Autor: clocvc

21 de mayo de 2016

Esta semana comenzó la tercera sesión del grupo de trabajo intergubernamental para una Declaración de la ONU sobre los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. La sesión se llevó a cabo del 17 al 20 de mayo del presente.

La delegación de la Vía Campesina estuvo compuesta por representantes de Asia, Africa Europa y Latinoamerica a través de La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC-LVC

Por Latinoamerica intervinieron Aleyda Aragon de la CNOR Nicaragua y Diego Montón del MNCI CLOC LVC de Argentina

Antecedentes:

La Vía Campesina presentó en 2009 su propia declaración sobre los derechos de las y los campesinos en la que se expresan de manera sucinta sus aspiraciones y demandas.

Poco después, en 2010, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó bajo mandato a su Comité Asesor elaborar un estudio sobre formas y medios para seguir promoviendo los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, el estudio recomienda «elaborar un nuevo instrumento jurídico sobre los derechos de las personas que trabajan en las zonas rurales.»

En septiembre de 2012, el Comité de Derechos Humanos aprobó una resolución que establece un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos de las y los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Una primera versión avanzada de la declaración se presentó en febrero de 2015. La última resolución del Consejo de Derechos Humanos se aprobó con sólo un voto en contra (EE.UU.).

Los países europeos siguen absteniéndose mientras que todos los países africanos votaron a favor. Bolivia, como presidente del grupo de trabajo, junto con Ecuador, Cuba y Sudáfrica continúan siendo el grupo central de respaldo.

Tercera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental:

Esta semana, durante la tercera sesión del grupo de trabajo intergubernamental, los gobiernos, las organizaciones de campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, así como organizaciones de la sociedad civil (OSC) hicieron sus comentarios sobre la versión avanzada de la Declaración y llevaron sus propuestas (ver declaración aquí).

Recursos:

En el contexto de las negociaciones FIAN ha publicado varias notas informativas sobre los derechos que se reconocen en la Declaración.

En los documentos se proporciona una breve introducción y definición de cada uno de los derechos. A continuación se debaten las obligaciones de los Estados, así como las fuentes de derecho internacional para la protección de los derechos humanos en las que se apoya el reconocimiento de los derechos para las personas campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, se revisan las razones para la inclusión de dichos derechos en el proyecto de declaración, y se identifican los elementos clave que deberían incluirse en el texto. Los siguientes derechos son cubiertos por las notas: El derecho a la soberanía sobre los recursos naturales, al desarrollo y a la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra y a otros recursos naturales, el derecho a las semillas y el derecho a la diversidad biológica, los derechos de las mujeres rurales y el derecho al agua.

Fuente: FIAN

21 de mayo de 2016

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Asalto al poder contra los derechos conquistados

El dirigente del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil (MPA), Anderson Amaro analizó los primeros pasos del devenido presidente interino de ese país tras el golpe de Estado vía judicial contra la mandataria Dilma Roussef, destacando el enorme perjuicio que significa la extinción de ministerios como el de Desarrollo Agrario o de Igualdad Racial y de DDHH.

En entrevista con Radio Mundo Real, Anderson profundizó sobre los contenidos de la nota redactada por el MPA, parte de La Vía Campesina Brasil sobre la coyuntura brasileña y reclamó a las organizaciones solidarias bregar por el no reconocimiento de un gobierno ilegítimo y usurpador del poder.

«Es un gobierno conspirador, por tanto ilegítimo el de Brasil, expresó. Y señaló que precisamente el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) era el encargado de las políticas públicas dirigidas a la pequeña producción familiar y campesina, a los asentamientos y a las acciones de avance en materia de agroecología a través de la secretaría del Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (PLANAPO).

«Es un Golpe a los derechos históricos de los trabajadores, a su soberanía, y a las políticas sociales logradas en el último periodo», declaró Anderson en la entrevista.

El MPA ha definido esta coyuntura como de resistencia y desconocimiento al gobierno Temer, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en alianza con élites vinculadas al latifundio, el agronegocio y las burguesías industriales de San Pablo, con fuerte apoyo de los medios de comunicación hegemónicos.

«En este momento el MPA convoca su militancia a la unidad y estar firme en la construcción del Frente Brasil Popular, luchar con todas las fuerzas junto a los movimientos populares, centrales sindicales, partidos de la izquierda y democráticos en la lucha cotidiana en todos los frentes de lucha contra el gobierno ilegitimo, antipopular y golpista de Michel Temer. Son trincheras en los campos, en las carreteras, plazas y fábricas en la lucha contra el golpismo y por el restablecimiento de la soberanía popular», expresa la comunicación del MPA.

Escuche la entrevista con Anderson Amaro del MPA de Brasil en audio adjunto.

El posicionamiento del MPA también puede leerse íntegro en archivo que acompaña esta nota.

20 de mayo de 2016

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«Este golpe recae sobre los movimientos sociales de toda América Latina y Caribe»

Como un «amargo despertar» con mucha angustia y la convicción de que el capital trasnacional, la prensa corporativa y la derecha política han obtenido un logro significativo, describió la dirigente campesina chilena Francisca «Pancha» Rodríguez la jornada que siguió al desplazamiento de Dilma Roussef como Presidenta de Brasil en el marco de un juicio político.

«Pancha» es integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (ANAMURI) y es parte de la dirección de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina).

En diálogo desde Santiago de Chile, Pancha señaló que los factores de poder que lograron las mayorías parlamentarias contra la presidenta del Partido de los Trabajadores representan una «conspiración contra todo el pueblo» y no dudó en señalar que los efectos se harán sentir «sobre los movimientos sociales de América Latina y el Caribe toda».

«Esperábamos que hubiera una cordura frente a lo que ha sido la protesta por esta situación en Brasil, pero la verdad es que nos tiene muy preocupadas porque sabemos hacia dónde va apuntado este proceso: a acabar con los movimientos populares y sus logros», dijo la referente chilena.

Brasil amaneció este jueves 12 de mayo con la decisión mayoritaria del Senado de ese país de iniciar el proceso de «impeachment» a la Presidenta Roussef y por lo tanto su apartamiento del ejercicio de la primera responsabilidad nacional.

En su lugar asume el titular del senado Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), hasta hace algunos meses aliado del Partido de los Trabajadores y quien ya ha anunciado un retroceso en cuanto a la gestión social del gobierno central de la principal economía latinoamericana y la sexta a escala planetaria.

«Para llegar a esta situación, antes se atravesó por un proceso de despolitización y de compra de conciencias», indicó Francisca en relación a los sectores de clases medias que en los hechos apoyaron el golpe senaturial.

También indicó que ha existido escasa reacción específicamente desde las mujeres ante el «acoso» a procesos lideradas por mandatarias: Cristina Fernández, Michele Bachellet y en el caso de la brasileña Roussef. Ésta llamó a la población brasileña a mantenerse «movilizada y unida» y señaló que empleará todos los recursos legales para llegar hasta el último día de su mandato en el ejercicio del mismo.

El desplazamiento de Roussef incluye 180 días mientras se instrumenta el juicio político. La CLOC-VC cuenta con varias organizaciones brasileñas entre sus miembros: el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el Movimiento de Mujeres Campesinas, Afectados por Represas (MAB) y Pequeños Agricultores (MPA).

Escucha la entrevista íntegra con Francisca Rodríguez en audio adjunto.

19 de mayo de 2016

En la provincia de Santiago del Estero, al norte del país, miles de familias campesinas indigenas vienen resistiendo intentos de desalojos que empresarios del agronegocio 

El empresario Orlando Canido, vinculado con el sector politico y el poder judicial nuevamente intento avanzar contra familias de la zona de Bajo Hondo, en dicha provincia

Por desgracia no es novedad en el país la apropiacion ilegitima de territorios que siguen sin resolverse y que privan al campesinado no solo del trabajo en la tierra sino tambien atentan contra los derechos a una suficiente, adecuada y sana alimentación.

La Familia Canido, dueña y responsable de la marca MANAOS, y muy ligada al ex Vice Presidente Amado Boudu, vuelve a atacar a 7 familias campesinas que viven milenariamente en la comunidad de Bajo Hondo. Desconociendo y desautorizando los espacios institucionales por donde se venía llevando a cabo la negociación y el diálogo (Mesa de diálogo provincial, comité de emergencia ) respecto de este conflicto de tierra.

Ayer, alrededor de las 9 de la mañana se presentaron en la comunidad de Bajo un comando de policías para efectuar un violento desalojo sobre 7 familias del MOCASE VC.

En ese momento se encontraban solamente mujeres y niños y eso no atenuó el método violento para efectivizar el desalojo de urgencia.

La orden de desalojo fue dictada por la Jueza Maria Lucrecia Martinez Llanos, quien libró una orden arbitraria, parcial, extralimitándose en sus competencia y funciones. Dicha jueza se ha caracterizado por tomar decisiones que protegen los intereses económicos del empresario y sin respetar el derecho de posesión de las familias campesinas y el debido proceso judicial para velar por un estado de derecho para las familias campesinas.

A su vez desatendiendo los requisitos básicos que la ley exige para desarrollar las actividades productivas que ella misma le autoriza a Orlando Canido (ley de agroquímicos provincial, ley de provincial de bosques,etc).

A media mañana llegó la noticia a la ciudad de Quimilí donde se encuentra una de las centrales históricas del movimiento y se decidió enviar un grupo de compañeros al territorio para constatar la situación. Al arribar a la zona pudieron constatar el violento desalojo que se había efectuado y pudieron asistir y acompañar a las 7 familias que se encontraban con sus pertenencias a la vera del camino.

En ese momento se tomó la decisión de poner al movimiento en estado de alerta y emergencia y se organizó un grupo de compañeras y compañeros para ir al territorio a defender el derecho a la tierra.

Más de 100 campesinas y campesinos llegaron pasado al medio día hasta Bajo Hondo y se encontraron con las fuerzas policiales parapetadas defendiendo la violación del derecho campesino e indígena que viene llevando a cabo la empresa MANAOS (Irónicamente utiliza la imagen de artistas populares y es vista como una bebida del pueblo). Frente a esta injusticia acontecieron varias situaciones de violencia y amenazas de parte de las fuerzas policiales que pretendieron persuadir al campesinado para que acepte por las fuerzas el desalojo efectuado.

Más de 100 campesinas y campesinos alrededor de las 18 hs, pasaron por encima de las fuerzas policiales y recuperaron el territorio campesino e indígena.. A las 7 familias desalojadas les fueron restituidas sus viviendas. La escuela de agroecología muda sus actividades al Bajo Hondo y permanece como campamento de resistencia.
Todo esto ocurre en el medio de negociaciones y diálogos entre las campesinas y campesinos del bajo hondo, con el gobierno provincial y la empresa MANAOS.

Una vez mas la empresa MANAOS busca romper el diálogo como mecanismo para resolver los conflictos de tierra, una vez más la justicia actúa parcialmente en favor de los intereses de los empresarios del agro negocio, una vez más actuando la justicia y las fuerzas policiales en contra de los humildes, una vez más la lucha organizada del campesinado santiagueño se pone de pie ante los atropellos y la injusticia.

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Contacto: Angel 549 3844 43-2323
Adolfo 54911 3348-9886

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19 de mayo de 2016

Convocamos al conjunto del pueblo colombiano a hacer parte de la GRAN MINGA NACIONAL «Sembrando Esperanza, Cosechando País» participando en las acciones de movilización pacífica que se avecinan para expresar nuestra inconformidad con el actual modelo económico y de desarrollo, que no corresponde con los sueños del pueblo por alcanzar la paz con justicia social y ambiental.

El gobierno de Juan Manuel Santos y sus predecesores, han sido enfáticos al expresar públicamente que el modelo de desarrollo del país no es negociable y aunque la ciudadanía se ha manifestado en contra del mismo, el estado colombiano sigue sin escuchar u ofrecer alternativas sostenibles para dar solución de fondo y de manera estructural a la crisis económica, ambiental y social que se agudiza en todo el territorio colombiano.

Hoy nuestro llamado es a enfrentar las nocivas políticas extractivistas que ponen en riesgo los bienes naturales, la soberanía nacional y la pervivencia física y cultural de las comunidades rurales y del conjunto del pueblo colombiano.

Este llamamiento también responde a la indiferencia e incumplimiento sistemático en el que viene incurriendo el gobierno a los acuerdos alcanzados tras los Paros Agrarios y Minga Indígena de 2013 y 2014, así como las jornadas de indignación de 2015 y los pliegos de exigencia presentados tras las movilizaciones del 24 de enero y 17 de marzo de 2016. El gobierno sigue incumplimiento las ordenes de la Corte Constitucional para la protección de las victimas (Sentencia T-025), postergando la reparación integral contemplada en la ley 1448/11.

Diversos sectores sociales (victimas, ambientales, transportadores, sindicales, mujeres, educativos, urbanos y rurales entre otros) venimos oponiéndonos a las políticas gubernamentales que responden a los Tratados de Libre Comercio y se expresan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que pone en venta los recursos estratégicos de la nación, las empresas públicas, los bienes energéticos, el agua y distribuye de manera inequitativa la tierra, aumentando los beneficios en favor de unos pocos y excluyendo a millones de ciudadanos, campesinos, indígenas y negros de sus legítimos derechos.

Nos oponemos también de manera radical a la ley de seguridad ciudadana, que viola las libertades democráticas, al nuevo código de policía y la actuación represiva por parte del ESMAD contra las justas protestas de las personas. Nos oponemos a las detenciones arbitrarias, la persecución, hostigamientos y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la nueva fase de

paramilitarismo que atenta gravemente contra las organizaciones sociales populares y pone en riesgo la consecución de una paz estable y duradera.

Reiteramos nuestro apoyo al proceso de diálogos de paz con las FARC y con el ELN, pues estamos convencidos de la salida negociada al conflicto armado; pero de la misma manera, consideramos que se requieren soluciones concertadas al conflicto social, político y económico, necesarias para una paz con justicia social y ambiental.

En consecuencia, y como una justa e histórica reivindicación, reclamamos del gobierno nacional que se garantice la participación activa, vinculante y decisoria de las comunidades para diseñar y construir la Reforma Agraria Integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra y reoriente el modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural.

Reiteramos el llamado amplio a todas las personas y comunidades del campo y la ciudad, para que expresemos en un solo sentir nuestra voz de esperanza por un cambio de rumbo en el país, que garantice el buen vivir de las presentes y futuras generaciones. Pongámonos la ruana, el sombrero, el bastón de mando y salgamos a caminar la palabra en calles y carreteras, campos y ciudades, para manifestar nuestro compromiso en defensa del agua, el alimento, a las semillas nativas, a la naturaleza y la identidad cultural. Nuestra lucha es por la vida.

Camine con nosotros:

Fbk: Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular
@CumbreAgrariaOf Haghstag: #MingaLedigo / #MingaNacional

«SEMBRAMOS ESPERANZA Y COSECHAMOS PAÍS»
CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR

Organización Nacional indígena de Colombia ONIC, Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario CNA, Mesa de Integración Agraria y Social MIA, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, Mesa de Unidad Agraria MUA, Marcha Patriótica, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, Asociación Campesina Popular Asocampo, Coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia COMOSOC, Movimiento por la Constituyente Popular MCP, Asociación Nacional Campesina ASONALCAM, Proceso de Comunidades Negras PCN – Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO.
Censat Agua Viva, Movimiento Ríos Vivos, Movimiento de Resistencia Popular, Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales, Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas, Comando Nacional Unitario.

19 de mayo de 2016

Ayer frente al Tribunal Federal la comunidad boricua y representantes de varios colectivos sociales y políticos se manifestaron contra las políticas intervencionistas de EEUU en Latinoamérica y el Caribe. Bajo esta coyuntura neoliberal rechazaron el golpe de estado del pueblo hermano Brasil y la imposicion de una Junta de Control Fiscal Federal por el Congreso de EEUU.

Esta Junta tendría poderes unilaterales comparables a las peores dictaduras con inmunidad para violar, cambiar o derrogar leyes sin consulta alguna. Conlleva una vuelta al control total ejercido en la primeras etapas del colonialismo en Puerto Rico.

Lxs manifestantes denuncian que ambos escenarios- el Golpe y la Junta- son atentados contra las democracias y la autodeterminación de los pueblos a la vez que imponen las políticas machistas, racistas, clasistas y coloniales.

Desde Puerto Rico accionamos y decimos:

! Ni Junta de Control Fiscal !
! Ni Golpe de Estado en Brasil !
! Latinoamérica y el Caribe unidos !

En Puerto Rico como en Brasil

!! VAI TER LUTA !! – !! HABRA LUCHA !!

18 de mayo de 2016

Panameños repudian una vez más el grado de influencia sobre la política panameña de organismos estadounidenses.

Sara Morales Gallego, Ciudad de Panamá.

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18 de mayo de 2016

Escuadrones de la muerte para exterminar a líderes y lideresas en El Aguán, departamento de Colón, han resurgido para mantener a sangre y fuego proyectos de la industria extractiva en el sector, denunció el dirigente campesino Yoni Rivas, este 17 de mayo de 2016.

Los campesinos y campesinas iniciaron en el 2010 un proceso de recuperación de tierras acaparadas por los terratenientes Miguel Facussé (ya fallecido) y René Morales. La represión a su lucha ha dejado desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros, amenazas a muerte, hostigamientos y procesos judiciales viciados, entre otros.

A finales de 2015 se crearon escuadrones de la muerte en el Bajo Aguán, dijo a pasosdeanimalgrande.com Rivas quien también es integrante de la Plataforma Agraria.

De acuerdo a información en poder de la dirigencia campesina estos grupos han participado en conjunto con paramilitares, aunque «uno de los escuadrones se disolvió porque llegaron a formar parte 16 jóvenes que por falta de un trabajo les hicieron creer que esta era una oportunidad para salir adelante y no fue así», agregó.

Rivas describió que los jóvenes fueron sometidos a seis cursos de entrenamiento de guerra y luego fueron asignados para conformar lo que se conoció como el Escuadrón de la Muerte número Dos y les entregaron un listado que decía «Recolección de cabezas del Aguán», cuyo objetivo era asesinar a quienes aparecían enumerados y que en su mayoría son líderes y lideresas en la zona.

Esta lista la encabezan, además de Yoni Rivas, Vitalino Álvarez, Secretario de Comunicaciones de la Plataforma Agraria, Jaime Cabrera, y José Chávez, que serían asesinados.

Aún y cuando fue disuelto este escuadrón se tiene conocimiento de que intentan conformar nuevos grupos de exterminio hacia la dirigencia, acotó.

Yoni Rivas expresó ante esta situación que «esto lo decimos con plena seguridad, con absoluta firmeza porque tenemos la información de todas las estrategias que utiliza este poder fáctico en el país para terminar contra quienes nos oponemos al daño, al saqueo de nuestras tierras».

Se lamentó que el Estado hondureño «se tape los ojos» ante la creación de escuadrones de la muerte, criminalización y asesinatos de la dirigencia de las organizaciones populares.

«No nos vamos a rendir, vamos a continuar haciendo eco de nuestras denuncias por esta ola de criminalización contra nosotros y es mejor morir luchando que vivir de rodillas ante un sistema que excluye empobrece y cada vez destruye la vida humana en nuestro planeta», dijo.

Las muertes en el Bajo Aguán a causa del conflicto agrario suman más de 125 en un periodo comprendido entre los años 2010 al 2015, según cifras que maneja la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán, (UMVIBA), del Ministerio Publico (MP).

Dirigencia Campesina además de amenazas de muerte enfrentan criminalización

Los líderes y lideresas territoriales en el Bajo Aguán cargan casi a diario con amenazas en su contra y al menos 25 campesinos y campesinas enfrentan procesos judiciales en uno de ellos están a la víspera de presentarse a Juicio Oral y Público.

Dentro de los criminalizados se encuentran también Yoni Rivas, Vitalino Álvarez (en su momento representando al Movimiento Unificado Campesino del Aguán,( MUCA), el abogado Antonio Trejo, asesinado en Tegucigalpa el 22 de septiembre de 2012, Rigoberto Durán Cruz, del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos del Aguán (OPIDHA), entre otros. El juicio se desarrollará del 06 al 10 de junio de este año.

Todos fueron acusados del delito de Manifestación Ilícita, luego de participar en un plantón pacífico en las afueras del edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en agosto de 2012, en la que tenían previsto sostener una reunión con el entonces Presidente de ese poder del Estado, Jorge Rivera Avilés, en torno a la problemática surgida como consecuencia de una acción de recuperación de tierras que ocupan las cooperativas La Trinidad, Despertar y San Isidro, en El Aguán.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), en su informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas, mostró su preocupación por la penalización de las manifestaciones públicas en Honduras, en especial el caso contra los campesinos y campesinas en el departamento de Colón.

Este organismo internacional señaló que «los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del ‘orden público’, como medio para suprimir ‘un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido’. Si esto ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima».

El artículo 331 del Código Penal establece como ilícitas «todas aquellas reuniones a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos, con el fin de cometer un delito».

Sobre este tipo penal, la Alta Comisionada de Naciones Unidas en su informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, recomendó «revisar o derogar la legislación nacional incompatible con las normas internacionales, en particular las disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita».

Estado hondureño obediente al capital transnacional

La arremetida del capital que financia proyectos extractivos en el país se intensifica gracias a la complacencia de las autoridades, las cuales abren sus puertas para que «arrasen con nuestros bienes», detalló Rivas.

Dio como ejemplo el caso de Honduras en donde los grandes organismos financieros internacionales tienen interferidos los tres poderes del Estado, especialmente el Legislativo, en donde se tienen aprobadas y próximas a aprobarse una serie de leyes para el detrimento de los bienes y recursos naturales.

Según detalló el dirigente campesino son cerca de 950 sitios mineros a ser explotados en el país.

Con lo anterior existe una estrategia del poder económico y político tradicional » tratando de saquear nuestros bienes y recursos naturales a costa de lo que sea y es por eso entonces la persecución, el asesinato. Como el de Berta Cáceres», dijo Rivas.

«Quienes nos oponemos a que nuestro planeta o nuestro territorio sea saqueado con monocultivos y con el extractivismo, al final somos perseguidos, judicializados y si no nos logran callar, pueden recetarnos balas», finalizó.

Fuente: Pasos de Animal Grande

17 de mayo de 2016

Celio Guerra, dirigente de los pueblos originarios Ngabe Bugle (pueblos originarios mayoritarios en Panamá), Ex Presidente de los Congresos Tradicionales de su pueblo, dirigente la Unión Campesina Panameña UCP, CLOC LVC, da declaraciones a un canal de cobertura nacional, ante la definición de ilegalidad del decreto gubernamental 537 (decreto impuesto por el gobierno de Ricardo Martinelli 2009-2014), medida tomada por la Corte Suprema de Justicia días pasados, que desconoce este decreto que promovía elecciones paralelas a las estructuras tradicionales, donde se escogieron autoridades tradicionales y administrativas de los territorios de estos pueblos originarios, siguiendo ordenes del gobierno y no popular.

A partir de este decreto anulado, el gobierno pasado de Panamá, que presidio Ricardo Martinelli (2009-2014), de la cual, el actual presidente del país Juan Carlos Varela, fue Vice Presidente, impuso figuras a estos pueblo, para promover proyectos mineros e hidroeléctricos.

En medio de la lucha que han llevado adelante los pueblos originarios Ngabe Bugle, en defensa de sus territorios y el medio ambiente, una vez llega esta imposición del decreto 537 (2010), hoy anulado, se presto para generar engaños y manipulación para la imposición de mega proyectos antes mencionados, situación que a su vez provocó protestas de los pueblos, entre los años 2010-2014, que le dejo a estos, muertos, heridos (cientos de personas perdieron la vista parcial o totalmente), violaciones a mujeres, represión y persecución, que aún hasta el día de hoy tiene consecuencias.

Invitamos a ver la entrevista.

16 de mayo de 2016

«Si alguien se enferma y no tiene dinero para pagar un carro que lo traslade al hospital de la Tinta (ubicado a una hora y media) o al hospital de Puerto Barrios (ubicado a tres horas), lo único que le queda es esperar la muerte», dijo el secretario de Salud de la Comunidad de Sepur Zarco.

El representante del comité de salud de la comunidad dijo que desde aproximadamente tres meses no llegan a la comunidad personeros de salud, es decir que las mujeres embarazadas y los niños no han tenido el debido control de sus vacunas y chequeos. «Lo que se nos ha informado es que el presidente Jimmy Morales iba a cambiar el personal de salud que trabajaba a nivel de municipio», dijo el representante.

El goce a la salud es un derecho fundamental de todo ser humano, sin discriminación alguna, según lo refiere el artículo 93 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sin embargo en la comunidad de Sepur Zarco «nunca ha habido un centro de salud, nunca ha existido personal que atienda a los enfermos», dijo una lideresa que trabajo como promotora.

Quien agregó que en el año 2014 fallecieron dos jóvenes de tuberculosis, este año falleció una niña de Chikungunya dijo la lideresa.

Las 283 familias que conforman la comunidad de Sepur Zarco, y alrededor de ocho comunidades aledañas están desprotegidas del sistema de salud. Si una persona se enferma debe ser trasladada al hospital de La Tinta en Alta Verapaz (ubicado a hora y media de camino) o al hospital de Puerto Barrios (ubicado a tres horas de camino).

«Las mujeres que van a dar a luz a sus bebes debe ser trasladadas a esos hospitales ya que en la comunidad no hay quien las atienda», dijo la lideresa. Quien agregó que el padre de familia deba ahorrar dinero con tiempo porque un viaje en carro para el hospital más cercano oscila entre Q300.00 y Q400.00 quetzales; y el viaje al hospital que está a tres horas de la comunidad oscila entre Q.600.00 y Q.700.00 quetzales.

Los representantes de salud de la comunidad Sepur Zarco también lamentan que la niñez desnutrida no esté siendo atendida, indicando que si hay visualizados varios casos de niños y niñas desnutridas; los niñas y las niñas eran atendidas por el personal de salud que visitaba la comunidad, ahora esos niños y niñas no están siendo atendidas, indicaron.

Los líderes y lideresas reconocieron la lucha de las valientes mujeres que declararon ante el tribunal e indicaron que esperan que la medida de reparación que ordenó el tribunal de sentencia al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se cumpla lo más pronto posible.

Tomando como base los Convenios y Tratados sobre Derechos Humanos, La Constitución Política de la República de Guatemala y el contenido del artículo 124 del Código Procesal Penal el cual establece Derecho a la reparación digna, el pasado mes de marzo el Tribunal presidido por la Jueza Jassmin Barrios por unanimidad declaró con lugar la petición de reparación digna.

Esto después de tomar en cuenta los dictámenes periciales prueba producida en el debate del Juicio Sepur Zarco, el tribunal ordenó 18 medidas de reparación a favor de las mujeres sobrevivientes, sus familias y sus comunidades.

Entre las medidas de reparación el tribunal ordenó al Ministerio de Salud Pública para que a mediano plazo construya e instale un Centro de Salud tipo «A» en la comunidad Sepur Zarco con todas las medicinas necesarias.