30 de julio de 2015
por Leonardo Wexel Severo, colaborador de Diálogos del Sur
«Los medios quieren la sentencia». El anúncio del juez Ramón Zelaya, responsable por el juzgado de los campesinos de Marina Cue, en el município de Curuguaty, evidenció en el martes 28/7/15 el juego de cartas marcadas del proceso más que viciado. Para el gobierno paraguayo, los latifundiários y sus medios, que utilizaron el confronto ocurrido el día 15 de junio de 2012 para justificar el impeachment del presidente Fernando Lugo, el objetivo es penalizar a los trabajadores sin tierra con hasta 30 años de prisión.
Al negarles a los abogados, que recién asumieron el caso, el derecho a un estudio pormenorizado de las más de 7.200 páginas de los autos del proceso y marcar para el día 3 de agosto el reinício del juzgado, Ramón Zelaya expuso las vísceras del sistema de justicia paraguayo, intimamente atado a los poderes político y económico. Afinal, dijo, es preciso atender a los medios de comunicación. Y ellos tienen «prisa».
«Esta es una confesión de la total ausencia de independencia del poder judicial paraguayo», declaró el juez brasileño Jonatas Andrade, miembro de la Asociación de Jueces Democrático y uno de los observadores internacionales a acompañar el caso Curuguaty, que vinieron a Asunción. Jonatas subrayó que el general el «poder judicial es contra las mayorías de ocasión, pues necesita esta apegado al Estado de Derecho, a la Constitución, a la legislación. Nunca he visto un juez asumir de esta forma, que su decisión es para atender a la prensa, eso es estupendo. En Brasil hasta que también ocurre eso, pero no se dice».
Los diarios ABC Color, Ultima Hora y Extra, bien como las principales emisoras de radio y televisión del Paraguay volvieron a la carga desde el lunes con el «juzgado sobre la matanza que sacó Lugo del poder». Imágenes editadas de soldados de la policía entrando al asentamiento de Marina Cue y teoricamente «emboscados» por «campesinos covardes» son repetidas exaustivamente, para que la población embarque en la campanha de desinformación, juzgue y condene. Como si fuera posible creer que 60 campesinos, entre los cuales 25 niños y mujeres, pudiesen enfrentar a más de 320 militares fuertemente armados y contando inclusive con helicópteros.
Rubéns Villalba, Felipe Martínez, Luís Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana,Néstor Castro, Lucía Aguero, Fani Oledo y Dolores López Peralta son acusados por intento de asesinato, invasión de inmueble ajeno y asociación criminosa. Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería de asociación criminosa e invasión de inmueble, y Felipe Nery Urbina responde por ter huido de la persecución penal. La joven Raquel, que entonces tenía 17 años, es acusada de invasión de inmueble ajeno, asociación criminosa y complicidad con asesinato. El caso de Felipe es una buena demostración de la violación de los derechos humanos: al internar ayudar a uno de los heridos, fue preso y torturado durante tres días. Otros campesinos no tuvieron tanta suerte y han sido asesinados a sangre fría por las espaldas.
Enfrentamiento pré fabricado
Hace tres años, 17 personas murieron después del «enfrentamiento» iniciado por franco tiradores, con proyectiles de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Após disparos dispersos, se escucha nueve segundo de disparos de armas semiautomáticas. El escenario recuerda Puente Laguno, en Venezuela, donde tiradores de élite de la CIA asesinaron tanto a apoyados del presidente Hugo Chávez como oposicionistas, provocando una confrontación sangrienta. La actuación de los profesionales de la muerte en Caracas y en Curuguaty tuvo el objetivo de fomentar el clima para la derrumbada de los presidentes y su sustitución por nombres más palatales a Washington. Con la movilización popular, Chávez resistió y venció. Lugo ha sido tumbado a menos de una semana después de la matanza. El plan neoliberal de concesiones y privatizaciones llegó en seguida.
En la cabeza de la acción en Curuguaty estaba Erven Lovera, jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo. Reconocido por su capacidad de diálogo, Ervin Lovera fue uno de los primero a caer muerto mientras conversava con líderes del movimento, al início de la balacera.
Considerado un «testigo llave» por haber denunciado la presencia de francotiradores que dieron início a la confrontación, el campesino Vidal Vega fue asesinado en diciembre de 2012 en la puerta de su casa. «El hecho es que los campesinos no tenían armas de grueso calibre y los policías fueron muertos con armas de guerra. Los disparos vinieron de los francotiradores desde el monte y del helicóptero», relató Mariano Castro, padre de Néstor y Alberto, presos y de Adolfo, asesinado.
Había un pedido de desaprobación para fines de reforma agraria de los dos mil hectáreas de Curuguaty, pero al contrario de eso, la justicia, atendiendo a los intereses de la família Riquelme -vinculada a la dictadura de Alfredo Stroessner ()1954-1989)-, solicitó una prospección en el local para saber si había intrusos. Algo totalmente anormal ya que en 2004 el presidente Nicanor Duarte firmara un decreto determinando la destinación de las tierras a trabajadores rurales.
Representante de la Organización de Lucha por la Tierra, Lídia Ruiz indica que «en Paraguay, 90 por ciento de la propiedad esta concentrada en manos de tan solo el dos por ciento de la población, gran cantidad de tierras del Estado que han sido pasada a manos privadas de forma fraudulenta».
Madres en la Plaza de Mayo
A los 85 años, con el tradicional pañuelo en la cabeza y enseñando orgullosa la foto del hijo desaparecido en Argentina, Nora Morales Cortinias, de las Madres de la Plaza de Mayo, manifestó solidaridad a los que luchan por la tierra, manifestándose en defensa de un proceso «limpio y transparente para que se haga justicia».
Según el abogado Roque Orrego, «un aspecto fundamental de lo que pasó fue la tortura y ejecución en Marina Cue», cuestionando el heh de que ningún policía ha sido responsabilizado ni se encuentra en el banquillo de los reos.
«En primer lugar, la tierra es pública. Marina Cue significa Tierras de Marina en guaraní, luego no debía haber ocurrido ninguna acción policiaca. El que susodicho propietario pidió la desocupación ilegalmente y hasta hoy, tres años después, esta cuestión todavia no ha sido resuelta. La justicia esta completamente dominada, hay un carácter de clase, los pobre son discriminados y su lucha es criminalizada», afirmó la paraguaya Marielle Palau, del Centro de Investigaciones Sociales (BASE). En la evaluación que hace Marielle, «lo que pasó en Curuguaty evidencia la impunidad y la perversión del poder judicial, al mismo tiempo en que refuerza la necesidad de la solidaridad y de fortalecer la presión sobre el gobierno».
Miembro de la Red Nacional de Abogados y Abogados Populares (Renap), el brasileño Rodrigo de Medeiros condenó la posición del juez paraguayo de someterse al juicio de la media. «Uno de los espacios que violan o legitiman la violación ocurre en el sistema de justicia. Por eso la importancia de se observar las garantías a los acusados para su defensa en sociedades tan desiguales ene que el poder económico y político influencian negativamente en la realización de la justicia», subrayó.
Para Alíria Garía, secretario de Solidaridad y Derechos Humanos de la Fensuagro (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia), «es necesario garantizar un juzgado justo a estos hombres y mujeres que están en lucha por la tierra y han sido víctimas de un armazón credo por los poderosos del Paraguay para dar un golpe de Estado en Lugo». «Se está utilizando de métodos abusos para aterrorizar a los campesinos. Precisamos estar vigilantes», alertó.
Los fiscales José Sarza y Jalid Rachid -hijo de Blader Rachid, ex presidente del Partido Colorado, controlado por Stroessner- mantiene la versión de que los campesinos «han preparado una emboscada», y son los responsables por las muertes. Sarza fue quien ordenó la brutal acción policiaca en Curuguaty, ha sido procesado recentemente por corrupción activa al exigir más de 15 mil dólares de un propietario rural para ordenar la expulsión de asentados.
Desmonte de Curuguaty
Producido por el Servicio de Justicia y Paz de Paraguay (Serpaj), el video Desmontando Curuguaty contiene elementos imprescindibles para compreender el grado de manipulación a que se viene sometiendo la población. A los hechos:
1. Las tierras pertenecen a la empresa Finca 30, de la Industrial Paraguaya SA, que en agosto de 2007 había donado dos mil hectáreas para la Armada Paraguaya. Hasta hoy siguen inscritas como propiedad de la Industrial Paraguaya, sin que la Justicia se manifestara sobre de quien es la propiedad, reivindicada para fines de reforma agraria. El hecho es que hasta el momento de la agresión de la policía las tierras no pertenecían a Campos Morumbi ni se podría haber emitido documento para desalojo. El primer vício en el proceso es que el juez José Benitez, de Curuguaty, había aprobado una investigación en el local, no la retirada de las famílias. El juez determinó una cosa y el policial ejecutó otra. «Era bastante clara la orden: ir como para un combate», declaró José Almada, soldado del GEO.
2. La versión de que los campesinos prepararon una «emboscada», divulgada por el fiscal Jalil Rachid es completamente fantasiosa. Para el abogado Vicente Morales, «35 campesinos con sus hijos y mujeres emboscaren a 324 policías con helicópteros, metralletas, coletes, capacetes, escudos y granadas, me parece absurdo».
3. Un helicóptero hizo sobrevuelo desde temprano sobre el acampamiento filmando y sacando fotos. Conforme grabación del comisario Roque Fleitas, jefe de la Agrupación Aeroespacial, la aeronave estaba equipada con sofisticada tecnología y grababa todos los detalles de la operación. Al mismo tiempo en que filmaba, el helicóptero transmitia automaticamente para una base de datos de la policía. La película nunca apareció. Semanas después, el fiscal Rachid dijo que el equipamiento no estaba funcionando.
4. Armados para situación de ataque, incluso con fusiles automáticos, la policía invadió en dos columnas. Los campesinos quedaron cercados. Inicialmente se escuchaban disparos aislados, y luego, nueve segundos de disparos de armas semi automáticas que, como admitió el mismo fiscal, no han sido encontrada con los campesinos.
5. El Promotor notificó la defensa en el día 16 de octubre de 2012 para que participe de una «perícia fundamental» para el proceso. Detalle: tal «perícia» había ocurrido cuatro días antes, en el día 12 de octubre.
6. «No hay conexión entre las supuestas armas que dispararon con los proyectiles que fueron encontrados dentro de los cuerpos. Este nexo casual no existe», enfatiza el abogado Vicente Morales.
«El fiscal montó un escenario y sostiene una tesis en que la policía es simplemente víctima de un ataque», concluyó.
*Es colaborador de Diálogos del Sur y fue a Asunción de Paraguay para acompañar el proceso