17 de diciembre de 2014
La Confederación Nacional Agraria – CNA, presentó ayer los resultados de un estudio técnico que analiza los resultados del último censo agropecuario realizado en nuestro país en 2012. “Como gremio campesino e indígena, queremos expresar nuestras demandas y a la vez contribuir al estado sobre cómo deberían ser las políticas agrarias de nuestro país, esta es la razón por la que presentamos este documento”, expresó al iniciar la actividad, Antolín Huáscar, presidente de la CNA.
El estudio denominado Análisis Técnico de los Resultados del Censo Agrario y valoración de los Datos para las Políticas Públicas, realizado por la Ingeniera Agrónoma Sara López, es parte de un proyecto mayor denominado “Llipinchis Yupasunchis” Todos y todas contamos: Visibilización de los Pueblos Indígenas del Perú”, que pretende construir participativamente propuestas de conceptos y metodologías para fuentes de datos que elabora el estado, a partir de la visión y necesidades de los mismos pueblos indígenas.
Según la justificación del estudio, el estado peruano tiene una deuda histórica con los Pueblos Indígenas del país, carece de información estadística que los defina y tiene un vacío de enfoque intercultural y de reconocimiento de la diversidad cultural que representa. Y no es para menos, los periodos entre uno y otro censo agropecuario han sido irregulares. El IV Censo Nacional Agropecuario 2012 se ha realizado 18 años después del último hecho en 1994, y fue llevado a cabo por un decreto de urgencia.
Más allá del aspecto productivo
El estudio observa que el objetivo del censo agropecuario considera solo la productividad de los censados a través de las denominadas unidades productivas. Según se analiza, si la finalidad de los censos es proporcionar datos para plantear políticas agrarias que superen males como la pobreza rural, los objetivos deberían contemplar el recojo de aspectos sociales y culturales de los censados.
“La información para elaborar y diseñar planes y políticas, deben partir de un conocimiento integral a partir de una identificación completa socioeconómica, con transversales cultural y ambiental; para que sean pertinentes, coherentes y aplicables” Planteó la investigadora López. Así, componentes importantes como las formas de cultivar y la transmisión de conocimientos tradicionales no quedarían ocultos al momento de recoger la información en las cedulas censales, como señala sucedió en este último proceso.
Interculturalidad en el censo
El documento presentado observa también como la interculturalidad fue planteada en el censo. “No se contempla que las comunidades campesinas y nativas establecidas sobre sus tierras tienen en ellas el soporte de su identidad, como así mismo su cimiento de organización social. Aquí no hay un diálogo intercultural con los encuestados”, precisó la autora del estudio.
Sobre cómo las personas fueron censadas para determinar su identificación con algún pueblo indígena, se expresa que muchos de los entrevistados no entendieron las preguntas. Se planteaban una serie de exigencias, condiciones y requisitos que resultaban inalcanzables. De todas las Comunidades Campesinas, solo 4 dijo que pertenecían a pueblo indígena, señaló en la exposición.
Otra observación importante es que existe confusión en considerar unidades productivas o productores agropecuarios a las comunidades nativas y campesinas o a los individuos que trabajan en ellas. Esto, según el miembro del equipo técnico de CNA, Javier Cercós, “es parte de un problema que tiene ver con la seguridad jurídica territorial de los pueblos indígenas”.
Finalmente se remarcó la necesaria participación indígena en todo el proceso censal, donde también sean sujetos de consulta y se respete sus formas asociativas. A parte de sostenerse en ellos y ellas para la aplicación de las encuestas y en el proceso de divulgación, antes, durante y después del censo.
Asistieron a la presentación del documento, instituciones estatales como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo. Así como las organizaciones sociales, Confederación Campesina del Perú, Central Única de Trabajadores y el Grupo Género y Sociedad.