Autor: clocvc

Lunes 18 de Julio de 2011

Una lucha que llegó a la ONU

Comunidades originarias de Salta y Jujuy fueron recibidas en Naciones Unidas. Denunciaron la vulneración de sus derechos y el avance minero sobre sus territorios. En noviembre llegará al país una misión de la ONU para conocer la situación.

Por Darío Aranda

El avance sobre el territorio indígena, la violación de legislación nacional e internacional que protege sus derechos y la instalación de empresas mineras sobre comunidades originarias fueron los temas que escucharon en la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la boca de comunidades kolla y atacama de Salta y Jujuy, que rechazan la minería de litio en su territorio ancestral. Ante la más alta instancia de la ONU en materia indígena, las comunidades solicitaron algo simple: que se cumplan las leyes que protegen su territorio. También recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe expedirse sobre un amparo presentado hace ocho meses. En noviembre llegará al país una misión de la ONU para conocer en territorio la situación de los pueblos originarios.

“Planteamos la defensa del territorio de las comunidades, del medio ambiente y del uso del agua. Contamos que no se respetan los derechos de las comunidades, que el Estado no cumple con la Constitución y los tratados internacionales, que nos sigue marginando, excluyendo del derecho a la tierra”, explicó Clemente Flores, delegado en Ginebra (Suiza) de las 33 comunidades originarias de Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc, que abarcan Salta y Jujuy, y donde se encuentran reservas de litio, “el oro del futuro”, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que ya comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz.

La minería de litio en las salinas vulnera la Constitución nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios, sostienen las 33 comunidades que presentaron una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2010. Solicitaron, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aportaron pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.

El delegado de las comunidades detalló en la ONU la realidad de los pueblos originarios de las Salinas Grandes en el marco de la Cuarta Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos Pueblos Indígenas (Medpi), ámbito especializado del Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano de derechos humanos de Naciones Unidas.

El Mecanismo de Expertos realiza una sesión anual, y uno de los principales temas de debate en 2011 es el derecho de los pueblos indígenas a participar en la decisión de acciones que los afecten. Justamente es uno de los principales reclamos de las comunidades de Salinas Grandes, donde gobiernos y empresas avanzaron sin “consulta previa” (según marca la ley) a los pueblos originarios.

“Explicamos que en nuestro país no se cumple la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Si se cumplieran nuestros derechos no tendríamos que hacer todo esto, no tendríamos que hacer juicio, no tendríamos que viajar miles de kilómetros para que alguien nos escuche, podríamos vivir tranquilos en nuestras comunidades. Explicamos nuestra preocupación de que los gobiernos sigan sordos”, explicó Clemente Flores, que estuvo acompañado del abogado Rodrigo Solá.

También fueron recibidos por el relator especial de la ONU sobre derechos indígenas, James Anaya, la máxima autoridad de la ONU en la materia. Le detallaron la realidad de los pueblos originarios de Argentina, explicitaron como ejemplos casos de violación de derechos humanos en Formosa y Neuquén, y explicaron en detalle la frondosa legislación (nacional e internacional) que fue omitida en el avance minero en las Salinas Grandes.

“Fue una muy buena reunión. El relator mostró interés y preocupación por el avance minero en Jujuy y Salta y adelantó que tomará todas las medidas a su alcance para que se respeten los derechos de las comunidades”, afirmó Rodrigo Solá. En la entrevista también se confirmó que Anaya visitará la Argentina a fines de noviembre próximo. Estará en el país durante diez días, recorrerá comunidades de distintas regiones, se entrevistará con funcionarios del Gobierno y miembros del Poder Judicial.

El papel de los jueces fue central en la reunión con el relator. Se detallaron “infinidad” de casos donde magistrados de distintas instancias omiten la aplicación de los derechos indígenas. “Pudimos contar que presentamos un recurso de amparo en la Corte Suprema, pero que esa instancia tampoco está resolviendo nada. Sabemos que la Corte tiene muchos casos, pero nosotros necesitamos una respuesta urgente porque las empresas avanzan en los territorios y nos van a provocar daños para siempre”, afirmó Flores.

El viaje a la ONU contó con el apoyo del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Prelatura de Humahuaca, Avina, Red Puna, Asamblea de Autoconvocados de Tilcara, el servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad de Salta y de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj).

 

Lunes 18 de Julio de 2011

O processo de privatização da água é uma realidade nas cidades brasileiras de grande e médio porte. Atento a esta situação, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) organiza o Seminário Internacional: Panorama político sobre estratégias de privatização da água na América Latina. O evento será realizado na Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), nos dias 20 e 21 de julho.

Durante o evento, os participantes irão debater sobre os atuais projetos que visam a mercantilização e privatização da água em diferentes países, como Itália, Chile, Bolívia e Peru, além do Brasil, e diversos setores, como na mineração, agricultura, saneamento, entre outros. Outro objetivo do seminário é proporcionar um espaço de troca de experiências acerca das lutas contra a privatização da água, fortalecendo assim articulação entre as organizações participantes para a mobilização em defesa da água como um bem público.

Participarão do seminário cerca de 120 pessoas de movimentos sociais, redes de articulação, representantes de universidades e convidados do Brasil e de outros países da América Latina, Europa e África. Está confirmada a presença de representantes da Suíça, Chile, México, El Salvador, Colômbia, Argentina, Paraguai, Moçambique, Espanha, Venezuela, Panamá, Bolívia, Perú e Canadá.

O Seminário Internacional: Panorama político sobre estratégias de privatização da água na América Latina antecede a 3ª etapa do Curso Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo, um convênio entre o MAB e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR), da UFRJ.

Programação

20/07 – Quarta-feira

9h – Abertura

Análise de conjuntura econômica e política no cenário mundial

14h – Estratégias capitalistas para o domínio da água

19h30 – Pré-lançamento do filme «O veneno está na mesa», de Silvio Tendler

21/07 – Quinta-feira

8h30 – Experiências de luta e resistência em defesa da água

14h – Encaminhamentos e encerramento

Serviço

Seminário Internacional: Panorama político sobre estratégias de privatização da água na América Latina

Local: Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)- Ilha do Fundão

Data: 20 e 21 de julho

Imprensa: O seminário será aberto para cobertura na parte da tarde do dia 20.

Contato:

(21) 9770-2173 (Alexania Rossato ou Elisa Estronioli – a partir do dia 18)

(11) 3392-2660

 

Lunes 18 de Julio de 2011

Es hora de Soberanía alimentaria, es hora de defender nuestro patrimonio Genético, las Semillas, la Tierra y los territorios

Las organizaciones campesinas de la CLOC –VC de Chile; Anamuri Ranquil; ANMI que formamos parte de la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo y a nivel mundial de la Vía Campesina, Queremos en primer lugar Manifestarnos nuestra enorme satisfacción y admiración a las justas lucha de carácter nacional por el derecho pleno a la educación y contra el lucro de quienes han convertido la educación en un gran negocio

Es por ello que celebramos y nos hacemos parte de la movilización social que despierta la conciencia de la ciudadanía para poner fin a la injusticia, las desigualdades sociales, el abuso empresarial y a la falta de voluntad y ética política del actual gobierno.

Hacemos nuestras las demandas del movimiento estudiantil, porque ellas reflejan el sentir y las necesidades de la inmensa mayoría. La lucha actual no es sólo de los estudiantes; es de todas y todos por el bienestar común de nuestro pueblo.

Queremos un país construido sobre la base de la justicia social, dando respuesta y buscando satisfacer las necesidades del pueblo en base a las grandes potencialidades y diversidad del país, no en función del lucro ilimitado de unos pocos.

En este marco, nos preocupa y extraña un conjunto de proyectos de ley actualmente en el parlamento, en elaboración o discusión, que agreden gravemente a la agricultura campesina e indígena, a la biodiversidad del país y a la producción de alimentos para todos nosotros, con el sólo fin de entregar aún mayores privilegios y posibilidades de lucro a los grandes capitales nacionales e internacionales. Nos referimos a la Ley de Obtentores, a la Ley de Vegetales Genéticamente Modificados, Ley de Acceso Recursos Genéticos, Ley de Servicio Forestal (sobre CONAF), Ley de Bioseguridad y otras. En conjunto, ellas buscan expandir el monocultivo de pinos y eucaliptus, privatizar y permitir la destrucción de las áreas y parques naturales para dar paso a tendidos o centrales eléctricas, abrir el país a las plantas transgénicas y privatizar las semillas. Al igual que en la educación, la defensa del lucro sin límite impide el bienestar de las grandes mayorías.

Estamos especialmente preocupados por el intento de aprobación de la llamada Ley de Obtentores, que entrega nuevos y más privilegios a las empresas semilleras, permite la privatización de las semillas y criminaliza las técnicas y prácticas que nos permitieron a los pueblos indígenas y campesinos cuidar, crear, conservar e intercambiar semillas durante cientos y miles de años. Esta Ley en definitiva mercantiliza la vida y afecta en forma transversal a todo el pueblo chileno

Contrario a lo que se ha afirmado desde el Ministro de Agricultura y ANPROS que señalan “que este convenio significa un paso decisivo para la modernización y la competitividad de la agricultura y principalmente, para los pequeños productores.” Por su lado la gremial de las grandes empresas semilleras ha expresado que “se debe contar necesariamente con una ley que proteja la propiedad intelectual” pero lo que esta ley busca, es apropiarse de nuestras semillas, controlar la agricultura, destruyendo nuestra biodiversidad y asegurando la entrada de cultivos transgénicos a Chile y dar paso un negocio mayor para un puñado de empresas transnacionales.

Llamamos a las y los trabajadores de la ciudad, a la ciudadanía en general a involucrarse en las luchas para impedir el despojo de nuestros bienes naturales y de nuestra soberanía nacional y alimentaria. Lo que está en juego y debemos defender para toda la sociedad es el derecho a que el futuro de nuestro país no se defina entre gallos y medianoche, sino a través de procesos de discusión y consultada informada y con pleno consentimiento, a que la alimentación sea un derecho de los pueblos y no un negocio para el gran capital, y a vivir en un ambiente sano.

Llamamos a los Senadores y Senadoras a dar cumplimiento fiel a su rol de representación de los intereses nacionales y del bienestar del pueblo, a no aprobar la ley de obtentores e impedir que la ilegitima aprobación de UPOV 91 se haga efectiva

Es hora de reaccionar y comprender que “Sin semillas, no hay agricultura. Sin agricultura, no hay alimentación. Sin alimentación no hay pueblos” nuestra lucha es por la vida.

¡¡Tierra, territorios y semillas en resistencia!!

Santiago 16 de Julio a 12 días del aniversario de la promulgación de la ley de Reforma Agraria

Jueves 14 de Julio de 2011

Organizaciones internacionales defensoras delos Derechos Humanos tales como : La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), CIFFCA, FIAN Internacional, Rel Uita, La plataforma Interamericana de Derechos Democracia y desarrollo(PIDHDD) y la  Vía Campesina Internacional ,entre otras, presentaron el pasado 12 de Julio del presente ante el parlamento las conclusiones y recomendaciones derivadas del Informe de la misión internacional de observación en el Bajo Aguán, realizada del 25 febrero al 4 de marzo de 2011, y denunciaron la continuación de asesinatos y graves violaciones de derechos humanos en Honduras .

El informe se titula “violencia e impunidad en el bajo Aguan, Honduras” y recoge la situación de represión y violencia en que viven organizaciones campesinas en la región del Valle del Bajo Aguán y demás pobladores y pobladoras, quienes se encuentran en un estado de total indefensión y desprotección ante las actuaciones y omisiones de las autoridades en el marco del conflicto agrario que aqueja a esta región en Honduras.

Según datos proporcionados en este informe entre enero 2010 y junio de 2011, 32 campesinos han sido asesinados, con involucramiento directo de cuerpos de seguridad pública y privada, quienes también son señalados como autores de actos de tortura, amenazas, y hostigamiento en contra de los campesinos organizados en la defensa de sus derechos.

Las organizaciones internacionales que forman parte de la misión de observación, denuncian esta situación de extrema violencia e impunidad, en la cual los movimientos campesinos que legítimamente reivindican su derecho a la tierra se han enfrentado a permanentes atropellos y violaciones tales como al derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y la seguridad personal, así como a la vulneración de su derecho a la alimentación, salud, vivienda y educación, sin que los crímenes cometidos sean debidamente investigados y sancionados por las autoridades. Situación que ha llevado a la estigmatización y criminalización del movimiento campesino.

El Informe revela datos como que entre el 18 de marzo de 2011 y el 15 de junio de 2011, 9 campesinos han sido asesinados, y durante mayo y junio de 2011, se han registrado por lo menos 6 campesinos gravemente heridos durante acciones de desalojo forzoso. Al mismo tiempo, la implementación de las disposiciones legales y acuerdos políticos existentes para resolverlo no ha avanzado en una manera significativa.

Las organizaciones presentaron al Parlamento Europeo algunas de las recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales y la comunidad internacional. A las autoridades nacionales se les instó para que:

Investiguen y sancionen de forma expedita todos los crímenes y las otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la persecución de los autores materiales como intelectuales de estos hechos.

* Cesen de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, en particular los desalojos forzosos y adopten medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.

* Regulen debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, imponiéndoles el respeto pleno de los derechos humanos de la población so pena de la cancelación del permiso de operación en el país.

* Cumplan las disposiciones legales y los acuerdos políticos relativos a los conflictos agrarios, y lleven a cabo las medidas necesarias para lograr una solución justa y sostenible del problema de la tenencia de la tierra.

Las organizaciones recordaron el papel fundamental que tiene la comunidad internacional para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos en Honduras. Observamos con gran consternación la reincorporación de Honduras a la OEA, sin considerar la ausencia de garantías en materia de investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del golpe de Estado en este país.

A la comunidad internacional se le instó a que refuerce su atención y acción sobre la situación de derechos humanos en Honduras, en particular en el Bajo Aguán, por lo que debe:

* Contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, en particular en relación al Bajo Aguán;

* Realizar un monitoreo permanente de la situación en el Bajo Aguán, especialmente de los avances en la resolución del conflicto agrario, así como de la investigación y condena de los responsables de los asesinatos cometidos que incluiría brindar asesoría técnica a las autoridades nacionales;

* Asegurar la efectiva implementación de la estrategia local de las líneas directrices de la Unión Europea para la protección de defensores de derechos humanos;

* Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.

Para ver el informe completo visite el sitio: http://www.fidh.org/hondura

Miércoles 13 de Julio de 2011

Carta abierta a la Corporación Financiera Internacional sobre el Proyecto CalyxAgro

Estimado Sr. Thunell,

Los documentos oficiales (1) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) (2) indican que la CFI está considerando otorgar un préstamo de más de 30 millones de dólares a Calyx Agro.

El Informe del Banco Mundial de septiembre 2010 sobre el creciente interés mundial en tierras de cultivo, fue muy criticado por muchos por no señalar a la apropiación de tierras como una grave amenaza para la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación de las comunidades rurales, y por no haber evaluado las responsabilidades del propio Banco en el aumento de ofertas de tierra disponible mediante la promoción de enfoques de gestión basados en nociones de mercado, a través de sus prácticas de préstamos y sus políticas.

Sin embargo, el informe se las arregló para documentar el dramático aumento de interés de los inversionistas en las tierras agrícolas a partir de la subida de precios de alimentos en 2008, haciendo hincapié en la naturaleza explotadora de muchas inversiones. Según el informe, los acuerdos sobre tierras entre los inversionistas y los gobiernos a menudo han ocurrido en secreto, marginando a las comunidades afectadas y los agricultores de las fases de consulta y conducen, en consecuencia, a la expulsión de personas de sus tierras sin una indemnización adecuada.

Con el objetivo declarado de contrarrestar estas tendencias, el Banco propuso siete principios voluntarios para la inversión agrícola en los países en desarrollo, que van desde el respeto a los derechos existentes a la tierra y los recursos naturales, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la transparencia y la rendición de cuentas y plena consulta, a fines de generar impactos social y ambientalmente positivos.

Incluso este conjunto de principios, propuestos por el Banco para reducir los riesgos de la reacción social a las inversiones en tierras, y que fueron nuevamente fuertemente criticados como una legitimación sustancial del acaparamiento de tierras, no podrán ser aplicados en las propias políticas agrícolas del Banco y las prácticas de préstamos, si el proyecto de préstamo a CalyxAgro sigue adelante:

• La CFI afirma que «será el primer financista en proporcionar financiación a largo plazo para Calyx, sin la cual la compañía puede tener que reducir sus planes de expansión», y reconoce que su «sello de aprobación» ayudará a Calyx Agro si se lleva a cabo una primera oferta pública en la Bolsa.

Esto implica que la CFI, a través de la aprobación de este préstamo, concedería una cobertura significativa y el apoyo a una mayor expansión de Calyx en su campo de operación.

CalyxAgro se estableció en la Argentina por Louis Dreyfus Commodities en 2007 como un vehículo para la adquisición de tierras de cultivo en el sur de América Latina. Louis Dreyfus es propiedad de la familia Louis-Dreyfus en Francia y es uno de los mayores operadores del mundo de productos agrícolas.

Tras la apertura de los fondos de nuevos inversionistas en el 2008, AIG Investments, el vehículo de administración de activos de la compañía de seguros American International Group (AIG) realizó una inversión de $ 65 millones en Calyx Agro ese año. Tras la crisis de AIG, como resultado de su participación en el escándalo de las hipotecas sub-prime en EE.UU., la compañía se vio obligada a vender su división de inversión al Grupo multimillonario de Hong Kong, perteneciente a Richard Li, Pacific Century. AIG Investments ha pasado a denominarse Inversiones PineBridge en 2010 y sus inversiones en Calyx Agro se mantuvieron.

Según un informe de 2008 (3) del Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) de Brasil, los otros inversores importantes en Calyx Agro son los siguientes:

• TRG Management, un nuevo fondo de cobertura con sede en Nueva York, operado por el Grupo Rohatyn, fundado por los antiguos banqueros de JPMorgan en 2003 para invertir en mercados emergentes;

• Worldstar Ltd, una subsidiaria de Said Holdings, que es un holding de inversión, constituido en las Bermudas, que pertenece a Wafic Said, un hombre de negocios sirio-saudí
• Pictet Private Equity Investors, una compañía privada de inversiones con sede en Suiza;
• Solvia Investment Management, un instrumento de inversión para la gestión de inversiones con sede en Londres, Oslow Capital Management.

Este préstamo a Calyx Agro, una empresa con mandato de compra de tierras agrícolas en América Latina para ricos inversores extranjeros, facilitaría una expansión a gran escala de la tenencia de la tierra por parte de los financistas.

El Banco Mundial, a través de la CFI y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, ya está directamente implicado en la financiación del acaparamiento mundial de tierras, y el préstamo de la CFI para Calyx Agro sólo profundizaría su participación. De hecho, la CFI ha proporcionado recientemente la financiación a un accionista de Calyx Agro para proyectos similares. En 2009, la CFI aprobó un préstamo de 15 millones de dólares para apoyar los planes de expansión de NFD Agro Ltd, una empresa de plantaciones de soja con sede en Paraguay, que posee la empresa Desarrollo Agrícola del Paraguay (Grupo DAP) y que está muy involucrada en la polémica Mesa Redonda de la Soja Responsable (4).

NFD Agro es controlada por empresarios argentinos y la banca estadounidense JP Morgan, mientras que TRG management, accionista de Calyx Agro, posee el 11,7% de la compañía (5). Posteriormente, en el 2010, la CFI aprobó una inversión de capital de 25 millones de dólares en un fondo con sede en Mauricio administrado por TRG, llamado TRG Africa Catalyst Fund I, que está invirtiendo en recursos y el sector de bienes de consumo en el África subsahariana (6).

En un momento en que los movimientos sociales en América Latina y en todo el mundo están exigiendo el fin del «acaparamiento de tierras de cultivo» y donde muchos de los gobiernos de la región están tomando medidas para restringir la inversión extranjera en sus tierras de cultivo, es inaceptable que una institución multilateral como el Banco Mundial esté ofreciendo apoyo directo a algunos de los actores más importantes del mundo involucrados en el acaparamiento de tierras.

• La CFI afirma que «las operaciones agrícolas de Calyx incluyen la producción de granos y oleaginosas en fincas propias y arrendadas, incluyendo soja, trigo, maíz, girasol y algodón, entre otros».

Calyx Agro es una de las entidades privadas que se han establecido en los últimos años, a menudo respaldada por inversionistas extranjeros, para adquirir grandes superficies agrícolas en el Cono Sur de América Latina y para convertir estas tierras en plantaciones de monocultivos a gran escala para la producción de soja, caña de azúcar, maíz y otras materias primas para la exportación. Las operaciones de las explotaciones que adquieren por lo general son subcontratadas a empresas especializadas en gestión de plantaciones, que desarrollan prácticas agrícolas altamente mecanizadas y químicamente intensivas, a menudo basadas en el uso de cultivos genéticamente modificados que resisten la aplicación de grandes dosis de herbicidas.

Estas empresas han sido decisivas para el auge regional en monocultivos de soja, que ahora ocupan la cuarta parte de todas las tierras agrícolas en Paraguay y que han crecido a un ritmo de 320.000 hectáreas por año en Brasil desde 1995. En Argentina, donde la soja ocupa alrededor de la mitad de las tierras agrícolas en el país, 5,6 millones de hectáreas de tierras no-agrícolas fueron convertidas a la producción de soja entre 1996-2006. (7)

Los efectos devastadores que estas plantaciones han tenido en las personas y el medio ambiente en América Latina están bien documentados y reconocidos por múltiples actores (8).

Estos impactos incluyen deforestación, degradación del suelo, envenenamiento por pesticidas, pérdida de biodiversidad y contaminación genética. Una consecuencia directa es el incremento explosivo del uso de plaguicidas. Sólo en Brasil, el mercado de plaguicidas es ahora de un valor de más de 5 mil millones de dólares, cuatro veces lo que era en 1992 (9).

Las consecuencias socio-económicas incluyen la pérdida del sustento para la población local, la concentración severa de tierras e ingresos, la expulsión de la población rural a áreas urbanas, a menudo con violencia, y el agravamiento de la inseguridad alimentaria. También se han documentado las condiciones de esclavitud en muchas plantaciones de soja y de caña de azúcar.

La expansión de estos cultivos desvía fondos públicos que podrían utilizarse en educación, salud, y en métodos alternativos mucho más sostenibles, los agroecológicos. Y reduce la seguridad alimentaria potencial de los países objetivo. Mucha de la tierra antes dedicada a la producción de cereales, productos lácteos o frutas se ha convertido a la soja y el maíz para la exportación, lo que lleva a la rápida multiplicación de impactos ecológicos y sociales, así como a la escalada de precios de los alimentos básicos en la región.

• La CFI afirma que «la inversión propuesta contribuirá al desarrollo económico rural a través de la creación de empleo y el vínculo con (y en algunos casos el apoyo a la creación de) las PYME (contratistas agrícolas) en zonas rurales. Se espera que la inversión genere una serie de beneficios sociales y económicos, incluyendo el crecimiento económico y mayor productividad del sector agrícola, que incluye: (a) Mejor uso de la tierra, (b) Transferencia de Buenas Prácticas Sostenibles; (c) Desarrollo del Sector Privado y aumento del Empleo”.

Sin embargo, toda la evidencia en la expansión a gran escala de la agricultura industrial ha demostrado que tiene efectos negativos globales sobre el empleo y la población rural. En Brasil, por ejemplo, el 85% de los establecimientos agrícolas está basado en grupos familiares, pero ocupan sólo el 24,3% de la superficie total del país ocupada por fincas. Se ha registrado a la agricultura familiar como generadora de trabajo para 13 millones de personas – alrededor del 80% del total de trabajadores rurales (10). Esos empleos se ven amenazados por la expansión de la agricultura industrial y la adquisición de tierras. En Brasil, se crean sólo dos puestos de trabajo por cada 100 hectáreas de plantaciones de soja.

El informe del BM mencionado anteriormente puso de relieve cuán frecuentemente los inversores no han creado el número de empleos que han prometido, y no han invertido de manera efectiva en las tierras adquiridas, ya sea debido a la falta de conocimientos agrícolas o porque estaban más interesados en las ganancias especulativas que en los cultivos. Y continúa afirmando que «los estudios de caso ponen de manifiesto que en muchas instancias los inversores extranjeros no han podido hacer realidad este potencial, contribuyendo en cambio a la pérdida de los medios de subsistencia. Estos problemas incluyen el desplazamiento de las poblaciones locales de sus tierras sin una indemnización adecuada, tierra entregada muy por debajo de su valor potencial, la aprobación de proyectos que fueron sólo posible gracias a subsidios adicionales, la generación de externalidades negativas ambientales o sociales, o la invasión de zonas no transferidas al inversor para hacer un proyecto de bajo rendimiento económicamente viable».

El 11 de marzo de 2010, cerca de 100 organizaciones de la sociedad civil de 38 países han hecho comentarios sobre la Política de Sostenibilidad Social y Ambiental, Normas de Desempeño y la Política de Divulgación de la CFI, exigiendo que los préstamos del Banco Mundial a las empresas privadas sean mucho más sensibles a las preocupaciones sociales y ambientales. La carta describe que la CFI carece de transparencia y de supervisión, falla en el respeto a los derechos humanos, no desarrolla adecuadas políticas para el cambio climático, todo lo cual socava la capacidad del BM para cumplir su misión de luchar contra la pobreza.

Por la presente, queremos también reafirmar que la adquisición de tierras por empresas privadas no resuelve los problemas inminentes de la pobreza, el hambre y la necesidad de la reforma agraria, sino que por el contrario, pone en peligro el ya frágil sustento de las comunidades rurales. La CFI también está fallando en su misión al promover el acceso de los inversores a tierras en lugar de dar prioridad a estos derechos humanos básicos.

Como organizaciones de la sociedad civil internacional, fuertemente comprometidas con la soberanía alimentaria y dedicadas a la defensa del derecho a la alimentación y al manejo de la tierra por parte de las comunidades rurales a nivel mundial, demandamos a la Junta de Directores de la CFI que se abstenga de conceder el préstamo a CalyxAgro.

Denunciamos enérgicamente este préstamo, ya que marca una contradicción flagrante entre la misión declarada del Banco referida a la eliminación de la pobreza y al desarrollo sostenible, y sus políticas y prácticas prestamistas. Continuaremos proporcionando documentación detallada sobre estos y otros temas de interés.

Firman:

Acción Ecológica, Ecuador

Acción por la Biodiversidad, Argentina

Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (CRBM)

Centro Ecológico, Brasil

COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica

Confédération Paysanne

Focus on the Global South

Amigos de la Tierra Internacional

GRAIN

La Vía Campesina

Land Research Action Network (LRAN)

Red de Coordinación en Biodiversidad, Costa Rica

REDES-AT, Uruguay

SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra Paraguay

Notas

(1) Disponible en http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/E4CD528CC457947C8525787E006E382D

(2) La Corporación Financiera Internacional (IFC) es la división de préstamos para el sector privado del Grupo del Banco Mundial. Provee financiamiento al sector privado, inversión y servicios de asesoría tanto para el sector gubernamental como para el sector privado.

(3) Disponible en http://www1.seae.fazenda.gov.br/littera/pdf/08012005483200877.pdf

(4) Lea el informe sobre el Grupo DAP del Observatorio Europeo de las Corporaciones: http://www.corporateeurope.org/system/files/files/resource/DAP_articleFINAL.pdf)

(5) Ver el resumen de la IFC sobre el proyecto: http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/B3A74FCDEC6DC008852576BA000E2DA1

(6) Ver el resumen de la IFC sobre el proyecto:

http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/f451ebbe34a9a8ca85256a550073ff10/0d4c1019ea516708852576e3005f182c?OpenDocument

(7) Walter Pengue y Miguel Altieri, “GM soya bean: Latin America’s new colonizer”, Seedling, January 2006, http://www.grain.org/seedling/?id=421

(8) PM Fearnside (2001), “Soybean cultivation as a threat to the environment in Brazil”, Environmental Conservation 28: 23-28; PF Donald (2004), “Biodiversity impacts of some agricultural commodity production systems,” Conservation Biology 18:17-37; Walter Pengue (2005), “Transgenic crops in Argentina: the ecological and social debt,” Bulletin of Science, Technology and Society 25: 314-322;

Jane Rissler and Margaret Mellon (1996), The ecological risks of engineered crops, MIT Press, Cambridge, Mass. GRAIN, «Corporate candyland», Abril 2009: http://www.grain.org/seedling/?id=589

(9) IBGE (2009b). Censo Agropecuário 2006. Agricultura familiar. Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação. IBGE, 2009. Disponible en: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/agri_familiar_2006/default.shtm. Accessed September 17 2010.

(10) Foro Brasileño de ONGs e Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FBOMS): “Agronegocios y agrocombustibles: una mezcla explosiva” Río de Janeiro, 2006, p. 6.

 

 

Miércoles 13 de Julio de 2011

«Un trabajo recientemente publicado por RAPAL Uruguay aporta información acerca del maíz criollo, su diversidad, su cultivo, sus usos, su valor estratégico y el peligro de contaminación genética al que está expuesto por el avance de los maíces transgénicos.»

En Uruguay son pocos quienes conocen y aprecian la riqueza que el país tiene en materia de maíces criollos. Tales maíces son en general percibidos como un anacronismo dentro de un modelo agrícola centrado exclusivamente en la alta productividad, medida en toneladas por hectárea.

Sin embargo, el maíz criollo tiene un altísimo valor estratégico y no es casual que una potencia como Estados Unidos haya dedicado enormes esfuerzos para tener acceso a la base genética de nuestros maíces. Un trabajo recientemente publicado por RAPAL Uruguay aporta información acerca del maíz criollo, su diversidad, su cultivo, sus usos, su valor estratégico y el peligro de contaminación genética al que está expuesto por el avance de los maíces transgénicos.

La preservación del maíz criollo ha sido posible gracias a los productores que lo cultivan y que de él obtienen lo que necesitan, tanto en materia de consumo humano como animal. Este tipo de cultivo no les implica gastos, ya que la semilla proviene de su propio cultivo y no se le aplican ni fertilizantes ni agrotóxicos. Los productores saben que este maíz siempre “dará”, aunque sea poco cuando las condiciones son más desfavorables, pero que algo se siempre se cosechará.

Salvo contadas excepciones, en los predios donde se producen estos maíces su producción se destina al auto sustento, tanto humano como animal. Es importante resaltar que los productores tienen bien determinadas las áreas de sus predios destinadas al cultivo del maíz, así como la extensión y cantidad de semilla necesarias para su siembra, basadas todas éstas en las dimensiones de la granja y el número y tipo de animales que allí se crían. Como resultado de esta planificación, obtienen la cantidad de maíz que ellos necesitan, y lo más importante, totalmente sustentable para sus necesidades.

Sin ser originarios de nuestra tierra, estos maíces se han adaptado a nuestros suelos y clima, resistiendo muy bien los períodos de exceso y escasez de agua característicos de nuestros ambientes.

Puesto que estos maíces tienen una adaptación optima en nuestras tierras, resulta evidente la necesidad de asegurar su conservación, tanto a través de su siembra como evitando que sean contaminados por los cultivos transgénicos. De esa manera se estaría conservando la diversidad y asegurando la existencia de semillas adaptadas a nuestro medio que ayudarían a afrontar el cambio climático y a asegurar la soberanía alimentaria a largo plazo.

La entrada del maíz transgénico a nuestro país tuvo lugar pese a la oposición de distintos sectores de la sociedad, tales como políticos, universidad, consumidores, productores y sociedad en general. Lamentablemente, ninguno de los argumentos planteados fue tomado en consideración al momento de su autorización. La distancia establecida por la reglamentación para separar cultivos GM y no-GM (250 metros) no es garantía para impedir la contaminación de los maíces criollos, lo cual ya ha sido demostrado tanto nacional e internacionalmente.

A siete años del ingreso autorizado de los cultivos transgénicos, aún no se ha realizado una evaluación de impacto. Los productores que aun conservan sus semillas criollas en distintos lugares del país -que son muchos por cierto- están constantemente amenazados por la contaminación genética.

La interpolinización es parte de la naturaleza; es la manera en que plantas como el maíz son fecundadas siendo el viento y los insectos los responsables de la polinización.

Los productores y productoras lo expresan muy bien al decir que “los maíces se casan”. Es gracias a este “casamiento” que el maíz ha logrado evolucionar y ser lo que hoy son: “tesoros escondidos”. Por lo tanto los maíces deben ser protegidos, para que de esa manera puedan seguir cumpliendo el rol que han cumplido hasta ahora: ser un cultivo fundamental en la cadena de los alimentos de los pequeños productores, desde la semilla hasta el alimento que llega a la mesa a través de sus múltiples transformaciones.

 

Miércoles 13 de Julio de 2011

Los cultivos transgénicos están amenazando comunidades campesinas e indígenas en diversas partes de América Latina. Cada vez más, los intereses de las empresas están atropellando a las comunidades locales. En Chile, el tema se instaló con más fuerza con la aprobación, en pasado mes de mayo, del Convenio Internacional para la Protección de la Obtenciones Vegetales (Upov 91), que privatiza la comercialización de las semillas.

Eduardo Letelier, director del Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur (CET SUR), habló con Adital sobre esta temática. Pese las consecuencias de la ratificación de este Tratado, Letelier destacó que los campesinos están dispuestos a resistir y seguir con campañas contra los transgénicos en el país. Lea la entrevista.

Adital – Recientemente, Chile aprobó el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov 91). ¿Cuales son las consecuencias para los indígenas y los campesinos de la ratificación de este Tratado?

Eduardo Letelier – Bueno, el Tratado de Protección de los Obtentores Vegetales se revisa cada cierto tiempo. Y la última revisión se hizo en el año 1991. Y en relación a la revisión anterior, del año 1978, esa revisión fundamentalmente amplía los dominios y los tiempos en que se aplica la propiedad industrial o se homologa la Ley de Obtentores Vegetales a una Ley de Propiedad Industrial. Esa es la tendencia, quiere decir, cada vez más, los derechos de los obtentores vegetales se asimilan más al régimen de patente industrial. Eso quiere decir que los plazos en que rigen la propiedad industrial se extienden, las normas de penalización por la violación de la propiedad intelectual sobre las semillas aumentan y esto también determina que la propia práctica de los agricultores en lo que se refiere al intercambio y comercialización de semillas, termina siendo penalizada, termina siendo criminalizada.

Ahora, otra consecuencia es que este régimen legal, este convenio vigente desde 91, lo que hace es que genera un escenario en Chile, que ya se instaló en el desarrollo legislativo de una Ley de Obtentores Vegetales en Chile, donde esto se transforma en una ley de la República. Entonces todo el poder del Estado se empieza a utilizar para penalizar justamente la infracción a esta ley. Por lo tanto, es un escenario de criminalización del intercambio de semillas entre agricultores. Este es el escenario que se están instalando. Ahora de hecho de ley está en el parlamento, ya está siendo realizada y la otra consecuencia es que abre espacio a las preguntas de un conjunto de grupo legales que vienen y piden el uso de los transgénicos para la producción de alimentos de consumo masivo.

Hoy en Chile los transgénicos solamente se pueden utilizar para producir semillas que se exportan para fuera de Chile. Pero con este cambio legal, con la aprobación de la Upov, también como estrategia para el desarrollo legislativo es que se eliminen algunas normativas que ya están vigentes que impiden el uso de semillas transgénicas para la producción de alimentos de consumo masivo en Chile. Entonces esta es la otra gran consecuencia. Una parte la criminalización de la semilla campesina, otra parte la legalización del cultivo de los transgénicos en Chile.

Adital – ¿Y como ha sido la respuesta de los campesinos, de las organizaciones sociales que tratan de esta temática?

Letelier – Bueno, yo creo que los campesinos están tomando conciencia – y los pueblos indígenas de Chile también – de la amenaza que eso significa para su propia situación y que en la práctica eso está siendo impulsado por intereses empresariales que ven en el uso de las semillas transgénicas un negocio rentable. Y esto significa que las organizaciones campesinas e indígenas están hoy en día debatiendo estrategias para enfrentar esta situación. No solamente desde el aspecto legislativo, sino también desde la perspectiva de reactivar la producción de semilla bajo el control social.

Adital – Pero, ¿los movimientos campesinos latinoamericanos que están integrados, resisten al incremento de los transgénicos en la región?

Letelier – Sí, la Cloc-Vía Campesina [Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo] hoy en día tiene una campaña contra los transgénicos y está buscando en todos los países impedir que se liberen y que contaminen la agricultura campesina. Es una campaña mundial y América Latina tiene mucho protagonismo por parte de las organizaciones de mujeres campesinas […]. Esto ha sido material de discusiones particularmente en el V Congreso de Cloc-Vía Campesina del año pasado en la ciudad de Quito [Ecuador], en Octubre. Y uno de los mandatos principales en el sector para las organizaciones campesinas del continente, junto con la reforma agraria, es la cuestión de la semilla y el agua. Esto está generando en los países estrategias para diferenciar y enfrentar las situaciones. Hay situaciones críticas, críticas, como la de Paraguay, por ejemplo, la del Norte de Argentina y el Sur del Brasil con la soya que afecta tanto por lo transgénico, pero también afecta todo el territorio, el agua sufre contaminación agroquímica en los campos.

Los campesinos ciertamente están en la búsqueda de estrategias de acuerdo, declarando el territorio libre de transgénico, buscando el desarrollo legislativo favorable, por lo menos, y fundamentalmente impulsando el intercambio de artesanía campesina y también buscando alianzas con la academia, porque el tema de contaminación transgénica es algo sumamente nuevo y no hay capacidades técnicas muchas veces en las organizaciones, para enfrentar la contaminación transgénica, justamente buscando alianzas con académicos que estén investigando este tema y que estén dispuestos en ese sentido a colaborar con esta idea de continuar con el territorio libre de transgénico, se puede avanzar en este sentido.

Las noticias sobre Financias Solidaria son producidas con el apoyo del Banco del Nordeste de Brasil (BNB).

Fuente: Adital

 

Lunes 11 de Julio de 2011

Primer Encuentro de Formadores@s en Agroecología en la

Región 1 de África de la Vía Campesina

Somos 47 personas de 22 organizaciones en 18 países (Zimbabue, Mozambique, República Democrática del Congo, Ruanda, Angola, Uganda, Tanzania, Kenia, Zambia, Sudáfrica, República Centroafricana, Brasil, México, Indonesia, Portugal, Estados Unidos de América, Francia, y Alemania). Somos campesin@s y técnic@s de organizaciones miembros de la Vía Campesina, además de aliad@s de otras organizaciones campesinas y redes, ONGs, académic@s, investigador@s, intérpretes y otras personas.

Nos hemos estado reuniendo en el Centro de Capacitación para el Desarrollo Endógeno de Shashe en la Provincia de Masvingo, Zimbabue, para planificar como promover la agroecología en nuestra región (África Austral, Oriental y Central). Hemos tenido el privilegio de observar de primera mano la fructífera combinación de reforma agraria con agricultura ecológica y agroecología llevada a cabo por la familias campesinas locales. En lo que en su momento fueron grandes ranchos de ganado propiedad de tres grandes terratenientes que poseían 800 cabezas de ganado y no producían ni grano ni ninguna otra producción adicional, ahora hay más de 365 familias campesinas con más de 3400 cabezas de ganado, que producen además un promedio anual de entre 1 y 2 toneladas de granos por familia además de hortalizas y otros productos, en muchos casos usando métodos agroecológicos y semillas campesinas locales. Esta experiencia refuerza nuestro compromiso y nuestra creencia en la agroecología y en la reforma agraria como pilares fundamentales para la construcción de la Soberanía Alimentaria.

Amenazas y Retos para la Agricultura Campesina y la Soberanía Alimentaria

Nuestra región de África actualmente encara retos y amenazas que socavan conjuntamente la seguridad alimentaria y el bienestar de nuestras comunidades, desplazando a las familias campesinas y minando su forma de sustento, socavando nuestra capacidad colectiva de alimentar nuestras naciones, y causando un grave daño al suelo, al medio ambiente y a la Madre Tierra.

Esto incluye las manifestaciones locales y regionales de la crisis global de precios alimentarios y la crisis climática que han sido provocadas por el avance de las políticas neoliberales y por la avaricia y la extracción de beneficios de las Corporaciones Transnacionales (CTNs). Alimentos subvencionados baratos importados por las CTNs, posibilitados por los desencaminados tratados de libre comercio, rebajan los precios que recibimos por nuestros productos agrícolas, obligando a las familias a abandonar el campo y a migrar a las ciudades, mientras se socava la producción alimentaria local y nacional. Los inversionistas extranjeros, invitadas por algunos de nuestros gobiernos, acaparan las mejores tierras de labranza, desplazando a l@s agricultor@s locales, productor@s de alimentos, y reorientando las tierras hacia la minería medioambientalmente devastadora, a las plantaciones de agrocombustibles que alimentan a los automóviles en vez de a las personas, y a otras plantaciones exportadoras que no contribuyen en nada a construir la Soberanía Alimentaria para nuestros pueblos, y solo enriquecen a unos pocos.

Al mismo tiempo, las emisiones descontroladas de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire proveniente de los Países Desarrollados y el sistema alimentario global de las corporaciones — basado en el transporte a largas distancias y en la agricultura industrial, están cambiando el clima en varios modos que afectan directamente a l@s agricultor@s. Nuestras tierras se vuelven más áridas, con cada vez mayor escasez de agua, afrontamos incrementos de las temperaturas, y condiciones progresivamente más extremas tales como fuertes tormentas, inundaciones y sequías. Las fechas de las épocas lluviosas se han vuelto completamente impredecibles, de manera que ya nadie sabe más cuando sembrar. El clima cambiante también está implicado en las epidemias de enfermedades comunicables tanto de los humanos, como de las cosechas y los animales. Todo esto daña a las familias campesinas y afecta a la producción alimentaria.

Nos enfrentamos a las CTNs que quieren imponer los transgénicos en nuestros países, independientemente de si existen o no moratorias en la actualidad, y a las agencias como la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) que conspira con las CTNs como Cargill y Monsanto y con nuestros gobiernos para comprar a la investigación nacional y a los sistemas nacionales de semillas para vender semillas transgénicas. Estas semillas amenazan la integridad de nuestras variedades locales y la salud de nuestr@s consumidor@s. Las mismas compañías manipulan incluso a las organizaciones campesinas regionales para promover los transgénicos, y hacemos un llamamiento a dichas organizaciones a que se resistan a ser utilizadas de esa manera.

Mientras nuestros suelos, agroecosistemas y bosques se ven más y más degradados por la agricultura industrial y las plantaciones, y la biodiversidad de las semillas locales se pierde, los costos de producción bajo el modelo de la «Revolución Verde» convencional son más caros y quedan fuera del alcance de las familias campesinas. El precio de los fertilizantes químicos, por ejemplo, se ha incrementado recientemente en el mercado internacional en más de un 300% en pocos años.

Enfrentándonos a esta cruda situación para la agricultura campesina y la Soberanía Alimentaria en nuestra región, como miembros de organizaciones pertenecientes a Vía Campesina adoptamos los siguientes posicionamientos:

Posiciones de Vía Campesina en la Región África 1

Creemos que…

* La agricultura agroecológica practicada por las familias campesinas, y las políticas de Soberanía Alimentaria, ofrecen la única solución razonable y factible a los múltiples retos que a los que nuestra región se enfrenta.

* Sólo los métodos agroecológicos (también llamados agricultura sostenible, agricultura orgánica, agricultura ecológica, etc.) pueden restaurar los suelos y los ecosistemas que han sido degradados por la agricultura industrial. Ni siquiera los productos químicos pueden funcionar tras una degradación grave, pero la agroecología puede restaurar la materia orgánica del suelo y su fertilidad, además fortalece los procesos funcionales del agroecosistema como el reciclaje de nutrientes, la biología del suelo, el control natural de plagas, etc. Hemos visto como los sistemas campesinos agroecológicos tienen una productividad total mucho por unidad de área mayor que los monocultivos industriales, con pocos o ningún insumo comprado, reduciendo la dependencia e incrementando la autonomía y el bienestar de las familias rurales mientras producen alimentos abundantes y saludables para nuestra gente. La investigación global de Vía Campesina demuestra que la agricultura campesina sostenible puede alimentar al mundo, basándose en el conocimiento endógeno y en la agroecología.

* El sistema alimentario global genera en la actualidad entre el 44 y el 57% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, casi todas las cuales podrían ser eliminadas mediante la transformación del sistema alimentario basada en los principios de la agroecología, la reforma agraria y la Soberanía Alimentaria. La agricultura campesina sostenible enfría el planeta, y es nuestra mejor solución contra el cambio climático.

* Para adaptarnos al cambio climático necesitamos la mayor resiliencia de los sistemas agroecológicos diversificados (y la conservación y recolección del agua, manejo de cuencas, sistemas agroforestales, abonos verdes, etc.) y la diversidad genética de las semillas campesinas locales y los sistemas de semillas campesinas. Exigimos a nuestros gobiernos que retiren el apoyo a las corporaciones de semillas industriales con sus semillas estandarizadas y a menudo modificadas genéticamente, y que a cambio apoyen los sistemas campesinos de semillas basados en la recuperación, la protección, multiplicación, almacenaje, multiplicación e intercambio de semillas a nivel local.

* Nuestros sistemas nacionales de educación e investigación están gravemente sesgados hacia las prácticas agrícolas más industriales, las mismas que están matando a nuestro planeta y contribuyendo al fracaso de l@s african@s en alimentarnos a nosotr@s mism@s. Exigimos la reorientación de la investigación hacia métodos orientados a la agricultura campesina y a la agroecología, y la transformación de los currículos en los niveles escolares primario y secundario, y en la educación superior, para centrarlos en la agroecología.

* Hacemos un llamamiento para acabar con la liberalización del comercio y para renovar la protección de los mercados domésticos de manera que l@s agricultor@s african@s podamos recibir precios justos que nos permitan levantar las producciones y alimentar a nuestros pueblos.

* Hacemos un llamamiento a nuestros gobiernos a crear programas integrales de apoyo a la agricultura agroecológica realizada por familias campesinas y a reconstruir la Soberanía Alimentaria, incluyendo la reforma agraria genuina y la defensa de las tierras campesinas contra el acaparamiento de tierras, la reorientación de la adquisición pública de alimentaros por agencias gubernamentales desde el agronegocio hacia la compra de alimentos ecológicos con precios justos a pequeñ@s agricultor@s para el suministro de escuelas, hospitales, cafeterías institucionales, etc., como medio para apoyar a l@s agricultor@s y para proveer de alimentos saludables a l@s niñ@s, a l@s enferm@s y a l@s emplead@s gubernamentales, y programas de créditos a la producción para la agricultura campesina agroecológica en lugar de subsidios vinculados a los fertilizantes y plaguicidas químicos.

* En la COP-16 en Cancún, México, los gobiernos del mundo (excepto Bolivia) acordaron realizar negocios con las CTNs que trafican con falsas soluciones al cambio climático como los agrocombustibles, los transgénicos, los mercados del carbono, REDD+, etc., en lugar de acordar el revertir seria- y efectivamente el calentamiento climático mediante reducciones reales de emisiones por los Países Desarrollados y la transformación de nuestros sistemas globales de alimentación, energía y transporte. Exigimos que nuestros gobiernos se comporten más responsablemente en la COP-17 en Durban, Sudáfrica, rechazando la firma de acuerdos impuestos por el Norte y por las CTNs, y apoyando en vez de ello los Principios de Cochabamba sobre el Clima y los Derechos de la Madre Tierra.

Compromisos de la Vía Campesina

Mientras exigimos que nuestros gobiernos actúen de todas las maneras mencionadas más arriba, y elevaremos la presión sobre ellos para que lo hagan, no nos quedaremos esperándoles. En lugar de ello nos comprometemos a continuar construyendo la agroecología y la Soberanía Alimentaria desde abajo. Nos comprometemos a dar los siguientes pasos prácticos:

* Construiremos estructuras organizativas en la Vía Campesina a nivel regional para apoyar nuestras organizaciones nacionales miembros en su trabajo para promover la agroecología entre sus familias integrantes. Esto incluye programas regionales de formación, visitas de intercambio, la producción y socialización de materiales educativos, y la identificación, documentación, sistematización y socialización de casos exitosos en la región de manera que tod@s puedan aprender las lecciones que entrañan. Entre las estructuras que construiremos está una red de formador@s locales y practicantes de la agroecología en la Vía Campesina en nuestra región.

* Promoveremos la creación de programas de formación y escuelas de agroecología en nuestras organizaciones, y programas de promoción agroecológica de campesino(a) a campesino(a) y de comunidad a comunidad.

* A través de nuestras organizaciones promoveremos la creación y el fortalecimiento de sistemas campesinos locales de semillas.

* Documentaremos la experiencia de Zimbabue de reforma agraria y agricultura ecológica por familias beneficiarias, como pasos importantes hacia la Soberanía Alimentaria, de los cuales quienes estamos en otros países podemos aprender.

* Trabajaremos en «mantener el carbono en el suelo y en los árboles» en las zonas bajo nuestro control, mediante la promoción de la agroforestería, la siembra de árboles, la agroecología, la conservación energética, y confrontando la acaparación de tierras para la minería y para las plantaciones industriales.

* Comprometeremos y presionaremos a los gobiernos a todos los niveles (local, provincial tradicional, nacional y regional) para que adopten Políticas Públicas que favorezcan la agroecología y la Soberanía Alimentaria.

* Construiremos una voz poderosa de l@s pequeñ@s agricultor@s y campesin@s para estar presentes junto con otros sectores de la sociedad civil en la COP-17 en Durban, y en Río+20 en Brasil, con el mensaje de que nos oponemos a las falsas soluciones al cambio climático y de que demandamos la adopción de los Principios de Cochabamba. Insistiremos en la Agricultura Campesina Sostenible y en la Soberanía Alimentaria como las verdaderas soluciones más importantes contra el cambio climático.

¡African@s! ¡Podemos alimentarnos a nosotr@s mism@s con Agroecología y Soberanía Alimentaria!

¡La Agricultura Campesina enfría el planeta!

¡No al Sistema Alimentario Corporativo, a los transgénicos, al Acaparamiento de Tierras!

¡Sí a la Reforma Agraria y a un Sistema Alimentario Agroecológico!

¡Globalicemos la Lucha! ¡Globalicemos la Esperanza!

Lunes 11 de julio de 2011

Realizan “Comilona Avati” para crear conciencia

Campesinas e Indígenas productoras en defensa del Maíz Criollo

“Por la vida y la soberanía de nuestro país, defendamos nuestro maíz criollo”, es la consigna de organizaciones de mujeres agricultoras, que realizan la próxima semana un evento para sensibilizar sobre la importancia de la conservación de las variedades de maíz local y criollo, que forman parte de la base alimentaria de la población paraguaya.

La “Comilona Avati” está prevista para el próximo viernes 15 de julio de 8:00 a 12:00 horas, en la Plaza de los Héroes, ubicada en el microcentro capitalino; está impulsada por las siguientes organizaciones campesinas e indígenas: la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), Organización Campesina Regional Concepción (OCRC), Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (CNOCIP) y Asociación de Agricultores Oñondivepa (AAO).

Las agricultoras plantean promover una agricultura sana y un modelo diferente para la producción de alimentos, sin tóxicos ni riesgos para la salud humana y ambiental. Defienden la necesidad de contar con sistemas de almacenamiento, distribución y comercialización del maíz criollo en cualquiera de sus etapas, así como en materia de conservación, mejoramiento, preservación del hábitat y de las tierras, en donde se cultiva. Estas medidas deben establecerse como una política pública de protección necesaria para la soberanía y seguridad alimentaria de miles de familias rurales.

Exigen la protección del maíz local y criollo, a partir de mecanismos que promuevan su proceso de diversificación biológica, su uso y garantía de que continúe en manos de los productores y productoras en pequeña escala, por medio de legislaciones adecuadas.

Igualmente, estas organizaciones señalan razones por las que rechazan el cultivo de las semillas transgénicas en el país. Entre estas destacan que el riesgo de perder la diversidad de maíz nativo es muy alto, debido a la contaminación genética; que una planta de maíz de tamaño medio libera entre 14 y 50 millones de granos de polen; que se han observado cruzamientos hasta a 800 metros, y que el polen de maíz tiene el potencial de viajar a mayores distancias.

Los y las campesinas e indígenas productoras advierten sobre la amenaza que se ejerce en torno al maíz local y criollo ante el ingreso del transgénico, que genera producción pero no semillas para sembrar el próximo ciclo; por tanto, es un consumo condicionado año tras año, lo cual comprende todo un sistema, que incluye el uso de agrotóxicos y herbicidas, que generan daños a la salud y sólo benefician a las empresas transnacionales.

Más información a los números siguientes:

-Alicia Amarilla: (0982) 537-627

-Angélica Bermúdez: (0971) 529-433

-Nicolasa Trinidad: (0984) 929-448

 

 

 

En mi último artículo lancé la idea, sustentada por minorías, de que estamos ante una crisis sistémica y terminal del capitalismo, y no es una crisis cíclica. Dicho en otras palabras: las condiciones para su reproducción han sido destrozadas, sea porque los bienes y servicios que puede ofrecer han llegado al límite por la devastación de la naturaleza, sea por la desorganización radical de las relaciones sociales, dominadas por una economía de mercado en la que predomina el capital financiero. La tendencia dominante es pensar que se puede salir de la crisis, volviendo a lo que había antes, con pequeñas correcciones, garantizando el crecimiento, recuperando empleo y asegurando ganancias. Por lo tanto, los negocios continuarán as usual.

Las mil millonarias intervenciones de los Estados industriales salvaron los bancos y evitaron el derrumbe del sistema, pero no han transformado el sistema económico. Peor aún, las inyecciones estatales facilitaron el triunfo de la economía especulativa sobre la economía real. La primera es considerada el principal desencadenador de la crisis, al estar comandada por verdaderos ladrones que ponen su enriquecimiento por encima del destino de los pueblos, como se ha visto ahora en Grecia. La lógica del enriquecimiento máximo está corrompiendo a los individuos, destruyendo las relaciones sociales y castigando a los pobres, acusados de dificultar la implantación del capital. Se mantiene la bomba con su espoleta. El problema es que cualquiera podría encender la espoleta. Muchos analistas se preguntan con miedo: ¿el orden mundial sobreviviría a otra crisis como la que hemos tenido?

El sociólogo francés Alain Touraine asegura en su reciente libro Después de la crisis (Paidós 2011): la crisis o acelera la formación de una nueva sociedad o se vuelve un tsunami, que podrá arrasar todo lo que encuentre a su paso, poniendo en peligro mortal nuestra propia existencia en el planeta Tierra (p. 49.115). Razón de más para sostener la tesis de que estamos ante una situación terminal de este tipo de capital. Se impone con urgencia pensar en valores y principios que puedan fundar un nuevo modo de habitar la Tierra, organizar la producción y la distribución de los bienes, no sólo para nosotros (hay que superar el antropocentrismo) sino para toda la comunidad de vida. Este fue el objetivo al elaborar la Carta de la Tierra, animada por M. Gorbachev que, como ex-jefe de Estado de la Unión Soviética, conocía los instrumentos letales disponibles para destruir hasta la última vida humana, como afirmó en varias reuniones.

Aprobada por la UNESCO en 2003, la Carta de la Tierra contiene efectivamente «principios y valores para un modo de vida sostenible, como criterio común para individuos, organizaciones, empresas y gobiernos». Urge estudiarla y dejarse inspirar por ella, sobre todo ahora, en la preparación de la Río+20.

Nadie puede prever lo que vendrá después de la crisis. Solo se presentan insinuaciones. Todavía estamos en la fase de diagnóstico de sus causas profundas. Lamentablemente son sobre todo los economistas quienes hacen los análisis de la crisis y menos los sociólogos, antropólogos, filósofos y estudiosos de las culturas. Lo que va quedando claro es lo siguiente: ha habido una triple separación: el capital financiero se desenganchó de la economía real; la economía en su conjunto, de la sociedad; y la sociedad en general, de la naturaleza. Y esta separación ha creado tal polvareda que ya no vemos los caminos a seguir.

Los “indignados” que llenan las plazas de algunos países europeos y del mundo árabe, están poniendo el sistema en jaque. Es un sistema malo para la mayoría de la humanidad. Hasta ahora eran víctimas silenciosas, pero ahora gritan fuerte. No sólo buscan empleo, reclaman principalmente derechos humanos fundamentales. Quieren ser sujetos, es decir, actores de otro tipo de sociedad en la que la economía esté al servicio de la política y la política al servicio del bien vivir, de las personas entre sí y con la naturaleza. Seguramente no basta querer. Se impone una articulación mundial, la creación de organismos que hagan viable otro modo de convivir, y una representación política ligada a los anhelos generales y no a los intereses del mercado. Hay que reconstruir la vida social.

Por mi parte veo indicios en muchas partes del surgimiento de una sociedad mundial ecocentrada y biocentrada. Su eje será el sistema-vida, el sistema-Tierra y la Humanidad. Todo debe centrarse en esto. De no ser así, difícilmente evitaremos un posible tsunami ecológico-social.

– Leonardo Boff es Teólogo / Filósofo y autor de Opção-Terra. A solução para a Terra não cai do céu. Record 2010.

Fuente: http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=442