“Es necesario ocupar latifundios y transferir tierras a los trabajadores para transformar el campo”

Recortes presupuestarios, asfixia de la política agraria, fin de programas y aumento de la violencia, son algunas consecuencias del Estado de recesión en que vive el campesinado brasileño. Es frente a ese contexto político, que el MST realizará la Jornada Nacional de Luchas por la Reforma Agraria 2018.

Con el objetivo de resistir frente a la negligencia sobre el derecho a la tierra en Brasil, la jornada acontece este mes, haciendo lucha y memoria contra la impunidad de los 22 años de la Masacre de Eldorado dos Carajás, cuando 21 trabajadores Sin Tierra fueron ultimados por la fuerza pública en el estado de Pará.

Para hablar sobre la Reforma Agraria y la coyuntura actual, Marina dos Santos, de la Dirección Nacional del MST, rememora la lucha en Carajás, la violencia en el campo y los desafíos de la lucha en el mes de abril. Lea a continuación.

22 años de la masacre de Eldorado de los Carajás, ¿por qué recordar es resistir?

Hace 22 años, el 17 de abril de 1996, nosotros éramos muy jóvenes. Luchábamos contra las políticas neoliberales del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, contra el éxodo rural y por un Brasil sin latifundios.

En el estado de Pará, en una Marcha pacífica hacia Belém, la Policía Militar asesinó a 21 trabajadores rurales, campesinos, compañeros que marchaban rumbo al diálogo y a la negociación con el gobierno del estado en su capital.

Fue una tragedia que dio la vuelta al mundo. Una masacre de campesinos en un país con tanta tierra, tanta agua y tantos bienes de la naturaleza, de extensión continental, pero también, con tanta concentración y mala utilización de los recursos naturales, que el latifundio y el agronegocio utilizan solo con la intención de aumentar sus ganancias.

Es muy importante que la juventud de hoy, nuestra militancia, conozca esa historia, sepa quien está por detrás de esa maniobra macabra, todos los autores involucrados – desde los policías que cometieron tanta crueldad, al gobierno del estado de Pará y las empresas de la región que financiaron la masacre.

La juventud debe homenajear a todos nuestros mártires de la lucha por la tierra, en especial, recordar a Oziel Alves, un joven de 17 años, que aprendió a leer y escribir en nuestras escuelas, bajo de las lonas de los campamentos del MST y que fue asesinado de rodillas en frente de todos gritando: “¡viva la Reforma Agraria!”

La masacre de Eldorado sigue impune y ahora somos testigos de la celeridad arbitraria de la persecución política y condena a Lula. ¿Qué justicia es esa?

El sistema de justicia de Brasil es una farsa. Nos causa vergüenza en todos los lugares que frecuentamos, desde el pueblo más simple y humilde hasta los organismos internacionales. Todo el mundo nos pide explicar tanta injusticia en Brasil con nuestro poder judicial. El porqué los operadores del poder judicial, especialmente los jueces, son unos chupa cabras de dinero del pueblo, sustentados con dinero público, en el cual paga hasta sus alquileres y sus acciones son para reforzar la desigualdad social que hay en el país. Es una justicia ciega cuando se trata de los pobres, de los que luchan, de los negros, de las comunidades urbanas, pero muy ágil y rápida cuando se trata de defender los negocios, las empresas, los empresarios y las ganancias de su ralea.

La condena y persecución política de Lula, significa una condena y persecución de millones de brasileñas y brasileños pobres y luchadores. Pero no nos vamos a callar frente a tanta injusticia.

La historia de la violencia en el campo es de larga data. De acuerdo con datos parciales de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), hubo 65 personas asesinadas en conflictos en el campo en 2017, muchos con refinamientos de crueldad, índice que dio a Brasil el título del país más violento para los campesinos en el mundo. ¿Cuáles son las acciones que el MST ha hecho para denunciar y exigir el fin de la continuidad de ese escenario?

Es bueno recordar también que, según datos de la CPT, solamente en estos dos años del período golpista, fueron asesinados más de 100 trabajadores del campo, lideres campesinos e indígenas en Brasil.

La única forma del MST para enfrentar y denunciar esta situación es ocupando los latifundios improductivos, organizando al pueblo Sin Tierra para luchar por sus derechos, enfrentando al gobierno y a las políticas golpistas que están siendo impuestas en el campo y en la ciudad.

Y denunciar que Brasil es el segundo país en el mundo que más concentra tierra. Según datos del último censo agropecuario, de 2006, 1% de propietarios concentran 44% de las tierras productivas de este país. Ese proceso de concentración sólo aumenta, no sólo en relación la tierra, sino también a los otros elementos de la naturaleza, como el agua. Veamos el ejemplo de la reunión de las grandes corporaciones que tuvo lugar en Brasilia, del 19 al 21 de marzo, como el objetivo de privatizar los reservatorios de agua dulce que tenemos en Brasil y en América del Sur, como el Acuífero Guaraní.

Con esa política, es claro que va a haber conflictos porque el pueblo y los movimientos sociales no van a aceptar todo eso de forma pacífica. Es necesario enfrentar el poder del agronegocio, de las transnacionales y de las políticas golpistas. Es necesario construir una resistencia altiva frente a todo eso y luchar con fuerza por otras políticas para el campo brasileño.

Ya que estamos hablando sobre violencia, un tema actual que ha movilizado a miles de trabajadores es la Intervención Militar en Rio de Janeiro y la ejecución de Marielle Franco. ¿Qué representa esto en tiempos de recesión, abandono y desmantelamiento de las políticas públicas sociales?

La Intervención Militar en Rio de Janeiro y la ejecución de Marielle Franco y su conductor Anderson, nos muestra que estamos viviendo un momento de ofensiva conservadora en Brasil y en diversos lugares del mundo, que lideró el impeachment contra la presidenta Dilma, provocó ese asesinato y los de centenas de trabajadores pobres, jóvenes y negros, y se manifiesta también en el encarcelamiento del ex presidente Lula.

Es clara la política de perversidades en detrimento de las políticas públicas de generación de empleo, salud, educación, transporte y seguridad. Esas políticas abren un nuevo ciclo del golpe y nos desafían a ampliar nuestra capacidad de lucha y resistencia, con persistencia y unidad del conjunto de las fuerzas políticas. Necesitamos tomar las calles y hacer un gran proceso de asenso de la lucha de masas y construir un proceso en que el pueblo pueda de hecho participar en la toma de decisiones del país.

¿Cuáles son las principales cuestiones señaladas por la Jornada Nacional de Luchas por la Reforma Agraria 2018?

La Jornada Nacional de Luchas por la Reforma Agraria, que tiene el 17 de abril, definido por la Vía Campesina Internacional, como el Día Mundial de Lucha por la Tierra, en memoria a la masacre de Eldorado de los Carajás, no puede estar desconectada del conjunto de las luchas de la clase trabajadora.

En los últimos años, y en este también, la Jornada llevará también las banderas de defensa de los derechos de los trabajadores, contra las reformas, por democracia y por la libertad de Lula para enfrentar juntos el golpe que está en curso contra la sociedad brasileña.

Dentro de ello, señalamos como principal tema de la Jornada, la “Masacre de Eldorado dos Carajás: 22 años de impunidad. ¡Reforma agraria en las tierras de los corruptos!”.

No podemos dejar de decir y denunciar que gran parte de los corruptos de este país poseen muchas tierras, de forma ilegal, con grilagem [utilización de documentos falsos para forjar la titularidad y reivindicar la tenencia de tierras], con uso de lavado de dinero, con trabajo esclavo y deterioro del medio ambiente y la naturaleza. Utilizan grandes extensiones de tierra para monocultivos de exportación basados en el uso intensivo de agrotóxicos y semillas transgénicas, causando muchas enfermedades a la naturaleza y a las personas.

Es necesario ocupar esos latifundios y transferir esas tierras a los trabajadores, a las campesinas y campesinos para transformar el campo en otro proyecto. En un proyecto de producción de alimentos abundantes, saludables y baratos para el conjunto de la sociedad pobre y de recuperación y conservación de la naturaleza. Con agroindustria y educación para el pueblo.

¿Cuáles son las demandas específicas del MST para la Jornada este año? ¿Qué acciones y actividades realizarán?

Las demandas específicas del MST para la Jornada van desde nuestra “agenda amarilla”, que son demandas antiguas, no resueltas por los gobiernos, hasta a las cuestiones emergentes de tierra para los acampados, que son alrededor de 90 mil familias y políticas de desarrollo para los asentamientos, que dialogan desde crédito para las mujeres, vivienda, perímetro irrigado, el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), Programa para la Educación del Campo y el Contrato de Concesión de Uso (CCU).

También nos estaremos sumando a las actividades políticas de denuncia de las injusticias del Supremo Tribunal Federal (STF) en relación con la persecución y condena sin pruebas de Lula. Queremos a Lula libre como forma de hacer justicia con el pueblo y la sociedad brasileña.

¿Por que la Reforma Agraria es un asunto de la sociedad como un todo?

La Reforma Agraria es una bandera importante para el conjunto de la sociedad, porque estamos hablando de una Reforma Agraria Popular. De una lucha que desconcentre y distribuya la tierra, que genere empleos en el campo, recupere y preserve el medio ambiente, que produzca alimentos orgánicos, agroecológicos y saludables para toda clase trabajadora. Los beneficiarios de la Reforma Agraria Popular no son solamente quienes viven y trabajan en el campo, sino también el conjunto de la sociedad y la naturaleza. Por eso, ¡debe ser una bandera de todos!

*Editado por Wesley Lima

Fabiana Braga foi presa injustamente em outubro de 2016 por ter participado de uma manifestação contra empresa Araupel, organizada pelas mulheres da Via Campesina.

Hoje (2), a Sem Terra Fabiana Braga recebe no Rio de Janeiro a 30ª Medalha Chico Mendes de resistência. A Medalha foi instituída pelo Grupo Tortura Nunca Mais, Rio de Janeiro em 1989 para homenagear pessoas, movimentos sociais e entidades que se destacam nas lutas de resistência popular, contra a repressão e todas as formas de violência institucionalizada, na defesa dos Direitos Humanos e dos povos. 

O nome da medalha também é uma homenagem a um lutador, o seringueiro e ambientalista Chico Mendes morto no ano da criação do prêmio. 

Fabiana, hoje com 23 anos é uma militante do MST que foi presa em outubro de 2016 por ter participado de uma manifestação contra empresa Araupel, organizada pelas mulheres da Via Campesina.

Para Cecília Coimbra, uma das fundadora e integrante da direção do Grupo, «a medalha é mais um instrumento político de afirmação das lutas de resistência contra toda forma de opressão e de valorização da cultura e da vida destas mesmas pessoas, independente das disputas partidárias e eleitorais». Além disso, a homenagem foi criada também em função, do que os torturadores faziam todo ano no dia 31 de março eles ofereciam aos torturadores a chamada medalha do pacificador, tanto militares como civis», explica.

Já para o setor direitos humanos do MST, «a solenidade de entrega do prêmio da 30° Medalha Chico Mendes demarca um espaço importante de reconhecimento das causas e lutadores sociais que sofreram graves violações de direitos humanos».

Além de Fabiana, serão homenageados mais 12 lutadoras e lutadores e organizações de diferentes áreas, o Comandante Paulo Mello Bastos, Mãe Meninazinha, Ana Maria Tellechea, Ilma e Rômulo Noronha, Cosme Alves Neto (in memoriam), Jaime Petit (in memorian), José Campos Barreto (Zequinha) – in memoriam, Rute Fiúza, Milagro Sala e a Casa Nem.

A cerimônia de entrega das medalhas será no dia 2 de abril no Teatro Odylo Costa Filho, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, às seis da tarde. 

El último caso son treinta y dos campesinos y campesinas detenidos(as) el pasado 16 de marzo en el rescate de 350 hectáreas de la hacienda La Magdalena, en Obispo Ramos de Lora, en el Sur del Lago. Siguen presos(as) hasta el día de hoy, a pesar de tener un documento del INTI nacional que declara las tierras como ociosas, y los autoriza a producir, cosa que hacen: han sembrado yuca, plátano, auyama, maíz. Se los(as) acusa de invasión, obstrucción a la justicia, resistencia a la autoridad, tala y quema. El objetivo es que las tierras queden en manos del terrateniente Celis Aranguren, quien participó en los hechos de violencia de mayo del 2017, donde fue atacada la alcaldía, y quien habría pagado para lograr la detención de los campesinos.

Noticias como esta muchas veces no trascienden por fuera de los territorios donde suceden. Los casos que se lograron difundir este año fueron los ataques e intentos de desalojos a campesinos(as) de Portuguesa, del Consejo Campesino El Esfuerzo, y Barinas, en el Hato Gavilán La Chaqueta. Emergieron porque algunos medios los cubrieron, por la violencia del accionar. Tuvieron lugar más amedrentamientos, intentos de sacar al campesinado de los rescates, que son muchos en el país. Como ejemplos, en el Sur del Lago existen cerca de veinte rescates, en cuanto a Barinas, cerca de treinta y cinco.

Todos estos casos -parte de un mapa nacional de rescates- tienen una característica similar: están a la espera de respuestas. Ha habido gestiones, papeles temporales, recorridos por los predios, comprobación de que efectivamente son tierras improductivas que los(as) campesinos(as) pusieron a producir. Las resoluciones finales no llegan, la posibilidad del desalojo, el amedrentamiento, la cárcel, está ahí, latente. Sucede crónicamente, como el año pasado cuando en pocos días tuvieron lugar varios desalojos violentos consecutivos en Barinas. Se sabe, mayor es la posibilidad cuanto más lejos están las cámaras. Y el periodismo en Venezuela tiene epicentro en Caracas.

Se trata de una cuestión compleja. Así como no se puede decir que la revolución tiene por política desalojar campesinos(as), cabe la pregunta de por qué las respuestas favorables cuestan tanto, qué subyace tras esa situación. Tanto en términos de intereses concretos, de poderes, como de política agrícola regional/nacional en curso, en esta época tan compleja de guerra desatada por el imperialismo y las clases dominantes.

Lo primero es resaltar que la lucha contra el latifundio ha sido una marca central del proceso chavista. Se avanzó allí donde otros procesos contemporáneos en el continente no lo hicieron. Se puede medir en términos de hectáreas rescatadas/regularizadas/expropiadas, así como a través de las muertes: cerca de trecientos campesinos(as) sicariados(as).

Según los diferentes análisis ese avance contra el latifundio duró hasta el 2010, con hechos emblemáticos como el rescate simultáneo de dieciocho fincas en el Sur del Lago. A partir de esas fechas se entró en etapa de estancamiento, situación que se extiende hasta la actualidad, donde, lo que se ha mantenido, es un avance en regularizaciones de tierras donde productores vienen trabajando desde hacía años. Ya no se habla de la batalla contra las grandes extensiones improductivas de tierras en manos de una sola persona/familia. Esto, paradójicamente, en una situación de dificultad de abastecimiento y precios.

El debate es doble: la propiedad de la tierra y la producción.

Los casos recientes de desalojos permiten armar un tablero de actores contrarios a los rescates: terratenientes, empresarios, funcionarios locales del INTI, de municipalidades, gobernaciones, tribunales, fuerzas de seguridad regionales. Un bloque de intereses que busca ocupar tierras en disputa, recuperar aquellas que fueron expropiadas, y avanzar sobre nuevos territorios. Detrás de todo desalojo campesino hay un negocio en marcha -desde México hasta Argentina.

Este cuadro de actores permite llegar a una hipótesis: existen poderes fácticos regionales con alianzas/compras políticas, que tiene la capacidad para ordenar desalojos, y dar pasos en una tendencia restauradora que emerge. Es un asunto propio a cada estado, donde, como se evidenció en algunas oportunidades, puede producirse un conflicto entre la instancia nacional y la instancia regional de una misma institución.

Esta hipótesis permite explicar lo concreto de muchos casos de desalojos, pero no responde a la pregunta del cuadro nacional respecto a la política contra el latifundio y, junto a eso, al apoyo al campesinado y pequeños(as) productores(as). ¿Hacia dónde está orientada la apuesta en lo agrícola? ¿A fortalecer las tramas comunales, de pequeños productores asociados, propiedades sociales y estatales, o a buscar acuerdos cada vez más numerosos con el sector privado, es decir los grandes productores, terratenientes, empresarios emergentes?

La respuesta parece estar orientada hacia la segunda opción. En términos políticos significa que, en este cuadro de guerra, se opta por la defensa/conservación a través de acuerdos. Esto puede traer un retroceso: se le da más poder a quienes se ha combatido, que son también muchas veces cómplices o autores directos de ataques actuales.

En lo económico significa que la apuesta mayoritaria es hacia el privado, en un movimiento que también es de ideas: es ese sector quien podría sacarnos de esta situación. No aparece entonces como viable la productividad del campesinado, pequeños productores, comunas, la propiedad social articulada a lo estatal. La fuerza debe estar centrada en el privado. ¿Por qué los grandes propietarios serían ahora sí productivos, y además en clave de consumo nacional y precios justos, dentro de un plan nacional de transición al socialismo enfrentado a una guerra?

Esto no significa que no se deba trabajar con el privado, medianos productores, ni buscar alianzas dentro un modelo de tres tipos de propiedad. Significa que existe una trama productiva de campesinos, pequeños productores, economías comunales, que, aunque no tenga la dimensión actual para abastecer al país entero, carga una potencia política económica que desató Chávez, y sin la cual resulta difícil pensar una salida que conduzca a la resolución de las urgencias a la vez que al avance en el proyecto histórico. Ese universo productivo requiere apoyo, insumos, cadenas completas. Tiene deudas también, al igual que las tienen el Estado y los privados. El debate es político, ¿hacia dónde va la apuesta estratégica?

Desde esa hipótesis se pueden enmarcar los casos regionales de desalojos y ataques. Son producto de situación estadales, no son una política nacional, pero se dan dentro de la orientación de buscar acuerdos con ese gran privado, ofrecerle nuevos negocios. Eso parece significar no dar pasos en nuevos rescates de tierras, no confrontar, aunque sean tierras improductivas y los(as) campesinos(as) demuestren que tienen la capacidad para ponerlas a producir.

¿Es una hipótesis errada? Tal vez. Para eso el debate en un eje donde es poco lo que se sabe, y periódicamente aparecen casos de ataques violentos a campesinos en diferentes estados del país. La pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué se dan los desalojos?

Marco Teruggi

Com a participação de camponeses e camponesas do MPA de 15 Estados o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), realizará entre os dias 28 e 31 de março em São Paulo- SP a IV edição da Escola Camponesa da Memória, que resgata o processo histórico de luta e resistência ao golpe militar de 64 e a atualidade do golpe institucional em curso no Brasil desde de 2016 a partir do impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff.

 Além do debate dos golpes no Brasil nessa edição a escola aprofundará a vida e luta do revolucionário brasileiro Clodomir Santos de Morais, lutador aguerrido da causa camponesa fundamental na resistência ao golpe. 

A Escola Camponesa da Memória é uma iniciativa do MPA para recuperar e manter viva a memória histórica da luta contra o golpe de 64 no Brasil em especial no que diz respeito aos processos de resistência das organizações camponesas, relata Beto Palmeira da coordenação nacional do MPA, “ a escola da memória recupera e mantém acesa os processos de luta do povo brasileiro, sabemos como parte significativa dessa memória histórica nos é escondida, ou mesmo modificada, todos e todas tem o direito a memória, mas também a verdade e a justiça. Em especial nesse ano recuperamos a história do revolucionário Clodomir Santos de Morais, que nessa semana completou-se dois anos de sua partida física, Clodomir contribuiu de forma fundamental para a construção da organização camponesa em nosso país e na América latina, é impossível pensar a luta de hoje sem resgatar Clodomir”, afirmou Palmeira. 

Escola dialogará a relação entre o golpe de 64 e o de 2016 

 A escola debaterá a atualidade do golpe institucional em nosso país, fazendo a relação dos atores e interesses que se cruzam com os mesmos que impulsionaram a exatos 54 anos um golpe militar que mergulhou o país em um duro processo de repressão aos trabalhadores e trabalhadoras. “ Podemos analisar que a receita utilizada em 64 se repete agora, perda de de direitos, interesses internacionais imperialistas, uso dos meios de comunicação e uma progressiva violência contra as organizações sociais, nossa tarefa é lutar para que o golpe não aprofunde com o de 64, e a formação é uma ferramenta fundamental”. Concluiu Palmeira. 

 Existe uma divida histórica do estado brasileiro com o povo, não se pode permitir que um período de luta como este seja esquecido ou ignorado ou melhor maquiado, a juventude estava presente na luta contra o golpe em 64 nas ações e nos ideais de luta e resistência, por isso a juventude de hoje deve resgatar e garantir a justiça pelos que lutaram por esses ideais” afirma Rafaela Alves do coletivo nacional de Juventude do MPA.

 Além de debater o legado de Clodomir, um dos elementos principais da escola é a participação e repressão contra camponeses e camponesas no período da ditadura, atualmente o estado brasileiro reconhece apenas 29 mortes, no entanto a Comissão da Verdade apurou que são mais de 2 mil. Nessa edição cerca de 100 jovens participarão da escola, ao logo de 5 anos a escola da memória já formou mais de 300 jovens com edições realizadas em Salvador, Campina Grande e Brasília e Brasília, recuperando o pensamento de Carlos Marighella, das Ligas Camponesas e da repressão contra o campesinato respectivamente. 

Informações: 
Bruno Pilon- (61) 9 99964093/ 
(27) 997668270- whatsapp
comunicacaompa@gmail.com

Nosotras y nosotros, constructoras y constructores del Foro Alternativo Mundial del Agua (FAMA), tras reunirnos del 17 al 22 de marzo de 2018 en Brasilia, declaramos a la sociedad lo que acumulamos después de muchos debates, intercambios, sesiones culturales y relatos, tanto durante los varios meses de preparación cuanto en estos últimos días en que nos reunimos aquí. Somos más de 7 mil trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad, de las aguas y las selvas, representantes de pueblos originarios y comunidades tradicionales, articulados en 450 organizaciones de todos los continentes. Somos movimientos populares, tradiciones religiosas y espiritualidades, organizaciones no gubernamentales, universidades, investigadores/as, ambientalistas; organizados en grupos, colectivos, redes, frentes, comités, foros, institutos, articulaciones, sindicatos y consejos.

Con la grandeza de los pueblos, intercambiamos experiencias de conocimiento, resistencia y lucha. Somos conscientes de que lo que producimos es para garantizar la vida y su diversidad. Estamos creando unidad y fuerza popular para reflexionar y luchar juntas y juntos por el agua y por la vida en sus más variadas dimensiones. Lo que nos une es la vida. Y por ella luchamos. Eso es lo que nos diferencia de los proyectos y relaciones del capital, expresados en el Foro de las Corporaciones, el Foro Mundial del Agua (FMA).

También estamos aquí para denunciar su 8º edición, realizada también en Brasilia, evento organizado por el llamado Consejo Mundial del Agua, y que en realidad es un espacio de captura y robo de nuestras aguas. El Foro y el Consejo son espacios vinculados a las grandes corporaciones trasnacionales y buscan satisfacer sus intereses, en detrimento de los pueblos y de la naturaleza.

Nuestras constataciones sobre el momento histórico

El modo de producción capitalista, históricamente concentra y centraliza riqueza y poder, a partir de la ampliación de sus formas de acumulación, intensificación de sus mecanismos de explotación del trabajo, y profundización de su dominio sobre la naturaleza, acarreando la destrucción de nuestros modos de vida. Vivimos un período de crisis del capitalismo y de su modelo político representado por la ideología neoliberal, que se busca intensificar con la transformación de los bienes comunes en mercadería, a través de procesos de privatización; fijación de precios y financiarización.

La persistencia de ese modelo ha profundizado las desigualdades y la destrucción de la naturaleza, a través de los planos de emergencia del capital en los momentos en que se profundiza su crisis. En este escenario, las acciones del capital se orientan a mantener a cualquier costo sus altas tasas de interés, lucro y renta.

Este modelo impone a América Latina y el Caribe el papel de productores de artículos primarios y proveedores de materias primas, actividades intensivas en bienes naturales y fuerza de trabajo. Subordina la economía de estos países a un papel de dependencia en la economía mundial, y los convierte en objetivos primordiales de esta estrategia de ampliación de la explotación a cualquier costo.

Brasil, que recibe esta edición del FAMA, es un ejemplo en este sentido. El golpe reciente expone la acción coordinada de las corporaciones con sectores del parlamente, de los medios y el Poder Judicial para romper el orden democrático y someter al gobierno nacional a una agenda que atienda rápidamente sus intereses. Se implementó aquí la medida presupuestaria más dura del mundo, donde el presupuesto público se congeló por 20 años, garantizando el drenaje de recursos públicos para el sistema financiero y sentando las bases para una onda privatizadora, que incluye la infraestructura de almacenamiento, distribución y saneamiento de aguas.

¿Cuáles son las estrategias de las corporaciones para el agua?

Identificamos que el objetivo de las corporaciones es ejercer control privado del agua a través de la privatización, mercantilización y de su licenciamiento, convirtiéndola en fuente de acumulación a escala mundial, generando lucros para las trasnacionales y el sistema financiero. Para eso están en curso diversas estrategias que van desde el uso de la violencia directa hasta las formas de captura corporativa de gobiernos, parlamentos, judiciarios, agencias reguladores y demás estructuras jurídico-institucionales para actuar en favor de los intereses del capital.

Existe también una ofensiva ideológica articulada junto a los medios de comunicación, educación y propaganda que buscan crear hegemonía en la sociedad contraria a los bienes comunes y a favor de transformarlos en mercadería.

El resultado deseado por las corporaciones es la invasión, apropiación y control político y económico de los territorios, de las nacientes, ríos y reservorios, para atender los intereses del agronegocio, hidronegocio, industria extractiva, minería, especulación inmobiliaria y generación de energía hidroeléctrica. El mercado de bebidas y otros sectores quieren controlar los acuíferos. Las corporaciones quieren también controlar toda la industria de abastecimiento de agua y alcantarillado sanitario para imponer su modelo de mercado y generar lucros, transformando un derecho históricamente conquistado por el pueblo en un bien más de consumo. Quieren también los manantiales de Brasil, América Latina y el mundo para generar valor y viabilizar el mercado mundial del agua.

Denunciamos a las trasnacionales Nestlé, Coca-Cola, Ambev, Suez, Veolia, Brookfield (BRK Ambiental), Dow AgroSciences, Monsanto, Bayer, Yara, los organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y ONG ambientalistas de mercado, como The Nature Conservancy y Conservation Internacional, entre otras que expresan el carácter del Foro de las Corporaciones. Denunciamos el crimen cometido por la Samarco, Vale y BHP Billiton, que contaminó con su lama tóxica el Río Doce, matando toda una cuenca hidrográfica, inúmeras personas y hasta hoy sigue impune.

Denunciamos el reciente crimen practicado por la empresa noruega Hydro Alunorte que vertió miles de toneladas de residuos de minería a través de canales clandestinos en el corazón de la Amazonia y el asesinato del líder comunitario Sergio Almeida Nascimento que denunciaba sus crímenes. Ejemplos como estos se reproducen por todo el mundo.

Los pueblos son víctimas de este avance del proyecto de las corporaciones. Las mujeres, pueblos originarios y comunidades tradicionales, poblaciones negras, migrantes y refugiados, agricultores familiares y campesinos, así como las comunidades periféricas urbanas sufren directamente los ataques del capital y las consecuencias sociales, ambientales y culturales de sus acciones.

En los territorios y locales donde hubo o existen planes de privatización, se profundizan las desigualdades, el racismo, la violencia sexual y la sobrecarga de trabajo para las mujeres, la criminalización, los asesinatos, amenazas y persecuciones a líderes, demisiones en masa, precarización del trabajo, retirada y violación de derechos, reducción salarial, aumento de la explotación, brutal restricción al acceso al agua y a los servicios públicos, reducción en la calidad de los servicios prestados a la población, ausencia de control social, aumentos abusivos en las tarifas, corrupción, deforestación, contaminación y envenenamiento de las aguas, destrucción de las nacientes de los ríos y ataques violentos a los pueblos y sus territorios, en especial a quienes resisten las reglas impuestas por el capital.

La dinámica de acumulación capitalista se entrelaza con el sistema hetero-patriarcal, racista y colonial, controlando el trabajo de las mujeres y ocultando intencionalmente su papel en las esferas de reproducción y producción. En este momento de ofensiva conservadora, se profundiza la división sexual del trabajo y del racismo, causando aumento de pobreza y precarización de la vida de las mujeres.

La violencia contra las mujeres es una herramienta de control sobre nuestros cuerpos, nuestro trabajo y nuestra autonomía. Esa violencia se intensifica con el avance del capital, y se refleja en el aumento del asesinato de mujeres, de la prostitución y la violencia sexual. Todo eso imposibilita que las mujeres vivan con dignidad y placer. Para las diversas religiones y espiritualidades, todas esas injusticias en relación a las aguas y los territorios, configuran una desacralización del agua recibida como un don vital, y dificultan las relaciones con lo Trascendente como horizonte mayor de nuestras existencias.

Destacamos que para los Pueblos Originarios y Comunidades Tradicionales existe una relación interdependiente con las aguas, y todo lo que las afecta, y todos los ataques criminales que sufren, repercuten directamente en la existencia de esos pueblos en sus cuerpos y mentes. Estos pueblos se afirman como agua, ya que existe una profunda unidad entre ellos y los ríos, lagos, lagunas, nacientes, manantiales, acuíferos, pozos, veredas, estuarios, mares y océanos como una entidad única. Declaramos que las aguas son seres sagrados. Todas las aguas son una sola agua en permanente movimiento y transformación. El agua es una entidad viva, y como tal, merece ser respetada.

Finalmente, constatamos que la entrega de nuestras riquezas y bienes comunes conduce a la destrucción de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como a la pérdida de sus territorios y modos de vida.

Pero afirmamos: ¡Resistimos y venceremos!

Nuestra lucha es legítima. Somos los guardianes y guardianas de las aguas y somos defensores de la vida. Somos un pueblo que resiste y nuestra resistencia vencerá todas las estructuras que dominan, oprimen y explotan nuestros pueblos, cuerpos y territorios. Somos como agua, alegres, transparentes y en movimiento Somos pueblo de agua y el agua de los pueblos. En estos días de convivencia colectiva, identificamos una extraordinaria diversidad de prácticas sociales, con enorme riqueza de culturas, conocimientos y formas de resistencia y de lucha por la vida. Nadie se rendirá. Los pueblos de las aguas, selvas y campos resisten y no se entregarán al capital. Así también ha sido la lucha de los obreros y de todas las trabajadoras y trabajadores de las ciudades que demuestran cada vez mayor fuerza. Tenemos la convicción de que solamente la lucha conjunta de los pueblos podrá derrotar todas las estructuras de injusticia que sustentan esta sociedad.

Vemos que la resistencia y la lucha viven en todos los territorios de Brasil y del mundo, y estamos convencidos de que nuestra fuerza debe continuar caminando y unirse a las grandes luchas nacionales e internacionales. La lucha de los pueblos en defensa de las aguas es mundial.

Agua es vida, salud, alimento, territorio, derecho humano y bien común sagrado.

Lo que proponemos

Reafirmamos que las diversas luchas en defensas de las aguas dicen alto y claro que el agua no es ni puede ser una mercadería. No es un recurso para ser apropiado, explotado y destruido para el buen rendimiento de los negocios. Agua es bien común y debe ser preservada y gestionada por los pueblos para las necesidades de la vida, garantizando su reproducción y perpetuación. Por eso, nuestro proyecto para las aguas tiene a la democracia como un pilar fundamental. Es solamente por medio de procesos verdaderamente democráticos -que superen la manipulación de los medios y del dinero- que los pueblos pueden construir el poder popular, el control social y el cuidado efectivo de las aguas, afirmando sus saberes, tradiciones y culturas en oposición al proyecto autoritario, egoísta y destructivo del capital.

Somos radicalmente contrarios a las diversas estrategias presentes y futuras de apropiación privada sobre el agua, y defendemos el carácter público, comunitario y popular de los sistemas urbanos de gestión y cuidado del agua y el saneamiento. Por eso saludamos y estimulamos los procesos de re-estatización de compañías de agua y saneamiento y otras formas de gestión. Seguiremos denunciando los intentos de privatización y de apertura de capital, como ocurre en Brasil, donde 18 estados manifestaron interés en la privatización de sus compañías.

Defendemos el trabajo decente, basado en relaciones de trabajo democráticas, protegidas y libres de toda forma de precarización. También es fundamental la garantía de acceso democrático y sustentable al agua, junto a la implementación de la reforma agraria y la defensa de los territorios, que garanticen la producción de alimentos con bases agroecológicas, respetando las prácticas tradicionales y buscando impulsar la soberanía alimentaria de las trabajadoras y trabajadores rurales y urbanos.

Estamos comprometidos con la superación del patriarcado y de la división sexual del trabajo, y entendemos que es necesario reconocer que el trabajo doméstico y de cuidados está en la base de la sustentabilidad de la vida. El combate al racismo también nos une en la lucha por el reconocimiento, titulación y demarcación de los territorios de los pueblos originarios y comunidades tradicionales, y en la reparación al pueblo negro e indígena que vive marginalizado en las periferias de los centros urbanos.

Nuestro proyecto es orientado por la justicia y por la solidaridad, no por el lucro. En él, nadie pasará sed o hambre, y todas y todos tendrán acceso al agua de calidad, en cantidades suficientes, así como también a los servicios públicos de saneamiento.

Nuestro plan de acciones y luchas

La profundidad de nuestros debates y elaboraciones colectivas, el suceso de nuestra movilización, la diversidad de nuestro pueblo y la amplitud de los desafíos que precisan ser combatidos nos impulsan a continuar el enfrentamiento al sistema capitalista, patriarcal, racista y colonial, teniendo como referencia la construcción de la alianza e unidad entre toda la diversidad presente en el FAMA 2018.

Trabajaremos, a través de nuestras formas de lucha y organización, para ampliar la fuerza de los pueblos en el combate a la apropiación y destrucción de las aguas. La intensificación y calificación del trabajo de base junto al pueblo, la acción y formación política para construir una concepción crítica de la realidad serán nuestros instrumentos. El pueblo debe asumir el comando de la lucha. Apostamos por su protagonismo y su construcción heroica. Vamos a practicar nuestro apoyo y solidaridad internacional a todos los procesos de luchas de los pueblos en defensa del agua y denunciaremos la arquitectura de la impunidad, que por medio de regímenes de libre comercio e inversiones, concede privilegios a las corporaciones trasnacionales y facilita sus crímenes.

Multiplicaremos las experiencias compartidas en el Tribunal Popular de las Mujeres, para la promoción de la justicia popular, visibilizando las denuncias de los crímenes contra nuestra soberanía, los cuerpos, los bienes comunes y la vida de las mujeres del campo, las selvas, las aguas y las ciudades.

El agua es un don que la humanidad recibió gratuitamente, derecho de todas las criaturas y bien común. Por eso, nos comprometemos a unir mística y política, fe y profecía luchando contra los proyectos de privatización, mercantilización y contaminación de las aguas que hieren su dimensión sagrada.

El Foro Alternativo Mundial del Agua (FAMA) apoya, se solidariza y estimulará todos los procesos de articulación y lucha de los pueblos en Brasil y en el mundo, tales como la construcción del “Congreso del Pueblo”, del campamento “Tierra Livre”, la “Asamblea Internacional de los Movimientos y Organizaciones de los Pueblos”, la “Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo”, la campaña internacional para desmantelar el poder corporativo y por el “tratado vinculante” como herramienta para exigir justicia, verdad y reparación frente a los crímenes de las trasnacionales.

Convocamos a todos los pueblos a luchar juntos para defender el agua. Agua no es mercadería. El agua es del pueblo y por ellos debe ser controlada. Es tiempo de esperanza y de lucha. Sólo la lucha nos llevará a la victoria. ¡Venceremos!

Firman la declaración:

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil

Articulação Semiárido Brasileiro

Associação Brasileira de Saúde Coletiva

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento

Cáritas Brasil

Central de Movimentos Populares

Conselho Nacional das Populações Extrativistas

Confederação Nacional dos Urbanitários

Confederação Nacional das Associações de Moradores

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas

Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura

Comissão Pastoral da Terra

Confederação Sindical de Trabalhadores/as das Américas

Central Única dos Trabalhadores

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional

Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento

Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal

Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros

Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental

Federação Nacional dos Urbanitários

Federação Única dos Petroleiros

Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social

Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental

Internacional de Serviços Públicos

Marcha Mundial das Mulheres

Movimento dos Atingidos por Barragens

Movimento dos Pequenos Agricultores

Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto

ONG Proscience

Rede Mulher e Mídia

Serviço Interfranciscano de Justiça Paz e Ecologia

Sociedade Internacional de Epidemiologia Ambiental

Vigência

Barinas. Hato Gavilán La Chaqueta. El 1 de febrero se supo de un violento desalojo en este predio, en el cual detuvieron 14 personas, entre ellas Alexander José Soto, presidente del consejo campesino “Mil Zamoras Una Patria”. Nervis Franco López, esposa del señor Soto, narró entonces lo siguiente:

“El desalojo lo cometieron 150 funcionarios entre GNB y policía de Barinas. Quemaron documentos de identidad a varios campesinos. Golpearon a la gente, les apuntaron con los fusiles, insultaron a las mujeres y arrastraron a una por el piso. Quemaron la escuela y todos los ranchos. El señor Mancilla, supuesto dueño, tiene retenido el ganado y las guías de las reses. También incautaron motos, guadañas, motosierras, motobombas, machetes. Durante el desalojo, el mismo Manuel Mancilla le quitó a mi esposo los documentos correspondientes al proceso de rescate. Se quedó hasta con el sello del consejo campesino”.

Las 4 mil hectáreas de este hato son tierras del Estado (baldío 706 de la nación), aunque estuvieron siempre bajo el dominio de terratenientes. En 2014 se determinó que se trataba de tierras ociosas y en 2015 fue decidido el rescate, pero luego fue revocado y se le otorgó un certificado de adjudicación a Manuel Mancilla, el cual es ilegal puesto que la cantidad de hectáreas supera las permitidas por la Ley.

La gente sigue fuera del predio, el cual está tomado por los cuerpos de seguridad. Esperan que les sea devuelta la maquinaria secuestrada y las 300 cabezas de ganado que permanecen en manos de Mancilla. Y continúan exigiendo que se deje sin efecto la revocatoria del rescate que ya había sido aprobado, que se revoque el certificado de adjudicación otorgado a Mancilla, y que se proceda a la regularización de 2 mil hectáreas a favor del consejo campesino.

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Hato Las Mercedes. Municipio Pedraza, Barinas. El 7 de marzo de 2017 sucedió un violento desalojo. Fue por sorpresa y de madrugada: destrucción de viviendas, envenenamiento de pozos de agua, golpes, insultos, terror. Agentes de la Policía de Barinas y funcionarios de la GNB fueron los autores materiales. Aproximadamente 450 familias organizadas en 9 consejos campesinos fueron expulsadas de la tierra que venían ocupando y trabajando desde 2011, cuando el Inti dictaminó el carácter ocioso de 7.777 hectáreas y autorizó a los campesinos a entrar a la tierra y sembrarla. Hasta entonces habían recibido amenazas, alguno que otro ataque violento, pero nada tan fuerte. Pasado el trago amargo, la gente volvió a la tierra a comenzar de nuevo: levantar los ranchos, abrir nuevos pozos de agua, preparar la tierra y sembrarla, tratar de borrar de la memoria el terror vivido. ¿Por qué actuó de ese modo la Guardia Nacional y la Policía de Barinas? ¿Quién dio la orden?

El presidente del Inti para el momento, José Ávila, estuvo en el sitio, y luego, desde el Hato Florentino, en sesión del directorio in situ, se llegó a acuerdos y se entregó a todos los consejos campesinos una certificación que implica una ratificación del derecho a sembrar el predio. Así lo hicieron y de este modo pasó un año más. Desde agosto del año pasado existe incluso un plano elaborado por técnicos del Inti en el que se delimitan claramente los lotes que corresponden a los consejos campesinos.

Una y otra vez han acudido ante el Inti de Barinas y allí la respuesta ha sido siempre la misma: no ha llegado la notificación desde Caracas. Mientras tanto, los campesinos continúan viviendo el hostigamiento, las amenazas, la frecuente destrucción de sus siembras, el miedo. Mientras el limbo legal continúe, siguen sin poder acceder a crédito, a planes de siembra del gobierno, a programas de dotación de insumos o máquinaria: para acceder a todo ello es requerida la carta de permanencia en la tierra.

El 28 de febrero en la oficina central del INTI reciben la noticia de que el directorio decidió que se proceda a la regularización de la tierra y a su adjudicación. La alegría es mucha, pero también la incertidumbre: esperan que no se repitan las dilaciones, el engavetamiento de los expedientes. Les toca ahora el seguieminto y la presión para que el INTI Barinas concrete la decisión.

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Barinas, Ticoporo, municipio Sucre. El consejo campesino “Buscando El Socialismo” disputa legalmente el predio Golpe La Isla de 157 hectáreas. Se procedió con los pasos requeridos, se aprobó el rescate y se autorizó a los campesinos a ocupar y sembrar las 157 hectáreas del predio desde principios de 2017. Por maniobras del Inti regional quedaron únicamente ocupando 12 hectáreas. El procedimiento quedó abierto y la gente quedó a la espera del cumplimiento posterior de los siguientes pasos. En su proceso de seguimiento ante el INTI Barinas tanto el director como los funcionarios desconocen la existencia del caso, les dicen que su expediente no existe. Así ha transcurrido más de un año. Mientras tanto, en el que han sufrido el hostigamiento de los propietarios de fincas vecinas y de los supuestos dueños del predio, quienes les han amenzadado a través de grupos criminales contratados para ello. Tienen sembrado yuca, plátano, máiz, cacao. A raíz de la incertidumbre y de la ausencia de respuesta de la oficina reginal del INTI, deciden viajar a Caracas a la sede central del INTI. Allí se enteran de que el directorio decidió en enero de este año que el rescate debe avanzar hacia la regularización y adjudicación de la tierra. Ana Heredia, vocera del consejo campesino que estuvo presente en Caracas, regresa a su tierra contenta de llevar buenas noticias pero con una interrogante: ¿Cómo plantear esto en la oficina regional del INTI donde días atrás le dijeron que el expediente con su caso no existía?

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Mérida, Sur del Lago de Maracaibo. Municipio Obispo Ramos de Lora. Hace tres años se denunció como tierra ociosa 400 hectáreas del Fundo El Carmen, en manos del señor Ramón Meza, que tiene un total de 1200 hectáreas. Los consejos campesinos “Tierra nuestra” y “San Isidro”, en los que están organizadas unas 320 familias, decidieron ocupar la tierra en julio del año pasado ante la ausencia de una decisión del INTI sobre su denuncia. En octubre del año pasado los consejos campesinos decidieron tomar la sede del Inti regional en El Vigía, lo cual concluyó en que una junta interventora del Inti Central destituyera al director regional Luís Rodríguez, y ordenara la realización de la correspondiente inspección. Los campesinos denuncian que funcionarios del Inti se confabularon con el terrateniente: la inspección se retrasó hasta que el señor Meza pudo llevar 18 gandolas de ganado al predio, de modo que cuando se hizo finalmente la inspección ésta arrojó como resultado que el predio estaba productivo. La policía del estado Mérida ha realizado varios intentos de desalojo, pero la gente los ha logrado detener. La GNB con frecuencia intimida y hostiga, con presencia del señor Meza y de su hijo. En diciembre del año pasado un grupo de voceros y voceras acudió al Inti Central a solicitar una nueva inspección en vista de las irregularidades de la primera inspección realizada. Les afirmaron que dicha inspección se haría aunque hasta la fecha esto no ha ocurrido. La gente permanece en el predio sembrando plátano, yuca, maíz, arroz, con el temor permanente del próximo intento de desalojo.

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Zulia, municipio Sucre. Predio El Marullo. Los 5 consejos campesinos que disputan 500 hectáreas en este predio agrupan aproximadamente 500 familias. Las tierras son del estado, y el presunto dueño, Luis Morales, no ha podido demostrar titularidad de la tierra: solo tiene un documento del antiguo Intituto Agrario Nacional, que debe ser autenticado por el Inti y esto no ha ocurrido. El señor Morales es concejal de Voluntad Popular en el municipio Sucre de Zulia, y estuvo implicado en la quema del Banco Bicentenario durante las guarimbas en mayo de 2017. El INTI otorgó una medida de aseguramiento que autoriza a los campesinos a ocupar la tierra y sembrarla, pero poco después un Juez Agrario revocó esa medida basándose en el hecho de que las tierras no estaban productivas. Los campesinos denuncian que esto se logró gracias al Inti regional, ya que fue el Inti quien los convenció de desalojar la tierra para facilitar los trámites; así, en el lapso en que los campesinos salieron de la tierra, el terrateniente consiguió la revocatoria de la medida de aseguramiento al constatarse que no estaban en la tierra y no estaba siendo trabajada. Hoy exigen que se solucione su situación y se regularice la tierra a su favor. Solicitaron al defensor agrario que introduzca una anulación de la medida del tribunal. La gente fue desalojada sin orden de desalojo, lo que tenían era la notificación del tribunal de que se había revocado la medida de aseguramiento: se le tumbaron los ranchos y pretendían llevarse unos detenidos, pero la gente lo impidió. También han solicitado al Inti que pida la revocatoria de la medida dictada por el Juzgado Agrario, pero estos se niegan a realizarlo.

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Municipio Guanare, Portuguesa. El domingo 18 de febrero fue incendiada una escuela rural ubicada en tierras que el Consejo Campesino el Esfuerzo viene disputando legalmente desde el año 2011 a la compañía Agroforestal El Arca, por medio de un procedimiento de rescate de tierras. La gente de la comunidad denuncia que el procedimiento fue interrumpido en el año 2016 por el entonces director del Inti Portuguesa, Fermín Reyes Salazar, a quien acusan de haber negociado con los presuntos dueños.

En ocasiones anteriores habían sido quemadas varias viviendas. Esta vez, además de la escuela fue incendiado el centro de acopio. Estos hechos vienen a coronar una serie de agresiones y amenzas de desalojo que venían siendo realizadas por los supuestos dueños de la tierra, acompañados en algunas ocasiones por la GNB. Y fueron cometidos apenas un par de semanas después de que el presidente del Inti, Luis Soteldo, señalara públicamente que al Consejo Campesino El Esfuerzo había que darle la titularidad de la tierra y a apenas pocos días de que se concretara una mesa de trabajo en la que se avanzaría en detalles necesarios para resolver su caso. Esto apunta a una acción dirigida a intimidar, atemorizar y desmovilizar a la gente, demostrar poder ante la inminencia de una solución desfavorable para los terratenientes. El 24 de febrero el presidente del INTI entregó al consejo campesino la carta de adjudicación de la tierra. Luego de eso, las amenazas i hostigamiento continúan.

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Estos son sólo algunos casos de los muchos que existen en el país en los cuales el campesinado venezolano enfrenta numerosos obstáculos para concretar la satisfacción de un derecho histórico fundamental: el derecho a la tierra. En todos hay elementos que coinciden: 1) Cuerpos de seguridad del Estado con jurisdicción regional son utilizados para arremeter con violencia contra los campesinos, y para amedrentarlos y hostigarlos, sin que las líneas de mando superiores asuman las responsabilidades por las acciones de sus subordinados; 2) En las sedes regionales del INTI se le da largas a los casos, se engavetan y/o se desconocen; 3) Funcionarios del Inti en las regiones negocian con los terratenientes y/o se corrompen ante ofrecimientos de los terratenientes; 4) Poderes fácticos locales en articulación dolosa con autoridades regionales y/o municipales actúan para favorecer a los terratenientes en desmedro del campesinado; 5) Instrucciones emanadas desde el Inti Central son desconocidas o postergadas en los Intis regionales; 6) El poder judicial actúa siempre a favor de los terratenientes presumiblemente por mediación de altas sumas de dinero u otros beneficios.

Esto expresa que no existe una política cohesionada y sólida para abordar tan estratégico tema, a pesar de que se vienen haciendo propuestas al respecto. No hay una política para definir prioridades, ejes territoriales para el rescate de tierras, metas concretas por año y por estado, para acompañar al campesinado en el proceso completo, y tampoco la hay para la depuración de los miles de casos abiertos y para le cierre de los que están no más que por cumplir pocos requisitos.

Es preciso, además, que se aborde de forma cohesionada y sistemática, la investigación de todos los casos en que ha habido violaciones graves a los derechos humanos de los campesinos. Las denuncias que han circulado mediáticamente son en extremo fuertes, y esto no debería pasarse por alto. El Ministerio Público conoce de los casos y ha mantenido silencio al respecto. La conclusión exitosa de los procesos de rescate no debería implicar el abandono de la búsqueda de justicia y determinación de responsabilidades en esta materia concreta.

Constituyentistas del sector campesino y comunal, por ejemplo, han planteado la necesidad de crear una comisión especial de la ANC conformada por vocerías de estos sectores y por los constituyentistas territoriales de los municipios en donde existen disputas de tierras, por vocerías de los consejos campesinos y del Instituto Regional de Tierras, así como de los cuerpos de seguridad que actúan en las zonas involucradas.

Tampoco hay un plan en el que la lucha contra el latifundio sea uno de los ejes para una política de aumento acelerado de la producción diversificada de alimentos en el país. La depuración y regularización de los casos ya existentes así como el desarrollo de un avance planificado en el progresivo proceso de erradicación del latifundio en el país debe estar articulado con todo lo que se defina para la meta urgente de aumentar la producción. Que esto sea así preocupa sobre manera dada la coyuntura de asedio económico de la cual es víctima el país por parte de los EEUU como uno más de los mecanismos con los que se concreta la guerra económica contra el pueblo venezolano. La posibilidad de satisfacer de manera soberana, con nuestra propia fuerza de trabajo y nuestros propios recursos, las necesidades alimentarias de nuestra gente es un aspecto clave para poder superar el actual escenario de agresión imperialista y para salir airosos de una eventual escalada de dicha confrontación con el imperio estadounidense.

El tema del aumento y diversificación de la producción de alimentos (y de la erradicación del latifundio como eje clave para lograrla), debería ser parte, incluso, de un plan general y estratégico de organización y preparación de la defensa del país ante la agresión de los EEUU.

Se trata, por un lado, de la defensa de los derechos históricos del campesinado a la tierra para trabajarla y a tener una vida digna. Se trata de defender las conquistas alcanzadas como país y como pueblo en esa materia. Eso es parte central del legado del comandante Chávez. Pero se trata, además, en el actual contexto del país, de la preservación de la soberanía y la independencia nacionales. Buena parte del futuro nos la jugamos en el tema de la producción de alimentos, y allí el tema del latifundio es clave. Es un hecho que los campesinos y campesinas están de pie y en combate, dando desde ya la batalla. Pero muchas veces pareciera que están solos(as) en esa pelea, sin el acompañameinto del Estado e, incluso, con éste en contra. Nadie dice que no habrá conflicto y que en la disputa no aflorarán intereses, presiones. Falta no más la voluntad y decisión para sumir el tema en todas sus aristas. ¿Qué esperamos?

Eduardo Viloria Daboín

Publicado en 15yultimo.com

Nós lutamos por terra, pela Reforma Agrária nas terras dos corruptos, mas, acima de tudo, o MST luta e ocupa por justiça»

O Coronel LIma foi denunciado há três anos pelo MST

Divulgação MST 

Maura Silva 
Da Página do MST

As famílias que ocupam desde o último dia (7), a fazenda Esmeralda, localizada em Duartina, interior de São Paulo sofrem desde o início da manhã de hoje (22) com ameaça e tentativa de despejo. 

No local estão posicionadas mais de 30 viaturas e um efetivo de aproximadamente 150 policiais acompanhados de cães que intimidam e pressionam os Sem Terra.  O clima está tenso no local e o Movimento segue negociando para que a polícia respeite o prazo acordado, bem como a integridade física dos trabalhadores. 

Por que ocupamos a fazenda de Michel temer? 

Era 9 de maio de 2016 quando mil famílias Sem Terra ocuparam pela primeira vez a fazenda Esmeralda, localizada em Duartina, interior de São Paulo. A área – que tem cerca de 1500 hectares – fica entre os municípios de Duartina, Fernão, Gália e Lucianópolis e pertence à empresa Argeplan, de arquitetura e engenharia, que tem como um dos sócios João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, que já foi assessor do presidente Michel Temer, de quem é amigo pessoal há mais de três décadas. 

Desde então, o MST realizou mais duas ocupações na fazenda, uma em d julhoe 2017 e a mais recente que começou no último dia 7 de março. Todas as ocupações foram feitas com objetivo de denunciar as ligações escusas de Michel Temer com o proprietário da fazenda e sua empresa de fachada que arregimenta propinas. 

Divulgação/MST

Argeplan

A Argeplan, empresa do proprietário formal da fazenda, Coronel “Lima”, começou a crescer após a chegada de Temer no alto escalão do governo. Num contrato de R$ 162 milhões com a empresa Engevix, cujo proprietário José Antunes foi preso na operação

Lava Jato, foi revelada (em delação premiada pelo próprio Antunes) a passagem de propina no valor de R$ 1 milhão para o PMDB de Temer.

Apesar de ter mais de 1500 hectares, em uma situação análoga ao “sítio de Atibaia” – factoide criado pela mídia -, remetido ao ex-presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, a fazenda Esmeralda no interior de São Paulo nunca teve a mesma cobertura de sua real posse pelo pemedebista Michel Temer.

Além de sediar atividades regionais do PMDB, a propriedade funcionou como QG de articulações duvidosas do atual governo. 

Escândalo dos Portos 

Coronel Lima foi o braço direito de Michel Temer em mais um escândalo de corrupção. Investigações sugerem que Lima foi intermediário entre o presidente e um dos maiores grupos empresariais da área portuária. Um relatório preliminar da Polícia Federal foi anexado ao inquérito que investiga Temer e outros membros do governo por supostas irregularidades na edição de um decreto para o setor de portos. Uma tabela datada de 1998 sugere pagamentos de empresas do Porto de Santos (SP) ao peemedebista e aliados. 

Foto: Evaristo Sá (AFP)

Lava Jato 

Lima foi apontado por Florisvaldo Caetano de Oliveira, contador da JBS como “apanhador” pessoal dos recursos de Temer. No último dia 13 de março, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a quebra dos sigilos telefônico e telemático (comunicação por e-mail) de suspeitos de intermediarem propina para o presidente Michel.  A autorização se estende ao ex-deputado Rodrigo da Rocha Loures (MDB) e ao coronel Lima. 

Silêncio da grande mídia 

Fomos os primeiros a correlacionar os fatos e expor a relação escusa que os dois mantém há décadas. Desde então, são cada vez mais frequentes as denuncias de abusos e corrupção. Para a Direção Nacional do MST, os as provas são irrefutáveis e não podemos contrariá-los.

“Michel Temer e Coronel Lima são corruptos é isso que o MST vem apontando desde 2016. O Movimento foi o primeiro a dar visibilidade a esse esquema de falcatruas que envolvem os dois. A questão é: por que a grande mídia esconde esses fatos? Porque seria admitir que a imprensa silenciou todos esses anos o esquema de corrupção que envolve 15 milhões em patrimônios adquiridos por corrupção, sendo que destes, 13 milhões são investimentos em  imóveis rurais no município de Duartina. São escândalos que envolvem o Porto de Santos, Angra 3 no Rio de Janeiro, em outras palavras, Temer seria derrubado se a mídia fosse precisa nas investigações que envolvem Coronel Lima. A justiça também silencia diante dos fatos, é morosa, não permite que a sociedade tenha acesso aos fatos. Exemplo: a Polícia Federal apreendeu no duplex de 446 metros quadrados de Lima, 17 recibos referentes a uma offshore Langley Trade. A empresa é domiciliada em Montevidéu, capital do Uruguai, conhecido paraíso fiscal, no mesmo endereço da Panamá Papers. Maiores indícios que esses impossíveis. É isso que o MST denuncia há anos. Nós lutamos e ocupamos por terra, pela Reforma Agrária nas terras dos corruptos, mas, acima de tudo é  lutamos e ocupamos por justiça».