Autor: clocvc

Lunes 26 de Septiembre de 2011

Durante el Foro Social Mundial de Dakar, Senegal, en Febrero de 2011, movimientos sociales, organizaciones de pequeños productores y otras organizaciones de la sociedad civil lanzaron un llamamiento colectivo contra el acaparamiento de tierras. Más de 650 organizaciones ya se han adherido. Si su organización desea también apoyar este llamamiento, por favor hágalo antes del 7 de octubre de 2011.

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) con sede en Roma en la Organización mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), está actualmente negociando las Directrices sobre la Gobernanza Responsable en la Tenencia de la Tierra, Recursos Pesqueros y Forestales. Estas directrices deberían proteger y reforzar el acceso a la tierra, a los recursos pesqueros y a los bosques para los/as pequeños/as productores/as de alimentos. Desgraciadamente, algunos gobiernos poderosos, apoyados en esto por las Instituciones Financieras Internacionales, no quieren adoptar directrices fuertes. Estos gobiernos prefieren una gobernanza de los recursos naturales que facilite la apropiación de los recursos por parte de grandes inversionistas empresariales y otros actores poderosos

Campesinos afectados por el acaparamiento de tierras entregarán el llamamiento de Dakar, con todos los nombres de las organizaciones que lo hayan avalado, a los gobiernos durante las negociaciones sobre las Directrices en Roma los días 10-14 de Octubre.

Esta movilización también deberá contribuir a presionar a los gobiernos para que rechacen definitivamente los Principios para Inversiones Agrícolas Responsables (RAI por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.

¡Es hora de impedir el acaparamiento de tierras, no de darle una fachada de «responsabilidad»!

Por favor, lea y firme el llamamiento aquí: http://www.dakarappeal.org

Lunes 26 de Enero de 2011

“Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca” y “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca”. De aprobarse, cualquiera de ellas vulneraría “de manera desvergonzada los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas a su libre determinación y soberanía alimentaria”.

Oaxaca vive un momento terrible de su historia. Tras la prolongada represión emprendida por Ulises Ruiz, tras la batalla por la dignidad en Oaxaca que protagonizó el pueblo oaxaqueño rural y urbano sin distinción de identidades, tras la persecución que desató el susodicho gobernador, tras la vasta descomposición que dejó en diversas regiones de la entidad (nomás miren San Juan Copala o San José del Progreso ahora), resulta que el gobierno de Gabino Cué —gobernador en quien tanta gente puso esperanzas— ha emprendido una de las más funestas y radicales reformas legislativas en la historia de la entidad.

Por una parte, siguiendo la reverberación de otras leyes que dicen defender el maíz, como la de Tlaxcala y Michoacán, Oaxaca salen con una “Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca”, impulsada por una diputada del PRI y con la “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca” impulsada por una diputada del PAN, a propuesta de la Fundación para el Desarrollo Social Coatlicue, AC que, como afirma un buen número de organizaciones sociales, indígenas y de la sociedad civil, “agreden la inteligencia de la población oaxaqueña, por ignorar la lucha de resistencia contra la siembra de maíces transgénicos que se inició después de que en el año 2001 se descubriera la contaminación por transgénicos en los maíces nativos de la Sierra Juárez, los Valles Centrales y el Istmo” y por si fuera poco “no protegen nuestro maíz nativo. Al contrario, están facilitando su saqueo por empresas transnacionales que tratan de dominar la producción alimentaria del planeta”.

De aprobarse, cualquiera de ellas vulneraría “de manera desvergonzada los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas a su libre determinación y soberanía alimentaria”.

Tales iniciativas “le otorgan certeza jurídica sólo para productores registrados”, término que excluye a los campesinos indígenas que producen sus propios alimentos. “Las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas a la utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento”. Aspectos graves son el establecimiento de “fronteras agrícolas” que “limitarán las zonas de cultivo de campesinos de montaña”, lo que busca promover seudo programas de conservación que impiden “la agricultura sustentable y la milpa tradicional”; el impulso a la “creación de un organismo central que tendrá el control sobre todas las actividades que tengan relación con el maíz y lo establecen como el enlace único entre el Estado y los productores, excluyendo a los campesinos y quitándoles la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con sus semillas”, y el hecho de “obligar a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a ‘mejoradores’ a través de bancos de germoplasma. Esto abrirá el acceso a nuestras semillas a empresas transnacionales que esperan patentar las cualidades del maíz creadas con el trabajo milenario de convivencia, selección y adaptación de nuestros antepasados”. Por si fuera poco, al igual que con la ley de Tlaxcala, no se prohibe expresamente ni la siembra ni el almacenamiento, sino que se legaliza que las cabeceras municipales tomen decisiones al respecto, lo que de facto “ignora la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como las asambleas y la figura del comisariado de bienes comunales y/o ejidales”.

Mas toda la estructura del estado de Oaxaca es atacada. El paquete de reformas constitucionales es algo que, según sus autores, “fortalece la relación entre los poderes, la cultura de la legalidad, los órganos autónomos, la participación ciudadana y la autonomía del Poder Judicial”, pero en los hechos es un ataque frontal a los pueblos indios porque “da marcha atrás a las conquistas de la década anterior e intenta desmantelar su régimen de gobierno y socavar su autonomía. En particular, el apartado C del artículo 25 desconoce a la asamblea, órgano supremo de gobierno en cuatro de cada cinco municipios de Oaxaca, y la despoja de todo su poder de decisión. En un intento de justificar esta exclusión, se ha asimilado la asamblea al cabildo abierto, cuando se trata de dos espacios y figuras enteramente distintos”.

Como las leyes del maíz, las reformas constitucionales de Oaxaca son tramposas en su conjunto: por un lado relegan todo lo referente con la equidad de género, y por otro dicen introducir “instrumentos de la democracia participativa propuestas por la sociedad civil como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, pero lo hace en términos demagógicos y engañosos. Crea inmensos obstáculos para su aplicación, por ejemplo al exigir 20 por ciento del padrón electoral para solicitar referéndum o plebiscito —diez veces más de lo que establece como requisito la reforma equivalente a nivel federal que acaba de aprobarse—, o al plantear procedimientos tan complejos para la revocación del mandato que podrían dilatar tanto como lo que dura el mandato que pretende revocarse. En vez de facilitar la participación ciudadana se le burocratiza, subordinando la gestión autónoma a órganos controlados por los partidos”.

Cué la tiene difícil. Son innumerables (muchas más de cien) las organizaciones que ya publicaron un manifiesto para protestar contra estas reformas, conocido como Para hacernos valer, del 11 de mayo. Muchí simas de éstas coinciden también en el pronunciamiento contra las leyes de supuesta defensa del maíz conocido como Pronunciamiento a todos los pueblos y comunidades de Oaxaca, México y América Latina que siembran y comen maíz, de agosto de este año. Conforme las adhesiones aumentan, el anuncio de una nueva coyuntura de articulación y cohesión en Oaxaca se vuelve más factible y más cercana.

Ramón Vera Herrera

Fuente: Ojarasca

Domingo de 25 de Septiembre de 2011

El «progresismo» hace el trabajo sucio que necesita el imperio

Raúl Zibechi

Fuente: La Jornada

Esta semana el Senado de Haití se pronunció unanimemente en favor de la retirada de todas las tropas de ocupación de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) a partir del 15 de octubre de 2012. Una segunda resolución reclama una reparación para las 6.200 víctimas de cólera que provocó la misión y para las centenares que han sufrido agresiones sexuales.

Esta resolución, que no es de cumplimiento obligatorio para el Poder Ejecutivo, se produce en plena crisis política y social, con manifestaciones diarias contra la presencia de la Minustah. La difusión en youtube.com de imágenes en las que aparecen soldados uruguayos violando a un joven haitiano desencandenó una ola de protestas encabezada por los estudiantes que manifiestan el repudio de la sociedad a las tropas de ocupación.

Los responsables de la misión, en particular el gobierno de Brasil, han optado por una retirada «gradual» de la isla, que implica el reconocimiento tácito de su completo fracaso. La Minustah está conformada por más de 12 mil soldados y policías, que en 40 por ciento provienen de nueve países latinoamericanos, la mayor parte de gobiernos que se autodefinen como progresistas. Los dos mayores contingentes, con más de mil uniformados cada uno, pertenecen a Brasil, que dirige la misión, y Uruguay.

Aunque el presidente uruguayo José Mujica se disculpó ante el Estado haitiano, aseguró que lo sucedido es un hecho «aislado». Sin embargo, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos emitió un informe el 4 de septiembre en el que detalla decenas de abusos de los cascos azules contra la población desde que llegaron a la isla el primero de junio de 2004, luego de la invasión franco-estadunidense que derrocó al presidente legítimo Jean Bertrand Aristide.

Como sucede en estos casos, los cinco soldados uruguayos fueron juzgados en su país y no en Haití, ya que los cascos azules están por encima de la legislación haitiana. Los casos restantes que incluyen violaciones, muertes y agresiones, incluso a policías haitianos, permanecen en la impunidad.

Un reciente artículo de dos sociólogos y militantes haitianos, Michaëlle Desrosiers y Franck Seguy, señala que la misión de la ONU «utiliza la violación como arma de guerra» y que «humilla, explota y somete a los más pacíficos, a los que sólo entran en contacto con ella para garantizar su supervivencia, o simplemente porque son pobres».

El trabajo destaca las diferencias entre la ocupación de Haití por Estados Unidos, entre 1915 y 1934, y la actual encabezada por tropas de los gobiernos progresistas. En aquella ocasión la represión cayó indistintamente sobre negros y mulatos, ricos y pobres, lo que llevó a la formación de un amplio frente social interclasista contra la ocupación. Ahora las cosas son más sutiles y, de acuerdo con los nuevos tiempos globales, los invasores reprimen «casi exclusivamente a los más empobrecidos, para asegurarse la legitimidad ante la burguesía haitiana y de la pequeña burguesía, entre quienes reclutan la parte fundamental de su personal civil local».

La reflexión de los dos haitianos lleva luz sobre un aspecto cuidadosamente ocultado por quienes dirigen la Minustah: la misión se inscribe en la guerra contra los pobres que, bajo diversas denominaciones –la más conocida es «guerra contra el terror»–, está militarizando los más distantes rincones del mundo. Los militares brasileños dicen ahora en voz alta que usan en las favelas de Río de Janeiro las mismas tácticas que ensayan en barrios misérrimos, como Cité Soleil, definidos como «zonas de no derechos».

Por eso es urgente la salida de la Minustah de Haití. Porque cada día que pasa los cascos azules dan un paso más en su opresión racista y machista contra las capas populares y reprimen con brutalidad toda movilización popular, como sucedió frente al cuartel de Port Salut, donde se refugiaron los violadores uruguayos.

Hasta ahora Brasil justificó la misión porque deseaba ganar legitimidad internacional a su reclamo de obtener un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, en tanto Uruguay esgrimía razones mucho más pedestres, como el hecho de que recibe fondos que equivalen a cuatro veces la paga de los soldados. Ninguno de los dos gobiernos pensó un segundo en el pueblo haitiano ni en el hecho vergonzoso de estar haciendo el trabajo sucio de las potencias occidentales.

Existe en América Latina otra actitud hacia el drama de Haití. Los gobiernos de Cuba y Venezuela no enviaron soldados sino médicos, ingenieros y profesores para intentar abordar las verdaderas urgencias de la población. La actitud más notable, que merece ser saludada con fervor, es la del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, que en 2008 envió la brigada Dessalines (en homenaje al héroe de la revolución haitiana), con cuatro miembros iniciales que se multiplicaron hasta 30 luego del terremoto de enero de 2010.

La brigada apoya la formación de campesinos de diversas organizaciones, ya que definieron trabajar en las zonas rurales, las más postergadas, donde vive 60 por ciento de los haitianos, donde impulsan la instalación de cisternas y la producción y almacenamiento de semillas. Las ONG y la cooperación internacional, por el contrario, se concentran en Puerto Príncipe, donde reciben amplia cobertura mediática.

Este mes concluye la pasantía de 76 jóvenes haitianos de ocho organizaciones campesinas que estuvieron un año en Brasil, en la Escuela Florestán Fernández del MST y en campamentos del movimiento (ALAI, 18 de septiembre). El MST enseña que existen alternativas al militarismo y marca un camino que consiste en trabajar para fortalecer sujetos colectivos que en algún momento jugarán un papel en los cambios.

La solidaridad entre los de abajo, ese hermanamiento que tanto necesitamos para sobrevivir, es el arma que más temen los de arriba. Tanto las guerras como las políticas sociales están dirigidas a romper este tejido colectivo de autoprotección, porque es también el cemento del mundo nuevo.

Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2011/09/23/opinion/023a1pol

Organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y de pobladores urbanos han convocado para los días comprendidos entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 al Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, para elaborar mandatos al respecto. Esta convocatoria pretende reunir en la sede de la Universidad del Valle en Cali (Valle del Cauca) entre 10 mil y 12 mil personas.

El Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías comenzó a pensarse en los primeros meses del año 2011. Se trata de un evento de cuatro días proyectado para producir mandatos y legislar en torno a puntos específicos relacionados con los temas que dan nombre al evento. «Los análisis en el Congreso, dice Julián Carreño, miembro del Comité de impulso del Congreso, girarán en torno a 6 ejes:

1. Tierras (que contempla las problemáticas de la tenencia, el despojo, el acceso, la vocación y el uso, la restitución, la resistencia, la recuperación y el retorno).

2. Economía campesina (economías propias, economías populares y soberanía alimentaria).

3. Aguas (mares ríos, aguas subterráneas, humedales, ciénagas),

4. Escenario minero-energético (política para este sector, megaproyectos, agrocombustibles, q-agroindustria).

5. Saberes, cultura e identidad (pensar los territorios en todas sus dimensiones).

6. Tierras y territorios urbanos. Una mesa dedicada a las territorialidades urbanas. Es una temática que ha tomado bastante fuerza en el proceso de discusión, por eso se ha determinado como otro eje. Hay también despojos y resistencias”.

Subraya además Julián Carreño que «necesitamos que de cada uno de estos ejes surjan mandatos».

Antecedentes

Son varios los procesos sociales que convergen para adelantar este evento, cada uno con una agenda anterior al mismo pero con propuestas similares que lograron confluir. Hay dinámicas locales, regionales, departamentales y nacionales y hay personas que convocan (al final del artículo puede verse la lista de convocantes). «El congreso del tierras y territorios empieza a configurarse a partir de este año, explica Julián. Había diferentes propuestas desde distintos sectores, de procesos organizativos frente al despojo, fundamentalmente frente al modelo que está presentando el gobierno de Juan Manuel Santos. De allí han surgido varios escenarios en torno a las tierras y los territorios. Este congreso se piensa desde una participación masiva y unitaria, representativa de diferentes procesos”.

Por ejemplo, el Congreso de los Pueblos, que se concibió como un camino a largo plazo en el mes de octubre pasado, habló específicamente de producir mandatos o de generar legislación popular, uno de los principales elementos que caracterizan el Congreso que hoy se convoca. En esa ocasión, su propaganda rezaba: «vamos a crear un mandato de mandatos”.

Otra de las experiencias es la del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice: «En 2008, precisa Julián Carreño, se dio el cuarto encuentro del Movice, que decidió citar una conferencia nacional que tratara el tema de tierras y territorios; luego, a partir de que entra Juan Manuel Santos al gobierno y de la vicepresidencia de Angelino Garzón se planteó un nuevo enfoque del problema de víctimas de la guerra. Eso propició que en el quinto encuentro del Movice, en meses pasados, se decidiera convocar a la sociedad colombiana a adelantar esta conferencia, que entonces, al confluir con otros sectores se integró al Congreso de tierras, territorios y soberanía”.

En la mayoría de los procesos que convocan se tiene esta perspectiva de legislar y construir los mandatos de estos problemas, que en mayo pasado lanzaron este Llamamiento: «en septiembre nos encontraremos en la ciudad de Cali para deliberar, decidir y legislar en torno a nuestras tierras, territorios y soberanías. Marcharemos hacia Cajamarca (municipio del departamento de Tolima) donde haremos públicos los mandatos”.

El Llamamiento entrega los derroteros del Congreso.

En el mes de mayo de 2011 salió a la opinión pública «Llamamiento a los pueblos de Colombia y el mundo a organizar y realizar el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías”, que definía las apuestas del evento:

«Hacemos parte del renovado proceso de luchas sociales (…). Nos hemos ido encontrando bajo la necesidad histórica que exige escenarios de unidad popular en pro de una solución política negociada al Conflicto Social y Armado que vive nuestro país, de la reivindicación de los Derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales y su exigibilidad frente al Estado, de la lucha por la tierra, la vida y la permanencia en los territorios, y sobre todo de la necesidad de construir propuestas alternativas al proyecto de muerte que nos han impuesto en Colombia”.

Señala el Llamamiento que el despojo «es uno de los ejes de ese conflicto que hoy se manifiesta como estrategia del capital y que no solo ocurre en este país sino en el mundo». De allí, la necesidad de abordar estos tres temas: tierras, territorios y soberanía y la urgencia de hacer extensivo el llamado a los pueblos del mundo.

«Desde una lectura de los hechos por los cuales estamos atravesando, vemos cómo el despojo de las tierras, de los territorios, del agua, de nuestros derechos y bienes comunes, de nuestros barrios y ciudades, y de nuestras culturas, es una estrategia que el proceso de acumulación del capital desarrolla a nivel mundial”.

Una vez expresado el sentido de concentrarse en los tres temas: tierra, territorios y soberanías, se refirió a las iniciativas del gobierno en materia gubernamental y a su función en esa estrategia:

«Dicha estrategia de despojo sufrida por el pueblo colombiano tiene en las políticas e iniciativas legislativas actuales preocupantes expresiones donde el capital financiero y las empresas transnacionales se convierten en sujetos privilegiados por parte del gobierno nacional”. Julián … señaló varias de las iniciativas legislativas: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que está ahora en reglamentación; La Ley de Desarrollo Rural, en la que fundamentalmente se plantea una desaparición de la economía campesina, de lo que se llaman las áreas de desarrollo rural; la reforma al Código de Minas y otros.

En ese horizonte, se plantean construir una ruta de largo plazo para abordar esta compleja situación, en lo que tendrán papel relevante los mandatos y su aplicación.

La idea, dice Julián Carreño, es analizar, deliberar y definir un marco de acción común para la exigibilidad de los derechos a la tierra y el territorio de cara a las iniciativas legislativas, normas y políticas vigentes en esta materia en Colombia. «Consideramos que los diferentes espacios a los que el gobierno ha convocado expresiones sociales, no son para dar solución alguna a las problemáticas del pueblo colombiano, son una simulación de la participación que tiene como propósito la cooptación y la fragmentación de los movimientos sociales y populares”.

Así, «esta deliberación deberá construir y decidir propuestas alternativas, un mandato de permanencia en nuestras tierras y territorios, y una legislación propia sobre nuestros bienes comunes en armonía con la naturaleza, la vida y la soberanía popular”.

El problema de la tierra en las agendas sociales y políticas

Como se dijo, el despojo es una estrategia. Darío Fajardo Montaña, profesor e investigador de estos temas, elaboró un gráfico que ilustra bien la inequidad en la distribución de la tierra en Colombia:

Estructura de tenencia de la tierra en Colombia

Esa estructura, dice Fajardo en un documento titulado El conflicto armado y su proyección en el campo, se mantiene casi intacta a la que presentaba el país en la década de los años 60, en donde el 0,5 de los propietarios más ricos (aproximadamente 10.000 personas) son dueños del 45% de las tierras aptas para agricultura. El gráfico que propone de acuerdo con los datos del Igac muestra una situación de más concentración: menos propietarios (0,4%) poseen más tierra (61,2% del área predial rural)”.

«A esta limitación, dice el profesor Fajardo, se añade el uso inadecuado de los suelos: según el Igac, en Colombia hay 9 millones de hectáreas aptas para la agricultura, pero se utilizan para este fin únicamente 5 millones. En cambio, para la ganadería hay 16,8 millones de hectáreas aptas y se utilizan 35 millones para este fin, de las cuales sólo 5 millones tienen pastos mejorados, mientras que el resto se explota de manera extensiva. Así, en conjunto, el 45% de los suelos del país es destinado a usos inadecuados”. Todas las cifras van cambiando, pero se mantiene la tendencia de hacer del latifundio, como lo señala Fajardo, una parte importante del modelo agrario en Colombia.

Por su parte, el geólogo Julio Fierro destaca otra dimensión del problema de la tierra en la medida en que se prevé que, como dice el Plan de Desarrollo Minero, «En el año 2019 la industria minera colombiana será una de las más importantes del continente y habrá ampliado significativamente su participación en la economía Nacional”, lo que ha significado que hoy se hable de una locomotora de desarrollo fundamental en Colombia: la minería.

Al respecto, la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional informó en un artículo titulado Minería en Colombia: locomotora fuera de control, la crítica que se hizo al término «locomotora de desarrollo», en un debate promovido por la Facultad de Economía y se advirtió sobre sus impactos. Uno de los asistentes al debate, el profesor Guillermo Rudas, explicó que «el tema minero es un hecho mundial, por el aumento de la demanda y el crecimiento de los precios que se ha presentado. Obviamente, es un tema delicado porque hay un uso del suelo que si no se maneja de una forma apropiada, puede generar graves consecuencias en distintos órdenes como la salud humana, las fuentes de agua, etc., que dependen de cómo se haga la explotación de esos recursos. Eso es cuestión de la manera como se planteen las políticas al respecto”.

Es precisamente este tema el que ha conducido al Congreso de Tierra y Territorio a definir que el último día todas las personas asistentes al Congreso en Cali se dirigirán a Cajamarca, municipio del departamento del Tolima, a clausurar el evento, pues allí está actualmente la amenaza de construcción de un proyecto minero, La Colosa, de parte de la empresa sudafricana AngloGold Asahnti.

La revista El Salmón, en artículo que titula «15 razones para oponerse al proyecto La Colosa” dice que este proyecto de gran minería a cielo abierto se encuentra ubicado «en la Reserva Forestal Central, un área estratégica de alto valor ambiental para el sostenimiento de procesos naturales, sociales, económicos, ecológicos y culturales. La mina se encuentra en una zona de altísima actividad sísmica asociada al volcán Machín; situación que aumenta el riesgo de una tragedia ambiental por la ruptura del dique de las piscinas con agua cianurada, las cuales contaminarían los ríos y las aguas subterráneas de la zona”.

Una de las razones para oponerse es que «se calcula que el proceso de extracción de oro, específicamente para 50.000 toneladas diarias de roca, utilizará dos millones (2.000.000) de litros de agua por hora”. Y «el uso intensivo del agua que requiere la megamimería y su contaminación, tendrá impactos negativos en la agricultura de Espinal, Guamo, Coello y el corregimiento de Chicoral (otros municipios del Tolima). Además, se perderán los empleos permanentes de la producción agrícola, mientras que los empleos generados por la Mina son transitorios y escasos”.

Un congreso de confluencias

Según Alexandra Bermúdez, miembro del Comité de Impulso del Congreso, éste «reúne los esfuerzos de múltiples confluencias sociales”, lo que permitirá que el evento sea rico en debates y propuestas.

Las confluencias pueden mirarse también a la luz de otras recientes expresiones del movimiento político y social. El mes de agosto recibió en Barrancabermeja el Encuentro de Afrodescendientes, Campesinos e Indígenas por la Paz, en el que también asistieron organizaciones sociales de diversa índole. Una de las organizaciones participantes, defensora de derechos humanos, la Asociación Minga, hizo un «Balance positivo del Encuentro por la Paz en Barrancabermeja… más de 30.000 ciudadanos provenientes de diferentes lugares del país, ratificaron su postura de buscar caminos de diálogo para la solución política al conflicto colombiano”. Según Camilo Castellanos, director de la esta Asociación, el evento permitió que sin limitaciones o restricciones, y desde un diálogo pluralista y democrático, los asistentes –en su mayor parte campesinos– dieran sus puntos de vista frente al conflicto, posibilitando la construcción de senderos de resolución política del conflicto social, político y armado que vive el país por casi 50 años”.

Para darle ritmo, 200 personas marcharán en bicicleta desde Pereira a Cali para «poner en discusión el modelo de ciudad invivible y posicionar la bicicleta como instrumento de resistencia ante la crisis ambiental, energética y del transporte”, comentó uno de los promotores de esta iniciativa.

El Congreso termina en La Colosa

Este Congreso concluirá el 4 de octubre con una movilización a La Colosa, en Cajamarca, que se ha convertido en uno de los símbolos de la resistencia campesina y popular, originando una amplia solidaridad y cientos de pronunciamientos de académicos y ambientalistas sobre la inconveniencia del mismo y los nocivos impactos que provocaría sobre los ecosistemas y las economías locales. En el punto Las Palomas — lugar donde han iniciado las exploraciones mineras en la zona— las organizaciones convocantes plantarán las banderas de los pueblos como acto de soberanía y desde ahí la movilización se desplazará hasta Cajamarca en cuyos barrios tendrán lugar varias Tulpas en una Minga de Comidas para reflexionar con la gente de la zona y motivar las resistencias.

CONVOCANTES AL CONGRESO DE TIERRAS, TERRITORIOS Y SOBERANÍA

Acción Permanente por la Paz / Agrosolidaria / Asociación de Afrocolombianos Desplazados / Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca / Asociación de Familias Desplazadas de Colombia / Asociación de Población Desplazada del Guaviare / Asociación de Trabajo Interdisciplinario / Asociación de Usuarios de Upac del Meta / Asociación Minga / Asociación Nacional de Ayuda Solidaria / Asociación Nacional de Desplazados de Colombia / Asociación Nacional de Desplazados en Colombia / Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción / Asociación para la Investigación y la Acción Social –Nomadesc / Campaña en Defensa de la Soberanía, Seguridad y Autonomía Alimentaria – Campaña Salsa Campaña contra el Despojo / Campaña Permanente Tierra, Vida y Dignidad / Campaña Por la Defensa de la Soberanía, Autonomía Alimentaria y el Territorio-salsa / Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo – Agua Viva / Colectivo Abya Yala / Colectivo Soberanía y Recursos Naturales / Comisión Intereclesial de Justicia y paz / Comisión Permanente de Derechos Humanos / Comité Cívico Popular / Comité de Impulso Regional Cundinamarca / Comuna Universitaria / Confluencia de Mujeres para la Acción Publica / Congreso de los Pueblos / Consejería en Proyectos-Colombia / Coordinador Nacional Agrario / Coordinadora Nacional Campesina / Corporación Claretiana Norman Pérez Bello / Corporación Jurídica Libertad / Corporación Jurídica Yira Castro / Corporación para el Desarrollo Cultural y Social Sinapsis / Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular / Corporación Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar / Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria / Federación Agrominera del Sur de Bolívar / Fuerza Común / Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos / Hijas e Hijos por la Memoria y Contra la Impunidad / Hijos Colombia / Identidad Estudiantil / Instituto Nacional Sindical / Marcha Nacional de Mujeres Campesinas / Minga de Resistencia Social y Comunitaria / Minga Juvenil / Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado / Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo / Organización Femenina Popular / Organización Nacional de Población Desplazada Desarraigada Independiente / Organizaciones Sociales Centroriente de Colombia / Partido Comunista Colombiano / Planeta Paz / Poder y Unidad Popular / Proceso de Comunidades Negras de Colombia / Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional / Red contra el Hambre y la Pobreza / Red de Hermandad y solidaridad con Colombia / Red Proyecto sur / Ruta Pacífica de las Mujeres / Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Departamento del Meta / Terre des Hommes Alemania / Iván Cepeda Castro, representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo / Wilson Arias Castillo, representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo

Fuente: Adital

 

 

Sábado 24 de Septiembre de 2011

Silvia Ribeiro*

Maíces transgénicos Bt de Monsanto están provocando resistencia en los gusanos de la raíz que atacan el maíz, plaga que según la trasnacional están diseñados para combatir. El entomólogo Aaron Gassman, de la Universidad del Estado de Iowa, encontró en investigaciones recientes que las larvas de un escarabajo del maíz desarrollaron inmunidad a la toxina Bt, por la exposición continua a ésta que implican los cultivos transgénicos insecticidas.

Mientras Monsanto dice que es solamente un hallazgo localizado, Tom Philpott, de la revista Mother Jones, analiza los hechos y nos recuerda que es como encontrar una cucaracha en la alacena: aunque sólo veamos una, es señal de que la infestación ya se ha extendido (MotherJones.com, 8 sept 2011).

En efecto, investigadores de la Universidad de Illinois que tienen estudios similares en curso, advierten que el fenómeno se podría estar expandiendo por todo el cinturón maicero de Estados Unidos. Monsanto, Syngenta, DuPont y otras transnacionales de transgénicos culpan –como siempre– a los agricultores: afirman que si los agricultores respetaran la obligación de plantar un mínimo de 20 por ciento del área con maíz no transgénico, esto no hubiera sucedido. Pero por las dudas, aseguran que ya están desarrollando transgénicos para matar insectos por otras vías. O, como todas ellas están entre las mayores vendedoras de agrotóxicos del globo, recomendarán usar más cantidad de veneno y más tóxico.

Este inminente desastre –la plaga del gusano de la raíz es un problema serio en Estados Unidos y México, por lo que la resistencia podría convertirse en una catástrofe–, se suma al hecho reconocido por las autoridades de los mayores países cultivadores de transgénicos, de que se han generado más de 20 hierbas invasoras (mal llamadas malezas) resistentes al herbicida glifosato, desde que se comenzó con los transgénicos. Algunas, como el amaranto, se han transformado en una «plaga» que hacen inviable los cultivos, porque solo se pueden retirar manualmente. Por ello, en esos países se están aplicando agrotóxicos cada vez más peligrosos, como Dicamba y otros que se habían retirado de los mercados por su alta toxicidad e impactos en la salud y ambiente.

También a principios de septiembre 2011, el Tribunal de Justicia Europeo, prohibió la venta de miel contaminada con polen de maíz transgénico. El caso lo presentó un agricultor de Alemania, que se contaminó porque sus colmenas estaban a 500 metros de donde el gobierno de Baviera colocó un campo experimental de maíz transgénico Mon810, evento que ha sido prohibido en varios países europeos. Esto ya tiene un impacto contra los exportadores de miel de países como Chile y Argentina, donde hay cultivos de maíz transgénico, que perderán el mercado. El caso muestra que la contaminación es inevitable cuando los transgénicos llegan al campo, incluso tratándose de cultivos experimentales.

Todas las situaciones y daños referidos se aplican a México, ya que existen las mismas condiciones o incluso peores: si en Estados Unidos los agricultores no respetan las demandas de cultivos «refugio», imaginen como será aquí si se autoriza la siembra comercial.

Sin embargo, el gobierno mexicano, desoyendo los argumentos y recomendaciones de la mayoría de los científicos y expertos nacionales en maíz, así como de cientos de organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas, sociales, sindicales y muchas otras, se empeña, contra casi toda la población, en seguir autorizando siembras experimentales de maíz transgénico –incluso con las mismas variedades que se nombran en este artículo y otras peores–, e insiste en aprobar siembras «piloto», que no son más que una formalidad para la posterior siembra comercial a gran escala.

La principal razón que arguye para ello, es la necesidad de aumentar la producción de maíz en México, ya que se importa más de 30 por ciento del consumo de maíz en el país. Si bien esta cifra de importación es real, esta forma de plantearlo oculta datos fundamentales. Para empezar, el maíz transgénico produce gokautomaat lo mismo o menos que el híbrido, aunque es mucho más caro.

Pero además, si se analizan las propias cifras oficiales, México es sobradamente autosuficiente en maíz para alimentar a toda la población e incluso para una buena parte de otros usos, como alimentación animal y otros.

El maíz que se importa es para abastecer la demanda construida por unas cuantas empresas trasnacionales, principalmente para la producción industrial y confinada de aves, cerdos y ganado, que por la forma de cría son una pésima fuente de alimento humano, llenos de diversas sustancias químicas como antibióticos y hormonas. Además esas fábricas son un factor de brutal contaminación de suelos, aire y aguas. Si esa cría animal fuera descentralizada, en pequeña escala y basada en una diversidad de forrajes, alcanzaría el maíz y la producción animal dejaría de ser un problema, sería mucho más sana, dando trabajo y alimento a muchísima más gente, mientras promueve las culturas, la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

En su lugar, la apuesta del gobierno es autorizar la siembra de maíz transgénico de las trasnacionales, para dárselo barato a otras trasnacionales, que se han ido apropiando de cada vez más sectores de la producción alimentaria en México. De paso, contaminar transgénicamente el maíz campesino, lo cual destruirá la miel y muchas otras producciones campesinas y orgánicas.

*Investigadora del Grupo ETC

Segundo Rosângela Piovezani, do Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), isto não é verdade. “Nós somos totalmente contrários ao projeto Plantar e outros financiados pelo Banco Mundial que se expandem e destroem comunidades, causando êxodo rural, diminuição de espécies da fauna e da flora e que se opõem frontalmente com o cuidado pela terra, característico da agricultura familiar”, afirmou ela na reunião.

Projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), o Plantar ocupa uma área de 23.100 hectares de monocultura industrial de eucalipto em Minas Gerais e causa severos impactos socioambientais, econômicos e culturais, como o aumento da especulação fundiária, a paralisação da reforma agrária, o aumento do desemprego no campo, a redução da produção de alimentos e da disponibilidade de água, além do estímulo ao desmatamento. Por estes e outros motivos, há quase dez anos a sociedade civil brasileira e internacional têm denunciado o projeto Plantar como um modelo de desenvolvimento desumano que agrava a crise climática.

“Existe uma campanha internacional chamada ‘Banco Mundial Fora do Clima’. O fato de financiar projetos que pioram as condições climáticas do planeta, como este da Plantar, é um dos motivos de existência desta campanha. Se o Banco não muda os seus financiamentos, a tendência é que o enfrentamento a eles aumente”, declara Gabriel Strautman, da Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais.

O gerente do Banco Mundial para o projeto Plantar, Garo Batmanian, afirmou na reunião que o Banco não considera que plantações de árvores sejam florestas e que esta foi uma fala infeliz do representante da instituição. Em relação ao fato de o Plantar ser considerado um projeto modelo, ele afirma que “trata-se de uma possível alternativa para diminuir o impacto do carvão vegetal que vem sendo produzido ilegalmente”. No que as organizações presentes responderam prontamente que, por todos os impactos que causa, trata-se de uma falsa solução.

Estiveram presentes na reunião, reesentantes do Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais, além do Banco Mundial. A carta também foi enviada aos ministérios de Meio Ambiente e de Relações Exteriores, à Secretaria de Direitos Humanos, ao Grupo Plantar e às comissões de Meio Ambiente e Relações Exteriores da Câmara e do Senado.

Mais informações:

Mayrá Lima – Via Campesina: (61) 9684-6534

Patrícia Bonilha – Rede Brasil sobre IFIs: (61) 8138-7739

____________

À Representação do Banco Mundial no Brasil

SCN Qd. 2 – Bl. A sls. 303/304,

Ed. Corporate Financial Center, 7º Andar

70.712-900 – Brasília – DF

Com cópia para:

Mudanças Climáticas – CMMC

Sr. Marcos Heil Costa, Coordenador Geral de Mudanças Globais de Clima do

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação,

Sr. Eduardo Delgado Assad, Secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade

Ambiental do Ministério de Meio Ambiente

Sr. Embaixador André Aranha Correa do Lago, Diretor do Departamento de Meio

Ambiente e Temas Especiais do Ministério das Relações Exteriore

Sra. Maria do Rosário Nunes, Secretária de Direitos Humanos

Brasilia (DF), 21 de setembro de 201

Assunto: Plantações não são Florestas!

Prezado Senhor (a),

Escrevemos esta carta pelos seguintes motivos:

– Em 25 de agosto de 2011, a Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais esteve presente na consulta organizada pelo Banco Mundial, em Brasília, para participar da consulta sobre a proposta de Estratégia de Parceria do Banco para o Brasil 2012-2015. Ao ser questionado sobre as atividades na temática do Clima, o representante do Banco Mundial afirmou que o projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) da Plantar é um projeto exemplar na visão do Banco e que a sociedade brasileira hoje em dia já aceita que as plantações de árvores são florestas.

Gostaríamos de lembrar este Banco que:

– Desde 2003 dezenas de organizações e movimentos sociais da sociedade civil brasileira têm questionado o projeto de MDL da empresa Plantar por não contribuir com o desenvolvimento sustentável no Brasil e tampouco ajudar em esfriar o planeta. Ao contrário, o incentivo à monocultura de árvores é uma atividade nefasta para a população local e o meio ambiente.

– Muitos problemas deste projeto são relacionados ao modelo adotado pela Plantar de realizar seus supostos ´reflorestamentos´ na forma de monoculturas de eucalipto. Comunidades vizinhas destas plantações, cerca de 7 milhões de hectares no Brasil, costumam chamá-las de ´desertos verdes´ ou ´florestas mortas´.

– No ano passado enviamos uma carta para a Comissão Executiva do MDL, novamente insistindo na reprovação do projeto da Plantar (veja anexo). Essa carta foi assinada por dezenas de organizações e movimentos.

A articulação de organizações contrárias ao projeto de MDL da Plantar enviou, no passado, diversas cartas para o Banco Mundial sobre o assunto. Portanto, é incabível que o Banco faça o tipo de afirmação acima citada, sobretudo no momento em que a sociedade brasileira enfrenta uma ameaça de retrocesso no Código Florestal, cuja nova proposta, entre outras coisas, prevê a permissão de plantação de monocultivos de eucalipto e pinus em encostas e nas reservas legais.

Por apoiar iniciativas como esta o Banco Mundial vem sofrendo pressão de movimentos sociais e da sociedade civil internacional para permanecer fora da gestão dos fundos climáticos. Se continuar a insistir no Plantar como projeto modelo, o Banco Mundial terá que enfrentar o aumento da oposição e da resistência dos movimentos sociais também aqui no Brasil.

Entregamos esta carta em um dia especial e importante: o Dia Internacional de Luta contra as Monoculturas de Árvores. Este dia foi criado no Brasil em 2004 justamente por comunidades impactadas pela monocultura de eucalipto no estado de Minas Gerais, estado do projeto da empresa Plantar. O objetivo deste dia é denunciar a prática desumana de promover as monoculturas e, sobretudo, dizer e denunciar claramente que: Plantações não são Florestas!

Atenciosamente,

Via Campesina Brasil e Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais

Anexo: Carta ao Conselho Executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) da UNFCCC – sobre o projeto da Plantar de 13/09/2010

 

Jueves 22 de Septiembre de 2011

El próximo 7 de octubre del 2011 el Héroe de la República de Cuba, René González, uno de los Cinco Hermanos cubanos luchadores antiterroristas presos en cárceles norteamericanas hace ya más de 13 años y luego de cumplir su condena deberá salir en libertad.

El gobierno de Estados Unidos pretende impedirle a René que regrese inmediatamente a su país para reunirse con sus familiares entre los que se incluye su esposa a la que no ve desde su encierro en 1998, por sucesivas negaciones de visa por parte de dicho gobierno.

En la sentencia impuesta a nuestro compatriota se le impuso además tres años de libertad supervisada por haber nacido en los Estados Unidos. Hace 7 meses su abogado presentó una moción solicitando se modificaran las condiciones de libertad condicional y que se le permitiera regresar a Cuba.

Con fecha 25 de marzo del 2011 la fiscal Carolina Heck Miller solicitó a la jueza Joan Lenard no aceptar la moción. La jueza el 16 de septiembre rechazó la petición de la Defensa alegando entre otras cuestiones que la corte de Miami necesita tiempo para evaluar la conducta de René una vez puesto en libertad.

Como elemento curioso la fiscal Heck Miller fue la misma que se negó a juzgar al mayor terrorista del hemisferio occidental Luis Posada Carriles, responsable de múltiples crímenes contra el pueblo de Cuba y otros pueblos de nuestra América, entre ellos el crimen de Barbados en el que murieron 73 personas inocentes al estallar un avión de Cubana en pleno vuelo, hecho que el próximo 6 de octubre se cumplen 35 años y que sus responsables aún siguen sin pagar por ello. ¿Dónde vive feliz y tranquilo este asesino? En los Estados Unidos.

Como condición especial adicional a la libertad supervisada de René se incluyó un requisito inaudito: Se le prohíbe al acusado acercarse a/o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos ó grupos terroristas. Con esta condición el propio gobierno de los Estados Unidos reconoce que en su territorio en particular en la Florida están individuos ó grupos terroristas, que inmoralidad sobre todo después de las declaraciones del expresidente Bush por los hechos del 11 de septiembre.

Obligado a cumplir estos 3 años de libertad supervisada en la Florida guarida de terroristas internacionales, es poner en riesgo su vida.

Por ello llamamos a todos y todas las Organizaciones Campesinas, Indígenas del mundo y a todas las personas de buena voluntad y amantes de la paz a sumarse a la movilización “de la voluntad mundial”convocada por El Comité Internacional por la Libertad de los Cinco antiterroristas encarcelados en Estados Unidos.

Pongamos fin a tanta maldad, injusticia y crueldad recordando la frase del Héroe Nacional de Cuba José Martí: Quien se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos.

Hasta la Victoria Siempre

La Habana, 21 de septiembre del 2011.

Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación.

ANAP.

 

Martes 20 de Septiembre de 2011

La Segunda Asamblea Extraordinaria denominada Félix Murillo y Emo Sadloo “Semillas de Libertad” del Frente Nacional de Resistencia Popular, se realizó este sábado 17 de Septiembre del 2011, en el Gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres, contó con la participación de delegados y delegadas de todos los departamentos del país y del departamento 19 y representantes de las organizaciones sociales y políticas que conforman el FNRP.

La Asamblea dio inicio a las 10:00 de la mañana recodando a las y los mártires de la resistencia dando aplausos mientras se mencionaban sus nombres , luego se procedió a la aprobación de la agenda cuyos puntos fueron : Actos Protocolarios , Lectura y aprobación de la declaración de Principios y Estatutos , acuerdos .

Dentro de los principios están. La Unidad de las fuerzas y respeto a las diversidades , la democracia Popular, La Construcción permanente de un Estado que responda a los intereses del pueblo, el pensamiento crítico y actualización doctrinaria permanente, rescate y desarrollo del medio ambiente, Laicismo y libertad de culto , Centroamericanismo y Latino americanismo , antiimperialismo y solidaridad internacional .

Luego se dio lectura a los estatutos que regirán El Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP) que será inscrito ante el tribunal supremo electoral el próximo 3 de octubre previo a la recolección de 100 mil firmas el 24 y 25 de septiembre.

Se dio una amplia discusión, sobre los estatutos Las y los delegados hicieron sus propuestas respecto a los 124 artículos que contienen los estatutos del FARP, estas sugerencias serán incorporadas posteriormente por parte de una comisión de estilo y corrección nombrada ahí mismo en la asamblea por el comité ejecutivo para que incorpore las reformas planteadas.

Finalmente los acuerdos fueron:

1. se Aprueba la Declaración de Principios y estatutos.

2. Frente al asesinato, encarcelamiento y persecución de las y los miembros de la resistencia convocar a un paro cívico nacional.

3. Ante la imposibilidad de pagar una fianza absurda de 27 millones de lempiras por parte del compañero Henríquez Flores Lanza exigimos que cese la persecución política, el respeto a los Derechos Humanos.

4. Se autoriza realizar acciones a favor del padre Tamayo, Fausto Milla, y demás exiliados y perseguidos políticos.

5. El respaldo solidario a la lucha campesina del aguan.

6. Conformar una Comisión de Estilo que se encargue de revisar, corregir e implementar las reformas solicitadas a los Estatutos del Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP).

7. La bandera del Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), es la que tiene forma rectangular el fondo rojo, en el centro de la bandera aparecen las siglas del farp en letra minúscula en color negro y a la derecha de ésta figura una estrella de cuatro vértices en color blanco.

 

Miriela Fernández/ALBA-movimientos

En la Escuela Nacional Florestán Fernándes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) culminó el intercambio que durante un año realizaron jóvenes haitianos con organizaciones del campo brasileño. Esta iniciativa, apoyada por Vía Campesina, amplió la labor de la brigada Dessalines, creada por el MST desde el 2008 para regar en tierra haitiana semillas de solidaridad.

Sidevaldo Miranda, participante en la coordinación de ambas experiencias, contó la historia y desafíos de este proceso, que se aleja de las recurrentes miradas asistenciales a Haití y alienta una integración más sólida entre los pueblos.

¿Cómo surge esta experiencia de solidaridad del MST con el pueblo haitiano?

“Desde sus inicios, el MST se planteó como estrategia la solidaridad internacional para reforzar la lucha de clases y, de esa forma, ayudar a otros pueblos. Siguiendo el ejemplo de Cuba, hoy contamos con brigadas en Bolivia, Paraguay, Mozambique, y desde hace cinco años en Venezuela. En el 2008, enviamos la primera brigada a Haití. La idea surgió en el contexto de la ocupación militar de Naciones Unidas del 2004, que estuvo coordinada por Brasil.

“El MST tiene como principio el rechazo a cualquier tipo de ocupación militar. En ese sentido, defendimos la iniciativa de llevar a Haití una brigada de solidaridad con los movimientos campesinos para apoyar en su formación, lo cual concretamos en el 2008, con un grupo de cuatro personas, encargadas de conocer esa realidad a lo largo de un año. A partir del diagnóstico, veríamos cómo integrar nuestras experiencias en Brasil con la de los movimientos campesinos haitianos. También fue una manera de decir no a la ocupación, de mostrar que lo que necesitaba el pueblo haitiano era la ayuda para construir más autonomía en el campo y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, y de la sociedad en general.”

¿Qué cambios hubo en la concepción de esa estrategia tras el terremoto del 10 de enero del 2010?

“Esa brigada que en el 2008 tuvo el propósito de entender la realidad del país y de los movimientos campesinos, que persiguió contribuir en la creación de un punto de unidad entre esas organizaciones, desde una más local hasta las de carácter nacional –un desafío del MST y de Vía Campesina- se amplía tras el terremoto. El 10 de abril del 2010, 30 personas más del MST llegaron a Haití para apoyar en áreas técnicas, en la instalación de cisternas, en la producción y almacenamiento de semillas, en la reforestación del país, en el desarrollo de la agroecología.

“Profundizamos el proceso formativo. Trabajamos sobre el valor simbólico de instalar una cisterna, que genera autosustentabilidad y más tiempo para la lucha, para la organización del movimiento. Haciendo una síntesis, podemos decir que algunas organizaciones haitianas fueron perdiendo autonomía debido a las ONGs. Los militantes no reciben nada para mantenerse en sus organizaciones y una ONG paga un salario y los coloca dentro de una oficina. Por eso, la brigada también trabaja en el sentido de crear condiciones para la producción, teniendo en cuenta que el 60% de la población del país es campesina y carece de apoyo económico, incluso del Estado, para esta actividad. La mayoría de los proyectos destinados a Haití son asistencialistas y tienen un efecto mediático, pues se concentran en Puerto Príncipe, en la ciudad, y no hay muchas perspectivas de avances para las áreas rurales.

“Desde el ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), Venezuela, Cuba, Vía Campesina y el MST compartimos la idea de priorizar el campo, responsable del 40% de la producción de alimentos para la población. Pretendemos reforzar la producción de arroz, también en el Valle de Artibonite, pues fue destruida con importaciones de Estados Unidos. Vamos a hacer varios esfuerzos para conseguir recursos técnicos y ampliar y mejorar la producción propia del país”.

El terremoto atrajo también una remilitarización de la nación, ¿cómo ha influido ese contexto en el trabajo de la brigada, incluso ahora, cuando el gobierno brasileño maneja la posibilidad de retirar tropas de la llamada Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití?

“Primero, esas noticias las tomamos como una conquista. En Haití hay tropas solo para el control de la población, lo que le urge a la nación es infraestructura, escuelas, rutas de acceso a determinados lugares, construcción de viviendas, y una ocupación militar no resuelve estas demandas. Supuestamente los militares están allí para la seguridad, pero qué seguridad puede existir cuando el pueblo no tiene el mínimo de infraestructura.

“Con el terremoto murieron unas 300 000 personas. Un año después, el 10 de enero del 2011, solo habían sido retirados el 10% de los escombros de las calles de Puerto Príncipe, y además se extiende esa política asistencial. Los militares no hacen nada en Haití. La brigada llegó, como Cuba y Venezuela que enviaron profesionales: médicos, ingenieros, profesores, para contribuir con un cambio estructural porque las condiciones existentes oprimen, privilegian la competencia y la restricción de los derechos de la población.”

En ese sentido, ¿cómo se diseñó esta otra etapa del proceso de apoyo al país caribeño que consistió en el intercambio de jóvenes haitianos con movimientos campesinos en Brasil?

“Cuando nos reunirnos con el propósito de rediseñar la estrategia de solidaridad ante las consecuencias del sismo, como Vía Campesina-Brasil pensamos también en los recursos humanos y en su formación, y decidimos acoger aquí a una brigada haitiana. En septiembre del pasado año llegó ese grupo, integrado por 76 jóvenes de ocho organizaciones y en representación de todos los departamentos de Haití.

“Primero, pasaron por la Escuela Nacional Florestán Fernández y de ahí, se insertaron a nuestro movimiento y otros de Vía Campesina en varias regiones de Brasil. La idea fue que conocieran la historia de los movimientos campesinos, del MST, las luchas de base, los campamentos, las áreas cooperativas, las escuelas en zonas rurales. Después de esa convivencia, regresarían a la Florestán para intercambiar aprendizajes y las formas de seguir el trabajo en Haití.”

¿Cuáles han sido los principales resultados?

“Para el MST, es la primera experiencia de esa dimensión. Hubo muchas dificultades, pero fue muy rica. Resultó una concreción, un completamiento de nuestra labor en Haití. También aprendimos a interpretar mejor sus necesidades, y en ese sentido, buscar formas más eficaces de apoyo a los movimientos campesinos haitianos, que logren empoderarlos.

“En cuanto a los jóvenes haitianos, para ellos es una experiencia única. Estuvieron un año fuera de su país, conviviendo con otros movimientos, viendo sus luchas, y en lugares diferentes. Además adquirieron un nuevo idioma, y eso también es parte de la integración que queremos. De hecho, pasaron por la Escuela en dos ocasiones y en ambas acontecía el curso de teoría latinoamericana, lo que les permitió compartir con jóvenes de 22 países de la región que reciben esa formación.”

“Las organizaciones haitianas no tienen aún una línea de lucha conjunta. Son luchas locales, en cada región, algunas por el salario mínimo, contra la empresa Monsanto, pero no están unidas para cambiar la estructura del país, para transformar un modelo político de especulación de la pobreza, de la miseria. Por ejemplo, el 60% del presupuesto de la nación proviene de ayuda internacional.

“Para la brigada Dessalines esta situación es un desafío. Debemos contribuir con la integración de estos jóvenes a las organizaciones, aunque sabemos que no todos se van a incorporar. Pero quienes lo logren, ayudarán a sus movimientos, mucho más a partir de los aprendizajes del intercambio.”

Después de este largo proceso de apoyo al pueblo haitiano, ¿cómo resignifica el MST la solidaridad entre movimientos sociales?

“Para el MST la solidaridad tiene una dimensión práctica: compartir con un movimiento campesino lo mejor que tenemos en implementación de técnicas. Pero eso muchos lo hacen. La distinción está en mostrar el valor de esa infraestructura, de acciones como la reapertura de una escuela técnica para la formación de jóvenes, que luego podrán actuar en su organización, en un país donde estas instalaciones fueron cerradas por el Estado y donde más de la mitad de la población no sabe ni leer ni escribir.

“Sabemos que no vamos a lograr cambiar todo, son mínimos los recursos, pero llevar de Brasil la experiencia de producción de semillas naturales, oriundas de una región, que no sean importadas, es evitar más dependencia de las grandes multinacionales y conseguir que los movimientos produzcan de forma autónoma.

“Con respecto a la reforestación pensábamos que era un proceso simple y ha resultado lo más complejo. El 80% de la energía haitiana se basa en el carbón vegetal, hay muy poco gas de cocina. Por eso, incentivamos también a las organizaciones hacia la transformación de la estructura energética. Tampoco se va a lograr mejoría si no cambia la estructura agraria. Si la tierra sigue concentrada, en manos del terrateniente, el campesino que labora en una parcela y después tiene que salir, no tendrá preocupación, no trabajará en el cuidado de esta. De esa forma, las montañas seguirán quedando desnudas.

“Ante todas estas cuestiones, no resulta llegar con un proyecto técnico. Por eso, la brigada Dessalines trabaja con otra dimensión de la solidaridad que es el cambio de sentidos, para transformar estructuralmente el país, para fortalecer la lucha de los movimientos campesinos.”

 

Lunes 19 de Septiembre de 2011

El pasado 11 de septiembre se realizaron en Guatemala las elecciones generales, donde miles de guatemaltecos y guatemaltecas emitieron su sufragio para elegir a quien dirigirá el país durante los próximos cuatro años.

Después de que trece partidos políticos participaran en la contienda electoral el pasado 11 de septiembre se conoció que dos pasan a segunda vuelta, el presidenciable por el Partido Patriota General Otto Pérez Molina que según datos del Tribunal Supremo Electoral obtuvo 260,244 votos lo que corresponde a un 39.68% y el presidenciable Manuel Baldizón del partido Libertad Democrática Renovada LIDER con 122,020 que corresponde a un 18.60%.

También las y los guatemaltecos eligieron a diputados y alcaldes así como diputados al parlamento centroamericano, el descontento se hizo manifiesto según datos oficiales en 70 municipios del país.

A una semana de haberse realizado las elecciones en Guatemala el descontento continúa en diferentes comunidades dicho descontento es por el proceso anómalo que denuncian los propios comunitarios, los pobladores de Uspantan solicitan la renuncia al actual alcalde y reelecto por tercera ocasión por la Coalición UNE-GANA Víctor Figueroa, los habitantes de la región han denunciado que Figueroa intimidó y manipuló a la población en su mayoría a mujeres que si no votaban por él ya no recibirían los beneficios del programa “Mi Familia Progresa”, también señalaron que compró votos en la zona Reyna.

Las denuncias de compra de votos y voluntades también se ha hecho manifiesto en municipios de Alta Verapaz, señalan que en Cobán el alcalde reelecto Leonel Chacón del Partido Patriota condicionó a las familias tanto del casco urbano y rural al regalarles láminas a cambio del voto, en dicha comuna la Contraloría General de Cuentas detectó una anomalía de gasto de 14 millones de quetzales los cuales no han sido aclarados.

También existe descontento en la población del municipio de San Juan Chamelco porque el alcalde electo Erwin Orlando Tun no llenó los requisitos correspondientes para ser inscrito sin embargo el Tribunal Supremo Electoral los inscribió sin que éste cumpliera con los requisitos de ley. En el municipio de Chaal Alta Verapaz los pobladores denunciaron que el alcalde electo Gonzalo Pop giró cheques con valor de Q250.00 quetzales a cada persona a cambio de su voto durante la semana después de las elecciones han indicado los pobladores que quienes recibieron el cheque no lo pueden cambiar porque no existen fondos en el banco indicado.

Los uspantecos solicitan de forma pacífica la renuncia del actual alcalde y reelecto Víctor Figueroa, este lunes las diferentes comunidades se concentrarán frente al edificio de la municipalidad de Uspantan.

Magdalena Sarat de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUA- integrante de la CLOC Vía Campesina reiteró que el proceso de elección popular en el país fue difícil por el manipuleo de los propios partidos políticos, resaltó que la participación de las mujeres fue visible sin embargo dijo que fueron manipuladas y obligadas a acercarse a los centros de votación.

Sarat dijo que los partidos políticos se aprovechan de la pobreza y exclusión que viven las comunidades, y el resultado se refleja en las elecciones que existió manipulación también se refirió a la elección de mujeres a cargos públicos e indicó que se refleja una vez más que quienes quieren estar al frente son los hombres al señalar que para elegir a las y los diputados en su mayoría fueron hombres que encabezaron el listado nacional.

César Bol de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina -CONIC- de la Vía Campesina indicó: “los dos candidatos presidenciables que van a segunda vuelta hasta el momento no cuentan con un plan verídico para abordar la problemática agraria. “El Partido Patriota ha sido radical al mencionar que entrarán a la defensa de la propiedad privada, el no querer abordar la problemática agraria podría generar un atraso en el país, también su discurso ha sido promover trabajo en las fincas”, agregó Bol.

Bol señaló que los pueblos indígenas y campesinos son los más afectados por la misma necesidad se trasladan a las fincas también dijo que la juventud debe dejar su hogar y trasladarse a las fincas y hasta ahora no se ofrece desde el Estado un modelo de desarrollo integral, eso se hace visible los intereses del poder económico.

Magdalena Sarat dijo que hasta el momento no se puede decir que se participe o no se participe en la segunda vuelta pero hace un llamado a analizar cual será la postura de las diferentes comunidades para el 6 de noviembre.