Mes: marzo 2017

Porque a Reforma da Previdência é um golpe nos nossos direitos, principalmente para as mulheres do campo. 

Nesse vídeo, o economista Guilherme Delgado elucida algumas dessas questões.

Em Rondônia, camponeses e camponesas do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), trabalhadores e trabalhadoras Da e Na Educação do Estado estão nas ruas entre ontem, 27/03 e hoje 28/03 estão em luta Contra a Reforma da previdência proposta pelo governo não eleito de Michel Temer.

As manifestações estão sendo organizadas pelo SINTERO – Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia, com a participação e construção das organizações que compõe a Via Campesina, entre elas o MPA e MST.

Nota relacionada: O Campesinato Não É O Parasita Da Previdência

Ato contra a Previdência. Foto: MPA

Ontem, 27, foram realizadas manifestações em pelo menos 6 municípios, hoje, 28, são mais de 7 manifestações somadas ao ato na Capital do Estado, Porto Velho, onde também tem uma equipe de negociação com o Governo do Estado, na pauta, a Educação e a Retirada de Direitos, Contra a Reforma da Previdência e demais pautas locais ligadas a educação e aos servidores estaduais. O ato na capital é composto por representantes das organizações que estão em luta deste ontem, vindos de todas as regiões do Estado.

Em Alto Paraíso, Alta Floresta, Ouro Preto do Oeste, Cacaulândia, Porto Velho e Ariquemes e diversos outros lugares estão sendo realizadas, manifestações e audiências públicas que ocorreram desde a semana passada com a participação de vários movimentos sociais, da CUT e dos Sindicatos.

Em RO motoqueiras e motoqueiras somam-se a manifestação. Foto: MPA

“Já teve manifestação em 3 Câmaras de Vereadores, com repudio contra a Reforma da Previdência, que foram as Câmaras de Vereadores de Alta Floresta, Alto Paraíso e Ariquemes e a prefeitura de Ouro Preto do Oeste declarou paralisação ontem e hoje (27 e 28), só não no serviços de saúde, os demais serviços estão paralisados ontem e hoje em repúdio a Reforma da Previdência proposta por Temer”, relata Leila Denise, camponesa e dirigente do MPA.

Por Comunicação MPA

Datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, CPT, señalan que desde 1985, 1.833 campesinos y líderes de la lucha por la reforma agraria fueron asesinados en conflictos; el latifundio creció en un 375%.

El año 2016 dejó una marca de retrocesos por todo el país. En el campo, la situación no fue distinta: el número de asesinatos causados en los conflictos por la tierra retrocedió 13 años. Con 60 muertes (un 20% más que el año anterior), 2016 se convirtió en el año más violento en el campo desde 2003, cuando 71 personas fueron asesinadas por luchar por la reforma agraria y por sus territorios tradicionales, según el informe Conflictos en el Campo de Brasil en 2016, realizado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

Como en los años anteriores, la violencia se concentró en los alrededores de la Amazonía. De los 60 asesinatos, 49 ocurrieron en esta región. Rondônia fue la provincia más violenta, con 21 muertes. Maranhão se quedó en segundo lugar, con 13 asesinatos. La provincia de Pará, antigua líder del ranking, figuró en el tercero con 6 muertes. Tocantins sumó 3 asesinatos y Amazonas, Alagoas y Mato Grosso tuvieron 2 muertes. En la secuencia de regiones con más conflictos agrarios aparecen el Nordeste; Centro-Oeste; Sudeste y, para finalizar, la región Sur.

Según el informe, las disputas por la tierra y por los recursos hídricos son las principales causas de la violencia en el campo. La intensificación de los conflictos está situada donde hay expansión del agronegocio, de las minerías y de grandes obras de infraestructura.

Entre las victimas están indígenas, líderes quilombolas[1], campesinos y sindicalistas. El estudio de la CPT destaca tres casos emblemáticos: los asesinatos de la activista Nilce de Souza Magalhães en Porto Velho (RO); del campesino Ivanildo Francisco da Silva en Mogeiro (PB) y del indígena Clodiode Aquileu de Souza en Caarapó (MS).

(Nilce, compaera que denunciaba las violaciones relacionadas con la construcción de la usina de Jirau en Porto Velho, fue asesinada en enero del año pasado).

El asesinato de Nilce, integrante del Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB), fue el caso más impactante. Nilce, que era conocida por su liderazgo en la militancia contra las violaciones atribuidas a la construcción de la usina hidroeléctrica de Jirau, desapareció el 7 de enero de 2016. Cinco meses más tarde (a mediados de junio) su cuerpo fue encontrado con las manos y los pies atados a piedras en el fondo del lago de la represa controlada por la usina, a sólo 400 metros de distancia del campamento de pescadores donde vivía en Mutum. Las dos hijas de Nilce reconocieron el reloj y las ropas de su madre.

“Es fácil de entender si miramos el mapa del deforestación de la Amazonia Legal: Rondônia está en áreas de expansión, que velozmente avanzan para adentrar otros espacios.”

Otro asesinato impiedoso y que tuvo bastante repercusión nacional ocurrió en el campo de la provincia de Paraíba, región de importancia histórica para las luchas campesinas en Brasil. Ivanildo Francisco da Silva, de 46 años y del asentamiento Padre João Maria, fue asesinado el 7 de abril con un tiro de espingarda calibre 12 en la cabeza, en su casa de la zona rural del municipio de Mogeiro. Estaba junto a su hija de 1 año. El cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por su mujer. La criatura estaba al lado del cadáver, llorando y manchada de sangre. En 2015 Ivanildo y otros asentados ya habían sido víctimas del conflicto armado financiado por los propietarios de las tierras de la región. En aquella época, siete pistoleros fueron apresados, pero liberados después de pagar la fianza.

En junio, el asesinato del joven Guarani Kaiowá Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, cerca del municipio de Caarapó, en el interior de Mato Grosso do Sul, agudizó la disputa entre indígenas y los grandes terratenientes de la región. Los Kaiowá ocuparon la reserva Tey’ikue, donde está la finca “Yvu”, para revindicar sus tierras ancestrales (identificadas y delimitadas por el estudio publicado por la Fundación Nacional del Indio – Funai), cuando fueron rodeados por 70 terratenientes armados y encapuchados que dispararon con munición letal, según el hospital y testigos oculares. El joven agente de salud murió y otros cinco indígenas, entre ellos un niño, resultaron heridos.

Los métodos de los grandes terratenientes para intimidar a las comunidades indígenas en la región no se limitan al conflicto armado. En julio el Primer Tribunal Federal de Dourados concedió una medida cautelar en favor de la comunidad indígena local, prohibiendo a las haciendas del entorno de pulverizar agrotóxicos –con aviones u otros medios- a menos de 50 metros de las reservas. El caso se arrastraba desde 2008, cuando los indígenas ganaron ante la Justicia el derecho de ocupar el área de la reserva legal de dos inmuebles rurales y vieron a los terratenientes sustituir los tractores por los aviones, para pulverizar sus plantaciones de soja y arroz.

LOS PRINCIPALES FACTORES DE LA VIOLENCIA EN EL CAMPO

Entre 1964 y 2016 el número total de asesinatos en el campo fue de 2.507 hombres y mujeres en las regiones de Brasil, según los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, que recoge sistemáticamente los datos desde 1984, y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que reunió los datos anteriores a 1986. Al largo de este periodo, uno de los momentos más violentos fue la década de 1980, cuando el país se reencontró con la democracia. La década está marcada por la fundación del MST y por el aumento de las movilizaciones sociales y las luchas por democratizar la tierra.

Después de la restauración del poder civil, entre 1985 y 2016, la CPT registró 1.833 asesinatos en el campo. En otras palabras, hubo tres veces más registros de muertes derivados de conflictos en el campo al largo del periodo democrático que en los años anteriores a la redemocratización. Eso no significa que ocurrieron más muertes en el periodo democrático, si no que antes los registros eran más precarios, solo evidencia la relevancia de los conflictos desde 1985.

Indígena enseña los cartuchos recogidos después del ataque de los terratenientes. Foto Ruy, divulgación.

En los años 1990 el número de muertes disminuyó. En 2000 fueron registrados 21 asesinatos. ¿Cómo explicar entonces que los asesinatos se hayan duplicado en 2015 (50 muertes) y triplicado en 2016?

Para Thiago Valentim, de la coordinación nacional de la CPT, hay tres factores principales para el aumento de los conflictos. Primero: la impunidad, pero aquella “relativa a los conflictos en el campo, ya que nuestro sistema penitenciario es uno de los que más encarcelan”, enfatiza. Segundo: el desmantelamiento de los órganos públicos y la ausencia de una política de Estado dirigida a la democratización de la tierra. Valentim recuerda que en los últimos años hubo poca inversión en la reforma agraria, “llegando al punto de que hubo años en los que el gobierno no expropió ninguna tierra”.

Es por eso por lo que los conflictos aumentan, concluye el coordinador. Porque existen comunidades en lucha y cuando los gobiernos no actúan, “los movimientos son los que conflictúan directamente con el latifundio”. El tercer factor identificado por Valentim es la expansión del agronegocio, “el avance de grandes corporaciones económicas en el campo y de grandes obras de infraestructura”, que desean el territorio de las comunidades tradicionales por la riqueza que contiene.

“En la región mataron a cuatro trabajadores y hasta ahora ninguna investigación se ha concluido. Los autores de los homicidios son policías civiles y militares que actúan en la región”.

El secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionario (Cimi), Cleber César Buzatto, entiende que la principal causa de la violencia contra los indígenas es la lentitud y la paralización de los procedimientos administrativos de demarcación de las tierras: “Este factor contribuye en mucho el aumento de la tensión y de los conflictos entre los pueblos. Otro aspecto es una mayor organización y una actuación más articulada, sistemática y violenta por parte del agronegocio, en el ataque a los derechos de los pueblos. La actuación de la bancada ruralista en los últimos años ha sido intensa, utilizando instrumentos legislativos contra los derechos indígenas, como la PEC 215 (proyecto de autoría del diputado Almir Moraes de Sá, del PR, de Roraima, que trasfiere del Ejecutivo para el Legislativo la palabra final sobre la demarcación de tierras indígenas). Muchos diputados están haciendo discursos de odio y de incitación a la violencia contra comunidades tradicionales y organizaciones de apoyo, y eso hace que crezca la acción armada contra liderazgos indígenas y sus aliados”, resalta Buzatto.

Según las cuentas del secretario ejecutivo del Cimi, entre 2015 y 2016 hubo más de 30 ataques armados por parte de paramilitares y mandatarios, comandados por los grandes terratenientes.

Según João Peres, autor del libro “Corumbiara: caso enterrado” (editora Elefante) sobre la masacre de campesinos en la hacienda Santa Elina en 1995, no es de hoy que Rondônia figure entre las provincias más violentas. “Las muertes tienen dos causas: acción y omisión del Estado. En la acción, se destaca la creación de las dos hidroeléctricas-hermanas (Jirau y Santo Antônio), que incentivó la deforestación, abriendo así espacio para la formación de condominios de despojo forestal en los cuales el Estado tiene dificultad y hasta teme adentrarse”, considera. “También es posible destacar la especulación de tierras estimulada por la posibilidad de asfaltar la carretera BR 319, exactamente donde algunos liderazgos emblemáticos fueron asesinados”.

Peres destaca que los asesinatos ocurrieron específicamente donde hay intensa explotación de madera y poca fiscalización: “Es fácil de entender si miramos el mapa de deforestación de la Amazonia Legal: Rondônia está en áreas de expansión, que velozmente avanzan para adentrarse en otros espacios. Por eso asesinaron a personas en el Vale do Jamari, que parece haber sustituido en este siglo al Cono Sur de Rondônia, como la área más peligrosa de la provincia. La investigación insatisfactoria alimenta la violencia contra los movimientos.  Como son los dueños de las tierras quienes comandan a las estructuras institucionales, es evidente que el Estado no actuará en favor de la resolución de los casos, al revés, trabajará para que estén impunes”.

El autor recuerda que durante la dictadura, Rondônia atrajo latifundistas y sin-tierras y esa mezcla “sigue siendo explosiva”, incluso después de cinco décadas del “boom” migratorio.

PRISIONES Y PERSECUCIONES

La violencia en el campo registrada en 2016 no empezó ni terminó en este año. Persecuciones políticas y prisiones arbitrarias recuerdan a la dictadura de 1964, que vuelve a ser evocada en el presente. En noviembre de 2016, en una acción de la Policía Civil de Paraná bautizada de “Operación Castra”, ocho integrantes del MST fueron presos en la región de Quedas do Iguaçu. Acusados de pertenecer a una organización criminal y de “extorsionar asentados”, los campesinos fueron detenidos y siguen encarcelados.

Según Geani Paula, coordinadora del Movimiento en Paraná, las razones presentes en el decreto de prisión “son acusaciones sin vinculación con la realidad”. La región está marcada por conflictos desde 2014, cuando aproximadamente 3 mil familias ocuparon las tierras pertenecientes a la empresa Araupel. Las áreas fueron caracterizadas como “griladas”[2] y declaradas por la Justicia Federal como tierras públicas, pertenecientes a la Unión  y que, por lo tanto, deberían ser destinadas a la reforma agraria.

“En la región ya mataron cuatro trabajadores y hasta ahora ninguna investigación fue concluida. Los autores de los homicidios son policiales civiles y militares que actúan en la región”, lamentó Paula.

CONCENTRACIÓN Y FALTA DE DEMOCRATIZACIÓN DE LAS TIERRAS

La democratización de las urnas no llegó con la misma velocidad en el campo. Según el informe “Terrenos de la Desigualdad – Tierra, agricultura y las desigualdades en el Brasil rural”, elaborado por Oxfam Brasil (organización vinculada a la Universidad de Oxford y presente en 94 países), la concentración de tierras es el principal motivo de la violencia en el campo. Actualmente menos de 1% de los grandes propietarios concentran un 45% de toda la área rural, mientras los pequeños propietarios (con menos de 10 hectáreas) ocupan menos de 2,3% de la área rural.

El informe, publicado en enero de este año por el Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (Nera), vinculado a la Universidad Estadual Paulista (Unesp), refuerza el problema de aumento de la concentración de tierras en Brasil. Según el estudio, las áreas ocupadas por latifundios crecieron un 375% en los últimos 30 años. La investigación calcula el crecimiento de propiedades con más de 100 mil hectáreas desde 1985.

Para los investigadores la reforma agraria sigue un ritmo más lento que la expansión del agronegocio, que viene ampliando su territorio a través de la “grilagem” y de la extranjerización de tierras. La investigación indica por lo menos 23 países dueños de tierras en territorio nacional, destacándose los Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia y Argentina. “Las principales inversiones son en commodities: soja, maíz, canola, colza, sorgo, caña de azúcar y el monocultivo de árboles, además de la producción de semillas transgénicas”, detalla el informe.

NUEVAS FRONTERAS AGRÍCOLAS, NUEVOS CONFLICTOS

Según Thiago Valentim de la CPT, los conflictos se agudizan con más fuerza en la región Norte porque “el avance del capital allí es mayor y por ser una área muy rica, donde las empresas compran grandes parcelas de tierra”. Él también alerta de otra área muy deseada y que explica el aumento de los conflictos en Nordeste: el Plan de Desarrollo Agropecuario de Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahia).

Valentim considera la región un ejemplo nítido del ataque contra las comunidades tradicionales, que antes avanzaba en el Norte y ahora también se expande de manera más articulada a otras regiones del país. El informe de la CPT registró decenas de casos de violencia en Matopiba, como el conflicto armado, la destrucción de las casas y plantíos, expulsiones, amenazas de desalojo y obstrucción del acceso al agua.

TIERRA MANCHADA DE SANGRE

Más de 2,5 mil hombres y mujeres fueron asesinados entre 1964 y 2016 en todas las regiones de Brasil, según las investigaciones de la Comisión Pastoral de la Tierra y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). La década de 1980, periodo de redemocratización del país, coincide con el empeoramiento de la violencia en el campo, con asesinatos de liderazgos bajo el orden de los terratenientes, minerías y grandes corporaciones. A pesar de eventuales acusaciones de los pistoleros, los mandantes pocas veces fueron aprehendidos por la Justicia.

En 17 de abril de 1996, 19 trabajadores rurales sin-tierra fueron asesinados por la Policía Militar en un episodio que se quedó mundialmente conocido como Masacre del Eldorado de Carajás, ocurrido en el sudeste de Pará. Los trabajadores del MST hacían una caminata hasta la ciudad de Belém cuando la policía les impidió continuar. Más de 150 policías (armados con fusiles, municiones reales y sin identificación en sus trajes oficiales) fueron convocados para interrumpir la caminata, lo que conllevó en una acción represiva extremadamente violenta. Dos décadas después, dos comandantes de esta operación han sido condenados: el coronel Mario Colares Pantoja, condenado a 258 años, y el mayor José Maria Pereira de Oliveira, condenado a 158 años. Ambos están presos desde 2012. Las evidencias de participación de la Vale do Rio Doce (que en aquél entonces todavía era una empresa estatal) en el transporte de las tropas desde Paraupebas y Marabá, por medio del autobús de la empresa Transbrasiliana, nunca fue investigada.

El administrador de Transbrasiliana -que recibió el orden y el dinero- se llama Gumercindo de Castro. El funcionario de la Vale que contrató los servicios se llama James. “¿Cómo explicar que una empresa estatal contrate a una empresa particular para transportar tropas de la Policía Militar convocadas para deshacer una manifestación pública?”, cuestiona Eric Nepomuceno, autor del libro: “O Massacre: Eldorado dos Carajás: Uma história de impunidade” (Ed. Planeta).

Memorial Chico Mendes/Divulgación

Francisco Alves Mendes Filho (Chico Mendes), líder del movimiento cauchero y presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Acre, fue asesinado a los 44 años el día 22 de diciembre de 1988 en Xapuri, con tiros de escopeta por Darci Alves, bajo el orden del terrateniente Darli Alves. En 1990 ambos fueron condenados a 19 años de prisión, pero huyeron de la prisión en 1993, fueron recapturados tres años después. Se beneficiaron de progresiones para regímenes penitenciarios domiciliar y semiabierto.

CPT/Divulgación

La misionaria norteamericana Dorothy Mae Stang, activista de los derechos socioambientales y defensora de un proyecto de sostenibilidad para la Amazonía, fue asesinada a los 73 años, el 12 de febrero de 2005 en el interior de Anapu, en los márgenes de la Transamazónica en Pará. La religiosa naturalizada brasileña vivía en la región desde la década de 1970 y luchó por la creación de la reserva Esperanza, un proyecto del Incra[3], donde fue capturada por pistoleros. Dos de los mandantes del crimen, Vitalmiro Bastos de Moura y Regivaldo Pereira Galvão, están en libertad. Clodoaldo Batista y Rayfran das Neves Sales, quienes ejecutaron el crimen, fueron condenados a 18 y 27 años de prisión respectivamente.

Greenpeace/Felipe Milanez

La pareja de agricultores José Claudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo da Silva, fue asesinada en la mañana del 24 de mayo de 2011, en Nova Ipixuna, sudeste de Pará. El día 6 de diciembre de 2016, el Tribunal de Belém condenó a 60 años al terrateniente José Rodrigues Moreira, quien ordenó los asesinatos. Zé Claudio y Maria eran ambientalistas y extractivistas y denunciaban la apropiación ilegal de las tierras y la deforestación ilícita en el interior del asentamiento agroextractivista de la localidad.

Escrito por: Cauê Seigner Ameni (De Olho nos Ruralistas)

Traducido por: Amanda Verrone

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NOTAS DE LA TRADUCTORA

[1] Identidad referente al “quilombo”, término derivado del kimbundu, lengua africana perteneciente a la familia lingüística Bantu, comprendida en la actual región de Angola. En Brasil la palabra fue re-semantizada, a través de los aparatos represivos destinados a capturar personas o grupos que huían de la esclavitud. En la legislación colonial brasileña se llamaba “quilombo” a cualquier grupo con más de cinco personas negras que fuesen encontradas juntas. “Quilombolas”, por lo tanto, son las personas que históricamente expresan la resistencia negra desde el Brasil esclavista.

 

[2]Apropiación ilegal de tierras. “Grilagem” constituye una antigua práctica de envejecimiento de documentos de certificación de propiedad falsificados, con el objetivo de obtener la posesión de parcelas de tierra. El término tiene origen en la práctica de colocar los documentos falsificados en una caja con grillos. Con el tiempo, la acción de los insectos les daba a los documentos un aspecto envejecido, configurando antigüedad y, por lo tanto, aparente autenticidad.

[3]Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria

Fuente: mst.org.br

Un estudio publicado por Oxfam revela supuesta red de corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de contratos y permisos de operación al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. El documento, denominado Hechos y Circunstancias Alrededor del Asesinato de Berta Cáceres Flores, resume argumentos legales para solicitar la clausura definitiva del proyecto.

El Proyecto Agua Zarca es una iniciativa que impulsa la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) desde el año 2009. A tan solo ocho meses de su constitución, DESA suscribió contratos de operación con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica.

Como primer vicio de nulidad, el estudio señala que la SERNA otorgó la concesión y la licencia ambiental a favor de Agua Zarca sin que cumpliera con la consulta previa, libre e informada en los términos que dispone el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.

Asimismo, la SERNA concedió ilegítimamente un incremento al volumen de aprovechamiento de aguas nacionales del río Gualcarque, así como una ampliación de 20 años sobre el Contrato de Operación del proyecto hidroeléctrico sin la aprobación del Congreso Nacional.

Según establece el artículo 205 de la Constitución de la República, el Poder Legislativo es el único órgano encargado de aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales, o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno.

A la fecha los juzgados de lo penal han dictado prisión preventiva a ocho personas por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres. De éstas, cuatro sostienen nexos militares y uno es empleado de DESA, lo que vuelve necesaria la ampliación de la investigación hacia posibles autores intelectuales, cómplices y encubridores.

El informe refiere, además, que una investigación conjunta de los casos –proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y el asesinato de Berta Cáceres– posibilitaría la obtención de resultados definitivos y concretos. Actualmente ambos casos se manejan en fiscalías y unidades diferentes. Por su parte, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural no dispone de las herramientas requeridas para profundizar en sus investigaciones.

Con base en los actos de corrupción denunciados en el estudio, Austra Berta Flores, madre de la líder ambientalista Berta Cáceres, presentó ayer ante la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) una petición para que se investigue esa supuesta red de corrupción que opera en la concesión de proyectos hidroeléctricos y extractivistas.

“Son argumentos válidos para exigir la anulación del permiso de operación de la empresa DESA en el río Gualcarque, y para que la investigación alcance a todos los niveles implicados en el asesinato de mi hija”, sentenció Austra Berta Flores.

La familia de Berta Cáceres –liderada por Olivia Zúniga Cáceres, Salvador Zúniga, Austra Berta Flores y sus cuatro hijos– presentó hoy la evidencia documentada en el informe ante el Ministerio Público. Y, a la vez, solicitó una investigación formal de los contratos otorgados por el Estado de Honduras a favor de la empresa DESA.
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Hechos y Circunstancias Alrededor del Asesinato de Berta Cáceres Flores está disponible en: http://oxf.am/ZE4S

João Pedro Stedile, líder del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, emitió un mensaje al pueblo Ecuador respecto a las elecciones presidenciales del 2 de abril y la expectativa desde América Latina frente a los resultados.

Clodomir Santos de Morais nasceu em Santa Maria da Vitória em setembro de 1928, camponês, operário da indústria de montagem de automóveis da Ford, dedicou-se ao jornalismo e assessorou das Ligas Camponesas, construindo sua trajetória de luta em favor dos excluídos.

Teve os direitos políticos cassados por dez anos e, após 2 sofridos anos de prisão em 1962/65, amargou exílio de quinze anos no exterior. Por mio do Ato Institucional nº 1, na lista dos cem primeiros cassados pelos militares golpistas, que assumiram o poder em 1964, Clodomir foi o 12. 

Exilou-se no Chile, foi conselheiro Regional da ONU para a América Latina em assuntos de Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural. Desempenhou suas atividades com tamanha competência que gerou convites de várias entidades internacionais. 

Tem inúmeros livros publicados, alguns deles traduzidos em vários idiomas, entre eles a História das Ligas Camponesas do Brasil, deixando imensas contribuições para o Campesinato.

Por Comunicação MPA

La historia de los seis campesinos presos primero en Argentina y luego en Paraguay desde hace 11 años, pone en evidencia la lógica de corrupción y criminalización de las organizaciones campesinas que hay en ambos países. Marcha estuvo en la Cárcel de Tacumbú en Asunción, aquí las voces de los campesinos presos.

Paraguay es un país muy verde, un verde que a primera vista resulta tentador. Sin embargo, estas impresiones engañan: se trata de un territorio invadido por el agronegocio. Allí los montes han sido y siguen siendo deforestados progresivamente para dar lugar a la producción ganadera a gran escala. Asimismo, hay grandes plantaciones de monocultivos de soja y maíz con uso de semillas transgénicas, al igual que la introducción de tecnología mecánica y la aplicación de agrotóxicos. En manos de unos pocos se concentra el 77% de las áreas productivas, en cambio, el 40% de los pequeños agricultores familiares e indígenas poseen tan solo el 1% de las tierras. Para dimensionar estos números, no es un dato menor saber que Paraguay es, con un 43%, el país con mayor población rural de América Latina.

Este modelo se profundizó a partir del golpe constitucional en 2012, mediante el cual se destituyó al presidente electo Fernando Lugo. En este marco, se produjo la masacre de Curuguaty, que consistió en un violento desalojo de tierras pertenecientes al Estado paraguayo, en la que murieron once campesinos y seis policías, además de un número indeterminado de personas heridas.

El poder oligárquico y terrateniente utilizó este hecho para impulsar el juicio político al presidente electo Fernando Lugo, acusándolo de mal empeño de sus funciones políticas, y, en especial, vinculándolo con la masacre como responsable político. Además, validó su política golpista al criminizalizar a los y las campesinas que sostuvieron la ocupación de las tierras fiscales de Marina Cué, condenándolos a una pena de prisión de hasta 35 años. Así, se generalizó el miedo en todo el territorio paraguayo y se retrocedió en la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria, aunque la lucha de las organizaciones campesinas e indígenas y de los distintos movimientos sociales no ha cesado y se mantiene en pie.

Seis campesinos

Sin embargo, la criminalización del movimiento campesino data de mucho tiempo atrás. Es producto del avasallamiento de la soberanía del pueblo paraguayo, marcado por la guerra de la Triple Alianza, la dictadura de Stroessner con el Plan Cóndor y las políticas neoliberales e imperialistas. En este contexto, el caso de los seis campesinos da cuenta de dicho proceso.

En el 2006, tanto los seis líderes campesinos Basiliano Cardozo, Arístides Vera, Simeón Bordón, Gustavo Lezcano y Agustín Acosta del partido Patria Libre, como Roque Rodríguez Torales del Movimiento Agrario Paraguayo, fueron imputados por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas Grau. Este crimen, como muchos otros, son producto de la disputa entre las distintas fracciones del poder local, atravesada por la militarización norteamericana del país y la criminalización del movimiento popular y campesino en su conjunto. En el prólogo del libro de Agustín Acosta Reflexiones políticas desde la cárcel, Claudia Korol, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, explica: “para la geopolítica de la hegemonía norteamericana, Paraguay es una pieza clave en el cono sur, un lugar para establecer bases militares para proteger sus acciones criminales y para amenazar a los pueblos de la región y a una perspectiva de integración latinoamericana”.

A pesar de haberse presentado en todas las instancias requeridas ante el juez Pedro Mayor Martínez, no se cambió de carátula la acusación, finalmente los detienen por “secuestro, homicidio doloso y asociación criminal”, la cual también es pedido por parte de la fiscalía y la querella quienes no tuvieron nunca pruebas para justificarlo. Para los campesinos perseguidos esa fue la señal de alarma para solicitar refugio por falta de garantías en la embajada argentina en Asunción. Su solicitud fue respondida favorablemente, no obstante, al notificarse en Argentina ante el organismo responsable del refugio, son procesados y detenidos por orden de la justicia paraguaya en lo que respecta a la causa Cubas.

Como se puede ver, se trata de un proceso judicial plagado de irregularidades que congenió mediante la complicidad de medios de comunicación, instituciones judiciales, fuerzas represivas y los poderes locales, para así criminalizar el movimiento campesino y debilitar a la alianza opositora encabezada en ese momento por Fernando Lugo.

Después de estar encarcelados durante dos años en el Complejo Penitenciario Federal Número 2 de Marcos Paz, son extraditados a Paraguay bajo la responsabilidad del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner quien niega el refugio político. Este es uno de los primeros casos de extradición de refugiados políticos en Argentina. A partir del 2008, se encuentran privados de su libertad en la cárcel federal Tacumbú de Asunción.

Las puertas de la escuela sí están abiertas

La cárcel de Tacumbú está ubicada a pocos kilómetros del centro de Asunción. En el marco de la Escuela de Formación Política Soledad Barrett participamos, junto a Petrona Villaesboa, integrante de la organización campesina e indígena CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas), de una visita a los seis compañeros presos desde hace 11 años.

Al subir al colectivo que pasa por la cárcel, rápidamente identificamos a las mujeres que comparten el destino con nosotras: llevan pollera. Uno de los requisitos para poder ingresar al recinto es el uso de polleras y remeras que cubran los hombros para las mujeres, de hecho se alquilan en los aledaños a la cárcel.

La entrada a la cárcel propiamente dicha es repugnante. Pasar el primer portón no dista tanto de las cárceles argentinas que conocemos, pero ingresar al predio donde se encuentran los pabellones, no tiene punto de comparación. Allí, los presos están totalmente desamparados, dado que el servicio penitenciario no garantiza los insumos indispensables para cubrir las necesidades básicas de la vida. De esta manera, quien no cuenta con dinero o apoyo de su familia para acceder a ellos, no tiene otra alternativa que dormir tirado en los pasillos, comer de la basura que entran los camiones de recolección una vez al día y esperar la lluvia para poder bañarse. En este contexto inhumano, lo que sí circula es la droga, deteriorando aún más la vida de los aproximadamente 4000 presos, que en su mayoría son jóvenes.

Detrás del segundo portón se encuentran todos los pabellones, sin divisiones. Varios presos se ganan el día guiando a las visitas al lugar donde los esperan sus familiares o amigos, a cambio de algunas monedas, mientras que otros van a buscar allí a los propios. Entre ellos está Agustín, esperándonos expectante. Caminamos en silencio junto a él, y entre el barullo y las miradas de los otros presos, llegamos a su lugar. Recién ahí nos saludamos y comenzamos a hablar con él y Arístides que nos invita a sentarnos. Intercambiamos los primeros tererés y junto a ellos las primeras palabras mientras llegan Basiliano y Simeón. Para sumar a las contradicciones de esta cárcel, cerramos la puerta desde adentro para poder concentrarnos en la charla sin interrupciones.

Una de las primeras intervenciones proviene de Petrona, nuestra acompañante de CONAMURI y campesina de largo recorrido de lucha, como los seis: “Ustedes están en la cárcel chica, nosotras en la cárcel grande” . Con esta dura pero certera afirmación iniciamos el diálogo que más que una conversación, es una fraterna clase de formación y compromiso política entre militantes. El tereré comienza a circular para todas partes, y Petrona se presenta en guaraní. Mientras nosotras tratamos de identificar algunas de las palabras del guaraní, otras resuenan en castellano: revolucionaria, escuelita campesina, educación popular.

Petrona se identifica con la situación de los presos, sabiéndola parte de su propia cotidianidad. Nos comparte la historia de su familia, contando que tanto su hermano, como su hijo Silvino Talabera fueron asesinados por mano del Estado paraguayo (el primero, durante la dictadura de Stroessner). Al finalizar la presentación, Simeón, uno de los seis, pide la palabra. Emocionado por el relato de Petrona, expresa que gracias a estas palabras pudo identificar que ella es su tía segunda.

Entre llantos y risas nos explican en castellano lo acontecido. “Este encuentro es imposible de explicar con palabras” nos dice Agustín; “pone en evidencia a las víctimas de la persecución de un sistema que no para. Pero también nos enorgullece saber que hay personas que luchan contra la injusticia y la opresión en Paraguay. Sino fuera por la lucha, no estaríamos acá celebrando este encuentro”, reflexiona. “Estamos inmersos en un sistema que sigue teniendo al pueblo en una miseria feroz”. A partir de las palabras de Petrona, Arístides también reflexiona sobre el lugar de las mujeres en la lucha; “sin su protagonismo y una profunda equidad de género, no hay revolución posible”. Además aclara que “esto no lo aprendimos ni en la capilla ni en los partidos políticos, se aprende de la lucha”.

Continúa Arístides: “esta sociedad es como un naciente de agua, que corre y no encuentra el cause. Estamos insertos en una sociedad de opresión e imposición de un modelo, donde la convivencia comunitaria se rompió. Por eso, hoy tenemos el desafío de encontrar la receta para accionar contra eso, no alcanza con decir que está mal el sistema, eso ya lo sabemos y lo debemos cambiar”, concluye. Por su parte, Agustín agrega: “hay momentos de la historia que demuestran que se puede, las experiencias de Cuba, Rusia y de tantas comunidades como la gran Nación Guaraní, por ejemplo, donde funcionaban el reparto equitativo de recursos y el intercambio”. A lo que Arístides suma: “este es nuestro delito, se los compartimos -sonríe con complicidad-. Fue enseñarle a nuestras y nuestros pares campesinos que existieron sociedades distintas y que se pueden volver a construir”. Pero, sin titubear, manifiesta: “lo que nos ha enseñado este encierro, este maldito lugar, es que el sistema puede destruirnos físicamente, pero que no matará nuestras ideas. Nuestro compromiso y responsabilidad al saber todo esto, es demasiado grande, lo pagaremos con el encierro, el exilio o la vida, pero nunca desistiremos”.

Simeón interviene en guaraní -nos dice que puede expresarse mejor así y entonces Agustín se propone traducirnos-: “es a partir de estos espacios de encuentro, de educación popular, donde intercambiamos nuestros saberes, donde podemos multiplicar nuestras ideas. Para nosotros fueron en primer lugar las escuelitas campesinas”. Recordando la realidad del campo en Paraguay, explica: “la producción extensiva nos expulsa a los campesinos, y a veces este hecho se desconoce, por eso es importante formarnos”. En ese marco, Agustín agrega: “aquí, con la Escuela Soledad Barret, retomamos esa experiencia, aquí vienen compañeras y compañeros como ustedes que sueñan y viven como nosotros, con quienes compartimos que la opresión no es el camino para el ser humano”. Hace referencia a la carta de Soledad Barret a su madre cuando se va del Paraguay, y hace suyas sus palabras: “si nos quieren ayudar y no pueden venir a nuestra escuela, basta con ayudar a los desalojados, a los desprotegidos, a los indígenas, a los niños y niñas de las calles que ahí estaremos”. “Las puertas de esta escuela sí están abiertas” añade Agustín, haciendo alusión al encierro, concluyendo la charla.

Salimos nuevamente a los pasillos de la cárcel, dejamos la calidez de la charla para reencontrarnos nuevamente con la hostilidad del lugar. Los compañeros nos acompañan hasta la puerta, y mientras salimos, resuenan las palabras que nos dijeron antes de partir: “gracias a estos encuentros, nos vamos con ustedes, arrebatando este encierro que nos impuso el sistema, porque sabemos que ustedes nos llevan en la lucha cotidiana.”

Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía

Frei Sérgio durante greve de fome que contribuiu para a conquista da politica de crédito para o campesinato em 1996. Foto: Arquivos MPA

“Alguns passando fome por alguns dias, para evitar que muitos passem fome uma vida inteira” relata Frei Sérgio Görgen da coordenação nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). O Movimento afirma que utilizará do Jejum Público como forma de luta e protesto perante a Reforma da Previdência proposta pelo governo não eleito de Michel Temer (PMDB). O Jejum Público é uma Greve de Fome por tempo determinado, um método de pressão política pacífica, por meio do qual pessoas deixam de consumir alimentos sólidos em locais públicos para apresentar suas reivindicações aos Governos, Legisladores e exigir que suas reivindicações sejam atendidas, bem como, provocar amplos debates na sociedade.

O Jejum Público como forma de luta e resistência

Os camponeses e camponesas do Movimento dos Pequenos Agricultores-MPA compreendem que o Jejum Público, quando bem organizado, tem condições de empoderar setores populares e formar militantes, pois sua organização envolve muitos militantes com muitas tarefas políticas e organizativas.

E neste momento histórico de constantes retiradas de direitos, o Movimento compreende ser esta uma ferramenta fundamental de luta, recuperando um processo de luta histórica que deu bases para as primeiras conquistas do MPA, como por exemplo a greve de fome que contribuiu para a conquista da política de crédito para o Campesinato em 1996. “O uso do Jejum Público retorna a conjuntura da nossa organização”, destaca o jovem camponês e dirigente do MPA, Bruno Pilon.

Vinte anos depois o Jejum Público renasce como forma de luta do movimento

Em 97 o jejum público foi fundamental para a conquista de uma política de crédito agrícola para os camponeses e camponesas do país, na época o dirigente nacional Frei Sérgio Görgen manteve uma longa greve de fome que alcançou os 17 dias. Agora 20 anos depois essa mesma forma de luta renasce na organização, agora para lutar contra a Reforma da Previdência que se materializada deflagrará um duro golpe aos trabalhadores e trabalhadoras retirando direitos históricos sobre tudo dos camponeses e camponesas.

O Jejum Público proposto pelo MPA é contra a Reforma da Previdência, buscando ainda:

– “Chamar a atenção para a violência que representa a Reforma da Previdência do Governo Temer contra os trabalhadores em geral e as famílias camponesas em especial; Mobilizar as bases organizadas e a população em geral para protestar e demonstrar sua contrariedade para com a Reforma da Previdência que está em votação no Congresso Nacional; Envolvimento político e emocional de amplas massas populares contra a monstruosidade das propostas apresentadas pelo governo; Mostrar a contradição da fome voluntária para indignar contra a fome que virá com a injustiça da exclusão dos direitos conquistados; Demonstrar a força moral e o heroísmo dos e das militantes dos Movimentos Sociais frente a mesquinhez e falta moral dos que governam e propõe a exclusão dos direitos; Provocar amplo debate na sociedade sobre o tema das reformas que prejudicam o povo e indignar-se contra os que defendem a retirada dos direitos; Criar clima nas bases para ações massivas e mais fortes, quando se fizerem necessárias; Utilizar com consciência um instrumento político de luta de massas com larga tradição nas lutas por direitos civis ao longo da história da humanidade; Reforçar e reafirmar a mística da solidariedade, da força da união, da indignação contra a injustiça, da doação e da consciência coletiva.”

Segundo o Movimento a simbologia do jejum é: Estamos em Greve de Fome para que o Povo não Passe Fome. Contra a Reforma da Previdência do Governo Temer.

Sobre o Jejum Público

Qualquer pessoas pode somar-se ao jejum, a proposta é que ele possa ser feito em algum lugar público, como Câmara Municipal de Vereadores, Prefeituras, nas cidades do país inteiro, onde haja pelo menos três militantes dispostos a Jejuar por cinco dias, de segunda a sexta-feira. Assim como, a proposta é que seja feito alguns dias antes da primeira votação do Projeto de Emenda Constitucional do fim dos direitos da Previdência na Câmara dos Deputados.

Os camponeses e camponesas do MPA também indicam como fazer o Jejum Público, atentando-se sempre para qualquer situação de saúde fora do que parecer normal, interromper o jejum caso seja necessário, pois não se trata de uma Greve de Fome Radical. Assim como, propõe que pode ter um grupo que faz todos os cinco dias de jejum, e outro grupo maior, que participe solidariamente durante um dia, contando sempre com uma equipe forte de militantes, que não estejam em Greve de Fome, para atender o povo jejuante, explicar as razões do Jejum, coordenar os abaixo assinados e os cartões aos deputados, distribuir panfletos, enfim, atenta-se para o Jejum Público como um todo.

Para Frei Sérgio o Jejum é “um sacrifício momentâneo, voluntário e político de alguns para evitar o sacrifício prolongado e involuntário das grandes massas da população. É o povo em luta contra os poderosos que querem o País e o Estado só para eles”, conclui.

Con presencia de delagadas y delegados de diversas organizaciones campesinas e indígenas de gran parte del país.  

Este viernes 24 de marzo con la instalación de la mesa directiva del congreso, y con saludos de organizaciones fraternas, se cumple con el primer momento de este importante espacio de reflexión, debate y acción de las mujeres y hombres del campo, con el lema: Todos a construir poder popular.

En el marco del Día Mundial del Agua, compartimos en testimonios las peripecias que afrontan los pueblos del campo producto de la crisis ambiental y la crisis climática que está afectando al país entero. Información vertida en una edición más del programa radial Kawsayninchis*, emitido el día miércoles 22 de marzo.

Difícil realidad que están afrontando los agricultores de los valles Cañete y Chillón (Lima), cuyos cultivos y criaderos de animales han sido inundados y  arrasados por el desborde los ríos y los huaycos. La población necesita ayuda para rescatar lo poco que ha quedado de su producción agrícola y para alimentar a sus animales.

Por otro lado, desde Moquegua nos llega la denuncia que los campesinos y pobladores aún esperan la presencia del Ministerio Público, para que cumpla con su compromiso de recoger muestras de los ríos a fin de emitir un estudio sobre la contaminación minera de las aguas. Dichas exigencias son parte de la incidencia que la población organizada está haciendo para superar el estrés hídrico que afecta de sobremanera a la región.

Participaron en esta edición los líderes campesinos Edwin Humareda de la Liga Agraria del Valle de Cañete y Lucio Flores de la Federación Agraria y Campesina de la Región Moquegua.

ESCUCHAR EL PROGRAMA 

https://pe.ivoox.com/es/crisis-agua-huaycos-contaminacion-minera-afectan-audios-mp3_rf_17735891_1.html

 

*Kawsayninchis, la voz de los pueblos del campo. Programa radial de la CNA que aborda la agenda indígena y agraria del Perú, se emite en vivo todos los martes a las 11 AM por ANP Radio (http://www.cronicaviva.com.pe/images/anp-radio/radio_popup.html) y se retransmite por Radio Bomba(https://radiobombaperu.wordpress.com/).