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La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, como legado de la heroína Bartolina Sisa, y ejerciendo el mandato histórico de defensa de la vida, la madre tierra, los derechos y la dignidad de las mujeres y los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de Bolivia, por decisión unánime y lineamientos de nuestras bases ha resuelto lo siguiente:

1. Como parte de la unidad monolítica de las Organizaciones Sociales Indígenas Originarias Campesinas de nuestro territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en razón que el Gobierno de Paz, busca frenar la Unidad Monolítica de nuestras protestas optando por “comprar conciencias” y prebendalizar cargos ejecutivos en lugar de atender las demandas planteadas. Aclaramos al pueblo boliviano, y al gobierno de Paz, que nuestra organización no ha solicitado ningún dialogo con el gobierno.
2. Ratificamos y continuamos en nuestra lucha en todo el territorio nacional, en razón de que el gobierno de Paz y su gabinete en seis meses ha demostrado una incapacidad de manejo de lo público para gobernar para todxs lxs bolivianxs y solo gobierna para un sector; como a la fecha la incapacidad de resolver  la escasez crónica de combustible pese al levantamiento de la subvención trae combustible basura, que afectó a nuestrxs hermanxs campesinxs y a lxs transportistas; este gobierno se la ocupado de encubrir la corrupción en el ejecutivo siendo nada transparente en el tema  de las 32 maletas, que a la fecha no transparentó, el avión cargado de dinero que no se esclarece, acciones de corrupción. Asimismo, estamos en contra de los préstamos millonarios del Fondo Monetario Internacional, FMI, porque sabemos que esta entidad condiciona a la privatización y la entrega de nuestros recursos naturales y lo más grave la desinstitucionalidad y aislamiento y otros.
3. Rechazamos la designación del Ministerio de Defensa Ernesto Justiniano, porque es un personaje nefasto que ha sido parte de la represión en la guerra del gas, pareciendo una burla del gobierno que pide diálogo y pacificación, pero coloca estas autoridades comprometidas con episodios sangrientos de la historia, como un mensaje amenazante, por lo que responsabilizamos al gobierno de presidente Paz y su Gabinete, de cualquier hecho sangriento que suceda.
4. Condenamos el llamamiento a la confrontación entre bolivianxs realizado mediante un video en sus redes sociales por el presidente Rodrigo Paz, quien publicó y posteriormente eliminó, en este video convocaba a la ciudadanía a movilizarse junto con las Fuerzas Armadas y la Policía para desbloquear el país, en medio de las tensiones y protestas contra su gobierno incapaz. Este hecho demuestra su acción de incitar al racismo y discriminación, cuando pregona que Bolivia es una sola, pero muestra que hay dos Bolivias. Además, con esta acción esta permitiendo que grupos paramilitares como son la Unión Juvenil Crueñista y la Resistencia Juvenil de Cochala que están operando junto con la policía, y hasta uniformados. Por lo que responsabilizamos al gobierno de Paz, de cualquier hecho de sangre.
5. Instamos y exigimos al Órgano Judicial mantener objetivamente su independencia y no prestarse a judicializar la protesta social, en desconocimiento total de la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos, exigiendo el respeto a la CPE como la ley fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia y la liberación inmediata de lxs detenidxs y se hagan cargo de las personas heridas en los puntos de bloqueo.
6. Realizamos la denuncia internacional a organismos Nacional e Internacional de protección de derechos humanos que estamos viviendo un terrorismo de Estado, porque se están realizando persecuciones, detenciones ilegales y tortura, exigimos a la Defensoría del Pueblo realizar acciones al respecto.
7. Asimismo, responsabilizamos al gobierno de Paz y Lara del fallecimiento de compañexs en los puntos de bloqueo por la arremetida de militares y policías por orden del Gobierno y exigimos que se haga justicia y se aclare esas muertes.

La Paz, 4 de junio de 2026.

Fonte: https://viacampesina.org/es/bolivia-organizacion-bartolina-sisa-ratifica-unidad-y-denuncia-intentos-de-division-y-cooptacion-por-parte-del-gobierno/

La aprobación de la Ley de Jurisdicción Agraria representa uno de los avances más importantes para el campesinado colombiano en las últimas décadas. No se trata simplemente de una nueva norma jurídica; se trata de una conquista histórica de quienes durante años hemos defendido la tierra, el territorio y el derecho a vivir dignamente en el campo colombiano. La deuda histórica del Estado con el campesinado no solamente ha estado relacionada con el acceso a la tierra, sino también con la ausencia de una justicia especializada que comprenda las realidades rurales, las dinámicas territoriales y las profundas desigualdades que existen en el campo.

Durante décadas, miles de campesinxs hemos enfrentado conflictos por la tierra, desalojos, disputas territoriales y barreras para acceder a la justicia. Muchos procesos judiciales han estado alejados de las realidades campesinas y, en no pocas ocasiones, han favorecido los intereses de los grandes poderes económicos sobre los derechos de las comunidades rurales.

Por eso la Jurisdicción Agraria significa la posibilidad de avanzar hacia una justicia con enfoque territorial, social y campesino, capaz de reconocer las particularidades del mundo rural y garantizar la protección efectiva de los derechos de quienes producen los alimentos para el país.

La Jurisdicción Agraria también representa una herramienta fundamental para la implementación de la reforma agraria y para la consolidación de la paz en Colombia. No puede haber paz estable y duradera mientras persistan los conflictos históricos por la tierra y mientras el campesinado continúe enfrentando inseguridad jurídica sobre sus territorios.

Esta ley permitirá fortalecer mecanismos para resolver conflictos agrarios, proteger derechos colectivos y avanzar en el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos, tal como lo establece la Constitución y las recientes conquistas alcanzadas por el movimiento campesino.

Por eso hoy debemos exigirle al Congreso de la República que actúe con responsabilidad histórica y apruebe esta ley. El proyecto, considerado clave para la reforma rural, enfrenta el reto de avanzar en el Senado dentro de los próximos 38 días para evitar su archivo. No es momento de cálculos politiqueros ni de maniobras para dilatar un debate que el país rural viene esperando desde hace décadas.

El Congreso tiene la obligación moral y política de escuchar al campesinado colombiano, de reconocer las luchas históricas de las organizaciones del campo y de garantizar que esta herramienta jurídica se convierta en una realidad. No aceptamos prácticas de sabotaje, ausencias deliberadas o estrategias para impedir el quórum mientras millones de campesinxs siguen esperando justicia en los territorios.

Defender estas conquistas también implica defender el proyecto político del cambio. El próximo domingo el pueblo colombiano tiene una enorme responsabilidad histórica: respaldar con su voto a quienes han estado del lado de las luchas populares, de la reforma agraria y de los derechos del campesinado. Estamos con quienes han demostrado compromiso con la defensa de los derechos del pueblo, la implementación de la paz, la justicia social y las transformaciones democráticas que requiere el país. Su liderazgo representa la posibilidad de seguir avanzando hacia una democracia más participativa, incluyente y profundamente ligada a las luchas de los sectores populares.

Hoy la defensa de la reforma agraria, de la Jurisdicción Agraria y de los derechos campesinos también pasa por garantizar la continuidad de un proyecto político que permita profundizar los cambios y consolidar una verdadera revolución agraria en Colombia. El campesinado colombiano no puede retroceder. Las conquistas alcanzadas son fruto de décadas de movilización, resistencia y lucha colectiva, y debemos defenderlas con organización, unidad y participación popular.

Fonte: https://viacampesina.org/es/con-la-jurisdiccion-agraria-avanza-la-justicia-social-en-colombia/

Llamado a la acción por el Día Internacional de las Luchas Campesinas

Bagnolet 24 de marzo de 2026 | Este 17 de abril de 2026, Día Internacional de las Luchas Campesinas, nos movilizamos para conmemorar los 30 años de la Masacre de Eldorado do Carajás, cuando en 1996, 21 campesinxs sin tierra fueron asesinadxs por la Policía Militar en Brasil mientras ocupaban tierras como acción legítima¹ dentro de la lucha por la reforma agraria. A partir de este hecho nació el Día Internacional de las Luchas Campesinas, y durante 30 años hemos mantenido este día de acción frente a la violencia que persiste en nuestros territorios. Reafirmamos que la Reforma Agraria es indispensable para sociedades justas, promoviendo la democratización de la tierra, la Soberanía Alimentaria y enfrentando la extrema concentración de la propiedad de la tierra en el mundo. El legado de quienes nos precedieron es la base de una lucha que no puede detenerse, antela violencia, el neocolonialismo y el agronegocio continúan avanzando, militarizando las comunidades rurales e indígenas, restringiendo el acceso a la tierra y atacando nuestros modos de vida y organización colectiva.

La administración estadounidense actual ha desatado una ofensiva recrudecida del imperialismo y el avance de un neofascismo en todas las regiones del mundo que amenaza la paz y la autodeterminación de nuestros pueblos. Junto a su aliadx Israel, están llevando a cabo una campaña neocolonial que hoy tiene en vilo a Irán y a otros paises de la región.

Nos enfrentamos a un sistema en decadencia que, a través de sus gobiernos y en su afán por mantener su poder económico transnacional, se vuelve cada vez más violento y brutal. Tres decadas después, la impunidad de la masacre de Eldorado do Carajás es una herida abierta, sin que se haya hecho justicia. En la recién concluida Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR +20) en Cartagena, Colombia, recordamos a los mártires de Eldorado do Carajás y de todo el mundo que han sido y siguen siendo perseguidxs, criminalizados « como terroristas » y asesinadxs por defender la Tierra, el Agua y los Territorios.

Asimismo, marcamos 30 años desde que nuestro movimiento campesino global internacionalizó las luchas por la Soberanía Alimentaria. Uno de nuestros grandes logros ha sido integrar el derecho a la Soberanía Alimentaria en las discusiones y marcos políticos internacionales como la Declaración sobre Derechos Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) y la Declaración sobre los Pueblos Indígenas (UNDRIP).

Este año, también celebramos el Año Internacional de las Mujeres Agricultoras, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un momento histórico para reconocer el papel vital de las mujeres en la producción de alimentos y la defensa de sus territorios. Es una oportunidad para visibilizar su trabajo, denunciar la violencia que enfrentan y luchar por políticas públicas que las apoyen de manera real.

También a lo largo de estos años, hemos organizado tres encuentros Globales Nyéléni (2007, 2015, y 2025), que han unido movimientos sociales para enfrentar las crisis múltiples que nos afectan, presentando un frente unido. Aunque hemos logrado avances conjuntos con movimientos sociales, el sistema capitalista y colonial que reprime y despoja a nuestros pueblos continúa sin freno, permitiendo el despojo de tierras, protegiendo a las élites y criminalizando a quienes luchan por la tierra mediante leyes y judicialización selectiva y otras formas de persecución en Palestina, Congo, Perú, Líbano, Myanmar, Sudán, Honduras, Ecuador y otros territorios.

No vienen a salvarnos ni a “restaurar la democracia”. Vienen a robar la tierra que cultivamos, usando el mito colonial de “tierra no usada” para entregar nuestros bienes comunes al agronegocio, envenenarnos con agrotóxicos, desplazar la agricultura campesina que produce alimentos saludables y agroecológicos, y transformar nuestros ecosistemas en activos especulativos para bancos y fondos de pensión.

ADVERTIMOS que la ofensiva capitalista y neocolonial no se limita a la violencia directa: las políticas comerciales neoliberales también son mortales para la vida rural. Los Tratados de Libre Comercio (TLC), como el de Mercosur con la Unión Europea y otros, son instrumentos de sometimiento que desmantelan la soberanía nacional para favorecer a las transnacionales. Rechazamos que los alimentos sean tratados como mercancía y el comercio como un arma; exigimos que los aranceles sean herramientas legítimas para proteger a lxs pequeños productores del dumping y no palancas de coacción geopolítica manejadas por el poder imperial.

Por esta razón, nos movilizaremos en Camerún durante la 14ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se celebrará del 24 al 30 de marzo DE 2026, para exigir la salida definitiva de la agricultura de la OMC.

DENUNCIAMOS la reactivación feroz de la Doctrina Monroe. Los Estados Unidos pretenden convertir a varios territorios en su área de influencia exclusiva, imponiendo un control militar, político económico e ideológico absoluto.

¡ALERTA EN EL CARIBE Y LAS AMÉRICAS! Denunciamos la presencia de barcos de guerra estadounidenses en las costas de Haití, posicionados estratégicamente frente a Cuba. En ausencia de un gobierno soberano capaz de defender los intereses y la soberanía del pueblo haitiano, este territorio se utiliza para facilitar una invasión contra el pueblo cubano a través de contratos con mercenarios transnacionales. Exigimos el fin del bloqueo y de las presiones económicas y militares que asfixian al pueblo cubano que es ejemplo de dignidad y solidaridad. Rechazamos toda acción que busque socavar la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano y exigimos el respeto pleno de su derecho a decidir libremente su futuro.

ADVERTIMOS que esta arremetida imperial no se limita a algunas regiones. En África, la soberanía está bajo asedio por la disputa de «minerales raros »², el uso de sanciones comerciales contra Sudáfrica y la intervención militar bajo la excusa del antiterrorismo en Nigeria y el Congo.

En la región árabe, además del genocidio en Palestina, lxs campesinxs enfrentan violencia sistemática que impide acceder a sus tierras y cultivos. En el sur del Líbano, los bombardeos devastan también tierras agrícolas, desplazan a miles y agravan la inseguridad alimentaria. En Irán, las ofensivas y sanciones generan desplazamientos masivos y graves impactos socioeconómicos sobre comunidades rurales. En Siria, la guerra y la sequía extrema reducen la producción agrícola y obliga al campesinado a abandonar sus tierras.

¡PALESTINA LIBRE! El imperialismo y el sionismo son dos caras de la misma moneda. Denunciamos el genocidio continuado, los ataques sistemáticos contra civiles tras el alto al fuego y el robo de tierras por parte de colonos protegidos por el gobierno de ocupación y el apoyo de EE.UU..

En Asia, en la frontera entre Camboya y Tailandia, el conflicto territorial afecta directamente a lxs campesinxs de ambos países, que no pueden continuar con sus actividades agrícolas y muchos se ven forzados a desplazarse como refugiadxs. Asimismo, en Myanmar, más de 3,5 millones de personas han sido desplazadas y 16,7 millones sufren hambre debido a los ataques deliberados de la dictadura militar contra la producción local de alimentos, con los campesinos en primera línea de la resistencia. En Indonesia y otros países, cientos de conflictos agrarios persisten relacionados con tierras, bosques y plantaciones, afectando la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales.

En Europa, la dependencia tecnológica y militar de EE.UU. y los acuerdos comerciales desiguales socavan la autonomía de los pueblos.

En Oceanía, el control de corporaciones transnacionales sobre los bienes comunes, las políticas comerciales desiguales y la presión ambiental limitan la soberanía de los pueblos, afectan la producción local y debilitan los medios de vida rurales.

¡NO HAY PAZ SIN JUSTICIA, Y NO HAY JUSTICIA SIN RESISTENCIA!

Como movimiento campesino internacional, convocamos a la movilización permanente:

1. SUMARSE a las acciones de solidaridad y a campañas regionales de solidaridad que están impulsando nuestras organizaciones miembro para extender la solidaridad con los pueblos cuya soberanía y derecho a la autodeterminación está siendo amenazada. Agrega tu iniciativa en nuestromuro de acciones globales.
2. PARTICIPAR en flotillas, convoyes y brigadas por Palestina, Cuba, Haití y otros países que enfrentan opresión y presiones imperialistas, para poner tu compromiso contra la injusticia en acción y llevar un mensaje de esperanza y solidaridad.
3. MOVILIZARSE masivamente este 17 de abril en los territorios, utilizando nuestras redes y nuestro KIT DE COMUNICACIÓN para visibilizar nuestras luchas y denunciar juntxs la criminalización que enfrentamos. Organiza marchas, acciones directas, foros, mercados campesinos, donación de alimentos, intercambios de semillas, proyección de películas, eventos en escuelas y universidades.
4. REFORZAR la unidad de las organizaciones populares frente a los gobiernos serviles y las multinacionales del capital que acaparan nuestros bienes comunes para enriquecer a sus élites.
5. La CIRADR+20 ha vuelto a poner la agenda de Reforma Agraria Popular en el centro de las políticas internacionales. Presiona a tus gobiernos para que estos temas se discutan en las próximas reuniones de la FAO y el CFS y se genere presión política para la implementación de las Directrices sobre la Tenencia de la Tierra, UNDROP y UNDRIP ; mediante políticas nacionales concretas.

#17Abril #LuchasCampesinas #ResistirCultivarTransformar
¡Contra el acaparamiento de tierras y la criminalización de nuestras luchas por la Soberanía Alimentaria!

¡Por la autodeterminación y la dignidad de nuestros pueblos : Resistir, cultivar, transformar!

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

1La Constitución de Brasil de 1988 establece que la propiedad de la tierra debe cumplir una “función social”. En este marco, la ocupación de tierras improductivas por parte de trabajadores rurales ha sido utilizada históricamente como una forma de presión política legítima para exigir la implementación de la reforma agraria. No obstante, dichas ocupaciones no son automáticamente legales, sino que su reconocimiento depende de procesos judiciales y decisiones del Estado.