Miércoles 15 de Agosto de 2012
Hace ya casi 20 años que comenzaron a aparecer los cultivos transgénicos. Polémicos desde su nacimiento, y con siembra comercial en un reducido número de países, su avance ha sido constante a partir de 1995 (año en que se sembró por primera vez, en México y Estados Unidos, el jitomate transgénico FlvrSvr, de larga vida de anaquel).
En 2010 ocupan 148 millones de hectáreas en 29 países y sólo en diez de ellos se siembra más de un millón de hectáreas a nivel comercial, de los cuales destacan, por la magnitud de superficie sembrada, Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá. Se trata básicamente de cinco cultivos: maíz, soya, algodón, canola o colza y papaya. La discusión respecto a su conveniencia comprende tanto riesgos para la salud del que los consume (lo cual no se ha demostrado fehacientemente, pero hay que recordar que la investigación al respecto es escasa y en muchos casos financiada por las propias corporaciones que los producen), como riesgos ambientales, los cuales son mucho más probables y en algunos casos, como el de la soya transgénica resistente a herbicidas, están más que demostrados.
Esta soya, que es el cultivo transgénico que más se siembra, sobre todo en Brasil, Argentina y Estados Unidos, permite la aplicación de grandes cantidades del herbicida glifosato. Al ser la planta transgénica resistente, acaba sobreviviendo sólo ésta, mientras que los microorganismos, flora y fauna locales desaparecen. Es decir, acaba con la diversidad de los ecosistemas donde se siembra, además de que el herbicida contamina suelo y agua.
Los riesgos ambientales en la siembra de cultivos transgénicos están asociados a pérdida de biodiversidad y contaminación. Hay básicamente dos transformaciones comerciales: la resistencia a insectos y a herbicidas, y en menor medida, a virus (transformación presente en la papaya). La resistencia a insectos puede tener un efecto ambiental benéfico al disminuir la cantidad de insecticida arrojado al ambiente.
A estos riesgos habría que agregar los inherentes a los extensos monocultivos transgénicos, que expresan claramente el modelo de agricultura industrial, tan apreciado por las grandes corporaciones multinacionales. Este modelo ya fue experimentado ampliamente con la Revolución Verde (RV) en la segunda mitad del Siglo XX y, si bien logró aumentos de rendimientos de algunos cultivos básicos, tuvo altos costos económicos y consecuencias ambientales y sociales negativas. Al igual que la presente agricultura transgénica, los principales promotores y beneficiarios del cambio tecnológico de la RV fueron las grandes compañías multinacionales fabricantes de los insumos.
La agricultura transgénica profundiza los rasgos del monocultivo y acentúa principalmente uno ya presente en la RV: la erosión y homogeneidad genéticas, que a la larga aumentan los riesgos ante el ataque de plagas. Una diferencia es que, al contrario de la RV, en cuanto a los cultivos transgénicos hay serias dudas respecto al aumento de rendimientos. El éxito del maíz Bt resistente a insectos y la soya transgénica resistente a herbicidas obedece, por un lado, a ciertas ventajas para el productor y, por otro, a los cuantiosos subsidios gubernamentales en el caso de Estados Unidos y la decidida promoción gubernamental en los países que los siembran masivamente. Un aspecto importante son las significativas regalías que perciben las corporaciones por concepto de propiedad intelectual. Se manifiesta así una agudización de la privatización de los recursos genéticos para la alimentación, y el poder y control de las corporaciones llega ahora a la estructura biológica más íntima: los genes.
Esto último representa una amenaza para la autonomía de los productores agrícolas que producen su propia semilla y hay casos de demandas de piratería a éstos por parte de las corporaciones, cuando sus campos se han contaminado accidentalmente. Sobre todo en plantas de polinización abierta, como el maíz, la siembra de un cultivo transgénico junto a otros que no lo son, implica que necesariamente estos últimos recibirán los transgenes por medio del polen, pese a que en la regulación se hable ahora de la “coexistencia” de ambos tipos de plantas.
Nuestro país, al ser centro de origen del maíz y ser éste es su principal alimento, además de la vecindad con Estados Unidos, se encuentra particularmente vulnerable. Desde el primer descubrimiento de transgenes en maíz en 2001, se han sucedido descubrimientos semejantes en casi todo el territorio nacional, pese a que la siembra liberalizada de estos maíces aún no está autorizada (aunque avancen las pruebas de campo y existan fuertes presiones para ello). Queda sólo a las organizaciones civiles, campesinas y ambientalistas la protección del patrimonio que significa la diversidad genética de los maíces mexicanos, pues al gobierno mexicano esto parece no importarle.
Otro efecto negativo de estas nuevas plantas en México es el reciente hallazgo de transgenes de soya en miel de exportación de Campeche. Está en riesgo un nicho de mercado que ha sido beneficioso para los campesinos mayas, mientras se autorizan 250,000 hectáreas de pruebas de soya transgénica en el país, 30,000 en la península de Yucatán. El riesgo de contaminación del agua subterránea de la península con el herbicida glifosato es también muy alto si el cultivo de esta soya se expande.
Llama la atención que una tecnología con más riesgos que ventajas, como la de los cultivos transgénicos, siga siendo esgrimida como la única solución al problema del hambre en el mundo por sus apologistas (promesa que incumplió la RV) y que, en la visión de muchos de nuestros funcionarios gubernamentales, se nieguen insistentemente las virtudes de la agricultura campesina biodiversa y se promueva sin concesiones el monocultivo propuesto por las corporaciones transnacionales como la única modernización deseable para la agricultura mexicana.
Fuente: La Jornada del Campo