Por Eberto Díaz, miembro del Comité Ejecutivo de Fensuagro
Alguna vez, me preguntó un periodista: ¿Qué es lo que pasa en Colombia?; sin saber que responderle, le dije lo mismo de siempre! Si, lo mismo de siempre: asesinatos de dirigentes, narcotráfico, guerra permanente, pobreza, mentiras, desinformación, fraudes electorales, corrupción, narcopolítica, privatizaciones, neoliberalismo, resistencia social, protestas, paros, etc. Y es que para entender que es lo que pasa en Colombia hay que mirar por el retrovisor, buscando el pasado, sin perder de vista el presente.
Efectivamente Colombia sigue siendo la “República Bananera” de 1.800 del siglo pasado, solo que ahora podríamos decir para cambiar la simbología, llamarla “Republica Vasalla”; que mejor expresión peyorativa que esa, un país sometido incondicionalmente a las imposiciones del imperialismo norteamericano. Hace pocas semanas que el presidente Duque se reunió con Mike Pompeo y luego con Donald Trump.
Trump fue más directo con su vasallo ante el crecimiento de los cultivos de uso ilícitos, específicamente los cultivos de plantas de coca; que ya sobre pasan las 200 mil hectáreas en el territorio colombiano; el soberano estadounidense le restregó en la cara al presidente Duque y a los gobiernos vecinos “que no hacen nada por nosotros” refiriéndose a la situación del narcotráfico en la región, al final la receta para Colombia dictaminada por Trump, es el reinicio de las fumigaciones para “erradicar” los cultivos ilegales, que según el presidente norteamericano han crecido con gran rapidez durante el mandato de Duque.
Colombia no sale de los escándalos, a la yidis política, le salió la Aida política; las confesiones de la excongresista, captura en la hermana República Bolivariana de Venezuela por los cuerpos de seguridad de ese país, ponen al descubierto las verdaderas mafias y clanes que desangran la nación colombiana.
Las contrataciones entre el estado y los grupos familiares que gobiernan y que han gobernado históricamente este pedazo de país, por ende, la corrupción que no es ni nueva ni novedosa, pero que salpica todas las estructuras del estado y sus gobernantes. Los Garlen, una especie del cacicazgo regional del norte de Colombia, que reconocen que la compra de votos siempre ha existido en todos los procesos electorales del país del sagrado corazón, que junto con la familia Chad se ven involucrados en las declaraciones de la exsenadora. Como si fuera poco, se destapa la ñeñe política que deja ver las relaciones entre José Guillermo Hernández “alias Nene Hernández” quien fue un empresario ganadero, vinculado al narcotráfico y lavado de activos; con relaciones políticas de alta dimensión al interior del gobierno Duque y las fuerzas militares.
El gobierno que se compromete con los EEUU a fumigar los territorios sembrados en plantíos de coca, es el mismo que mantuvo a través de su presidente y otros funcionarios civiles y militares relaciones íntimas con un delincuente narcotraficante y testaferro; con ello y todo, valga decir que para colmo de males con un fiscal general de bolsillo que no garantiza la más mínima neutralidad, todo estará sin mayores investigaciones y bajo control del gobierno de unidad nacional, por el respaldo que recibió duque de todos los partidos de la derecha colombiana.
En medio del panorama nacional, que como vemos, es bastante complejo y desesperanzador, se conoce el informe de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que da cuenta de la alarmante criminalización contra los líderes sociales. Según la entidad de las naciones unidas en Colombia hace una radiografía de como las violaciones crecieron en 2019, incluyendo masacres, que suman un total de 36 según la oficina de la ONU. En el 2019 se pudo establecer según la misma oficina un total de 108 asesinatos contra defensores de los DDHH, un 50% más que en el 2018.
El Gobierno de Duque en vez de mostrar su preocupación y respaldar al organismo multilateral de la ONU para poder avanzar en el esclarecimiento de los crímenes en mención, lo que hizo fue rechazar dicho informe y cuestionar la permanencia de la oficina de la Alta Comisionada en Colombia. Vale la pena resaltar que, desde el paro agrario del 2013, ya son cerca de los 800 miembros de las organizaciones sociales asesinados, al mismo tiempo más de un centenar de excombatientes de las antiguas guerrillas de las FARC acribillados por agentes del sicariato en el territorio nacional.
Esta situación de violaciones a los derechos humanos no es casual, hace parte en realidad de la política de la llamada doctrina de seguridad nacional; hoy conocida en todo el mundo como la política de lucha contra el terrorismo; situación que pone en el banquillo a los líderes y lideresas que luchan contra las políticas neoliberales que están llevando una mayor pauperización a vastos sectores sociales y de trabajadores.
Ante este drama de violencia algunos funcionarios del estado de alto nivel, han tenido el descaro de lanzar opiniones falaces como la de la Ministra del Interior Alicia Arango quien asegura que “mueren más personas por robos de celulares, que por ser líderes sociales” o como la del Ex Ministro de Defensa Guillermo Botero, quien aseguraba que “a los líderes sociales los matan por problemas de falda”; negando de ese modo la verdadera causa de los asesinatos y el poco interés del gobierno para esclarecer los autores intelectuales y materiales de los mismo, que de seguro la mayoría de ellos hacen parte del establecimiento y de grupos paramilitares con modernas formas operandi diseminados por más de medio país.
La implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana siguen en el limbo ante la indecisión del actual gobierno de materializar las reformas en dichas negociaciones para dar salida a la crisis social, económica y política que enfrenta la nación colombiana; una de ellas la reforma rural integral, hoy en congelación indefinida por el ejecutivo y legislativo que la ven como inviable ante la presión de latifundistas y terratenientes para que este tema de crucial importancia para consolidar los acuerdos de paz se abran al escenario de la discusión nacional.
De otra parte, los ataques a la JEP desde todos los frentes que ha abierto la extrema derecha para tratar de desmontar este modelo de justicia transicional que conduzca al esclarecimiento y castigo a los principales agenciadores de la guerra y crímenes contra la población colombiana.
Pareciese que lo que está al orden del día en la agenda gubernamental no es propiamente hacer realidad los anhelos de las mayorías colombianas a vivir en paz y con justicia social, sino más bien profundizar las políticas de flexibilización laboral, trabajo por horas, salario regional, reforma pensional que incrementara la edad de jubilación, y reforma laboral que significara mayor tercerización.
Se trata en general de la implementación del paquetazo neoliberal agenciado desde el Fondo Monetario Internacional – FMI, el Banco Mundial – BM, el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y últimamente por la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE; que han sido causal de grandes movilizaciones en varios países de América Latina y del Caribe y en particular Colombia.
De otra parte, el pasado primero de enero se posesionaron los nuevos mandatarios municipales y departamentales (Alcaldes Gobernadores), la mayoría de ellos pertenecientes a la vieja dinastía política, que de seguro seguirán anclados al pasado, ignorando la realidad del presente y los retos que se requieren superar para erradicar de tajo viejos vicios; como la corrupción, el clientelismo y el mal gobierno.
Es necesario encontrar nuevas reglas democráticas que garanticen una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos que les compete, no dejar todo en manos de la burocracia gubernamental. Hacer funcional mecanismo como la revocatoria del mandato, la iniciativa popular, las audiencias públicas, la constituyente popular, entre otros mecanismos serian claves como engendro de un nuevo poder popular que debe echar las bases de la verdadera democracia social.
Finalmente, la respuesta del movimiento social colombiano a las medidas anunciadas desde el ejecutivo en materia económica y política que afectaran negativamente a la mayoría de la población, como también ante los escándalos de un gobierno que cada vez es más proclive a los intereses imperialistas, que se presta para que sea violada la soberanía nacional y servir de punta de lanza para agredir al hermano pueblo de Venezuela, que apoya el bloqueo económico contra Cuba y Nicaragua, ha sido el llamado a paro nacional, que como nunca antes el 21 de noviembre de 2019 se dio en todo el territorio nacional.
El llamado a la unidad y la lucha callejera ha estado al orden día, las marchas movilizaciones, encuentros sectoriales, en general el llamado a la paz, a la implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana, retomar el diálogo y negociación con el ELN, el EPL y las llamadas disidencias de las FARC-EP nueva Marquetalia. El movimiento campesino también ha estado en actividad en defensa de la vida, la paz, contra el despojo; en defensa de los parques nacionales con gente, la lucha por el derecho al agua, por la no entre de los páramos a las transnacionales de la minería, por una ley que garantice los Derechos campesinos, entre otros.
Es de anotar que la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC – LVC Colombia viene preparando su IV Misión Internacional de seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Paz y los derechos humanos en Colombia.