Autor: clocvc

27 de agosto de 2014

Ante los últimos hechos ocurridos en la región del Aguàn las organizaciones que integramos la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguàn comunicamos al pueblo hondureño, a las organizaciones nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, al movimiento social y a los medios de comunión nacional e internacional lo siguiente:

1. Condenamos la campaña de criminalización en contra de las familias campesinas de la Empresa Asociativa Campesina de Producción «Fuerzas Unidas», de la comunidad de Ocotes Altos, ubicada en el municipio de Trujillo, que está en lucha por recuperar la tierra que por años el Fondo Ganadero ha tenido abandonada.

2. Condenamos las amenazas directas en contra de líderes y lideresas campesinas como Santos Torres y Glenda Chávez ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, fueron amenazados y atemorizados en su casa de habitación el 19 de agosto por ocho (8) militares y tres (3) guardias de seguridad de corporación Dinant que se conducían en un vehículo Toyota gris doble cabina, evidenciando una vez más la clara confabulación del Ministerio Publico y Seguridad con el terrateniente Miguel Facusse.

3. Denunciamos el interés del Director del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara en pretender desestabilizar el movimiento campesino de la región del Aguàn, ya que hace un mes realizo una gira en el Aguàn donde se reunión con las diferentes organizaciones y en su participación exigió a los movimientos no acompañar en solidaridad a otros movimientos campesinos. Asimismo por estar recibiendo expedientes sobre tierras que por años han sido ocupadas por la Empresa Asociativa Campesina La Bolsa ubicada en Rigores y entregadas a la empresa la Marañones.

4. Condenamos la estrategia mal intencionada del jefe de la Fuerza Interinstitucional Nacional (FUSINA), coronel German Alfaro Escalante al pretender vincular en un supuesto atentado a una patrulla a los compañeros campesinos Juan Ramón Salinas (56), Elver Joel Salinas, Alejandro López (50) y José Argueta entre los que se encuentran dos personas de la tercera edad, quienes golpeados y detenidos luego de que el ejército y la policía desarrollaran un violento desalojo en la Finca Paso Aguán el pasado 15 de agosto del presente año. Creemos que las acusaciones que hace el coronel Alfaro Escalante es una manera para justificar los desalojos en contra de las familias campesinas y provocar una masacre en el sector.

5. Condenamos la campaña de desinformación y desprestigio en distintos medios de comunicaron en contra el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), que ha surgido por exigir una readecuación de la deuda, como consecuencia de no haber elaborado de manera conjunta (la Secretaria de Finanzas , INA y MUCA ), el Plan de negocio y la estructura financiera como lo emana el Decreto 04-2011, en su momento la dirigencia del MUCA exigió su participación en esta estructura financiera, pero fueron llamados radicales e intransigentes.

6. Denunciamos al Instituto de la Propiedad en Trujillo (IP), al negar el acceso a la información sobre el estatus actual de nuestras propiedades de la cooperativa Trinidad y El Despertar del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), ya que alrededor de cinco meses solicitamos el libre gravamen, pero hasta la fecha no nos han dado una respuesta.

Exigimos el cese a la persecución y criminalización de los y las campesinas

Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán

Dado en la Ciudad de Tocoa, Colón a los 26 días del mes de Agosto 2014

Movimiento Unificado Campesino del Aguan
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27 de agosto de 2014

Gracias a una convocatoria abierta y pública efectuada por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, el martes 26 se decidió la creación de una Comisión Política Organizadora de la Cumbre Alternativa de los Pueblos frente al Cambio Climático. El auditorio de la Confederación Nacional Agraria (CNA) ubicado en el centro de Lima fue el escenario donde se tomó el trascendental acuerdo.

De esta manera se coordinarán e integrarán las agendas de actividades a fin de dar un auténtico realce al magno evento que articulará a los movimientos sociales y populares en el propósito común de hacer oir la voz de los pueblos frente la cumbre climática COP 20.

Antolín Huáscar, presidente de la CNA, y Gladis Vila, presidenta de la organización nacional de mujeres ONAMIAP, en su calidad de coordinador y vocera del Pacto de Unidad, respectivamente, explicaron el programa de actividades que impulsan las organizaciones indígenas y campesinas del Perú.

En él se pudo conocer que el arribo a la capital de las delegaciones de los pueblos originarios del interior del país se iniciará de manera organizada desde el lunes 8 de diciembre.

En este día se realizarán las ceremonias y ofrendas espirituales de apertura con la participación de delegaciones indígenas internacionales y se compartirá la agenda de trabajo en una reunión plenaria informativa.

También se tiene prevista una velada artística y cultural de apertura la cual continuará todas las noches.

El martes 9 se instalarán las mesas temáticas nacionales e internacionales tanto de pueblos indígenas como de otros sectores sociales, académicos, juveniles, etc. que trabajarán durante el día a fin de consensuar documentos con propuestas.

El miércoles 10 de diciembre se realizará la Gran Marcha Global en Defensa de la Madre Tierra que tendrá la forma de un pasacalle a fin de mostrar la extraordinaria diversidad cultural de los pueblos del Perú y del mundo.

El jueves 11 una delegación nacional e internacional acudirá al recinto oficial de la COP 20 a entregar de manera oficial las peticiones de la Cumbre Alternativa de los Pueblos del Perú y del mundo.

Espíritu unitario

A la reunión asistieron destacados dirigentes como Juan José Gorriti de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la más importante central sindical del país, Tarcila Rivera Zea, del Enlace Continental de Mujeres Indígenas y Lourdes Huanca, presidenta de la organización de mujeres FENMUCARINAP.

Además de ser miembro del Pacto de Unidad, Lourdes Huanca representa a la organización internacional Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), afiliada a Vía Campesina.

Asimismo Javier Jahncke de la Red Muqui, Moisés Quispe Quispe de la Asociación Nacional de productores Ecológicos y de la Alianza de Organizaciones Agrarias (AOA), Luis Hallazi del Colectivo Territorios Seguros, Osver Polo Carrasco de la Red Construyendo Puentes, Rocío Valdeavellano del Grupo Perú COP 20, César Gamboa de la asociación DAR, entre otros.

De esta manera las organizaciones indígenas peruanas dieron por cerrado un capítulo de desencuentros y descoordinaciones con Juan Pedro Chang, quién ha venido fungiendo de organizador de la Cumbre a pesar de su estilo personalista e informal.

Los representantes indígenas expresaron sentirse frustrados debido a que desde febrero de este año han intentado concretar reuniones de coordinación y trabajo en el marco del respeto y la igualdad, aspecto ignorado por el supuesto coordinador.

«Hemos perdido siete valiosos meses y no nos sentimos representados por este señor que incluso se toma la atribución de colocar el nombre de nuestras organizaciones en eventos nacionales e internacionales», expresó al respecto Antolín Huáscar.

26 de agosto de 2014

Huber Duré fue un joven agricultor de San Pedro, asesinado a tiros por la policía a los 24 años, en un desalojo por de más violento, que derivó en la muerte de otros dos campesinos y un tendal de heridos, en el año 2000.

Hoy, una colonia de la Federación Nacional Campesina (FNC), organización de la que Huber Duré era militante, lleva su nombre. Esta localidad, distante a unos 80 Km del distrito de Curuguaty –departamento de Canindeyú– es noticia desde hace poco más de un mes por hechos que están aconteciendo y que se están denunciando como generados por el acoso de las plantaciones de monocultivos transgénicos y su consecuente uso de agrotóxicos.

Otra vez Curuguaty, allí donde en junio de 2012 se dio lugar a la matanza de 11 campesinos sin tierra y de 6 policías intervinientes en el desalojo de Marinakue. Curuguaty, allí donde en mayo pasado, una comitiva fiscal-policial echó a una población Ava Guaraní de sus tierras ancestrales, quemando sus cultivos y hasta derribando su templo sagrado. Curuguaty, uno de los epicentros del agronegocio y, consecuentemente, de los movimientos campesinos e indígenas que luchan por la tierra en el Paraguay.

Los pobladores de Huber Duré alertaron sobre la muerte de dos hermanitas, Adelaida y Adela Álvarez Villalba, el 22 de julio de 2014, a causa de las fumigaciones necesarias para preparar el terreno de plantaciones de soja en las cercanías del asentamiento. Adelaida, de 3 años, murió en su casa, mientras la preparaban para llevarla al hospital. Adela, de 6 meses, falleció tras ser dada de alta en el Hospital de Curuguaty; los médicos que la trataron no la consideraron una paciente de gravedad.

El médico forense del Ministerio Público no perdió el tiempo para determinar que la causa de las muertes se debió a una infección pulmonar o a una insuficiencia respiratoria aguda, aunque los estudios laboratoriales y resultados de la autopsia saldrían recién en un mes. Por esos días, más de 30 personas, entre ellos niños y niñas, fueron hospitalizados con los mismos síntomas que presentaban las pequeñas: vómito, fiebre, mareo, dolor de cabeza y de estómago.

Días atrás, Huber Duré volvió a ser noticia, esta vez por la cantidad de animales domésticos muertos en extrañas circunstancias. Son 260 familias las que habitan el asentamiento, distribuidas en 2.000 hectáreas de tierra que están divididas en 6 núcleos de población. En una semana, según denunciaron referentes de la FNC, las familias han perdido gallinas, vacas y cerdos en una importante cantidad: se registraron casi 400 casos.

También se habla de que la muerte de otro bebé, esta vez de 10 meses, se debió a la intoxicación con agrotóxicos en la comunidad. El niño William Verdún había nacido con una rara enfermedad por la que los órganos le crecían en sobremanera, además de que no podía ver, escuchar, moverse y comer: se alimentaba con sonda. Librada, una campesina de 20 años, es la madre del angelito, y declaró en su momento que los médicos nunca le habían dado un diagnóstico preciso sobre lo que sufría su bebé.

Otra vez el modelo agroexportador matando inocentes. En invierno no se cultiva soja, se defienden los grandes gremios de la producción, pero sí se prepara el terreno con la fuerte aplicación de carbamato, vía aérea; pero sí se cultiva maíz transgénico y hasta nabo forrajero que sirve como abono verde, en desmedro de la salud de la población cercana.

El Estado paraguayo, una vez más: «aplazado» en sus funciones, como un estudiante que reprueba las materias. El gobierno de Horacio Cartes se lava las manos ante esta situación. Solo por la presión ejercida a través de movilizaciones y denuncia constante en los medios, llegaron a constituirse funcionarios del Ministerio de Salud, el Senave –institución que debe ejercer control sobre la aplicación de plaguicidas en los cultivos–, el Senacsa –que vigila el saneamiento animal– y otras dependencias del Estado en la colonia Huber Duré. Pero no se ha iniciado una investigación eficaz que lograra determinar con precisión qué está ocurriendo en esta localidad.

Mientras tanto, los pobladores, en medio del pánico, siguen padeciendo problemas de piel y se someten a tratamientos que no sirven de mucho. Esta situación ya lleva 10 años, desde que se habilitaron las plantaciones mecanizadas en los alrededores. El médico que atiende en el puesto de salud manifestó que la mayoría de los pacientes presentan dermatitis por contacto, dermatomitosis por hongo, y se verifica la presencia de piodernitis producidas por bacterias en niños menores de 5 años. El profesional señaló también que existen muchas enfermedades digestivas, pero lamentó que en el lugar no cuenten con medicamentos suficientes para tratar a la población.

El agua del arroyo denominado Lago Azul sería la causante de todo este escenario. Según un dirigente de la comunidad, un rayo había averiado el motor de agua potable, por lo que desde hacía tres meses la población venía consumiendo de ese cauce. Todo indica que la presencia de los agroquímicos llegó a la colonia no solo por las pulverizaciones aéreas, sino también por el agua que se consume.

La resistencia campesina, ante el avance del agronegocio, se vuelve cada vez más tenaz, y a ella se suma el descontento en los pueblos indígenas y también en las ciudades. Una bomba de tiempo que, tarde o temprano, terminará estallando.

25 de agosto de 2014

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) lanzó el pasado 8 de agosto el «Informe Chokokue [campesino, en guaraní] 1989-2013», investigación con la que se da continuidad a un primer documento publicado en 2007, donde se registran los casos de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas ejecutados y desaparecidos en el marco de la lucha por la tierra en el Paraguay, en el contexto de ataques perpetrados en contra de comunidades rurales.

A través de este informe, Codehupy denuncia que durante casi 25 años de gobiernos post dictatoriales, entre el 3 de febrero de 1989 –en que cayó el régimen de Alfredo Stroessner– hasta el 15 de agosto de 2013 –en que asumió el actual presidente, Horacio Cartes–, fueron ejecutados y desaparecidos al menos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas, en el marco de un plan sistemático de sectores de poder político y económico para apropiarse del territorio campesino.

Informe versión digital

Constituye una entrega a la sociedad paraguaya de un relato independiente, documentado con precisión y exhaustividad, objetivo y fundado en la perspectiva de los derechos humanos, alertando sobre la existencia de un plan sistemático de ejecuciones, una de las más graves amenazas a la posibilidad de democracia, justicia social y autodeterminación del pueblo.

Informe Chokokue 1989 – 2013
El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino
CODEHUPY – Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
Agosto de 2014 – Asunción, Paraguay

25 de agosto de 2014

A fin de informar la agenda de trabajo de las organizaciones indígenas nacionales articuladas en el Pacto de Unidad el martes 26 de agosto a las 4 pm se realizará una reunión de coordinación y trabajo en la sede de la Confederación Nacional Agraria (CNA) situada en el Jr. Miró Quesada 385, en el Cercado de Lima.

El cónclave permitirá conocer las acciones que desarrolla el Pacto de Unidad hacia la Cumbre Alternativa de los Pueblos frente al cambio climático, entre éstas garantizar la participación de las bases comunales y asegurar una efectiva movilización ciudadana que haga sentir la presencia y propuestas de la diversidad de los pueblos originarios del país.

Al evento vienen siendo convocadas diversas instituciones y organizaciones sociales, sindicales, federaciones, gremios, asociaciones civiles, juveniles, estudiantiles en general que deseen sumarse al proceso de movilización ciudadana frente al cambio climático.

El encuentro permitirá concertar esfuerzos, iniciativas y voluntades para la Cumbre Alternativa de los Pueblos que desde la perspectiva indígena debe hacer visible a los pueblos originarios del Perú y el mundo, como uno de los sectores más vulnerables al cambio climático y con mayores propuestas para acciones de adaptación.

De esta manera para el Pacto de Unidad la movilización ciudadana debe alcanzar una gran repercusión nacional e internacional a diferencia de otros sectores de la sociedad civil que desde una mirada más estrecha menoscaban el protagonismo indígena y la presencia del pueblo en los espacios alternativos.

Foros y debates públicos todos los martes… hasta diciembre

Cabe destacar que el mismo martes 26 a partir de las 7 p.m. se realizarán eventos públicos y abiertos de información y debate sobre diversos aspectos concernientes al cambio climático con la proyección de vídeos y la participación de especialistas invitados.

Este espacio se desarrollará de manera continua en el mismo auditorio de la CNA hasta el mes de diciembre de 2014, fecha en que se realizará la Cumbre Alternativa de los Pueblos y la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático o COP20.

Pacto de Unidad con propuestas

El 21 de julio el Pacto de Unidad presentó sus propuestas frente al cambio climático en las que propone aplicar algunos enfoques transversales frente al cambio climático que responden a la visión holística que poseen los pueblos indígenas.

Ello en consideración además de que el cambio climático en particular no es un problema solo de ambiente, recursos o gases de efecto invernadero, sino de relaciones sociales, económicas y de poder que dañan a la Madre Tierra.

En aquella ocasión el Pacto de Unidad propuso siete enfoques y que son: de derechos, eco-sistémico, territorial, diferenciado e intercultural, de género, generacional y multisectorial e integral.

En lo que respecta a los ejes temáticos propone cinco: a) Proteger la diversidad de ecosistemas con gobernanza territorial; b) Reducir la vulnerabilidad climática y controlar sus riesgos protegiendo la vida y la salud y c) priorizar la adaptación comunitaria como base de la resiliencia territorial.

Asimismo, d) proteger el agua, el agro y la alimentación para una vida sana, y e) construir políticas públicas para una sociedad del Buen Vivir con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

El Pacto de Unidad ha venido difundiendo sus propuestas y convocatoria en foros públicos y encuentros talleres descentralizados realizados de marzo a junio en Cusco, Chiclayo, Huancayo y Pucallpa.

Asimismo participó de un panel en las II Jornadas de Comunicación y Democracia que se realizaron del 14 al 16 de agosto en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) con comunicadores indígenas procedentes de diversas regiones del país.

¿Quienes integran el Pacto de Unidad?

El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, conformado por las organizaciones nacionales: Confederación Nacional Agraria (CNA), Confederación Campesina del Perú (CCP), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).

Asimismo, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARCP), Unión Nacional de Comunidades Aimaras (UNCA) y Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP).

La finalidad del Pacto es fortalecer el movimiento indígena nacional y construir propuestas unitarias en camino hacia el ejercicio de la libre determinación, el Buen Vivir y la Vida Plena de los pueblos y las comunidades originarias del Perú.

Bajo la denominación genérica de pueblos indígenas u originarios se comprende a diversas formas o modalidades cómo éstos se organizan y que se expresan en: comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas, organizaciones y federaciones agrarias, entre otras, que se reconozcan y auto-identifiquen como originarias.

Conozca las propuestas generales del Pacto de Unidad frente al cambio climático con un clic a los siguientes enlaces:

https://ia902304.us.archive.org/19/items/PUPropuestaCC21jul2014/PU_PropuestaCC_21jul2014.pdf (PDF, español, cuatro páginas).
https://ia902301.us.archive.org/15/items/TheUnityPact/IndigenousPeoplesProposalsonClimateChange.pdf (PDF, inglés, cuatro páginas)

22 de agosto de 2014

Una delegación internacional de once personas, incluyendo observadores de derechos humanos de Estados Unidos y Canadá y un periodista de The Nation, visitaron varias regiones de Honduras entre el 11 y 20 de agosto del 2014, tomando testimonios de violaciones de derechos humanos y realizando entrevistas. Miembros de la Red de Solidaridad con Honduras, lo cual consiste de más de treinta organizaciones de Estados Unidos, formaron parte de la delegación.

Del 13 al 15 de agosto, nuestra delegación visitó varias comunidades campesinas en el Bajo Aguán y documentó violaciones a derechos humanos atribuidas a las fuerzas estatales hondureñas y la corporación Dinant.

Estas violaciones, basadas en testimonios personales de las víctimas, incluyeron un desalojo violento de la comunidad de La Panamá por las fuerzas armadas hondureñas el 3 de julio de 2014, con gases lacrimógenos, balas, y agresión física en espacios públicos cerca de casas y escuelas. Un hombre murió, dos fueron gravemente heridos, varios fueron golpeados, y siete fueron detenidos dentro de sus casas, acusados, y luego fueron puestos en libertad. Varios testimonios hicieron hincapié al rol directo de las fuerzas militares hondureñas en propiedad privada de Dinant, borrando las líneas entre el papel del estado hondureño y guardias privadas de seguridad.

Al día siguiente de nuestra visita al Bajo Aguán, nuestra delegación fue acusada por el Coronel Germán Alfaro de FUSINA de «alientan a los campesinos lanzar ataques» y «causar dispensión» en la región. También dijo que nuestra delegación estaba siendo investigada por estar en «un área prácticamente restrictiva del país.» Estas acusaciones son similares a las que se hicieron en contra la defensora de derechos humanos Annie Bird de Rights Action en diciembre de 2013 y julio de 2014 cuando Roger Pineda de Dinant y el Coronel Alfaro acusaron a Bird de «causar caos,» intentar «desestablizar» la región del Aguán, y la acusaron de estar involucrada en «actividades ilícitas» en un canal local de televisión en Tocoa, Colón. Denunciamos estas acusaciones y difamación en la prensa como parte de un plan estratégico sistemático para amenazar, criminalizar, y silenciar la documentación de violaciones de derechos humanos de observadores nacionales e internacionales y periodistas.

La necesidad de exponer las violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán es urgente y las violaciones que nosotros escuchamos en La Panamá y en el Aguán son similares a otros que han sido ampliamente documentados por organizaciones de derechos humanos como Rights Action, Human Rights Watch, y el Grupo de Trabajo sobre el uso de Mercenarios de las Naciones Unidas. Mas de cien campesinos han sido asesinados en el Bajo Aguán desde el 2009 y muy pocos casos han sido investigados o juzgados. Acusaciones sobre abusos y violaciones cometidas por las fuerzas estatales hondureñas y Dinant contra comunidades campesinas en el Aguán motivaron a la IFC, el brazo privado del Banco Mundial, a iniciar una auditoría interna de su préstamo de 30 millones de dólares a Dinant.

Además, durante nuestra visita a La Panamá el 15 de Agosto de 2014, escuchamos tiros de bala cerca del area donde tomábamos los testimonios, y después descubrimos que cuatro miembros de la comunidad habían sido detenidos por las fuerzas militares hondureñas. En ese momento, notificamos a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa sobre nuestra localización y preocupación por la población de La Panamá. También estábamos muy preocupados por nuestra seguridad dado que otras delegaciones internacionales habían sufrido intimidación por parte de las guardias privadas de Dinant quienes dispararon cerca de los delegados y comunidad campesina.

La difamación y los ataques contra observadores internacionales, defensores de derechos humanos y periodistas que investigan abusos de derechos humanos en el Bajo Aguán es un intento de encubrir las violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas estatales hondureñas y Dinant en el Bajo Aguán. Exigimos:

1. El cese inmediato de la campaña de criminalización y difamación contra defensores de derechos humanos tanto nacionales como internacionales y periodistas en el Aguán y otras regiones de Honduras.
2. El cese a toda ayuda económica de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad hondureñas, especialmente antes la documentación de abusos por parte de las fuerzas militares en La Panamá y en el valle Aguán.

3. Que la Unidad Especial de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán sea acompañada por una comisión independiente, imparcial, e internacional con expertos forenses para investigar asesinatos y abusos de derechos humanos.

Movimiento Unificado Campesino del Aguan
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22 de agosto de 2014

El pasado miércoles por la tarde, un grupo de 50 trabajadores y trabajadoras del MST de los tres estados del Sur del país participó del lanzamiento de la Campaña de Ayuda Humanitaria a la Franja de Gaza, en el Palacio Piratini, en Porto Alegre (RS).

La campaña, promovida por el gobierno del Estado, tuvo como finalidad auxiliar financieramente la reconstrucción del territorio palestino, que quedó con su infraestrutura dañada tras los recientes ataques de Israel a la Franja de Gaza.

Durante el lanzamiento de la campaña, el embajador de Palestina, Ibrahim Alzeben, agradeció la solidaridad del gobierno y del pueblo «gaúcho» con la población y la reconstrucción de su país.

Ibrahim también enfatizó la necesidad de apoyo de Brasil en la ONU para la creación de un Estado Palestino. «Esta situación ya se convirtió en una cuestión humanitaria. No va a existir paz en la región si el pueblo Palestino no tiene su propio territorio», denunció el embajador.

El gobernador Tarso Genro resaltó la importancia de las entidades civiles en apoyar la campaña. «Esta es una campaña con una dimensión humanitaria y política que debe trascender en las relaciones entre los pueblos y señalizar la búsqueda de una paz justa y respetuosa entre Palestina e Israel», dijo el gobernador.

Desde 1948, Israel utiliza la fuerza militar para impedir la creación del estado palestino. Según informaciones del Ministerio de Salud de Palestina, el número de muertos en el último conflicto ya sobrepasó las 2 mil personas, la mayoría civiles.

Las donaciones se harían llegar a través de una cuenta de Banrisul, agencia nº 0100, cuenta corriente nº 03.358022.0-6. Los recursos obtenidos serán enviados a las instituciones de la ONU que trabajan en Gaza.

En solidaridad al pueblo palestino, Tarso Genro izó la bandera del Estado Palestino en el Palacio Piratini.

Según la Federación Árabe-Palestina de Brasil (Fepal), cerca de 30 mil inmigrantes, refugiados o descendientes de esta comunidad viven en Rio Grande do Sul, distribuidos por varias ciudades, especialmente en la frontera, como Uruguaiana, Santana do Livramento, São Borja, Itaqui, Rosário do Sul, Bagé, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Santa Maria, además de en la capital y la Región Metropolitana.

22 de agosto de 2014

Un tribunal del estado de Yucatán revocó el permiso otorgado al gigante de la biotecnología por parte de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en junio de 2012, que le permitió la siembra comercial de soja con la pesticida Roundup.

El permiso había autorizado a Monsanto para que cultivara soja genéticamente modificada en siete estados del país, a pesar de las protestas de agricultores y apicultores, así como de los activistas de Greenpeace y de varias organizaciones ecologistas.

Las evidencias científicas sobre las amenazas que plantean los cultivos de soja transgénica para la producción de miel en la península de Yucatán –que incluye los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán– convencieron al juez sobre la necesidad de la retirada del permiso. En consecuencia, este dictaminó que la coexistencia de la producción de miel y soja con el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) no es posible, según publicó el diario ‘The Guardian’.

México es el sexto mayor productor y el tercer mayor exportador mundial de miel. Unas 25.000 familias de Yucatán, región que produce alrededor del 40% de la miel del país, dependen de su producción.

Cultivos de soja, maíz, canola, remolacha azucarera, algodón y alfalfa han sido modificados para ser resistentes al glifosato, el ingrediente activo de la pesticida Roundup. Algunos expertos sostienen que el glifosato representa un riesgo para la salud humana y animal, afirmación que Monsanto rechaza. Además de riesgos para la salud, este elemento causa daños al medio ambiente, al agua y a las colonias de abejas, que actualmente están disminuyendo con rapidez.

Con esta decisión Yucatán se suma a Campeche, donde en marzo se adoptó una resolución casi idéntica. Las dos sentencias han establecido un precedente que ayudará a agricultores, activistas y ambientalistas a emprender acciones legales locales contra la implantación de la soja y el maíz genéticamente modificados.

22 de agosto de 2014

Na tarde desta quarta-feira (20), um grupo de 50 trabalhadores e trabalhadoras do MST dos três estados do Sul do país participou do lançamento da Campanha de Ajuda Humanitária à Faixa de Gaza, no Palácio Piratini, em Porto Alegre (RS).

A campanha, promovida pelo governo do Estado, teve como finalidade auxiliar financeiramente a reconstrução do território palestino, que teve sua infraestrutura abalada nos recentes ataques de Israel à Faixa de Gaza.

Durante o lançamento da campanha, o embaixador da Palestina, Ibrahim Alzeben, agradeceu a solidariedade do governo e do povo gaúcho no socorro à população e na reconstrução de seu país.

Ibrahim também enfatizou a necessidade de apoio do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU) para a criação de um Estado Palestino. «Essa situação já se converteu em uma questão humanitária. Não vai existir paz na região enquanto o povo Palestino não tiver seu próprio território», denunciou o embaixador.

O governador Tarso Genro ressaltou a importância das entidades civis em apoiar a campanha. «Essa é uma campanha com uma dimensão humanitária e política que deve transcender nas relações entre os povos e sinalizar para a busca de uma paz justa e respeitosa entre a Palestina e Israel», disse o governador.

Desde 1948, Israel utiliza a força militar na tentativa de impedir a criação do Estado palestino. Segundo informações do Ministério da Saúde da Palestina, o número de mortos no último conflito já ultrapassou 2 mil pessoas, a maioria civis.

As doações serão arrecadas através de uma conta do Banrisul, agência nº 0100, conta corrente nº 03.358022.0-6. O recurso obtido será repassado para as instituições da ONU que trabalham em Gaza.

Em solidariedade ao povo Palestino, Tarso Genro hasteou a bandeira do Estado Palestino no Palácio Piratini.

Segundo a Federação Árabe-Palestina do Brasil (Fepal), cerca de 30 mil imigrantes, refugiados ou descendentes desta comunidade vivem no Rio Grande do Sul, distribuídos por várias cidades, especialmente na fronteira, como Uruguaiana, Santana do Livramento, São Borja, Itaqui, Rosário do Sul, Bagé, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Santa Maria, além da capital e Região Metropolitana.

21 de agosto de 2014

El ataque lanzado por parte del Estado a través de las fuerzas de seguridad en contra del pueblo Q´eqchi´ se ha pretendido disfrazar con el desalojo a la comunidad 9 de febrero ocurrido el viernes 15 de agosto, señalaron familiares de víctimas y representantes de organizaciones indígenas y campesinas de Alta Verapaz que viajaron a la ciudad capital donde brindaron una conferencia de prensa en conjunto con representantes del IV Congreso de Pueblos Comunidades y Organizaciones.

Asimismo indicaron que la movilización desde diferentes departamentos del país de más de mil quinientos efectivos de la Policía Nacional Civil -PNC-, incluyendo quienes se ubicaban en departamentos fronterizos con México es para garantizar y defender los intereses de las empresas Hidro Santa Rita y Energuate.

Representantes del pueblo Q´eqchi´ y representantes de diferentes organizaciones en solidaridad con hombres y mujeres de las comunidades en Alta Verapaz denunciaron que el resultado de las acciones represivas realizadas por la PNC en contra del pueblo Q´eqchi´ es de 3 ejecuciones extrajudiciales, 47 capturados, número similar de hombres y mujeres que presentan diferentes golpes, así como cientos de campesinos y campesinas que se desplazaron forzosamente y obligados a refugiarse en la montaña.

Denunciaron que las familias experimentaron las mismas políticas represivas que se vivieron en el tiempo de la guerra, como detenciones ilegales, allanamientos ilegales de viviendas, uso excesivo y desmedido de la fuerza, violando así los derechos humanos y protocolos establecidos a nivel nacional e internacional.

Asimismo rechazaron toda la manipulación mediática que ha llevado a cabo el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla al tergiversar todos los hechos sucedidos en Alta Verapaz; Indicaron que con esa política lo que se pretende es sembrar terror, manipular a la opinión pública y esconder la verdad de los hechos.

El objetivo de implementar la política de militarización y represión en Alta Verapaz es neutralizar la resistencia de hombres y mujeres por la defensa de la tierra y territorio y la lucha por la nacionalización de la energía eléctrica, señalaron los representantes. Asimismo enfatizaron que las agresiones fueron dirigidas a puntos claves de resistencia.

Hombres y mujeres demandaron a la Procuraduría de Derechos Humanos PDH que cumpla su papel ya que en todas las violaciones a los derechos que vivió el pueblo Q´eqchi´ estuvo ausente. Asimismo solicitaron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos OACNUDH en Guatemala que se investigue los hechos represivos y la militarización que se está realizando en esta región de Alta Verapaz.

Antecedentes de los hechos:

14 de agosto: intento de desalojo en la comunidad 9 de febrero.

La PNC, antes de llegar a la Comunidad 9 de febrero se encuentra con una protesta realizada en la carretera, por pobladores de la Comunidad Monte Olivo, comunidad organizada en el CUC. Monte Olivo se opone a la construcción de la Hidroeléctrica Santa Rita y por solidaridad realiza la manifestación en la carretera.

La PNC arremete contra quienes manifestaban y ejecutan cinco capturas Tomás Chen (52 años), Isabel Choc (28 años), Carmen Hun (51 años), Obdulia Regina Ical Hun (28 años), y Magdiel Ical Hun (23 años).

15 de agosto: desde horas de la madrugada inicia movilización de la PNC dirigiéndose de Cobán hacia la Comunidad 9 de Febrero y para el municipio de Raxruha.

Mientras que la comunidad Monte Olivo se mantenía ocupada por la Policía.

En la Comunidad 9 de Febrero se llegó a efectuar el desalojo pero las familias ya se habían retirado de la comunidad, elementos de la Policía Nacional Civil utilizó maquinaria para demoler las casas y luego procede a quemarlas.

Ese mismo día en el Municipio de Raxruha se realizó la captura de dos líderes del Comité de Desarrollo Campesino -CODECA-.

En Samococh comunidad que se ubica en la carretera que dirige a Chisec, la población bloqueó paso para exigir la liberación de los líderes retenidos, elementos de la policía que se ubicaban en Monte Olivo se movilizaron a Samococh y se enfrentan con pobladores; en dicho enfrentamiento la PNC asesinó a Luciano Can, Oscar Chen Quej y Sebastian Rax Ical.

La versión que maneja la PNC y medios de comunicación corporativos es que la población se enfrentó entre ellos, sin embargo hay evidencias claras donde muestran que fue la policía quien disparó en contra de la población.

El 16 de agosto la comunidad Monte Olivo continuaba ocupada. Una Comisión de organizaciones llega a Monte Olivo y logró que la PNC se retirara de la comunidad en horas de la tarde. Las Familias de Monte Olivo retornaron de la montaña a su comunidad.

19 de agosto. El Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla realizó declaraciones a la prensa, expresando que se mantendrá el despliegue de policía y ejército en las verapaces, utilizando el argumento realizado en muchas ocasiones de combate al narcotráfico