Autor: clocvc

La Coordinadora Nacional Campesina “Eloy Alfaro”, Confederación de Trabajadores Eléctricos del Ecuador, UONCRE, CONAFRO, Plataforma de mujeres caminando hacia la igualdad, Observatorio Energético, UNOC, UPOCAM, UNOSOPEN, COOPOCCAR, ASO, El Porvenir, APPLA y otras organizaciones sociales de jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, montubios del campo y la ciudad; condenan todo acto de violencia vengan de donde venga.

Los roces que se dan en una campaña electoral, no sea el motivo para generar violencia o llamar al pueblo a actos de violencia, exhortan a todas y todos los ecuatorianos a rechazar cualquier tipo de acto de violencia, a los actores involucrados en el proceso electoral a actuar con mesura y respeto haciendo de estas elecciones una fiesta democrática, con alegría y sin violencia.

Hacen un llamado a cada uno de los actores políticos a respetar la voluntad del pueblo a través de los resultados oficiales del CNE.

Em Belo Horizonte (MG), 600 pessoas estão reunidas em frente ao Banco de Desenvolvimento de Minas para reivindicar o reconhecimento dos atingidos do Espírito Santo e Minas Gerais

Cerca de 600 atingidos da Bacia do Rio Doce estão reunidos nesta quinta-feira (30) em frente à sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).  No local, acontece a reunião do Comitê Interfederativo (CIF), órgão que tem a função de fiscalizar e validar as ações de reparação dos danos sociais e ambientais em função do rompimento da barragem da Samarco, Vale e BHP Billiton. 

Os atingidos, organizados no Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), questionam os Governos de Minas Gerais, Espírito Santo e União uma postura em defesa dos atingidos. Um exemplo foi a aprovação de um acordo firmado pelo Estado e mineradoras para reparação dos danos, sem a participação dos principais atores do processo: os atingidos.

“Até agora nossos representantes só foram pautados pelas demandas das mineradoras. Ou seja, o órgão que deveria fiscalizar e o causador da tragédia ditam as regras do jogo. É lamentável vermos os governos ao lado das empresas. Exigimos que os criminosos fiquem longe das vítimas”, afirma Regiane Lordes, militante do MAB na Bacia do Rio Doce.

Na Bacia do Rio Doce o MAB exige que o Ministério Público Federal garanta o envolvimento dos atingidos em qualquer definição de suas vidas. No último período o MPF firmou um acordo preliminar com a Samarco, Vale e BHP Billinton, responsáveis pelo rompimento da Barragem de Fundão. Este outro acordo também não garante a participação dos atingidos.

Para o MAB, a função do Ministério Público é defender a população e não articular acordos sem um fundamento plausível para o povo. 

Espírito Santo

Os atingidos pela barragem de Fundão no Espírito Santo também estão presentes para exigir do CIF que centenas de pescadores e comunidades sejam reconhecidas. Ainda existem atingidos que não receberam os direitos emergências e passam por dificuldades básicas para a sobrevivência no estado.

No Espírito Santo a lama chegou no litoral norte e sul da Foz do Rio Doce e atingiu mais de 10 comunidades que ainda não foram reconhecidas – Segredo, Pontal Barra Seca, Urussuquara, Campo Grande, Barra Nova norte e sul, Vila dos Riachos, Barra do Riacho, Barra do Say e o território se Aracruz.

“Estamos em Belo Horizonte para exigir da CIF o reconhecimento dos atingidos das comunidades do litoral do Espírito Santo. Sabemos do poder de decisão do Comitê. Temos centenas de pescadores sobrevivendo com ajuda de familiares. Isso não é segredo, basta ir a alguma comunidade e ver a situação dos caiçaras,” ressalta militante do MAB na região.

La manifestación de los campesinos llegó este miércoles hasta la plaza del Congreso bajo la consigna “Sin reforma agraria no habrá paz”.

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Además de criticar el “manoseo político” vigente en el Gobierno de Horacio Cartes, los campesinos reiteran en esta protesta el pedido de recuperación de tierras, créditos y promoción de industrialización de la materia prima.

“¡Horacio, Horacio, fuera del palacio!” coreaban hoy los manifestantes en las calles de la ciudad y frente al Congreso, en referencia al presidente del país, Horacio Cartes.

La Federación Nacional Campesina y la Juventud del Partido Paraguay Pyahurã se encuentran entre las organizaciones que marchan por esta causa.

Miles de campesinos, llegados de todo el país, se concentraron este miércoles en el centro de Asunción, en la 24ta marcha nacional en reclamo de una “profunda reforma agraria” en Paraguay, donde el 90 por ciento de la tierra está en manos del 2,5 por ciento de los propietarios y cerca de 300.000 familias campesinas carecen de terrenos para cultivar.

Los manifestantes denuncian que el campesinado está abandonado y es permanentemente atropellado y hostigado por las fuerzas de seguridad y por poderosos empresarios que explotan grandes extensiones de tierra.

“Queremos demostrar que el campesinado sigue vivo”, dijo Teodolina Villaba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC), organizadora de la protesta, con el apoyo de otras organizaciones sociales y políticas.

“¡Horacio, Horacio, fuera del palacio!” coreaban hoy los manifestantes en las calles de la ciudad y frente al Congreso, en referencia al presidente del país, Horacio Cartes, reportó la agencia DPA.

La Federación Campesina reclama políticas de Estado para la producción, única manera que se pueda encarar un verdadero desarrollo para el país, sostienen.

“El gobierno solo habla de reelección y enmienda de la Constitución para el 2018. Mientras el pueblo vive marginado, obligado a la migración, sin escuelas, sin salud: el gobierno responde a esas necesidades con desalojos, encarcelamiento y atropellos”, denunció Villalba.

Marcial Gómez, otro de los dirigentes de la FNC, denunció que más del 90 por ciento de las tierras aptas para cultivo están en manos del 2,5 por ciento de la población y que existen unos 300.000 campesinos sin tierra en Paraguay.

“Repudiamos esa política descarada que tienen los partidos con representación parlamentaria para mantener sus privilegios y sus intereses, porque no se debaten los problemas de fondo de nuestro país, sino a quién se va a reelegir, quién va a tener su bancada, qué cargo va a ocupar”, cuestionó Gómez.

En opinión de la FNC se necesita una inversión del 4,5 por ciento del Producto Interno Bruto de Paraguay (PIB), que ronda los 29.000 millones de dólares, para invertir durante 10 años y solucionar los problemas más graves del campo.

Las columnas de campesinos llegaron desde diferentes ciudades del país y permanecerán en Asunción hasta mañana, bajo la consigna “Sin reforma agraria no habrá paz”.

La Marcha del Campesinado Pobre, que se celebra desde hace 24 años, llevó a la capital a campesinos de 11 de los 17 departamentos del país, que reclamaron tierras y asistencia técnica para cultivar, y una política de precios más justa para vender sus productos.

Brasil do Fato

Maranhão – en la región norte de Brasil –, tiene cerca de un millón de analfabetos, casi 20% de su población, según los datos más recientes del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La situación se agrava en el medio rural, donde el índice sube a aproximadamente 40%. Estos números dejan el estado apenas atrás de Piauí y Alagoas – en la región nordeste del país – en la tasa de analfabetismo en Brasil, según la Investigación Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD) de 2013.

Debido a ello, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Terra (MST) coordinó un curso de alfabetización de jóvenes y adultos en el estado de Maranhão a lo largo de todo el año de 2016, desarrollado por medio de una asociación con el gobierno del estado a partir de una propuesta del propio MST, tornándose la principal referencia de la Jornada de Alfabetización desarrollada por el gobierno Flávio Dino (PCdoB).

A lo largo de ese período, más de 7 mil personas fueron alfabetizadas por medio del método cubano “Yo si puedo!”. El proyecto se propuso actuar en los 30 municipios con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo de Maranhão. La asociación con el MST se dio inicialmente en ocho de estos municipios: Aldeias Altas, Agua Doce do Maranhão, Santana do Maranhão, Gobernador Newton Bello, São João do Caru, São Raimundo do Doca Bezerra, Jenipapo dos Vieira y Itaipava do Grajaú.

En términos absolutos, fueron muchas las personas alfabetizadas en ese proceso. Mas casi nada en términos porcentuales, ya que representa menos de 1% de la demanda de Maranhão. Por eso, la meta es doblar la cantidad de personas alcanzadas en el estado en 2017, ya que a finales de febrero los representantes del gobierno garantizaron esa ampliación.

“Yo nunca había estudiado, nunca había tenido la oportunidad, ahora quiero más”, afirma Manoel Vieira de Sousa, 67 años. Don Manoel, con los ojos iluminados, entre feliz y orgulloso, insistió en escribir algunas palabras para demonstrar su reciente aprendizaje. Sin embargo, hasta llegar a este momento, mucho esfuerzo tuvo que ser empeñado. “Al comienzo, la dificultad fue grande, yo no sabía nada, no conocía las letras”, explica el campesino, hablando de las primeras aulas, comentando también sobre la alegría de su esposa, al verlo leyendo. “Ella quedó muy, muy animada”, cuenta.

Esa fue apenas la segunda vez que la experiencia de «Yo si puedo» ocurrió en Brasil fuera de los asentamientos del MST. La primera fue en Ceará – región nordeste –, en la periferia de la ciudad de Fortaleza. Según Simone Silva Pereira, dirigente del MST en el estado, ese tipo de trabajo, fuera de las bases del movimiento, “es un paso en un proceso de emancipación de la clase” como un todo.

Simone explica que el programa no se resume apenas al proceso de alfabetización. “Las personas discuten sobre alimentación saludable, el problema de la violencia contra la mujer, la necesidad de que todos continúen estudiando. En el proceso fue construida toda una agenda de reivindicaciones”, destaca. Para ella, las personas involucradas “vencen la descreencia y recuperan la esperanza”.

Es lo que cuenta, por ejemplo, la educadora Alexandrina Silva Lima, del municipio de Santana do Maranhão, que en este proceso alfabetizó a su madre de 65 años, una tía, además de otras 13 personas. Alexandrina dice que el sentimiento de vergüenza es común entre las personas que no saben leer y escribir, y ese es uno de los primeros obstáculos a ser superado. “Es el miedo de volverse chacota”, explica. En su caso, ella montó la sala de aula en casa, con mesas y sillas que no estaban siendo utilizadas por una escuela. Eso facilitó el acceso de las personas de su familia. “En casa ellos estaban más a gusto”, dice la educadora.

Para la ejecución del proyecto fueron contratados 702 alfabetizadores y 71 coordinadores, que formaron 628 clases y trabajaron bajo el mando político pedagógico del MST. En el acuerdo realizado, el gobierno proveyó la estructura y la logística, mientras el movimiento garantizó el método, la movilización y la coordinación general. En cada uno de los ocho municipios había, permanentemente, dos representantes del MST, acompañando de cerca cada detalle del proceso.

Sala de clase en el municipio de São Raimundo| Foto: Juliana Adriano

Dificultades

Sin embargo, no todo caminó conforme lo planeado. Algunos obstáculos colocaron mayores desafíos en el desarrollo del programa, como la propia dificultad de llegar a los poblados. En algunos casos solo es posible llegar en moto o carro con doble tracción, lo que dificultaba inclusive el transporte de los aparatos de TV, utilizados en las aulas. Sumase a ello las lluvias, vías en mal estado, ausencia de locales adecuados para instalar salas de aula, la necesidad de los educandos de conciliar el estudio con el trabajo, los hijos pequeños de algunos, el cansancio por el oficio en la roza, la descreencia generalizada en el servicio público, la desmotivación inicial de muchos, entrabes burocráticos y, en el caso de algunos indígenas, hasta la comunicación entre educadores y educandos por causa del idioma.

El relato de algunas educadoras apunta que algunos tenían dificultad hasta para sostener el lápiz. Además de la dificultad de leer y escribir, muchos tienen problemas de vista. La planificación preveía comenzar las aulas solamente después de la llegada de los lentes. Hubo atraso en la entrega, por parte del poder público. En algunos casos, la espera duró cuatro meses, y algunas aulas tuvieron que comenzar sin los lentes, con los alumnos reclamando de dolor en los ojos al forzar la vista durante los estudios.

Todavía, el saldo positivo superó las dificultades enfrentadas de las más diversas formas. En Itaipava do Grajaú, por ejemplo, el albañil Emanoel Alves dos Santos, de 37 años, cuenta que su alfabetización sirvió de gran estímulo para sus dos hijos que están cursando el enseñanza media y fundamental.

La intención central del programa, sin embargo, es que esta política de educación, sumada a las políticas de salud y generación de trabajo de más calidad de vida a la población local. “Si el agricultor está alfabetizado, él aprenderá mejor a usar las tecnologías y tendrá mejores condiciones para aumentar su productividad y mejorar su renta”, explica el secretario de estado de agricultura familiar, Adelmo Soares.

Metodología

En general, son necesarios apenas cuatro meses para que la persona aprenda a leer y escribir por el método de alfabetización “Yo si puedo!”. En un primer momento, los educandos tienen la ayuda de vídeo aulas por medio de una tele dramaturgia (telenovela).

Después de los cuatro meses el proyecto avanza hacia los llamados “Círculos de Cultura”, una metodología de educación popular basada en las propuestas del educador Paulo Freire. En esa fase, hay cuatro temas básicos que orientan el aprendizaje: cultura, trabajo, participación política e historia.

Las salas de aula son instaladas donde es factible. Además de escuelas públicas, clubes, asociaciones, sindicatos, terreiros de cultos afros, salones de iglesias cristianas, espacios comunitarios de aldeas indígenas, casas de educandos y de educadores y hasta bares se vuelven salas de aula. En Santana do Maranhão, por ejemplo, la educadora Maria del Socorro Costa Saraiva, entre idas y venidas, recogía a algunos de sus educandos en moto y los llevaba hasta el local donde hacían el proceso de formación.

Para Lizandra Guedes, militante del MST y una de las coordinadoras de la jornada, ha ocurrido una verdadera minga con este proceso. “Esa ha sido la realidad en todos los municipios donde acontece el programa. La Jornada de Alfabetización se volvió una jornada de solidaridad por el acto de leer y de escribir. Muchos sujetos se han sumado”, apunta.

En el municipio Jenipapo dos Vieiras, por ejemplo, que tiene el 6º peor IDH del estado, la jornada alcanzó 30% de la población analfabeta. Allá fueron formadas 72 clases, 24 de ellas en aldeas indígenas. En algunas, parte de los habitantes ni siquiera sabían hablar portugués. De esa forma, el “Yo si puedo” fue un curso para aprender a hablar, leer y escribir en un nuevo idioma. Tereza Paiva, asistente social y militante del MST, explica que el papel de los educadores en este caso era “dar acceso al saber sin alterar la cultura”.

Era común en las aldeas indígenas de Jenipapo dos Vieiras la búsqueda de los caciques por las clases, ya que varios de esos lugares no tienen enseñanza regular. Según Tereza, en un curso de 15 alumnos matriculados, más de 20 personas asistían a las clases, entre adultos y niños indígenas. En la Aldea Kriuli, el pequeño Hamilton Guajajara, de 10 años, que nunca había ido a la escuela y que comenzó a frecuentar las aulas apenas para acompañar a su padre, en cuatro meses ya pasó a escribir su nombre y el de los colegas.

Entre una historia y otra, Tereza Paiva evalúa que “en el método convencional el individuo aprende a leer y escribir en un período medio de un año de actividad escolar. Con el método utilizado en Maranhão en cinco meses se alcanza ese nivel, estudiando apenas dos horas por día.”

De los 9.492 educandos matriculados en el «Yo si puedo!», aproximadamente 75% fueron efectivamente alfabetizados, lo que totalizó los más de 7 mil jóvenes, adultos y ancianos que tuvieron la oportunidad de enfrentar el desafío de vencer el analfabetismo.

Un ejemplo de ese éxito es contado por Tereza, cuando en un poblado de Lagoa do Coco, en Jenipapo dos Vieras, una profesora lloró al ver un padre, recién-alfabetizado, muy emocionado, consiguiendo escribir la primera carta para su hijo, que vive fuera de Maranhão.

En el mismo municipio, uno de los 72 cursos pidió toga para la graduación del programa. Aunque no había presupuesto para eso, la fiesta igual tuvo lugar. Con los pocos recursos levantados por la clase, los alumnos improvisaron los birretes a partir de goma EVA (fomix) e hicieron las togas con textil no tejido (TNT). Después de la graduación, los educandos, ya sabiendo leer y escribir, volvieron realidad el deseo de lanzar los birretes hacia arriba, siguiendo una tradición de escuelas y universidades del mundo.

Educando lee su carta para la clase de alfabetización en São Raimundo| Foto: Juliana Adriano

Próximos pasos

Los próximos dos meses serán de movilización y preparación de educadores y coordinadores para una nueva etapa del programa. El secretario estadual de Educación, Felipe Camarão, afirmó que el proceso para la próxima etapa del programa ya está bien avanzado.

Según él, algunos de los municipios que participaron en la primera etapa también pueden tener como meta la superación real del analfabetismo. Uno de ellos, según el secretario, es Aldeas Altas – que en la primera jornada redujo en 35% el número de analfabetos.

Edición: Luiz Felipe Albuquerque | Traducción: Pilar Troya

“Desde nuestro rincón de lucha: Memorias de una década de injusta prisión”, libro que recoge cartas escritas y recibidas durante el proceso judicial que condenó a pena carcelaria a seis dirigentes campesinos de Paraguay, será lanzado este viernes 31 de marzo a las 18:30 horas en el Patio Leonor de la Manzana de la Rivera, sobre Ayolas 129 y Benjamín Constant.

Esta actividad se realiza en el marco de la Campaña “Libertad a los Seis Presos Políticos”: Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera, quienes fueron acusados injustamente y condenados a 35 años de prisión en el caso Cecilia Cubas, en 2012.

Las cartas son el medio que estos dirigentes campesinos y, sobre todo, educadores populares, encontraron para comunicarse con la sociedad y seguir realizando trabajo político e intelectual para contribuir con el análisis de la coyuntura social del país, lo que demuestra que, si bien los han privado de su libertad física, el compromiso con la emancipación de la clase trabajadora y campesina continúa firme.

El libro contiene además las memorias de los diez años de inicio de su proceso (2006-2016). También autobiografías y artículos que los muestran con un rostro más humano, contrario a la difundida por los medios empresariales, que sirven para conocer y entender las irregularidades que llevó a estos campesinos a la condena política y, en su momento, mediática. Los mismos también son dirigentes políticos, lo cual es un dato no menor, ya que se les condenó judicialmente por su pertenencia a un partido de izquierda.

En todo este tiempo, primero desde el Complejo Penitenciario Federal Villa Devoto de Buenos Aires y luego del pedido de extradición, desde el penal de Tacumbú en Asunción, estos luchadores sociales han escrito varias misivas, pero también han recibido por el mismo medio mensajes de aliento y esperanza de distintos organismos y representantes de Derechos Humanos que se solidarizaron y se comprometieron con su causa.

La introducción cuenta con tres miradas diferentes: el sacerdote Francisco de Paulo Oliva, desde una posición más redentora y sensibilizadora; la conocida defensora de los derechos humanos Claudia Korol habla desde un acompañamiento más cercano a través de la experiencia pedagógica de la Escuela Soledad Barrett, habilitada en Tacumbú; y una visión jurídica más profunda del caso a cargo de la comunicadora Cecilia Rodríguez.

Este material está dirigido a quienes quieren informarse más sobre el caso y, sobre todo, a la juventud militante de las organizaciones y movimientos populares como un aporte para entender que lo ocurrido en la masacre de Curuguaty de 2012, o en la violentamente desalojada comunidad de Guahory y en otros muchos lugares, no son situaciones aisladas, sino que forman parte de un mismo proyecto de criminalización de las luchas sociales.

Porque a Reforma da Previdência é um golpe nos nossos direitos, principalmente para as mulheres do campo. 

Nesse vídeo, o economista Guilherme Delgado elucida algumas dessas questões.

Em Rondônia, camponeses e camponesas do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), trabalhadores e trabalhadoras Da e Na Educação do Estado estão nas ruas entre ontem, 27/03 e hoje 28/03 estão em luta Contra a Reforma da previdência proposta pelo governo não eleito de Michel Temer.

As manifestações estão sendo organizadas pelo SINTERO – Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia, com a participação e construção das organizações que compõe a Via Campesina, entre elas o MPA e MST.

Nota relacionada: O Campesinato Não É O Parasita Da Previdência

Ato contra a Previdência. Foto: MPA

Ontem, 27, foram realizadas manifestações em pelo menos 6 municípios, hoje, 28, são mais de 7 manifestações somadas ao ato na Capital do Estado, Porto Velho, onde também tem uma equipe de negociação com o Governo do Estado, na pauta, a Educação e a Retirada de Direitos, Contra a Reforma da Previdência e demais pautas locais ligadas a educação e aos servidores estaduais. O ato na capital é composto por representantes das organizações que estão em luta deste ontem, vindos de todas as regiões do Estado.

Em Alto Paraíso, Alta Floresta, Ouro Preto do Oeste, Cacaulândia, Porto Velho e Ariquemes e diversos outros lugares estão sendo realizadas, manifestações e audiências públicas que ocorreram desde a semana passada com a participação de vários movimentos sociais, da CUT e dos Sindicatos.

Em RO motoqueiras e motoqueiras somam-se a manifestação. Foto: MPA

“Já teve manifestação em 3 Câmaras de Vereadores, com repudio contra a Reforma da Previdência, que foram as Câmaras de Vereadores de Alta Floresta, Alto Paraíso e Ariquemes e a prefeitura de Ouro Preto do Oeste declarou paralisação ontem e hoje (27 e 28), só não no serviços de saúde, os demais serviços estão paralisados ontem e hoje em repúdio a Reforma da Previdência proposta por Temer”, relata Leila Denise, camponesa e dirigente do MPA.

Por Comunicação MPA

Datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, CPT, señalan que desde 1985, 1.833 campesinos y líderes de la lucha por la reforma agraria fueron asesinados en conflictos; el latifundio creció en un 375%.

El año 2016 dejó una marca de retrocesos por todo el país. En el campo, la situación no fue distinta: el número de asesinatos causados en los conflictos por la tierra retrocedió 13 años. Con 60 muertes (un 20% más que el año anterior), 2016 se convirtió en el año más violento en el campo desde 2003, cuando 71 personas fueron asesinadas por luchar por la reforma agraria y por sus territorios tradicionales, según el informe Conflictos en el Campo de Brasil en 2016, realizado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

Como en los años anteriores, la violencia se concentró en los alrededores de la Amazonía. De los 60 asesinatos, 49 ocurrieron en esta región. Rondônia fue la provincia más violenta, con 21 muertes. Maranhão se quedó en segundo lugar, con 13 asesinatos. La provincia de Pará, antigua líder del ranking, figuró en el tercero con 6 muertes. Tocantins sumó 3 asesinatos y Amazonas, Alagoas y Mato Grosso tuvieron 2 muertes. En la secuencia de regiones con más conflictos agrarios aparecen el Nordeste; Centro-Oeste; Sudeste y, para finalizar, la región Sur.

Según el informe, las disputas por la tierra y por los recursos hídricos son las principales causas de la violencia en el campo. La intensificación de los conflictos está situada donde hay expansión del agronegocio, de las minerías y de grandes obras de infraestructura.

Entre las victimas están indígenas, líderes quilombolas[1], campesinos y sindicalistas. El estudio de la CPT destaca tres casos emblemáticos: los asesinatos de la activista Nilce de Souza Magalhães en Porto Velho (RO); del campesino Ivanildo Francisco da Silva en Mogeiro (PB) y del indígena Clodiode Aquileu de Souza en Caarapó (MS).

(Nilce, compaera que denunciaba las violaciones relacionadas con la construcción de la usina de Jirau en Porto Velho, fue asesinada en enero del año pasado).

El asesinato de Nilce, integrante del Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB), fue el caso más impactante. Nilce, que era conocida por su liderazgo en la militancia contra las violaciones atribuidas a la construcción de la usina hidroeléctrica de Jirau, desapareció el 7 de enero de 2016. Cinco meses más tarde (a mediados de junio) su cuerpo fue encontrado con las manos y los pies atados a piedras en el fondo del lago de la represa controlada por la usina, a sólo 400 metros de distancia del campamento de pescadores donde vivía en Mutum. Las dos hijas de Nilce reconocieron el reloj y las ropas de su madre.

“Es fácil de entender si miramos el mapa del deforestación de la Amazonia Legal: Rondônia está en áreas de expansión, que velozmente avanzan para adentrar otros espacios.”

Otro asesinato impiedoso y que tuvo bastante repercusión nacional ocurrió en el campo de la provincia de Paraíba, región de importancia histórica para las luchas campesinas en Brasil. Ivanildo Francisco da Silva, de 46 años y del asentamiento Padre João Maria, fue asesinado el 7 de abril con un tiro de espingarda calibre 12 en la cabeza, en su casa de la zona rural del municipio de Mogeiro. Estaba junto a su hija de 1 año. El cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por su mujer. La criatura estaba al lado del cadáver, llorando y manchada de sangre. En 2015 Ivanildo y otros asentados ya habían sido víctimas del conflicto armado financiado por los propietarios de las tierras de la región. En aquella época, siete pistoleros fueron apresados, pero liberados después de pagar la fianza.

En junio, el asesinato del joven Guarani Kaiowá Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, cerca del municipio de Caarapó, en el interior de Mato Grosso do Sul, agudizó la disputa entre indígenas y los grandes terratenientes de la región. Los Kaiowá ocuparon la reserva Tey’ikue, donde está la finca “Yvu”, para revindicar sus tierras ancestrales (identificadas y delimitadas por el estudio publicado por la Fundación Nacional del Indio – Funai), cuando fueron rodeados por 70 terratenientes armados y encapuchados que dispararon con munición letal, según el hospital y testigos oculares. El joven agente de salud murió y otros cinco indígenas, entre ellos un niño, resultaron heridos.

Los métodos de los grandes terratenientes para intimidar a las comunidades indígenas en la región no se limitan al conflicto armado. En julio el Primer Tribunal Federal de Dourados concedió una medida cautelar en favor de la comunidad indígena local, prohibiendo a las haciendas del entorno de pulverizar agrotóxicos –con aviones u otros medios- a menos de 50 metros de las reservas. El caso se arrastraba desde 2008, cuando los indígenas ganaron ante la Justicia el derecho de ocupar el área de la reserva legal de dos inmuebles rurales y vieron a los terratenientes sustituir los tractores por los aviones, para pulverizar sus plantaciones de soja y arroz.

LOS PRINCIPALES FACTORES DE LA VIOLENCIA EN EL CAMPO

Entre 1964 y 2016 el número total de asesinatos en el campo fue de 2.507 hombres y mujeres en las regiones de Brasil, según los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, que recoge sistemáticamente los datos desde 1984, y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que reunió los datos anteriores a 1986. Al largo de este periodo, uno de los momentos más violentos fue la década de 1980, cuando el país se reencontró con la democracia. La década está marcada por la fundación del MST y por el aumento de las movilizaciones sociales y las luchas por democratizar la tierra.

Después de la restauración del poder civil, entre 1985 y 2016, la CPT registró 1.833 asesinatos en el campo. En otras palabras, hubo tres veces más registros de muertes derivados de conflictos en el campo al largo del periodo democrático que en los años anteriores a la redemocratización. Eso no significa que ocurrieron más muertes en el periodo democrático, si no que antes los registros eran más precarios, solo evidencia la relevancia de los conflictos desde 1985.

Indígena enseña los cartuchos recogidos después del ataque de los terratenientes. Foto Ruy, divulgación.

En los años 1990 el número de muertes disminuyó. En 2000 fueron registrados 21 asesinatos. ¿Cómo explicar entonces que los asesinatos se hayan duplicado en 2015 (50 muertes) y triplicado en 2016?

Para Thiago Valentim, de la coordinación nacional de la CPT, hay tres factores principales para el aumento de los conflictos. Primero: la impunidad, pero aquella “relativa a los conflictos en el campo, ya que nuestro sistema penitenciario es uno de los que más encarcelan”, enfatiza. Segundo: el desmantelamiento de los órganos públicos y la ausencia de una política de Estado dirigida a la democratización de la tierra. Valentim recuerda que en los últimos años hubo poca inversión en la reforma agraria, “llegando al punto de que hubo años en los que el gobierno no expropió ninguna tierra”.

Es por eso por lo que los conflictos aumentan, concluye el coordinador. Porque existen comunidades en lucha y cuando los gobiernos no actúan, “los movimientos son los que conflictúan directamente con el latifundio”. El tercer factor identificado por Valentim es la expansión del agronegocio, “el avance de grandes corporaciones económicas en el campo y de grandes obras de infraestructura”, que desean el territorio de las comunidades tradicionales por la riqueza que contiene.

“En la región mataron a cuatro trabajadores y hasta ahora ninguna investigación se ha concluido. Los autores de los homicidios son policías civiles y militares que actúan en la región”.

El secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionario (Cimi), Cleber César Buzatto, entiende que la principal causa de la violencia contra los indígenas es la lentitud y la paralización de los procedimientos administrativos de demarcación de las tierras: “Este factor contribuye en mucho el aumento de la tensión y de los conflictos entre los pueblos. Otro aspecto es una mayor organización y una actuación más articulada, sistemática y violenta por parte del agronegocio, en el ataque a los derechos de los pueblos. La actuación de la bancada ruralista en los últimos años ha sido intensa, utilizando instrumentos legislativos contra los derechos indígenas, como la PEC 215 (proyecto de autoría del diputado Almir Moraes de Sá, del PR, de Roraima, que trasfiere del Ejecutivo para el Legislativo la palabra final sobre la demarcación de tierras indígenas). Muchos diputados están haciendo discursos de odio y de incitación a la violencia contra comunidades tradicionales y organizaciones de apoyo, y eso hace que crezca la acción armada contra liderazgos indígenas y sus aliados”, resalta Buzatto.

Según las cuentas del secretario ejecutivo del Cimi, entre 2015 y 2016 hubo más de 30 ataques armados por parte de paramilitares y mandatarios, comandados por los grandes terratenientes.

Según João Peres, autor del libro “Corumbiara: caso enterrado” (editora Elefante) sobre la masacre de campesinos en la hacienda Santa Elina en 1995, no es de hoy que Rondônia figure entre las provincias más violentas. “Las muertes tienen dos causas: acción y omisión del Estado. En la acción, se destaca la creación de las dos hidroeléctricas-hermanas (Jirau y Santo Antônio), que incentivó la deforestación, abriendo así espacio para la formación de condominios de despojo forestal en los cuales el Estado tiene dificultad y hasta teme adentrarse”, considera. “También es posible destacar la especulación de tierras estimulada por la posibilidad de asfaltar la carretera BR 319, exactamente donde algunos liderazgos emblemáticos fueron asesinados”.

Peres destaca que los asesinatos ocurrieron específicamente donde hay intensa explotación de madera y poca fiscalización: “Es fácil de entender si miramos el mapa de deforestación de la Amazonia Legal: Rondônia está en áreas de expansión, que velozmente avanzan para adentrarse en otros espacios. Por eso asesinaron a personas en el Vale do Jamari, que parece haber sustituido en este siglo al Cono Sur de Rondônia, como la área más peligrosa de la provincia. La investigación insatisfactoria alimenta la violencia contra los movimientos.  Como son los dueños de las tierras quienes comandan a las estructuras institucionales, es evidente que el Estado no actuará en favor de la resolución de los casos, al revés, trabajará para que estén impunes”.

El autor recuerda que durante la dictadura, Rondônia atrajo latifundistas y sin-tierras y esa mezcla “sigue siendo explosiva”, incluso después de cinco décadas del “boom” migratorio.

PRISIONES Y PERSECUCIONES

La violencia en el campo registrada en 2016 no empezó ni terminó en este año. Persecuciones políticas y prisiones arbitrarias recuerdan a la dictadura de 1964, que vuelve a ser evocada en el presente. En noviembre de 2016, en una acción de la Policía Civil de Paraná bautizada de “Operación Castra”, ocho integrantes del MST fueron presos en la región de Quedas do Iguaçu. Acusados de pertenecer a una organización criminal y de “extorsionar asentados”, los campesinos fueron detenidos y siguen encarcelados.

Según Geani Paula, coordinadora del Movimiento en Paraná, las razones presentes en el decreto de prisión “son acusaciones sin vinculación con la realidad”. La región está marcada por conflictos desde 2014, cuando aproximadamente 3 mil familias ocuparon las tierras pertenecientes a la empresa Araupel. Las áreas fueron caracterizadas como “griladas”[2] y declaradas por la Justicia Federal como tierras públicas, pertenecientes a la Unión  y que, por lo tanto, deberían ser destinadas a la reforma agraria.

“En la región ya mataron cuatro trabajadores y hasta ahora ninguna investigación fue concluida. Los autores de los homicidios son policiales civiles y militares que actúan en la región”, lamentó Paula.

CONCENTRACIÓN Y FALTA DE DEMOCRATIZACIÓN DE LAS TIERRAS

La democratización de las urnas no llegó con la misma velocidad en el campo. Según el informe “Terrenos de la Desigualdad – Tierra, agricultura y las desigualdades en el Brasil rural”, elaborado por Oxfam Brasil (organización vinculada a la Universidad de Oxford y presente en 94 países), la concentración de tierras es el principal motivo de la violencia en el campo. Actualmente menos de 1% de los grandes propietarios concentran un 45% de toda la área rural, mientras los pequeños propietarios (con menos de 10 hectáreas) ocupan menos de 2,3% de la área rural.

El informe, publicado en enero de este año por el Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (Nera), vinculado a la Universidad Estadual Paulista (Unesp), refuerza el problema de aumento de la concentración de tierras en Brasil. Según el estudio, las áreas ocupadas por latifundios crecieron un 375% en los últimos 30 años. La investigación calcula el crecimiento de propiedades con más de 100 mil hectáreas desde 1985.

Para los investigadores la reforma agraria sigue un ritmo más lento que la expansión del agronegocio, que viene ampliando su territorio a través de la “grilagem” y de la extranjerización de tierras. La investigación indica por lo menos 23 países dueños de tierras en territorio nacional, destacándose los Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia y Argentina. “Las principales inversiones son en commodities: soja, maíz, canola, colza, sorgo, caña de azúcar y el monocultivo de árboles, además de la producción de semillas transgénicas”, detalla el informe.

NUEVAS FRONTERAS AGRÍCOLAS, NUEVOS CONFLICTOS

Según Thiago Valentim de la CPT, los conflictos se agudizan con más fuerza en la región Norte porque “el avance del capital allí es mayor y por ser una área muy rica, donde las empresas compran grandes parcelas de tierra”. Él también alerta de otra área muy deseada y que explica el aumento de los conflictos en Nordeste: el Plan de Desarrollo Agropecuario de Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahia).

Valentim considera la región un ejemplo nítido del ataque contra las comunidades tradicionales, que antes avanzaba en el Norte y ahora también se expande de manera más articulada a otras regiones del país. El informe de la CPT registró decenas de casos de violencia en Matopiba, como el conflicto armado, la destrucción de las casas y plantíos, expulsiones, amenazas de desalojo y obstrucción del acceso al agua.

TIERRA MANCHADA DE SANGRE

Más de 2,5 mil hombres y mujeres fueron asesinados entre 1964 y 2016 en todas las regiones de Brasil, según las investigaciones de la Comisión Pastoral de la Tierra y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). La década de 1980, periodo de redemocratización del país, coincide con el empeoramiento de la violencia en el campo, con asesinatos de liderazgos bajo el orden de los terratenientes, minerías y grandes corporaciones. A pesar de eventuales acusaciones de los pistoleros, los mandantes pocas veces fueron aprehendidos por la Justicia.

En 17 de abril de 1996, 19 trabajadores rurales sin-tierra fueron asesinados por la Policía Militar en un episodio que se quedó mundialmente conocido como Masacre del Eldorado de Carajás, ocurrido en el sudeste de Pará. Los trabajadores del MST hacían una caminata hasta la ciudad de Belém cuando la policía les impidió continuar. Más de 150 policías (armados con fusiles, municiones reales y sin identificación en sus trajes oficiales) fueron convocados para interrumpir la caminata, lo que conllevó en una acción represiva extremadamente violenta. Dos décadas después, dos comandantes de esta operación han sido condenados: el coronel Mario Colares Pantoja, condenado a 258 años, y el mayor José Maria Pereira de Oliveira, condenado a 158 años. Ambos están presos desde 2012. Las evidencias de participación de la Vale do Rio Doce (que en aquél entonces todavía era una empresa estatal) en el transporte de las tropas desde Paraupebas y Marabá, por medio del autobús de la empresa Transbrasiliana, nunca fue investigada.

El administrador de Transbrasiliana -que recibió el orden y el dinero- se llama Gumercindo de Castro. El funcionario de la Vale que contrató los servicios se llama James. “¿Cómo explicar que una empresa estatal contrate a una empresa particular para transportar tropas de la Policía Militar convocadas para deshacer una manifestación pública?”, cuestiona Eric Nepomuceno, autor del libro: “O Massacre: Eldorado dos Carajás: Uma história de impunidade” (Ed. Planeta).

Memorial Chico Mendes/Divulgación

Francisco Alves Mendes Filho (Chico Mendes), líder del movimiento cauchero y presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Acre, fue asesinado a los 44 años el día 22 de diciembre de 1988 en Xapuri, con tiros de escopeta por Darci Alves, bajo el orden del terrateniente Darli Alves. En 1990 ambos fueron condenados a 19 años de prisión, pero huyeron de la prisión en 1993, fueron recapturados tres años después. Se beneficiaron de progresiones para regímenes penitenciarios domiciliar y semiabierto.

CPT/Divulgación

La misionaria norteamericana Dorothy Mae Stang, activista de los derechos socioambientales y defensora de un proyecto de sostenibilidad para la Amazonía, fue asesinada a los 73 años, el 12 de febrero de 2005 en el interior de Anapu, en los márgenes de la Transamazónica en Pará. La religiosa naturalizada brasileña vivía en la región desde la década de 1970 y luchó por la creación de la reserva Esperanza, un proyecto del Incra[3], donde fue capturada por pistoleros. Dos de los mandantes del crimen, Vitalmiro Bastos de Moura y Regivaldo Pereira Galvão, están en libertad. Clodoaldo Batista y Rayfran das Neves Sales, quienes ejecutaron el crimen, fueron condenados a 18 y 27 años de prisión respectivamente.

Greenpeace/Felipe Milanez

La pareja de agricultores José Claudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo da Silva, fue asesinada en la mañana del 24 de mayo de 2011, en Nova Ipixuna, sudeste de Pará. El día 6 de diciembre de 2016, el Tribunal de Belém condenó a 60 años al terrateniente José Rodrigues Moreira, quien ordenó los asesinatos. Zé Claudio y Maria eran ambientalistas y extractivistas y denunciaban la apropiación ilegal de las tierras y la deforestación ilícita en el interior del asentamiento agroextractivista de la localidad.

Escrito por: Cauê Seigner Ameni (De Olho nos Ruralistas)

Traducido por: Amanda Verrone

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NOTAS DE LA TRADUCTORA

[1] Identidad referente al “quilombo”, término derivado del kimbundu, lengua africana perteneciente a la familia lingüística Bantu, comprendida en la actual región de Angola. En Brasil la palabra fue re-semantizada, a través de los aparatos represivos destinados a capturar personas o grupos que huían de la esclavitud. En la legislación colonial brasileña se llamaba “quilombo” a cualquier grupo con más de cinco personas negras que fuesen encontradas juntas. “Quilombolas”, por lo tanto, son las personas que históricamente expresan la resistencia negra desde el Brasil esclavista.

 

[2]Apropiación ilegal de tierras. “Grilagem” constituye una antigua práctica de envejecimiento de documentos de certificación de propiedad falsificados, con el objetivo de obtener la posesión de parcelas de tierra. El término tiene origen en la práctica de colocar los documentos falsificados en una caja con grillos. Con el tiempo, la acción de los insectos les daba a los documentos un aspecto envejecido, configurando antigüedad y, por lo tanto, aparente autenticidad.

[3]Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria

Fuente: mst.org.br

Un estudio publicado por Oxfam revela supuesta red de corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de contratos y permisos de operación al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. El documento, denominado Hechos y Circunstancias Alrededor del Asesinato de Berta Cáceres Flores, resume argumentos legales para solicitar la clausura definitiva del proyecto.

El Proyecto Agua Zarca es una iniciativa que impulsa la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) desde el año 2009. A tan solo ocho meses de su constitución, DESA suscribió contratos de operación con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica.

Como primer vicio de nulidad, el estudio señala que la SERNA otorgó la concesión y la licencia ambiental a favor de Agua Zarca sin que cumpliera con la consulta previa, libre e informada en los términos que dispone el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.

Asimismo, la SERNA concedió ilegítimamente un incremento al volumen de aprovechamiento de aguas nacionales del río Gualcarque, así como una ampliación de 20 años sobre el Contrato de Operación del proyecto hidroeléctrico sin la aprobación del Congreso Nacional.

Según establece el artículo 205 de la Constitución de la República, el Poder Legislativo es el único órgano encargado de aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales, o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno.

A la fecha los juzgados de lo penal han dictado prisión preventiva a ocho personas por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres. De éstas, cuatro sostienen nexos militares y uno es empleado de DESA, lo que vuelve necesaria la ampliación de la investigación hacia posibles autores intelectuales, cómplices y encubridores.

El informe refiere, además, que una investigación conjunta de los casos –proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y el asesinato de Berta Cáceres– posibilitaría la obtención de resultados definitivos y concretos. Actualmente ambos casos se manejan en fiscalías y unidades diferentes. Por su parte, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural no dispone de las herramientas requeridas para profundizar en sus investigaciones.

Con base en los actos de corrupción denunciados en el estudio, Austra Berta Flores, madre de la líder ambientalista Berta Cáceres, presentó ayer ante la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) una petición para que se investigue esa supuesta red de corrupción que opera en la concesión de proyectos hidroeléctricos y extractivistas.

“Son argumentos válidos para exigir la anulación del permiso de operación de la empresa DESA en el río Gualcarque, y para que la investigación alcance a todos los niveles implicados en el asesinato de mi hija”, sentenció Austra Berta Flores.

La familia de Berta Cáceres –liderada por Olivia Zúniga Cáceres, Salvador Zúniga, Austra Berta Flores y sus cuatro hijos– presentó hoy la evidencia documentada en el informe ante el Ministerio Público. Y, a la vez, solicitó una investigación formal de los contratos otorgados por el Estado de Honduras a favor de la empresa DESA.
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Hechos y Circunstancias Alrededor del Asesinato de Berta Cáceres Flores está disponible en: http://oxf.am/ZE4S

João Pedro Stedile, líder del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, emitió un mensaje al pueblo Ecuador respecto a las elecciones presidenciales del 2 de abril y la expectativa desde América Latina frente a los resultados.