras. La fundamentación del proyecto de ley también refiere al “uso comunitario de las tierras recuperadas por la lucha de las organizaciones”.

Miriam Bruno, del Fonaf, confirmó que las organizaciones que comienzan a articular están lejos de conformarse con las tierras que tienen, y que van por las aptas y necesarias para mantener la vida en el campo. “Tenemos diversidad de miradas entre las organizaciones, pero también los mismos enemigos, como las cuatro patronales de la Mesa de Enlace. Entonces vamos por más, por ejemplo, planes de colonización, la vuelta a los territorios de campesinos, indígenas, colonos, chacareros”, adelantó.

La fundamentación destaca que los desalojos son producto, además del modelo extractivo, de la especulación inmobiliaria, empresas turísticas, la concentración y extranjerización de tierras, y la concentración económica. Recuerdan el rol del Poder Judicial como “brazo ejecutor para consolidar el modelo de agricultura sin agricultores familiares, campesinos e indígenas”, sin tener en cuenta el Código Civil, ni pactos internacionales.

“El desalojo vulnera derechos humanos básicos, en convivencia con el Poder Judicial y político, terratenientes y abogados. Los Estados deben diseñar políticas para evitar estas prácticas”, exigen las organizaciones. Y recuerdan, como ejemplo de incumplimiento, la ley 26.160, de suspensión de desalojos indígenas y relevamiento catastral de territorios. Las exigencias al Estado son concretas: ordenamiento territorial, impulso concreto de la agricultura familiar, financiamiento al sector, mensuras y reforma agraria integral.

Críticas a un proyecto de la FAA

Las organizaciones que consensuaron el proyecto de ley no son las únicas del sector rural de Argentina, pero sí son referentes en la construcción de un modelo en los antípodas de la Mesa de Enlace. Con históricos matices en cuanto a proyectos políticos y formas de construcción, es la primera vez que acuerdan e impulsan una acción conjunta para las 200 mil familias campesinas. Algunas organizaciones adhieren plenamente al kirchnerismo, otras experimentan un acercamiento y apoyo crítico, y todas descreen del giro que intenta dar Federación Agraria.

“Fueron vagón de cola de la Mesa de Enlace, de lo más retrógrado del campo, golpistas, ahora (Eduardo) Buzzi quiere hablar de desalojos y de pequeños productores. No le cree nadie, es parte del modelo sojero. Perdió hace años las banderas de la lucha del pueblo”, denunció Martín Goizueta, de la Mesa de Productores de Buenos Aires. La crítica apunta a que hoy, en el Congreso, Federación Agraria presenta un proyecto para frenar desalojos, aunque sin apoyo de las organizaciones que históricamente enfrentan topadoras y padecen el avance de la soja, en buena parte de la mano de la Mesa de Enlace.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) también apuntó a Federación Agraria: “A Buzzi no le importan los campesinos, incluso hay muchos casos de integrantes de FAA que desalojaron a nuestros compañeros. Son parte de las patronales del campo, socios de las transnacionales del agro”.

Goizueta destacó que el proyecto de ley para frenar desalojos es resultado del “reencontrarse” de muchas organizaciones campesinas que privilegiaron el enemigo en común (“el modelo agropecuario”). Reconoció diferencias, “diversidad”, y aclaró que el desafío es lograr la articulación del sector campesino “para instalar y desarrollar un modelo rural con justicia social”.

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