Autor: clocvc

9 de julio de 2016

Desde la Organización de Lucha por la Tierra –OLT– nos dirigimos a la ciudadanía en general, para denunciar las maniobras engañosas que están montando y operativizando la Policía Nacional conjuntamente con civiles armados (matones) y medios de comunicación serviles a la defensa de tierras malhabidas.

Denunciamos por este medio que los actores arriba señalados están orquestando, a base de falsedades y engaño, la justificación de una violencia por parte del Estado para avasallar y vilipendiar a humildes familias campesinas del Asentamiento 1° De Marzo, del distrito de Yvyrarovana, departamento de Canindeyú.

Repudiamos las calumnias que la Policía Nacional, conjuntamente con civiles armados y con el apoyo de ciertos medios de comunicación, defensores de los bienes malhabidos de este país, están organizando con la intensión de justificar la inoperancia, ineficacia, desinterés o falta de voluntad del Gobierno actual para solucionar los conflictos agrarios y garantizar los derechos del campesinado.

Para nosotras y nosotros es muy clara la intención de la Policía Nacional y de la empresa Agroganadera Pindó S.A, apoyadas en algunos medios de comunicación, ya que, un día después del anuncio de la reunión de altos jefes policiales de Canindeyú, encuentro donde se planificó «el desalojo forzoso» de las 330 humildes familias del Asentamiento 1° de Marzo; empezaron a divulgarse calumnias contra los pobladores del asentamiento, que no tienen nada que ver en los hechos montados y denunciados para justificar la violencia policial que el gobierno de Horacio Cartes pretende ofrecer a raíz de su incompetencia.

Desde la Organización de Lucha por la Tierra desmentimos categóricamente la participación de las familias de 1° De Marzo en los hechos montados y colocados en los medios de comunicación con el solo objetivo de entrar a desalojar a las humildes familias de una tierra malhabida y que está siendo usurpada por una empresa no sujeta a la Reforma Agraria.

Recalcamos que la Comisión Vecinal Sin Tierra «Joaju» ha venido gestionando el «acceso a la tierra» ante las instancias legales correspondientes desde hace 4 años, sin encontrar ningún resultado favorable, por la inoperancia de las instituciones responsables de garantizar los derechos campesinos.

Invocamos los artículos: 100, 114 y 115 de la Constitución Nacional; los artículos: 19 inc. g), 16 y 22 del Estatuto Agrario; los artículos: 4, 5, 6 y 7 de la Ley del INDERT; los artículos 11, 21 y 17 del Pacto de San José de Costa Rica. Los campesinos también somos sujetos de derecho, merecemos respeto y respuesta de garantías a nuestros derechos; no la violencia estatal que nos excluye cada día más de este Estado de Derecho.

Ratificamos nuestra reivindicación pacífica por la Reforma Agraria Integral. Repudiamos y alertamos a la ciudadanía sobre este montaje que se está encaminando con los actores ya señalados para justificar la violencia estatal a través de un desalojo forzoso.

Responsabilizamos a los señores Horacio Cartes (Presidente de la República), Justo Cárdenas (Presidente del INDERT), Francisco José De Vargas (Ministro del Interior) y a los directivos de la Ganadera Pindó S. A., respecto a cualquier tipo de violencia que se llegue a suscitar en el asentamiento 1° De Marzo.

Señalamos a la autoridades pertinentes y a la ciudadanía que la empresa Perfecta SAMI de la familia Bendlin, actual propietaria de la Agroganadera Pindó e impulsora del desalojo, fue investigada y probablemente sigue siendo investigada a nivel internacional por negocios de tráfico de armas, según publicaciones del diario ABC del 1 de septiembre de 2009 [http://www.abc.com.py/…/vinculan-a-una-firma-local-con-traf…], a modo de tener noción de qué tipo de empresa es la poseedora de bienes malhabidos en nuestro país.

Convocamos a la solidaridad de los movimientos sociales, populares y organizaciones campesinas, frente a esta persecución y llamado al desalojo, que no hace otra cosa más que profundizar la criminalización de la lucha por el derecho al acceso a la tierra y del campesinado que resiste ante el modelo agroexportador, violento y excluyente.

Por la recuperación y defensa del territorio campesino, para la Soberanía Alimentaria

Dirección Nacional OLT

Villa Elisa, 9 de julio de 2016

Contactos:
Esteban Irala 0982-603686
Diosnel Sachelaridi 0982-273032

9 de julio de 2016

El Movimiento Nacional Campesino Indígena alza su voz desde las comunidades, parajes y barriadas populares desde la profundidad de nuestra Patria para declarar que el Gobierno se apresta a conmemorar el bicentenario entregando soberanía y subordinandose al Imperialismo

La modificación de la ley que limitaba la extranjerización de la Tierra, asi como el proyecto de ley de semillas que se acordó con Monsanto, los intentos de modificar la ley de bosques y de flexibilizar el inventario de glaciares, son algunos claros ejemplos.

En la misma linea los intentos por incorporar a la Argentina a la Alianza del Pacífico y a su vez separarla de las gestas emancipatorias de la UNASUR y la CELAC. Todo esto de la mano de gestos humillantes como los pedidos de disculpas a quienes nos saquearon y nos derramaron sangre de millones de hermanos y hermanas.

Este Bicentenario, en lugar de contar con con la solidaridad y participación de los presidentes Latinoamericanos, contaremos con

la vergonzosa presencia de un ex Rey de España.

En lugar de clamar contra el imperialismo y sus bases militares en Malvinas, el gobierno Argentino esta gestionando sumar bases militares estadounidenses en distintos puntos del Pais.

Este gobierno tiene mucho que ver con las oligarquías que en 1816 operaban para que no se declare la independencia, y nada que ver con los patriotas que arriesgaron sus vidas para firmar la declaración de la independencia en Tucumán.

Nuestra Patria es gobernada por los gerentes de las corporaciones que concentran las riquezas provocando la pobreza y exclusión de millones de hermanas y hermanos latinoamericanos

El proyecto Neoliberal del gobierno de Mauricio Macri ya entró en crisis en solo 6 meses de gobierno, su apuesta a una lluvia de inversiones , es al menos retórica o utópica, desde el dogma liberal.

Frente a esta situación las únicas inversiones posibles son las especulativas en el sector financiero o las especulativas en los megaproyectos extractivistas, lo que se traduce en intentar seducir por mas megaminería, mas agronegocios y agricultura industrial. La ofensiva del capital financiero en la agricultura o mineria, significa mas violencia y violaciones a los derechos de los campesinos indígenas.

Pero además a medida que nuestro territorio se subordina al capital financiero se agravan los problemas estructurales que repercuten atacando el vivir bien de nuestro pueblo generando:

– destrucción de bosques, selvas y montañas, contaminación y profundización de la crisis climática

– Menos alimentos en el mercado interno y su consecuente aumento de precios

– Menos trabajo digno en el campo y mas trabajo en negro y esclavo

– Mas agrotoxicos, pueblos fumigados y alimentos contaminados

Al desguace de las intituciones para el fortalecimiento de la Agricultura familiar campesina indígena, le acompañaron medidas económicas que golpearon fuertemente al sector, hoy las agriculturas campesinas y sistemas de producción locales están en crisis.

El gobierno y los empresarios abandonaron los espacios de dialogo y se aprestaron a avanzar contra el movimiento popular en forma violenta e ilegal

Ya sea a partir de la represión con las fuerzas estatales o liberando zonas para que actúen patotas armadas, la violencia se hace sentir en el campo profundo cuando las comunidades campesinas indígenas defienden sus derechos colectivos en torno a la tierra , el agua y el monte.

El pueblo Argentino vuelve a ser interpelado frente a dos visiones de la vida:

Por un lado el gobierno y la burguesía insisten con imponer el individualismo, la indiferencia y la meritocracia como principios rectores en nuestra sociedad, esta batalla cultural la fomentan día a día desde el bastión comunicacional y monopólico concentrado del grupo Clarín y otros medios masivos y formadores de opinión pública. Por otro lado, las organizaciones populares, tal como aquellos patriotas que conquistaron nuestra independencia en 1816, estamos convencidos de que un pueblo solo puede crecer y forjar desarrollo cuando se fortalece el bien común, la solidaridad, y el espíritu colectivo, cuando comprendemos que la tierra y la producción deben cumplir su función social, que es el buen vivir del pueblo.

A 200 años de la gesta independentista, los Argentinos y Latinoamericanos seguimos batallando entre el capitalismo subordinado al saqueo imperialista o la construcción de un proyecto popular, soberano, latinoamericanista, basado en la justicia social y la independencia económica. Y eso no será posible sin una profunda Reforma Agraria que democratice la tierra y la vuelva a poner en manos campesinas indígenas para consolidar la Soberanía Alimentaria y popular

Nuestra comunidades estan preparadas para resistir y luchar por la vida digna en el campo y junto a las organizaciones sociales, sindicales y politicas, construir la unidad y el proyecto que nos lleve a la Victoria y consolide nuestra definitiva independencia.

Territorio en manos campesinas indígenas, Alimentos sanos para el Pueblo

Somos tierra Para alimentar a los pueblos

Movimiento Nacional Campesino Indigena
CLOC Via Campesina Argentina

8 de julio de 2016

Cómo fue el proceso judicial en que se condenó a los seis dirigentes campesinos que fueron vinculados con el caso Cecilia.

por Cecilia Rodríguez

A pocos días de concluir el juicio por la masacre de Curuguaty y cuando quedan expuestas ante la opinión pública las mentiras y falencias ocurridas en el proceso, es bueno recordar que las arbitrariedades cometidas contra los campesinos acusados tienen un antecedente directo, menos conocido tal vez, en el proceso judicial contra los seis dirigentes campesinos acusados por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas.

Desde el comienzo de tal proceso los dirigentes campesinos rechazaron, y lo siguen haciendo, las acusaciones. Fueron condenados en el año 2012 a 25 años de prisión más 10 años de «medidas de seguridad» en un caso viciado de nulidades y sin pruebas concretas en su contra.

Dado lo extenso y complejo que resultó el proceso judicial indicaremos solamente algunos puntos con respecto a la serie de irregularidades en la actuación del Ministerio Público y los tribunales intervinientes en el caso.

Roque Rodríguez, Gustavo Lezcano, Basiliano Cardozo, Arístides Vera, Simeón Bordón y Agustín Acosta fueron algunos de los acusados por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas. La acusación de la Fiscalía, formulada en mayo de 2005, los señala como responsables de haber participado en una reunión el día 13 de enero de 2005 en la cual, según sostiene la Fiscalía, se decidió ejecutar a la víctima que se encontraba secuestrada desde septiembre de 2004.

Esta acusación se basa únicamente en el testimonio de un exmiembro del Partido Patria Libre, Dionisio Olazar, quien admitió ser desde tiempo atrás informante policial. Su testimonio no fue respaldado por prueba alguna y en cambio fue contrariado por 14 testimonios, pero fue dado por válido por el tribunal, que nunca aclaró cuál fue su criterio de valoración de las pruebas.

Tres versiones: Olazar dio al menos tres versiones diferentes de los hechos, dos de las cuales exculpan a los seis. Sin embargo, y aún contrariando puntos de su testimonio, tanto el Ministerio Público como los Tribunales consideraron culpables a los seis de tomar la decisión de «punto final» el día 13/01/2005. En una de sus versiones, Olazar afirmó que Cecilia Cubas fue asesinada el 24/12/2004.

A su vez, Olazar siempre afirmó que Simeón Bordón no participó de dicha reunión. La Fiscalía nunca formuló acusación alguna contra Bordón, quien sin embargo fue condenado a la misma pena que los demás acusados.

Olazar sostuvo que participó de todas las reuniones en las cuales se planificaron acciones con respecto a la suerte de la víctima, sin embargo nunca fue imputado ni procesado, solamente tomado como testigo. No existe en Paraguay una figura legal que permita esa situación.

Además, a pesar de ser la base de la causa judicial, numerosos puntos de su testimonio y el de otros testigos no son coherentes con la hipótesis fiscal, que es la versión con la que se condenó a todos los acusados en el caso.

Persecución ideológica explícita: tanto la Fiscalía como dirigentes políticos enmarcaron la causa judicial en la persecución política e ideológica contra la corriente política en la que militaban cinco de los seis campesinos presos en este caso. Como ejemplo, al momento de fundar la declaración de culpabilidad dictada contra los seis, el juez Oscar Rodríguez Massi argumentó que los acusados sostenían en su ideario la lucha de clases, opinando que se trata de una «concepción errónea» que justificaba la declaración de culpabilidad.

El Ministerio Público en el medio de la investigación cambió los hechos punibles por los cuales estaba investigando a los seis campesinos no brindando la oportunidad para que los mismos pudieran dar su versión de los hechos y ejercer su defensa material. Solicitó el cambio de acusación de Omisión de Aviso de Hecho Punible por el de Homicidio Doloso, Secuestro y Asociación Criminal sin aportar pruebas que justifiquen dicho cambio. El Juez de Garantías no convalidó dicha maniobra, pero sí lo hizo la Cámara de Apelaciones.

Luego de realizada la Audiencia Preliminar (2009), el Tribunal interviniente permitió a la Fiscalía la introducción de nuevas pruebas en la causa y la incorporación en el año 2010 de un nuevo acusado al caso (maniobra ilegal). Pero cuando el testigo Olazar en 2009 brindó públicamente una versión de los hechos contradictoria con la sostenida en sede judicial impidió a la defensa su introducción como prueba de descargo, que había sido solicitada por considerarse hechos nuevos.

La sentencia fue escrita antes de la finalización del juicio: El acta del juicio oral, que debe ser el reflejo de lo que acontece en el Juicio Oral y Público, se refiere en distintas oportunidades a lo que se encuentra plasmado en la sentencia, lo que indica claramente que la misma ya se encontraba escrita. La redacción de la sentencia previa a la culminación del juicio no permite la participación real y efectiva de la defensa técnica en el debate previo a la condena.

La elaboración de una sentencia previa a la culminación de la audiencia de juicio denota claramente que se encuentran viciados los principios de independencia e imparcialidad de los tribunales.

Los seis fueron condenados por hechos por los cuales no fueron acusados: el tribunal, en la sentencia, dio por probados hechos por los que los seis campesinos no fueron acusados, y no sometidos al objeto de ese juicio.

La mayor parte de las pruebas presentadas en el caso lo son sobre hechos y situaciones con las que los seis no fueron vinculados judicialmente, sino mediáticamente, y sobre los cuales la defensa no accedió a su control. Sin embargo, fueron condenados en base a esas pruebas. Nos referimos a las circunstancias del secuestro y cautiverio de la víctima y la forma en que fue asesinada. Esto obedecía al interés de aumentar el impacto mediático del caso, ya que ninguno de ellos tuvo vínculo alguno con esas circunstancias.

Además, al no explicitar el tribunal cuál fue el criterio para la valoración de las pruebas, anuló la posibilidad de verificación de la logicidad del fallo, lo que plantea la imposibilidad de contradecir la condena.

Los seis campesinos fueron detenidos en Argentina en mayo del 2006 con fines de extradición, a pedido del Juzgado Penal de Garantías del Paraguay. Fueron extraditados al Paraguay en diciembre del 2008, por lo que estuvieron privados de libertad en el Sistema Penitenciario Federal de la República Argentina, dos años y siete meses en total.

La justicia paraguaya decidió desconocer el tiempo de privación de libertad que los seis campesinos han pasado en Argentina, incumpliendo los compromisos asumidos por el Juez Penal de Garantías en el momento de la extradición. Este desconocimiento basado en la mala fe le permitió cometer abusos y arbitrariedades basándose en un conteo falso del tiempo de prisión con el que justificó la prolongación maliciosa de la prisión preventiva y la dilación del tiempo dentro del cual los seis debían ser llevados a juicio. Permitió también extender ilegalmente el tiempo requerido para la extinción de la causa penal, que se encontraba extinta al momento en que fueron llevados a juicio.

El artículo 7.5 del Pacto de San José de Costa Rica, que fue suscrito por Paraguay, establece el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un plazo razonable o puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Los seis campesinos fueron llevados a juicio 5 años y 10 meses después de ser detenidos. Fueron mantenidos en prisión durante más de 10 años sin sentencia firme. Recién en mayo de 2016 la Corte Suprema de Justicia del Paraguay confirmó la sentencia de primera instancia, sin atender a ninguno de los planteos de la defensa.

7 de julio de 2016

La Cloc- Vía Campesina Honduras con mucho pesar comunica a la comunidad nacional e internacional del asesinato de la compañera Lesbia Yaneth Urquía Urquía de 49 años, madre de dos hijas y un hijo, del municipio de Marcala, La Paz.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH mediante un comunicado expreso lo siguiente:

Lesbia Yaneth era una destacada lideresa comunitaria vinculada al COPINH desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009 y activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I del municipio de San José, La Paz en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.

Lesbia Yaneth fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del consesionamiento y privatización de los ríos en el departamento de La Paz.

El asesinato de la Lesbia Yaneth se da suspicazmente en el marco de un proceso de «consulta» llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada a la que tenemos derecho las comunidades indígenas amparadas en la legitimidad de nuestra historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas reuniones en las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcala los días 4 y 5.

Este asesinato se produce a 4 meses y 4 días del asesinato de nuestra compañera y lideresa, Berta Isabel Cáceres Flores, y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza, organizados en el COPINH.

La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta.

Responsabilizamos directamente por este asesinato al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza, de igual forma a la señora Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.

El COPINH exige que cesen los asesinatos contra sus miembros y miembras y se haga justicia en encontrar a los culpables del asesinato del Lesbia Yaneth y de Berta Cáceres y que estos crímenes no queden en la impunidad.

Acompañamos en este profundo dolor a la familia de nuestra compañera.

7 de julio del 2016

¡Lesbia Yaneth vive, la lucha sigue!
¡Berta vive, la lucha sigue!

7 de julio de 2016

Diego Montón de la Secretaría Operativa de la Cloc- Vía Campesina expone sobre los avances y desafíos en la mesa de negociaciones para una Declaración de los Derechos Campesinos en las Naciones Unidas. Entrevista realizada en Quito, Ecuador. Junio de 2016.

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6 de julio de 2016

Los medios de difusión del poder económico se han convertido en eje articulador de la ofensiva contra los gobiernos progresistas de la región. Esos medios son, en forma creciente y orgánica, protagonistas de los planes desestabilizadores promovidos por el poder económico impulsado por y desde Estados Unidos y Europa.

Hace cuarenta años se utilizaba a las fuerzas armadas para imponer un proyecto de dominación político, económico y social. Hoy, el escenario de la confrontación es primariamente simbólico y son los medios hegemónicos los que actúan para lograr un control absoluto a fin de reimponer los modelos neoliberales. El frente de batalla se trasladó al espacio simbólico, a la confrontación ideológica y cultural, al intento de asfixiar toda subjetividad crítica.

En este nuevo escenario, micrófonos, computadoras, teléfonos o cámaras de video son usados como armas de sometimiento personal y social.

La guerra por imponer imaginarios colectivos se da a través de medios cibernéticos, audiovisuales y gráficos, que se han convertido en la punta de lanza de las corporaciones económicas y los poderes fácticos de nuestros países, en muchos casos ligados a poderes judiciales, policiales y parlamentarios corruptos y antinacionales.

La llamada guerra de cuarta generación no se libra contra el raciocinio de nuestros pueblos, sino contra los sentimientos, en golpes bajos de manipulación, medias verdades y mentiras, que imponen, por su repetición permanente, en imaginarios colectivos desenlazantes de la desestabilización en nuestros países.

América Latina ha sido campo de prueba de este tipo de guerra: el golpe mediático en Venezuela en 2002 y la desestabilización del país desde ese entonces, con campañas en la que se suman medios comerciales locales, dirigidos generalmente por medios y agencias noticiosas, televisoras y radios de otros países, muchos de ellos.

A este «globo de ensayo» se sumaron intentos en Ecuador y Bolivia, los golpes «blandos» en Paraguay y Honduras, la manipulación mediática como factor decisivo en las campañas electorales en México y Argentina y, finalmente, el golpe judicial-parlamentario- mediático que sufre hoy Brasil.

También en este nuevo tipo de guerra la verdad es la primera víctima. El uno por ciento que controla el mundo intenta aniquilar toda voz, toda imagen, que no es la «verdad única» transmitida por los medios hegemónicos.

Blancos principales de la guerra mediática son los medios públicos y populares de nuestros países, y las legislaciones que, promovidas por los movimientos populares, impulsaron la democratización de la comunicación. Son golpes directos al pluralismo, al derecho humano a la información y comunicación, a la diversidad de nuestros pueblos, retornando violencias que creíamos ya superadas, como el machismo, la xenofobia, el racismo y la exclusión.

Pero también la integración soberana de nuestros pueblos es blanco de esta guerra, para aniquilar lo que se construyó en los últimos tres lustros, y para reimponer una integración subordinada a los poderes económicos, financieros y bélicos del mundo.

El Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica manifiesta su honda preocupación por este evidente retroceso democrático en varios de nuestros países, y asimismo condena la represión y asesinatos sistemáticos de comunicadores populares en varios de nuestros países.

El Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica insta a las organizaciones de integración regional a condenar estas prácticas y llama a los movimientos sociales y populares y a los medios populares –libres, comunitarios, independientes, alternativos– de Nuestra América a trabajar en común para defender el derecho humano a la información y la comunicación y para desterrar de una vez por todas estas prácticas retrógradas y antidemocráticas.

Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA)

* Declaración presentada en el marco del Foro Latinoamericano y Caribeña de Comunicación Popular y Comunitaria (Quito, 28-30 de junio de 2016)

http://integracion-lac.info/es/node/37148
_______________________________________________________________________
El Foro es una iniciativa de redes y medios de comunicación y coodinaciones sociales, comprometidas con la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe.

6 de julio de 2016

A 4 días del ataque de banda armada contra campesinos, jueza santiagueña mandó la patota judicial para desalojar a la comunidad del MNCI en Bajo Hondo, Santiago del Estero, e instalar a banda armada del empresario Orlando Canido.

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Esperábamos que desde la justicia santiagueña se llegaran a realizar inspección ocular de los daños materiales sufridos por las familias de la Comunidad de Iaku Cachi: quema de viviendas, de corrales, bebederos, destrucción del pozo y envenenamiento del agua de consumo perpetrado por el mismo Orlando Canido y su banda armada el pasado sábado.

Sin embargo, en el mundo del revés, ésta mañana llegó la patota judicial encabezada por el oficial de justicia Héctor Raúl Rodriguez, con orden de la Jueza María L. Martinez Llanos, para desalojar a las familias de la comunidad y poner en «posesión a Orlando Canido» y a su

banda armada compuesta entre 40 y 50 personas

En este momento, las familias están en la calle con sus pertenencias y dentro del territorio se encuentra la banda armada amenazando que mataran a quien intente entrar, así sean niños.

Uno de los sicarios gatilló contra compañero del MOCASE MNCI CLOC -La Via Campesina.

Responsabilizamos principalmente a la cómplice Jueza María Martinez Llanos por lo que pueda ocurrir con la vida de los niños, mujeres y hombres que defendemos el derecho a la vida, ya que sigue obsesionada con la cacería de campesinos indígenas para favorecer a los empresarios del agronegocio.

EXIGIMOS inmediata intervención de la Justicia y del Estado ante este GRAVE hecho que pone aún más en peligro la vida de nuestras familias.

– Desarme y detención inmediata de la banda armada, como así también detención de Orlando Canido, Lachi Letonai, Adrían Corico, Tonio Leal y otros cómplices que en reiteradas veces han sido denunciados ante la justicia.

– RESTITUCIÓN del territorio comunal de Iaku Cachi- Bajo Hondo.

¡Ni un muerto más! Por el derecho a la tierra!

Contactos:
Paulo: 03844 15455786
Gustavo: 1166442019
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5 de julio de 2016

La Cámara de Senadores aprobó, el Proyecto de Ley de «Creación de Unidad Territorial, del Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa», provincia Mizque, del departamento de Cochabamba. La propuesta normativa fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.

La norma se fundamenta en una de las tareas esenciales del Estado, el de contribuir a las nacionalidades y pueblos en el desafío de la consolidación de la Autonomía Indígena Originario Campesina, que es la fuerza para la libre determinación y la puesta en marcha de su autogobierno de los pueblos.

Así como el acompañamiento al potenciamiento de sus formas y lógicas culturales de organización, sus saberes ancestrales y tecnologías para el acceso y uso sostenible de sus recursos de medio ambiente, pero a su vez, requiere de los avances tecnológicos modernos, sin que estos remplacen los saberes ancestrales, sino para que los refuercen.

En ese contexto los pobladores de Raqaypampa ya en los años 80, constataron un conjunto de problemas, como el deterioro de su medio ambiente, la pérdida gradual de su biodiversidad, entre otros.

Problemas que podían ser controladas por el impulso de un conjunto de acciones comunitarias destinadas a fortalecer la gestión territorial en su espacio geográfico, inicialmente llamado Autogestión Comunitaria, era una estrategia para fortalecer los mecanismos de conservación y reproducción de la biodiversidad y fortalecimiento de su organización; y que además estos se encontraban en sus propias manos, sin intervención de elementos externos a la comunidad.

El Territorio Indígena Originario Campesino Raqaypampa, basa en tres elementos el desarrollo de su autonomía:

En lo educativo y organizacional, que fortalece su propia cultura e identidad, rearticulando su territorio a través de su experiencia en Educación Comunitaria que les permitió constituir un Proyecto Educativo propio a través de los Consejos Educativos Comunales.

En la organización económica productiva, basada en una máxima diversificación de cultivos, en función de las diferencias altitudinales o microclimas, tipos de suelo y una compleja organización del calendario de trabajo de las familias.

La Democracia Intercultural en Raqaypampa, como en otros pueblos indígenas, la organización territorial, su sistema de autoridades, etc., son resueltos según sus pautas culturales: en asambleas, largos debates y profundas reflexiones; esa es su democracia comunitaria.

Las colindancias de la Unidad Territorial son: Al norte y oeste con el municipio de Mizque, al este con el municipio de Aiquile y al sur con el departamento de Potosí. Asimismo, se aprueba el Mapa Oficial del «Territorio Indígena Originario Campesino de Raqaypampa» y establece que el l Instituto Geográfico Militar, debe incluir en la cartografía nacional el mapa oficial de la Unidad Territorial.

4 de julio de 2016

Al mediodía de este lunes 4 de julio se dio por concluida la etapa de los alegatos finales de las partes en el juicio oral y público que se le sigue a 11 campesinas y campesinos sin tierra acusados injustamente por la masacre de Curuguaty.

 El hecho ocurrió el 15 de junio de 2012 en el distrito de Curuguaty, particularmente en Marinakue, tierras pertenecientes al Estado paraguayo que estaban siendo tramitadas por una comisión vecinal ante el ente estatal encargado de la Reforma Agraria, el INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra). En esa oportunidad una comitiva fiscal y policial, de la que participaron más de 240 oficiales de distintas agrupaciones, todos armados, como se probó en juicio, ingresó a la ocupación con una orden de allanamiento totalmente irregular, ya que se pretendía un desalojo a favor de la empresa Campos Morombí, que usurpa esas tierras fiscales consistentes en aproximadamente 2.000 hectáreas.

En ese marco, se desató una balacera que concluyó con la muerte de 6 oficiales de policías y 9 campesinos ese día del viernes 15 de junio; al día siguiente, aparecieron dos cuerpos más de campesinos con evidentes señales de que habían sido ejecutados. El Ministerio Público, como órgano acusador, desde un principio investigó solamente la muerte de los 6 policías, y

acusó a los campesinos por homicidio doloso en grado de tentativa–que terminó siendo homicidio doloso consumado en dos casos particulares–, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.

Hay que recordar que este acontecimiento fatal dio pie al juicio político que puso fin al gobierno de Fernando Lugo.

Los alegatos finales de los fiscales intervinientes en el caso se basaron en imprecisiones, divagaciones, generalidades de contenido ideológico y hasta se dieron el gusto de invertir la teoría de su acusación inicial arbitrariamente, debido a la falta de consistencia y fundamentos lógicos, probatorios y jurídicos, elementos necesarios para sostener la acusación contra una persona que corre el riesgo de perder un bien jurídico tutelable entre los prioritarios como lo es la libertad. Aún así, la representación fiscal pidió penas carcelarias que van de 5 a 40 años para los procesados.

Al finalizar sus alegatos los defensores de los 11 campesinos, solicitaron la absolución de pena y culpa de todos sus defendidos por no haber existido elementos probatorios suficientes ni descripción de la conducta reprochable que pueda ser atribuida a ninguno de ellos.

Las campesinas y campesinos que sufren este proceso irregular dieron unas palabras hoy en la audiencia y pidieron su libertad por llevar más de 4 años encerrados injustamente y por ser inocentes.

Mientras tanto, en frente al Palacio de Justicia, un grupo de cinco mujeres –entre las que se encuentran tres madres de cuatro de los procesados– se encadenaron como medida de protesta y se mantendrán en esa situación hasta la deliberación del tribunal juzgador.

El tribunal finalmente dará su sentencia, después de haberse iniciado el juicio oral y público el 27 de julio de 2015 (el más largo de toda la historia del Paraguay desde la instauración del sistema penal acusatorio en la década del 2.000), el lunes 11 de julio de 2016, por la absolución, que será justicia, o por la condena, que será piedra angular de nuevos frentes de batalla en busca de justicia y libertad.