Autor: clocvc

23 de junio de 2016

Hoy Día del Campesino, en días festivos donde nuestro mundo indígena celebra el Año Nuevo Andino, se cumplen 47 años de la Reforma Agraria sucedida en nuestro país. Con la Ley N° 17716, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el Gral. Juan Velasco Alvarado, devolvió 11 millones de hectáreas a las manos campesinas que venían siendo siervas de grandes latifundios.

Este es un hecho histórico que no sólo reinvidicó la posesión de los territorios ancestrales, también dignificó el rol económico, social y cultural de las familias campesinas como descendientes y herederos de aquellos pueblos indígenas y originarios asentados desde antes de la llegada de la corona española. A partir de ese momento los campesinos y campesinas fueron ciudadanos y sujetos con derechos.

En ese contexto, nace la Confederación Nacional Agraria – CNA para defender los intereses de estos pueblos y organizarlos para su intervención en la vida política del país. Sin embargo, años después, y a pesar de los intentos por desbaratar los avances de la Reforma Agraria, los beneficiarios aún están en proceso de resistencia y defensa de sus derechos. Es en este escenario en que nuestra organización expresa lo siguiente:

– No se nos deja decidir sobre el tipo de desarrollo que queremos para nuestros pueblos. El modelo económico extractivista, que sustenta el crecimiento del país, nos está despojando de nuestras tierras y acaparando los recursos naturales. Las recientes disposiciones legales del gobierno, conocidas como «paquetazos», para el incremento de las grandes inversiones, están vulnerando nuestros derechos colectivos como el de la Consulta Previa y la Autodeterminación. Demandamos la anulación inmediata de la Ley 30230, Ley 20327, DS 001 – 2015 EM, DL 1210 y DL 1192.

– La vida dentro del territorio de las comunidades campesinas está en constante inseguridad, dado que aún hay procesos de titulación inconclusos, no ha habido un adecuado saneamiento físico y legal y existen conflictos por superposición de derechos, colindancia y desmembramiento. Urge atender la seguridad jurídica territorial y contribuir con adecuados y participativos procesos legales y administrativos, además de brindar información pública sobre estas problemáticas.

– La constante presión por explotación de los recursos que hay sobre nuestros territorios ha hecho que se lleven a cabo conflictos y protestas sociales donde quién más ha salido perdiendo es el pueblo campesino. Levantar la voz ha significado muertos, heridos y procesos judiciales injustos. La política que el Estado viene aplicando para este tipo de conflictos es de criminalizar, perseguir y judicializar a todo aquel que decide protestar. Rechazamos este accionar y exigimos la derogación de la Ley 30151, ley que permite el uso de armas a las fuerzas del orden durante manifestaciones sociales.

– Demandamos la implementación de las políticas agrarias que recientemente se vienen aprobando, estás representan un avance en el reconocimiento del gran aporte que hace la pequeña agricultura familiar en la alimentación de la población peruana (se abastece a 7 de cada 10 hogares). Es menester más políticas regionales y locales que busquen desarrollar los sectores rurales y potencializar las economías locales, principales espacios donde se lleva la producción campesina.

– Nuestro país está próximo a firmar el acuerdo comercial TPP, que arriesga la soberanía nacional, pone en bandeja de grandes grupos de poder la explotación de nuestros territorios y vulnera una vez más la producción agrícola nacional. Exigimos que el TPP no sea ratificado por el Congreso de la República.
– Las políticas públicas sobre reivindicaciones culturales y sociales de nuestros pueblos, deben continuar atendiendo nuestro modo de ver la vida a través de un diálogo intercultural. Somos un país que aún tiene muchas brechas por superar, sobretodo en los sectores rurales por ser los más vulnerables.

Las organizaciones campesinas e indígenas del país estamos construyendo procesos que garanticen nuestra soberanía alimentaria y el ejercicio pleno de nuestros derechos como pueblos originarios e indígenas, agricultores y productores de la pequeña agricultura. No solo producimos los alimentos, somos pueblos con derechos individuales y colectivos y estamos construyendo nuestro propio desarrollo.

¡Viva la Reforma Agraria y las políticas que reivindican nuestros derechos!
¡Viva el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado!
¡Vivan los pueblos originarios e indígenas del Perú!

23 de junio de 2016

Colectivo Comunicación CLOC LVC

No cambien lo que somos – spot audiovisual realizado en la IV Escuela de Comunicación de la CLOC LVC en Viotá- Bogotá

Comunicación Popular, Construyendo Soberanía para nuestros Pueblos

20 de junio de 2016

Comunicar nuestra identidad es defender nuestros derechos como pueblos originarios

Mujeres y hombres, comunicadores indígenas, procedentes de pueblos originarios asentados en Apurímac, Moquegua, Cusco, Puno y Cañete, se reunieron en la Casa de la Cultura de la Ciudad del Cusco para llevar a cabo la 3ra Edición de la Escuela Indígena de Comunicación «Llipinchis Yupasunchis».

Esta es una iniciativa de la Confederación Nacional Agraria – CNA por promover el derecho a la comunicación de los pueblos originarios a partir de la reafirmación de la identidad cultural y la apropiación de medios radiales para la difusión de demandas y propuestas que se construyen desde las mismas bases regionales, conformadas en su mayoría por comunidades campesinas.

Fueron 3 días de intensa formación donde se impartieron conocimientos relacionados a: 1. Experiencias del ejercicio del Derecho a la Comunicación 2. Políticas de Interculturalidad y promoción de la Identidad Cultural, 3. Importancia y mecanismos de los censos nacionales, 4. Apuestas de los pueblos originarios para el Censo 2017 y 5. Producción radial.

A partir de un diálogo horizontal, las exposiciones fueron desarrolladas por representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI Cusco, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – La Vía Campesina, comunicadores destacados de la región y dirigencia y equipo técnico de la CNA.

Las bases participantes fueron la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco – FARTAC, la Federación Agraria Rumimaki de Puno, Federación Agraria y Campesina de la Región Moquegua – FACAREMOQ, Federación Agraria Revolucionaria de Apurímac –FARA y la Liga Agraria del Valle de Cañete – LAVC. Destacó también la participación de comunicadores de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú – REDCIP y un representante de las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas.

Lo importante de saber cuántos y cómo somos

Lo trascendendental del Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda, que se viene en el año 2017, fue arduamente debatido entre los comunicadores asistentes. Y es que este será un momento histórico para los pueblos indígenas u originarios del país, ya que por primera vez el Estado preguntará por la identidad cultural de todos los peruanos.

Para la CNA y sus bases regionales, esta es una oportunidad para visibilizar la diversidad cultural existente en territorio peruano, y a partir de allí lograr el diseño y ejecución de políticas adecuadas a la realidad cultural de los pueblos originarios. En ese sentido, Antolín Huáscar, dirigente principal de CNA, informó que se viene preparando una propuesta institucional hecha desde las bases regionales para contribuir a una mejor y pertinente ejecución del censo.

Durante el desarrollo de la Escuela, los y las participantes reflexionaron que este proceso puede ayudar a la promoción de otros derechos como el del territorio, la alimentación, la educación o la salud. También se dijo que este es un momento importante para reafirmar la identidad, que bien puede jugar a favor o en contra de los intereses de los pueblos originarios. Por eso habría que hacerle seguimiento, participar y difundir cuanta información al respecto sea posible. He allí el importante rol de los comunicadores indígenas.

El reto de mostrar quiénes somos

La experiencia de comunicación radial también fue herramienta clave para que las y los comunicadores terminaran de diseñar una campaña de sensibilización que promueva el autorreconocimiento en la población rural de la región macro sur del Perú.

La Escuela fue espacio de debate para definir mensajes, símbolos y actividades que, de acuerdo a su visión, lenguas y expresiones culturales, podrían desarrollarse en cada localidad y región de donde provienen los participantes. Lo trabajado será presentado también ante instancias nacionales para aportar al diseño de la campaña nacional que atienda la difusión de las preguntas de autoidentificación y lenguas maternas de la ficha censal.

Una herramienta clave para iniciar y posicionar la campaña es el uso del medio radial. Las bases regionales de CNA vienen realizando semanalmente programas radiales donde desarrollan su agenda de incidencia local y nacional. En esta oportunidad, las y los comunicadores asumieron tareas de difusión programática del tema censal en sus medios radiales y otros espacios mediáticos o públicos donde puedan desempeñarse.

Queda emprendido un proceso de empoderamiento de la palabra de los pueblos originarios, hacia la reivindicación de su voz, identidad y derechos.
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19 de junio de 2016

Lo que era una fiesta entre la comunidad que disfruta del fútbol local, terminó en un hecho violento, llanto y más derramamiento de sangre campesina en el país.

Esta tarde, un vecino de la Comunidad Panamá, Tocoa, Colón, acabó con la vida de dos jóvenes que pertenecían a un grupo en recuperación de tierras, y que departían en la cancha de fútbol, cuando se detonaron los disparos en medio de la población, entre ellos niños y niñas, que habitan en la región del Bajo Aguán, conocida a nivel nacional e internacional por las constantes violaciones a los derechos humanos, más de 129 muertes violentas en torno a un conflicto agrario, militarización, impunidad y la parcialización de los operadores de Justicia en cuanto a la criminalización de los y las campesinas.

Defensores y defensoras de DDHH del Bajo Aguán, lamentan el asesinato de de Allan Reyneri Martínez Perez (19) y Manuel Milla (25), miembros del movimiento campesino «Gregorio Chávez», hoy a las 4:00 p.m. informó Glenda Chávez, lideresa de la comunidad y coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA).

Según, testigos presenciales, el hechor es Denis Mejía, un vecino de la comunidad, oriundo de Olancho, quien, si bien no es de los campesinos en procesos de recuperación de tierras, tampoco había manifestado diferencias con ellos, por lo que el hecho debe ser investigado, pues se temen más ataques similares.

Pese a que los jóvenes fueron trasladados al hospital público de Tocoa, a unos 15 minutos de la Panamá, Martínez falleció en el camino y Milla en el hospital.

Ellos eran parte de un grupo que está recuperando una parcela inculta junto a la comunidad, que es de 10 hectáreas y prevén que sirva para solares donde puedan tener acceso a viviendas. La colonia fue bautizada como «26 de Mayo» y Manuel Milla era el coodinador del grupo.

Cabe señalar que esa tierra pertenece a la cooperativa Panamá pero está en poder de la empresa COFRUCO, dedicada a la producción de Naranja.
El grupo Campesino «Gregorio Chávez» surge en el 2012, cuando asesinan a su líder, de quien lleva su nombre; don «Goyo» era celebrador de la Palabra de Dios y defensor del derecho a la tierra, quien fue ejecutado en la finca Paso Aguán, custodiada por guardias de seguridad privada del palmero Miguel Facussé, por lo que la población decidió recuperar ese predio, ya que no era el primer caso de ejecución y desaparición que ahí sucedió, pero una y otra vez fueron desalojados violentamente, quedando desde hace mas de un año, bajo custodia de guardias privados y militares que rondan la región.

Hace dos meses, en esa finca, fue encontrada una calavera humana, supuestamente con tres o cuatro meses de ejecutada, pero según vecinos, tiene más tiempo. No se halló el resto de la osamenta, tampoco se ha dado informe de las investigaciones de esos paisajes de muerte en las tierras de los palmeros.

El mes pasado, dos jóvenes fueron ejecutados por militares, cerca de las tierras de los naranjales, uno de ellos era desconocido, y el otro iba para la Panamá a visitar a unos parientes.

En enero, dos menores de edad iban a buscar leña, estando en los predios de COFRUCO, unos hombres armados, los acusaron de andar robando leña, por lo que los torturaron todo el día, encapuchándolos, golpeándolos y amenazándolos a muerte con sus fusiles.
En 2014, Cristian Martínez, (hermano de Allan, uno de los asesinados hoy) fue secuestrado por guardias de la empresa Dinant (de la familia Facussé) junto a miembros de la fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, quedando esa violación en la impunidad.

Por estos hechos sangrientos, la criminalización a la protesta social y la estigmatización contra los y las defensoras de Derechos Humanos, es que la región del Bajo Aguán, continua en la mirada del mundo. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) junto a la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), denunciaron estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en abril pasado.

A inicios de Mayo, una delegación Internacional de observadores de DDHH de más de 12 países de Europa y América, que coordinó el COFADEH, con el apoyo de OXFAM-UE, visitó la zona, compartiendo con víctimas y defensores.

Entre sus conclusiones preliminares, destaca que la situación de violaciones a ddhh sigue igual o peor que en el año 2010, expresó Luís Guillermo Pérez Casas, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Hace dos semanas, 16 campesinos del Bajo Aguán, representados por el COFADEH y un ciudadano por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), fueron absueltos de lo cargos de participación en protestas públicas como meros espectadores, y daños en perjuicio del Estado de Honduras, después de cuatro años con medidas sustitutivas, desde el 21 de agosto del 2012, cuando fueron brutalmente desalojados en una protesta cerca de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa, por ello hasta su abogado Antonio Trejo Cabrera fue criminalizado, tras no ser atendidos por su presidente Jorge Avilés, quien les prometió una cita, para hablar sobre un fallo de tierras que favorecía a los campesinos, pero que nunca se ejecutó. Un mes después el defensor fue asesinado en Comayagüela.

19 de Junio del 2016.
La sangre se sigue derramando en la lucha campesina en el Valle del Aguan

Fuente: OPDHA, COPA y COFADEH

18 de junio de 2016

Desde la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri denunciamos que empresarios y corporaciones, en contubernio con funcionarios locales del Indert (Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra), usufructuando el aparato fiscal-policial, perpetran actos de amedrentamiento y amenazas contra pobladoras y pobladores campesinos que, en consecuencia, viven en permanente estado de zozobra.

Se trata del Asentamiento Ko’ê Pyahu, ubicado en el distrito de Juan Manuel Frutos, Pastoreo -departamento de Caaguazú-, donde 120 familias censadas ocupan desde hace tres años 2.300 has. de tierra pertenecientes al INDERT y destinadas a la Reforma Agraria. Años anteriores otros ciudadanos de origen extranjero ingresaron al territorio para provocar deforestación y otros daños ambientales que solo benefician a sus empresas. Esta vez, son menonitas que cultivan pinos y eucaliptos los que pretenden adueñarse de las tierras de las familias campesinas allí asentadas y que se dedican a la agricultura agroecológica.

El INDERT en forma institucional respalda la tramitación de las familias campesinas en su proceso de constitución de asentamiento, ya que, de hecho, se está actualmente en la etapa de designar a un juez para iniciar los trámites de la mensura judicial.

Pero, funcionarios locales de esta institución del Estado son los que permiten que se desenvuelvan situaciones de latente violencia al alquilar las tierras a empresarios del agronegocio. Frecuentemente éstos últimos, acompañados de efectivos policiales y fiscales y bajo tutela de la APER (Agrupación de Protección Ecológica y Rural) van hasta la comunidad para lanzar amenazas de allanamiento y cateo en las viviendas campesinas.

Ya están imputadas alrededor de 40 personas en el último lapso por diferentes acusaciones que, en el marco de la lucha por la tierra, constituyen criminalización de la protesta social: invasión de propiedad ajena, asociación criminal, abigeato. Nada de esto se ha probado. No se puede hablar de invasión cuando la ocupación es pacífica y ha sido adjudicada por el INDERT a las familias campesinas; es inviable hablar de asociación criminal cuando las familias conformaron una Comisión Vecinal Ko’ê Pyahu para presentarse y gestionar ante las instituciones y está plenamente reconocida y habilitada; el abigeato no ha sido probado jamás, por lo que se trata de injurias para provocar la intervención de las autoridades y la aplicación de leyes que castigan la organización social por su contenido ideológico, como la Ley Antiterrorista.

En el asentamiento, las y los pobladores cultivan rubros de autosustento y también para la renta. Viven y quieren seguir viviendo en libertad, y eso es una afrenta para el capitalismo agrario -encarnado en esta ocasión por los empresarios menonitas- que no concibe la idea de que una comunidad crezca desde la autogestión y desarrolle su forma de vida y su sistema de producción a través de mecanismos propios y dignos. Rodeados de cultivos extensivos de soja, plantaciones de eucalipto y pino, pastura para la gran ganadería, la comunidad Ko’ê Pyahu sigue los principios de la Agroecología para producir alimentos sanos con los que se surten los mercados de Caaguazú y Alto Paraná.

Responsabilizamos desde Conamuri cualquier hecho de violencia contra esta comunidad de Pastoreo a los empresarios menonitas que disputan estas tierras con argumentos que no tienen asidero alguno; a los corruptos funcionarios locales del INDERT y a los policías y fiscales que se prestan para perpetrar estas acciones que están totalmente fuera de la ley.

Tierra para la Vida

¡Reforma Agraria, urgente y necesaria!

17 de junio de 2016

Parar sirvió, la Minga Nacional ganó, conozca los detalles de los acuerdos alcanzados después de 15 días de movilización.

El 12 de junio de 2016, en la ciudad de Santander de Quilichao, se han firmado diez actas específicas y una general, entre la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular y el gobierno de Juan Manuel Santos, quien en voz de los ministros del interior Juan Fernando Cristo, de agricultura, Aurelio Iragorri, de Medio Ambiente, Luis Guillermo Murillo, así como otros altos funcionarios del ejecutivo, como el viceministro del interior Guillermo Rivera, el viceministro de Energía Carlos Fernando Erazo, la presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Silvana Habib Daza, el director de la unidad para reparación integral de las víctimas Alan Jara, el Viceministro de desarrollo rural Juan Pablo Díaz-Granados, el Director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, entre otros, acordaron, los siguientes puntos:

Garantías para la Movilización

Un marco general que compromete al gobierno a «brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país»,

donde se acuerdan elementos centrales frente a los manifestantes judicializados, y al establecimiento de protocolos para la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes.

En el marco de este acuerdo se establece que «la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades (…) movilizadas en el territorio nacional»

Dentro del acta 002 se señala además, que «el gobierno nacional se compromete a la creación de una comisión de Alto Nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria».

Avances para el reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios – TCA

En la comisión de territorialidad campesina, en el eje de tierras, territorios y ordenamiento territorial, el acta 005 señala que el gobierno se compromete a explorar la «viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas» no incluidas en la ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesinas. Del mismo modo, esta acta señala que el gobierno nacional se compromete a hacer la identificación física y jurídica de las tierras productivas (…) con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra».

Finalmente, esta acta señala que «el ministerio de agricultura se compromete a gestionar con el DANE la inclusión de la categoría en el censo nacional» lo cual significa un avance en la búsqueda del reconocimiento político del campesinado por parte del Estado colombiano.

Construcción de apuestas de Paz y autonomías de control social – territorial

En materia de paz, el gobierno se ha comprometido a combatir y judicializar las estructuras paramilitares, proteger a los líderes sociales e impulsar investigaciones efectivas; en segundo lugar, se ha acordado construir un mecanismo concertado de participación efectiva y directa de los sectores y movimiento sociales en la construcción de paz; en tercer lugar, se avanzó en el reconocimiento de las competencias de las guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial, dejando la Cumbre Agraria la constancia para seguir exigiendo el reconocimiento similar a las guardias cimarrona y campesina; también se acordó iniciar la construcción de una política pública de comunicaciones para la paz entre la Cumbre y el gobierno nacional. En lo referente al estado de los derechos sociales, económicos y culturales, acordamos una ruta para abordar su seguimiento y cumplimiento; se realizará una Audiencia Pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la Agenda de País desde el movimiento social.

Se avanza en la construcción de una política pública minero-energética

En materia minero-energética, un muy importante acuerdo es «la realización de una revisión conjunta de la totalidad de los actos administrativos que otorgan licencias, permisos y concesiones en materia ambiental y minero-energética» para constatar su legalidad o, en su defecto, proceder a su revocatoria; por otro lado, se ha acordado la realización de un gran Diálogo Nacional Minero Energético, que produzca insumos para una política pública en la materia; se realizarán evaluaciones piloto de carácter socio-económico de proyectos minero-energéticos.

Una novedad y avance en esta jornada de acuerdos, es la ruta acordada para abordar el tema de la relación campo-ciudad, que se iniciará el próximo 17 de junio en reunión entre la Cumbre Agraria y los jefes de cartera del interior, y funcionarios de los ministerios de agricultura, medio ambiente, vivienda y de planeación nacional.

Estas actas dan cuenta de una extensa agenda de reuniones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos incumplidos desde el 2014 y a los nuevos acuerdos de esta jornada de Paro. Siendo quizá la más importante la reunión del próximo 22 de junio en la ciudad de Bogotá entre la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con el presidente Juan Manuel Santos, donde se abordará, entre otros temas, el seguimiento a estos acuerdos.

Más información, aquí

15 de junio de 2016

La Confederación Nacional Agraria – CNA y la Confederación Campesina del Perú – CCP, organizaciones nacionales representativas de pueblos indígenas originarios, con el apoyo del Programa PROINDÍGENA de la agencia GIZ, en un evento realizado ayer en Cusco, pusieron a disposición de las autoridades regionales y público en general el estudio «DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGIÓN CUSCO».

El mencionado documento es un diagnóstico sobre la situación de los territorios de las comunidades campesinas que se asientan en la región cusqueña. La problemática, en torno al saneamiento físico – legal, titulación y ejercicio de los derechos indígenas, es descrita y analizada en el informe.

Los dirigentes nacionales de las organizaciones promotoras, Antolín Huáscar de CNA y Jorge Prado de CCP, aseveraron el trabajo recoge el aporte de comuneros y comuneras campesinas asociadas a las bases provinciales de las 2 organizaciones nacionales.

Se constituye así un esfuerzo colectivo por visibilizar la problemática en torno al derecho al territorio de los pueblos originarios, como es el caso de las comunidades campesinas. De este modo, se busca incidir en que las instancias regionales y nacionales del Estado atiendan de modo pertinente las demandas

Comunidades en conflictos, Estado peruano con pendientes

Entre los principales hallazgos se incide que las comunidades campesinas están atravesando conflictos, ya sea por colindancia, desmembramiento y/o superposición de derechos. Ante esta disyuntiva, el estudio revela que, por falta de asesoría técnica legal, muchos de estos conflictos han sido llevados a procesos judiciales donde desafortunadamente no han encontrado solución.

Sin embargo, el estudio también anota que las mismas comunidades han expresado su voluntad y necesidad de solucionar sus controversias a través de diálogos y formas tradicionales que corresponden a sus formas de ver el mundo. De este modo, se recomienda a las instancias del Estado peruano atender y proveer de asistencia y recursos a políticas que promuevan la seguridad territorial de los mencionados pueblos originarios.

Se constituye así un gran paso que dan las organizaciones agrarias e indígenas nacionales para conquistar el ejercicio pleno del derecho al territorio. Esto en provecho del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierra Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3, proyecto con que el Estado busca reparar la deuda histórica de titulación y saneamiento físico y legal del territorio de las comunidades campesinas y nativas del país.

Unidad campesina apuesta por seguridad jurídica de sus territorios

El esfuerzo de las organizaciones nacionales y sus respectivas bases regionales, fue saludado por las autoridades que asistieron al evento. Destacó la presencia de César Berrios, Coordinador General del PTRT3, quien aseveró que las propuestas de las organizaciones ayudarán mucho a la planificación y ejecución del proyecto.

Por su parte Víctor Baca Ramos, Director Regional de Agricultura del Cusco, promovió se concrete la creación de un grupo de trabajo en la región que asuma las directrices del proyecto y busque beneficiarse al máximo para atender la problemática descrita en el diagnóstico. El equipo lo conformaría la Dirección Regional de Agricultura, Proyecto PTRT3, la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco – FARTAC, la Federación Regional de Campesinos del Cusco – FDCC, la junta de usuarios y las organizaciones ronderas de la región.

La Defensoría del Pueblo destacó el rol protagónico y participativo que las organizaciones están teniendo para este tipo de procesos, y más aún que actúen de forma conjunta en la defensa de sus derechos como el caso de la seguridad jurídica de los territorios.

El evento también puedo acercar la investigación a las dirigencias provinciales y distritales, así como a instituciones interesadas como la Asociación Arariwa y Centro Bartolomé de las Casas.

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15 de junio de 2016

1998 – 2016: Seguimos luchando por mejor calidad de vida y por mantener viva la llama de la esperanza.

A 18 años que en Buín, el día 13 de junio con un centenar de mujeres representantes de 50 organizaciones y redes regionales, se formó la organización que buscara hacer visibles a las mujeres trabajadoras del campo, promoviendo su participación permanente como actoras de procesos de cambios que ayuden a erradicar la injusticia e inequidad social. Y como dicen sus versos:

«Allá en el pueblo de Buín
En junio del día trece
Con mucha Fuerza florece
Una asociación afín
Esta será el trampolín
Pa’ buscar el bien común
De allá del norte hasta el sur
De las mujeres rurales
Para Mejorar sus males
Ahora nació ANAMURI»

Un caminar que sin duda hoy a 18 años de construcción colectiva con las mujeres desde el norte hasta el sur de Chile y articulada con la Coordinadora Latinoamericana de organizaciones del Campo – Vía Campesina, en alianzas con distintos sectores sociales y de la producción seguimos proyectando nuestras aspiraciones por el bien común.

En esta oportunidad festejamos un nuevo aniversario junto a autoridades y amistades. 18 años y en casa nueva, la que tenemos la ilusión se nos entregue en forma definitiva por parte de Bienes Nacionales, y que al respecto en esta oportunidad estuvimos acompañadas por el Seremi de este Ministerio el señor Felipe Morales, entre otras autoridades como el Director nacional de INDAP y diferentes departamentos del Ministerio de agricultura como también de FAO.
Así también nos acompañaron dirigentes/as de distintas organizaciones sindicales, campesinas y de pueblos originarios como Ranquil; CONAPROCH y representantes de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC). Nuestras amistades y apoyos como Heinrrich Böll, cono sur. CEDEM, Marcha Mujeres Chile, entre otros amigos y amigas de caminar en las lucha por más derechos como mujeres, por inclusión y justicia con equidad de género.

Un día lleno de recuerdos, saludos, alegrías, música y comidas tradicionales preparadas desde la producción de nuestras compañeras en regiones.
Vale destacar que este nuevo aniversario no está exento de un contexto político que como organización debemos enfrentar y que entre los nuevos desafíos que evocan urgente unidad tanto para el mundo campesino indígena y sociedad en su conjunto, es la férrea oposición al TPP que son las nuevas formas de ataque del neoliberalismo y del el capital financiero.

No obstante nuestra alegría es sin duda la creciente unidad campo ciudad y sobre todo la valoración del modo de producción campesinos que desde anamuri reafirmamos en los procesos de formación agroecológica y diálogos de saberes. Entendiendo que la soberanía alimentaria y de los pueblos inicia en la concientización sobre qué tipo de alimentos queremos llevar a nuestra mesa.

En ese sentido la unidad contra los tratados de libre comercio como el TPP es fundamental. Asumiendo que la lucha por nuestra soberanía alimentaria se liga intrínsecamente a la defensa de las semillas nativas, la tierra y la producción de los alimentos en ecosistemas armónicos según los saberes y conocimiento ancestral de los pueblos del campo de quienes aún tenemos un mundo por aprender de cara a las raíces de nuestras tradiciones alimentarias, culturales y nivel de estructura organizacional como es el caso de los pueblos originarios que han dado lecciones de convivencia con la naturaleza y que hoy más que nunca precisamos retomar como un principio de vida para la vida.

Por la Tierra y la Soberanía de los Pueblos
Globalicemos la Lucha y la Esperanza
Santiago 13 de junio de 2016

14 de junio de 2016

Ya que el capital se está apropiando de los territorios enteros de nuestros pueblos, nosotros tenemos que responder transformando la lucha por la tierra en la lucha por el territorio. Esto requiere construir alianzas entre campesinos y campesinas, jornaleros, pueblos indígenas, pastores nómadas, pescadores artesanales, pueblos forestales, y otros sectores populares del campo, y las populaciones urbanas, sobre todo de la periferia y los consumidores.

Requiere producir alimentos sanos con la agroecología y los saberes ancestrales y populares, y demostrando que los territorios populares son mejores para la sociedad y la Madre Tierra, que los territorios del capital..