Desde hace semanas tiene lugar en el Sur del Lago de Maracaibo, en municipios zulianos y merideños de la zona, una grave escalada de acciones violentas de la élite latifundista en contra de los campesinos y las campesinas que luchamos por la democratización de la tierra. Con los casos de sicariato en Palo Quemao y La Escondida, ocurridos en mayo y agosto en Barinas, en los cuales fueron asesinados cinco compañeros, habíamos visto la reaparición de esta forma de violencia extrema contra el campesinado. Ahora, el asesinato de Kendri Adrián Márquez Gil, de 16 años de edad, ocurrido el 19 de septiembre, marca la reaparición de este método en el Sur del Lago. Todo indica que hay una decisión de la élite latifundista de continuar este camino. Desde La Corriente hacemos público nuestro repudio a tales acciones y expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los compañeros asesinados y del joven Kendri. Asimismo, hacemos un llamado urgente a las autoridades a emprender acciones contundentes para impedir la caída de más campesinos y campesinas en manos de la violencia terrateniente.
Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones: la causa principal de que el sicariato como práctica se instale y consolide en el campo venezolano es la total impunidad con que actúan los y las terratenientes. Amenazas, atropellos, amedrentamientos, a través de la conformación de grupos armados o de su contratación, son formas de violencia que por lo general anteceden a los asesinatos. Los(as) campesinos(as) lo denuncian ante las autoridades de justicia y éstas no actúan, no procesan las denuncias, no investigan, no hacen sentir a los y las terratenientes que hay un Estado dispuesto a garantizar la integridad física, la seguridad y la vida de los campesinos y las campesinas que luchamos por la tierra. Además, los cuerpos de seguridad, militar y policial, no tienen la suficiente presencia en el territorio como para tener capacidad disuasiva y preventina ante estas formas organizadas de violencia paramilitar y asesinato selectivo.
En el Sur del Lago, prácticamente todos los campamentos de campesinos(as) que están en proceso de rescate de tierra son constantemente monitoreados, hostigados y agredidos por grupos de hombres armados y encapuchados. En algunos casos, en la ejecución de estas agresiones están presentes los y las terratenientes, como el señor Ramón Meza, su esposa y el señor Rogelio Arteaga. Los campesinos y las campesinas hemos denunicado ante los cuerpos de seguridad, incluso, los vehículos en que estos hombres se mueven, sus placas, y la finca de la que entran y salen, y no hay actuación en su contra, no se investiga, no se emiten órdenes de allanamiento, citaciones.
En el caso de asesinato de Kendri, su padre y los compañeros del rescate del predio Montecarlo, en el municipio Alberto Adriani, supuesta propiedad de la señora Mirella Sosa, habían recibido amenazas previas y aún hoy continúan recibiéndolas: en papeles escritos les advierten que si no salen de las tierras serán castigados, que el caso de Kendri es el primero, que vendrán otros. Las denuncias han sido puestas ante fiscalía y Cicpc, pero pasan los días y las acciones siguen sin suceder.
En el predio El Carmen, supuestamente propiedad de Ramón Meza, sucede lo mismo. Una y otra vez grupos armados irrumpen en los campamentos, insultan, amenazan, intimidan, golpean, queman cambuches, destruyen siembras. En la última agresión arrancaron y se llevaron las balizas que el Inti había colocado en el terreno para demarcar los linderos.
El predio el Trébol es otro ejemplo. En días recientes un joven con discapacidad intelectual, Jean Carlos Gil, fue golpeado, quemado, lo intentaron ahorcar y lo amenazaron con mutilarle las manos y las orejas. El mismo predio es permanentemente patrullado por hombres encapuchados que exhiben sus armas y disparan desde la distancia a los cambuches y ranchos de la gente. Además, en toda la zona en la que se encuentran estos predios, en el municipio Obispo Ramos de Lora, del estado Mérida, los campesinos y campesinas son frecuentemente interceptados en los caminos por hombres armados con ametralladoras.
En el municipio Sucre del estado Zulia, los campesinos y campesinas denuncian la aparición en toda la zona de grupos de hombres armados que recorren los predios, se muestran, intimidan.
Además de todos estos casos, cuyas denuncias respaldamos con base en el acompañamiento que damos a los colectivos campesinos que adelantan esta lucha por la tierra, hacemos del conocimiento público que dirigentes de La Corriente vienen siendo directamente amenazados por esta élite latifundista. La compañera Karina Márquez es mencionada en los papeles escritos donde se emiten las amenazas, el compañero Morel Varilla es mencionado en las listas de dirigentes que tienen los grupos armados, y el compañero Hebert Montilla fue interceptado en un camino y amenazado directamente por el terrateniente Rogelio Arteaga.
En la zona fue instalada y está en funcionamiento un espacio interinstitucional llamado Mesa de Paz del Campo Soberano como estrategia para combatir las mafias agrarias y dar respuesta a los casos de rescates de tierras. En dicha mesa están presentes la ZODI, las policías, los tribunales agrarios y ambiental, la fiscalía, la ANC y el Inti. Es necesario que de manera urgente, desde esta instancia de coordinación se procesen estas denuncias y se implemente un plan de acción inmediata para actuar contra los y las terratenientes, así como para brindar protección permanente en el terreno a los campamentos de los campesinos y campesinas.
Está claro que la élite latifundista eligió el camino de la violencia ante la acción del pueblo campesino y del Estado venezolano para rescatar la tierra abandonada e improductiva. Las autoridades de la revolución bolivariana deben emprender acciones con fuerza y determinación para detener esa avanzada. Es su responsabilidad la protección de la seguridad personal y la vida de los campesinos y las campesinas que luchamos por la democratización de la tierra y por elevar la producción de alimentos en el país. Así lo demandamos y así esperamos que ocurra. Para ello, ponemos a disposición, modestamente, nuestra voluntad y nuestra capacidad organizativa construida en la zona. Una tarea como ésta debe ser emprendida de forma articulada y cohesionada entre las autoridades del estado y la gente organizada.
Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora
Alianza Nacional Productiva