Mes: septiembre 2013

13 de setiembre de 2013

Con el impulso del reciente Paro Nacional Agrario y Popular donde nos movilizamos millones de personas a lo largo y ancho del país, hoy nos reunimos para lanzar la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular. Nos encontramos miles de hombres y mujeres, líderes de diversos sectores populares, para compartir reflexiones sobre los logros de la reciente movilización y para contribuir a la definición de las rutas de encuentro para avanzar en la unidad del movimiento popular colombiano.

El Paro Nacional Agrario y Popular ha sido un avance para el movimiento social colombiano, en especial para los sectores campesinos, indígenas y afros. El Paro representa la movilización más importante y contundente de los últimos años en el país. Podemos decir con orgullo que por primera vez en mucho tiempo, las campesinas y los campesinos logramos mostrarle a la sociedad colombiana nuestro poder de convocatoria para defender nuestra dignidad y nuestros derechos. Durante 24 días nos hemos movilizado en veintidós (22) departamentos del territorio nacional, para expresar nuestra inconformidad por las políticas de despojo, y desigualdad que se han lanzado contra los más humildes. A la vez, hemos puesto en discusión democrática una serie de exigencias, propuestas y soluciones, recogidas en diversos pliegos que recogen nuestros planteamientos.
Como el país y el mundo bien lo saben, la respuesta del gobierno a nuestras movilizaciones y planteamientos ha consistido en el excesivo uso de la fuerza contra civiles desarmados. Frente a nuestros pliegos y justas demandas, el gobierno respondió con la detención de nuestros líderes, con la militarización de los campos y las calles, y dándole un tratamiento de guerra a la justa protesta social. La represión gubernamental deja un saldo desolador, que incluye la pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país, 262 detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del país.
El Paro Nacional Agrario y Popular es una respuesta a la crisis del campo y del país en general generada por políticas que han empobrecido en especial a la población rural. Los gobiernos de turno han impulsado un modelo económico diseñado para favorecer a terratenientes, ganaderos y empresas transnacionales, desconociendo a las grandes mayorías campesinas, indígenas y afro. Se han impulsado acuerdos de libre comercio que han facilitado la importación de productos subsidiados que han quebrado a los pequeños productores colombianos. Se ha puesto en marcha una política de impulso a la gran minería transnacional que ha despojado a comunidades, que ha golpeado a los pequeños mineros, que ha acaparado el agua en las regiones y ha contaminado nuestros territorios. Como si fuera poco, el gobierno persigue a los cultivadores que guardan sus propias semillas para su producción, amenazando gravemente la soberanía y autonomía alimentaria nacional, y favoreciendo a los grandes monopolios globales que controlan las semillas y los insumos.

Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo en avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable. También planteamos la derogatoria de las leyes que han incentivado el despojo, que han legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos de tierras falsos auspiciados por notarios espurios. En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis agraria, insistimos en la necesidad urgente de implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, que incluyan el desmonte de las políticas de libre comercio, la anulación de los Tratados internacionales que afecten a los productores nacionales y el avance hacia una integración justa y solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo.

En ese marco, nuestros procesos han redactado pliegos que recogen nuestras propuestas para el campo colombiano. Exigimos tierras para los pueblos que las trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y tenencia de la tierra, reconocimiento al territorio y la territorialidad campesina. Lo anterior solo se lograra con la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. La compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad y la titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios. También exigimos que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho empresas nacionales y extranjeras violando la ley 160 de 1994. Detener la política de extranjerización de tierras y Detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.
Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, que se garantice una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Exigimos la reducción de los precios de los combustibles, de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.
En materia de minería, nuestros pliegos rechazan la gran minería transnacional, promueven consultas populares para la definición de proyectos mineros, y la participación de los pequeños mineros en la formulación de la política agraria. También se plantean condiciones para la discusión pública de una ley marco de hidrocarburos que reoriente el manejo de la política petrolera para el bienestar y la soberanía nacional, y no para el lucro de las grandes empresas.
Exigimos una política de sustitución autónoma y concertada de cultivos de uso ilícito. Exigimos que se detengan las fumigaciones y la erradicación manual sobre los territorios, e insistimos que no se debe perseguir ni criminalizar al campesino cultivador, campesino que no debe ser tratado como delincuente, sino como víctima de los desaciertos de la política del Estado.

Luchamos por el reconocimiento político del campesinado. Exigimos que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, la inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías. Creemos que la consulta previa también debe ser un derecho para el campesinado colombiano.

Las organizaciones, comunidades, pueblos, mujeres y hombres participantes de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular, rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el gobierno de Santos. Consideramos que es la reedición del nefasto Pacto del Chicoral que agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma agraria. La gran diferencia radica en que hoy los grandes propietarios e inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños productores para apropiarse de su trabajo y de su sudor. Por esa razón desconocemos al nuevo Ministro de Agricultura, representante de un modelo de agronegocios que ha sido agente de contaminación ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical y desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. No creemos que sea la persona adecuada para impulsar la política agraria que necesita el país. Seguiremos construyendo nuestros pliegos, mandatos y planes de vida como camino a la defensa del campo y sus habitantes más humildes.

Hoy es el momento de que se consoliden propuestas desde los distintos sectores de la sociedad, pero en concreto que el campesinado, los afrodescendientes y por supuesto los indígenas, desde sus vivencias construyan espacios y soluciones a sus problemas, es el momento en que puedan opinar y decidir sobre su futuro. Hoy nuevamente debemos estar al frente de nuestros problemas, y asumirlos con la valentía y compromiso que nos da este momento histórico.

Es necesario avanzar en la construcción de la cumbre agraria y popular teniendo en cuenta que la movilizacion no es algo que haya terminado, es un proceso que esta en curso, como determinante del ejercicio de soberanía popular, que siente las bases para el camino de construcción colectiva, que contribuya a la UNIDAD en la acción de las diversas organizaciones que confluimos en este espacio

Por lo tanto, buscamos construir el proceso de resistencia y movilización social para recoger y articular los acumulados de lucha, anhelos y clamor, de transformación social del pueblo colombiano, para traducirlos en una propuesta alternativa. Así también buscamos elaborar a partir de políticas democráticas y populares formuladas en mandatos o leyes, que sienten las bases de construcción de un nuevo pacto social por la paz y la vida digna, que recojan los deseos, sueños y anhelos de paz con justicia social de las colombianas y colombianos de a pie, de la cuadra, el barrio, el pueblo, municipio, vereda, corregimiento, región, gremio, convite, sector y/o proceso organizativo.

Es por eso que hacemos un llamado a todos los campesinos y campesinas, indígenas y afro descendientes de Colombia, organizaciones agrarias y populares, como también al conjunto de la población colombiana, a que nos juntemos en la cumbre agraria y popular a realizarse en el mes de octubre de 2013 en Bogotá con la participación masiva de los diversos sectores populares y sociales, que permitan construir las propuestas, soluciones que darán respuesta al conflicto agrario y social que vivimos. Invitamos a construir nuestra iniciativa de Paz con Justicia Social.

13 de setiembre de 2013

Dos militantes agredidos, uno detenido, una demanda millonaria en dólares contra la organización de resistencia a la construcción de una represa en Honduras y la amenaza constante contra los militantes del COPINH fue el saldo de la primera jornada de audiencia judicial en Intibucá, Honduras, con decenas de personas movilizándose en los alrededores, este jueves 12 de setiembre.

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 Así lo narró a Radio Mundo Real vía telefónica apenas terminado el primer día de audiencia judicial la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPINH, Berta Cáceres quien es acusada junto a los comunicadores de dicha organización Tomás Membreño y Aureliano Molina luego que una causa anterior iniciada en mayo de este año no pudiera probar la tenencia de armas ilegales en un vehículo del Consejo.

No obstante, la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) acusa a los integrantes de COPINH de daños continuados, ururpación y coacción, por lo cual debieron comparecer este jueves 12 ante el juzgado de Intibucá. La empresa energética hondureña alega haber perdido una suma de 49 millones de dólares y encaminó una demanda por sumas superiores a los 7 millones de dólares por el lucro censante resultado de la larga lucha de las comunidades en defensa de Río Blanco contra el proyecto Aguazarca.

Berta relató que la maratónica jornada de más de diez horas fue acompañada por integrantes de diversas organizaciones hondureñas y en los días previos se replicaron acciones de solidaridad en multitud de países de América Latina e incluso en quince ciudades de Estados Unidos. En varios casos, asimismo, las muestras de solidaridad fueron llevados hasta las puertas de las embajadas hondureñas en las distintas capitales.

Cabe aclarar que a pesar de no haber sido probado delito alguno, Berta se mantiene con medidas sustitutivas que la obligan a presentarse semanalmente en el juzgado y le impiden salir del país.

Este viernes 13 a las 8.15 de la mañana están llamados a concurrir nuevamente los tres integrantes del COPINH, en tanto que una cadena radial centroamericana con casi dos decenas de emisoras (entre ellas Radio Mundo Real) se sumarán en una transmisión sobre esta problemática.

Berta anunció que en la jornada de hoy fue encarcelado William Jacobo Rodríguez, también acusado de daños a la empresa para lo cual se viene desarrollado una estrategia legal complementaria

13 de setiembre de 2013

Esta semana se reúne el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su sede ubicada en Ginebra (Suiza). Los representantes de familiares de las víctimas y acusados por la masacre de Marina Kue (12 de junio de 2012, en el distrito de Curuguaty) están presentes en esta audiencia para participar bajo el ítem 3: «verdad, justicia, reparación y no repetición».

Informe Derechos Campesinos Curuguaty PDF

Martina Paredes, de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Masacre de Marina Kue, y hermana de dos fallecidos durante la refriega, acompañada del dirigente campesino Jorge Galeano, estaban acreditados para presentar su informe el día de hoy, jueves 12 del corriente, pero la audiencia con los Relatores y demás miembros de la ONU fue suspendida hasta nuevo aviso, lo más probable, mañana, día en que también Jorge Galeano tendrá su intervención.

Esto se debe a que no se puede prever cuántos países querrán intervenir en cada uno de los temas propuestos, y la cantidad de interesados ha sido muy grande. Tan ajustados están los tiempos, que no se podrá dar lugar a ninguna de las ONG presentes hoy; solo participarán los delegados gubernamentales.

Parte de la agenda que deben cumplir los representantes del Caso Curuguaty está relacionada a entrevistas con medios de prensa local y una cita conjunta con el asistente del Relator de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros asesores relevantes para el caso.

Martina Paredes y Jorge Galeano llevarán las denuncias sobre el Caso de la Masacre de Marina Kue, que ocurriera el 12 de junio de 2012 en el distrito de Curuguaty (departamento de Canindeyú), cuando perdieran la vida 11 campesinos sin tierra y 6 efectivos policiales tras un episodio que hoy está siendo presentado en audiencia preliminar por la Fiscalía, pese a que la investigación realizada adolece de varios vicios y defectos de fondo y forma. Los 12 acusados, mujeres y hombres, son campesinos.

Se puede presenciar el desarrollo de la audiencia del Consejo a través de este enlace: http://webtv.un.org/.

Contacto en Ginebra- Suiza

Martina Paredes y Jorge Galeano 076 729 35 08

12 de setiembre de 2013

El consejo Nacional de Trabajadores del Campo CNTC/Vía Campesina El Salvador, solicitamos públicamente al Sr. Presidente de la República Carlos Mauricio Funes, que sancione las reformas a la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario y la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, aprobadas en pasado jueves 05 de septiembre de 2013, por 46 votos en la Honorable Asamblea Legislativa y en virtud de la cual se prohíben paulatinamente 53 agrotoxicos (agroquímicos)

Razonamos nuestra solicitud en los siguientes considerandos:

1) Hay suficiente evidencia científica, que los agrotoxicos (agroquímicos) hoy prohibidos son altamente, dañinos para la salud humana, lo que ya ha provocado el aparecimiento de enfermedades graves en varios lugares del territorio nacional. Afectando especialmente a la población rural campesina incluyendo niños, ancianos y mujeres, lo que constituye una grave violación al derecho a la vida a un ambiente sano y al trabajo seguro.(Para tal efecto, ver por ejemplo las investigaciones de las Universidades de Pensilvania, Universidad de Carolina del Norte en EE.UU y la Universidad de Teherán) la garantía de ese Derecho Humano fundamental, como es la vida no es un dadiva del Estado, es un derecho consagrado en la Constitución de la República de El Salvador, en los Tratados Internacionales y las leyes secundarias como la ley Lepina, para mencionar un caso.

2) El actual uso de agrotoxicos en la gran producción agrícola, principalmente la caña, afecta la salud humana y el medio ambiente, está provocando costos que no pagan los grandes productores. Estos costos recaen en la población, las comunidades y el Estado. Este es el caso de la enfermedad renal y la Diabetes, que acarrean grandes costos para las familias y el Estado. Es cierto que el uso de madurantes en la caña (Glifosato) genera beneficios económicos a los grandes productores de caña, pero esto no se traduce ni siquiera en salarios justos para los trabajadores, mucho menos en azúcar barata para la industria. Pero si trae mucho luto a las comunidades aledañas a los cañaverales. De esta manera hay un costo encubierto, una externalidad negativa, que pagamos todos mientras los cañeros e importadores de venenos se quedan con jugosas ganancias.

3) Que la ciencia y la técnica agronómica permite hoy en día, otras alternativas amigables con el medio ambiente, con rendimientos productivos aceptables y costos razonables. En este sentido queremos desmentir los argumentos que plantean, que con la entrada en vigencia de la reforma se producirá una baja en la producción y un escasez de alimentos. La baja rentabilidad en la producción de granos básicos y hortalizas que hoy experimentamoslos campesinos se debe fundamentalmente aun problema de bajos precios del mercado. Es decir que si hay un mercado justo, se mejoran los precios de los productos agrícolas y con mejores ingresos y el apoyo estatal se modernizaría la agricultura. Como hemos señalado en otras ocasiones el problema de los precios de los granos básicos se debe a las excesivas importaciones de Maíz amarillo y Sorgo desde los EE.UU, precisamente por parte de los señores de CAMAGRO que controlan los Convenios del Maíz y el Sorgo.También cuando se producen problemas de desabastecimiento de granos, se debe a los mecanismos especulativos del mercado, dominados por los acaparadores. El actual Gobierno ha hecho muy buen trabajo por controlar estos mecanismos y poner en jaque a los mercaderes de alimentos. La producción a baja escala de las familias campesinas, no tenemos problema para aplicar técnicas de producción amigables con el medio ambiente para el control de malezas.

A la opinión pública y productores les alertamos de no dejarse engañar por algunos dirigentes campesinos que atacan la reforma y han pedido al presidente Funes el Veto u observaciones. Lo extraño de esta posición es que coinciden plenamente con CAMAGRO.

12 de setiembre de 2013

La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala «CONAVIGUA» integrada por mujeres viudas del Conflicto Armado Interno, madres solteras, madres abandonadas, niñez y juventud, así como mujeres casadas.

Ante la Opinión Pública Nacional e Internacional

Expresamos:

1. Que este 12 de septiembre las mujeres de CONAVIGUA, estamos celebrando nuestros veinticinco años de vida, tiempo en el que hemos construido caminos de lucha, resistencia, fortalecimiento del liderazgo y de transformación para la vida de las mujeres Mayas. Hemos avanzado en conocimientos, vencido el miedo y levantada nuestra voz, empoderadas para reivindicar nuestros Derechos individuales y Colectivos como Pueblos originarios, estar presentes en las discusiones y búsqueda de soluciones a los grandes problemas de pobreza, pobreza extrema, falta de acceso a la salud, a la justicia, a la exclusión en espacios de toma de decisión y luchar contra la discriminación y el racismo histórico y cultural que nos afecta.

2. Rendimos homenaje especial a nuestros familiares que fueron asesinados, desaparecidos y masacrados, durante el Conflicto Armado Interno, así como a nuestras compañeras de lucha que ya no están con nosotras, no olvidaremos su ejemplo y valentía, su sangre derramada es nuestra fortaleza, para seguir buscando la igualdad de Derechos

3. Con profundidad, alegría, fortaleza, autovaloración, autoestima y con mucha esperanza hemos forjado, capacitado y animado a miles de mujeres, para reconocer, reivindicar y defender el Derecho a la Vida, la Justicia, al trabajo, principalmente el Derecho a la Verdad y el Resarcimiento Justo y Digno especialmente para mujeres: señoritas, madres y abuelas que fueron víctimas de violencia y violaciones sexuales, por parte de militares , ex patrulleros civiles y otros que se escudaron en la impunidad.

4. A través de estos años la fuerza, valentía y coraje ha sido más grande para levantar nuestra honra y dignidad, nos hemos levantado día a día para buscar nuestra sanación espiritual, mental y física a pesar de lo cruento del Conflicto Armado Interno; hemos luchado hombro con hombro para salir adelante con el esfuerzo y apoyo de otras mujeres tanto en Guatemala como en otros países; ya que El Estado a través de varios gobiernos que han pasado desde que se firmó la Paz Firme y Duradera, así como, el actual gobierno militar de Otto Pérez Molina no han tenido el mínimo interés de atender la precaria situación en lo económico, social, político y cultural de las mujeres sobrevivientes del genocidio, quienes fuimos utilizadas como botín de guerra.

5. CONAVIGUA durante estos años a través de los golpes sufridos, las acusaciones, persecuciones, amenazas, asesinatos de compañeras e hijos/huérfanos; hemos aprendido del dolor y nos anima que muchas mujeres en medio de estos hechos de violencia y de graves violaciones a nuestros Derechos Humanos somos una colectividad que no nos quedamos calladas, hemos denunciado a los violadores de nuestros Derechos Humanos en tribunales de justicia a nivel nacional e internacional, gracias a la decisión y convicción de mujeres dispuestas a luchar contra la impunidad, hemos llevado a juicio algunos de los responsables de masacres, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales contra mujeres, así como otros delitos. Muchos casos tuvieron que ser llevados ante tribunales internacionales con el propósito de buscar justicia universal y se condene al Estado por los crímenes de genocidio y de lesa humanidad, que El Estado de Guatemala cometió contra nuestras comunidades.

6. Miles de mujeres en las comunidades, para superar el miedo, el trauma vivido y salir del abandono; nos hemos organizado para aprender a leer y escribir por medio de campañas de alfabetización, basados en metodología con pertinencia cultural, así mismo, hemos impulsado procesos para aportar a la economía familiar y sobrevivencia alimentaria, avanzado hacia la soberanía alimentaria que está en correspondencia con nuestra cultura, permitiendo el buen uso y conservación de los bienes naturales, conservación del medio ambiente, respeto y cuidado de nuestra madre naturaleza. Y para la formación Política de mujeres hemos impulsado procesos de formación encaminados a conocer la leyes a favor de las mujeres y especialmente leyes que respaldan los Derechos Individuales y Colectivos de los Pueblos Indígenas, actualmente contamos con una Escuela de Formación Política, desde la Cosmovisión Maya y la metodología de la Educación Popular.

7. Junto a nosotras en estos 25 años hemos pasado esfuerzos de mucha trascendencia que han dejado huellas y recuerdos positivos, porque en CONAVIGUA, las mujeres conducimos y aportamos con valentía, asumimos retos para la búsqueda de la paz, firme y duradera, nos sentimos honradas de haber liderado la lucha y contribuido a poner fin al reclutamiento militar forzoso y discriminatorio, al trabajo forzado y pertenecer a las Patrullas de Autodefensa Civil. Junto a otras organizaciones hermanas hemos sido protagonistas en la demanda de la paz, apoyamos el trabajo de MINUGUA Misión de Naciones Unidas en Guatemala y aportamos en la construcción del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

8. Con mucha decisión hemos localizado y denunciado los cementerios clandestinos, buscado a nuestros seres queridos que fueron enterrados como XX. Gracias al trabajo del Dr. Clyde Collins Snow y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala FAFG, los familiares de las y los desaparecidos, las fiscalías distritales que han autorizado entrar en terrenos privados y públicos; muchas familias han podido darle sepultura digna a sus madres, padres, abuelas, abuelos, hijas e hijos que fueron desaparecidos por el Ejército Nacional en los años ochenta y no descansaremos hasta encontrar a los que aún no sabemos donde fueron enterrados. Para CONAVIGUA es un avance haber trabajado en varios ex destacamentos militares, porque se han recuperado osamentas, que demuestran la crueldad con que actuó el ejército, dirigido por los altos mandos militares con el aval y autorización del presidente de la República de esa época.

9. Las mujeres de CONAVIGUA expresamos nuestro más profundo agradecimiento, por cerrar otro ciclo de vida organizacional, varias en el camino nos dejaron y se fueron a la otra dimensión, pero sus sueños y su legado nos acompañan, podemos decir que somos un conjunto de valores y principios.

10. Tenemos conciencia y claridad para seguir los pasos de nuestros ancestros, para profundizar en nuestra Cosmovisión Maya, recuperar, reivindicar y valorar nuestra identidad. Actualmente seguimos enfrentando otras formas de invasión: económica, ideológica y política y se constituyen en una amenaza para nuestra vida, la vida de nuestra madre tierra, el aire, los animales y los cerros, por lo que tenemos la plena convicción que sólo uniendo las fuerzas como pueblos podemos defender nuestros Derechos sobre nuestras tierras, territorios y todos los bienes naturales.

11. El Oxlajuj Bactun, nos dejó como responsabilidad el cuidado y defensa de la madre tierra, estamos obligadas moral y físicamente a continuar en la lucha comunitaria, conducida por las autoridades ancestrales, conscientes de nuestro Derecho a ser consultadas y dar nuestro consentimiento sobre la implementación de megaproyectos, extracción minera e implementación de hidroeléctricas.

12. Como mujeres Mayas conscientes de los graves daños que ocasionan los megaproyectos (minería, hidroeléctricas, mono cultivos) en nuestro territorio, por lo tanto como organización mantenemos abierto el debate, el análisis y lucha en defensa de la madre tierra y territorio, ya que las consecuencias afectan nuestra vida, la salud integral, la situación económica, social, política y las graves secuelas que dejarán en las nuevas generaciones de nuestras comunidades y pueblos.

13. Ante la sistemática violación a nuestros derechos colectivos y propiedad privada cometido en contra de nuestras comunidades Mayas Q’eqchí, del Municipio de Lanquín Alta Verapaz, ante la instalación del Proyecto Hidroeléctrico ENTRE RIOS, la falta de mecanismos efectivos de protección de los derechos de los habitantes de las comunidades de Lanquín, y la ausencia de una respuesta efectiva por parte del sistema de justicia nacional, las autoridades ancestrales comunitarias y miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, hemos decido elevar nuestras acciones jurídicas a nivel internacional, presentando nuestra denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 21 de agosto del 2013, en lo que hemos señalando que El Estado de Guatemala ha violado el derecho de propiedad privada de las comunidades y el derecho a la protección judicial efectiva tal como lo establece la Convención Americana, reconoce el derecho de las comunidades peticionarias a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes.

14. En nuestro aniversario saludamos a todas nuestras afiliadas, en los cuatro rincones de Paxil y Cayalá y las animamos a seguir en la lucha, nuestro sincero y especial agradecimiento a nuestras amigas y amigos cooperantes, en solidaridad, que nos han apoyado, e identificado con nuestro trabajo, a las organizaciones con las que realizamos un trabajo coordinado y con los consorcios en los que participamos nos comprometemos a seguir en la lucha por los Derechos Humanos, los Derechos de las mujeres, de los Pueblos Indígenas y junto a los grupos excluidos y explotados haremos nuestro aporte,
para que algún día la justicia, la verdad, el resarcimiento, la armonía y la paz florezca en nuestra Guatemala Pluricultural, Multiétnica y Multilingüe.

Que los pueblos tengan paz, mucha paz y que sean felices.

¡Que vivan los 25 años de lucha de las mujeres de CONAVIGUA¡

Por la Unidad y dignidad de las Mujeres
¡CONAVIGUA PRESENTE¡

12 de setiembre de 2013

Acompañamiento y Solidaridad a la Cumbre Nacional Agraria en Colombia

Nosotras y nosotros delegados y delegadas que conformamos la comisión política continental de la CLOC Vía Campesina, reunidos en Santiago de Chile los días 7 al 11 de setiembre, nos solidarizamos con el Paro Agrario y Popular de Colombia, en el cual campesinas y campesinos, pueblos indígenas, agricultores luchan por la paz, la vida y su dignidad y contra la política agraria basada en los TLC y los intereses del imperialismo y sus transnacionales.

Desde la Tierra de Salvador Allende, en el espíritu de los héroes y heroínas de la Unidad Popular, y para decir nunca más al Fascismo imperialista, reivindicamos los principios de solidaridad internacionalista de los pueblos.

Hacemos un nuevo llamado a nuestras organizaciones nacionales de América Latina y el Caribe y a La Vía Campesina Internacional a acompañar La Cumbre Nacional Agraria Indígena que se realiza en la plaza Bolívar, hoy 12 de setiembre y en el cual se ratificarán las exigencias campesinas y las condiciones que la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA) va a sostener en la mesa de dialogo a la que el gobierno se vio obligado a conformar luego de más de 20 días del paro protagonizado por organizaciones de la CLOC Vía Campesina y otras organizaciones populares del campo y ciudad en el país.

Llamamos a:

Saludar a las campesinas y campesinos que mantienen su lucha, una lucha que repercute en todo el continente.

Saludar y Respaldar La Cumbre Agraria Indígena

A estar alertas y movilizados para impedir actos represivos y de criminalización de parte del estado Colombiano.

A dar difusión por todos los medios posibles sobre la importancia de este paro agrario y su resolución en virtud de los reclamos campesinos. Importancia para toda la región ya que su resolución abre el camino para consolidar el proceso de paz que se discute en la Habana.

A solicitar la inmediata Libertad de Hubert Ballesteros Vicepresidente de FENSUAGRO, organización de la CLOC Vía Campesina, representante agrario en la CUT y en la Marcha Patriótica, activista por los DDHH, la dignidad campesina y la paz, preso bajo falsas acusaciones y sin pruebas fundadas.

Enviar correos a quienes deben saber que los luchadores por la dignidad, la paz y justicia en Colombia, no están solos:

webmaster@presidencia.gov.co

quejas@procuradoria.gov.co

fensuagropresidencia@yahoo.es

Con copia a:

secretaría.cloc.vc@gmail.com

11 de setiembre de 2013

Las familias desalojadas violentamente en el Valle del Polochic en marzo de 2011 y el Comité de Unidad Campesina enviaron un memorial al presidente Otto Pérez Molina exigiendo que se cancelara el acto protocolario que tenía planificado para éste 14 de septiembre, en el cual aparentemente entregaría títulos de propiedad a 140 familias de 800 que padecieron los desalojos violentos.

   

 

En dicho memorial, enviado este 9 de septiembre a Pérez Molina, se exige que las tierras deben estar inscritas en el Registro General de la Propiedad de Inmuebles a nombre de las familias campesinas, garantizando de esta manera la certeza jurídica de la tierra que se les va a entregar.

También se demandó al gobierno que preste los servicios básicos a estas familias como: vivienda, alimentación, salud, educación ente otros, hasta que los campesinos se valgan por si mismos.

Ante esto, el gobierno se vio obligado a convocar a una conferencia de prensa este martes 10 de los corrientes, en donde públicamente se comprometió a que el próximo 20 de octubre entregará los títulos de propiedad y que dotará de vivienda mínima a las 140 familias que serán trasladadas hacia las fincas Sactela y San Valentín ubicadas en el municipio de Chisec.

Estaremos vigilantes y luchando para que el gobierno cumpla con la promesa de entregar tierra a las 800 familias que hasta hoy están padeciendo los rezagos de esos desalojos violentos…

¡Ocupar, resistir y producir la Madre Tierra!
¡Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo!
Les invitamos a ver nuestra nota a través de CUCTVGuatemala

11 de setiembre de 2013

Bajo el lema: «Mujeres campesinas e indígenas, cuidadoras de las semillas nativas y criollas», el pasado 16 de agosto se llevó a cabo en la plaza Uruguaya de Asunción el Seminario «Semillas nativas y criollas: desafíos y amenazas que enfrentan», organizado por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) y el Espacio Orgánico.

El programa incluyó el intercambio de semillas nativas y criollas entre las presentes, en su mayoría mujeres, venidas desde diferentes departamentos: Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Misiones, Concepción, Central.

El panel estuvo a cargo de Gilberto Schneider (Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil), quien disertó sobre las semillas criollas; Quintín Riquelme y Elsy Vera (Centro de Documentación y Estudios) hablaron acerca del aporte de las mujeres a la economía familiar campesina; Miguel Lovera y Silvia González (Espacio Orgánico) se ocuparon de los transgénicos en Paraguay; y a María Moreno (Conamuri) le tocó explayarse sobre Semilla Róga y la agroecología.

Panel 1 «Semillas Criollas»

En su intervención, Gilberto Schneider, quien es integrante del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) de Brasil, resaltó las diferencias más notables entre los modelos que se disputan la tenencia de las semillas.

Si por un lado, la agricultura es creación de los pueblos en un proceso que llevó miles de años, ninguna planta ha sido desarrollada desde su base por las empresas que hoy pretenden patentar material genético como si de su invención se tratara: «los pueblos garantizan la alimentación del mundo a partir de los conocimientos heredados de generación en generación, con un fin dirigido a atender las necesidades de la población, en tanto que las empresas desarrollan híbridos y transgénicos para la concentración del capital y generación de lucro a través de la naturaleza», dijo el panelista, puntualizando que el campesinado ve las semillas como alimentos, mientras que el agronegocio lo conciben como una forma de ganar más dinero, controlando, incluso, otros sectores como el mercado de agroquímicos, farmacéutica, veterinaria, etc.

«Cuanto más diversos sean los alimentos, mayor longevidad se puede alcanzar, y las empresas quieren reducir la alimentación mundial a cinco productos», sostuvo Schneider durante su alocución, indicando que las plantas son, básicamente, remedios que curan todo tipo de enfermedades, ya que del 70 a 80% de los productos de farmacia que se utilizan tienen como base moléculas alojadas en las plantas.

El invitado explicó también que el capital se disfraza de «leyes y aspecto técnico para decir que las semillas transgénicas son mejores y condenar así nuestras semillas campesinas como piratas». Indicó que las semillas son cultura de los pueblos campesinos y originarios, pero que el Estado se coloca al lado de las grandes empresas para garantizar el monopolio de los transgénicos. «En este sistema, al campesinado le queda solo pocos años de existencia, porque destruyendo las semillas nativas y criollas, se elimina una parte del campesinado», señaló.

Panel 2 «Aporte de las mujeres en la economía familiar campesina»

Quintín Riquelme y Elsy Vera, integrantes del Centro de Documentación y Estudios (CDE) presentaron en el panel los resultados de una investigación que vienen desarrollando desde varios meses sobre el rol de las agricultoras en la producción de alimentos, estudio realizado en 5 departamentos del país, todavía inédito.

Vera explicó que el objetivo con esa investigación es destacar el aporte de las mujeres en la producción de alimentos, en el marco de la agricultura campesina, que en cifras oficiales «se encuentra invisible». En el último Censo Agropecuario (2008), las mujeres productoras representan tan solo el 22% frente al 88% de los hombres.

En zonas rurales, las mujeres que se dedican al trabajo doméstico se encuentran en el área de «inactividad». La investigadora continuó: «Más de 3 mil mujeres rurales figuran como inactivas, ¿por qué?, ¿será que no trabajan en la casa? Pero se levantan a las 4 de la mañana y por las noches son las últimas en acostarse. ¡Claro que tienen cosas que hacer! Pero es un trabajo invisibilizado».

Expuso también que las mujeres en el campo dividen el trabajo reproductivo del cuidado, todo lo referente a las tareas domésticas, como cuidar niños, cocinar, etc., diferenciándolo del trabajo productivo en la huerta y en la chacra. «Hicimos varias entrevistas a mujeres organizadas y no organizadas en los 5 departamentos estudiados. Nuestra conclusión fue que el primer mandato de las mujeres en el campo tiene relación con los alimentos».

Continuó diciendo: «De acuerdo a la necesidad de la familia, la prioridad es alimentar a la gente que está en la chacra. Después tienen que asistir a los chicos que van a la escuela. Ella sostiene ese trabajo doméstico y después tiene su trabajo productivo, que es una responsabilidad agrícola. Este trabajo tiene ciertas particularidades pues se desenvuelve en un contexto propio: no hay agua corriente en muchos asentamientos, por lo que hay que acarrear agua, buscar leña, cuidar de los animales domésticos. Todo esto es parte del trabajo que realiza la mujer en la casa. Es muy importante y no es reconocido, aunque las mujeres no sepan de domingos ni feriados».

Sobre la cría de animales y el cuidado de la huerta como una extensión de las tareas domésticas, mayormente a cargo de las mujeres en el hogar, la investigación arrojó como resultado que estas actividades producen insumos básicos que tienen un costo en el mercado, lo que significa que, de alguna manera, representan un aporte económico concreto de las campesinas, por lo que no se justifica que en los datos oficiales figuren como inactivas.

«Dependiendo del periodo agrícola, las mujeres se van a las cosechas. Se convierten en mano de obra invisible porque actúan en calidad de ayudantes. Pero los frutos de su faena tienen un costo que se mide en cálculos monetarios. Ellas cocinan en su casa para quienes acompañan las tareas en la chacra, y al volver de allá tienen que cocinar de nuevo. De alguna manera, esto es el trabajo y aporte de las mujeres campesinas», relató Vera.

Por último, dijo que es importante debatir este tema porque, como las mujeres rurales no aparecen en las estadísticas, no son sujetas de inversión social. «El Estado debe reconocer esta situación como un elemento que produce desigualdad y debe desarrollar políticas públicas para fomentar la participación de las mujeres en otros ámbitos de la sociedad», finalizó.

Panel 3 «Transgénicos en Paraguay»

El Espacio Orgánico, que articula a profesionales relacionados al mundo campesino, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, estuvo representado en la mesa del panel por el Ing. Miguel Lovera y la Dra. Silvia González

Lovera hizo un recorrido histórico para explicar en qué momento se empezó a cultivar transgénicos en el Paraguay, coincidiendo con la liberación en el resto del mundo, a finales del siglo XX.

Según sus cálculos, casi todas las semillas son controladas por las mujeres, por lo que solo en Paraguay, el uso de las semillas nativas y criollas no es menor a 2 mil millones de dólares.

«Esa es la verdadera competencia que encuentra Monsanto, el conocimiento que tienen las agricultoras, que crean una barrera a su interés por controlar la alimentación de la gente. Es buen negocio forzar a la población a consumir ciertos tipos de alimentos solamente, que no se sabe qué son, quién ni cómo se producen», explicó el ex titular del Senave.

«En términos de variedades», continuó Lovera, «se usa solo 8% de los alimentos. Estos son datos escandalosos de la Administración de Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EEUU: 800 variedades de pepinos había a mediados de siglo en ese país del norte; ahora son solo 20. Ese es el modelo que se está exportando, es el ideal de muchos de nuestros tecnócratas y políticos sumisos».

Lovera recomendó no fiarse de los datos oficiales porque «todos están viciados de falsedades múltiples». Lo dijo en referencia a que, según las instituciones competentes, la soja RR ocupa casi 3 millones de hectáreas cultivadas, cuando esa cifra, a estas alturas, podría ser mucho mayor. «Van a llegar a esas tierras donde van a ganar más. Es cuestión de tiempo convencer al campesino de que se vaya, presionarle con la soja hasta en el umbral de su puerta. Es una guerra por el control de los alimentos», puntualizó.

Aparte de la soja, considerada el rubro de exportación más importante del país, «otro que nos causó muchos problemas es el algodón transgénico. ¿Cuánto rindió por hectárea en sus zonas? La inversión no sirvió. El Ministerio de Agricultura dijo que el promedio nacional es de 900 kilos, pero estos son cultivos que corresponden a los menonitas, en el Chaco, rindió bien allí porque el modelo es para ellos, pero ¿qué pasa con ese campesino que se dejó convencer por los técnicos y abandonó sus rubros básicos para cultivar algodón transgénico? Se requieren al menos 15 hectáreas de algodón, tractores, créditos de la cooperativa para comprar los agroquímicos, ¿cómo un agricultor tradicional va a mantener ese ritmo?», reflexionó.

Lovera tampoco dejó de mencionar el maíz transgénico, una pesadilla en la que hoy estamos inmersos gracias al golpe de Estado auspiciado por las transnacionales del agronegocio, entre ellas, Monsanto. «Hace rato que hay maíz transgénico en el Paraguay, incluso hay cultivadores piratas que hacen su propia hibridación. Traen la semilla de contrabando para mezclar y para vender. La pérdida de la soberanía alimentaria, con esto, será total», sentenció.

«Tenemos 5 variedades de maíz transgénico aprobadas y 4 ya inscriptas en Paraguay. ¿Qué puede pasar? Se van a contaminar nuestras 11 razas y 200 variedades de maíz que existen. Ustedes dirán: ‘¡cómo si nosotros cuidamos de esas semillas!’ Y la reacción de las empresas multinacionales se dará a través del sabotaje. Una vez que se contamine cualquier variedad, la empresa se convierte en el dueño de la patente de ese maíz que contamina la chacra ajena».

El panelista concluyó acusando al Estado paraguayo de ser el responsable de esta situación por aprobar, violando la normativa vigente y por decreto del entonces presidente Federico Franco, el ingreso del maíz genéticamente modificado, en vez de proteger al país y perseguir este tipo de actividades nocivas a la salud y al medioambiente.

Por su parte, Silvia González narró el proceso que permitió la legalización del maíz transgénico en nuestro país, desde el periodo constitucional de Fernando Lugo hasta hoy. «Antes de la asunción de Federico Franco en el gobierno de facto, teníamos una sola variedad, la soja RR. Durante el gobierno de Lugo, el ministro de Agricultura, Enzo Cardozo, firmó una resolución disponiendo la liberación del algodón Bolgart BT, pero el Senave, bajo la presidencia de Miguel Lovera, se negó a inscribirlo porque no estaban reunidos todos los requisitos: le faltaba la licencia ambiental, estudio de impacto ambiental, informe sobre inocuidad alimentaria, entre otros. Recién tras el golpe de Estado y estando en la presidencia del Senave Jaime Ayala, que es un empresario de agroquímicos, se dispuso la inscripción del algodón BT, de la Monsanto, liberándose su uso en todo el territorio nacional».

Prosiguió diciendo que, además de liberar variedades transgénicas de maíz y algodón en forma excepcional, vía decreto presidencial, Federico Franco también emitió el decreto que crea la Comisión de Bioseguridad, «es decir, que la recrea, sacándole todas las atribuciones, para liberar las instrucciones y dejar todo en manos del Ministerio de Agricultura. Franco derogó todo lo que había antes para dar pase libre a los transgénicos. Detalles como, por ejemplo, cuántos miembros integran la Comisión de Bioseguridad, no sabemos, porque todavía no se reglamentó la institución, por lo que hoy desconocemos cómo se están liberando los transgénicos. La legislación que había fue totalmente derogada por Franco», manifestó.

González finalizó denunciando que la empresa multinacional Monsanto está ahora patentando plantas y semillas en el país, lo cual es prohibida por nuestra legislación vigente: «solo pueden patentarse microorganismos», explicó la experta.

Lamentó que el Ministerio de Industria haya dado curso a esta solicitud de patentamiento de semillas de maíz y otras variedades por la Monsanto. «Debía rechazarla de oficio, por improcedente». Sin embargo, el pedido está en marcha. «¿Cuál es el peligro de la patente? Monsanto y las corporaciones semilleras dicen que inventaron todo lo que patentan. Van a hacer los reclamos a quienes se benefician de sus cultivos, aunque estos hayan sido afectados por la contaminación y el proceso natural de la polinización por acción del aire. Como son beneficiarios de esa patente, van a salir a demandar a quienes identifiquen como usuarios ‘piratas’ de esa patente».

Panel 4 «Semilla Róga y la agroecología»

A su vez, la coordinadora departamental de Conamuri en Concepción, María Moreno, expuso sobre la iniciativa agroecológica contenida en Semilla Róga (o Casa de las Semillas) y, desde su experiencia como agricultora, dio su testimonio acerca de cómo se siente la pérdida de la soberanía alimentaria en las comunidades.

Lamentó que actualmente el campesinado, ni los pueblos indígenas, cuenten ya con algunas variedades que eran abundantes un tiempo atrás. «Teníamos diferentes tipos de porotos, por ejemplo; ahora tenemos que salir a comprar nuestras semillas para cultivar».

Responsabilizó de esto también a las multinacionales que comercian las semillas y todo el paquete que traen para el cultivo: «contaminan el suelo y el agua; casi toda la buena tierra está en manos de los grandes terratenientes que echan los bosques para extender sus dominios».

¿Qué hace Conamuri para paliar esta situación? «Tenemos Semilla Róga», responde María, con su generosa sonrisa. «Ahí nos juntamos diferentes departamentos para recuperar las semillas y distribuirlas después entre las compañeras, para tratar de rescatar esas variedades que se van perdiendo», expuso.

Moreno propone el trabajo conjunto entre hombres y mujeres para mejorar de nuevo los cultivos y fortalecer así la agricultura campesina e indígena. «Conamuri tiene 26 huertas comunitarias enfocadas en técnicas agroecológicas. El grupo de voceras y voceros de la Campaña de la Semilla sirve para fomentar la réplica en las comunidades y en los comités de base. Las parcelas demostrativas en cuatro departamentos son un ejemplo», contó.

La integrante de Conamuri dedicó la última parte de su discurso para denunciar la situación que se vive en el primer departamento, Concepción. «Es el más perseguido y castigado», manifestó. Recordó que solo hacía unas horas atrás «se enterró a un compañero dirigente sin tierra [Lorenzo Areco, acribillado por sicarios el 14 de agosto pasado]. En febrero fue Benjamín «Toto» Lezcano. Hubo otros más en un corto tiempo. Estamos tristes. Los helicópteros vuelan en el campo comunal, todo el día. ¿Por qué nos persiguen en Concepción de esta manera? Porque no permitimos que entren los cultivos de soja, hasta ahora estamos resistiendo, aunque no sabemos hasta cuándo».

Recordó también que el presidente electo, Horacio Cartes, es dueño de una fábrica de tabacos en Concepción. «Él ya está planteando ‘modernizar’ el departamento», dijo, en el sentido de que, lo más probable, es que la introducción de los monocultivos transgénicos tenga el aval necesario por parte del Ejecutivo para enraizarse en esta zona del norte del país.
Intercambio de semillas

Acto seguido a la presentación de los paneles y el debate con el aporte del público, se realizó el intercambio de semillas nativas y criollas entre las agricultoras presentes, lo cual es una gran conquista del campesinado organizado, poder reunir a las trabajadoras y trabajadores del campo para multiplicar las semillas a través del intercambio no sometido al régimen de producción vigente.

Como cierre de la actividad, se marchó hasta el local del Senave (institución encargada del control de las semillas y vegetales) para realizar un mitin de repudio contra las políticas de transgenización del país y por la defensa las semillas nativas.

11 de setiembre de 2013

Hombres y mujeres señalados con argumentos falsos, perseguidos, encarcelados y condenados, mujeres violadas sexualmente, desalojos violentos, y órdenes de captura, es el escenario que viven comunidades que defienden sus tierras y territorios del capital nacional y extranjero, de empresas mineras, hidroeléctricas y cementeras.

En la actualidad la represión y criminalización a la lucha por la defensa de los derechos individuales y colectivos es responsabilidad de empresas privadas y otros actores, señalaron participantes de Foro público donde se analizó las políticas de criminalización implementadas por el gobierno, empresas privadas, entidades de justicia y otros actores que defienden intereses de las minorías.

Isabel Turuy representante de las doce comunidades de San Juan Sacatepéquez compartió que las comunidades kaqchiqueles llevan siete años de resistencia en contra de la empresa cementera, ya que el megaproyecto se impuso sin la debida consulta a las comunidades, a la fecha dirigentes han sido asesinados, encarcelados, sentenciados, mujeres violadas sexualmente, esto por la lucha en defensa la madre tierra, nacimientos de agua, bosques y medio ambiente, señaló

«En el año 2006 trabajadores de la empresa chapearon los cultivos cortaron los cercos de las comunidades así se inicia los abusos de parte de la empresa de cementos»…»…Los derechos a la propiedad comunal han sido violentados porque también se ha impuesto una carretera privada que va directamente a la cementera, se dice que es anillo regional pero desde un inicio se sabía de la carretera de 14.5 kilómetros y 40 metros de ancho». «Donde quiere pasar la carretera han nacimientos de agua», Dijo Turuy, al relatar la lucha fuerte que han llevado las comunidades sanjuaneras.

Asimismo Turuy señaló la parcialidad del actual presidente de la república Otto Pérez Molina al favorecer los intereses de la familia Novella, también el actuar del alcalde municipal Fernando Bracamonte, y de los entes que imparten justicia.

Después de siete años en defender sus territorios a la fecha existen más de ochenta personas con procesos penales, cinco encarcelados entre ellos Abelardo Curup sentenciado a cincuenta años de prisión, además dijo que las mujeres no están libres de señalamientos falsos mencionó que en la actualidad hay lideresas que se dedican a vender en el mercado señaladas de varios delitos. «El arma que utilizamos los campesinos y campesinas en las comunidades es el machete y el azadón para trabajar la tierra» indicó Turuy, quien agregó que en la actualidad existen diez órdenes de captura por ejecutarse en contra de lideres y lideresas kaqchiqueles.

Por su parte Carlos Bezares abogado defensor en Derechos Humanos se refirió a la situación en Santa Cruz Barillas, donde la población se ha opuesto a los trabajos de la Hidroeléctrica Hidro Santa Cruz Bezares resaltó la impunidad y la parcialidad de quienes imparten justicia al defender los intereses de Hidro Santa Cruz estos intereses a favor de la empresa han sido evidentes, al implementar Estado de sitio y endurecer la política de persecución a líderes y lideresas, así como querer encubrir la verdadera lucha de los campesinos y campesinas en defensa de su territorio, refirió también que las campañas mediáticas implementadas de que existe narcotráfico en el lugar es para deslegitimar la lucha organizada de los pueblos.

El abogado defensor en derechos humanos dijo que las empresas de capital nacional y transnacional están implementando la política de estructurar redes de abogados pertenecientes a las mismas empresas por ello los casos quedan levemente documentados y eso hace a que no se documente las violaciones que de forma constante cometen las empresas hacia las comunidades. Agregó que la política implementada en contra de quienes defienden la tierra, territorio y los bienes naturales es «El enemigo es el indígena, pobre y campesino, que primero lo atrapan y después le preguntan si él hizo tal o cual acción».

Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina -CUC- dijo que según datos de la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos en Guatemala UDEFEGUA- en el año 2011 se registraron 409 ataques a defensoras y defensores de derechos humanos de los cuales el 60% están vinculados a comunidades líderes comunitarios y afiliados al -CUC-, incrementándose éstos en el año 2012 a ataques a la institución, dirigentes nacionales, regionales, líderes comunitarios afiliados a la organización.

Últimos ataques de los cuales ha sido víctima la organización líderes y líderesas nacionales y regionales.

Abril 2011 el gobierno de Guatemala en ese entonces dirigido por Álvaro Colom publicó dos campos pagados señalando al CUC de levantar una campaña en contra del ejecutivo ante los desalojos que la fuerza pública realizó n el Valle del Polochic.

Posterior a los campos pagados a la fecha varios supuestos periodistas y columnistas con vínculos con empresas extractivas, exmilitares o al gobierno se han dedicado a escribir en diferentes medios de comunicación cantidad de artículos en contra del -CUC- con declaraciones falsas señalando a la dirigencia de «delincuentes», «terroristas».

Desde mayo del 2012 ante la solidaridad brindada por el -CUC- a la población de Santa Cruz Barrillas Huehuetenango donde la población dice no a los trabajos de la Hidroeléctrica Hidro Santa Cruz. Se ha desarrollado una serie de acciones para neutralizar y criminalizar la actividad que realiza el -CUC-, actividades basadas en normativa legal nacional e internacional.

En enero de 2013 después que el coordinador del -CUC- acompañado por otros integrantes de la organización se dirigiera a la comunidad San Antonio Las trojes I en San Juan Sacatepéquez, después de que pobladores solicitaran su presencia. El vehículo donde se transportaban fue inmovilizado por un grupo de hombres simpatizantes de la empresa de cementos quienes estaban armados con machetes y quienes intimidaban a quienes se dirigían en el vehículo. Esta denuncia fue interpuesta a la fiscalía del Ministerio Público.

Después de lo ocurrido en contra de los integrantes del -CUC- en San Juan Sacatepéquez el alcalde del municipio Fernando Bracamonte inicio una campaña de difamación en diferentes medios de comunicación a través de campos pagados.

En esa misma línea el Ministro de Gobernación Mauricio López se ha pronunciado en diversas ocasiones a medios de comunicación y ha señalado al CUC y a su dirigencia de ser una organización «radical».

Ricardo Méndez Ruiz de la «Fundación contra el terrorismo» hijo del ministro de gobernación en tiempos de Efraín Ríos Montt a presentado acusaciones judiciales falsas en contra de Daniel Pascual coordinador del -CUC-, además dicha fundación que dirige Méndez Ruiz ha publicado diversos panfletos en uno de los principales periódicos con el fin de estigmatizar al -CUC-.

En las conclusiones del Informe del Comité de Unidad Campesina -CUC- «Acerca de los ataques a su dirigencia y bases como estratégica del gobierno y de empresas mineras hidroeléctricas y de monocultivos para destruirlo», señala que Existe una campaña de ataques orquestada en la que participan funcionarios de gobierno como el (Ministro de Gobernación) la prensa que está al servicio de empresas extractivas y de monocultivos en contra del -CUC- y de su dirigencia acusándolos falsamente.

Asimismo se detalla en la conclusiones que los ataques mediáticos y directos podrían pretender la creación del ambiente propicio para atentar en contra de la vida de la dirigencia nacional y bases del -CUC-, pretendiendo la destrucción de la organización.

Del año 2000 al 2013 se registran 41 integrantes del -CUC- asesinados entre los que figuran niños, mujeres y hombres.

9 de setiembre de 2013

Gracias a la lucha y la resistencia del pueblo colombiano expresados con fuerza en el Paro Agrario y Popular que viene sosteniendo hace un mes, se logró ayer, en Popayán, una serie de acuerdos entre el campesinado y el gobierno nacional

Ver acta de acuerdo de Popayán PDF