Pérez Esquivel: “No hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios”

El Premio Nobel de la Paz afirmó que el Gobierno tiene una mirada acotada de los derechos humanos y remarcó que el modelo extractivo avanza con represión. El rol de los organismos de derechos humanos, el Pueblo Qom, Gildo Insfrán, La Cámpora y quiénes son funcionales a la derecha.

Por Darío Aranda

apeSe autodefine como “militante por los derechos humanos”. Y deja en segundo plano el Premio Nobel de la Paz, con el que fue reconocido en 1980. Adolfo Pérez Esquivel comenzó su militancia en 1971, dos años después fundó el periódico “Paz y Justicia”, espacio de encuentro para organizaciones y militantes. En 1975 participó de la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y, entre 1977 y 1978, estuvo preso en Argentina por orden de la dictadura militar. Desde la década del 70 acompaña a los pueblos indígenas de América y, desde 2010, tuvo activa participación en el acompañamiento de la comunidad qom de Formosa Potae Napocna Navogoh (Puño de oso hormiguero – La Primavera). “El gobierno nacional no quiere solucionar el conflicto, prioriza a sus aliados provinciales”, resume sobre la situación en Formosa y no le escapa a la mirada global del modelo extractivo (minería, soja): “Los pueblos dicen no a esas actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les dice sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la vida del pueblo”. Pérez Esquivel advierte sobre la mayor represión sobre quienes se oponen al modelo extractivo, denuncia que el INAI “no trabaja para los pueblos originarios, sino para los intereses de los gobiernos”, cuestiona que el kirchnerismo acota los derechos humanos al periodo 76-83 y descree que el nuevo Secretario de Derechos Humanos (Martín Fresneda) acompañe a las actuales víctimas de la represión.



-Félix Díaz sufrió la última semana un “accidente” en Formosa. Lo rozó una camioneta cuando iba en moto y terminó en el hospital. Díaz aseguró que no fue un accidente.

-Hablé con Félix. Es terrible lo de Formosa, un gobierno feudal que atenta contra todo aquel que exija sus derechos. En muchas provincias, sucede lo mismo en Salta y Neuquén, los gobiernos hacen lo que quieren, no reconocen los derechos de los pueblos originarios y esto tiene relación directa con las políticas del gobierno nacional.

-¿Qué políticas del gobierno nacional?

-La política de no reconocimiento de los pueblos originarios. Un ejemplo claro es el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), no trabaja para los pueblos originarios, sino para los intereses de los gobiernos, ya sea de las provincias o Nacional, pero no para el desarrollo de los pueblos originarios.

-Usted vivió de cerca la conformación de la mesa de diálogo por la comunidad La Primavera, a fines de 2010.

-Fue lamentable la política del Gobierno para con el Pueblo Qom de Formosa. No reconoció a Félix Díaz como líder qom a pesar de que la comunidad lo eligió por amplia mayoría. Permitió el avance de Parques Nacionales sobre la comunidad y encima terminó suspendiendo la mesa de diálogo.

-¿Por qué un gobierno que ha demostrado sensibilidad con los derechos humanos y que ha tomado esa bandera toma la decisión de no respetar los derechos de los pueblos indígenas?

-El gobierno nacional no tiene sensibilidad, tienen interés político en los derechos humanos que abarcan el periodo 1976-1983. Ni siquiera aborda lo actuado por la Tripe A. El Gobierno no quieren entender de derechos humanos de antes del 76 ni posterior al 83. La política de derechos humanos está restringida a la última dictadura militar.

-¿Cómo debieran entenderse los derechos humanos?

-Nosotros entendemos los derechos humanos desde su integralidad, lo que claramente debe incluir los derechos de los pueblos originarios, los derechos de quienes luchan contra la minería. Por eso no entiendo un proyecto que se dice “nacional y popular” y no aborde esas situaciones. En cuanto a derechos humanos, hay más discursos que políticas.

-En el marco del juicio por fumigaciones del Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba) usted dijo que el modelo agropecuario viola derechos humanos fundamentales. Algo similar dijo Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora)…

-Es que no se puede entender de otra manera. Es no respetar a poblaciones enteras, no respetar culturas, devastar el ambiente, cambiar la forma de vida de las comunidades y provocar enfermedades son claras violaciones a los derechos humanos. No comprendo que se pueda entender de otra manera. Los pueblos dicen no a esas actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les dice sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la vida del pueblo.

-¿Por qué otros organismos de derechos humanos no denuncian el extractivismo?

-Hay dos cuestiones. Muchos organismos provienen del drama de la última dictadura. Justicia por esos hechos es su objetivo último, y está bien, no lo digo como crítica. Y también hay otros organismos de derechos humanos que no denuncian la violencia actual porque son aliados del Gobierno y reciben fondos del Gobierno. Son opciones. Nosotros estamos convencidos de que las políticas de derechos humanos son integrales. Sin hay niños muriendo de hambre, no hay respeto a los derechos humanos. Y en Argentina mueren chicos de hambre. Hace dos semanas estuve con médicos de Córdoba que relataban con tristeza la cantidad de chicos desnutridos que hay.

-Más allá de los gobiernos, la misma opinión pública o la misma sociedad pareciera que hay una negación respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Un ejemplo, cuando asesinaron a Mariano Ferreyra hubo 50 mil personas en Plaza de Mayo. Cuando mataron al qom Roberto López no había más de 600 personas frente a la Casa de Formosa.

-En Argentina hay una negación histórica y cultural hacia los pueblos originarios, no se los reconoce, hay una enorme discriminación hacia los pueblos originarios. La Argentina no mira sus raíces, sigue el discurso de que “somos un país de inmigrantes”, cuando en realidad esa es sólo una parte de la historia. Es tanta la discriminación que hasta las universidades públicas nacionales, de Formosa y La Plata, le sacan tierras a comunidades originarias.

-El respeto a los derechos de indígenas y campesinos es uno de los puntos más débiles del Gobierno. ¿Qué expectativa tiene para los próximos años?

-Son asignaturas pendientes. Y lamento decir que no tengo expectativa de que este Gobierno cumpla con las comunidades originarias y con los campesinas.

-¿Por qué?

-Porque no hay políticas que vayan más allá del periodo 76-83.

-¿Y con el nuevo Secretario de Derechos Humanos (Martín Fresneda)? Es hijo de desaparecidos, proviene de la militancia y conoce de cerca las consecuencias del modelo de agronegocios en Córdoba.

-Lo conozco, me vino a ver. Hasta ahora no ha hecho absolutamente nada por los pueblos originarios. No tengo expectativa que haga cumplir los derechos humanos en su integralidad. No lo veo. Si en el futuro lo veo en hechos concretos, lo diré de inmediato. Pero este Gobierno ni siquiera tiene diálogo con los pueblos originarios. El INAI juega contra las comunidades, el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) ni juega. El gobierno nacional y los provinciales, como el de Formosa, juegan al desgaste duro.

-¿Desgaste duro?

-Reuniones que no resuelven nada, sin avances. Un día, junto a Félix (Díaz) estuvimos desde las 17 hasta las 2 de la mañana en la mesa de diálogo con el Gobierno. Y (Florencio) Randazzo (ministro del Interior) nos decía “somos un país federal, no podemos meternos en la provincia”. ¡Por favor! ¡Somos grandes como para que nos digan eso! El gobierno nacional no quiere solucionar el conflicto, prioriza a sus aliados provinciales. La verdad es que no hay avances porque en el Gobierno no hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios. Es duro, pero no me lo contaron, lo viví.

-¿El “desgaste duro” incluye represión?

-El avance de la soja y de la minería incluye amenazas, persecuciones y claro que incluye represión. Sólo hay que mirar Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja. Y es claro que los gobiernos provinciales que reprimen son aliados del gobierno nacional. Exigimos que se deje de perseguir y de reprimir a quienes luchan, pero no somos optimistas en ese sentido. Ver a La Cámpora haciendo campaña contra Félix (Díaz), y apoyando al que apadrina Gildo Insfrán, no es como para esperar un cambio positivo.

-La Cámpora, con el actual diputado Andrés Larroque al frente, fue quien desalojó a los Qom de Avenida de Mayo y 9 de Julio en mayo de 2011.

-Recuerdo ese desalojo. La Cámpora como fuerza de choque contra los pueblos originarios.

-Por sus críticas lo van a acusar de “hacerle el juego a la derecha”.

-No me pueden correr con eso. El juego a la derecha lo hacen quienes miran para otro lado. Nosotros denunciamos injusticias porque queremos un país mejor, para todos y con verdadero respeto por los derechos humanos, de todos. Y siempre, desde hace décadas, estamos del lado de los que sufren. En este caso estamos junto al Pueblo Qom. ¿De qué lado está La Cámpora? ¿De qué lado está el Gobierno?

 

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Bienes Comunes,Luchas Comunes

Jueves 16 de Agosto de 2012

Reportaje en la Cumbre de los Pueblos de Red ALBATV on Vimeo.

Del 15 al 22 de junio los pueblos del mundo se encontraron 20 años después de la llamada “Cumbre de la Tierra” y de forma paralela a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático Río+20. La Cumbre de los Pueblos sirvió para discutir soluciones reales a la crisis climática producida por el modelo de desarrollo capitalista, y trazar una agenda común de lucha para ir consiguiendo los objetivos consensuados. Este material compendia las imágenes y los sonidos de la semana de discusiones y movilizaciones que vivieorn las organizaciones populares del mundo en Río.

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Decisión histórica de un tribunal de Brasil en defensa de los territorios indígenas

Miércoles 15 de agosto de 2012

beloMeses de lucha, detenciones, violencia policial, amenazas de la empresa, intervención interesada a favor del megaproyecto por parte del Gobierno Federal de Brasil… Pero la Corte Federal de Brasilia lo ha dejado claro: se retira la licencia de obra a la hidroeléctrica de Belo Monte (Pará) y se critica duramente la acción del Ejecutivo.

“No podemos aceptar que los pueblos indígenas no son escuchados. Esta dictadura es inaceptable”. Juez Antônio de Souza Prudente, ponente de la sentencia.

Los jueces de la Sala 5 de la Corte Federal de la 1 ª Región (TRF-1), con sede en Brasilia, revocaron por unanimidad la licencia y la instalación de la central de Belo Monte, en Pará. Las obras, por lo tanto, deben ser suspendidas.



La notificación debe llegar al consorcio de Energía del Norte, el constructor de la planta hidroelécctrica, en las próximas horas y cada día de incumplimiento de la sentencia del TRF-1, incluye una multa de 500.000 reais (unos 240.000 dólares). El consorcio puede apelar el fallo ante el Tribunal Supremo Federal (STF).

Según el ponente, el juez Antônio de Souza Prudente, la obligación de la consulta previa e informada -como determina la Constitución Federal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- no fue realizada por el Congreso Nacional.

“La consulta debe ser previa, no a posteriori. No podemos aceptar esta dictadura que vemos en Brasil. Se hace la obra y se pregunta después. Las comunidades indígenas necesitan ser escuchadas y respetadas”, dice el juez Souza Prudente en una conferencia de prensa en las instalaciones del TRF-1.

Sobre la alegación del Gobierno Federal de que las audiencias sí se hicieron, Souza Prudente afirma que la consulta es una prerrogativa del Congreso, que se debería haber hecho antes de la votación del decreto legislativo 788 que autorizó al Poder Ejecutivo la construcción de Belo Monte.

“No ocurrió eso. La consulta no es una mera formalidad: la opinión de los indígenas debe ser tenida en cuenta en la decisión de los parlamentarios. El Congreso sólo puede autorizar la obra si los indígenas quieren”, destaca el juez, citando al abogado Dalmo Dallari, los artículos de la Constitución, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Souza Prudente insiste en que el Congreso no puede delegar la consulta a terceros. Por lo tanto, las realizadas por el IBAMA, FUNAI y demás organismos no son válidas. Según el juez, dichas consultas, incluso, se limitaron a la mera comunicación de la realización del proyecto. El juez dice que no ve alivio en las consultas realizadas por los organismos federales, especialmente interesados ​​en el megaproyecto.

“Hay muchas otras Acciones Civiles Públicas [en contra de la construcción de Belo Monte] y esto muestra la cantidad de errores que existen en la ejecución de esta obra. No podemos aceptar que los pueblos indígenas no son escuchados. Esta dictadura es inaceptable”, insiste el juez.

Impactos

Souza Prudente justifica su posición citando una reciente declaración del Presidente de la Corte Suprema, Carlos Ayres Britto, durante la votación sobre la nulidad de los títulos de los no-indígenas ocupantes de la Terra Indígena Pataxó Hã-Hã-Hãe, en el sur de Bahía: “La tierra es para el indígena algo místico, no es una propiedad que se vende o intercambia”.

Con este argumento, el juez volvió a la Constitución y al Convenio 169 para explicar que ambas defienden esta forma de entender la tierra en el “medio ambiente cultural” de los pueblos indígenas. “Si este entorno cultural se verá afectado, los pueblos indígenas deben ser escuchados”, dijo Souza Prudente, recordando que el ministro del STF Celso de Melo ya había llevado a la Corte Suprema del país la defensa constitucional del medio ambiente cultural.

El gobierno federal no se ha librado en el discurso del ponente. Para él, las tierras de los indígenas no fueron demarcadas y, por tanto, no es posible conocer la magnitud del impacto de la Planta Hidroeléctrica de Belo Monte. Además, cualquier cambio en ese entorno cultural de los pueblos indígenas deben ser tomado en cuenta.

Los pueblos indígenas del río Xingu, afectados de manera brutal por las obras de Belo Monte, han mantenido una lucha frontal contra el proyecto. Esta sentencia es histórica ya que demarca con claridad cómo debe producirse la obligada consulta previa, libre e informada y llega en un momento de múltiples amenazas a los territorios y sus pueblos ya que el Gobierno Federal de Brasil tiene un proyecto gigante de megadesarrollos en diferentes zonas del país.

La semana anterior, la misma Sala 5 de TRF-1 ya había decidido a favor de los derechos indígenas en otro caso, ya que no se realizó en forma ni fondo la consulta para la planta hidroeléctrica Teles Pires, en el río del mismo nombre, en la frontera entre Pará y Mato Grosso. El ponente del caso fue también el juez Souza Prudente y la diferencia entre los dos procesos es que el Teles Pires se encuentra todavía en fase preliminar.

* Nota en portugués en la página de Xingu Vivo para Sempre. Traducción al castellano de Otramérica

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Colombia: Continua la persecución contra dirigentes campesinos filiales de Fensuagro


Miércoles 15 de Agosto de 2012

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FESNAUGRO – CUT, denuncia ante las organizaciones defensoras de DDHH, la comunidad nacional e internacional la detención del dirigente campesino ARMANDO CASTAÑO PASCUAS identificado 7.686.970 de Neiva, afiliado desde el año 2009 a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila A.T.C.H, Seccional Tello, filial de FENSUAGRO.

HECHOS

1. El día 05 de Agosto 2012, siendo aproximadamente las 12:30 en momentos que el campesino Armando Castaño Pascuas, dirigente reconocido de la región, ex presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Planes, miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila A.T.C.H, Seccional Tello, se desplazaba en una camioneta de su propiedad, con la cual trabaja haciendo viajes en la vía de la Inspección de San Andrés, Municipio de Tello, cuando llevaba de desplazamiento alrededor de dos (2) kilómetros del caserío de San Andrés, fue interceptado por dos (2) camionetas con vidrios oscuros de las cuales salieron hombres armados, que se acercaron al vehículo que conducía el campesino ARMNADO CASTAÑO, a quien le solicitaron los documentos de identidad.



2. Los hombres armados posteriormente se identificaron ser de la SIJIN, y le manifestaron ARMNADO que tenía una orden de captura por el delito de Rebelión, y de manera inmediata fue capturado y trasladado hacia la ciudad de Neiva.

3. El dirigente Campesino Armando Castaño es padre de familia, nacido y criado en esta región; reconocido por la comunidad, que reclama hoy su libertad de manera inmediata.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL

1. Se garanticen los derechos a la vida, integridad física y al debido proceso del dirigente campesino ARMNADO CASTAÑO miembro Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila

2. Que el Estado brinde las garantías de protección necesarias de los derechos fundamentales a los campesinos y campesinas miembros de lo Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila.

3. Que la Fiscalía y los organismos de control investiguen y esclarezcan los hechos de los que vienen siendo victimas los campesinos y campesinas de la región Norte del Huila.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

1. Se continúe con el seguimiento, Veeduría y monitoreo frente a la gravísima situación de violación de derechos humanos por la que atraviesan los campesinos y campesinas de la región Norte del Huila.

2. Exigir al Estado Colombiano que se brinde una verdadera protección a los dirigentes y los demás miembros de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, como las garantías plena al derecho a vivir y permanecer en los territorios.


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

EBERTO DIAZ MONTES ALRIO GARCIA

Presidente Secretario Genera

AIDEE MORENO IBAGUE

Secretaria Nacional DDHH

FENSUAGRO CUT

COLOMBIA


Con copia a:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República ANGELINO GARZÓN Vicepresidente de la República, JUAN CARLOS PINZÓN Ministro de la Defensa, FEDERICO RENJIFO VÉLEZ Ministro del Interior, RUTH STELLA CORREA PALACIO Ministro de Justicia y del Derecho, LUIS EDUARDO MONTEALEGRE Fiscal General de la Nación, WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ Defensor del Pueblo, ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO Procurador General de la Nación, OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

 

 

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Colombia: I Encuentro de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas

Miércoles 15 de Agosto de 2012

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I  Encuentro de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas del Coordinador Nacional Agrario (CNA) a realizarse del 18 al 20 de agosto de 2012 en el  departamento de Cauca Colombia.

En este encuentro participaran mujeres de Antioquia, Cauca, Sur de Bolivar, Nariño, Valle del Cauca, Huila, Arauca, Casanare, Choco.

 

 

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Acción continental contra la megaminería

Miércoles 15 de Agosto de 2012

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Hacemos un llamado desde las comunidades del sur, las cuales se han organizado en oposición a las prácticas de explotación de recursos a gran escala. Las organizaciones adjuntas, en solidaridad con las comunidades afectadas por la industria extractiva del Canadá, a lo largo de las Américas, convocan a un Día de Acción Continental este 1º de agosto de 2012, para exigir el fin de las prácticas mineras explotadoras e injustas.

Comunidades y organizaciones, desde el Canadá hasta la Argentina, realizarán acciones de protesta coordinadas, que incluirán: manifestaciones, cobertura en la radio comunitaria, campañas de envío de cartas y otras acciones alternativas e innovadoras de protesta y acción, frente a las oficinas corporativas de las compañías mineras y de las embajadas del Canadá.



Por qué Canadá?

• El 60% de las compañías mineras del mundo públicamente comercializadas aparecen en la lista de la Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange – TSX). Estas empresas tienen inversiones en más de 3,200 proyectos de explotación en más de 100 países. Canadá es el mayor participante en la industria de la extracción de recursos de las Américas contando con el 37% de la inversión total.

• Los mercados financieros Canadienses en Toronto y Vancouver representan la fuente mundial más grande de capital para las empresas mineras que promueven exploración y desarrollo de proyectos.

• Las operaciones mineras canadienses han causado un impacto profundo en los territorios, las comunidades y la vida. La exploración de recursos y actividades de explotación han causado el desplazamiento de (las) comunidades, causado la destrucción de la sobrevivencia sustentable (poniendo en peligro el agua y la seguridad alimentaria), ocasionado problemas crónicos a la salud de las personas. violentado territorios sagrados indígenas y sus derechos, agudizado la violación de los derechos humanos especialmente en el contexto de conflictos internos y ha contribuido a la criminalización de mineros artesanales, sindicatos, activistas ecológicos y comunitarios. La exploración y explotación minera a gran escala también ha conducido a una pérdida irreversible de la biodiversidad.

• A pesar de que la minería a gran escala, es usualmente promovida por compañías mineras, gobiernos de la región e instituciones internacionales (ej. el Banco Mundial) como una fuerza impulsora del desarrollo sostenible, los impactos negativos a largo plazo en los pueblos y territorios contrastan las (vagas) promesas de empleo, crecimiento económico nacional y desarrollo.

NUESTRAS EXIGENCIAS:

Desinversión: El gobierno canadiense debe retirar los fondos públicos de las empresas de extracción de recursos. (Ej. Los fondos de pensiones invertidos en Goldcorp y otras corporaciones) y exigimos que la petición de fondos públicos sean invertidos en programas sociales como la educación gratuita, la vivienda asequible y cuidado de la salud universal.

Regulación: El gobierno canadiense debe facilitar una legislación que establezca normas de responsabilidad corporativa para las empresas canadienses que operan en el extranjero. Esta legislación debe penalizar a las empresas involucradas en la violación de derechos humanos y debe permitir a los extranjeros iniciar acciones legales por daños en cortes canadienses (proyecto de ley C-300 y C-323).

Cese a la Complicidad: El gobierno canadiense no debe permitir que instituciones públicas se utilicen para avanzar campañas de relaciones públicas de alto perfil organizadas por las compañías de extracción de recursos (como el Museo de Historia Natural de Ottawa, la Universidad de Simon Fraser, la Universidad de Toronto, la Universidad de York y proyectos financiados por ACDI – Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional) como la iniciativa Devonshire.

Mecanismos Vinculantes de Consulta Comunitaria: Los gobiernos y tribunales de la región deben respetar los derechos colectivos reconocidos internacionalmente como el derecho a la consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas afectadas por la minería.

La Vida antes del Lucro: Se deben eliminar los tratados de libre comercio y bilaterales de inversión que protegen el derecho de las corporaciones por encima de la vida.

 

 

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Cultivos transgénicos: ¿solución a la crisis alimentaria?

Miércoles 15 de Agosto de 2012

Hace ya casi 20 años que comenzaron a aparecer los cultivos transgénicos. Polémicos desde su nacimiento, y con siembra comercial en un reducido número de países, su avance ha sido constante a partir de 1995 (año en que se sembró por primera vez, en México y Estados Unidos, el jitomate transgénico FlvrSvr, de larga vida de anaquel).

En 2010 ocupan 148 millones de hectáreas en 29 países y sólo en diez de ellos se siembra más de un millón de hectáreas a nivel comercial, de los cuales destacan, por la magnitud de superficie sembrada, Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá. Se trata básicamente de cinco cultivos: maíz, soya, algodón, canola o colza y papaya. La discusión respecto a su conveniencia comprende tanto riesgos para la salud del que los consume (lo cual no se ha demostrado fehacientemente, pero hay que recordar que la investigación al respecto es escasa y en muchos casos financiada por las propias corporaciones que los producen), como riesgos ambientales, los cuales son mucho más probables y en algunos casos, como el de la soya transgénica resistente a herbicidas, están más que demostrados.



Esta soya, que es el cultivo transgénico que más se siembra, sobre todo en Brasil, Argentina y Estados Unidos, permite la aplicación de grandes cantidades del herbicida glifosato. Al ser la planta transgénica resistente, acaba sobreviviendo sólo ésta, mientras que los microorganismos, flora y fauna locales desaparecen. Es decir, acaba con la diversidad de los ecosistemas donde se siembra, además de que el herbicida contamina suelo y agua.

Los riesgos ambientales en la siembra de cultivos transgénicos están asociados a pérdida de biodiversidad y contaminación. Hay básicamente dos transformaciones comerciales: la resistencia a insectos y a herbicidas, y en menor medida, a virus (transformación presente en la papaya). La resistencia a insectos puede tener un efecto ambiental benéfico al disminuir la cantidad de insecticida arrojado al ambiente.

A estos riesgos habría que agregar los inherentes a los extensos monocultivos transgénicos, que expresan claramente el modelo de agricultura industrial, tan apreciado por las grandes corporaciones multinacionales. Este modelo ya fue experimentado ampliamente con la Revolución Verde (RV) en la segunda mitad del Siglo XX y, si bien logró aumentos de rendimientos de algunos cultivos básicos, tuvo altos costos económicos y consecuencias ambientales y sociales negativas. Al igual que la presente agricultura transgénica, los principales promotores y beneficiarios del cambio tecnológico de la RV fueron las grandes compañías multinacionales fabricantes de los insumos.

La agricultura transgénica profundiza los rasgos del monocultivo y acentúa principalmente uno ya presente en la RV: la erosión y homogeneidad genéticas, que a la larga aumentan los riesgos ante el ataque de plagas. Una diferencia es que, al contrario de la RV, en cuanto a los cultivos transgénicos hay serias dudas respecto al aumento de rendimientos. El éxito del maíz Bt resistente a insectos y la soya transgénica resistente a herbicidas obedece, por un lado, a ciertas ventajas para el productor y, por otro, a los cuantiosos subsidios gubernamentales en el caso de Estados Unidos y la decidida promoción gubernamental en los países que los siembran masivamente. Un aspecto importante son las significativas regalías que perciben las corporaciones por concepto de propiedad intelectual. Se manifiesta así una agudización de la privatización de los recursos genéticos para la alimentación, y el poder y control de las corporaciones llega ahora a la estructura biológica más íntima: los genes.

Esto último representa una amenaza para la autonomía de los productores agrícolas que producen su propia semilla y hay casos de demandas de piratería a éstos por parte de las corporaciones, cuando sus campos se han contaminado accidentalmente. Sobre todo en plantas de polinización abierta, como el maíz, la siembra de un cultivo transgénico junto a otros que no lo son, implica que necesariamente estos últimos recibirán los transgenes por medio del polen, pese a que en la regulación se hable ahora de la “coexistencia” de ambos tipos de plantas.

Nuestro país, al ser centro de origen del maíz y ser éste es su principal alimento, además de la vecindad con Estados Unidos, se encuentra particularmente vulnerable. Desde el primer descubrimiento de transgenes en maíz en 2001, se han sucedido descubrimientos semejantes en casi todo el territorio nacional, pese a que la siembra liberalizada de estos maíces aún no está autorizada (aunque avancen las pruebas de campo y existan fuertes presiones para ello). Queda sólo a las organizaciones civiles, campesinas y ambientalistas la protección del patrimonio que significa la diversidad genética de los maíces mexicanos, pues al gobierno mexicano esto parece no importarle.

Otro efecto negativo de estas nuevas plantas en México es el reciente hallazgo de transgenes de soya en miel de exportación de Campeche. Está en riesgo un nicho de mercado que ha sido beneficioso para los campesinos mayas, mientras se autorizan 250,000 hectáreas de pruebas de soya transgénica en el país, 30,000 en la península de Yucatán. El riesgo de contaminación del agua subterránea de la península con el herbicida glifosato es también muy alto si el cultivo de esta soya se expande.

Llama la atención que una tecnología con más riesgos que ventajas, como la de los cultivos transgénicos, siga siendo esgrimida como la única solución al problema del hambre en el mundo por sus apologistas (promesa que incumplió la RV) y que, en la visión de muchos de nuestros funcionarios gubernamentales, se nieguen insistentemente las virtudes de la agricultura campesina biodiversa y se promueva sin concesiones el monocultivo propuesto por las corporaciones transnacionales como la única modernización deseable para la agricultura mexicana.

Fuente: La Jornada del Campo

 

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Argentina: avance sojero

Miércoles 15 de Agosto de 2012

Por Dario Aranda

“El genocidio del general Roca continúa hoy en Tucumán, denunció la comunidad Indio Colalao. Desde la década del ’90 mantienen conflictos con privados que pretenden 19 mil hectáreas para agricultura. Enfrentaron desde amenazas y matanza de animales hasta contaminación de pozos de agua e intentos de desalojos.”

“El genocidio del general Roca continúa hoy en Tucumán”, denunció la comunidad Indio Colalao, del norte provincial, que sufrió dos represiones de la policía para ser desalojados del territorio que habitan desde el 1600. También enfrentaron 25 pedidos de detención por no acatar el desalojo y dos miembros de la comunidad estuvieron apresados durante doce días. El motivo: 19 mil hectáreas que empresarios pretenden destinar a campos de soja. “Jueces y políticos violan nuestros derechos y sólo benefician a los que tienen dinero”, acusó Cynthia Ovejero, vocera de la comunidad.



La comunidad Indio Colalao vive en Riarte, norte de Tucumán, casi al límite con Salta. La historia de la comunidad incluso da nombre a la localidad (Martín Riarte, comunero diaguita del siglo XVII, es ancestro de la actual comunidad Colalao y de él proviene el nombre del lugar).

Desde la década del ’90 mantienen conflictos con privados que pretenden 19 mil hectáreas para agricultura. Enfrentaron desde amenazas y matanza de animales hasta contaminación de pozos de agua e intentos de desalojos. En 2005, el Estado provincial cerró la escuela primaria 31. Los chicos de la comunidad tienen que caminar todos los días catorce kilómetros para asistir a clase en Salta (deben atravesar el río Anta). La comunidad identifica este hecho como otra acción para que las familias abandonen la tierra.

La ley 26.160, sancionada en 2006, insta a realizar el relevamiento catastral de los territorios indígenas y suspende los desalojos. En 2010 comenzó el relevamiento en Riarte y la comunidad sindica ese hecho como el motivo que aceleró el proceso represivo.

En septiembre de 2010, el empresario Freddy Moreno Núñez Vela cerró el único camino vecinal que permitía el ingreso de vehículos. A inicios de junio pasado fue desalojado el comunero Elías Apaza, de 90 años y no vidente. La comunidad exigió explicación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al gobierno provincial, pero no obtuvo respuesta.

El 23 de junio, la policía provincial allanó la comunidad indígena por orden de la jueza Ema de Nucci y a pedido del fiscal Guillermo Herrera. Acusaron a una decena de comuneros por “usurpación” y robo al terrateniente. El 4 de julio –otra vez por pedido del fiscal Herrera y por orden del juez Juan Francisco Pisa– llegaron a la comunidad tres colectivos y 20 camionetas con policías (unos 300 efectivos) para realizar la “restitución provisoria” (según consta en el acta de desalojo) de la tierra al empresario. Luego de las 15 comenzaron la represión y el desalojo. Hubo balas de goma, corridas y palazos policiales.

La cacique María Lilia Delgado acusó a los privados Moreno Núñez Vela (titular de la firma agropecuaria Zanja Honda) y a Jorge Posee (de la empresa Agro Avance). El 25 de julio, el fiscal Guillermo Herrera solicitó la detención de 25 integrantes de la comunidad. El juez Pisa apoyó el pedido del fiscal. La acusación: “Tentativa de homicidio, lesiones, robo, amenazas y otros”. Dos días después detuvieron a Alberto Mercado y Manuel Pastrana. Estuvieron en prisión durante doce días.

La ONG Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos denunció la “criminalización de la lucha indígena en Tucumán”. Cuestionó al fiscal Herrera y a los jueces Nucci y Pisa. “La bochornosa actuación de la Justicia tucumana sigue dando muestras de cuán vulnerables pueden ser los principios del debido proceso”, explicó la directora, Josefina Doz Costa.

Amnistía Internacional Argentina acaba de solicitar al gobierno nacional que “respete los derechos humanos” de los pueblos originarios. “El Gobierno debe poner fin a los desalojos que se llevan adelante en distintas provincias y entregar los títulos de propiedad comunitaria de las tierras ancestrales”, reclamó. Citó como casos emblemáticos de expulsión de comunidades y “violenta represión estatal” a las provincias de Formosa, Neuquén, Salta y Tucumán.

La comunidad indígena de Colalao alertó que los pueblos originarios de Tucumán están padeciendo una “cacería que recuerda el genocidio de Julio Argentino Roca en la Campaña del Desierto”. La vocera Cynthia Ovejer adelantó qué hará la comunidad: “Seguiremos peleando por nuestros territorios”.

Fuente: Página 12

 

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Argentina: Freno para fumigar

Miércoles 15 de Agosto de 2012

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó a un propietario agrícola del Partido de Alberti que no fumigue, porque su campo está a menos de mil metros de una zona de viviendas. La decisión del máximo tribunal provincial hizo lugar al amparo solicitado por una familia con niños que reside en la zona afectada.

Invocando los derechos a la salud y a gozar de un medio ambiente sano, la Corte se pronunció con los votos de sus miembros Juan Carlos Hitters, Daniel Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan y Héctor Negri, cambiando la resolución contraria de la primera y segunda instancia.



La Corte incluso fue más allá de lo pedido por la familia damnificada que, alegando efectos nocivos para su salud, pedía que se sembrara un cerco vivo, como barrera, y que no se fumigara a menos de 200 metros de su casa. El tribunal, en cambio, dispuso la prohibición de fumigación en un radio de mil metros con la zona poblada, en consonancia con lo previsto en una ordenanza municipal.

Del fallo surge que el propietario no había gestionado un permiso municipal para fumigar, con precauciones especiales, a menos de mil metros de las casas.

En el voto de Hitters se invoca el “principio precautorio” establecido en la ley 25.675, según la cual “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.

El magistrado cita recomendaciones del INTA Mercedes sobre las condiciones en que deben ser aplicados los agroquímicos para prevenir posibles consecuencias nocivas a la salud.

Los jueces constataron además que los pobladores tenían síntomas de irritación cuando se fumigaba en ese campo y que el químico bien pudo alcanzar sus propias plantaciones de durazno, maíz y tomate.

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CLOC-VC Guatemala: A la comunidad Nacional e Internacional

Miércoles 15 de Agosto de 2012

Los siete meses de gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota -PP-, se ha incrementado la persecución, intimidación, destrucción a la madre tierra, el territorio y a los bienes naturales.

Las violaciones a los derechos individuales y colectivos en Guatemala continúan por parte de quienes gobiernan el país y por quienes tienen el poder económico para comprar voluntades que respondan a los intereses de las empresas nacionales y transnacionales que con el argumento de querer invertir en el país, saquean los bienes de las comunidades.

La lucha del pueblo organizado continúa porque el ser humano no puede vivir sin armonía con la madre tierra, hoy más que nunca las comunidades tienen claro que sin agua no hay vida, sin tierra no hay alimento y sin alimento lo que prevalece es la desnutrición, según estudios realizados por algunas instituciones las empresas que se han ubicado en comunidades indígenas y campesinas han acaparado la tierra para la siembra de monocultivos como caña de azúcar y palma africana, en la costa sur.



En el IV Centro Nacional Agropecuario del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) detalla que hasta 2003, 49 fincas se dedicaban a la producción de palma africana con una superficie total de 31,185 hectáreas. La Encuesta Agropecuaria 2007 describe que el número de fincas destinadas a este producto habría aumentado a 1,049 y la superficie cultivada se habría extendido a 65,340 has. En 2011 se estima que el área sembrada de palma africana se acercó a las 100,000 has, con una producción de 140 mil toneladas métricas anuales de aceite.

Denunciamos que el hambre que se vive en el país no es por falta de capacidad de las y los campesinos sino del acaparamiento de tierras que realizan las grandes transnacionales, provocando contaminación y destrucción en tierras guatemaltecas también debemos de mencionar las grandes violaciones que cometen los ingenios azucareros la producción de azúcar está concentrada en los ingenios que en su mayoría se ubican en la Costa Sur como ingenios: Pantaleón, Concepción, El Baúl, Magdalena, Palo Gordo, Los Tarros, La Unión, Madre Tierra, El Pilar, (El Ingenio Guadalupe fue cerrado en el 2005 y fu trasladado de Escuintla al Valle del Polochic para reiniciar operaciones con el nombre comercial Chabil Utzaj, S. A.

La lucha de los pueblos por el derecho a la alimentación plasmado en su artículo 99 de la Constitución Política de la República de Guatemala que literalmente dice: Alimentación y nutrición. El Estado velará porque la alimentación y nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de salud. Las instituciones especializadas del Estado deberán coordinar sus acciones entre sí o con organismos internacionales dedicados a la salud, para lograr un sistema alimentario nacional efectivo. Además continúa la lucha por la defensa de la madre tierra y territorio los pueblos siguen en pie de lucha por defender lo que les pertenece.

Los pueblos de Guatemala continúan defendiendo su territorio de las empresas extractivas mineras, hidroeléctricas por mencionar algunas de las transnacionales que se han ubicado en algunas comunidades están: El Tambor, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala S. A., Montana Exploradora, de propiedad de la canadiense Goldcorp, las empresas hidroeléctricas como las empresas españolas Hidralia y Producciones de Desarrollo Hídrico, en San Mateo Ixtatán Huehuetenango, el proyecto Cueva María, de la empresa Recursos Energéticos Pasac, S.A. en Quetzaltenango, hidroeléctrica Santa Cruz en Santa Cruz Barrillas que en el mes de mayo fue asesinado el 1 de mayo el líder comunitario Andrés Pedro Miguel asesinado cuando se organizó y protestaba contra la instalación de la hidroeléctrica en el municipio de Santa Cruz Barillas en el departamento de Huehuetenango, en la actualidad existen 17 líderes presos los cuales fueron detenidos durante el estado de sitio implementado en Santa Cruz Barillas.

Por mencionar algunas .

La criminalización de la lucha se ha incrementado en el actual gobierno el incremento de los presos políticos entre ellos Felipe Gutiérrez de la comunidad Los Regadíos del Norte del Quiché y de Manuel Shub y Pablo Sacrab de Alta Verapaz. Otro caso de persecución e intimidación podemos mencionar el atentado cometido en contra de Yolanda Oqueli quien lucha en conjunto con la comunidad porque la empresa minera no ingrese a San José del Golfo, asimismo la muerte del dirigente José Tavico Tzunun activista del Consejo de Pueblos quichés en donde el pasado 12 de junio dos hombres de manera violenta, ingresaron en su casa en la comunidad de Sibacá III, Santa Cruz del Quiché.

No podemos dejar de mencionar la violación que las empresas extractivas e hidroeléctricas hacia las mujeres indígenas y campesinas y mujeres que han perdido la vida por la defensa de sus derechos como el caso del asesinato de Evelinda Ramírez Reyes, originaria de Chiquirines, Ocós, San Marcos, sucedido en el 13 de enero de 2010 cuando denunció las violaciones de Unión Fenosa, por mencionar otro caso la muerte de Catalina Mucù Maas, parte de la Asociación AK`Tinamit denunciada por el Movimiento de Jóvenes Mayas Mojomayas en febrero del 2011, y caso reciente el ataque contra la lideresa de San José Del Golfo Yolanda Oqueli.

Nos unimos a la lucha de Los hermanos de los diferentes pueblos la lucha de los hermanos de San Juan Sacatepéquez, por la resistencia que han tenido de años por la defensa de su territorio al oponerse a la contaminación de la empresa cementera en su territorio, también nos solidarizamos con los hermanos de Santa Cruz Barrillas y la lucha que realizan los hermanos de San José del Golfo, y reiteramos que como CLOC Vía Campesina continuaremos la lucha porque el agua es vida y la vida no tiene precio.

La CLOC Vía Campesina en Guatemala exigimos:

Ø Que el Ministerio Público investigue de fondo el accionar de elementos del ejército Policía Nacional y autoridades de las empresas mineras e hidroeléctricas por la persecución a líderes y lideresas comunitarias que defienden sus territorios.

Ø La cancelación de otorgamiento de licencias de exploración y explotación minera en territorio guatemalteco.

Ø Libertad inmediata a los presos políticos.

Ø A las autoridades de derechos humanos como la Procuraduría de Derechos Humanos velar por la seguridad integral de lideres y lideresas que están siendo perseguidas en diferentes regiones del país.

Guatemala, agosto 2012.

¡GLOBALICESMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUA-, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina -CONIC-, Comité de Unidad Campesina -CUC-

 

 

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